Entradas etiquetadas como Magdalena Morales

“Magdalena Morales” una lideresa campesina que buscaba justicia y era perseguida por el sistema de justicia hondureño

«El líder que impone su opinión con gritos no sirve, no manda nada”  fue una de las últimas frases que la lideresa campesina Magdalena Morales compartió en un encuentro que organizó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) en octubre del 2015.

Hoy quedan sus palabras producto de la lucha que enfrentó a lo largo de su vida por la defensa de los derechos humanos la tierra y el respeto a vida de sus compañeros y compañeras en procesos de recuperación.

“Las que tuvimos la fortuna de compartir con nuestra siempre eterna compañera Magdalena, podemos decir que tenemos otro certero golpe, ella siempre estuvo dispuesta a participar y acompañar los procesos de cambio estructural que el país necesita” expresó Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, al referirse a la lideresa campesina, Magdalena Morales, coordinadora de la CNTC- regional El Progreso, quien falleció esta mañana, tras una lucha contra el cáncer y la falta de atención médica adecuada.

Magdalena enfrentó esta enfermedad, al mismo tiempo que era perseguida por las autoridades que la acusaban de usurpación de tierras, por solidarizarse con 1600 familias en procesos de recuperación de tierras en la zona norte del país.

«Estoy segura que si tuviéramos asistencia pública eficiente hoy no estuviéramos lamentando su partida, las quimios estaban fuera de su alcance», expresó Oliva.

Debido a la persecución judicial, Magdalena, debió andar huyendo, alejarse de sus hijos, incluso negarlos por su seguridad, sin embargo su ánimo y sonrisa no dejaban ver su enfermedad ni su situación legal.

En Octubre pasado, estuvo incitando a defensores de DDHH por la tierra del Bajo Aguán e indígenas Lencas de La Paz, en un encuentro organizado por el COFADEH y la CNTC, a formar liderazgos, para que la lucha por lo que les pertenece continúe hasta alcanzar la legalización de sus predios.

Aunque Magdalena se va, sin ver justicia, deja muchos ejemplos de fuerza, lucha, entrega, humildad, valor, buen humor, dignidad, persistencia, muchas amistades, entre otros.

Ella cosechaba su tierra, comía lo que producía, no se lamentaba de su situación de salud, sino del Sistema injusto con falta de oportunidades para la gente desposeída.

En el 203, fue encarcelada y criminalizada por la empresa azucarera AZUNOSA, hoy SabMiller, perseguida por defender la tierra, por defender la vida y el pleno derecho del campesinado a una verdadera reforma agraria.

Era una campesina desde siempre, residía en la finca “36 Guaymas” en El Progreso, Yoro.  Denunciaba los ataques a sus compañeras como el asesinato de la también dirigente y defensora campesina Margarita  Murillo (2014), en su caso refirió de la siguiente manera  “nosotras lamentamos que en nuestro país se nos violenten nuestros derechos, y que por querer vivir dignamente seamos criminalizadas y asesinadas, como lo que sucedió con nuestra compañera Margarita Murillo y muchas de nosotras que hemos sido criminalizadas por el derecho a querer vivir dignamente en nuestro país”.

También denunciaba que en Honduras hay más de mil mujeres criminalizadas, enjuiciadas y encerradas en las cárceles por querer defender el derecho a la tierra, al agua, al bosque de nuestro país.

Desde su experiencia dejó muchos consejos

En el encuentro con defensores y campesinos que organizó el COFADEH, hace cinco meses, en San José, La Paz, instó a los y las asistentes a ser solidarios, que no piensen solo en ellos, sino en aquellos más desposeídos. Así mismo sucede cuando un compañero es criminalizado, no se puede dejar solo “yo misma enfrenté junto a 1600 familias, a ese monstruo – refiriéndose a la Transnacional Azucarera del Norte (AZUNOSA) de la compañía SABMiller, que la acusó por usurpación de tierras, daños y perjuicios continuados.

También dijo a los defensores del Bajo Aguán y La Paz, que deben visitar a las bases que están desanimadas, que insistan en que se capaciten, pues en la vida siempre van a encontrar oportunidades, y sobre todo que aspiren a ser comunidades autos sostenibles.

“Entre todos vamos a lograr lo que nos proponemos, pero solos no” enfatizó Morales.

Ser defensora de derechos humanos no es fácil, como mujer muchas veces toca alejarnos de nuestros hijos, porque si una corre peligro, también lo pasa la familia, pero este compromiso es con muchas personas y por eso hay fuerzas para continuar.

Magdalena insistió en que, hay que tener paciencia y ser solidarios con sus compañeros, en la CNTC actuamos como un equipo de futbol, si uno falla perdemos todos, si uno se esfuerza es a nombre de todos. Muchas veces hay que fingir la sonrisa, pero solo nosotros sabemos cómo andamos.

También considera importante la formación académica, pues ella misma perdió oportunidades por no tener un grado de escolaridad requerida, sola algunos años de educación primaria, y si se educan hay más oportunidades, pero debe ser pota fortalecer la defensa de la tierra, de la alimentación y de la vida.

“Una persona no capacitada es una persona perdida, hay gente que no acepta consejo, esa persona no va a llegar a nada. El líder que impone su opinión con gritos no sirve, no manda nada” finalizó la lideresa campesina, que esta mañana ha partido de esta tierra, por la que tanto luchó y donde deja muchas semillas sembradas mediante su lucha y ejemplo.

Defensores en linea

Origen: “Magdalena Morales” una lideresa campesina que buscaba justicia y era perseguida por el sistema de justicia hondureño

, , ,

Deja un comentario

Campesinos anuncian movilizaciones para exigir aprobación de la Ley de Reforma Agraria

E-mail Print PDF

El movimiento campesino exigió hoy la aprobación de la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género, propuesta que fue introducida al seno del Congreso Nacional por el campesinado hace un año.

La exigencia de los campesinos se hizo público mediante una conferencia de prensa que se ofreció en la sede de la vía Campesina de Tegucigalpa, donde anunciaron que realizaran fuertes movilizaciones a nivel nacional para que se apruebe dicha ley.

Los campesinos señalaron que con la aprobación de la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género se resolvería el problema del agro en Honduras.

El 9 de abril de 2014, el movimiento campesino introdujo al seno del Congreso Nacional un anteproyecto de ley denominada  “Reforma Agraria, con Equidad de Género, para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural”, la que fue socializada previamente con todas las bancadas y quienes se comprometieron a respaldar y apoyar al movimiento campesino en lo correspondiente a la discusión y aprobación de dicha propuesta.

Lamentablemente la propuesta se encuentra engavetada, sin ningún trámite de dictamen para su respectiva discusión entre todos los sectores políticos, representados en el Congreso Nacional, denunció el movimiento campesino.

“Desgraciadamente hoy este proyecto de Ley está engavetado simplemente porque no hay la prioridad de resolver la problemática agraria que el campesinado hondureño tiene a nivel nacional”, expresó el dirigente campesino Agustín Ramos.

La criminalización de la lucha campesina cada día aumenta más. Alrededor de 5 mil campesinos están con procesos legales, de los cuales 815 son mujeres y 11 de ellos guardan prisión, en su lucha por la tierra.

La problemática en el sector campesino se acrecienta por lo que los campesinos y campesinas anunciaron que en los próximos días se realizaran movilizaciones, como medidas de presión para que sea aprobada la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género.

“Vienen movilizaciones a nivel nacional y estamos conscientes que vamos a ser reprimidos, pero ni esos nos va a detener en nuestra exigencia para que se apruebe la Ley de Reforma Agraria”, sentenció Magdalena Morales, representante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).

Asimismo le hizo un llamado al presidente Juan Orlando Hernández para que ponga sus buenos oficios para que esta Ley sea aprobada en el Congreso Nacional, ya que con la misma se resolvería el problema del agro en Honduras, porque el campesinado hondureño no tiene tierra para trabajarla.

Morales le recordó al presidente Hernández que en el área rural existen más de 2 millones de mujeres campesinas que viven en extrema pobreza.

El movimiento campesino también denunció que continúan los desalojos violentos, donde sus cultivos y viviendas son destruidos impunemente, ocasionando miles de lempiras en pérdidas a las familias pobres del sector campesino hondureño.

Finalmente los campesinos hicieron un llamado al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilez, para que los reciban para tener un dialogo amplio e incluyente en torno a la problemática agraria del país y la crisis de granos básicos, que se avecina en la presente temporada, sino se toman medidas urgentes para resolverla.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3458:campesinos-anuncian-movilizaciones-para-exigir-aprobacion-de-la-ley-de-reforma-agraria&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

, , ,

Deja un comentario

Mujeres campesinas demandan un programa de crédito para combatir crisis en el campo

Sep 12, 2014

Bajo el lema “las campesinas merecen todo nuestro crédito”, las organizaciones aglutinadas en la Plataforma Agraria  presentaron esta semana una propuesta de ley de acceso al crédito a las mujeres rurales, para combatir la pobreza rural que afecta al 65% de las mujeres que habitan en el campo.

En Honduras habitan 2.2 millones de mujeres rurales, de las cuales 1,3 millones viven bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza, conforme a estimaciones oficiales. Según la FAO y el Banco Mundial, las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, sin embargo, se enfrentan a una brecha de género que les impide acceder a los recursos básicos, como el crédito, para aumentar su productividad en el campo.

Decenas de mujeres campesinas llegaron a la capital para entregar en las propias manos de los diputados y diputadas el proyecto de ley denominado “Credimujer”, en un hecho histórico que demanda respuestas rápidas del Legislativo.

Urge su aprobación 

“Estamos alrededor de 28 organizaciones de mujeres campesinas del área rural impulsando esta ley porque queremos que favorezca a todas las mujeres del área rural y fortalecer las empresas campesinas de mujeres que han sido cerradas por falta de recursos”, indicó Edith Villanueva, de la Coordinadora de Mujeres Campesinas de La Paz, COMUCAP.

Yadira Bendaña, presidenta de la Comisión de Género y Equidad recibió el proyecto y se lo entregó allí mismo al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, a quien le manifestó que si se aprueba esta Ley traerá alivio a las mujeres del campo.

Mientras presentaban la iniciativa, las mujeres campesinas dieron lectura a un posicionamiento donde destacaron que los huertos no deben ser ensangrentados sino que son para producir, en referencia al asesinato de Margarita Murillo, dirigente campesina que fue asesinada el 27 de agosto por hombres encapuchados mientras sembraba  la tierra por la que siempre luchó.

El artículo uno de la propuesta señala que se crea el Programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (Credimujer), como un organismo desconcentrado, adscrito al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), con autonomía administrativa, técnica y financiera.

Credimujer será el instrumento financiero del Estado, para atender las demandas locales de las mujeres rurales, en organizaciones campesinas, y traducidas en proyectos de desarrollo rural.

“Para que  nosotras como campesinas podamos acceder a un crédito  los bancos nos piden un montón de garantías con valores exagerados aunque el préstamo sea mínimo”, indicó Magdalena Morales, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Cntc.

Indicó que cuando se le niega el crédito a la campesina se está negando el desarrollo del país,  porque la mujer es un bastión principal en el campo porque son las que tienen la mayor responsabilidad en la familia al ser en gran cantidad  madres solteras.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1330-mujeres-campesinas-demandan-un-programa-de-cr%C3%A9dito-para-combatir-crisis-en-el-campo

, , , , , , ,

Deja un comentario

Organizaciones campesinas exigen justicia en caso de Edickson Lemus

May 26, 2014

A nueve años del asesinato del dirigente campesino, Edickson Lemus, este fin de semana, campesinos de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), hicieron una actividad conmemorativa de la vida de Lemus en el municipio de Potrerillos, Cortés.

Magdalena Morales dirigente campesina de esta comunidad, asegura que seguirán exigiendo el esclarecimiento de su asesinato.

“En este momento aunque digamos el nombre del responsable que dio la orden para asesinar a nuestro campesino, no pasará nada, porque como es un policía militar no hacen nada”, expresó Morales.

Lemus, había comenzado con varios procesos de recuperación de tierras en el Valle de Sula, pero en el 2005 fue asesinado después de recibir diversas amenazas de autoridades policiales.

Por lo tanto, Magdalena Morales comenta que tres días anteriores del asesinato de su compañero, el policía Natividad Hernández amenazó a Edickson Lemus, y agregó que este policía estuvo en la posta policial de El Progreso pero después del asesinato fue traslado a Yoro.

Juan Romero, hermano del dirigente, lamentó vivir en un país con altos niveles de impunidad, donde el Estado no garantiza la vida de ningún ciudadano.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/962-organizaciones-campesinas-exigen-justicia-en-caso-de-edickson-lemus

, , , , ,

Deja un comentario

Justicia hondureña débil ante los fuertes y dura ante débiles

Feb 27, 2014

 

 

 

Tras 5 años y medio de estar en prisión, después de contar los días para que al fin se hiciera justicia, José Isabel Morales no obtuvo su libertad, por más que peleó por ella.

Los tribunales de sentencia de Trujillo, Colón fallaron en contra del campesino Isabel Morales, condenándolo a 17 años y medio de cárcel. Morales se sometió a un segundo juicio en el que se esperaba se comprobara su estado de inocencia en el delito de homicidio contra Carlos Manrique Osorto, familiar del subcomisionado de policía Henry Osorto Canales quien ha librado por muchos años un conflicto con la comunidad Guadalupe Carney, de donde es originario Morales.

“Este fallo es injusto e ilegal pues no está conforme a lo que dicta la ley, atropella la dignidad de Isabel Morales, pisotea su inocencia y lo hace pagar por un hecho que no cometió, el tribunal tomó partido por la posición de la fiscalía”, denunció Omar Menjívar, abogado defensor de Isabel Morales, quien además junto a la abogada Sarah Aguilar desde el principio denunció que el juicio no se estaba llevando a cabo con imparcialidad e independencia, como manda la Ley.

La Fiscalía se atrevió a pedir 250 años de cárcel para Morales, Henry Osorto lo pidió mientras estaba declarando en contra de Chabelo.

El tribunal que juzgó a este campesino, miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) estuvo integrado por, Carol Jackeline Ortega, Luis Alberto Juárez Sierra, quien presidió y Ricardo Geovany Rodríguez.

Criminalización del campesinado

El campesino Isabel Morales se ha convertido en el ejemplo claro de la impunidad con la que se mueve el sistema de justicia nacional. A Morales se le acusó y capturó en octubre de 2008, dos meses después de los hechos violentos suscitados en la propiedad del subcomisionado Henry Osorto Canales donde murieron 11 personas allegadas a él. Después de su captura se celebró un juicio en 2010 pero cuya resolución condenatoria fue dada hasta en 2012, permaneciendo Morales en prisión de forma ilegal por estar sin condena casi 4 años.

Isabel Morales es también el rostro de miles de campesinos víctimas de este sistema de impunidad, cuando al no existir una verdadera reforma agraria que merme todo el conflicto entre campesinos y terratenientes en los valles más ricos del país, ya son cientos los muertos, también los procesados injustamente siempre por la parte de los campesinos.

La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, justo la semana en la que se celebró el juicio de Morales, presentó un informe en el cual aseguran que al menos 113 campesinos fueron asesinados por guardias privados y agentes del Estado durante el recién concluido gobierno de Porfirio Lobo, todos los casos en la impunidad.

Esta plataforma que aglutina a campesinos organizados en el Caribe de Honduras, señaló que a raíz de los 113 crímenes en la zona hay “al menos 400 niños y niñas huérfanos, madres viudas, decenas de hombres y mujeres heridos”.

Añadió que los hechos “reflejan los niveles de impunidad” de dos empresas agrícolas privadas de la zona, a la que los campesinos organizados del Aguán acusan de acaparar tierras desplazando a las comunidades de labradores, confabulados con “la débil institucionalidad de los entes encargados de impartir justicia”.

Esta denuncia se da mientras en los tribunales de sentencia de La Ceiba se juzga a un campesino, miembro del movimiento campesino por un delito que se cometió en medio de una disputa de tierras de muchos años, una crisis en la cual un agente del Estado, el subcomisionado Henry Osorto Canales, tenía grandes ventajas y había creado un ambiente de persecución contra los campesinos de la zona.

Aun así, este caso no fue mencionado por la Plataforma Agraria en dicha conferencia de Prensa.

Un juicio amañado

“El tribunal siempre se plegó a las disposiciones de la fiscalía sin apegarse a las leyes y con desprecio a la misma. Esperábamos que el Tribunal hiciera un estudio exhaustivo para dar un fallo motivado por la ley, sin embargo declarando culpable a Isabel Morales sin dar explicaciones sobre la prueba determinante, es un atropello a las leyes y a la dignidad de Chabelo”, explicó Menjívar.

El juicio de 2010 que condenó a Chabelo a 20 años de cárcel fue anulado por la Corte Suprema de Justicia tras un recurso de casación interpuesto por la defensa de Morales. La Corte mandó a celebrar un nuevo juicio “imparcial e independiente” que comenzó el 27 de enero sin concederle libertad condicional a Chabelo quien siguió privado de su libertad en la granja penal de La Ceiba.

El reinicio del juicio contra Isabel Morales, quien lleva en prisión 5 años y medio, fue acompañado por diversas organizaciones del Aguán quienes exigieron liberar al campesino.

Sin embargo, este nuevo juicio se desarrolló en un ambiente hostil y con poca voluntad por parte de los jueces para comprobar su inocencia, según la defensa de este campesino miembro del MCA.

La madre de Chabelo, Ramona López siempre estuvo presente a pesar de vivir en Trujillo, a 2 horas de La Ceiba donde se celebró el juicio. Esta mujer humilde aseguraba que se mantenía fuerte porque su hijo no podía verla preocupada, las esperanzas siempre la movieron para soportar el agotamiento y en muchos momentos la desesperación al escuchar las acusaciones contra su hijo.

“Los jueces y fiscales son corruptos, pero yo no pierdo la esperanza de que mi hijo saldrá libre”, expresaba doña Ramona en los primeros momentos en los que apenas podía hablar por el nudo de garganta que le provocó la noticia del fallo contra Chabelo.

Los primeros días, el tribunal se mostró parcializado, según la defensa que interpuso un recurso de recusación que paralizaba el juicio hasta que hubieran personas con la voluntad de hacer justicia. Sin embargo este recurso fue nombrado sin lugar.

“Para quitarse la responsabilidad de esta crisis agraria y los hechos violentos por los que se juzga a Isabel Morales, el Estado de Honduras juzga a cualquier persona sea quien sea, aunque no se haga verdadera justicia, solo por tener un culpable”, expresó la abogada Sarah Aguilar, de la defensa de Morales quien además dejó claro que en todo el juicio las pruebas evacuadas y testimonios de la parte acusadora fueron inconsistentes.

Nuevos elementos

Omar Menjívar explicó que la defensa objetará el fallo de los tribunales porque el objetivo de la repetición de juicio no era construir una nueva verdad sobre los hechos, y esto fue lo que sucedió con la presentación de pruebas y testimonios por la parte acusadora que se empeñó por cambiar la versión que había sido evacuada en el juicio anterior.

La clave del juicio recayó en un testigo al que se le llamó A2 para su protección, sin embargo este testigo, el mismo del juicio anterior mostró en múltiples ocasiones estar mintiendo con respecto a su reconocimiento de Chabelo. La defensa hizo ver todas las irregularidades en su conclusión del juicio. Cada día, los testimonios de la parte acusadora fueron orientados a acusar a Chabelo como el líder del movimiento que incendió la casa de Osorto Canales.

“Ahora nos queda repetir todo el proceso regresando a la sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para anular la sentencia ilegal de este juicio, con el recurso de casación”, dijo Menjívar asegurando que esto no se quedará así y que seguirán luchando por la libertad de Morales.

A Chabelo se le escuchó al final del juicio bajo el principio de humanización del proceso. Fue claro y preciso, además de señalar al Ministerio público como responsable de lo que le ha pasado y de ganarse un enemigo poderoso, como es el señor Henry Osorto.

Aidé Saravia, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) expresó tras conocer el fallo que esta es una realidad que viven miles de campesinos hondureños, a quienes en cualquier momento les puede suceder lo que le sucedió a Chabelo.

“La justicia se ensaña contra los luchadores por la tierra, se vio clara la forma en que condenaron a Chabelo, a cualquiera nos puede pasar. Están llamadas las organizaciones populares a seguir la lucha”, dijo Saravia.

Y es el caso que se repite en historias como la de Magdalena Morales, dirigenta de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) acusada y llevada a los tribunales como una criminal por su papel en la lucha por una reforma agraria en el valle de Sula donde empresas como Azucarera del Norte S.A. y Compañía Azucarera Hondureña S.A. acaparan miles de hectáreas de tierra y los movimientos campesinos aseguran que violentan el sobretecho que les otorga el Estado.

Irregularidades del juicio

Recibimos información de lo que aconteció en los tribunales de justicia de La Ceiba donde se juzgó a Chabelo, el juicio era oral y público y lo que en esa sala ocurrió estos días es de conocimiento público.

El primer día del juicio se evacuó la declaración de Carlos Fernández Arazola, quien es uno de los investigadores que realizó distintos reconocimientos fotográficos a partir de la declaración del testigo protegido de la parte acusadora. Uno de estos reconocimientos fotográficos fue el de Carlos Armando Ruiz a quién este le atribuyó haber disparado y macheteado a Carlos Manrique Osorto, así mismo declaró haber sido la persona que realizó diligencias investigativas en el departamento de Olancho, donde se descartó la participación de esta persona en los hechos ocurridos el 3 de agosto del 2008.

Uno de los testigos protegidos de la parte acusadora, atribuyó el homicidio a otra persona, no a Chabelo, por lo que quedó demostrado nuevamente que este testigo ha mentido ante el Tribunal de Sentencia, al manifestar que fue José Isabel Morales quien dio muerte a Carlos Manrique Osorto.

A pesar que la defensa solicitó poner a la vista los reconocimientos fotográficos al señor Carlos Fernando Fernández Arazola, el Ministerio Publico se opuso rotundamente, y el Tribunal de Sentencia estuvo de acuerdo con ellos, por lo que la defensa interpuso recurso de reposición manifestando que el artículo 251 del Código Procesal Penal establece que “todos los bienes y los documentos y demás elementos de convicción incorporados al proceso deberán ser exhibidos a los imputados o testigo para que manifiesten si lo reconocen”, por lo que habiendo declarado el testigo que él practicó reconocimiento fotográfico, debieron ser propuestos y admitidos.

La Sala declaró sin lugar el recurso

El segundo día le tocó el turno al agente de investigación criminal de la DNIC, Oscar Geovany Lobo. La defensa de Chabelo valora que La Fiscalía insiste en una estrategia de acomodar las declaraciones que sus testigos hicieron en el juicio del 2010, con el propósito de incriminar deliberadamente a Chabelo.

Y eso fue lo que hizo el agente Lobo, ya que tanto en las actas de reconocimiento fotográfico que realizó, como diligencias investigativas, el informe investigativo que remitió a la Fiscalía tras concluir las investigaciones, las declaraciones que rindió ante el Juez de Letras de Trujillo durante la audiencia inicial y la declaración que rindió ante el Tribunal de Sentencia de Trujillo en el juicio de 2010, lo único que mencionó , confirmó y ratificó siempre es que Chabelo fue la persona que de acuerdo al testigo protegido le quitó los tapones a los tanques de combustible para prenderles fuego.

Sin embargo en la declaración que rindió le agregó que además José Isabel Morales también participó en las acciones que produjeron la muerte de un pariente del testigo, diciendo además que Chabelo era de los principales dirigentes de las acciones. Este agregado no lo consignó ni en las actas de reconocimiento, y al ser consultado por la defensa de por qué no consignó esa información, dijo que no recordaba.

En el quinto día se presentó el subcomisionado de Policía Henry Osorto Canales, persona agravada pero que no estuvo en el lugar de los hechos.

Canales dijo que él mismo estaba dirigiendo una investigación personal para identificar a los culpables, en dicha exposición se refirió a los campesinos organizados como células terroristas, delincuentes, que se están matando entre ellos mismos. Incluso durante su declaración le dijo al Tribunal que Chabelo no andaba solo sino que trajo gente de otros lados para hacer dicha masacre aún y cuando no le constaba porque como dijo, no estaba en el lugar de los hechos.

Luego fue interrogado por el Ministerio Público, y cuando el turno le tocó a la defensa, ésta solicitó que se incorporará por lectura la declaración rendida por el Sr. Henry Osorto en el 2010, ante el Tribunal de Sentencia de aquella época, a lo que el Ministerio Público se opuso y el Tribunal declaró sin lugar.

Posteriormente la defensa, interpuso el recurso de reposición, aduciendo que impedir la introducción por lectura de la declaración rendida anteriormente, en la cual el Sr. Henry Osorto jamás mencionó a Chabelo, como tampoco mencionó que el hoy occiso Carlos M Osorto, le hiciera mención que quien le había disparado, hubiera sido Chabelo, era violentar el principio de contradicción y el derecho fundamental a la defensa así como el estado de inocencia, puesto que el Tribunal no podría apreciar las contradicciones que presenta dicha declaración, recurso que también fue declarado sin lugar.

Lo que ha predominado en el juicio es la voluntad de enjuiciar a Morales no solo por el asesinato por el cual en efecto se le enjuicia, sino por toda la masacre. Osorto Canales insistió ante los tribunales que Isabel Morales estaba al mando de la emboscada y que fue él quien dio la orden de incendiar y asesinar a sus familiares, este testimonio coincide con el de testigos anteriores por la parte acusadora a pesar que la defensa ha presentado pruebas que descartan la posibilidad de que Canales haya recibido esa información en el momento del incendio.

Aunque la defensa intervino en varias ocasiones para hacer ver al tribunal las irregularidades en los testimonios, no hubo voluntad del mismo para reconocer estas intervenciones. Además por los otros delitos, Morales fue absuelto en un juicio anterior.

La esperanza no se pierde aseguraba Menjívar. En el caso de Morales es de suma importancia que muchas organizaciones campesinas y populares acompañen desde las exigencias y denuncias en las calles, el clamor de justicia. Ahora se esperan más acciones para seguir exigiendo la libertad de Chabelo que también será la libertad que tanto anhela la población más empobrecida de Honduras.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/reportaje/item/758-justicia-hondure%C3%B1a-d%C3%A9bil-ante-los-fuertes-y-dura-ante-d%C3%A9biles

, , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Honduras: SABMiller se ensaña contra familias campesinas

Escrito por Giorgio Truchi en Lun, 02/17/2014 – 11:17

Versión para impresiónVersión PDF

Transnacional a punto de recuperar tierras expropiadas en un contexto de criminalización de la protesta.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Honduras falló a favor del ingenio Azucarera del Norte SA (Azunosa), propiedad de la transnacional británico-sudafricana SABMiller. En su resolución, la Corte avala la decisión del Consejo Nacional Agrario (CNA) y de la Procuraduría General de revocar la orden de expropiación de unas 3.644 hectáreas de tierras, situadas en el Valle de Sula, emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA) en contra de Azunosa.
La decisión de la autoridad agraria hondureña había sido tomada en mayo de 2012, por considerar que la transnacional de la bebida, que en Honduras controla también la Cervecería Hondureña SA y posee la franquicia para producir Coca Cola, no había solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley de Reforma Agraria.
De esa manera, la empresa Azunosa (SABMiller), supuestamente amparada en un tratado de protección comercial suscrito entre el Reino de Gran Bretaña y el Estado de Honduras, habría ocupado y explotado ilegalmente y por décadas estas tierras para la siembra de caña de azúcar. La decisión del INA abrió paso a un proceso de recuperación de tierras de parte de cientos de familias campesinas organizadas en la Asociación para el Desarrollo Campesino de Progreso (ADCP) y en la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), desatando una fuerte reacción de parte de la transnacional.
En menos de un año, las familias campesinas sufrieron repetidos episodios de hostigamiento y amenazas, cuatro desalojos violentos y la destrucción de cientos de hectáreas cultivadas con granos básicos.
A raíz de los repetidos desalojos, unas 1.600 familias siguen acampadas, en condiciones muy difíciles, en los terrenos del Centro Experimental de Capacitación Campesina “David Funes Villatoro”, de propiedad del INA, en Agua Blanca Sur.
Criminalización de la protesta
A la fecha, 108 campesinas y campesinos, entre ellos varios menores de edad, están siendo perseguidos judicialmente. Magdalena Morales, secretaria general departamental de la CNTC, es una de ellos. En julio 2013, fue detenida, encarcelada y puesta a la orden de una jueza, que le dictó medidas cautelares sustitutivas a la prisión.
Siete meses después y a pesar de que las partes han iniciado un procedimiento conciliatorio, abogando por una salida negociada al grave conflicto, la dirigente de la CNTC y el resto de campesinos enjuiciados siguen en un “limbo legal” y su lucha está siendo criminalizada.
“Lo que estamos viviendo es una verdadera tortura. Sólo por el hecho de estar apoyando y defendiendo el derecho de miles de personas a tener acceso a un pedazo de tierra para cultivar, es que estamos siendo perseguidos y tratados como criminales”, dijo a la LINyM Magdalena Morales, quien, este 14 de febrero, espera conocer la sentencia del tribunal sobre su caso.
La dirigente campesina explicó que su vida se ha vuelto un infierno. “Estamos negociando con la empresa, pero por el momento no hay nada en concreto. Mientras tanto, nuestros expedientes están manchados y para la mayoría de compañeros y compañeras se vuelve imposible encontrara trabajo.
Además -continuó Morales- vivimos con el temor de que, en cualquier momento, puedan capturarnos y encarcelarnos. Todo esto es una clara estrategia para que renunciemos a nuestra justa lucha, en un país donde las autoridades siguen demostrando su desinterés para el campesinado y se pliegan a los intereses de las transnacionales”, concluyó la dirigente departamental de la CNTC./ Fuente: Rel-UITA

, , , , , , , ,

Deja un comentario

Sobreseimiento provisional dictan a Magdalena Morales

Feb 14, 2014

Esta tarde los juzgados de El Progreso, Yoro dictaron sobreseimiento provisional en el caso de la secretaria de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Magdalena Morales acusada por la Transnacional Azucarera del Norte (AZUNOSA) de la compañía SABMiller, por usurpación de tierras, daños y perjuicios continuados.

Magdalena fue detenida el 27 de julio de 2013, encarcelada y puesta a la orden de una jueza, quien le dictó medidas cautelares sustitutivas a la prisión, y ahora se desarrolló  este juicio en los juzgados de El Progreso, Yoro.

Víctor Fernández, defensor de Morales aseguró que hay que celebrar esta decisión pero que lo que procedía en este caso era un sobreseimiento definitivo.

«Ahora tenemos 3 días para decidir si apelamos el fallo, al igual que la parte acusadora puede acudir a la corte de Apelaciones para revertir el fallo. También hay un espacio de 5 años en el que el MP debe investigar el caso, recordemos que queda intacto el conflicto que hay aquí para saber si la empresa es legítima propietaria de las tierras en disputa con los movimientos campesinos», explicó Fernández.

Magdalena Morales se mostró sorprendida y contenta asegurando que el fallo era una esperanza más para evidenciar lo justo de la lucha.

Miembros de la Asociación de Desarrollo Campesino de El Progreso (ADCP) acompañaron a Magdalena con plantones en todas las audiencias hasta el día de hoy.

La semana pasada el campesino Isabel Morales del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) fue condenado nuevamente por los tribunales de La Ceiba, por el asesinato de Manrique Osorto, familiar del subcomisionado de policía Henry Osorto quien libraba un conflicto de tierras con la comunidad Guadalupe Carney en Trujillo, Colón, pertenecientes al MCA.

Magdalena no guardaba muchas esperanzas al ver el caso de «Chabelo» Morales a quien el sistema de justicia ha condenado ya dos veces a pesar de que la defensa probara su inocencia.

Estos son dos casos emblemáticos de la lucha por el acceso a la tierra y el mensaje del Estado a estos grupos campesinos: si siguen la lucha esto les puede pasar, así lo expresó el abogado defensor de Isabel Morales, Omar Menjívar.

Caso de Magdalena Morales

Observadores y observadoras del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras -Proah-  escribieron un resumen del proceso que ha llevado Magdalena Morales con la empresa que la acusa pues antes hubo varios intentos de conciliación.

Las dos partes están enfrascadas en una disputa por tierras en Agua Blanca Sur, ocupado por AZUNOSA que opera en el Valle de Sula.

El proceso de conciliación, que comenzó en noviembre de 2013, debía permitir el levantamiento de los cargos contra los campesinos (quienes habían ocupado las tierras en disputa, hasta su expulsión en junio de 2013). Sin embargo apenas se progresó el 29 de enero, en la 4° reunión de conciliación entre empresa y campesinos. AZUNOSA no hizo ninguna oferta en concreto y Magdalena Morales se enfrentó a otra audiencia en la corte el 11 de febrero.

Antes de esta audiencia, los abogados de AZUNOSA se basaron en el veredicto de la Corte Suprema a fecha 9 de diciembre de 2013, a favor de la empresa azucarera4. Al parecer no se hizo público hasta el 20 de diciembre, dejando poco tiempo para que el equipo legal de los campesinos pudiera reaccionar. Finalmente interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia por razones de inconstitucionalidad (recurso de amparo). La sentencia de la Corte Suprema avala el fallo del Consejo Nacional Agrario, en noviembre de 2012, que revocó la decisión tomada por el INA en marzo de 2012, en favor de los campesinos.

El INA había fallado en contra de AZUNOSA porque sus tenencias de la tierra en Agua Blanca Sur superan el ” sobretecho ” – el límite máximo impuesto en virtud de la LMDSA (1992, Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola), que limita a 250 hectáreas la propiedad de la tierra en el Valle de Sula . AZUNOSA ha argumentado que el propósito de la LMDSA era desalentar la acumulación de tierras ociosas con fines especulativos y no estaba destinado a ser utilizado en contra de las fincas en plena producción, alegando que esto es explícito en el preámbulo de la LMDSA.

La azucarera argumenta que fue sobre esa base que el SAG (Secretaría de Agricultura y Ganaderia) había concedido formalmente la renuncia al sobretecho .

Hoy conocimos el fallo de sobreseimiento provisional para Magdalena Morales que aunque podría revertirse significa una victoria para Morales y todo el movimiento campesino del valle de Sula.

Según los últimos datos de la CNTC, en la actualidad hay un total de 108 personas sujetas a procedimientos judiciales en relación con este caso. Los casos de Magdalena y Chabelo no son los únicos, también la dirigencia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue acusada por la empresa DESA que pretendía instalar una represa hidroeléctrica en una comunidad lenca de Intibucá. Sin embargo tras un largo proceso de criminalización, Bertha Cáceres acusada por la empresa también obtuvo un sobreseimiento provisional de los cargos.

La criminalización de estos dirigentes campesinos es el caso de muchos campesinos y campesinas en Honduras que reflejados en el rostro de José Isabel Morales y Magdalena Morales, en el afán de exigir su derecho a la tierra como proveedora de vida son perseguidos, amenazados, asesinados, enjuiciados y encarcelados, y la justicia se muestra implacable.

El caso de «Chabelo» Morales y Magdalena Morales es el fiel reflejo de la persecución en contra de aquellos que se atrevan a pelear un pedacito de tierra para dedicarse a lo mejor que saben hacer: cultivarla para sostener a su familia y de paso garantizan la seguridad alimentaria de un pueblo que sufre de hambre y de una sed grande de que haya justicia.

Pero tanto «Chabelo» Morales como Magdalena Morales representan esa gran fuerza de lucha y de voluntad del pueblo hondureño por empujar a que hayan verdaderos cambios en el país que lleven a la construcción de un nuevo país con justicia social para todos y todas.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/729-sobreseimiento-provisional-dictan-a-magdalena-morales

, , , , , ,

Deja un comentario

SABMILLER continua la criminalización y persecución contra campesinos/as en El Progreso,Yoro (Honduras)

El ingenio Azucarera del Norte SA (Azunosa), propiedad de la transnacional británica SABMiller responsable de la situación de desamparo de mas de 1,600 familias campesinas en el sector Agua Blanca Sur (Valle de Sula), no dio opción al dialogo en la 4° reunión que viene teniendo desde noviembre del año pasado con las empresas campesinas afectadas.
Los dos abogados representantes de Azunosa/SABMiller presentaron como único argumento la resolución de 9 de diciembre de 2013 de la corte suprema de justicia, la cual da la razón a la empresa sobre la legalidad de las tierras de sobretecho.
Con cierto cinismo tacharon de no profesional a los abogados de los campesinos por no haber apelado en el tiempo establecido por la ley. La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y la Asociación para el Desarrollo Campesino de Progreso (ADCP) pudieron comprobar horas mas tarde que hasta el 20 de diciembre la resolución no fue pública en San Pedro Sula y que los abogados de la defensa interpusieron un recurso de amparo.
Otro tema relacionado que se trató, fue la continua criminalización que la empresa Azunosa/SABMiller realiza contra campesinos organizados en CNTC: suman 108 las campesinas y campesinos procesados con orden de captura o medidas sustitutivas entre los que se encuentran varios menores de edad .
Señalar el caso de Félix Torres Meraz de 65 años de edad, con medidas sustitutivas de prisión domiciliaria y firmar en los juzgados. Debido a su neumonia no puede cumplir con este último requerimiento, y es amenazado por el juzgado con poner en prisión a su hija si ella no firma en lugar de el.
Magdalena Morales
Magdalena Morales, secretaria general departamental de CNTC, enfrenta el próximo 11 de febrero un proceso judicial en el que podría ir a la cárcel, además ella sufre medidas sustitutivas que obstaculizan gravemente su desarrollo y trabajo como mujer al frente de una organización campesina. Estas acusaciones son similares ha las que hay en contra de otras mujeres que encabezan organizaciones en Honduras como Berta Cáceres (COPINH).
 
La empresa respondió, que el proceso contra los campesinos sigue adelante, en el caso de incumplir las medidas sustitutivas irán a prisión y si vuelven a entrar a las tierras de Azunosa/SABMiller, se les volverá a denunciar. Con un toque de chantaje, propusieron llegar a acuerdos firmados por Magdalena y los demás procesados para retirar las denuncias.
Finalmente los representantes de Azunosa/SABMiller argumentaron el rechazo a la resolución de expropiación del Instituto Nacional Agrario INA(mayo 2012), amparándose en un tratado de protección comercial suscrito entre el Reino Unido de Gran Bretaña y el Estado de Honduras.

Coyuntura:
organizadas a través de CNTC y ADSP , las empresas campesinas del sector de Agua Blanca Sur del municipio de Progreso Yoro vienen reclamando al INA la expropiación de las 5,227 manzanas en situación de »sobretecho”, tierras colindantes a sus predios que la empresa azucarera Azunosa/SABMiller usurpó y se beneficio utilizándolas para cultivos sin tener títulos de propiedad.
Desde que en 2011 las comunidades campesinas comenzaron procesos de recuperación de tierras han sufrido 4 desalojos forzados en el ultimo año por parte del estado, en junio de 2013 la policía y el ejercito destruyeron 1.000 manzanas sembradas con cultivos de subsistencia para la población.
Paralelo a estos procesos es creciente en el sector el nivel de amenazas y hostigamiento contra las campesinas y campesinos organizados, hay reportes de vigilancia y seguimiento por parte de la seguridad privada de Azunosa/SABMiller hacia miembros de las organizaciones CNTC y ADSP.
El mismo presidente corporativo de Azunosa, Víctor Ramos, amenazó a Magdalena Morales en la segunda reunión entre empresa y grupos campesinos (02/12/2013) diciendo: “cuídese el pellejo”.
Responsable también de generar este clima de violencia es la seguridad privada que tiene contratada Azunosa/SABMiller, como la empresa de seguridad La Maya y actores relacionados con el sicariato.
A pesar del alto grado de agresiones que esta dirigiendo la empresa contra los campesinos de Agua Blanca Sur, se permitió el lujo de cerrar la reunión con frases como: “ha quedado claro la buena fe la empresa”, con la que demuestra no tener ninguna intención de llegar a acuerdos sin violentar los derechos de las campesinas y campesinos.
Mas información
(en inglés)
Jomeini y Hans Peter para Cadena Derechos Humanos Honduras-Alemania (CADEHO)

, , , , , , , , ,

Deja un comentario

AZUNOSA: Conciliation Process stalls while Criminalization continues

On 29 January 2014, PROAH observers attended the latest conciliation hearing between representatives of AZUNOSA and of the campesinos – the CNTC (National Farmworkers Federation) and the ADCP (El Progreso Association for Campesino Development). The two parties are locked in a dispute over land in Agua Blanca Sur, occupied by AZUNOSA, the sugar company owned by the British multinational SAB Miller which operates in the Sula Valley.1

 The conciliation process, which began in November, in theory should allow the lifting of the charges against the campesinos (who had been occupying the land under dispute until their eviction in June 2013) and their supporters. However, very little progress was made at the conciliation meeting on 29 January, the fourth in the process, as AZUNOSA failed to make any concrete offers. Magdalena Morales, CNTC’s Regional Secretary for Yoro department, based in El Progreso, faces another court hearing on 11 February.2

Magdalena Morales                                            Magdalena Morales

According to the latest figures from the CNTC, there are currently a total of 108 people subject to judicial proceedings in connection with this case. Magdalena Morales was arrested on 26 July 2013 in her office and, in a case with close parallels with that of the COPINH leadership, charged with usurping land. As a result of the alternative measures to imprisonment, she is unable to visit the area under dispute, seriously affecting her work in support of the campesinos. Another of the people affected, Félix Torres Meraz, aged 65, has been under house arrest since June3 and has to sign regularly at the court-house, which he has been unable to do recently because he has pneumonia. The court has threatened to imprison his daughter if she fails to sign in his place. As well as this judicial persecution, Magdalena and others have also suffered death threats and surveillance. According to Magdalena, at the second ‘conciliation’ meeting on 2 December, Víctor Ramos, the chairman of AZUNOSA himself, told her to “cuídese el pellejo” (“watch her back”).

 At the meeting on 29 January, AZUNOSA’s lawyers focused on the Supreme Court verdict which found in AZUNOSA’s favour.4 Although it was issued on 9 December 2013, it was apparently not made public until 20 December, leaving little time for the campesinos’ legal team to react. In the end, they lodged an appeal against the judgment on the grounds of unconstitutionality (recurso de amparo). The Supreme Court judgment endorses the National Agrarian Council’s ruling, in November 2012, which overturned the decision made by INA (National Agrarian Institute) in March 2012 in favour of the campesinos.

INA had ruled against AZUNOSA because its land holdings in Agua Blanca Sur exceed the ‘sobretecho‘ – the ceiling imposed under Article 25 of the Agricultural Reform Act and continued under the LMDSA (1992 Agricultural Sector Modernization and Development Act), restricting land ownership to 250 hectares in the Sula Valley. AZUNOSA has argued that the purpose of the LMDSA was to discourage the accumulation of idle land for speculative purposes and was not intended to be used against farms in full production, claiming that this is made explicit in the preamble of the LMDSA. (The preamble actually stresses the importance of food production and food security – AZUNOSA has a contract with Coca Cola and SABMiller, its owner, is a beer company). AZUNOSA argues that it was on that basis that SAG (Ministry of Agriculture and Cattle-Rearing) had formally granted it a waiver from the sobretecho.

 At the conciliation meeting, the lawyers also focused on the bilateral investment treaty between the UK and Honduras signed in 1993 (Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Honduras for the Promotion and Protection of Investments). Under its Article 5, there should be no expropriation of either party’s investments except if this is considered to be in the national interest and, if so, it should be subject to ‘prompt, adequate and effective compensation’. INA had offered AZUNOSA 10 million US dollars, although AZUNOSA’s lawyers had claimed that the actual losses suffered by AZUNOSA would be nearer 83 million5 – a further incentive for the state to find in AZUNOSA’s favour. It was clear that there had been significant diplomatic pressure from the UK to overturn INA’s decision – it was the British ambassador herself who announced the National Agrarian Council’s ruling in November 2012 against the campesinos.6

The European Union has introduced a trade pillar into its Association Agreement with Central American countries, applied in Honduras since August 2013, which means that the bilateral investment treaty between the UK and Honduras will ultimately be replaced by an EU one, if that has not happened already. However, in the final article of the existing treaty there is a ‘sunset clause’ under which investments made while it is in force will continue to be subject to the treaty’s provisions for 20 years after it has been terminated.

In the meantime, Magdalena and the campesinos she supports remain in a legal limbo and continue to receive threats.

1SOAWatch article The Struggle for Land in Agua Blanca Sur provides extensive background on the case.

2See interview with Magdalena Morales by La Voz de los de Abajo

6 El Heraldo Consejo Nacional Agrario falla a favor de Azunosa.

See also Giorgio Trucchi’s interview with Marco Ramiro Lobo of INA SABMiller lands expropriated – Strong pressures to withdraw resolution

Fuente: http://hondurasaccompanimentproject.wordpress.com/2014/02/05/criminalization-of-campesinos-continues-in-land-dispute-with-sugar-company/

, , , , , , , ,

Deja un comentario

Regresan tierras expropiadas a Azunosa

Tuesday, 04 February 2014 09:29 Tommy Morales
E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

La Corte Suprema de Justicia fallo a favor de la empresa Azucarera del Norte S.A, Azunosa de El Progreso, departamento de Yoro, con el fin de devolverles las tierras expropiadas que el Instituto Nacional Agrario, INA, les había otorgado a los campesinos de la zona.

El INA expropio las tierras a dicha empresa mediante resolución 050-2012 de seis mil seiscientas hectáreas de tierra de dos ingenios, la Azucarera del Norte SA (Azunosa) y Compañía Azucarera Hondureña SA (Cahsa), por el motivo de que dicha empresa no solicito el sobre techo establecido según la Ley Reforma Agraria.

La transnacional SABMiller cuyo capital es británico sudafricana era la propietaria del ingenio Azunosa y de la Cervecería Hondureña S.A, en el momento de realizarse el convenio entre los gobiernos de Gran Bretaña y Honduras.

Antecedentes

En el año del 2011 el INA, las azucareras Azunosa y Cahsa se reunieron para revisar los acuerdos de concesión y establecer la legalidad de los predios en su posesión ubicados en el Valle de Sula.

El estudio obtuvo como resultado que las azucareras excedían el límite de tenencia de la tierra y que además no contaban con la autorización que correspondía según la Ley de Reforma Agraria.

En el valle de sula el sobre techo es de doscientas hectáreas pero estas instituciones poseían un sobre techo de seis mil hectáreas, Azunosa con tres mil seiscientos cuarenta y cuatro; y Cahsa con dos mil novecientas sesenta y nueve hectáreas, en base a eso se procedió a la expropiación entregándole el excedente a diez mil familias campesinas para que trabajaran la tierra.

La sociedad anónima solo actúa como administrador, hicieron efectivo un tratado suscrito en el que el Estado hondureño se compromete a proteger el capital de las empresas británicas.

Azunosa hace unos años fue comprada por Cervecería Hondureña, desde hace diez años era propiedad de la transnacional SabMiller. Casi todo el azúcar que produce el ingenio Azunosa es para la elaboración de refrescos de la línea de Coca Cola Company.

Lucha por tierra

El 18 de Febrero del 2013 mil quinientos campesinos y campesinas de la Asociación para el Desarrollo Campesino de Progreso, ADCP, se tomaron los predios de Azunosa, los manifestantes fueron fuertemente desalojados en dos ocasiones en el 2012.

Los campesinos informaron a medios de comunicación que quieren las tierras para sembrar maíz y denunciaron que han sido vigilados por agentes que andan recopilando nombres de dirigentes para girar órdenes de captura.

Azunosa junto con el INA entregaron 433 manzanas de tierra a grupos campesinos que reclamaban las tierras que fungen como propiedad de la empresa, pero se rehusaron a aceptarlas porque estas parcelas se encontraban ubicadas en la montaña que es parte de Mico Quemado en el municipio de El Negrito, dicho sea de paso fue declarada Zona de Reserva Ecología según el decreto 144-1994. El beneficio era para 483 familias, esto indicaba que a cada familia le tocaba menos de una manzana de tierra, al acto se presento por el INA Cesar Ham, Porfirio Lobo Sosa y  el gerente de Azunosa Miguel Ángel Yague.

Los dirigentes campesinos acusan a Cesar Ham de darles las tierras de la montaña a seguidores del Partido Unificación Democrática, después de tratar de convencer a los campesinos que desistieran de reclamar las tierras que tiene Azunosa.

Aunque los campesinos saben que corren peligro en el proceso de recuperación de tierras, siguen adelante, actualmente hay más de 3 mil campesinos en todo el país que están acusados en los tribunales por su participación en acciones de recuperación de tierras en manos de empresas o terratenientes que las han acaparado ilegalmente.

Mas de doscientos campesinos han sido asesinados  por la lucha por la tierra, entre ellos se puede contar el abogado José Antonio Trejo (fue asesinado el 22 de septiembre del 2012, era pastor evangélico) quien demostró en los tribunales que Miguel Facusse se apropio ilegalmente de tierras en el Aguan, días después fue asesinado su  hermano José Trejo quien se dedicaba a la agricultura.

A entregar las tierras

Según Francisco Ruiz dirigente campesino dijo que la Corte fallo a favor de la empresa Azunosa alegando nuevamente que existe un acuerdo de albacea del Estado de Honduras de cuidar los intereses británicos y que este convenio finaliza en el 2026.

¨Ya se ha puesto en alerta a los grupos campesinos en Agua Blanca para tomar medidas a través de luchas permanentes, para defender la tierra porque allí es donde puede prevalecer nuestro derecho¨, alerta el dirigente.

En el proceso de expropiación a la compañía se les solicito presentar la documentación debida, pero al no hacerlo, el INA, actuó como interventor y puso sobre aviso a los directivos de Azunosa, quienes mandaron un vocero para ingresar una apelación al consejo, el que fue negado, explico Ruiz.

¨Informamos a los compañeros campesinos que no es que le están dando la razón a Azunosa, sino que el INA tome en consideración el convenio que en el mismo no estipula ningún sobre techo¨, concluyo el campesino.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2949:regresan-tierras-expropiadas-a-azunosa&catid=58:amb&Itemid=181

, , , , , , , ,

Deja un comentario

Reports from Honduras – February 3-4

Tuesday, February 4, 2014

 
Report from Honduras – Chabelo’s Trial  Day 5-6
February 3-4   Many thanks to Dunia Aracely Pèrez for use of her notes
text and photos by V. Cervantes
 
Both the defense and prosecution are continuing to present evidence (supposed evidence in the case of the prosecution); more prosecution witnesses have also appeared, mainly policemen and forensic experts. As has been the case from the beginning the prosecution has continued to present evidence that proves  that there was a confrontation with many weapons resulting in the deaths of 11 people – unrelated to the specific charges against Chabelo.
The courthouse in La Ceiba
However it was notable that on February 3rd, a policeman from the investigatory unit of the National Police out of Tegucigalpa (DGIC) gave testimony that was different from his testimony at the earlier trial and hearing in 2010 and different from the written affidavit that he signed. In 2010 he stated that the witness he interviewed (the protected witness A2 that I mentioned in an earlier blog) told him that Chabelo was the one who opened the gas cans to start the fire and said nothing about Chabelo being related to the death for which he is charged (Carlos Manrique Sorto Castillo). But this time, he testified that the witness told him that Chabelo also killed Pedro — which is the same change in testimony made by the protected witness A2 at this trial – also different from his testimony at the 2010 trial. When the defense asked the police officer why the information sworn to now is not in the affidavits and testimony of 2010, he said he didn’t know. As I reported in earlier blogs, other witnesses have testified that Chabelo went to the scene after 4pm, was not close to the house, and only went to find the body of his friend Arnulfo Guevara who was killed in the confrontation. I can only speculate that someone decided that the original dubious testimony didn’t implicate Chabelo enough so they changed it. The defense lawyers were finally able to state for the record that there were serious inconsistencies and contradictions in the testimonies.
Today (February 4th) the defense presented a video that was taken the day after the confrontation when police were supposed to be investigating the crime scene and removing bodies. The video shows all kinds of policemen, press, and other individuals coming and going all over the property and surrounding area, walking around even where crime technicians were working etc. The defense introduced the video to show the massive contamination of a crime scene, noting that there were also objects seen in the video that were not on the inventory list of items found (a big blue container for example) and that there was a pile of burnt weapons (they looked like  AK47s) just laying out in the open and that the bodies were not being examined and removed by forensic or other medical personnel as required. The response from the prosecution was that “all crime scenes are contaminated” and that “humans aren’t perfect”.
The landowner and police official who began the war with the campesinos, Henry Vicente Osorto was supposed to testify since last week but has not shown up despite being ordered to do so by the court and despite many messages being sent to the National Police in Juticalpa, Olancho where he is the departmental chief. He is again expected tomorrow along with some additional forensic doctors.
Once the witness and evidence presentations are through the procedure will be for Chabelo to speak on his own behalf and then the concluding arguments of the defense and prosecution. The 3 judge panel supposedly has to decide the case in 2 days but the  defense expects that the decision will come down on Friday.
********************************************
Interview with Magdalena Morales, Regional Secretary of the CNTC in Yoro 
February 4, 2014
“In this country only the powerful have justice, not the poor” 
I spoke with Magdalena via telephone to get an update on her case.  She is charged with usurption of land, inciting protest and inciting the land occupation, and with «destruction of property» – all of this based on the fact that the CNTC is supporting the struggle of its members and members of the Association Pro-Development for the Campesinos of Progreso (ADCP) in Progreso, Yoro against the multinational sugar company, AZUNOSA, which occupies land that was declared to be eligible for land reform. She is one of more than 3,000 members of the CNTC facing criminal charges related to the land struggles.
Magdalena in November 2013
Magdalena told me that despite the fact that  the sugar company AZUNOSA has agreed to negotiate with the campesino organizations, she is still facing charges. Her next scheduled  court date in February 11th and she has been told that she may have to pay 12, 000 lempira (about 600 US Dollars) even if a solution is reached and she is no longer charged. She also told me that during the negotiations AZUNOSA keeps saying that a solution  is near but they have not made any concrete proposals. Meanwhile the campesinos continue living under tarps and in shacks on government land next to the land that should be theirs but remains heavily guarded by private guards, police and military. Just yesterday there was another attempt against one of the campesinos – he was walking to the highway to catch a bus near the land recuperation when a car tried to run over him. Luckily he escaped; another member of the campesino group was killed in a similar incident in 2013.

 

Magdalena expressed her thanks for the international support and the publicity given to her case and the  CNTC and ADCP campesinos. She denounced the fact that the politicians pay no attention to the social problems of poverty and land reform and that in the justice system only the powerful and rich find justice.

, , , , ,

Deja un comentario

Where Will the Children Play? Neoliberal Militarization in Pre-Election Honduras

PDF Print E-mail
Written by Adrienne Pine, Photos by Jesse Freeston
Tuesday, 05 November 2013 09:31
Pro-Corporate State Violence

On Thursday, October 24th I attended the late-night wake for 32-year-old journalist Manuel Murillo, whose body had been dumped in an alleyway the previous day with three gunshots to the face. I was with two international journalists and Honduran activist Edwin Espinal. As we walked past the truckload of military police outside the hall, one of them said «tienen huevos

In the months leading up to the first national elections since the 2009 coup in which members of the Resistance movement will participate, state-led terror and the criminalization of social protest have intensified. Juan Orlando Hernández, the presidential candidate for current president Porfirio “Pepe” Lobo’s National Party, has made the promise of security through militarization his central campaign theme. «Voy a hacer lo que tenga que hacer para derrotar a la delincuencia y recuperar la paz,» [«I will do whatever I have to do to crush criminality and bring back peace»] Hernández’s voice intones on his omnipresent campaign spots. The new military police force is an initiative of Hernández, which has significant support among the Honduran population. This is due in part to a complete lack of trust in the Honduran national police force which is widely seen as irremediably corrupt and murderous. In this context, the military appears to many to be a more reliable force to confront rampant criminality in the most murderous country in the world.

However, Honduran soldiers have also murdered several civilians in recent years. In one case that gained international attention last year, 15-year-old student Ebed Jassiel Janes was shot dead by soldiers while riding his motorcycle to meet a girl he had befriended on Facebook. Most of victims of the military have been engaged in grassroots struggle against national and international corporations exploiting lands, water, and subsoil resources of which their communities claim ownership. On July 15th of this year, Tomás García, a leader of the National Council of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), was shot and killed by soldiers who also seriously wounded García’s son in the same attack. The soldiers who killed García were protecting the Chinese-owned DESA corporation against the indigenous Lenca population who oppose DESA’a construction of a hydroelectric dam on their ancestral territory.

Honduran soldiers are also linked to murders of numerous campesino land rights activists in the Aguán. Just last Wednesday, following numerous death threats, Osbin Nahum Caballero Santamaria was allegedly killed by an operation of approximately 70 soldiers, who then abducted his body along with his still-alive wife and two small daughters by helicopter. Caballero’s mother, campesina leader Maria Digna Santamaria, denounced the murder and kidnapping on Radio Globo the following morning, holding the commander of the regional operation, former battalion 3-16 death squad member and School of the Americas graduate Col. German Alfaro Escalante, personally responsible. For his part, Colonel Alfaro—also on Radio Globo—asserted that Caballero himself had been involved in criminal activity and denied any military involvement in Caballero’s death. Instead, he repeated the commonly-employed refrain (used also by police) that criminals—not soldiers—often don army uniforms in order to carry out crimes.

Overall, in the Bajo Aguán region, more than 110 campesinos have been killed since the coup, primarily by security guards and soldiers employed by Miguel Facussé and three other large regional landowners. Facussé owns Dinant corporation, which specializes in products derived from his mono-cropped African Palm plantations, many of which are planted on ill-gotten, disputed agricultural reform lands. Like AZUNOSA, Dinant flaunts its ties with World Wildlife Fund in promotional materials while downplaying its role in the criminalization and murder of social activists.

The Honduran military and the judiciary both were primary institutional state actors in the 2009 coup against president Manuel Zelaya, whose wife Xiomara Castro is running for president against Hernández on the Resistance-affiliated LIBRE (Liberty and Refoundation) Party ticket. The two institutions have joined forces in the repression and criminalization of social movement leaders. Trumped-up charges including usurpation, coercion, and continued damages against DESA (which Tomás García was killed while opposing) have been leveled against COPINH leaders Berta Cáceres, Aureliano Molina and Tomás Gómez. The judge on the case ordered Cáceres to jail while the decision is pending; Cáceres has stated that the charges against her amount to political persecution and is currently in hiding. A similar case is pending against National Committee for Agricultural Workers (CNTC) leader Magdalena Morales, who has fought to reclaim agrarian reform lands from the British-owned sugar corporation AZUNOSA. The Honduran military has joined AZUNOSA’s private security guards in violently evicting campesinos on land disputed by AZUNOSA, and there has been no police investigation of campesinos murdered by AZUNOSA guards.

Military and judicial violence are necessary and central components of the imposition of neoliberal economic policies in post-coup Honduras. In order to legitimate and secure the economic violence effected against Honduran citizens by corporations like AZUNOSA, Dinant, and DESA, the judiciary actively criminalizes opposition to them while the military (along with other state security forces) goes after citizen-“criminals” with an iron fist.

Patterns of Political Violence

In a country where so-called «random,» «street,» «gang,» and «terrorist» violence is rampant and used to justify the criminalization of social activism and the corresponding militarization of public space, it is crucial to keep careful track of the patterns of political violence (keeping in mind that all violence in in some sense political). Following the coup, reports published by Amnesty International and the Inter-American Human Rights Commission found over 4,000 human rights abuses, including arbitrary detentions, torture and targeted assassinations that had been carried out between the June 28th coup and August of the same year by military and police forces against coup opponents. The Resistance movement, for its part, staunchly rejected in theory and practice the use of any violence that could have resulted in bodily harm to the enforcers or supporters of the coup.

Despite the incendiary labeling of social justice and human rights campaigners as “terrorists” and “insurgents” by Honduran armed forces, police, and their allies in the media, no credible evidence has emerged to substantiate claims of armed leftists using violence to destabilize the country. There have been very few instances of violence perpetrated against members of the military, police, or private security companies in recent years. In the Bajo Aguán region, where some such cases have occurred, no investigations have taken place. As such it is impossible to say who was responsible for the killings. Campesino communities, meanwhile, are under siege—terrorized by state and private security forces’ campaigns of systematic rape, harassment and targeted assassinations, and criminalized by a corrupt judiciary. A February 20, 2013 report by Annie Bird of Rights Action includes a exhaustive tally of murders in the Bajo Aguán region carried out between January 2010 and the date of the report’s publication. Bird counts a total of 89 campesinos, their supporters and neighbors killed during that period, whereas only 16 members of security forces were killed in the region during the same period.

Similarly, journalism is one of the most dangerous professions in Honduras. But according to Hector Becerra, director of the Honduran press freedom organization C-Libre, it is more dangerous for journalists whose reporting is critical of state abuses and police corruption than for those whose reporting is complicit with the same. Proving this in individual cases is complicated because of the levels of generalized violence and the context of impunity. Becerra states that of the 31 actively-employed journalists murdered since the coup, it is possible to demonstrate in 15 cases that the murders were directly related to the journalists’ exercise of freedom of expression. In each of the cases where enough evidence exists to determine that a journalist was killed in direct relation to his or her reporting, the reporting in question was critical of the coup, the Lobo administration, government corruption on the local or national level, or police ties to organized crime. On the other hand, there are no known cases of journalist murders that have been linked to reporting critical of social movements or coup opponents.

Numerous local candidates from the LIBRE political party have been killed in targeted assassinations in recent months. As Karen Spring of Rights Action notes in a recent report analyzing an exhaustively-researched list of pre-election violence, 18 LIBRE candidates and immediate family members of candidates were murdered between May 2012 and October 19, 2013, and 15 more suffered armed attacks. Spring writes:

«According to the list…LIBRE party…pre-candidates, candidates, their families and campaign leaders have suffered more killings and armed attacks than all other political parties combined. The disproportionate number of killings of LIBRE candidates seems a clear indication that many of the killings have been politically motivated.»

Many more non-candidate LIBRE activists have been killed in targeted assassinations, the most recent being photojournalist Manuel Murillo, who was working for LIBRE congressional candidate Rasel Tomé at the time of his murder. On Thursday, October 31st, LIBRE congressional candidate Beatriz Valle announced she was leaving the country after receiving numerous death threats. LIBRE leaders have told me that in an effort to maintain a positive message to attract voters, they until recently avoided politicizing what other party members have referred to as the «extermination campaign» against them.

In pre-election Honduras, the numbers make clear that overtly political violence is predominantly uni-directional, carried out by State security forces and death squads on behalf of powerful individuals and corporations, and against those who stand in their way, or appear to do so. And as the November 24th elections approach, that violence is intensifying.

 

The Case of Edwin Espinal

At 7 a.m. on Wednesday, October 23rd (the day before I attended Manuel Murillo’s wake) I received a call from a human rights activist. She told me that Edwin Espinal’s house in the Flor del Campo neighborhood of Tegucigalpa had been broken into and was being ransacked by military police. Five minutes later, I was racing across town in a car with her, Edwin, one of his family members, and Canadian journalist Jesse Freeston.

I first met Edwin on July 1st, 2010, in the offices of the Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras (COFADEH). He arrived after having been tortured by police officers from his neighborhood, his eyes swollen from the pepper gas they had sprayed directly into them 12 hours earlier after dragging him out of his parked car with no explanation. He had been refused medical attention and tortured with tasers (on his back, stomach, and ears) throughout the night, which he spent in a prison cell. I knew of Edwin at the time from his public statements following the death of his partner, Wendy Ávila, from tear gas inhalation nearly a year earlier. Since our first meeting Edwin has been continuously harassed by his neighborhood police who, he states, oppose his Resistance and community organizing activities. The same police have violently assaulted and arbitrarily detained him on multiple occasions.

Following local police officers’ repeated use of arbitrary detentions and torture against Edwin, the World Organization Against Torture and the OAS’s Inter-American Commission on Human Rights both requested that the Honduran government provide him precautionary measures. But the Honduran state response has been far from satisfactory. In a judgment declaring the officers involved in Edwin’s torture innocent, judge Marta Marlene Murillo Castro claimed his torture represented a “legitimate use of force” and accepted the police claim that spraying pepper gas in Edwin’s eyes had been an accident (Judge Murillo is the same judge who determined that the military had acted legally in violently raiding two radio station and one television stations on the day of the 2009 coup against Zelaya confiscating and/or destroying nearly all their equipment in the process).

Two of the Flor del Campo police officers who repeatedly harassed and tortured Edwin, José Luís Alemán Pérez and Walter Isaías Burgos Vargas, have since been implicated in different crimes. Alemán is currently serving a jail sentence for illegal arms possession and extortion. Burgos was named by the Police Reform Commission (formed in 2012) for his involvement in corruption. However, the commission—formed largely in response to the police murder of the son of powerful National University Rector Julieta Castellanos—has failed to tie Burgos’s “corruption” to (or hold him accountable for) Edwin’s torture.

After receiving numerous death threats, Edwin and his family fled their Flor del Campo home on October 9th and went into hiding. Human rights workers involved with the case and Edwin’s neighbors suspect that the threats, which were delivered by local gang members, originated from National Party activists in the community. When National Party candidate Hernández rolled out his military police with great fanfare days later on October 14th, Flor de Campo (infamous for its violence and gang activity) was the new state security force’s first and primary target. Driving into Flor del Campo on the morning of October 23rd, we took detours around several roadblocks that had been set up throughout the neighborhood. Dozens of heavily-armed balaclava-wearing military police stood around each one.

The largest concentration of military police we saw was outside Edwin’s house. In addition to the troops storming his house (which sustained significant structural damage in the raid), between 50 and 60 heavily armed troops were assigned to different strategic tasks. Some blocked off vehicle and pedestrian traffic to Edwin’s dead-end street; others sat facing out on either side of the converted pickup beds of several military vehicles, guns ready; others directed traffic on the street perpendicular to Edwin’s alley; others guarded each of the neighbors’ homes and businesses and walked back and forth patrolling the block; and still others took video and pictures of everyone who came to the scene, in particular those of us who arrived with Edwin. The military police were accompanied by a contingent of embedded television, radio and print journalists. At one point a group of journalists and military police officers worked themselves into hearty laughter imitating Juan Orlando Hernández’s campaign refrain, «Voy a hacer lo que tenga que hacer para derrotar a la delincuencia y recuperar la paz.»

Military Police directing local traffic away from the area where the raid of activist Edwin Espinal’s Flor del Campo home was taking place.

 

Military Police arriving to Edwin Espinal’s house in one of several pickup trucks. In the background is aluminum fencing surrounding the newly-privatized Flor del Campo community soccer field, and another military police truck with three dog cages. Two other military police vehicles also came loaded with dogs.

 

Members of the the military police used video and still cameras to record neighbors, friends, and human rights workers who arrived at the scene.

 

Militarized Neoliberal Sport

On the far side of the street where we stood, blocked by military police from entering the alleyway to Edwin’s house, sits an enormous gated construction site slated to become a private soccer field. This soccer field—the “campo” in Flor del Campo—was until recently the only open, public green space for neighborhood residents. But earlier this year, CONAPID, a Honduran public-private government commission, was brought on to redesign the field as part of its privatization. CONAPID receives funds from the Inter-American Development Bank and the controversial Honduran “tasa de seguridad”—a tax on businesses created after the coup to pay for public security initiatives. Many neighborhood residents argue that the privatization of the field is illegal. Since the field is collectively maintained, paid for and administered by the community, Honduran law requires that the community be consulted in the event of a transfer of administration or ownership. No such consultation ever took place; instead, neighbors say, two Flor del Campo residents who had no authority to do so signed away the development rights to the field. One of the signatories is a National Party member who assumed de facto leadership of a defunct community council after its elected president was murdered for what neighbors claim are political reasons.

The president of CONAPID is Reinaldo Sánchez, currently a Congressional candidate with Juan Orlando Hernández’s National Party, the party behind the military police. Part of CONAPID’s public relations strategy (in keeping with its tasa de seguridad funding) is that the organization’s work is central to crime and violence prevention in Honduras. A March 2010 article celebrating the inauguration of a privatized soccer field (replacing another public one) states (my translation):

Reinaldo Sánchez, head of CONAPID, said he felt proud to collaborate in something that will keep young people away from vices.

 

Sánchez reiterated this sentiment in a press release the following year:

[Sánchez] noted that society as a whole should take an active role in the processes of change developed by the Government, in order to create an atmosphere of peace among the citizenry. “These works create progress, development and opportunities for children and youths, since they enable us to distance them from taking on bad habits,” he stated.

 

Community members in Flor del Campo take a markedly different view of CONAPID’s involvement, and of the privatization of their communal land. Neighborhood residents, including Edwin, began organizing to oppose the venture and to maintain the public space that has defined their neighborhood as soon as they heard about the irregular transfer, even as the field was being dug up in preparation for the installation of artificial turf. Today, the site is only visible through small gaps in the approximately 8-foot high aluminum fence erected around the entire field. Once community members began to engage in actions that included the attempted removal of the fence and spray painting it with slogans protesting the venture, the military was brought in to protect the field. Slogans visible on the morning of the raid included:

●      “We the poor also have a right to public spaces”

●      “La Flor Sin Campo” (“Flower Without a Field” a play on the neighborhood’s name Flor del Campo)

●      “+Profit, -Sports, =Crime”

●      “Primero los Pobres?” (The slogan of the National Party mayor of Tegucigalpa and strong CONAPID ally, Ricardo Álvarez, “The Poor Come First,” framed sarcastically as a question)

Graffiti opposing the privatization of the Flor de Campo community soccer field, sprayed on the aluminum fencing surrounding the field. The field has been guarded by members of the Honduran military since the graffiti appeared. More recently, the newly-formed military police have been patrolling the area.

 

Since members of the community began organizing against the privatization of their field, several of them have received direct and credible death threats from the same few neighborhood residents who signed away the community’s rights and who stand to profit from the field under its new management. On the weekend after Edwin fled his home in Flor del Campo, a public report-back of the activities of community members opposing the CONAPID venture had been planned. It was canceled because the neighborhood activists feared for their lives.

 

Impunity and Elections

The terrorizing of activists like Edwin Espinal falls within the context of criminalization of social movement leaders like Berta Cáceres and Magdalena Morales. It is also part of a recent pattern of apparently politically-motivated military police-led home invasions. In the past two weeks, military police “allanamientos” (technically, forcible home raids) have been carried out against union leader Marco Antonio Rodríguez, Vice-President of the National Child Welfare Agency Workers’ Union and an international journalist who chose not to publicize their case. According to Rodríguez, when he asked the military police ransacking his home to show him their warrant, their response directly reflected the impunity they enjoy. «What search warrant?” they answered, “We can do whatever we want here.»

In Edwin’s case, there was in fact a search warrant, administered on site by public prosecutor Ricardo Adolfo Núñez (cited in the same document as having requested a search warrant), who wore a ski mask and a bulletproof vest. In the days following the raid, Edwin attempted to locate Núñez, a public figure who works for the Public Ministry and has been assigned to the Military Police. He was told that there was no phone number or office at which Núñez could be located. The signature on the search warrant was that of “juez ejecutor” (judge executor) Santos Alberto Reyes Castillo, a sergeant working directly for the military police. According to COFADEH journalist Dina Meza (herself a victim of ongoing harassment and death threats directly related to her work), who arrived at the scene later in the morning, Reyes Castillo was also present at the raid.

COFADEH journalist Dina Meza leaving the scene of the military police raid of activist Edwin Espinal’s home.

 

When a journalist from the Honduran newspaper El Tiempo later questioned the legality of allowing a judge executor within the military police to authorize the same military police to raid a citizen’s home, the president of the Honduran Supreme Court stated it was perfectly legal (though this interpretation was disputed by the Attorney General). On the eve of Honduran elections, what is in effect a parallel security force with its own internal legal structure has been created. And it appears to be entirely unaccountable to Honduran citizens.

Outside Edwin Espinal’s home (Espinal is in the foreground), public prosecutor Ricardo Adolfo Núñez, wearing a blue plaid shirt, balaclava and bulletproof vest, confers with members of the military police in charge of the raid. One carries on his back a large mallet used in the operation.

 

The search warrant itself highlighted Edwin’s alleged LIBRE activism, and authorized the raid in order to confiscate “Objects related to Illegal Drug Trafficking, Prohibited Weapons, and Cash from Crimes of Theft and Extortion.” While we waited down the street from his house, the military police broke down Edwin’s doors (external and internal) and illegally remained inside the house for two hours before the evidence-gathering inspection team went inside with three large drug-sniffing dogs, giving them ample time to contaminate the scene. Edwin photographed the search warrant of his house and gave a brief statement to the press denouncing the political nature of the raid.

Edwin Espinal giving a declaration to the press, in which he stated that the destruction of his home by military police was part of an ongoing campaign of harassment and political persecution meant to terrorize his family and political activists.

 

The following day, Manuel Murillo’s body was identified. Murillo, like Edwin, had been granted precautionary measures after suffering arbitrary detention, torture, and death threats against himself and his family at the hands of police. I joined Edwin and the same group of colleagues who had accompanied him to his house the previous day to Murillo’s service in a community hall in the Kennedy neighborhood, right next to a police station. We arrived late, close to 11 p.m. A LIBRE flag hung from Murillo’s coffin, and a couple prominent party members stood around in the aisle, their expressions unreadable to me. Family members walked around offering us coffee and cake. I only glanced momentarily at the young man’s face, which was crudely sewn together with black thread in an attempt to mask the disfigurement caused by his murderers.

Part of the nature of living in a context of state repression and impunity coupled with the highest homicide rate in the world is that it is difficult to assert political motives for state violence in any given case with certainty. Is there proof that Murillo’s murder was carried out by the police who tortured and threatened him with death three years ago, or by the new military police force comprised of former members of the national police and military, who now enjoy even greater power and impunity than before? Not at the moment. Is there proof that that the military police’s raid of Edwin’s home was an act of individual and collective intimidation tied to his resistance activities, and most recently to his fight to retain a public green space where neighborhood children could play? His multiple experiences of arbitrary detention and torture at the hands of police who enjoy full impunity for the harm they have caused him, and the inclusion of his alleged LIBRE affiliation in the search warrant indicate the possibility of a political motive, but do not qualify as definitive proof. The military police saying “tienen huevos” as we passed them on the way to pay our respects to Manuel Murillo and his family seemed to us to be a clear message. But can we prove that? Absolutely not.

For community organizers, democracy activists, LIBRE candidates, and potential LIBRE voters, the pre-election context in Honduras is one of extreme everyday violence amplified by a campaign of state terror carried out in the service of neoliberal policies and politicians. The criminalization and persecution of individuals and groups who oppose Honduran state policies—while difficult to prove in any individual case thanks to the near total impunity that exists for human rights violators—is nonetheless in the aggregate a clear example of what sociologist Emile Durkheim called a social fact. As 20 senators recently pointed out in a letter to Secretary of State John Kerry, this persecution is being carried out by police and military (and now military police) forces that receive funding and training from the United States. These are the conditions under which Honduran elections will take place later this month, and only the most cynical of observers could call those conditions “free and fair.”

Many thanks to Karen Spring for her extensive research help on this article.

Adrienne Pine is Assistant Professor of Anthropology at American University, and author of Working Hard, Drinking Hard: On Violence and Survival in Honduras. She is currently on leave to teach at the National Autonomous University of Honduras, and blogs at http://quotha.net.

 

Fuente: http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/4542-where-will-the-children-play-neoliberal-militarization-in-pre-election-honduras

, , , , , , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Nueva jornada de protestas en Tegucigalpa y San Pedro Sula

13:10
10
Octubre
2013
Tegucigalpa – Una nueva jornada de protestas se realiza este jueves en la capital hondureña en donde el sector de la Salud continúa la demanda del cumplimiento de pagos por parte del gobierno. También se manifiestan estudiantes de un colegio capitalino, así como organizaciones campesinas que protestan en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Los empleados de la región Metropolitana número 1, continúan con las protestas programadas durante toda la semana, en la que mantienen tomadas las instalaciones del centro de salud Alonso Suazo ubicado en el barrio Morazán de la capital.

Los empleados de la Salud exigen el pago de bonos, sueldos atrasados, vacaciones, entre otras prebendas.

Mientras que los médicos asignados al Hospital San Felipe, El Tórax y Mario Mendoza también se mantienen en paro de labores al no llegar a un acuerdo con las autoridades sanitarias quienes les exigen retornar a sus actividades normales.

Militarizado el Central

En tanto, las instalaciones del Instituto Central Vicente Cáceres, amanecieron militarizadas luego del anuncio que realizara el titular de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, quien apuntó que el director de esta institución, Roberto Ordoñez, estaba destituido por supuestas irregularidades administrativas.

Pese a su militarización, un grupo de estudiantes realiza una protesta ante la decisión de las autoridades de Educación de separar a Ordoñez.

“Yo no he sido destituido, lo que existe es una resolución, y la misma establece que tengo derecho a una apelación, por lo que no entiendo el porqué amaneció militarizado el Central, nosotros aquí no vamos a provocar ningún caos, ni nada por el estilo”, sostuvo Ordoñez.

Organizaciones campesinas exigen respeto a sus derechos

En los alrededores de Casa Presidencial, un grupo de organizaciones campesinas realizan una protesta exigiendo respeto a sus derechos.

Magdalena Morales, dirigente campesina dijo que la protesta es para exigirle al presidente Porfirio Lobo que pare la persecución en contra de la dirigencia campesina ya que su compañera Bertha Cáceres guarda prisión en El Progreso, así como otros dirigentes de la organización que enfrentan sendos requerimientos fiscales.

“A mí me toca presentarme el próximo 23 de octubre a los juzgados de El Progreso, donde enfrento una acusación por solidarizarme con mis compañeros campesinos del Valle de Sula”, señaló Morales.

Dijo que la protesta también es para exigir el respeto al territorio hondureño, “estamos aquí exigiendo respeto para nuestro territorio ya que se lo están vendiendo por poquitos a los extranjeros”, argumentó.

Tomada municipalidad sampedrana

Un grupo de pobladores del sector de Los Naranjos protestan frente a la municipalidad de San Pedro Sula por la construcción de una calle en dicha zona.

“Estamos indignados por este tema y venimos a protestar porque quieren construir una calle por nuestra colonia y protestamos porque la seguridad nuestra no tiene precios”, sostuvo uno de los manifestantes.

Familiares exigen libertad de imputado

Mientras que en las afueras del Ministerio Público de la norteña ciudad familiares de Santos Gil Molina quien fue capturado infraganti cuando lanzaba el cuerpo de un supuesto extorsionador en el puente Canal Maya de la Lima, Cortés, norte del país.

Los familiares de Molina indicaron que él estaba siendo extorsionado por la víctima, por lo que argumentan que el asesinato fue en defensa propia.

“Ya no aguantábamos a ese hombre, nos estaban extorsionado a todos por eso él tomo la decisión de acabar con el extorsionador”, dijo la madre de Molina.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/10/10/Nacionales/Nueva.jornada.de/76254.html

, , , , ,

Deja un comentario

Delegación suiza lleva compromiso de ser la voz en favor de víctimas de violaciones a DDHH en Honduras

 Friday, 04 October 2013 21:05 Sandra Rodríguez

E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

Las lágrimas hoy fueron incontenibles, para las familias de las víctimas del golpe de Estado y represión militar en Honduras, es difícil contar esas historias que les ha cambiado la vida, sin embargo lo hacen porque esos hechos no pueden quedar en el olvido.

Al menos 10 familiares de víctimas, compartieron con la delegación del Foro Honduras-Suiza, con quienes se dieron cita en la oficina del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

La defensora de DDHH y coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, dio apertura a la reunión al decir dijo que en Honduras la impunidad ha sido tan fuerte, que la misma población se hace cómplice, al creer porque en un sistema judicial que no funciona.

El tema de impunidad y justicia no ha sido resuelto, para el caso, COFADEH desde hace 30 años realiza un plantón en la Plaza los Desaparecidos –plaza la Merced-, para dejar constancia y mostrar insistencia en la búsqueda de justicia por las violaciones de lesa humanidad, pues hay casos que a sabiendas de que la policía o militares son los responsables, no se investigan, siempre la victima tiene la culpa y si hay investigación no se hace nada por los responsables.

Y es que nosotras no conocemos el precio del olvido, por eso mantenemos la memoria, aseguró Bertha Oliva.

El defensor Peter Schneider, miembro de la delegación, presentó al grupo y dijo que están impresionados con lo que han visto estos días, por lo que seguirán trabajando en Suiza con sus organizaciones, y esperan seguir acompañarlos en esta lucha al pueblo hondureño.

Con esperanzas de justicia

Soy Gloria Trejo, cada día insisto en la búsqueda de justicia por el asesinato de mis hermanos Antonio y José Trejo.

Antonio era el representante de organizaciones campesinas del Bajo Aguán, desde el 2006 empezó a recibir amenazas a muerte, interpuso denuncias ante el Colegio de Abogados de Honduras, pero no se le ayudó y el siguió con la lucha por recuperación de tierra de los campesinos.

El 20 de agosto del 2012, fue detenido con un grupo de campesinos que estaban frente a la CSJ exigiendo el respeto por sus tierras. Buscó ayuda en las dependencias judiciales y la Secretaria de DDHH. No se hizo nada. El 22 de septiembre fue asesinado, luego la ministra de DDHH dijo que mi hermano nunca buscó ayuda.

Después la familia recibió un duro golpe, cuando el 16 de febrero del 2013, asesinaron a mi hermano José, defensor de la tierra, con quien buscábamos que se esclareciera la muerte de Antonio.

Con la visita de las misiones internacionales, tengo la fe y convicción de que ustedes nos van a ayudar, no perdemos la esperanza de que en el país se van a castigar a los responsables de estos crímenes.

La integrante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, Magdalena Morales, quien está procesada por la recuperación de tierras de un grupo campesino en El Progreso, Yoro, dijo que el asesinato de los y las compañeras campesinas duele mucho, y la del abogado Antonio Trejo es lamentable porque ya no tienen quien los defienda, cualquier abogado antes de agarrar un caso de campesinos, primero lo piensa.

Magdalena, ha debido abandonar a sus hijos e hijas, su hogar y hasta su empresa campesina, a la cual pertenece desde hace diez años, por la persecución judicial de la que es objeto. Entre lágrimas lamentó que este sistema represor persigue a los y las defensoras de los derechos humanos, lo que les cambia por completo la vida y la de su familia.

Me persiguen a mí, por defender los intereses de unas 1600 familias apostadas en las calles, que después de un desalojo no se han ido a otro lado, porque no tienen donde vivir. Somos más de 56 compañeros y compañeras campesinas procesadas, entre adultos mayores.

Ela Méndez, hija de Rubén Méndez, miembro de la Policía, asesinado en agosto pasado, compartió que su papá era investigador de casos que se casos que se llevaban en la fiscalía de DDHH, y denunció que las investigaciones sobre su muerte  no arrojan nada, por lo que están acabando con la vida de hombres buenos.

También asistió a cita, Francisco Muñoz, hermano de Pedro Magdiel Muñoz, torturado y asesinado el 25 de julio del 2009, en un campo de concentración militar que reprimía a los oponentes al golpe de estado, en el desvió a Alauca, El Paraíso, cuando el depuesto presidente José Manuel Zelaya, intentaba retornar al país, por la frontera con Nicaragua.

Francisco dijo a la delegación internacional que “esperamos que ustedes nos ayuden, mataron a mi hermano, ese es un dolor que llevamos dentro, un vacío que no podemos borrar, mi hermano luchó por llegar a Alauca, en la defensa de que se reconstituyera el Estado roto por el Golpe, en 2009, con mi hermano, quedamos huérfanos muy pequeños y somos personas trabajadoras y luchadoras”.

Pedro Magdiel captó como utilizaban los vehículos de la Cruz Roja para transportar bombas y otras municiones de uso militar, explicó la coordinadora del COFADEH.

También doña Esther Mazariegos, mamá del fiscal de Choluteca, Manuel Eduardo Díaz, asesinado en septiembre del 2012, dijo un año después siguen sin saber nada, ni los motivos que llevaron a quitarle la vida al bogado.

También se les hizo del conocimiento de la desaparición forzada de Reynaldo Cruz Palma, el 30 de agosto del 2011, quien fue amenazado varias  veces y perseguido por militares, por oponerse a abusos cometidos en la colonia Planeta, donde era presidente patronal.

Magisterio atacado

Siempre es difícil estos momentos, dijo Ruth Velásquez, quiero compartir lo que sucedió en el caso de mi mamá, Ilse Ivania Velásquez, quien en una manifestación magisterial, 18 de marzo del 2011, falleció a causa del impacto de una bomba lanzada por policías que reprimieron la lucha social.

“Como familia a veces nos preguntamos qué va a pasar, porque las autoridades gubernamentales se lavan las manos, el ministro de Educación en ese entonces, Alejandro Ventura, dijo que si ella hubiera estado en el salón de clases no le hubiera pasado nada”.

El 10 de febrero del 2012 se exhumó el cadáver para evidenciar que su muerte la provocó el impacto de una bomba contra su cabeza, pero seguimos en la espera, declaró Ruth.

También sigue a la espera de investigaciones es doña Rusbinda, mamá de Karen Yessenia Hernández, maestra, asesinada en el marco del golpe de Estado, su mamá dice que no se sabe nada sobre su muerte.

Por su parte, Karla Contreras, hermana de profesor Fidel Contreras, asesinado durante el Golpe de Estado, lamentó que ese caso siga en la impunidad, y agradeció a la misión de suizos, por el interés que han mostrado en lo que acontece en Honduras.

Doña Adelina, mamá de profesor Félix Murillo, asesinado el 17 de septiembre del  2009, comentó a la delegación que, en su caso tampoco se sabe nada de su muerte, pido que se haga justicia, porque él fue asesinado después de haber declarado como testigo en la muerte  del profesor Roger Vallejo, en una manifestación del Frente Nacional de Resistencia Popular. Han pasado cuatro años y no se sabe nada en cuanto a las investigaciones.

No más financiamiento para militares que nos reprimen

Alba Ochoa, torturada junto a un grupo de 28 personas, incluyendo un menor y un extranjero, el marco del golpe de estado del 2009, dijo que, la esperanza que tenemos cuando ustedes nos visitan es muy grande, más si son de Suiza, porque ahí se hace el Examen Periódico Universal, EPU en cuanto a violaciones de DDHH.

Es un lugar al que nosotros no podemos ir, y si van los representantes del Estado, quienes van a decir muchas mentiras, y que bueno que ustedes vienen a constatar las violaciones que nosotros vivimos.

Y queremos que les digan a sus gobiernos –Europeos- que no se siga financiando a ejércitos que están contra la población. Que la bomba que impactó contra la compañera Ilse Ivannia tenía la bandera de España.

Yo represento a un grupo de 28 compañeros, que fuimos golpeados, capturados y torturados el 12 de agosto del 2009, después de una mi festación del FNRP. La mayoría de nosotros no participamos en la movilización, y al encargado de la operación, los han premiado como jefe regional del a policía  de Comayagua, Jefe regional de Inteligencia de la Policía y jefe de inteligencia de la Policía Nacional, él es Elder Madrid, enfatizó Ochoa.

También quiero que digan en Europa que aquí el golpe de Estado no ha terminamos, que cuatro años después continúan las persecuciones, agresiones y violaciones.

“Ellos dicen que demos vuelta a la página. Hay compañeros que ya no pueden seguir contando lo que sucedió, porque fueron asesinados, pero nosotros no, y queremos que ustedes nos ayuden a que con sus impuestos ya no se compren armas, sino que puedan invertirse en la construcción de escuelas y mejoras de la educación”, concluyó Alba Ochoa.

Don Wilfredo Yánez, contó como su hijo de 15 años, Ebed Jassiel Yanes de 15 años, fue perseguido y asesinado por militares, al desobedecer una orden de paro, en la madrugada del domingo 27 había un retén militar, pese a que el joven andaba sin permiso, no debieron asesinarlo, este ha sido un proceso largo y duro de investigación.

Las autoridades ha tratado se tapar evidencias, para decir que nada pasa, pero el proceso continua.

Tengo el respaldo de COFADEH y otra organización, ha  sido una lucha contra el ejército y autoridades, la fiscalía solo acusó a uno y debió acusar a los tres que dispararon, dijo Yánez, quien no pudo contener el llanto.

Tras escuchar cada uno de los testimonios, el pastor Rigoberto Ulloa, de la iglesia Agape, mostró su solidaridad para con las víctimas y familiares.

Dijo que los y las compañeras de Suiza, llevan una gran deuda que no podemos callar. Su dinero está sirviendo a la policía que está matando a nuestra gente, llevan una responsabilidad de abrir la boca, ustedes serán nuestros ojos y nuestros oídos.

Hagan oír su voz, los y las hondureñas estamos hechos un solo nudo, la historia de cada víctima duele.

A este gobierno, Europa le puede decir basta ya, este régimen es un p andilla con saco y corbata que van a matar a quien sea, para llegar a donde quieran llegar, denunció el también defensor de derechos humanos, Rigoberto Ulloa, cuya iglesia coordina el observatorio ecuménico de solidaridad de DDHH.

La delegación del foro Suiza-Honduras, agradeció mucho porque no es fácil compartir estos testimonios, los cuales llevan en el equipaje y sus mentes su problemática, e investigar lo que se hace con los fondos de su gobierno, en Honduras.

Asimismos agradecemos a COFADEH por este momento y a las Iglesias Protestantes de Suiza, -Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz-HEKS, por apoyarles en esta misión de observación de violaciones a derechos humanos en Honduras.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2800:delegacion-suiza-lleva-compromiso-de-ser-la-voz-en-favor-de-victimas-de-violaciones-a-ddhh-en-honduras&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

, , , , ,

Deja un comentario

Posponen audiencia inicial contra dirigente campesina Magdalena Morales

            Escrito por Redacción en Mar, 10/01/2013 – 22:30
    Versión para impresiónVersión PDF

El Progreso, Yoro (Conexihon).- Autoridades del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de El Progreso pospusieron este fin de semana la audiencia inicial contra la secretaria general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)  para el próximo 26 de octubre, informó la agrupación.
“El 30 de septiembre tenía previsto el juicio en el que me acusan por querer recuperar las tierras que les pertenecen a los campesinos, pero soy  representante de la organización que defiende a los verdaderos campesinos, quienes son los verdaderos dueños de las tierras y no invasores como les llaman”, sostuvo Morales, en declaraciones a periodistas en la zona.
El proceso judicial que la empresa Azucarera del Norte SA (AZUNOSA) inició desde hace un año en contra de Magdalena, y 45 miembros más de la Central Nacional de Trabajadores del Campo CNTC y de la Asociación para el Desarrollo Campesino de El Progreso ADCP.
Morales fue acusada por el Ministerio Público por el delito de usurpación, hecho por el que fue capturada 27 de julio en las oficinas de su organización; por apoyar la lucha de la recuperación de la tierra en Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro para 1,200 familias. En esta la audiencia de declaración de imputado le dieron medidas sustitutivas. 
Las tierras se encuentran en proceso de disputa con la sociedad mercantil Azucarera del Norte S.A (AZUNOSA), y las transnacionales Cervecería Hondureña (CHSA), Sabmiller Southern investments Limited, estas empresas sostenían un contrato de arrendamiento con el Estado de Honduras que venció en el 2005.
Según se informó, estos cargos son muy similares a las acusaciones en contra de otros líderes de los movimientos sociales como Berta Cáceres, Coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) y Víctor Fernández, el abogado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que está ayudando a la comunidad de Nueva Esperanza en su luchar contra la minería ilegal en su comunidad.
Se estima que la CNTC cuenta en la actualidad con 10 mil miembros afiliados de los cuales 6 mil son varones y el resto mujeres jefes de familia distribuidos en 569 grupos campesinos en las 13 regionales. A la organización pertenecen 878 Empresas Asociativas Campesinas de las cuales varias han sido reconocidas por el Estado y cuentan con personería jurídica.  Hasta el momento la CNTC ha recuperado más de 69 mil hectáreas de tierra y de bosque en los trece departamentos donde tiene presencia. /Con información  y fotografías de Greg McCain 



Ver además:

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-conflicto-agrario-y-minero/posponen-audiencia-inicial

, , ,

Deja un comentario

Todas somos Berta, todas somos Magdalena

 Tuesday, 01 October 2013 09:56 Administrador

E-mail Print PDF
Berta Cáceres

La Red departamental de mujeres «Por una Vida Digna» de Santa Bárbara; aglutinadas a las organizaciones de mujeres, feministas defensoras de derechos Humanos, ambientales, territoriales de Honduras y Mesoamérica nos  pronunciamos de la siguiente manera:

 

Frente a la situación persecución enjuiciamiento y criminalización de compañeras como Berta Cáceres del COPINH a quien la Corte Suprema de Justicia emitió resolución que dicta prisión y donde como pruebas ridículas presentadas en contra de la compañera es que en la defensa de territorios  han expresado consignas «El rio no se vende, se cuida y se defiende»

Además la Compañera Magdalena Morales de la organización Campesina CNTC será enjuiciada en la Ciudad de El Progreso este 30 de septiembre por defender los derechos de las campesinas y campesinos, la tierra y la producción soberana de alimentos.

Estas dos acusaciones y criminalización contra las compañeras y otras mujeres defensoras en Honduras, es la expresión de Represión y militarización del Régimen Lobo- Hernández confabulado con gobiernos locales serviles lacayos que favorecen las empresas extractivas y destructoras de los bienes comunes, naturales y territoriales.

Como Red de mujeres de Santa Bárbara alzamos nuestras voces manifestando nuestra indignación y rechazo a la criminalización y enjuiciamiento de las defensoras luchadoras, nos solidarizamos y acompañamos a Berta Cáceres y Magdalena Morales.

¡¡¡¡ NI GOLPES DE ESTADO; NI GOLPES A LAS MUJERES¡¡¡¡¡¡

Santa Bárbara 30 septiembre 2013

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2792:todas-somos-berta-todas-somos-magdalena&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

, , ,

Deja un comentario

The Struggle for Land in Agua Blanca Sur

PDF Print E-mail

On Friday, July 26, policemen burst into the office of the CNTC (National Center of Rural Workers) in El Progreso, Yoro, and arrested Magdalena Morales, the CNTC Regional Secretary for the Honduran department of Yoro.  They took her to a police station and then put her in a cell that smelled so horribly it caused her a strong allergic reaction.  The day went by and still she was not released.  She passed a sleepless night and finally, after 24 hours of being detained, was brought before a judge.  The judge prohibited her from setting foot on land recuperated by campesinos (small farmers) in Agua Blanca Sur, ordered her to present herself and sign in every two weeks, and prohibited her from leaving the country. Magalena is charged with usurping land as part of the criminalization campaign against campesinos in the Sula Valley to the benefit of large sugar companies.  She is just one of 52 campesinos with legal proceedings against them because the Agua Blanca Sur land struggle.  A hearing in her case was set for Thursday, August 22, where a crowd gathered outside the courthouse in protest, but the hearing was suspended at the last minute and the date is currently pending. Magdalena and other campesino leaders in the Sula Valley are also facing intense persecution and death threats, on top of the murders that have already occurred.  As Magdalena explains, «When we leave home, we don’t know if we will return alive.»

As Regional Secretary for the CNTC in the area, Magdalena has been supporting the 1600 campesino families of the Association for Campesino Development of Progreso (ADCP) and the CNTC who have been recuperating land in Agua Blanca Sur, located in the Sula Valley.  According to Honduran land laws, no person or company can own more than 250 hectares of land in the Sula Valley unless they receive authorization to do so.  Sugar company AZUNOSA operates on much more land than the limit and did not have authorization.  As a result, in March 2012, the National Agrarian Institute (INA) ruled to expropriate 3,644 hectares from AZUNOSA for landless campesinos to live on and grow crops to survive.  The Minster of the National Agrarian Institute reported that AZUNOSA “has been illegally operating [on this land] for more than 20 years.”i Despite illegally profiting from this land for so long, AZUNOSA was to be compensated approximately $10 million for the expropriation.

However, AZUNOSA, which is owned by powerful British multinational SAB Miller, refused to give up the land.  AZUNOSA’s legal representative warned that “Honduras will have to answer to the European Union for lack of respect for the international investment protection convention between Honduras and the United Kingdom.”ii SAB Miller found willing partners in Honduras’ post-coup government, which is more than willing to give multinational corporations more rights than its own citizens and use force against small farmers struggling to survive.

Four months after the INA ruled that the land was theirs, the campesinos were tired of waiting and on July 29, 2012, they simply occupied the land to begin planting crops to feed their families.  Within two hours, about 100 police and military appeared to pressure them to leave, threatening to arrest them.iii In August 2012, they were violently evicted again from land that had been determined to be theirs and 42 people were detained.

Subsequently, in November 2012, the British Ambassador reported that the National Agrarian Council had annulled INA’s expropriation, granting AZUNOSA’s appeal.  However, campesino groups contend the convention between Honduras and the UK on which the appeal was based expired in 2005. The campesinos filed an appeal and the case is now before the Supreme Court.  In February 2013, the campesinos returned to the land.  As Fredy Membreño of the ADCP told journalist Giorgio Trucchi at the time, “We decided to return to recuperate this land because it should not be possible that foreign corporations keep taking our territory, while thousands of campesino families suffer misery and hunger.”  On March 21, 2013, the military and police attempted another eviction which was halted that same day by a court order.

Then, early in the morning on June 19, 2013, the Honduran military and police in conjunction with the company’s private security guards arrived to evict the campesinos. Between soldiers, police, and guards, there were an estimated 400 armed men.  As Magdalena explains, the 1600 campesino families had spent “months cultivating the land, working, working working” to plant corn, beans, and numerous crops for subsistence.  Following the eviction, the AZUNOSA employees “destroyed 1,000 manzanas (1700 acres) of harvest, including corn, squash, beans, yuca, plantains…Everything.”  They also are reported to have destroyed the houses the campesinos had built.

Earlier that month, on June 6, 2013, approximately 500 police, military, Cobras, and other state forces violently evicted the San Manuel Campesino Movement (MOCSAM) from another land recuperation in the Sula Valley, where the INA had also expropriated land in 2012, this time from sugar company CAHSA.  The photo at right shows the tanks and agents in riot gear that were used.  Comun Noticias reported «At least four live shots were fired agains the campesinos who were fleeing towards the community of Coowle, many tear gas bombs landed on people’s patios.  Many of the indignant neighbors came out screaming that their small children were choking because of the tear gas.» During MOCSAM’s May recuperation of that same land, two campesinos were murdered by the sugar company’s security guards.

Honduras has been militarized under the pretext of fighting crime and drug trafficking. Yet, across Honduras the military — funded, aided, and trained by the US — is being used to repress social movements and protect corporate interests. In the Lower Aguan Valley, extrajudicial killings and human rights abuses by the SOA-graduate commanded 15th Battalion and the Xatruch III task force are well documented in a report by Rights Action.   In Rio Blanco, where Indigenous Lenca communities are struggling to defend their land from an illegal hydroelectric dam, the SOA-graduate commanded First Battalion of Engineers protect the dam company and recently assassinated an Indigenous leader in the struggle agains the dam.  The Sula Valley is yet another example of how military muscle is used to put resources in the hands of multinational corporations at the expense of thousands of people, who are pushed further into poverty and then face repression and persecution when they stand up for their rights.  SAB Miller’s subsidiary in Honduras is reported to use the sugar it grows in the Sula Valley to produce Coca-Cola products.  The 1600 families want to use the land to grow corn, beans, squash, bananas and other food to feed their children. This does not fit into the scheme of corporate profit so the military forcibly removes these families from the land, leaving them with no where to go and no way to survive.

According to Magdalena, the military’s role in Agua Blanca Sur is to “evict, intimidate, and threaten.” As she explains, “Here money is what rules.  If you go to Agua Blanca right now, it is completely militarized.  Who is the military guarding?  The large landowner… When they evicted the people, soldiers from the Fourth Battalion were there.”  The Fourth Battalion is commanded by School of Americas graduate Hector Orlando Espinal.  Soldiers continue to patrol the land in question together with AZUNOSA’s private security guards, as documented in the photo at right by the Chicago-based La Voz de los de Abajo delegation on July 10, 2013.

The campesinos are also facing death threats and intense persecution by armed men and company security guards. On Friday, August 23, four armed men pursued a CNTC leader and her husband as they were driving home in El Progreso. They pulled over near a police post and waited until the armed men finally left.

As Magdalena explains, “In Agua Blanca, there are hitmen, there are soldiers, there are security guards, disguised security guards who are hitmen…. Another thing the company is doing is taking pictures of those who are at the front and criminalizing them…. It is very difficult now because there are death threats, persecution, a psychological war… There are 52 of us with legal proceedings against us only for Agua Blanca.  What’s worrying for us is the pictures they take everyday because they can use those pictures to murder us…. When we leave home, we never know if we will return alive or not.»

«One of our members has already been murdered.  Felix Correa was murdered on Saturday, August 10, and it was passed off as an accident, which it was not.”  Eyewitnesses report that a vehicle they identified as belonging to AZUNOSA deliberately ran over Felix Correa. He was taken to the hospital but died the same day. “We women and the other leaders are suffering persecution.  We have one member who is a prisoner in his own house, whose name is Felix Torres.  He is a prisoner in his house and does not have permission to leave.”

“We are dying of hunger in this country because of lack of access to land.  Does a foreign company have more rights than us as Hondurans?”

ihttp://proceso.hn/2012/05/24/Caliente/Ministro.del.INA/52348.html

, , , ,

Deja un comentario

Mujeres perseguidas por sus luchas sociales

 Tuesday, 27 August 2013 16:27 Tommy Morales

E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

Estas son mujeres que luchan por la defensa de los recursos naturales, la tenencia de la tierra y la defensa de los Derechos Humanos.

Se trata de tres mujeres de organizaciones sociales tienen juicios pendientes, sufren persecución y amenazas.
Una de ellas es Bertha Cáceres que tiene dos juicios pendientes por la lucha que está librando el Consejo de Organizaciones Populares en Honduras, COPINH, contra las hidroeléctricas, actualmente esta organización  mantiene una toma en Rio Blanco, Santa Bárbara.
El pueblo Lenca resiste la embestida del gobierno por medio del poder Legislativo que está llevando a cabo la entrega de los bienes comunes de la naturaleza por medio de decretos aprobados a mansalva, en este caso la concesión del rio Gualcarque por más de 30 años a la empresa Desarrollo Energético, DESA SA. La que contrató a otra empresa grande que es Sinohydro, que es una transnacional estatal de China, esta tiene un historial de violación a los Derechos Humanos.
Según Cáceres el lugar está militarizado y el proyecto de Agua Zarca se ha convertido en una base militar donde opera el Batallón de ingenieros, unidades especiales como TIGRES, Xatruch, otra bajo el nombre de operación  “LIBERTAD”, con las que han instalado una política de terror a la población.
“A esto se le suma la presencia de paramilitares, hay amenazas a muerte, persecución, vigilancia, hostigamiento y acoso a la comunidad, y hechos graves contra la vida tal es el caso del asesinato del compañero Tomas García” afirmó la dirigenta.
También denunció la intromisión del actual alcalde Nery Hernández electo por el Partido Liberal y ahora candidato a la reelección de la alcaldía de Zacapa por el Partido LIBRE, ya que este se ha puesto de parte de la empresa para la opresión de la población indígena que defiende sus recursos naturales.
“Ellos han definido que después de la elecciones y que se hayan ido los observadores de la comunidad internacional nos sacan muertos de Rio Blanco”, indico Cáceres.

El COPINH tiene varios juicios pendientes debido a su lucha en la defensa de la recuperación de los recursos naturales, uno en Santa Barbará por posesión ilegal de armas en prejuicio de la seguridad interna al Estado de Honduras y el otro en la Esperanza, Intibucá por el delito de usurpación de tierras, coacción y daños continuos contra la Empresa DESA. La audiencia inicial en Intibucá será el 12 de septiembre del presente año.
Otra de las defensoras perseguidas es Magdalena Morales de 50 años, madre soltera de seis hijos, quien  tiene un juicio pendiente por su participación en organizaciones campesinas que han recuperado tierras, ella pertenece a la Central de Trabajadores del Campo, CNTC.
Manifestó que el Movimiento Campesino del Valle de Sula tiene  32 organizaciones campesinas, a la margen derecha está el movimiento Campesino de San Manuel Cortes, MOCSAM y que actualmente existe una satanización contra la lucha campesina. Hasta el momento hay más de 32 campesinos y campesinas con medidas sustitutivas  a la prisión  y con  órdenes de captura solo de la CNTC,  sin contabilizar a los demás movimientos.
Según Morales para ella es difícil encontrarse en medio de un proceso legal porque no puede hacer ninguna actividad, el delito por el cual la están acusando es por usurpación de tierras y malversación de fondos por 200 millones de lempiras, pero argumenta que cuando ingresaron a las tierras de la que ha tomado posesión la Azucarera del Norte SA. Azunosa  que  pertenece a un consorcio extranjero, tiene en posesión ilegalmente desde más de treinta años, la producción ya la empresa la había cosechado y por lo tanto no puede incluirse el delito de malversación ni daños y perjuicios.
“Estamos preocupadas porque no es fácil,  pero estoy dispuesta a enfrentarme a esta ley política que nos quiera imponer este Estado”, dijo Morales.
Por ahora Morales se encuentra con medidas cautelares que es la oportunidad de defenderse en libertad, la audiencia de declaración de imputado fue suspendida hasta nueva fecha, la cual será establecida por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro.
Suyapa Martínez, es la tercera defensora bajo constante hostigamiento y amenazas, forma parte  del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras, CEM-H, declaró que “nosotras a todas luces estamos en contra de la elección del Fiscal General porque está fuera del marco legal, ya que debe ser electo por el tiempo que establece la ley que es hasta marzo del 2014”.
Martínez aduce que el marco jurídico no está funcionando porque las mujeres presentan denuncias por violencia doméstica, los agresores no están siendo capturados, inclusive en la nueva reforma quieren que la violencia contra las mujeres sea de bagatela, aunque existe un incremento a los femicidios.
Bagatela son los delitos que tienen escasa repercusión social, delitos de poca importancia. Martínez recordó que la ley da medidas de seguridad para los agresores no se están aplicando y el caso es pasado a los jueces de paz y a otras instancias, esto agrava la situación de las mujeres en el país.
“Por eso estamos metidas en la elección del Fiscal porque no podemos permitir que el Ministerio Público no siga como está, ya que eso lo que ha hecho es naturalizar la impunidad” aseguró la defensora.
Martínez ha recibido amenazas por parte de la hermana de Romeo Vásquez Velásquez por medio de mensajes por celular, debido a que la feminista fue una de las personas que participó en el repudio de Vásquez Velásquez el día de la firma del pacto de Derechos Humanos de los candidatos a la presidencia en las próximas elecciones, en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
La pariente del ex jefe de las Fuerzas Armadas y quien participó como autor material del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, ha dicho a Martínez que conoce bien su historia de vida, lo que según la entrevistada la coloca en grave riesgo.

, , , , , ,

Deja un comentario

Humanismo cristiano: detenciòn ilegal de Magdalena Morales

voselsoberano.com | Sábado 27 de Julio de 2013 12:24

 

Por este medio, la Convergencia Refundacional de la Región Centro-Sur, nos manifestamos en solidaridad con la compañera MAGDALENA MORALES, detenida ayer 26 de julio al medio día por efectivos de la DNIC, en un acto arbitrario e ilegal de la administración Porfirio Lobo Sosa. 

La compañera Magdalena Morales es presidenta de la Regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) en El Progreso, Yoro, y encabeza un valiente movimiento de tres mil campesinos y campesinas que reclaman su derecho sobre más de seis mil manzanas de tierra que antes estaban en posesión de la empresa Azucarera del Norte, SA (AZUNOSA), pero que le fueron expropiadas para efectos de Reforma Agraria.

 

La empresa ha usurpado esas tierras sin tener ningún documento que ampare su propiedad, con la colaboración del Juzgado y de los mandos militares y policiales de El Progreso quienes, no bastándoles con echar a golpes y bala viva a los campesinos y campesinas, también giraron ordenes de captura contra sus dirigentes. Es así que el día de ayer se consumó la detención de la compañera Magdalena.

Exigimos al gobierno Lobo-Hernández la inmediata liberación de la compañera Magdalena Morales y de todos los campesinos y campesinas que están siendo objeto de ordenes de captura y detenciones en Agua Blanca Sur, municipio de El Progreso. Exigimos la salida inmediata de la empresa AZUNOSA y de las fuerzas militares y policiales que permanecen en la tierra, así como la asignación de dichas tierras a los grupos campesinos como lo manda la Ley de Reforma Agraria.

Invitamos a todas las organizaciones populares, a nivel nacional e internacional, en particular al Frente Nacional de Resistencia Popular y a Convergencia Refundacional en distintas regiones del país, a manifestarse y brindar solidaridad activa con la compa Magdalena y demás campesinos detenidos.

Coordinación de la Convergencia Refundacional Centro-Sur

27 de Julio2013

Fuente: http://www.voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15376:humanismo-cristiano-detencion-ilegal-de-magdalena-morales-&catid=1:noticias-generales

, ,

Deja un comentario