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La lucha incansable contra las desapariciones forzadas en Honduras, de los 80 al presente

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El 30 de agosto pasado se conmemoró el Día Nacional del Detenido-Desaparecido en Honduras. En un foro organizado por el COFADEH en este marco, su coordinadora Bertha Oliva destacó que la elección de esta fecha de conmemoración surgió de una reunión de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en América Latina (FEDEFAM) en 1984 en Venezuela, en la cual se constató que precisamente agosto era el mes en que se produjeron mayores desapariciones forzadas ejecutadas por agentes de los diferentes Estados latinoamericanos en obediencia a un plan macabro impulsado por Estados Unidos contra dirigentes y defensores de derechos humanos de los movimientos sociales.

Bertha Oliva agregó que “Por eso en ese congreso, declaramos que las organizaciones íbamos a luchar para que en cada país se pudiera lograr el Día Nacional del Detenido Desaparecido. En 1984 proponernos ese objetivo era muy difícil; porque estábamos en plena implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional”.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fue creado en 1982 por 12 familias de víctimas de desapariciones forzadas, para lograr un claro objetivo: recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. Desde esa fecha, el COFADEH sigue luchando incansablemente contra la impunidad y por la justicia y el respeto a los derechos humanos. La organización logró que en 2002, el 30 de agosto sea reconocido oficialmente como el Día Nacional de Detenido Desaparecido en Honduras, mediante decreto legislativo.(1)

El COFADEH registra 184 casos de desapariciones forzadas desde finales de los años 70 hasta principios de 90; a éstas se deben agregar decenas de desapariciones que nunca fueron reportadas. La desaparición de James («Guadalupe») Carney, un sacerdote jesuita de origen estadounidense, nacionalizado hondureño, es uno de los 184 casos registrados, y su rostro aparece con los desaparecidos en la sede de COFADEH y en las vigilias que se realizan cada mes.

COFADEH, en coalición con otras organizaciones, ha acompañado estos casos que ha documentado, acudiendo al sistema de justicia nacional e internacional. Varias de sus denuncias por asesinatos y desapariciones forzadas de dirigentes sociales llegaron hasta el sistema interamericano de derechos humanos.

El Estado de Honduras condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el crimen de desaparición forzada:

Las dos primeras sentencias contenciosas que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su creación, resultaron ser justamente condenas al Estado de Honduras, por desapariciones forzadas. En 1988, en su primera sentencia, la Corte interamericana condenó al Estado hondureño por la tortura y desaparición forzada del joven estudiante Manfredo Velázquez Rodríguez. Esta sentencia afirma que «ha sido probada en el proceso la existencia de una práctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 y 1984 ». Luego, en el caso Saul Godínez Cruz, en 1989, nuevamente el Estado es condenado por la desaparición forzada del joven, por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. Que la Corte declare culpable a un Estado por secuestro, tortura y desaparición forzada, es algo histórico para América Latina, es el reconocimiento legal de lo que ya se sabía en Honduras, y que las autoridades negaban : a partir del año 1981 la desaparición forzada se convirtió en una política de Estado enmarcada en la Doctrina de Seguridad Nacional.

En estos casos, la Corte condenó al Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas, a investigar los hechos y a castigar a los responsables. En el año 2003 el Estado de Honduras volvió a ser condenado en la misma Corte por la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez, en 1992. Sin embargo, a pesar de estas sentencias condenatorias, en ninguno de estos casos se ha investigado y llevado ante un tribunal a los supuestos responsables de estos crímenes.

Impunidad

Existe total impunidad en casos de asesinatos políticos y desapariciones forzadas de la «década perdida». En los 80 hubo investigaciones judiciales pero todos los presuntos culpables fueron sobreseídos. Luego, entre 1995 y 2000, se abrieron nuevos casos, pero de todos los casos de los 80, hubo una sola sentencia condenatoria en el caso de la desaparición forzada temporal de seis estudiantes, en la cual el Ex-Director de la Dirección Nacional de Investigación Juan Blas Salazar Meza fue sentenciado a dos años de cárcel (2).

Hoy en día, los autores de violaciones a derechos humanos de los 80, lejos de sentir temor por ser algún día encarcelados, siguen en libertad, varios de ellos trabajando en asesoría en temas de seguridad.

16 casos nuevos de desaparición forzada

Además de todos los crímenes del pasado que quedaron en absoluta impunidad, el espectro de este crimen de lesa humanidad volvió recientemente a la realidad de los hondureños. Después del Golpe de Estado de 2009, el COFADEH ha documentado 16 casos de desapariciones en el país. Esta práctica resurgió como una estrategia para imponer el terror y reprimir a la protesta social.

Un ejemplo emblemático es el caso de Reynaldo Cruz Palma, un caso de desaparición forzada que tristemente sucedió el mismo día en que se conmemora al Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de 2011.

José Reynaldo Cruz Palma era un líder comunal, el Presidente de Patronato de la Colonia Planeta de San Pedro Sula. Apenas dos días antes de su desaparición, él y su esposa habían realizado acciones en favor de 10 personas detenidas ilegalmente en su colonia. También, dos meses antes Reynaldo había denunciado en la televisión los abusos de la policía durante un operativo en su colonia, lo cual se concluyó con la muerte de siete supuestos pandilleros.

Ese día 30 de agosto, fue raptado por hombres armados, cuando se encontraba en un bus cerca de San Pedro Sula, junto a su esposa. Se lo llevaron por la fuerza en dos carros, incluso uno de la policía preventiva. Desde ese día, no se supo nada de él. Sus familiares se presentaron a la policía el mismo día pero ésta se negó a tomar la denuncia. Pidieron el apoyo del COFADEH y juntos han hecho todas las denuncias legales, pero no han recibido ninguna respuesta. La única respuesta es que el caso «está en investigación» pero no se han emitido ni una orden de captura, ni tienen nombres de los supuestos responsables. Los familiares de Reynaldo responsabilizan a la Policía por la desaparición de su ser querido. Debido a la persecución que recibieron luego e haber denunciado su desaparición, que incluyen amenazas y atentados, su esposa Nubia Carbajal tuvo que abandonar el país en 2013 (3).

Reapertura de casos de los 80 ?

El 28 de agosto, la Coordinadora de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Soraya Morales, anunció la reapertura de la investigación de las muertes ocurridas en la década de los 80, con el fin de retomar las averiguaciones para la investigación de 184 expedientes. Anunció que “se ha abierto una unidad para dar respuesta a estos casos que han estado en la Fiscalía de Derechos Humanos y que no han tenido un impulso procesal; ya tenemos casos judicializados, otros sin judicializar y se ha destacado un equipo fiscal para ese hecho”.

El anuncio de la Fiscalía de reabrir investigaciones de casos de los 80 ha sido recibido con cautela por COFADEH y otros defensores de derechos humanos. No parece casualidad que este anuncio se haya hecho precisamente el mismo día que tuviera lugar una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado hondureño (4). Además, se da justamente mientras el Estado hondureño está apurado para entregar un informe al Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas, por lo cual tiene retraso. En un contexto de impunidad extrema, defensores de derechos humanos se preguntan si este anuncio de reapertura de casos no responde más a una estrategia del gobierno para dar una imagen de respeto a los derechos humanos frente a los organismos internacionales, que a un compromiso real con la justicia y contra la impunidad.

Mientras los casos de desaparición forzada del pasado quedan en total impunidad, y nuevos rostros de personas desaparecidas aparecen en las paredes y vigilias de COFADEH, la organización sigue más que nunca su lucha por la verdad, la justicia y contra la impunidad.

Para saber más sobre las desapariciones forzadas en Honduras:

El sitio de COFADEH: cofadeh.hn o http://www.cofadeh.org/html/desaparecidos/index.htm
El informe del ex-Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, “Los hechos hablan por sí mismos” , informe sobre los desaparecidos en Honduras, 1980-1993.
Sobre la desaparición de Reynaldo Cruz Palma, artículo de Daniel Valencia Caravantes publicado en Sala Negra: “Los desaparecidos no existen en el país más violento del mundo”

1 Y a nivel internacional, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
2 Ver su caso en http://www.cofadeh.org/html/violadores%20ddhh/juan_blas_salazar.htm
3 Ver este artículo de defensoresenlinea.com describiendo varios casos de desapariciones después del Golpe.
4 Ver este artículo en Conexihon : Honduras rinde cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3727:la-lucha-incansable-contra-las-desapariciones-forzadas-en-honduras-de-los-80-al-presente&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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La lucha incansable contra las desapariciones forzadas en Honduras, de los 80 al presente.

El 30 de agosto pasado se conmemoró el Día Nacional del Detenido-Desaparecido en Honduras. En un foro organizado por el COFADEH en este marco, su coordinadora Bertha Oliva destacó que la elección de esta fecha de conmemoración surgió de una reunión de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en América Latina (FEDEFAM) en 1984 en Venezuela, en la cual se constató que precisamente agosto era el mes en que se produjeron mayores desapariciones forzadas ejecutadas por agentes de los diferentes Estados latinoamericanos en obediencia a un plan macabro impulsado por Estados Unidos contra dirigentes y defensores de derechos humanos de los movimientos sociales.

Bertha Oliva agregó que “Por eso en ese congreso, declaramos que las organizaciones íbamos a luchar para que en cada país se pudiera lograr el Día Nacional del Detenido Desaparecido. En 1984 proponernos ese objetivo era muy difícil; porque estábamos en plena implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional”.

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El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fue creado en 1982 por 12 familias de víctimas de desapariciones forzadas, para lograr un claro objetivo: recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. Desde esa fecha, el COFADEH sigue luchando incansablemente contra la impunidad y por la justicia y el respeto a los derechos humanos. La organización logró que en 2002, el 30 de agosto sea reconocido oficialmente como el Día Nacional de Detenido Desaparecido en Honduras, mediante decreto legislativo.(1)

El COFADEH registra 184 casos de desapariciones forzadas desde finales de los años 70 hasta principios de 90; a éstas se deben agregar decenas de desapariciones que nunca fueron reportadas. La desaparición de James («Guadalupe») Carney, un sacerdote jesuita de origen estadounidense, nacionalizado hondureño, es uno de los 184 casos registrados, y su rostro aparece con los desaparecidos en la sede de COFADEH y en las vigilias que se realizan cada mes.

COFADEH, en coalición con otras organizaciones, ha acompañado estos casos que ha documentado, acudiendo al sistema de justicia nacional e internacional. Varias de sus denuncias por asesinatos y desapariciones forzadas de dirigentes sociales llegaron hasta el sistema interamericano de derechos humanos.

El Estado de Honduras condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el crimen de desaparición forzada:

Las dos primeras sentencias contenciosas que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su creación, resultaron ser justamente condenas al Estado de Honduras, por desapariciones forzadas. En 1988, en su primera sentencia, la Corte interamericana condenó al Estado hondureño por la tortura y desaparición forzada del joven estudiante Manfredo Velázquez Rodríguez. Esta sentencia afirma que «ha sido probada en el proceso la existencia de una práctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 y 1984 ». Luego, en el caso Saul Godínez Cruz, en 1989, nuevamente el Estado es condenado por la desaparición forzada del joven, por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. Que la Corte declare culpable a un Estado por secuestro, tortura y desaparición forzada, es algo histórico para América Latina, es el reconocimiento legal de lo que ya se sabía en Honduras, y que las autoridades negaban : a partir del año 1981 la desaparición forzada se convirtió en una política de Estado enmarcada en la Doctrina de Seguridad Nacional.

En estos casos, la Corte condenó al Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas, a investigar los hechos y a castigar a los responsables. En el año 2003 el Estado de Honduras volvió a ser condenado en la misma Corte por la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez, en 1992. Sin embargo, a pesar de estas sentencias condenatorias, en ninguno de estos casos se ha investigado y llevado ante un tribunal a los supuestos responsables de estos crímenes.

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Impunidad

Existe total impunidad en casos de asesinatos políticos y desapariciones forzadas de la «década perdida». En los 80 hubo investigaciones judiciales pero todos los presuntos culpables fueron sobreseídos. Luego, entre 1995 y 2000, se abrieron nuevos casos, pero de todos los casos de los 80, hubo una sola sentencia condenatoria en el caso de la desaparición forzada temporal de seis estudiantes, en la cual el Ex-Director de la Dirección Nacional de Investigación Juan Blas Salazar Meza fue sentenciado a dos años de cárcel (2).

Hoy en día, los autores de violaciones a derechos humanos de los 80, lejos de sentir temor por ser algún día encarcelados, siguen en libertad, varios de ellos trabajando en asesoría en temas de seguridad.

16 casos nuevos de desaparición forzada

Además de todos los crímenes del pasado que quedaron en absoluta impunidad, el espectro de este crimen de lesa humanidad volvió recientemente a la realidad de los hondureños. Después del Golpe de Estado de 2009, el COFADEH ha documentado 16 casos de desapariciones en el país. Esta práctica resurgió como una estrategia para imponer el terror y reprimir a la protesta social.

Un ejemplo emblemático es el caso de Reynaldo Cruz Palma, un caso de desaparición forzada que tristemente sucedió el mismo día en que se conmemora al Detenido Desaparecido, el 30 de agosto de 2011.

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José Reynaldo Cruz Palma era un líder comunal, el Presidente de Patronato de la Colonia Planeta de San Pedro Sula. Apenas dos días antes de su desaparición, él y su esposa habían realizado acciones en favor de 10 personas detenidas ilegalmente en su colonia. También, dos meses antes Reynaldo había denunciado en la televisión los abusos de la policía durante un operativo en su colonia, lo cual se concluyó con la muerte de siete supuestos pandilleros.

Ese día 30 de agosto, fue raptado por hombres armados, cuando se encontraba en un bus cerca de San Pedro Sula, junto a su esposa. Se lo llevaron por la fuerza en dos carros, incluso uno de la policía preventiva. Desde ese día, no se supo nada de él. Sus familiares se presentaron a la policía el mismo día pero ésta se negó a tomar la denuncia. Pidieron el apoyo del COFADEH y juntos han hecho todas las denuncias legales, pero no han recibido ninguna respuesta. La única respuesta es que el caso «está en investigación» pero no se han emitido ni una orden de captura, ni tienen nombres de los supuestos responsables. Los familiares de Reynaldo responsabilizan a la Policía por la desaparición de su ser querido. Debido a la persecución que recibieron luego e haber denunciado su desaparición, que incluyen amenazas y atentados, su esposa Nubia Carbajal tuvo que abandonar el país en 2013 (3).

Reapertura de casos de los 80 ?

El 28 de agosto, la Coordinadora de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, Soraya Morales, anunció la reapertura de la investigación de las muertes ocurridas en la década de los 80, con el fin de retomar las averiguaciones para la investigación de 184 expedientes. Anunció que “se ha abierto una unidad para dar respuesta a estos casos que han estado en la Fiscalía de Derechos Humanos y que no han tenido un impulso procesal; ya tenemos casos judicializados, otros sin judicializar y se ha destacado un equipo fiscal para ese hecho”.

El anuncio de la Fiscalía de reabrir investigaciones de casos de los 80 ha sido recibido con cautela por COFADEH y otros defensores de derechos humanos. No parece casualidad que este anuncio se haya hecho precisamente el mismo día que tuviera lugar una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado hondureño (4). Además, se da justamente mientras el Estado hondureño está apurado para entregar un informe al Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas, por lo cual tiene retraso. En un contexto de impunidad extrema, defensores de derechos humanos se preguntan si este anuncio de reapertura de casos no responde más a una estrategia del gobierno para dar una imagen de respeto a los derechos humanos frente a los organismos internacionales, que a un compromiso real con la justicia y contra la impunidad.

Mientras los casos de desaparición forzada del pasado quedan en total impunidad, y nuevos rostros de personas desaparecidas aparecen en las paredes y vigilias de COFADEH, la organización sigue más que nunca su lucha por la verdad, la justicia y contra la impunidad.

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Para saber más sobre las desapariciones forzadas en Honduras:

El sitio de COFADEH: cofadeh.hn o www.cofadeh.org/html/desaparecidos/index.htm
El informe del ex-Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, “Los hechos hablan por sí mismos” , informe sobre los desaparecidos en Honduras, 1980-1993.
Sobre la desaparición de Reynaldo Cruz Palma, artículo de Daniel Valencia Caravantes publicado en Sala Negra: “Los desaparecidos no existen en el país más violento del mundo

1 Y a nivel internacional, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
2 Ver su caso en http://www.cofadeh.org/html/violadores%20ddhh/juan_blas_salazar.htm
3 Ver este artículo de defensoresenlinea.com describiendo varios casos de desapariciones después del Golpe.
4 Ver este artículo en Conexihon : Honduras rinde cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Fuente: https://proah.wordpress.com/2015/09/09/la-lucha-incansable-contra-las-desapariciones-forzadas-en-honduras-de-los-80-al-presente/

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Frente a hostigamiento, huelga de hambre crece y se fortalec

Jul 17, 2015

 Más de veinte días de hambre llevan jóvenes, indígenas y campesinos en las inmediaciones de Casa de Presidencial en exigencia de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICI-H, además de una serie de demandas que van desde el enjuiciamiento para todos los responsables del descalabro del Seguro Social, la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema Justicia CSJ y la creación de una nueva ley electoral.

Esta semana el gobierno, a través de policías y militares, agudizaron el hostigamiento y represión, utilizando desproporcionadamente la fuerza cuando los huelguistas intentaban acercase a Casa de Presidencial. La violencia con que los elementos policiales trataron a los huelguistas provocó golpes a varios de los indignados, incluidos jóvenes, indígenas tolupanes hasta el abogado Wilfredo Méndez, defensor de derechos humanos y director ejecutivo del Centro de Investigación, Promoción y Defensa de los derechos humanos, CIPRODEH.

Luego de esta represión, las organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de la fuerza desmedida y desproporcionada para los  23 huelguistas que transitaban hacia Casa de Gobierno, colocando en un peligro inminente su seguridad e integridad.

“Condenamos la actitud que mantiene el gobierno de desconocer a las y los huelguistas de hambre que reciben como trato el desprecio y la represión y la criminalización al derecho por los casos de corrupción y de impunidad. Exigimos al gobierno escuchar a las y los ciudadanos en huelga de hambre y responder a las demandas”, reza el comunicado.

Lea también: ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS SE PRONUNCIAN CONTRA REPRESIÓN DE FUERZAS ARMADAS A HUELGUISTAS 

La Organización internacional de derechos humanos, PROAH expresó mediante un comunicado su fuerte preocupación por la vida de los siete miembros de la Tribu de San Francisco de Locomapa que se unieron a la huelga de hambre en Tegucigalpa, así como por la situación de impunidad y de graves violaciones a derechos humanos en la comunidad de Locomapa, Yoro.

Los  Tolupanes en huelga de hambre y sus familias en este momento corren aún más peligro ya que desde el inicio de la huelga diferentes personas han estado rondando sus casas, y hostigado a sus familiares a través de llamadas telefónicas y hasta amenazas a muerte. El huelguista Sergio Ávila denunció que el 8 de julio pasado, desconocidos armados le gritaron a su hijo, « bájate de ese caballo sino te vamos a matar también a vos”, empezaron a forcejear y finalmente su hijo se tiró del caballo y se fue corriendo, después de eso mataron a su caballo, menciona el pronunciamiento de PROAH.

Los huelguistas recordaron que la acción es para pedir castigo a los corruptos que saquearon el IHSS, la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICI-H), el juicio político contra fiscales generales del Estado, la elección despolitizada de la Corte Suprema de Justicia y la creación de una nueva Ley Electoral.

Siguen sumándose 

Luego de las agresiones y violaciones a los derechos del grupo de campesinos, indígenas y jóvenes en huelga de hambre contra la impunidad, por parte de los cuerpos policiales y militares dirigidos por el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, cinco indígenas, entre ellos cuatro tolupanes y uno misquito, se unieron al campamento donde se levanta la acción de protesta.

A la huelga de hambre se integraron Orlando Rodríguez, Juan Margarito Rodríguez, Adán Mejía y José Camilo Rodríguez, integrantes de la Tribu Candelaria, entre los municipios de Morazán y El Negrito del departamento de Yoro.

El señor Adán Mejía aseguró a Radio Progreso que además de la CICI-H, están en la huelga porque exigen la defensa de sus territorios ancestrales que están siendo usurpados por empresarios del sector. “En el sector donde venimos, la Tribu Candelaria en El Negrito, Yoro hemos llevado el caso al Ministerio Público, y no han actuado en base a ley. Se siguen privilegiando a los empresarios, en este caso a la Compañía Azucarera, AZUNOSA”.

Ayuno solidario 

La mesa de indignación ciudadana en El Progreso, Yoro organizó un ayuno de 72 horas en solidaridad con 23 personas en huelga de hambre afuera de Casa Presidencial. Alrededor de 14 personas se apostaron en las afueras de la comuna progreseña como acto de protesta contra la corrupción que impera en cada rincón del país. “Con este acto queremos reforzar las demandas nacionales: instalación de la CICI-H, juicio político para Juan Orlando Herández por el caso del saqueo del IHSS, juicio político para los fiscales, una nueva CSJ que no responda a los interés político partidario”, dice Karina Flores de la Mesa de la Indignación.

Puedes ver:  

La mesa de indignación ciudadana en El Progreso, Yoro organizó un ayuno de 72 horas en solidaridad con 23 personas en…

Posted by Radio Progreso | Página Oficial on Viernes, 17 de julio de 2015

La gran apuesta 

A más de 20 días de huelga de hambre, los indignados siguen claros en sus demandas por exigir la instalación de la comisión internacional independiente que investigue los casos de corrupción existentes en el país. Pero también están trabajando por saber canalizar iniciativas y creatividades para no caer en la improvisación.

Además de las movilizaciones la apuesta es seguir el camino articulador de un proceso que haga de temáticas, actores y sectores. Las mesas de la indignación se convierten en esa oportunidad de implementar un proceso de profunda transformación para rehacer los tejidos institucionales, políticos, sociales, culturales y éticos,  es condición obligada que se vertebren las diversas fuerzas y liderazgos no solo para la presente coyuntura, sino para los desafíos en el mediano y largo plazo.

 ¿Quiénes son?

Estos son algunos de los indignados que participan en la huelga de hambre en las inmediaciones de Casa Presidencial:

José Chévez: “Soy campesino. Vengo del Bajo Aguán en representación de la Plataforma Agraria. Decidí unirme a la huelga de hambre porque creo que la demanda no solo es de unos sino una demanda del pueblo. Exigimos que se instale la CICI-H y que se destituya al presidente HErnádez, el fiscal general y el adjunto”. Como demanda regional cree que es necesario que se investiguen el origen del conflicto que durante tantos años ha provocado el derramamiento de sangre en el bajo Aguán.

 

Stanly Jonson: “Soy originario del municipio de La Ceiba, y lo que me mueve a participar en esta huelga de hambre es que queremos cambios en este país, queremos que venga la institucionalidad, por eso exigimos la CICI-H”.

 

Jerson Suazo, originario de Santa Bárbara dijo que las motivaciones de participar en la huelga son porque está harto de tantas injusticias, por tantas violaciones a derechos humanos, por tanta violación a derechos humanos y porque es necesario hacer funcionar la institucionalidad en el país.

 

Dennis Ramón Cálix: Originario del municipio de Nacaome Valle, dijo que “está encachimbados porque desde el gobierno no se hace nada y por eso participan en el huelga y hasta estarían dispuesta apoyar un paro nacional”.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2246-frente-a-hostigamiento-huelga-de-hambre-crece-y-se-fortalece

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Comunidad de Locomapa: Sigue la impunidad, la violencia y el hostigamiento a indígenas Tolupanes

El 11 de abril del 2015, PROAH acompañó una actividad organizada por el Consejo Preventivo de la Tribu de San Francisco de Locomapa y el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), que consistió en una caminata a uno de los linderos de la tribu para hacer reconocimiento de sus tierras.

La actividad incluyó un homenaje a Luis de Reyes Marcía, indígena Tolupán de la comunidad de Locomapa, Yoro, asesinado el 4 de abril de 2015. Luis es el cuarto defensor del derecho a la tierra que es víctima de un asesinato en la pequeña comunidad, luego de los asesinatos de tres de sus compañeros de lucha en el 2013.

A dos años del asesinato de los tres defensores Tolupanes, el crimen sigue impune:

El 25 de agosto del 2013, tres indígenas Tolupanes fueron asesinados con arma de fuego en la comunidad de Locomapa, Yoro, en la zona norte de Honduras. Las víctimas fueron María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina, y Ricardo Soto Fúnez. Estas personas, así como varios miembros de la tribu de San Francisco de Locomapa, se habían organizado para proteger sus recursos y oponerse a la explotación ilegal de mineral antimonio y la tala de madera en las tierras comunales. El asesinato ocurrió tras 12 días de protesta en una toma de carretera pacífica por parte de la comunidad. Testigos aseguran que los asesinatos fueron cometidos por dos hombres que pertenecen a un grupo al servicio de mineros y poderosos empresarios de la región (ver nuestro artículo de 2013).

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas. Además, en un acto público el cual PROAH presenció como observador internacional, el 22 de febrero de 2014, las autoridades hondureñas se comprometieron a cumplir con su obligación de proteger a las personas amenazadas y capturar a los supuestos asesinos.

Sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con la implementación de las medidas cautelares. La situación de impunidad y de alta vulnerabilidad de la comunidad sigue igual. Luego del triple asesinato, varias familias de la comunidad tuvieron que salir de la zona durante seis meses y uno de los exiliados todavía no ha podido volver a Locomapa. Cerca de dos años después de los hechos, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad; ellos y otros miembros de este grupo siguen hostigando y amenazando a los opositores al proyecto minero, manteniendo a la comunidad en un estado de terror.

Otro defensor de la tierra asesinado

El 4 de Abril de 2015, otro suceso trágico enlutó nuevamente la comunidad: el asesinato de otro miembro de la comunidad, el señor Luis de Reyes Marcía.

Su cuerpo fue encontrado con varias puñaladas en el tórax y cuello, señales de que fue brutalmente asesinado. Luis Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y miembra activa del MADJ. Su familia había retornado a su territorio el 22 de febrero de 2014, luego de permanecer seis meses fuera, por las amenazas a muerte que habían recibido. A su retorno, Consuelo Soto y Luis Marcía se reincorporaron a la lucha para el territorio. Poco antes de la muerte de Luis, él y su esposa habían presentado una denuncia ante la posta policial local, debido a nuevas amenazas a muerte y daños a sus cultivos. El principal sospechoso de su muerte forma parte del mismo grupo que amedrenta continuamente a la comunidad.

 

Apenas seis semanas después del asesinato de su esposo, el 22 de mayo pasado, Consuelo Soto sufrió un atentado. Según Consuelo, un vecino molesto por la visita que realizó el Fiscal de las Etnias para investigar sobre la muerte de su esposo, llegó a su casa en la cual se encontraban ella y sus dos nietos, y disparó 3 veces en contra de ellos. Consuelo Soto se lanzó al piso con los dos niños para protegerse, y luego huyó a una casa vecina. Tuvo que salir inmediatamente de la comunidad. (escuchar aquí su testimonio a Radio Progreso). Se sospecha también que este señor forma parte del mismo grupo al servicio de poderosos empresarios.

Por haber recibido continuamente las denuncias de miembros del MADJ, la policía y las autoridades encargadas de investigar los hechos y brindar protección a la población están muy bien informadas de todo lo que ocurre en la zona. Sin embargo, éstas constantemente citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo, como la falta de personal y de vehículo. Para el MADJ, se trata sobre todo de falta de voluntad por parte del Estado de Honduras: según Víctor Fernández, abogado de la organización, “se han hecho múltiples esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad de implementar medidas de protección pero no lo ha hecho, las situaciones se han agravado” (ver la fuente, Radio Progreso).

Todos los luchadores de la comunidad viven una situación de alta inseguridad. Al menos once líderes de la comunidad han recibido amenazas a muerte. Otro actor que hostiga a la comunidad es Finlander Uclés, un general en condición de retiro que reivindica la propiedad de tierras en la comunidad (ver nuestro artículo de junio de 2014). Recientemente el señor Finlander dirigió amenazas a muerte contra dos miembros de la comunidad y de MADJ, ambos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.


Frente a esta situación de alta vulnerabilidad de los Tolupanes de Locomapa, el MADJ exige a las autoridades que investiguen debidamente los asesinatos de 2013 y 2015 y que ejecuten la captura de sus autores; que cumplan con la responsabilidad de implementar las medidas cautelares y garantizar la seguridad e integridad de las personas que benefician de éstas, y por fin; que se garantice la desinstalación de empresas explotadoras de los bienes naturales que se encuentran ilegalmente en la zona ya que son estas empresas las que provocan los conflictos de violencia (fuente:MADJ).


 

Para más información:

Del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ:

VIDEO sobre la lucha de la comunidad de Locomapa: 

Comunicado 5 de abril de 2015: “Dan muerte violentamente a indigena Tolupán en Locomapa,Yoro”.

De la Red nacional de Defensoras de derechos humanos en Honduras:

Alerta, 4 de junio de 2015: Todas Somos Consuelo

De Radio Progreso, 10 de abril 2015: Ante muerte de Tolupanes, Estado no atiende ni actúa

Fuente: https://proah.wordpress.com/2015/06/16/comunidad-de-locomapa-sigue-la-impunidad-y-el-hostigamiento-a-indigenas-tolupanes/

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La comunidad Garífuna de Barra Vieja a juicio por defender su territorio ancestral

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Del 12 al 14 de mayo PROAH acompañó a la comunidad garífuna de Barra Vieja en Tela, donde 66 personas de la comunidad comparecieron en un juicio oral y público por una acusación de “usurpación de tierras en perjuicio del Estado”.

La comunidad garífuna de Barra Vieja, ubicada en el municipio de Tela, igual que muchas comunidades garífunas en la costa norte de Honduras, está amenazada con ser desalojada de sus tierras ancestrales por parte de intereses económicas privados y del Estado de Honduras.

Desde que sus pobladores se enteraron de la intención de instalar en su comunidad un lujoso complejo turístico, la lucha por el reconocimiento de sus derechos sobre su tierra ancestral y por la defensa de la cultura garífuna se intensificó. En consecuencia, la comunidad sufrió dos desalojos y denuncias legales por usurpación que la llevó a un juicio del 12 al 14 de mayo 2015.

Indura Beach & Golf Resort, un proyecto turístico impulsado por grandes empresarios y el Estado hondureño.

La construcción del complejo Indura Beach Resort comenzó en 2006, privando a la comunidad de varias manzanas de su territorio. El hotel fue inaugurado en noviembre de 2013, pero está previsto extenderlo aún más. Hoy en día la entrada vigilada del resort se encuentra a la par de la comunidad de Barra Vieja. La cerca que delimita la propiedad del hotel bordea la ruta de acceso a Barra Vieja.

La empresa Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), dueña del proyecto, es una sociedad pública-privada, financiada al 49% por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y al 51% por el Fondo Hondureño de Inversión Turística (FHIT), integrado por unos de los empresarios más poderosos de Honduras 1.

La lucha legal por la tierra y la consecuente criminalización de los defensores del territorio

En el año 2007 el Instituto Hondureño de Turismo, a través de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Tela en contra de los pobladores de Barra Vieja, por usurpación de tierras estatales, afirmando ser dueños de este territorio. Según OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), la ENP “de manera misteriosa se convirtió en propietaria de buena parte del territorio Garífuna de la Bahia de Tela”. Click para ver fuente. Desde este momento, la comunidad emprendió una lucha legal para que se reconociera su derecho a vivir en sus tierras ancestrales, enfrentándose a poderosos intereses de inversionistas hondureños y del Estado.

La criminalización empezó en julio de 2013, cuando varios miembros de la comunidad fueron capturados por la policía, y detenidos por unas horas. Desde esta fecha, casi todos los adultos miembros de la comunidad están bajo medidas sustitutivas a la cárcel, acusados de usurpación, lo que les obliga a ir al juzgado a firmar cada semana y les impide salir del país.

Un año después, la comunidad de Barra Vieja tuvo que enfrentar dos desalojos: el 6 de septiembre y el 30 de septiembre del 2014. En ambos casos, las fuerzas armadas sacaron fuera de sus casas las pertenencias personales de las 150 familias. La población opuso una resistencia pacífica al desalojo y el mismo día volvió a su comunidad. Los habitantes de Barra Vieja denuncian desde ese entonces los efectos sicológicos de los desalojos sobre la población y principalmente sobre los niños, impactados por la fuerte presencia policial y militar, que PROAH pudo observar durante el intento de desalojo el 29 de septiembre del 2014:

Barra Vieja 12.14

El juicio oral y público:

Del 12 al 14 de abril de 2015, 66 personas de la comunidad fueron citadas a comparecer ante el juzgado de Tela, acusadas de usurpación en perjuicio del Estado. Por no haber suficiente espacio en el juzgado de Tela, las audiencias se desarrollaron en las antiguas instalaciones de la Tela Railroad Company, subsidiaria de la transnacional frutera United Fruit Company, que desde los años 1930 impulsó el desalojo de comunidades garífunas de sus tierras para el cultivo del banano.

juicio bv

Durante los tres días de audiencia, alrededor de 400 personas, provenientes de diferentes comunidades garífunas, acompañaron en solidaridad a los criminalizados de Barra Vieja. Curiosamente, solamente 66 personas comparecieron; más de 40 pobladores de la comunidad, así como la mayoría de los líderes de la comunidad, no fueron citados al juicio aunque siguen procesados y con medidas sustitutivas. La parte acusadora estuvo representada por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Empresa Nacional Portuaria.

Después de casi tres días de audiencia, el juez aceptó la solicitud de la parte acusadora de postergar la continuación de la audiencia, para que pueda tener tiempo de ubicar a sus testigos, que no se habían presentado en las audiencias, y así permitir su comparecencia en la siguiente audiencia, que fijaron para el 3 de junio de 2015.

Derecho Internacional de los Derechos Humanos vs intereses transnacionales

Según OFRANEH, “El caso de Barra Vieja es una violación al Convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas y tribales”, lo cual fue ratificado por el Estado de Honduras.

Para la organización garífuna OFRANEH, las presiones ejercidas en Barra Vieja son parte de una estrategia del gobierno hondureño para desalojar a los garífunas de sus territorios ancestrales y explotar sus tierras. Presentan un peligro a su derecho al acceso a la tierra, a la consulta previa y amenazan su sobrevivencia y cultura.

Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas se agravan con la entrada en vigor en 2013 de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), o ciudades modelo, que incluye a más de 20 comunidades garífunas distribuidas en varias de estas zonas previstas para ser entregadas al capital extranjero, con el propósito de crear zonas casi independientes de las instancias estatales y de recurrir a la tercerización de la justicia (2).

En el reporte preliminar de la visita in situ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras en Diciembre de 2014, la CIDH instó al gobierno: 1) “a reconocer la identidad cultural del Pueblo Garífuna” y 2) “a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, y adoptar las medidas estatales necesarias para cumplir con su obligación, y garantizar una consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas sobre los proyectos desarrollados en sus tierras, territorios, y que afectan sus recursos naturales, tomando en consideración la especial relación entre estos pueblos, y la tierra y los recursos naturales.”

Frente a las fuertes presiones económicas en juego en el caso de Barra Vieja y según el fallo que el tribunal dará en junio, posiblemente la comunidad tendrá que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual ha desarrollado una gran jurisprudencia reafirmando el derecho de los pueblos indígenas a su territorio ancestral.

Para más información:

Ver el video de OFRANEH: Juicio a la comunidad Garifuna de Barra Vieja acusada de usurpación de su territorio ancestral

Artículo de Dina Meza: Este 03 de junio continúa la audiencia para un despojo anunciado a la comunidad garífuna de Barra Vieja

1Es precisamente en este hotel que se desarrolló, en febrero de 2015, el Primer Encuentro de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, con la presencia de los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, y del CEAL, el Consejo Empresarial de América Latina, de lo cual forman parte los directivos del FHIT-Indura Beach. El propósito oficial del evento: respaldar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte con el apoyo del sector privado. Un conjunto de organizaciones de sociedad civil de Centroamérica y Estados Unidos, expresaron su gran preocupación por esta alianza en una carta pública dirigida a los jefes de Estado de estos países. En particular, su preocupación “se fundamenta en que el Plan refuerza las mismas políticas económicas que han resultado en inequidad y han detonado las violaciones generalizadas de los derechos laborales, un incremento de violencia hacia los liderazgos laborales y el desplazamiento forzoso de la población a través de Mesoamérica”. 

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Estado de Honduras dispuesto a expulsar a garífunas para favorecer a proyecto turístico

Friday, 15 May 2015 05:23 Written by  Published in Contexto Read 188 times

Unos 66 garífunas entre hombres y mujeres de la comunidad de Barra Vieja, en el Atlántico de Honduras, acusados de usurpación de tierras, llegaron a la audiencia de debate que un Tribunal de Sentencia inició desde el martes 13 de mayo hasta este jueves, en Tela, del departamento de Atlántida.

A simple vista se nota que se tiene como objetivo despojar de sus tierras ancestrales a los residentes de este sector que están en completa indefensión . El objetivo es favorecer a la empresa turística Bahía de Tela, donde hay grupos poderosos de Honduras.

barra vieja

La presencia de Barra Vieja se remonta desde el año de 1885 y su ocupación permanente se produjo desde el año de 1904. Los garífunas han tenido que luchas por sus territorios en ese tiempo con las transnacionales bananeras y ahora con proyectos turísticos auspiciados desde los grupos de poder que ven en la zona una riqueza que la venden al mejor postor sin importar la violación a los derechos humanos.

A la audiencia asistieron aparte de los imputados a quienes se les acusa de usurpación de tierras, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Ministerio Público, un acusador privado de la Empresa Nacional Portuaria que reclama como suyas las tierras y un abogado y una abogada que son los apoderados legales de la comunidad de Barra Vieja.

Sin embargo, al Audiencia de Debate fue suspendida este jueves hasta para el 03 de junio próximo, para darle tiempo al Ministerio Público para que consiguiera a sus testigos los cuales no llegaron durante los tres días.

Juicio garifunas

El Tribunal de Sentencia con esta decisión violentó el Código de Procedimientos Penales que ya señala que no pueden suspenderse las audiencias de debate pues vulnera el principio de continuidad.

El Tribunal acogió todas las peticiones de los acusadores no así del abogado defensor de los garífunas, lo que evidencia que la imparcialidad está lejos de aplicarse y la justicia se inclina al don dinero.

La audiencia se llevó a cabo en un edificio en ruinas que perteneció a la transnacional frutera Tela Railroad Company. Quizá no se trata de una casualidad porque en 1885 la transnacional Cuyamel Fruit Company despojó también de sus tierras a los garífunas.

A la audiencia llegaron dirigentes de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, defensoras y defensores de derechos humanos.

NOTICIA EN DESARROLLO……

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“Hija no te preocupes, todo va salir bien” dice madre de desaparecido en Yoro

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Hasta la cabecera departamental de Yoro, viajó una comisión de defensores nacionales e internacionales acompañando a doña Martha Torres, que con sus 84 años de edad, vino a Tegucigalpa para denunciar la desaparición forzada de su hijo Jorge Guzmán Torres, desde el pasado 4 de noviembre.

Tras un día de camino, doña Martha, una señora de pocas palabras, poco apetito por la tristeza y con la esperanza que irradia de su mirada por volver a  ver a su hijo de 40 años, quien realizaba actividades agrícolas cuando un grupo de supuestos agentes policiales, lo atacaron y se lo llevaron, con rumbo desconocido.

El día de ayer, con mucho cuidado bajó de vehículo estacionado frente a su casa, en Yoro, salió a su encuentro su hija María, quien no contuvo las lagrimas y la abrazó, doña Martha, le dijo “no te preocupes hija todo va salir bien”, a paso más lento, salió de la vivienda su esposo un señor de 87 años, quien resiente la desaparición de su hijo Jorge.

El pasado lunes, en conferencia de prensa, doña Martha se dirigió a las autoridades correspondientes pidiendo por caridad que le devuelvan a su hijo, que ella lo quiere volver a ver, como sea, que se lo devuelvan, porque ella guarda un terrible dolor en su alma, al no saber nada “Quiero que me devuelven a mi hijo, porque yo estoy sufriendo mucho dolor. Quiero que le lo traigan vivo y si me lo traen muerto yo lo aceptaré pero tráiganmelo por favor porque así yo le doy cristiana sepultura”.

50 días han pasado de lo que le llevaron a su hijo, y en estas fechas de paz y alegría, no perdemos la esperanza de volver a ver a Jorge, manifestó la familia Guzmán Torres.

Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH, manifestó que solo los familiares de detenidos desaparecidos pueden comprender el sufrimiento de esta madre, que sufre por no saber del paradero de su hijo, y que siempre hay alguien en algún lugar que conoce de estos hechos de lesa humanidad.

Doña Martha, su madre, exige   que le  informen  el destino  de  su hijo, y que se haga justicia,  en este  caso concreto de  violación de derechos humanos se denuncia  como  supuesto responsable  del operativo al Inspector Allan Geovany Cerella Cardona, Jefe de la Dirección Nacional de Investigación (DNIC)  de Yoro;  Johab Eli Merlo Medina, Jefe Departamental de la Policía de Yoro,   Luis Girón; Comisario dePolicía, Agente Carlos Matamoros;  Antonio Romero; Clase I, Alex Ruiz, Concepción Lara Zelaya, Clase I,  Yanir  Aragón,  Policía  Preventivo  Carlos  Sierra,  Policial  Preventivo,  Edis  Yogeni  Martínez,  policía preventivo, Josué Rivera,  Policía Preventivo, Antonio Díaz Alvarado, Policía Preventivo, Jairo Fúnez Polaca preventivo, Francisco Hernández, Policía preventivo, Javier Pérez policía preventivo, Paulino Pérez Policia preventivo, Dair Estrada Policía Preventivo, quienes se hacían acompañar de más de diez civiles que vestían uniformes del ejército y usaban pasamontañas.

En horas de la noche de ese mismo día, la familia se presentó a la jefatura de la policía a preguntar por  su  pariente,  les  mostraron la  lista  de presos  y  detenidos  pero  no  estaba  Jorge  Antonio,  sin embargo, el carro color blanco en que lo subieron estaba estacionado en la jefatura. Así mismo, la Fiscalía  de Yoro,  manifestó  desconocer  del  allanamiento,  tampoco está  registrado  en  el  libro de novedades policiales.

El  Comité  de  Familiares  de  Detenidos  Desaparecidos  en  Honduras,  COFADEH,  solicitó  el  2  de diciembre,  cuando  se  recibió  la  denuncia  de  la  desaparición,  ACCION  DE  HABEAS  CORPUS  OEXHIBICION PERSONAL a la Sala se lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, de la cual no se ha obtenido respuesta positiva, de la que se pide darle trámite de forma inmediata y nombrar a un Juez Ejecutor para que se presente en las instalaciones de la Delegación Policial,  a las oficinas de la DNIC de  Yoro, y que corrobore si se encuentra ilegalmente detenido  o sometido a malos tratos el señor Jorge Antonio Guzmán, y ordenen la inmediata libertad y se proceda sin dilación contra los que resulten responsables de esta detención. La familia denuncia persecución en el entorno domiciliario, y temor ante represalias por hacer esta denuncia pública.

Doña Martha fue acompañada hasta su casa, por representantes de la Red defensores y defensoras de DDHH y comunicadores sociales de El Paraíso, Wesly Torres, de la Red de defensores y defensoras del Sur, REDEHSUR, Bigdonio Cruz, procuradoras del COFADEH, y miembros del Programa Acompañamiento Honduras, PROAH, de frienship of América.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3378:hija-no-te-preocupes-todo-va-salir-bien-dice-madre-de-desaparecido-en-yoro&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Tras 40 días de exilio en su propia tierra, Margarito ya está en su pueblo

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Don Margarito, estuvo hasta el 23 de diciembre, llegando cada día a la oficina del COFADEH

Ayer a mediodía, bajo un sol ardiente, y en la plaza central del municipio de El Negrito, departamento de Yoro, un grupo de personas esperaban con impaciencia la llegada de un hombre que hace 40 días denunció públicamente que en  ese pueblo se estaba acabando con la vida de la juventud.Héctor Margarito Medina Garay, un hombre de 56 años de edad, abogado de profesión, emigró antes del golpe de Estado del 2009, a Estados Unidos, y desde allá denunciaba los actos de violencia en el país, ya en 2012  cuando regresó a su pueblo, se manifestó en contra de los actos que realizaban en El Negrito, donde se asesinaba hasta 12 jóvenes a la semana, aduciendo que andaban en “malos pasos”, sin embargo esa no es razón para que se les quite la vida, los autores son hombres armados, supuestamente empleados de la alcaldía que dirige Delvin Salgado, reafirmó el defensor.

Cansado de ver tanta injusticia, el 13 de noviembre del 2014, por su propia voluntad y la convicción de defender el Don de la vida, viajó a Tegucigalpa, hizo la denuncia pública a través de los medios de comunicación de Globo Tv y Radio Globo, de ahí procuradoras de DDHH del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, coordinado por Bertha Oliva, lo llevaron a la oficina para documentar los hechos e interponer las denuncias correspondientes en el Ministerio Publico y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

Don Margarito, estuvo hasta el 23 de diciembre, llegando cada día a la oficina del COFADEH, donde compartía su mensaje en defensa de la vida, convivió con defensores y defensoras de DDHH de las redes a nivel nacional en diferentes actividades del COFADEH. Denunció su situación de riesgo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su visita “in loco” en Honduras. Estuvo en el foro Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no Repetición, en el marco del 32 aniversario del CONADEH.

Asimismo, el 9 de diciembre día de los y las defensoras de Derechos Humanos, asistió al Foro Criminalización a los y las defensoras de DDHH, realizado por las Redes de defensores y defensoras que apoya el COFADEH, donde Bertha Oliva, manifestó que había que ir a dejar a don Margarito a su pueblo, porque no es justo que estuviera prácticamente exiliado dentro de su propio país, además que las autoridades locales se comprometieran a garantizar el respeto a su vida, por lo que la reacción de los presentes en el Foro fue muy entusiasta y fraterna.

El 22 de diciembre, el COFADEH brindó una conferencia de prensa, para denunciar la desaparición forzada de Jorge Guzmán Torres, donde se presume hubo un allanamiento ilegal, efectuado por autoridades policiales del municipio de Yoro, mismo departamento de donde es Margarito, se anunció que el defensor sería acompañado por una comitiva nacional e internacional, además de su pueblo y medios de comunicación, en su regreso a su hogar.

Ayer en horas de la mañana, inició el viaje de regreso a su casa, don Margarito, muy entusiasta porque seguirá haciendo acciones desde su monitoreo, y porque iba acompañado de procuradores del COFADEH, con su coordinadora Bertha Oliva, representantes del la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur, REDEHSUR, Bigdonio Cruz, de la Red de Defensores y Red de Comunicadores y Comunicadoras Sociales de El Paraíso, Wesly Torres, y el acompañamiento internacional de defensores del Programa de Acompañamiento Honduras, PROAH, y Brigadas de Paz Internacional, PBI.

Margarito dijo que es algo incompresible sentirse exiliado dentro de su propia patria, más cuando tenemos la obligación de defender la vida, sin miedo, con convicción y valentía, defenderla a capa y espada y enfrentarse a enemigos de la vida, no nos vamos a acostumbrar a vivir en el silencio y miedo que mantiene el pueblo humillado, sumiso y sin espíritu de denunciar estos crímenes que se han cometido desde 2010, más de un centenar de jóvenes han sido asesinados y cuyos casos están impunes, son crímenes efectuados por un grupo de personas “empistoladas” (armadas) que son  -presuntamente- guardaespaldas del alcalde y guardias en el este parque muy bonito, donde la gente tiene miedo a venir.

Antes de mi regreso se le hizo varias llamadas al señor alcalde para que estuviera aquí, pero si no contestó ni está presente, es porque algo encubre, dijo don Margarito en el parque central de su municipio.

Bertha Oliva, dijo que ella se imaginaba ese recibimiento de parte de la comunidad comprometida con defender la vida, pero también esperaba la presencia de las autoridades locales entre ellos Delvin Salgado, alcalde de El Negrito.

Resaltó que allí no están ni andan solas, sino que cuentan con la solidaridad y acompañamiento de defensores a nivel nacional e internacional, personas que le apuestan por un Estado de Derecho, y que hacen posible la circulación a nivel internacional de la información que no se difunden en Honduras. Animó a las personas que acompañen a Margarito, que no se le vea como un enemigo, sino como un aliado para transformar la sociedad y que se respete el derecho a la vida.

Después se consultó con los presentes para ir a buscar al alcalde a su oficina, más de un centenar de personas caminaron a través del parque central y al preguntar por el edil, manifestaron que se encuentra de vacaciones, y fueron atendido por el coordinador de Desarrollo Social Carlos Flores, quien dijo que “Delvin no le guarda rencor a Margarito y que está en la disposición de reunirse con él y escucharlo”, sin embargo no dijo dónde encontrar al alcalde, y se comprometió a informarle sobre la reunión y establecer una cita con los defensores de DDHH y representantes del pueblo que acompañaba a Margarito.

Madres y padres se preguntan ¿Por qué asesinaron a sus hijos?

“Este ha sido el mejor regalo de navidad que nos ha dado los derechos humanos, traernos de regreso a Margarito, un hombre valiente que defiende la vida” dijo una mujer que estaba en el escenario del parque central de El Negrito, junto a otras personas que esperaban el regreso de su compañero.

También había madres y padres que sus hijos han sido asesinados sin saber ¿Por qué? Y no han denunciado porque tienen temor.

“Solo me avisaron que habían matado a mi hijo, yo estaba durmiendo, él tenía 22 años y era el que me mantenía, yo no denuncié porque uno vive con miedo y además se lo llevarían a la fiscalía y yo no tengo dinero para esas vueltas, por eso lo enterré así nomas”, dijo una señora ya mayor, que aun guarda duelo por su hijo ejecutado.

“Tres hijos me han matado, en diferentes fechas pero uno tras otro, uno de madre espera que den un motivo porque hacen esto, pero tampoco esperamos que nos los maten, porque esa no es forma de arreglar los problemas, además es un dolor que no se lo deseo a nadie” dijo otra mujer, que sus hijos estaban entre los 16 y 23 años de edad.

“A mis hijos los han matado y no se sabe en realidad porqué, me han asesinado cuatro hijos, siempre se corren rumores que los matan porque andan en cosas malas, pero se debería investigar y que sean las autoridades que actúen con la ley, pero aquí uno no sabe lo que sucede” lamentó entre sollozos un padre que guarda el dolor de haber perdido a sus hijos.

Héctor Margarito Medina Garay, ha regresado a su pueblo, donde prometió seguir con la denuncia a favor de la vida que es un Don que solo Dios lo puede quitar, y que no son acciones a fuerza de arma que dará soluciones a problemas sociales, sino que el apoyo a la juventud, la generación de empleo y una educación de calidad.

Hace 40 días dijo que “Como negriteños queremos vivir en paz, declarar el pueblo libre de sicarios, en pleno siglo XXI no podemos vivir con esa amenaza, queremos construir una democracia, no queremos que nuestro pueblo sea reconocido ante la sociedad, como una guarida de sicarios”.

“Queremos ser reconocidos como una cuna de hombres y mujeres valientes, insignes patriotas, personas libres. Y seguiremos luchando hasta que construyamos juntos la paz en nuestro pueblo y toda honduras”, afirmó Héctor.

Don Héctor, escribió una nota publica el 5 de noviembre pasado, con un tiraje de 200 ejemplares, que repartió en su pueblo, ahí reiteró su repudio contra el derramamiento de sangre y acusa a los que operan a cualquier hora del día o de la noche, “bajo la sombra de la impunidad que les ofrece el Estado y el sistema, siendo muchos de estos paramilitares asalariados del erario municipal, es más gozan de la confianza del jefe de la comuna y forman parte de la escolta de su seguridad personal”, dice parte del texto.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3377:tras-40-dias-de-exilio-en-su-propia-tierra-margarito-ya-esta-en-su-pueblo&catid=71:def&Itemid=166

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The Hondurans that don’t migrate: Nueva Esperanza and the “resource curse”

Community members looking out over the aftermath of the mining activity in their community

Community members in Nueva Esperanza survey the aftermath of mining activity in their territory. Photo: Erika Piquero

The reddish gravel road sloping upwards over the nearest mountain was dotted with silhouettes of a group of people from the community of Nueva Esperanza. They were climbing to the summit, via a road cut out by the Minerales Victoria Mining Company, to show visiting international human rights observers the aftermath of the mining company’s activity.

As the group slowly climbed the road, the mine’s lingering presence became more pronounced. While it is no longer active, it has left an indelible mark on the landscape: the verdant mountainside was branded by patches of reddish-brown overturned earth that no longer produced anything green. The scars on the land were indications of mining activity completed under a phase of ‘exploration’ – but the physical evidences showed destruction more aesthetically similar to exploitation.

Masked exploitation

The company’s ‘exploration’ activity began without the approval of the community members, and in spite of strong local opposition to the destruction of their land.

Even though a 2004 moratorium on metal mining is still in effect in Honduras, Minerales Victoria was able to obtain a concession in Nueva Esperanza (an area rich in iron oxide, coal, and gold) via a legal loophole: the 2013 Mining Law, which allowed for relaxed controls and loose classifications of types of metals and their uses after extraction.

Community members faced increasing death threats and intimidation as a result of the mining company’s presence in the region. Many residents worried about potential environmental effects and impact on community health, as the mining activity could lead to contamination and destruction of the land and water that sustain their livelihoods.

Nueva Esperanza’s situation is, in many ways, emblematic of Honduras’ history as a victim of resource extraction.

Honduras has always been affected by the resource curse,” says Kevin Coleman, a history professor at the University of Toronto. “The country has natural resources and that becomes a reason for exploiting it.”

What is happening in Nueva Esperanza and throughout the country is not new; it has just been exacerbated by the coup and, Coleman adds, “decades of extracting natural resources – silver, bananas, timber, pineapples and shrimp (depending on the decade) – while neglecting the fundamentals of investing in public education, health care, and upholding Honduran laws designed to protect the country’s people and land from rapacious profit-driven enterprises.”

Compromised authorities

As in Locomapa de Yoro and other communities throughout Honduras, local authorities were not concerned with the mining company’s legal infractions. In fact, evidence suggests that local state authorities were actively colluding with the mining company. Local policemen escorted armed men affiliated with the mining company into the area and actively participated in acts of aggression against community members, including firing shots at the feet of local community members.

Local policemen were also absent from their post on the day two members of PROAH, a human rights accompaniment organization, were kidnapped. Several months of increasing intimidation and threats against community members who had voiced opposition to mining activity came to a head when armed men trespassed onto private territory and held two PROAH members captive for several hours.

Only after this kidnapping — and the subsequent international pressure — was there any response from the Honduran authorities.

A lingering presence

Yet even with Wilfredo Funez, the kidnappers’ ringleader, arrested and awaiting trial and the mining company gone, the community still faces threats to its safety, as representatives of the mining company have built structures on community members’ property, thrown trash in families’ yards and even fired gunshots close to specific houses.

Other lingering effects are found in the land and landscape itself. The summit of the mountain was stripped and overturned during the ‘exploration’ phase. The community’s roads have been ruined, and they have already noticed issues with water contamination.

These concerns become even more worrisome during the rainy season, as contamination will only spread with heavy rains and flooding. The unprotected road cut out of the mountain will likely be prone to mudslides, causing accessibility issues that did not exist with the roads created by community members, which followed the natural contours of the land.

Another kidnapping

On July 3, 2014, two Nueva Esperanza community members were kidnapped along with PROAH team members. Two of the victims had accompanied the community in their resistance to the mining project, and were also beneficiaries of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) precautionary measures, which are intended to protect people whose lives are at risk.

Two months later, on August 30, the community voted to declare their territory a mining-free zone. Though the lack of an investigation into the kidnapping has made it impossible to determine if there was a link between the crime and the community’s opposition, the fact that the two targets were beneficiaries of official protective measures — and were still kidnapped anyway — demonstrates the ongoing threat to people who dare to engage in, or support those engaging in, open resistance.

In spite of the continued aggression, the community members still defend their position against mining in their community. Their demands are simple: they want the right to their territory, and development under their own terms.

Yet even these basic requests may be too much to ask — at least in Honduras.

As Daniel Langmeier, a human rights observer with experience in Honduras, says, “There is an absolute lack of freedom, as we understand and treasure it, over one’s life to decide…[they are] confronted with these horrible situations all the time and feel trapped.”

Fuente: http://latincorrespondent.com/honduras/hondurans-dont-migrate-nueva-esperanza-mining-resource-curse/

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NUEVA ESPERANZA, TELA, ATLÁNTIDA. MADJ – ATLANTIDA


RATIFICAN PRISIÓN PARA JEFE DE SEGURIDAD DE MINERALES LA VICTORIA.
Tela, Atlántida. 23.09.14
El Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, determinó mantener en
prisión a Wilfredo Fúnez Cáceres, quien es acusado por los delitos de
privación injusta de la libertad, allanamiento, coacción, en perjuicio
de los señores Antonio Alfaro Callejas y Concepción Gutiérrez Morales,
así como los integrantes del Proyecto de Acompañamiento Internacional de
Honduras (PROAH) Orlan Vidal Y Daniel Langmeir.
Según la acusación, el 25 de julio de 2013, luego de reiterados abusos y
hostigamiento a las comunidades del sector Florida, en Tela Atlántida,
por parte de la Policía Nacional y la Seguridad de la empresa Minerales
La Victoria, el señor Wilfredo Fúnez Cáceres, en su condición de jefe de
seguridad de la mencionada empresa, junto a 30 hombres que portaban
armas, ingresaron violentamente a la vivienda del matrimonio Callejas
Gutiérrez, los humillaron y les obligaron a salir y a los dos
acompañantes internacionales los privaron de libertad por varias horas y
los abandonaron en la comunidad de Nueva Florida, lugar donde fueron
auxiliados por otros miembros de las comunidades.
Después de la sostenida presión de las organizaciones comunitarias del
Sector, Wilfredo Fúnez fue acusado, capturado y puesto en prisión. Su
defensor privado pidió la revisión de la medida cautelar, solicitando
medidas sustitutivas. La Fiscalía y la acusación privada que sostiene el
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), se opusieron a
la solicitud y el Tribunal de Sentencia, ratificó la prisión para el
acusado.
En los próximos meses tendrá lugar la audiencia de juicio oral y
público, en la que se decidirá definitivamente si el Jefe de seguridad
de Minerales la Victoria es condenado o absuelto por los delitos que se
le acusa.
Relevante:
La empresa Minerales la Victoria promueve más de 10 proyectos mineros en
el departamento de Atlántida, pretendiendo la concesión de más de 10 mil
hectáreas de tierra. Las 16 comunidades del sector Florida, como otras
del departamento de Atlántida, han luchado en todos los frentes contra
los abusos de esta empresa, incluso, en cabildo abierto celebrado el 30
de agosto, se declararon territorio libre de explotación minera.
Departamento de comunicaciones del MADJ

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Conmemoración del primer aniversario de los asesinatos en Locomapa

Esta reflexión fue escrita por Lucy Edwards (PROAH, Hope in Action, Congregational United Church of Christ, Ashland, Oregon)

Hace poco más de un año, en la tarde del domingo 25 de agosto de 2013, hombres armados mataron a tres líderes indígenas tolupanes. La tribu de San Francisco de Locomapa había empezado un bloqueo de ruta en su comunidad para parar la minería ilegal y la explotación de madera en las tierras comunales.

Dos hombres empleados por la mina llegaron en una moto y dispararon al grupo, alcanzando a Ricardo Soto Funes y Armando Funes Medina mientras estos se refugiaban en el patio de la casa de una mujer mayor, María Enriqueta Matute. María se encontraba en su cocina cuando la mataron. En la mañana del día siguiente (lunes 26 de agosto de 2013), acompañé al equipo de Radio Progreso a reclamar los cuerpos con el fin de regresarlos a Locomapa para que los velaran y los enterraran.

Este año en la primera conmemoración de los asesinatos, la comunidad, con el apoyo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organizó una marcha conmemorativa en la que participaron tres voluntarios acompañantes de PROAH de Francia, Estados Unidos y Suiza respectivamente.

mov locomapa

Los Tolupanes, niños y adultos, encendieron ramas cortadas de sus pinos, su fuente de energía y de luz. Las volvieron a prender durante el camino en lugares específicos. El olor dulce del humo producía una presencia visible y reconfortante. Alguien mencionó durante la ceremonia que estas marchas conmemorativas solían hacerse de noche, pero que ya no era seguro hacerlo así.

Cuando la marcha alcanzó la casa de María Enriqueta Matute, donde las tres personas murieron el año pasado, unieron las antorchas de ramas en un pequeño fogón.

Los dos hombres que dispararon la casa de María Enriqueta permanecen libres y activos en la comunidad. Se dictó una orden de captura pero la policía  no la ha cumplido excusándose con varios argumentos entre los cuales manifiestan la falta de un vehiculo. La comunidad está también preocupada por la posible complicidad de la policía con los asesinos, y ellos temen por su propia seguridad.

Dos policías acompañaron la procesión. Pregunté a unos de ellos sobre los asesinatos, y me contestó que los autores habían dejado la zona. Mencioné que la comunidad había reportado verlos regularmente, y entonces mencionó los problemas que tenia la policía para desplazarse, que no tienen vehículo.

Cerca del final de la procesión, caminé junto a una mujer mayor de nombre María Petrona. Varios niños pequeños se acercaron a ella llamándola “tía” y ella les puso la mano en la frente, como para bendecirlos. Quizás unas cinco niñas hicieron eso. Se volteó hacia mi y me dijo que eran todos familia.
Locomapa.bulletholes
Después nos encontramos de nuevo, las dos buscando sombra. Estábamos en el sitio donde los dos hombres murieron, cerca de la pequeña casa de María Enriqueta. Aquí Maria Petrona me explicó que era la hermana mayor de María Enriqueta. A ambas nos saltaron las lágrimas cuando describió como  impactaron las balas en la pared de su cocina, impactos que todavía eran visibles. Me tomó de la mano, me llevó allí y me los enseñó. Estaba parada justo en el lugar donde su hermana había estado, donde cayó muerta en el suelo de la entrada de su cocina. Podía ver un impacto de bala justo arriba de su hombro. Su cuerpo escondía el otro.

Fuente: http://proah.wordpress.com/2014/09/09/conmemoracion-del-primer-aniversario-de-los-asesinatos-en-locomapa/

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Victorias de la Resistencia

lunes, 8 de septiembre de 2014

Mientras el país sigue prisionero de la clase política corrupta y violenta que sigue consumiendo la vida de la ciudadanía que en su mayoría sigue a la espera de un nuevo amanecer que le devuelva la dignidad que le ha sido arrebatada por siglos, hay enormes satisfacciones en la lucha social y política, sobre todo en “La Resistencia ancestral” de los pueblos y también de las comunidades que montaña adentro resuenan como un temblor que poco a poco llegará a todos los territorios que hoy retoman fuerzas para confrontar a los enemigos de los pueblos.

 

Hoy queremos compartir y ofrendarle a nuestro pueblo digno dos de las más resientes victorias que deben reconocérsele a 16 comunidades organizadas en el Sector de Florida en el Municipio de Tela y al pueblo Lenca de San Francisco  de Lempira.

Comenzamos por la primero;  El 30 de Agosto el escenario fue en la Yusa, comunidad de Florida, este lugar se convirtió en referente histórico de lucha, ya que la ciudadanía de las 16 comunidades que conforman ese sector llegaron puntualmente a donde se realizaría un Cabildo Abierto para discutir la voluntad popular sobre la actividad minera en la región pero este cabildo no fue un cabildo normal bajo el molde del tradicionalismo político sino más bien un espacio solicitado con beligerancia por los y las que con experiencia de lucha han sabido poner en su sitio a los empresarios mineros y todos aquellos que le hacen el juego (entre políticos de la zona, policía nacional, Secretaria de Recursos Naturales, Instituto Hondureño de Geologia y Minas entre otros)

Esa mañana junto con los Misioneros Claretianos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), El Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), La Parroquia de San Juan Pueblo, el Proyecto de Acompañamiento internacional para Honduras (PROAH), el ERIC-SJ, Radio Progreso, Radio Dignidad, Radio Subirana y Radio Exclusiva junto con el pueblo ordenaron a la Corporación Municipal de Tela emitir la declaración que en esencia exige lo siguiente:

Artículo 1. La Corporación Municipal de Tela Declara a las 16 comunidades del sector de Florida: Nueva Esperanza, La Yusa, El Socorro, Buena Vista, El Carmen, Camaguey, El Zapote, Alaho, El Coco, Las Mercedes, Las Minas, Nombre de Dios Tela, Brisas de Lean, Nueva Unión, Concepción y El Guayabo, Comunidades Productoras de Agua y Libre de Exploraciones y Explotaciones Mineras y de cualquier forma de explotación riesgosa para la subsistencia y convivencia saludable de sus habitantes. Esta determinación es de carácter vinculante.

Aquí les ofrendamos a los y las que nos escuchan la primera victoria que debemos reconocer y cuidar como una victoria del pueblo hondureño como tal y cada vez que salga el sol en estas 16 comunidades sabremos que un día nuevo nos recibe con la grata sorpresa de que el peligro de destrucción a la madre naturaleza por el momento ha sido detenida por La resistencia de estas comunidades.

El siguiente reconocimiento de victoria es para el pueblo Lenca de San Francisco de Lempira que Asamblea Departamental del COPINH en Lempira

“En Defensa de los Territorios, Espiritualidad y Cultura Frente a los Proyectos Extractivos” realizada el Sábado 6 de Septiembre en el Centro de San Francisco donde acudieron más de 500 indígenas lencas de varias comunidades que primero compartieron una misa realizada por 5 Sacerdotes de otras zonas del país que se dieron cita para compartir el “evangelio Revolucionario de Cristo” como lo llamo uno de los líderes de la Fe”

La Iglesia de San Francisco se impregno de esta fe y de la palabra de Dios que exige a sus hijos e hijas que defiendan la herencia de sus padres aunque sean perseguidos, injuriados y amenazados a muerte y aunque pierdan la vida por defender sus riquezas naturales se deberá mantener el mismo espíritu de lucha en todos y todas.

Todo lo manifestado en la misa fue antesala de la asamblea popular que se realizo en la plaza central ante la presencia de militares y policías preventivos que merodeaban como sombras de discordia en aquel lugar, fue entonces cuando comenzó a sentirse la sangre de Lempira que nos recorrió por la venas a todos y todas para que con documentos en mano (expedientes de los proyectos obtenidos en las mismas instituciones del Estado) diéramos lectura a las intenciones corruptas de la Alcandía de San Francisco que desde hace 4 años ha comenzado a moverse por debajo de la mesa para concesionar el caudaloso Rio de San Juan y con ello todas las vertientes que puedan producir Energía renovable para los industriales y dejar a oscuras, la destrucción ambiental y en el marginamiento a las comunidades Lencas de aquel sector.

La palabra fue sencilla pero fuerte, la palabra denuncio y evidencio las intensiones de los proyectos: Tanguay impulsado por Hidroelectrica y Energía de lempira, Las Flores 1  y etapa 2 por la empresa Renovales de Occidente y  Maiquira por la empresa  Generación Hidroeléctrica de  Lempira.

La palabra lenca hizo ver la corrupción en los mecanismos de inversión y sobre todo hiso énfasis en que todos estos proyectos y su desarrollo no han contado con la palabra Lenca por lo que no hay ninguna duda que son totalmente ilegales e ilegítimos

Esta misma palabra tomo mayor fuerza cuando todos los y las Lencas lanzaron la orden y la advertencia de que no permitirán ningún avance de los 4 proyectos mencionados.

Aquí están estas 2 victorias para que las compartamos entre todos y todas pero ¿Por qué darles carácter de Victorias?

Porque en medio de tanta muerte, de tanta galopante corrupción, de tanto latrocinio, de tanta demagogia de toda la clase política, de tanta violencia social, de tantas mentiras de los medios de comunicación, de tanta división de nuestra sociedad, de tanta persecución y criminalización de la lucha, de tanta acumulación de la riqueza en pocas manos, de tanta acumulación de pobreza de los que hoy se graduando de miserables y de tanta desesperanza debemos reconocer que en medio de esto hay trabajo político, social consiente, consistente y silencioso que ha dado como resultado el avance de la lucha por la defensa territorial y por las Riquezas Naturales y Comunes.

Por eso reconocemos en estas dos victorias el caminar de dos organizaciones que compartimos nuestras luchas, las sentimos, las vivimos y las cuidamos.

Abrazamos pues todas estas luchas y las que vienen desde el MADJ al COPINH  porque las luchas del COPINH son nuestras y las nuestras son del COPINH. Pero más allá de este reconocimiento entre dos organizaciones, va el mayor reconocimiento para el pueblo en general que sigue en resistencia para todos y todas van nuestras luchas, nuestros avances y nuestras victorias.

Sangre de Lempira, semilla de libertad

Desde la Dignidad contra la Corrupción

Movimiento Amplio por la Dignidad y al Justicia

Publicado por MADJ en 14:08

Fuente: http://movimientoampliodignidadyjusticia.blogspot.ch/2014/09/victorias-de-la-resistencia.html

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Un proyecto de COFADEH para recordar a las víctimas de desapariciones forzadas: La Ruta de la Memoria Histórica

Hoy, 30 de agosto, se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Para conmemorar a las 184 víctimas desaparecidas durante los 80 y 90 en Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) inició el proyecto Ruta de la Memoria Histórica”, un recorrido a diferentes lugares emblemáticos de la política de terror del Estado en esta época que obedecía a una estrategia claramente estructurada, usando una violencia cruel bien calculada.

Personas que soñaban con un futuro mejor fueron detenidas ilegalmente por ser insurgentes o en oposición a la política del Estado por la COBRA (Policía Antisubversión), la TESON (Tropas Especiales para Operaciones de Selva y Nocturnas) o por el Grupo de los 14 (escuadrones de muerte del Batallón de Inteligencia 3-16).

ruta_memoria

Siguiendo la Ruta de la Memoria Histórica se encuentran lugares en donde estas personas fueron detenidas, torturadas y clandestinamente enterradas.

El punto de partida es la oficina de COFADEH, donde no sólo está su centro documental, sino también paredes llenas de imágenes de personas desaparecidas, padres, madres, hijas, hijos, hermanas y hermanos que desaparecieron. Pocos volvieron. No hay suficiente espacio ni palabras para expresar el dolor y la desesperación de las familias que jamás van a saber lo que pasó con sus seres queridos ni dónde están enterrados.

Después de visitar la Plaza de la Merced, donde desde 33 años Cofadeh protesta cada primer viernes del mes contra esta desaparición forzada, se sigue la Ruta. Se enfrenta a lugares horrorosos como la casa del terror, situada en la finca de Amilcar Zelaya en Amarateca, en la cual las personas detenidas soportaban torturas brutales inimaginables antes de sufrir una muerte cruel.

Se constata que el portón del Hogar el Diamante, en aquel tiempo campo de la Contra Nicaragüense, tiene las estructuras idénticas al portón de la finca en Amarateca. Ahí hay otra vez un lugar, en el cual los detenidos fueron torturados. En este Hogar se sospecha que hay un cementerio clandestino cerca de la cuesta del Río Frío.

Y se constata que la violencia es estructural y sigue en el presente, aplicada de otra manera, pero siempre conforme a la estrategia de un Estado que no respeta los derechos humanos.

La última estación de la Ruta es el Hogar contra el Olvido, sitio inolvidable por emitir una aura tranquila llena de luz y de paz. El recuerdo de todas las personas desaparecidas se queda vivo, intangible, esperando la verdad.

Para más información:

Acompañantes internaciones recorren la “Ruta de la Memoria” que muestra la impunidad

Fuente: http://proah.wordpress.com/2014/08/30/un-proyecto-de-cofadeh-para-recordar-a-las-victimas-de-desapariciones-forzadas-la-ruta-de-la-memoria-historica/

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NUEVA CRIMINALIZACIÓN A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA



 Hoy,
09 de Julio de 2014 la comunidad de Nueva Esperanza ha vivido una vez más el
maltrato por parte de las autoridades encargadas de impartir
justicia. Olman Vijil
Vasquez, Grevin Amaya Pineda y José Lemus Pineda fueron citados
de manera indebida e intimidante por inspectores de la D.N.I.C. con placas No.
1309 y 11727 a comparecer  a sus oficinas en Tela, Atlántida por supuestos
"DELITOS VARIOS". Ante este citatorio la comunidad de Nueva Esperanza
se sintió agredida debido a que la denuncia la interpuso una familiar
del trabajador minero Wilfredo Funez, arrestado el pasado 28 de febrero y
el cual ha aceptado su culpabilidad en los delitos imputados en contra de la
comunidad y de los observadores internacionales de PROAH. Por tal razón,
unos 30 vecinos y los Misioneros Claretianos, de la oficina de Justicia, Paz e
Integridad de la Creación (JPIC),  acompañaron a los tres miembros criminalizados
representados por su abogado Martín Fernández, miembro del MADJ. 


Entre
las anomalías del citatorio está:


 1.
El primer citatorio lo recibieron los imputados el domingo 6 de julio por la
tarde para presentarse el lunes 7 por la mañana. Conducido  por personas particulares de la comunidad.


2.
En el segundo citatorio iba una nota
intimidatoria escrita en la esquina de cada una de las Actas de Citación que
dice así: "presentarse obligatoriamente o se dará orden de captura por la
fiscalía ultima cita". 


3.
En la D.N.I.C no había denuncia ni declaración por parte de la demandante.
Después de escuchar a la demandante se evidenció que no existían los tales “delitos
varios” que ameritarán la intimidación de "orden de captura".


4.
Los inspectores fueron los mismos que se prestaron para la criminalización de 5
líderes de la comunidad de Nueva Esperanza en enero del año pasado en clara
colaboración con la Empresa Minera y donde, por supuesto, no se comprobó ningún delito.


5.
Luego, los pobladores quisieron poner denuncias sobre hechos “reales” de
amenazas y hostigamiento y los mismos inspectores se negaron a recibirlas.


Ante
estos hechos, surgen las preguntas ¿Por qué no se actúa con igual celeridad a
favor de las demandas de la comunidad de Nueva Esperanza que lleva más de dos
años pidiendo que se haga una investigación seria y responsable en las
diferentes violaciones a sus Derechos Humanos ejecutadas por la Empresa Minera
La Victoria? ¿Al aceptar la culpabilidad Wilfredo Funez por qué no se inicia un
proceso contra los autores intelectuales de los delitos aceptados?


¿Por
qué el Estado Hondureño, por medio de sus órganos de Justicia, permite que se
siga criminalizando a las Víctimas que gozan de Medidas Cautelares dictadas por
la CIDH, en vez de concretar dichas medidas con prontitud?


Lamentamos
lo sucedido y nos seguimos solidarizando con la comunidad de Nueva Esperanza
esperando que pronto estén librados de tanto sufrimiento y terror empresarial e
institucional.


 


OFICINA
DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN


MISIONEROS
CLARETIANOS - HONDURAS

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*ALERTA: ASALTO ARMADO A SACERDOTES CON MEDIDAS CAUTELARES Y ACOMPAÑANTES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS (PROAH) *

El Proyecto de Acompañamiento internacional en Honduras (PROAH) expresa su grave preocupación ante el asalto armado y secuestro de los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa).

El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes. Tres hombres armados salieron del carro blanco y apuntaron sus armas a los sacerdotes y a los miembros de PROAH. Les obligaron a salir de su vehículo y a pasarse al asiento de atrás del carro blanco, mientras el cuarto asaltante se escapó manejando el carro de la parroquia. Los asaltantes secuestraron a la fuerza a los sacerdotes y miembros de PROAH llevándoles en el carro durante unos 45 minutos y amenazando de matarles. Les dejaron luego en Siguatepeque.

Padre César y Padre Abel, así como 16 miembros de la comunidad de Nueva Esperanza y defensores de los derechos humanos que los apoyan, son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las amenazas y uso de violencia por parte de representantes de la empresa Minerales Victoria, de otros intereses mineros y de la Policía Nacional, en respuesta a la oposición pacífica y legítima de la comunidad a la actividad minera.

PROAH acompañaba a la comunidad de Nueva Esperanza cuando el 25 de julio de 2013 dos acompañantes internacionales de PROAH (una ciudadana francesa y un ciudadano suizo) fueron mantenidos cautivos durante 2,5 horas por varios hombres armados que vigilaban las operaciones mineras de Minerales Victoria.

El asalto armado y secuestro del 3 de julio a beneficiarios de medidas cautelares y acompañantes internacionales pone en evidencia la situación de inseguridad extrema en Honduras, a la que la población se enfrenta cada día en todo el país. Además, el asalto demuestra la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares así que el alto nivel de riesgo que afrontan los defensores nacionales e internacionales de derechos humanos en Honduras.

En varios casos acompañados por PROAH se evidencia la falta de protección de los beneficiarios de medidas cautelares:

En Locomapa 38 personas recibieron medidas cautelares de la CIDH tras el asesinato de tres indígenas Tolupanes el 24 de agosto 2013 durante una protesta pacífica contra la actividad minera y la explotación forestal ilegal en sus tierras. Sin embargo, los supuestos autores de la masacre, quienes tienen órdenes de captura, permanecen libres en la comunidad y siguen intimidando a los opositores al proyecto minero. Un miembro de la comunidad exiliado, todavía no ha vuelto a Locomapa. El 9 de junio de 2014, un beneficiario de medidas cautelares recibió nuevas amenazas por parte de un general en condición de retiro que además dañó sus cultivos y sus bienes.

Cuatro meses después de que el Estado de Honduras se comprometió a aplicar las medidas cautelares de la CIDH, la comunidad sigue amenazada y vulnerable.

En junio del 2014, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, también beneficiario de medidas cautelares, emitió una Acción Urgente denunciando que el gobierno hondureño no ha adoptado medidas eficaces para disuadir la inseguridad e implementar medidas de protección.

La Acción Urgente fue emitida en respuesta a “una serie de acontecimientos que en forma sistemática vienen ocurriendo en las últimas semanas, hechos que se producen inmediatamente después que el COFADEH realiza acciones públicas de denuncia”. Estos acontecimientos incluyen la vigilancia de la oficina, así como el secuestro temporal y golpes severos sufridos por un miembro de COFADEH.

PROAH expresa su grave preocupación ante los niveles extremos de inseguridad, de impunidad y la falta de protección eficaz y adecuada de los beneficiarios de medidas cautelares así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

PROAH brinda acompañamiento internacional a defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos.

8 de julio 2014

Fuente: https://proah.wordpress.com/2014/07/09/alerta-asalto-armado-a-sacerdotes-con-medidas-cautelares-y-acompanantes-internacionales-de-derechos-humanos-proah/

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A juicio oral y público caso de defensores internacionales y pobladores que fueron víctimas de abusos

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Tegucigalpa.

El anunciado procedimiento abreviado consistente en que el jefe de seguridad de la Corporación Minerales Victoria, Wilfredo Fúnez reconoce que cometió los delitos de allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad en contra de dos observadores internacionales de derechos humanos y dos miembros de una familia, no se pudo concretar debido a inconsistencias presentadas por la defensa del imputado.

Resulta que la defensa solicitó para efectos de considerarse un procedimiento abreviado, que la aplicación de las penas por los delitos confesos, fuesen mínimas para el imputado, solicitud que  el Ministerio Público objetó y consideró que en vista de que el abogado defensor de Wilfredo Fúnez, el profesional del derecho Melvin Urbina, desistió del acuerdo a que se había llegado con la Fiscalía, se declarase desierto el procedimiento abreviado.

En vista de lo cual, la jueza María Elena Guzmán del Juzgado de Letras Seccional de Tela, resolvió lo siguiente:…”Habiendo escuchado al abogado de la defensa privada del imputado que en esta audiencia ha solicitado la imposición de penas distintas a las concertadas al momento en que administrativamente se pusieron de acuerdo como lo manda el artículo 403 del Código Procesal Penal en su párrafo I, por lo que ésta suscrita considera que al haberse evidenciado en esta audiencia que no ha existido o que se ha roto el acuerdo previo entre el Ministerio Público y el imputado sobre la aceptación del proceso abreviado…es procedente declarar sin lugar la solicitud de proceso abreviado y que se continúe con la tramitación común del proceso, no considerando la admisión de los hechos por parte del imputado como una confesión”.

La jueza establece que “se declare sin lugar la solicitud conjunta de proceso abreviado por haberse roto el acuerdo previo entre el Ministerio Público y la defensa del imputado y por no haberse garantizado los derechos de las víctimas, por lo cual se ordena la continuación del presente proceso”, señala la resolución.

En la audiencia, el Área de Acceso a Justicia del COFADEH consideró oportuno registrar el caso como un precedente tanto para las autoridades gubernamentales como para las compañías privadas, en el sentido que los abusos que se cometan contra defensores de derechos humanos, y contra cualquier ciudadano o ciudadana, sean nacionales o extranjeros, estarán sujetos a la vigilancia, monitoreo, denuncia y acompañamiento legal de las organizaciones que realizan defensoría ciudadana.

El COFADEH también apuntó, que dado que se discute en primer debate en el Congreso Nacional una Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos es el momento para que el Gobierno reconozca, proteja y promueva el ejercicio de la defensoría de derechos humanos en todo el territorio nacional.

Sobre la audiencia llevada  cabo en el municipio de Tela, departamento de Atlántida y con la decisión adoptada por el tribunal de esa localidad, el jefe de seguridad de Wilfredo Fúnez, empleado de la Corporación Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez, (yerno del terrateniente Miguel Facussé) permanecerá recluido en el centro penal de Tela.

Para buscar un juicio abreviado, Wilfredo Fúnez se declaró culpable de los delitos de allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad en perjuicio de Daniel Langmeier (Suiza) y Orlane Vidal (Francia) integrantes del Proyecto de Acompañamiento Honduras (PROAH), así como contra Antonio Alfaro Callejas y Concepción Gutiérrez Morales, étos últimos representados en la audiencia por el acusador privado, Víctor Fernández.

La Fiscalía acusó a Fúnez y el Juzgado Seccional de Tela le decretó  auto de prisión por los delitos de  allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad, en perjuicio de los dos observadores internacionales de derechos humanos (un programa que aglutina a observadores de derechos humanos procedentes de varias nacionalidades, y que acompaña a organizaciones que trabajan en la defensoría, entre ellas al COFADEH).

Si bien la parte defensora había interpuesto un recurso de apelación contra la decisión adoptada por el juzgado, se conoció que en días posteriores desistió de tal recurso y retiró el escrito ante el tribunal.

En cambio propuso que su cliente (Wilfredo Fúnez) fuese sometido a un procedimiento abreviado, que es una medida alterna que contempla el Código Procesal Penal, estableciéndose como requisito que el imputado se declare culpable de los delitos.

Desde el mes de marzo de 2013, Wilfredo Fúnez ha permanecido recluido en una celda del presidio de Tela,  municipio del departamento de Atlántida.

Cabe señalar que en los delitos participaron otros miembros de la seguridad  de  Corporación Minerales Victoria, pero la Fiscalía solo acusó a Wilfredo Fúnez.

Es importante señalar que este caso marca un precedente, ya que se logró acreditar en la audiencia inicial la comisión y la participación de los delitos cometidos por el imputado, lo cual llevó a la defensa a buscar una medida alterna, que al final no se concretó.

Contexto

El 25 de julio de 2013 guardias de seguridad fuertemente armados de la Corporación Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez (yerno del terrateniente Miguel Facussé) merodeaban e intimidaban a los pobladores de la comunidad Nueva Esperanza, municipio de La Masica Atlántida.

Las acciones hostiles de los guardias se produjeron porque la comunidad se opone a la extracción minera que desarrolla Lenir Pérez en esta zona, en vista que nunca se les consultó acerca de dicho proyecto y además porque dicho personaje presiona a pobladores para que vendan sus tierras.

De hecho César Alvarenga y Roberto García líderes del movimiento pacífico que se ha opuesto a las operaciones mineras fueron amenazados a muerte por parte de Lenir Pérez, situación que obligó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar medidas cautelares de protección para los ambientalistas.

El 24 de julio de 2013, los observadores de derechos humanos de PROAH, Daniel Langmeier de Suiza y Orlane Vidal de Francia, llegaron a la comunidad para alojarse allí en la casa de María Concepción  Gutiérrez, cuya familia había sido blanco de amenazas de los guardias de seguridad de la Corporación Minerales Victoria.

Tanto Langmeier como Vidal habían notificado previamente a la Policía que estarían en dicha comunidad, sin embargo el día que ingresaron, no se encontraban agentes en la estación policial.

La mañana del 25 de julio de 2013, aproximadamente a las 9:00 am, un grupo de siete hombres fuertemente armados llegaron a la casa, acompañados por 25 trabajadores del proyecto minero, armados con machetes.

El grupo estaba  encabezado por Wilfredo Fúnez, empleado de Corporación Minerales Victoria y miembro de las pocas familias que apoyan el proyecto minero en la zona.

Los individuos amenazaron a los dos miembros del PROAH que estaban acompañando a la familia y los obligaron a salir de la casa, afirmando que “desparecerían si volvían a la comunidad”. Se informó que simultáneamente, varios de los hombres armados corrieron siguiendo el dueño de la casa, y lo obligaron a volver a la propiedad mientras hacían disparos al aire.

Durante el trayecto varios hombres apuntaron sus armas contra la humanidad de los defensores de derechos humanos y profirieron todo tipo de insultos, además de amenazarlos que si intentaban ingresar nuevamente en la comunidad, serían víctimas de desaparición. Posteriormente los conminaron a que entraran en una camioneta junto con varios de los hombres. Después les forzaron a que mostraran las fotos que habían tomado con sus cámaras fotográficas, para luego borrar aquellas que comprometían a la empresa minera.

Tiempo después los bajaron en un sector donde había mucho lodo, allí se encontraba personal de la empresa minera. Según testimonios de los defensores,  el trato fue diferente, fueron trasladados en otro vehículo pick up color negro, escoltado por 3 hombres armados con escopetas que se subieron en la paila y posteriormente  fueron dejados en la comunidad de Nueva Florida

Finalmente los defensores de derechos humanos fueron liberados en la comunidad de Nueva Florida aproximadamente a las 11:30 de la mañana, con amenazas de que la comunidad de La Nueva Esperanza sufriría represalias si denunciaban el incidente. El individuo que profirió dicha amenaza fue Wilfredo Fúnez.

La tarde siguiente (el 26 de julio), hombres armados de la empresa minera atravesaron la comunidad de La Nueva Esperanza en motocicletas, dispararon al aire con sus armas de fuego causando zozobra entre el pueblo.  La familia que alojó a los defensores de derechos humanos internacionales se vio obligada a huir de su casa, por temor a sufrir atentados.

Los hechos suscitados en contra de observadores internacionales de derechos humanos produjeron la condena de decenas de organizaciones tanto a nivel nacional como en el extranjero. La organización Front Line Defenders en aquella oportunidad manifestó en un comunicado: “Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad de La Nueva Esperanza y de los defensores de derechos humanos internacionales”.

Front Line Defenders nota con inquietud que los defensores de derechos humanos en Honduras, particularmente aquéllos que trabajan en el contexto de derechos a la tierra y proyectos mineros y de construcción, enfrentan un nivel de riesgo extremadamente alto de daño a su integridad física o incluso a su vida, y que la  acción jurídica contra los responsables es inexistente en la gran mayoría de los casos, citó el comunicado.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3210:a-audiencia-preliminar-caso-de-defensores-internacionales-que-fueron-victimas-de-abusos&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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San Francisco de Locomapa: impunidad y nuevas amenazas

El fracaso del gobierno a implementar las medidas cautelares de la CIDH agudiza la impunidad y la inseguridad.

 

El 22 de febrero, la población de Locomapa celebró en una gran ceremonia, el regreso a la comunidad de seis de las siete personas obligadas a huir después del triple asesinato de María Enrique Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, el 24 de agosto 2013. El asesinato de los indígenas del pueblo Tolupán ocurrió tras 12 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad, en rechazo a la explotación minera y el corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

El gobierno hondureño representado por una comisión oficial (incluyendo a la Viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; miembros de la Secretaría de Seguridad; la Procuraduría General de la República; la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) se comprometió solemnemente ante la comunidad, al igual que el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que apoya a la comunidad) y otras organizaciones nacionales e internacionales – entre ellas PROAH – a garantizar la seguridad de los 38 beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y a detener y condenar a los autores de los tres asesinatos. 1

Sin embargo, cuatro meses después de la ceremonia, las amenazas y la situación de vulnerabilidad para la comunidad siguen. Los policías a cargo de la investigación y de la protección de las personas amenazadas mostraron confusión entre las medidas cautelares y las medidas sustitutivas a la cárcel, y por primera vez en el mes de mayo, expresaron la idea de establecer una lista de los beneficiarios de medidas cautelares. Al mismo tiempo, se muestran evasivos sobre los avances de la investigación. Citan dificultades materiales que obstaculizan su trabajo: falta de personal, falta de material, falta de accesibilidad a la comunidad. Sin embargo una parte de esas dificultades pareció solucionarse cuando recibieron una moto para llegar a la comunidad. No parecen haber encontrado dificultades para visitar a los acompañantes de PROAH en el mes de mayo.

A pesar de la investigación policial exigida como parte de la implementación de las medidas cautelares y el compromiso del Estado de proteger a la comunidad Tolúpan, los dos presuntos autores de la matanza de agosto 2013, que son objeto de orden de captura, siguen libres en la comunidad, intimidando a los opositores al proyecto minero. Se acercan con regularidad a ellos, suficientemente de cerca para amenazarles, y para que los miembros de la comunidad les identifiquen. Cualquier persona de la comunidad puede entonces dar una descripción física precisa de ellos, que podría ayudar una investigación policial seria. Pero el caso no avanza.

Más intimidaciones:

El 27 de marzo, Selvin Fúnez Matute, uno de los presuntos asesinos se acercó a un miembro del MADJ, amenazando de sacarles de sus casas y cortarles la lengua a él y tres otros miembros de la comunidad, esto si seguían hablando en Radio Progreso.

Varios miembros de la comunidad también afirmaron que los Matute disparaban al aire, cerca de las casas de las familias que se oponen a la minería, amenazando con matarlas si llamaban a la policía. Aunque varias familias denunciaron esas intimidaciones, la policía declaró no haber recibido ninguna llamada y expresó dudas sobre la veracidad de las acusaciones de la comunidad.

En la última visita de PROAH, la comunidad confirmó que los Matute siguen pasando por Locomapa e incluso llegan de noche para visitar a una de sus mujeres. En una de esas visitas, uno de ellos se paró dos veces en la tierra donde trabajaba un hombre de la comunidad enseñándole las armas que portaba, presuntamente para intimidarle.

Las preocupaciones que expresan las organizaciones de protección de derechos humanos sobre la seguridad de la comunidad lamentablemente se confirmaron el 9 de junio cuando el ex general Finlander Uclés, armado y acompañado por guardaespaldas, entró al domicilio de una familia. Rodearon la casa, destruyeron los cultivos y las pertenencias de la familia, y desaparecieron su material de trabajo. El ex militar torturó también psicológicamente a los tres hijos de la familia que se encontraban solos en la casa en este momento, diciéndoles que regresarían al día siguiente para destruirlo todo ya que el terreno pertenecía al general. Los niños salieron corriendo, temerosos, a avisar la comunidad de lo sucedido. Según informe de MADJ, el ex general reivindica la propiedad de la tierra que legalmente pertenece a la familia, y viene desde el 1980 amenazando a la comunidad. El señor de la familia víctima es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, como todas las persones de la comunidad que han recibido amenazas. Después del incidente, la familia ha sido desplazada de la comunidad.2

La impunidad de la que gozan los autores del triple asesinato, y la no aplicación de las medidas de protección dictadas por la CIDH incrementan de nuevo las tensiones y la inseguridad en la comunidad. Cuatro meses después del compromiso del gobierno de garantizar la seguridad en la comunidad, el último exiliado todavía no ha regresado a Locomapa y expresó a PROAH su miedo y su tristeza de no poder volver a su casa. Frente a la demora de la investigación y la inacción de la policia, la población empieza a cuestionar las relaciones de la policía con los autores del asesinato y los empresarios.

Para más información, ver:

Impunidad reina en asesinatos de indígenas (June, 2014)

Defensores Tolupanes reciben nuevas amenazas”, Sandra Cuffie, abril de 2014

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Empleado de Minerales Victoria acepta que cometió abusos contra defensores de DDHH

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Tegucigalpa.

Wilfredo Fúnez empleado de la Corporación Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez,  quien se encuentra recluido en el presidio de Tela, se declaró culpable de los delitos de allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad en perjuicio de dos observadores internacionales del Proyecto de Acompañamiento Internacional-Honduras (PROAH).

Así lo dio a conocer el  Area de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que actuó como acusador privado en la causa. La acción promovida por la defensa del imputado obliga a desarrollar un proceso abreviado que permitirá a Wilfredo Fúnez, a salir de prisión al conmutar la pena que le dicte el Juzgado Seccional de Tela, departamento de Atlántida.

La Fiscalía acusó Fúnez,  empleado de la Corporación Minerales Victoria (encargado de la seguridad de la empresa) y el Juzgado Seccional de Tela le decretó  auto de prisión por los delitos de  allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad, en perjuicio de los jóvenes Daniel Langmeier  (25) y Orlane Vidal (26) integrantes del Proyecto de Acompañamiento Honduras (PROAH), un programa que aglutina a observadores de derechos humanos procedentes de varias nacionalidades, que acompaña a organizaciones que trabajan en la defensoría, entre ellas al COFADEH..

Si bien la parte defensora había interpuesto un recurso de apelación contra la decisión adoptada por el juzgado, se conoció que en días posteriores desistió de tal recurso y retiró el escrito ante el tribunal.

En cambio propuso que su cliente (Wilfredo Fúnez) sea sometido a un procedimiento abreviado, que es una medida alterna que contempla el Código Procesal Penal, estableciéndose como requisito que el imputado se declare culpable de los delitos.

Desde el mes de marzo de 2013, Wilfredo Fúnez ha permanecido recluido en una celda del presidio de Tela,  municipio del departamento de Atlántida.

En la audiencia de la que aún no se ha determinado fecha (conocida como intermedia) se estaría emitiendo una sentencia condenatoria, en la cual se aplicarán las penas por cada delito cometido.

En este caso se aplicarán penas menores a los 5 años y considerando que al declararse confeso el imputado, la condena se reduce en un tercio, la medida permitirá que Wilfredo Fúnez pueda conmutar la pena y salir en libertad.

Los observadores de derechos humanos de PROAH, Orlane Vidal de Francia y Daniel Langmeier de Suiza

Cabe señalar que en los delitos allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad contra los dos observadores de derechos humanos de PROAH participaron otros miembros de la seguridad  de  Corporación Minerales Victoria, pero la Fiscalía solo acusó a Wilfredo Fúnez.

Tanto el COFADEH como la Fiscalía buscaban una sentencia condenatoria para el imputado, pero con la acción interpuesta, se causa un procedimiento abreviado, que evita un largo proceso penal.

Es importante señalar que este caso marca un precedente, ya que se logró acreditar en la audiencia inicial la comisión y la participación de los delitos cometidos por el imputado, lo cual llevó a la defensa a buscar una medida alterna.

Aún no está determinada la fecha para la realización de la audiencia intermedia, y aunque el acusado no irá a la cárcel,  en los registros del Juzgado de Tela, quedará consignado que hubo una sentencia contra Wilfredo Fúnez por los delitos cometidos en contra de dos defensores internacionales de derechos humanos.

Contexto

El 25 de julio de 2013 guardias de seguridad fuertemente armados de la Corporación Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez (yerno del terrateniente Miguel Facussé) merodeaban e intimidaban a los pobladores de la comunidad Nueva Esperanza, municipio de La Masica Atlántida.

Las acciones hostiles de los guardias se produjeron porque la comunidad se opone a la extracción minera que desarrolla Lenir Pérez en esta zona, en vista que nunca se les consultó acerca de dicho proyecto y además porque dicho personaje presiona a pobladores para que vendan sus tierras.

De hecho César Alvarenga y Roberto García líderes del movimiento pacífico que se ha opuesto a las operaciones mineras fueron amenazados a muerte por parte de Lenir Pérez, situación que obligó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar medidas cautelares de protección para los ambientalistas.

El 24 de julio de 2013, los observadores de derechos humanos de PROAH, Daniel Langmeier de Suiza y Orlane Vidal de Francia, llegaron a la comunidad para alojarse allí en la casa de María Concepción  Gutiérrez, cuya familia había sido blanco de amenazas de los guardias de seguridad de la Corporación Minerales Victoria.

Tanto Langmeier como Vidal habían notificado previamente a la Policía que estarían en dicha comunidad, sin embargo el día que ingresaron, no se encontraban agentes en la estación policial.

La mañana del 25 de julio de 2013, aproximadamente a las 9:00 am, un grupo de siete hombres fuertemente armados llegaron a la casa, acompañados por 25 trabajadores del proyecto minero, armados con machetes.

El grupo estaba  encabezado por Wilfredo Fúnez, empleado de Corporación Minerales Victoria y miembro de las pocas familias que apoyan el proyecto minero en la zona.

Los individuos amenazaron a los dos miembros del PROAH que estaban acompañando a la familia y los obligaron a salir de la casa, afirmando que “desparecerían si volvían a la comunidad”. Se informó que simultáneamente, varios de los hombres armados corrieron siguiendo el dueño de la casa, y lo obligaron a volver a la propiedad mientras hacían disparos al aire.

Durante el trayecto varios hombres apuntaron sus armas contra la humanidad de los defensores de derechos humanos y profirieron todo tipo de insultos, además de amenazarlos que si intentaban ingresar nuevamente en la comunidad, serían víctimas de desaparición. Posteriormente los conminaron a que entraran en una camioneta junto con varios de los hombres. Después les forzaron a que mostraran las fotos que habían tomado con sus cámaras fotográficas, para luego borrar aquellas que comprometían a la empresa minera.

Tiempo después los bajaron en un sector donde había mucho lodo, allí se encontraba personal de la empresa minera. Según testimonios de los defensores,  el trato fue diferente, fueron trasladados en otro vehículo pick up color negro, escoltado por 3 hombres armados con escopetas que se subieron en la paila y posteriormente  fueron dejados en la comunidad de Nueva Florida

Finalmente los defensores de derechos humanos fueron liberados en la comunidad de Nueva Florida aproximadamente a las 11:30 de la mañana, con amenazas de que la comunidad de La Nueva Esperanza sufriría represalias si denunciaban el incidente. El individuo que profirió dicha amenaza fue Wilfredo Fúnez.

La tarde siguiente (el 26 de julio), hombres armados de la empresa minera atravesaron la comunidad de La Nueva Esperanza en motocicletas, dispararon al aire con sus armas de fuego causando zozobra entre el pueblo.  La familia que alojó a los defensores de derechos humanos internacionales se vio obligada a huir de su casa, por temor a sufrir atentados.

Los hechos suscitados en contra de observadores internacionales de derechos humanos produjeron la condena de decenas de organizaciones tanto a nivel nacional como en el extranjero. La organización Front Line Defenders en aquella oportunidad manifestó en un comunicado: “Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad de La Nueva Esperanza y de los defensores de derechos humanos internacionales”.

Front Line Defenders nota con inquietud que los defensores de derechos humanos en Honduras, particularmente aquéllos que trabajan en el contexto de derechos a la tierra y proyectos mineros y de construcción, enfrentan un nivel de riesgo extremadamente alto de daño a su integridad física o incluso a su vida, y que la  acción jurídica contra los responsables es inexistente en la gran mayoría de los casos, citó el comunicado.

 

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3190:empleado-de-minerales-victoria-acepta-que-cometio-abusos-contra-defensores-de-ddhh&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA: LOS TOLUPANES DESPLAZADOS REGRESAN A SUS TIERRAS CON MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH

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El pasado 23 de febrero, a invitación del MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), PROAH observó un acto público organizado para el regreso de varios miembros del pueblo indígena Tolupan a su comunidad en San Francisco de Locomapa, Yoro.

Su salida forzada se produjo tras los asesinatos de tres miembros de la comunidad, Maria Enriqueta Matute, Armando Funez Medina y Ricardo Soto Funez, el 25 de agosto del 2013. Se produjeron tras 12 días de manifestación pacífica por parte de la comunidad en rechazo a la explotación minera y al corte ilegal de madera en sus tierras tribales.

Como respuesta a la solicitud de protección de la comunidad por parte del MADJ, el 19 de diciembre de 2013, la Comisión interamericana de derechos humanos otorgó medidas cautelares a 18 miembros de la comunidad y a sus familias, en total a 38 personas.

A este encuentro de retorno acudió por parte del Estado una Comisión formada por la vice ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, y miembros de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Este grupo que llegó a la zona en helicóptero, destacó que era la primera vez que realizaban un acto como este y que tenían el compromiso del Estado de cumplir con su obligación en la defensa de los derechos humanos. También tomó la palabra el subcomisario de Yoro, Ventura Rodriguez, que se comprometió en capturar a los supuestos asesinos y dar protección a las personas amenazadas.

Por parte del MADJ habló su coordinador y abogado Victor Fernandez, que destacó la responsabilidad que tiene el Estado Hondureño en dar protección a las 38 personas de la zona con medidas dictadas por la CIDH.

Tras el acto, las autoridades y representantes del MADJ firmaron un acta, donde se recogieron estos compromisos y se explicó en qué consistían las medidas cautelares.

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Este acto estuvo acompañado por otros actores de la sociedad civil, como el ERIC-Radio Progreso, COPA (Coordinación de las Organizaciones Populares del Aguán), el Observatorio de derechos humanos en el Aguan, el Foro de mujeres por la vida, OFRANEH, la coalición contra la impunidad, un representante de la Red de Solidaridad con Honduras en Estados Unidos (HSN).

El acto terminó con la plantación de tres arboles en recuerdo de las personas asesinadas.

 Hasta la fecha, los supuestos asesinos no han sido detenidos, a pesar de tener órdenes de captura. Uno de los miembros de la comunidad, coordinador del MADJ en Locomapa, quien como otros tuvo que huir de la zona, no ha regresado a su comunidad, pues teme todavía por su vida, luego de que hombres armados colgaran una nota con amenazas a muerte en la puerta de su casa en septiembre pasado.

Para más  información:

Sobre el asesinato de los tres miembros de la etnia Tolupan, nuestro blog, 27 de agosto 2013

 artículo de Radio Progreso:

Tolupanes retornan a sus tierras con promesa de seguridad del Estado hondureño

Artículo del MADJ sobre el otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH

 Pronunciamiento del MADJ

Fuente: http://proah.wordpress.com/2014/03/19/san-francisco-de-locomapa-los-tolupanes-desplazados-regresan-a-sus-tierras-con-medidas-cautelares-de-la-cidh/

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Honduras: Indigenous Tolupanes Return to Their Territory with IACHR Orders of Protection

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Written by Greg McCain
Thursday, 06 March 2014 15:17
A caravan makes it’s way up the dusty winding road into the mountains of the department of Yoro. It is heading toward San Francisco de Locomapa, one of the territories of the Tolupane people, an indigenous tribe that has been in existence for over 5,000 years. San Francisco is also the site of a massacre that occurred on August 25, 2013. Armando Fúnez Medina (46), Ricardo Soto Fúnez (40), and Maria Enriqueta Matute (71) were murdered by Selvin Matute and Carlos Matute (no relation to Enriqueta). The latter two are hired guns for the Bella Vista Mining Company, which has been extracting antimony from the surrounding mountains without the consent of the community and with a mining concession that is in dispute. The two men also hire themselves out to illegal loggers that deforest the mountainsides. The three victims were members of the Broad Movement for Dignity and Justice (MADJ, in its Spanish acronym), which has been protesting the mining and illegal logging and the installation of a hydroelectric dam on Tolupane territory. The community had begun a roadblock on August 12, 2013 stopping trucks that were loaded with illegal timber and antimony and then reporting it to the local police who essentially let the illegal trucks and their cargo go.

 

The caravan carries members of MADJ, as well as representatives of: the Women’s Forum of Life of San Pedro Sula; ERIC-SJ/Radio Progreso from El Progreso; Counsel of Grassroots Organizations of the Aguán (COPA); the Permanent Observatory of Human Rights of the Aguán; members of the Black Fraternal Organization of Honduras (OFRANEH); the Women’s rights group Academic Feminists; the Coalition Against Impunity, and International Human Rights Observers from PROAH; and the Honduran Solidarity Network. They are all there to accompany six returning MADJ members of the San Francisco community who, along with twelve others, fled the territory six months ago after the massacre.

 

It is a bittersweet reunion. The tears of the joyous reunion are mixed with those of grief for the three that were gunned down. MADJ has convened this convocation to both honor the martyrs and to formally have official representatives of the Republic of Honduras sign the Act of Implementation of Protective Measures that were ordered on December 19, 2013 by the Inter-American Commission of Human Rights (IACHR). The District Attorney from the Public Ministry of Yoro is present as is a representative of the National Commission of Human Rights, the Sub-Commander of the National Police of Yoro and The Department of Human Rights of the Inspector General. Indeed, after decades of indifference to the plight of the Tolupanes it was not until the IACHR intervened that anyone from the Honduran government paid any attention. This new attention is a testament to the dedication of MADJ and the members of the community that have maintained the struggle to defend their natural resources. Some 38 members of the community are protected by this act, but it is a hollow gesture if the representatives of the government don’t abide by it, which has historically been the case in Honduras.

 

It is difficult to know the exact figure of how many Tolupanes have been murdered. MADJ reports that since 2002 at least nine members of the Tolupane tribe in San Francisco alone have been assassinated. The U.S. Department of Justice issued a report in 2000 that put the figure at just over 43 murdered indigenous people across the country, among which includes Tolupanes.

 

Numerous indigenous activists have been killed with impunity by gunmen evidently in the pay of large landowners—at least 43 in the last five years alone, according to indigenous and Honduran rights organizations—and in a number of cases there has been evidence of involvement of military and police personnel. Murdered activists have come from a number of different indigenous groups, including the Lenca, Maya-Chortí, Tolupán, Xicaque, and Garífuna.

 

Additionally, in 2005, a U.N. Commission on Human Rights denounced that landowners reportedly killed at least 58 Tolupanes for opposing the invasion of their lands.

 

The Secretary for Ethnic Development of Honduras also reports the crime of 57 Tolupanes murdered:

 

Approximately 57 Tolupanes leaders have been killed, crimes in which there have been no punishment for the perpetrators and masterminds, which makes them the most martyred of the nine tribes of indigenous people that still exist in Honduras.[1]

 

At the convocation, Yani del Cid from the Office of the Special Prosecutor for Ethnic and Cultural Heritage announced that arrest warrants have been issued for the Matute Gang, as the thugs who did the killing are referred. They are known to the police and yet they are still at large, living in the nearby community of Las Brisas, but it has been several months since anyone in San Francisco has seen them. It is suspected that they travel at night.

 

The National Police have a station in the neighboring town of El Ocotal, but they don’t have any vehicles of their own. It is a forty-five minute walk each way between El Ocotal and San Francisco. Sometimes they go on patrol using the Municipalities trucks and sometimes using the pickups of the mining company, the same one that hired the Matute Gang to intimidate the protesters.  The Police Chief of the Department of Yoro, Wilfredo Ventura, stated at the convocation that staff shortages and lack of resources will impede the police from being able to carry out the orders of the IACHR.

 

Not all from the community that were forced to flee have returned despite these orders of protection. One of the MADJ coordinators of San Francisco, Jose Maria “Chepito” Pineda still fears for his life after the gunmen posted a death threat to the door of his house on September 2nd of last year. The note stated:

 

To Chepito and family: Today yes, get ready because the fire’s been lit, because you haven’t curbed your tongue. We know where you are but we’re going to get you where it hurts most. You don’t know who you’re messing with, so it’s best if you get ready. We’re giving you due warning. We don’t think twice about eliminating people, even less so rats which are only good for fucking with.
Yours sincerely, your enemies!

 

Chepito’s wife and children continue the struggle, working the land that sustains them and tending to the tilapia pond behind their house. Señora Pineda states, “We aren’t going to give up the struggle to keep our natural resources clean and in the hands of the community. There are those who want easy money by tearing up the land, contaminating the water. We have been here respecting the earth that gives us our food and we intend to stay here fighting for our right to feed ourselves.

 

At the end of the convocation, three tree saplings, two pines and one cypress, were planted near the site of where Armando, Ricardo, and Maria Enriqueta were killed, a symbolic act of remembrance of the three martyred comrades and an acknowledgment that we are all bound to the earth and its natural resources.

 

[1] http://hrohblog.files.wordpress.com/2013/10/translated-version-of-dignidad-y-justicia-para-el-pueblo-tolupc3a1n.pdf

 

Fuente: http://www.upsidedownworld.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=4734:honduras-indigenous-tolupanes-return-to-their-territory-with-iachr-orders-of-protection&catid=23:honduras&Itemid=46

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Dictan prisión preventiva a trabajador de Lenir Pérez que secuestró a observadores internacionales

Mar 04, 2014

Recientemente fue capturado el señor Wilfredo Funes, trabajador de Lenir Pérez, acusado de ser el responsable de las amenazas, agresión, atentados, hostigamiento, daños a la propiedad privada, desplazamiento forzado de varias familias y la privación de libertad de dos observadores internacionales.

El sábado anterior se realizó la primera audiencia en contra de Funes, en esta sesión, la jueza dictaminó prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial. La acusación que se le hace es la de ser el supuesto ” responsable del delito de privación injusta de la libertad en perjuicio de los ciudadanos: Daniel Langeir de nacionalidad Suiza y Orlane Vidal de nacionalidad Francesa. Este hecho ocurrió el 25 de julio del 2013″.

Wilfredo Funes está detenido en la cárcel de Tela. Y al parecer, un abogado de San Pedro Sula lo está defendiendo. Mañana miércoles será la audiencia inicial  a las 8 am.

El padre César Espinoza, quien en su momento recibió amenazas a muerte por el conflicto en Arizona, Atlántida, asegura que le entristece que solo a Wilfredo se le haya capturado, y que el responsable principal de todo, el minero Lenir Pérez, esté gozando de libertad.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/768-dictan-prisi%C3%B3n-preventiva-a-trabajador-de-lenir-p%C3%A9rez-que-secuestr%C3%B3-a-observadores-internacionales

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Capturan a uno de los autores materiales del secuestro de observadores internacionales de DDHH

voselsoberano.com | Viernes 28 de Febrero de 2014 17:37

 

Captura_WilfredoEl jefe de seguridad de Minerales la Victoria, Wilfredo Fúnez, habría sido capturado recientemente acusado del secuestro a los defensores internacionales de Derechos Humanos representantes de Proyecto Acompañamiento Honduras (PROAH), quienes fueron privados de libertad y hostigados por varias horas, mientras se encontraban acompañando la lucha de las comunidades contra la minería en defensa de los bienes naturales en la comunidad de Nueva Esperanza, Tela, Atlántida.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) se estableció en el país en septiembre de 2010, en respuesta al deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos después del golpe de estado de 2009. Su mandato es de brindar acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos. Es un proyecto de la ONG estadounidense Oficina de Amistad de las Americas (Friendship Office of the Americas).

El 25 de julio de 2013, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, de nacionalidades francesa y suiza, estaban visitando a la comunidad de La Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Esta comunidad lleva más de un año sufriendo persecución, incluso por parte de la policía y hombres contratados por la empresa Minerales Victoria, por su oposición pacífica a un proyecto de exploración minera otorgado por el Estado sin su consentimiento. Ese día, los observadores fueron raptados por dos horas y media por hombres de la minera, fuertemente armados. Este grave incidente fue denunciado legalmente y públicamente1 por las víctimas del secuestro. Amnistía Internacional emitió una alerta detallando los hechos.Ver más sobre el secuestro de los voluntarios internacionales
Ante tal situación el MADJ denunció nivel nacional e internacional la persecución y amenazas contra los liderazgos de la organización, evidenciado al atentar contra los observadores internacionales de PROAH. caso llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgando medidas cautelares para el MADJ y patronato regional del sector Florida, responsabilizando al Estado de Honduras por la integridad y seguridad de los luchadores contra la corrupción en defensa del territorio.

Fuente MADJ y Proah

 

Proyecto de minería en La Nueva Esperanza : Escalada alarmante de intimidaciones dirigidas a la comunidad  

6/jun/ 2013 –  (Ver nota en el sitio)

 

La comunidad de La Nueva Esperanza, ubicada en el departamento de Atlántida, permanece en lucha para proteger este rincón de paraíso tropical en las montañas, cerca de la costa caribeña de Honduras, ante la concesión de una nueva actividad extractiva, otorgada a la empresa Minerales Victoria para la explotación de depósitos de hierro. El dueño de esta empresa es Lenir Pérez, yerno del terrateniente Miguel Facussé, y opera a través de su compañía Alutech, que forma parte de Inversiones EMCO, una empresa con sede en San Pedro Sula y especializada en la construcción de estructuras de acero.

Pobladores de La Nueva Esperanza

MADJ y MAA denuncian la intimidación de la comunidad

En un comunicado conjunto1, divulgado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), que están brindando apoyo a La Nueva Esperanza y a las demás comunidades cercanas que están siendo afectadas por el proyecto, han denunciado una escalada alarmante de intimidaciones desde el inicio del año 2013, y especialmente en las últimas semanas, por parte del empresario Lenir Pérez y de policías y civiles armados que lo apoyan. Dos líderes de la comunidad, César Alvarenga y Roberto García, miembros de MADJ, ya son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber recibido mensajes de textos por teléfono con amenazas de muerte por parte del empresario Pérez, en agosto de 2012.23El padre guatemalteco César Espinoza, párroco en el municipio aledaño de Arizona, que ha estado activo en defensa de la comunidad, también ha sido blanco de ataques similares, al recibir amenazas de “supuestos trabajadores mineros” en su celular en enero de este año4.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional (PROAH) visitó la comunidad a finales de mayo y mediados de junio por invitación de la comunidad y el MADJ para que pudiera ver la situación de primera mano.

Exploración de la area concesionada con los pobladores

 

 

La clasificación del óxido de hierro – trampa legal

Debido a la moratoria todavía en vigor sobre la minería metálica por razones ambientales,5la empresa obtuvo la concesión para la explotación no metálica – óxido de hierro – aunque todos los pobladores de La Nueva Esperanza saben que, además de este mineral (y del carbón), los cerros que rodean a la pequeña comunidad son ricos en oro. De hecho la búsqueda artesanal de oro en las quebradas forma parte de su tradición. La solicitud de la concesión de minería no metálica es una de las trampas legales que permiten a las empresas eludir la moratoria. Desde la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin)y ahora bajo la nueva Ley de Minería6 (más detalles a continuación), la clasificación de óxido de hierro como metálica o no, depende del uso que el concesionario afirma que le va a dar, es decir, si será para productos metálicos, se clasifica el óxido como metal, pero basta que el solicitante diga que va a utilizarlo para producir cemento, por ejemplo, para que lo clasifiquen como una concesión no metálica.

Óxido de hierro

Posible veta de oro en la orilla de la quebrada

Además de permitirles evadir la moratoria, tal clasificación significa que una minera puede obtener una concesión con menos requisitos, controles ambientales e impuestos. Asimismo, una vez conseguida la concesión, bajo una sencilla comunicación a las autoridades, las empresas pueden recurrir a la minería metálica, una actividad mucho más rentable para sí mismas y mucho más impactante para el medio ambiente y la salud de los habitantes. (La explotación del óxido de hierro también puede tener impactos profundos en el medio ambiente y la salud de los habitantes de las comunidades que residan cerca de la mina; pero unas de sus ventajas en comparación con la minería de oro, por ejemplo, es que no se usan químicos como el cianuro para extraer el metal, ni tanta agua).

La concesión en La Nueva Esperanza

Minerales Victoria, la empresa de Lenir Pérez, obtuvo una concesión de 1000 hectáreas, aunque ha solicitado 110007. El terreno concesionado incluye 16 comunidades que, por ser su economía basada en la ganadería, perderían su fuente de sustento a través del agotamiento o de la contaminación de las quebradas y de los manantiales. Por eso, están firmes en manifestar su oposición al ingreso de la empresa en su territorio. Según el patronato, sólo 3 de las 45 familias de La Nueva Esperanza apoyan la minera, por ya estar involucradas en sus operaciones. A pesar de que los pobladores rehúsan a vender sus tierras, los intentos de la empresa, respaldada por el alcalde de Tela, siguen, y muchos están recibiendo amenazas y presiones para que vendan sus parcelas. Además, la empresa ya ha empezado a trabajar en unos terrenos que son propiedad de pobladores de La Nueva Esperanza, de acuerdo con información proporcionada por el patronato. Ha cercado terrenos, talado bosques y ha empezado la exploración en diferentes sitios, incluso en la orilla de una quebrada que proporciona agua a la comunidad.

Ensayos mineros

 

Los hostigamientos de la comunidad y los daños medioambientales van aumentando

La tensión local ha ido creciendo en los últimos meses. Para impedir el paso de vehículos de la empresa, la comunidad puso en febrero una cadena con candado cerca de la vivienda de don Enrique, el anciano emblemático de la resistencia en la comunidad. Sin embargo, en la noche del 13 del mismo mes, agentes policiales rompieron la cadena por medio de disparos, destruyendo el candado. Los policías involucrados en los hechos andaban sin identificación. En respuesta a la denuncia puesta ante el Ministerio Público (MP) por los habitantes de la comunidad, las autoridades reconocieron de manera pública su acción ilegal en el departamento de Atlántida. A pesar de esto, los policías siguen llegando a la comunidad sin identificación, una práctica que despierta las dudas de los pobladores en cuanto a su verdadera identidad. Hay sospechas de que los hombres, aunque uniformados, sean en realidad miembros de la vigilancia privada de la empresa propiedad de Lenir Pérez. Desde entonces, los intentos de impulsar un diálogo entre los habitantes opuestos al proyecto minero y los empresarios no ha llegado a ningún resultado. Al contrario, la situación de amenaza a la comunidad sigue intensificándose.

Por ejemplo, el sábado 25 de mayo, aprovechando el desfile del carnaval de La Ceiba, trabajadores de la empresa intentaron ingresar a la concesión con dos camiones cargados de maquinarias y acompañados por policías. Sin embargo, los pobladores, presentes en su comunidad para celebrar un cumpleaños, con un esfuerzo colectivo, impidieron la entrada de los camiones, Después de este episodio, que se denunció en la Radio Progreso, el domingo 26 de mayo hubo una asamblea en la orilla de la quebrada que separa la comunidad de La Nueva Esperanza y el terreno concesionado para planear, ante la falta de respuestas de la empresa, acciones de protesta con relevancia nacional.

Pese a la firmeza del rechazo de la comunidad, los hostigamientos y amenazas se han multiplicado en los últimos días. El pasado lunes 3 de junio, un grupo de policías ingresó a la comunidad, acercándose a la zona concesionada y frente a las protestas de los pobladores, dispararon sus armas de fuego, sin provocar heridos. Esa misma noche también se escucharon disparos. Luego, en la noche del 5 de junio, un grupo de aproximadamente 20 hombres civiles no identificados y fuertemente armados, penetraron a la comunidad, con el propósito de sembrar el terror entre los habitantes a través de amenazas de muerte reiteradas. Frente a esta situación de peligro, los pobladores están sufriendo un “estado de sitio” que sigue vigente, obligándoles a quedarse encerrados en sus viviendas por seguridad. El maestro de la comunidad decidió suspender las clases, mientras que las condiciones de seguridad de la aldea son cada vez más difíciles.

 

Las piedras acumuladas para impedir el paso de los camiones de la empresa

Fue ante la gravedad de los hechos y el riesgo de agravamiento de la violencia en la comunidad de La Nueva Esperanza, que el 7 de junio pasado los pobladores, respaldados por el MADJ, denunciaron y condenaron las amenazas constantes por parte de los empresarios, en el comunicado ya mencionado, en donde se hace un llamamiento a las autoridades locales y nacionales, así como a la sociedades civil nacional e internacional, para que intervengan y demanden un cese de la violencia relacionada al proyecto minero. La comunidad reiteró su rechazo frente al desarrollo de explotación extractiva en su territorio, y pidió el paro de las actividades y la salida definitiva de la empresa.

Sin embargo, los hostigamientos siguen. El 14 de junio, tres hombres de la comunidad estaban en una casa cuando recibieron una llamada telefónica advirtiéndoles que varios hombres armados iban allí. Los tres decidieron huir, pero fueron perseguidos por los hombres armados quienes empezaron a disparar. Los tres, salieron afortunadamente ilesos, pero se vieron obligad

La cumbre el 17 de junio

os a esconderse hasta que los hombres armados se fueran (Denuncia No. CEIN-PROV-0101-2013-04187). Voluntarias de PROAH, cuando asistieron a la misa en la comunidad el 19 de junio, vieron a dos hombres armados con escopetas cerca de la iglesia, uno de ellos tratando de esconderse.

 

 

 

 

 

 

La cumbre el 29 de mayo

Mientras tanto, hay cada vez más daño al medioambiente de la comunidad por las operaciones supuestamente de “exploración”. Los trabajadores de Minerales Victoria están abriendo carreteras ilegales, rompiendo cercos privados sin permiso de los dueños y botando árboles de la orilla de la calle que son patrimonio de la comunidad. Un golpe particularmente doloroso para la comunidad ha sido la destrucción del Manguito, un árbol de mango ubicado a mitad de la cuesta entre Nueva Esperanza y El Carmen, una aldea más arriba, donde todos los viajeros tomaban un tiempo para descansar y luego continuar el viaje, disfrutando la brisa y la frescura de su sombra. Además, ya se empieza a ver los efectos de las operaciones sobre las fuentes de agua: una quebrada que antes corría clara se ha vuelto lodosa, contaminada por la tierra excavada para abrir las carreteras y para otras obras.

El manguito el 29 de mayo

 

El Manguito el 17 de junio

La nueva Ley de Minería y la extracción a cielo abierto

En Honduras, La Nueva Esperanza es una pieza más del mosaico de comunidades en resistencia contra las empresas mineras que operan en el territorio nacional. sin el consentimiento de las comunidades afectadas. Con la nueva Ley de Minería,8 aprobada el pasado 23 de enero por el Congreso (aunque todavía suspendida por falta de reglamentos de aplicación9), se esperan por lo menos 300 nuevas concesiones que corresponden a alrededor del 15 por ciento del territorio nacional. Según los movimientos sociales y los voceros de las comunidades afectadas por la actividad minera, no se ha tenido en cuenta la opinión de las poblaciones afectadas; más bien, la ley se escribió bajo asesoría directa de empresas transnacionales interesadas y de embajadas extranjeras en el país. Uno de los ejemplos más llamativos ha sido el de la minería a cielo abierto. A pesar de que en un sondeo de 2011, el 91 por ciento de los hondureños y las hondureñas se opusieron,10 la ley, ni siquiera menciona este tipo de minería, no le pone ningún obstáculo, sino que deja implícita su continuación, como sostiene la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA)11 . En este sentido, mientras países como Costa Rica ya han prohibido la explotación minera a cielo abierto en todo su territorio, y en muchos de los demás países de América Latina está en curso el debate12, Honduras se mantiene en el marco de una práctica devastadora para el medio ambiente y que, además, ofrece muy poco empleo para la población local.

Entre las demás debilidades de la nueva Ley de Minería, hay que subrayar: la posibilidad de concesionar terrenos poblados (con consecuente riesgo de desalojo de comunidades enteras); las prioridades de las empresas en el uso de las fuentes de agua; la falta de protección de las fuentes de agua de las comunidades, a menos que estén ubicadas en una ‘zona productora de agua’ ya designada; la privacidad de la información técnica y financiera, que queda en las manos de las empresas y la falta de un proceso de consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas y afrodescendientes, como está prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el gobierno de Honduras13. Bajo la nueva Ley, la consulta de todas las comunidades, sean indígenas o no, está prevista después de la fase inicial de exploración, es decir cuando la empresa ya habrá obtenido una primera forma de concesión, ocupando el territorio comunal e invirtiendo sus capitales. El rechazo por parte de una comunidad podría dar paso a contramedidas legales y sanciones económicas graves al Estado, según lo previsto en tratados internacionales ratificados por Honduras14. En este sentido, ya existe como precedente el caso de la minera canadiense Pacific Rim con su demanda multimillonaria al estado salvadoreño.15

La minería como ‘motor económico’: expectativas altas, regalías bajas

Frente a las preocupaciones de los comunicadores sociales y de las comunidades afectadas, las autoridades sostienen que el motor de Honduras para salir de su actual condición de pobreza es la extracción de sus riquezas ocultas, que los conquistadores españoles dejaron en su mayoría, sin explotar. La Secretaría de Recursos Naturales estima que en más del 60 por ciento del territorio nacional existe vocación para la explotación de los minerales, tanto metálicos como no metálicos. El presidente de la Asociación Nacional de Minería de Honduras (Anaminh), Santos Gabino Carvajal manifestó que, al entrar en vigencia la nueva Ley de Minería, comenzará la llegada a Honduras de capitales provenientes de naciones industrializadas como China, Canadá y Estados Unidos que traerá una inversión de hasta 4 mil millones de dólares a largo plazo16.

Pese a estas expectativas tan altas, hay que subrayar que tanto el canon territorial (es decir la renta pagada por hectárea para la concesión) como los impuestos que el Estado va a recaudar son muy bajos. Además, los impuestos están sujetos a la autoevaluación por parte de las empresas. Bajo la nueva ley, el impuesto total para la minería metálica, es del 6% del valor de las ventas17,(aún más bajos – 2.5% – en el caso de minería no metálica) del cual el 1% está destinado a la autoridad minera, el 2% a la municipalidad donde se encuentra ubicada la explotación minera, y el 1% a ‘proyectos de desarrollo’ gestionados por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA). El 2% que queda, es en concepto de tasa de seguridad. Es decir que, a excepción del 1% de los proyectos de COALIANZA no hay otro mecanismo que permita una forma de distribución y de socialización de la riqueza producida por la actividad minera a nivel nacional18, sino el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, en un país que ya está en un preocupante proceso de militarización.

1 Comunicado de MADJ y MAA (7.6.2013) http://madj.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=271:comunidades-del-departamento-de-atlantida-bajo-amenaza-de-muerte-por-la-voracidad-de-empresarios-mineros-y-corrupcion-de-funcionarios-del-estado&catid=56:rrnn&Itemid=117

2 Medidas cautelares de la CIDH – MC 342/12 de 3 de octubre de 2012 – César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnez, Honduras. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp.

3 Pág.1 del comunicado de MADJ y MAA

4 Ibid. pág.2.

5 Una prohibición de nuevas concesiones mineras fue origalmente impuesta en agosto de 2004 por la Ministra de Recursos Naturales, Patricia Panting, por dos factores: 1. El Comité Ambientalista del Valle de Siria y la Alianza Cívica por la Reforma a la Ley de Minería demostraron que Defomin (Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería) estaba otorgando concesiones a GoldCorp sin cumplir con los procedimientos legales y 2. La Marcha Nacional por La Vida que exigió la cancelación de todas las concesiones mineras y madereras. La Ministra también destituyó al director de Defomin. La presente moratoria a la minería metálica fue impuesta por el Presidente Zelaya en febrero de 2006, a través de Decreto Ejecutivo PCM-09-2006, citando en el preámbulo la necesidad de tener ‘una explotación racional de la nación, así como el menor impacto en el ambiente y la reutilización de las zonas explotadas en beneficio de la colectividad’. Bajo el decreto, la moratoria se quedaría vigente hasta la introducción de reformas a la Ley de Minería de 1998. Aunque la controvertida nueva Ley de Minería fue aprobada en enero de 2013, no ha sido implementada hasta ahora por falta de reglamentos de aplicación. Como consecuencia, por el momento la moratoria sigue vigente. (Decreto Ejecutivo PCM-09-2006 publicado en El Diario Oficial La Gaceta No.30,928 de 14.2.2006. Tambien disponible en http://www.pgrfa.org/gpa/hnd/files/compendio_de_legislacion_ambienta_abril-2011.pdf).Véase tambien informe Comisiòn de Verdad pag. 57-58: http://comisiondeverdadhonduras.org/sites/default/files/Informe%20COMISION%20DE%20VERDAD%20.pdf

6 Ley de Minería de 2013: http://www.defomin.gob.hn/2013pdf/LeydeMineria02042013.pdf

7 Existen 19 concesiones mineras metálicas ya aprobadas en el Departamento de Atlántida, la mayoría de ellas en el municipio de Tela, que suman 24,600 hectáreas (6% de la superficie del departamento) y 14 concesiones mineras no metálicas ya aprobadas (Fuente: CEHPPRODEC – Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario)

8 Ley de Minerìa de 2013: http://www.defomin.gob.hn/2013pdf/LeydeMineria02042013.pdf

9 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/En-suspenso-Ley-de-Mineria-hasta-que-se-apruebe-reglamento

10 Encuesta de CESPAD (Centro de Estudio para la Democracia) – setiembre de 2011 http://cespad.org/sites/default/files/Encuesta%20de%20mineria%20en%20Honduras-2012.pdf

11 Comunicado de la CNRA (23.1.2013) ‘Nuevo atentado contra la población de Honduras: Ley de minería entrega territorio y población como mercancía’. (Disponible en http://periodicoecovida.com/?q=node/167)

12 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-costa-rica/asumio-y-detuvo-la-mineria-a-cielo-abierto

13 http://www.miningwatch.ca/news/honduran-mining-law-passed-and-ratified-fight-not-over

14 http://www.hondurassiexporta.hn/oportunidades-de-mercado/tratados-comerciales-internacionales/

15 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/minera-pacific-rim-demanda-el-salvador-por-us315m

16 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/La-riqueza-de-Honduras-aun-esta-oculta-en-sus-entranas

17 Artículo 76 de la Ley de la Mineria de 2013.

18 Preocupante cuando se tiene en cuenta los daños que las operaciones mineras pueden causar al medio ambiente y la salud más allá del municipio, y aún a la infraestructura usada para transportar los minerales explotados. Véase por ejemplo: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Exportacion-de-oxido-puede-colapsar-el-puerto-de-San-Lorenzo http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Oxido-de-hierro-acelera-destruccion-de-red-vial

vos

Fuente: http://voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16417:capturan-a-uno-de-los-autores-materiales-del-secuestro-de-observadores-internacionales-de-ddhh&catid=1:noticias-generales

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Primera represión violenta contra estudiantes universitarios que protestaban contra el fraude electoral

 Wednesday, 27 November 2013 13:22 Dina Meza

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Tegucigalpa.

La policía ingresó por enésima vez a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, para reprimir a los estudiantes quienes señalaron que estaban en una protesta pacífica contra el golpe de Estado cuando los agentes lanzaron masivos gases lacrimógenas y lanzaron algunas contra los cuerpos de varias personas, este 26 de noviembre.

Decenas de agentes estaban en los alrededores de la UNAH  con sus lanza granadas dejaban ir los tóxicos gases que afectaron a una joven embarazada, estudiantes y otras personas que se encontraban en los predios universitarios.

Pasadas las cuatro de la tarde se hizo presente un contingente de la Policía Militar con más de una docena de militares, quienes permanecieron observando la situación y el oficial Funez que estaba a cargo manifestó que el control lo tenía la policía, pasados unos 15 minutos abandonaron el lugar.

Un estudiante de Pedagogía denunció que un agente de policía al verlo corriendo lanzó contra su cuerpo una bomba lacrimógena que le afectó la rótula por lo que tuvo que ser llevado en una ambulancia para el Hospital Escuela.

“Venía corriendo atrás de la policía uno de ellos que estaba vestido de verde con casco y pasamontañas y me vio y me disparó de un solo con una bomba lacrimógena la cual me lanzó a mi cuerpo y la misma impactó en mi pierna explotando en mi rodilla causando una lesión y por eso fui traído al Hospital Escuela y el médico ha dicho que tengo una luxación, estaré dentro de tres semanas enyesado”, expresó el afectado.

El COFADEH junto a la delegación de PROAH, periodistas extranjeros y un representante de la organización ACI-PARTICIPA, llegaron a verificar la condición de salud del herido a quien tenía un yeso en su pierna y estaba en una camilla pues el golpe en su rodilla no le permitía desplazarse normalmente.

Otra estudiante relató que la manifestación era pacífica pero que “llegó la policía y empezó a agredirnos con palos, bombas y piedras”.

Hay un compañero que le fracturaron la rodilla y fue llevado al Hospital Escuela, siempre ha sido coordinador del Frente de Pedagogía.

Nos hemos reunido en forma espontanea porque no estamos de acuerdo con esto.

Me cayó también a mí una bomba, ellos vinieron a golpearnos e irrespetaron la autonomía universitaria porque se metieron y lanzaron gases a pesar que habían estudiantes recibiendo clases. Han quedado 25 heridos y 18 detenidos, dijeron que los iban a llevar a la Metropolitana Número uno, pero los jefes policiales manifestaron que no había habido detenciones.

El COFADEH y otras organizaciones se hicieron presentes a indagar a algunas postas de policía sin constatar las detenciones, por lo que se sigue en investigación pues en algunos momentos del golpe de Estado las personas eran llevadas a centros ilegales de detención y se teme que pudiera haber pasado lo mismo en este caso.

“A nosotros nadie nos va a confundir, fuimos a votar y en la escuela de mi comunidad doña Xiomara ganó 12 urnas de 14 y en el Tribunal Supremo Electoral dijeron que Juan Orlando ganó todas las urnas”, señaló un estudiante que se mostró indignado ante el fraude electoral.

Denunció que durante la protesta los cuerpos de seguridad activaron las cámaras frente a la universidad para identificar a los manifestantes  a pesar que estaban protestando pacíficamente.

Ante la represión los estudiantes se parapetaron dentro de la universidad y no permitieron el ingreso de la policía a la que igual que en las otras ocasiones en que entran a ese centro de estudios fueron sacados con piedras.

Una delegación de COFADEH y Observadores Internacionales llegaron a la zona para verificar la situación de derechos humanos, hablando con los jefes de policía para que se permitiera una salida sin represión para los estudiantes, ya que se prorrogaba demasiado el uso de los gases lacrimógenas, a lo que se accedió por parte de ellos y al final los estudiantes salieron pacíficamente hasta sus casas.

Cada vez que los estudiantes universitarios inician manifestaciones pacíficas la UNAH es militarizada  y la utilización de tanquetas con gas pimienta se ponen en práctica.

Reporteros sin Fronteras denunció “periodistas agredidos en los altercados entre policías y estudiantes se encontraban: Mario Fajardo, fotógrafo del diario La Tribuna, y Victoria Aguilar, corresponsal de Globo TV, quien perdió el conocimiento debido al gas lacrimógeno”.

El 24 de noviembre se llevaron a cabo elecciones generales en Honduras con la participación de nuevas fuerzas políticas, entre ellas el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, constituido después del golpe de Estado, pero aunque los resultados en las urnas daban la victoria a la candidata de este partido, en las computadoras del Tribunal Nacional de Elecciones, TSE, los resultados favorecieron al candidato oficialista del Partido Nacional Juan Orlando Hernández.

Delegaciones internacionales que hicieron observación electoral y de derechos humanos en sus informes preliminares señalaron que habían documentado un sin número de irregularidades en las elecciones que denotaban el fraude electoral y demandaron a la embajada de Estados Unidos en Honduras a abstenerse de pronunciarse sobre la validez o no del proceso electoral en Honduras, además criticaron a otras delegaciones como las de la UE y la OEA por no señalar estas irregularidades a pesar que fueron demasiado evidentes.

Las protestas contra el fraude electoral se iniciaron desde las juventudes desde el 25 de noviembre cuando los y las jóvenes del Partido LIBRE salieron a las calles a reclamar el respeto a la decisión popular en las urnas, la policía en esta fecha no hizo acciones represivas, no así el siguiente día contra los universitarios.

El 25 de noviembre miles de personas salieron a las calles en Santa Bárbara para declarar a Xiomara Castro como presidenta de la república, en su mayoría eran jóvenes.

Los y las universitarias se auto convocaron este día para continuar con las protestas pacíficas. En las primeras horas de la mañana se trasladaron a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en una movilización pacífica que era seguida al menos por dos patrullas policiales, y todavía permanecen reunidos para tomar decisiones sobre próximas acciones.

Los jóvenes han sido uno de los sectores bastante reprimidos en Honduras desde el golpe de Estado, decenas han sido llevados a postas de policía cuando hacen uso de la protesta pacífica para reclamar sus derechos.

 

 

Last Updated ( Wednesday, 27 November 2013 13:41 )

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2878:primera-represion-violenta-contra-estudiantes-universitarios-que-protestaban-contra-el-fraude-electoral&catid=94:articulos&Itemid=329

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HONDURAS: Organizaciones internacionales llegan para constatar situación de derechos humanos y transparencia del proceso electoral en Honduras

jueves, 21 de noviembre de 2013

Organizaciones internacionales llegan para constatar situación de derechos humanos y transparencia del proceso electoral en Honduras  

La delegación conformada por organizaciones de la sociedad civil   europea y de organizaciones sindicales agrupa a unas 14 redes de   instituciones que llegaron al país con el objetivo de investigar   denuncias de violaciones a los derechos humanos contra organizaciones   sociales; observar el nivel de transparencia en las elecciones del 24 de   noviembre, y después emitirán informes para socializar las conclusiones   a la sociedad europea.
Estas delegaciones realizaron una conferencia de prensa por la mañana   de este jueves 21 de noviembre, en la sede el COFADEH, donde hablaron   con periodistas de distintos medios de comunicación para exponer los   objetivos de su venida al país.

Existe a nivel mundial sindical una tremenda preocupación por la   situación de impunidad y de violaciones a derechos humanos y   vulnerabilidad de los grupos sociales como campesinos obreros y por eso   estamos aquí para acompañar la observancia de los derechos humanos en   este país, el proceso electoral, recoger testimonios y dar seguimiento a   las violaciones que se cometen en el país, expresó una integrante de   dicha delegación.
 Más de 350 mil afiliados trabajando con los movimientos sindicales, les   preocupa el contexto en que se mueve la situación alrededor de los   sindicatos.

Junto a la delegación estuvo la Coordinadora General del COFADEH quien   manifestó que han unido esfuerzos con diferentes organizaciones locales   como CEM-H, CDM, STIBYS y  Visitación Padilla, viendo que la situación   es más vulnerable en todas las regiones y este monitoreo ya está dando   como resultado diversas denuncias de violaciones a los derechos   fundamentales de los ciudadanos, pero llamó al pueblo a no tener miedo.

“La idea es informarle a la comunidad nacional e internacional sobre la   vulnerabilidad de la situación de los defensores y defensoras de   derechos humanos, pero a la vez darle a conocer nuestra esperanza, para   que el pueblo vaya a ejercer el sufragio porque hay una campaña de miedo   para que no tome su decisión”, expresó Oliva.

Los que estamos aquí tenemos el concepto claro de cómo se debe   construir una ciudadanía participativa y hemos puesto a la orden dos   líneas telefónicas que son atendidas las 24 horas del día en los   celulares 97 20 56 73 y el 33 47 78 19 con los correos electrónicos monitoreocofadeh2013@gmail.com y monitoreocofadeh2013@hotmail.com

La Coordinadora de COFADEH presentó ante los periodistas a la señora   Digna Santamaría quien es la madre de Osbin Caballero Santamaría y a su   esposa Rosa Florinda Alvarenga. La primera señaló al comandante de la   Operación Xatruch, Coronel German Alfaro, del asesinato y posterior   desaparición  de su hijo, en un operativo militar desarrollado en la   comunidad de Samaria, Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios.   Más de 60 militares llegaron a la casa de la pareja conformada por   Osbin y Rosa Florinda que se encontraban con su dos niñas, el pasado 30   de octubre.

Los   militares hicieron una balacera dentro de la casa e hirieron a Osbin   mientras a Rosa Florinda y a sus niñas las llevaron hacia la cocina y no   le permitieron auxiliar a su compañero de hogar que estaba   desangrándose, según el relato de la joven mujer después se lo llevaron,   “creo que iba muerto pues dos militares lo cargaban en sus brazos y los   subieron al helicóptero, desde esa fecha no lo he vuelto a ver.

La búsqueda ha sido infructuosa, desde las Fuerzas Armadas hay negación   de los hechos y los habeas corpus presentados por el COFADEH no han   dado con su cuerpo a pesar que la Corte Suprema de Justicia nombró a   cuatro jueces ejecutores, el 31 de octubre pasado, un día después de los   hechos.

Doña Digna les explicó que ella es miembra del Movimiento Unificado   Campesino del Aguán, MUCA, sometido a una intensa criminalización en su   lucha por la tierra.
La joven Rosa Florinda Alvarenga, no pudo dar el testimonio de la   odisea que vivió el pasado 30 de octubre cuando los militares la   sometieron, el recuerdo de los hechos la mantiene en un gran  trauma.

Arturo Ruiz de la Federación Internacional de Trabajadores del   Transporte, ITF, expresó que el escenario electoral en Honduras se   desarrolla en un clima tenso y controversial. “Creemos que este proceso   electoral en Honduras abre el camino para construir a la Honduras que se   merecen, la presencia nuestra aquí obedece para poner en práctica   nuestra solidaridad con el pueblo hondureño, por eso solicitamos a los   partidos político y a las autoridades para que se comprometan a respetar   los comicios.

Informaron que estas delegaciones enviarán sus informes escritos y audiovisuales al Parlamento Europeo.

Los periodistas preguntaron sobre la militarización que sufre todo el   país y qué perciben las delegaciones internacionales, al respecto les   respondieron que se empezó con un testimonio muy fuerte sobre la   desaparición forzada de Osbin Caballero Santamaría y que continuarán   observando para emitir sus informes.

En relación a que tres medios de comunicación en Honduras no firmaron   un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, TSE, porque viola la   libertad de expresión, se les consultó a los delegados internacionales   quienes manifestaron que todos los días se producen unos 18 asesinatos, y   que por eso la observación no solamente es del proceso electoral sino   todo lo relacionado con la democracia la cual se construye con la   participación y respeto de todos los actores donde los medios de   comunicación son fundamentales.

También se les consultó desde la prensa nacional de una campaña de   desprestigio contra el Partido Libertad y Refundación, y los medios de   comunicación que se opusieron al golpe de Estado. La respuesta la   proporcionó la Coordinadora del COFADEH, que señaló que “no debemos   asustarnos pues ese es el propósito, al pueblo hondureño lo sometieron   al terror y el pueblo hondureño venció el miedo, pero todo eso fracasó y   lo que se está lanzando es uno de los últimos cartuchos utilizados, que   contempla el secuestro de la información para evitar que la verdad se   difunda.

Quieren que se reporta lo que ellos quieren que se informe, por eso   pido calma, hay que tener conciencia ciudadana de lo que se vive en el   país, han perdido el tiempo, pues en estos momentos hay diferentes   formas de informar, eso les preocupa a ellos, pues quieren que no se   hable de violaciones a derechos humanos y de las campañas de   desprestigio contra defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la   Industria de Bebidas y Similares, STIBYS, expresó que todo forma parte   del terror que se le quiere meter al pueblo de Honduras.

Nos quietan la energía eléctrica, ponen al ejército y la gente puede   decir esto se está poniendo feo y no voy a ir a votar, pues esta campaña   de miedo no va contra los miembros duros de los partidos sino contra   los indecisos. Estos procesos de intimidación y de invención de actos   son una acción bien planificada por la CIA de los Estados Unidos.

“Aquí se pueden inventar cualquier cosa y siembran la duda de qué va a   pasar después de las elecciones para seguir metiéndonos terror, no   debemos caer en eso y no debemos publicitarlo, pues si una persona no   está bien ubicada en el contexto nacional, se pierde”,  recalcó Reyes.

Los observadores internacionales dejaron establecido que a pesar de los   peligros que corren al estar en el país después de que se han realizado   actos contra otras delegaciones como los integrantes de PROZH en julio   pasado que fueron secuestrados en la comunidad de Nueva Esperanza, en   Tela Atlántida y recién ayer a otra misión canadiense, de Estado Unidos y   periodistas internacionales quienes fueron retenidos por empelados de   la empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, cuando se trasladaban a   Río Blanco para verificar violaciones a derechos humanos del pueblo   Lenca en la comunidad de Río Blanco.

“Sabemos que estamos expuestos igual que ustedes pero esperamos que las   autoridades permitan que la población se exprese, y en relación a ellos   están tomando las medidas necesarias. Los ojos del mundo están mirando a   Honduras  a este proceso electoral por su importancia a futuro, sería   una estupidez de las autoridades porque la reacción sería contraria a   los objetivos que se proponen”, señalaron y entregaron a los periodistas   un comunicado. Vea contenido del comunicado.

Reciben charla sobre proceso de elecciones

Por la tarde la misma delegación compartió una charla del Centro de   Estudios para la Democracia, CESPAD, a cargo de Francisco Saravia,   Director Ejecutivo de dicha organización que dio un contexto general del   proceso electoral en Honduras, cómo está organizado el sistema político   en el país y cuál es el papel que juegan los observadores electorales   en las próximas elecciones del próximo domingo 24 de noviembre.

Señaló cuáles son los pasos para participar como miembro de una mesa   electoral y el papel que juegan las personas que la integran, al igual   todos los pasos que deben seguir el día de las votaciones.

Saravia destacó que los observadores deben documentar cualquier anomalía que se produce el día de los comicios.

Antes ya había hablado del material que contiene la maleta electoral,   la cual debe venir sellada, se firma la recepción de dicha maleta y que   contiene todos los materiales necesarios. La firma del acta de apertura   de las elecciones y el acta de cierre. También que debe verificarse que   los miembros de la mesa deben estar debidamente autorizados por el TSE   para ser parte de las mesas electorales.

      Proyecto  Monitoreo de Derechos Humanos en el Proceso Electoral 2013

          COFADEH
Teléfono: 3347-7819 / 9720-5673
E-mail: monitoreocofadeh2013@gmail.com / monitoreocofadeh2013@hotmail.com

Publicado por Américo Roca Dalton en 23:07

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2013/11/honduras-organizaciones-internacionales.html

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Aclaración pública sobre las circunstancias del secuestro de dos observadores de PROAH en la comunidad de Nueva Esperanza

 Friday, 15 November 2013 18:05 Administrador

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Expresamos nuestra alta preocupación por declaraciones pronunciadas por representantes del Estado y otras personas participando en el programa de televisión Frente a Frente, en dos ocasiones: el 5 y el 12 de noviembre de 2013, acerca del secuestro de dos observadores del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), ocurrido el 25 de julio de 2013.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) se estableció en el país en septiembre de 2010, en respuesta al deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos después del golpe de estado de 2009. Su mandato es de brindar acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos. Es un proyecto de la ONG estadounidense Oficina de Amistad de las Americas (Friendship Office of the Americas).

El 25 de julio de 2013, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, de nacionalidades francesa y suiza, estaban visitando a la comunidad de La Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Esta comunidad lleva más de un año sufriendo persecución, incluso por parte de la policía y hombres contratados por la empresa Minerales Victoria, por su oposición pacífica a un proyecto de exploración minera otorgado por el Estado sin su consentimiento. Ese día, los observadores fueron raptados por dos horas y media por hombres de la minera, fuertemente armados. Este grave incidente fue denunciado legalmente y públicamente1 por las víctimas del secuestro. Amnistía Internacional emitió una alerta detallando los hechos.2

El 5 de noviembre pasado, el secuestro fue punto de debate público cuando el presentador del programa Frente a Frente se refirió a la reunión de Bertha Oliva del COFADEH3 y Victor Fernández del MADJ con miembros del Congreso de los Estados Unidos, donde ella mencionó el secuestro de observadores internacionales. El presentador del programa y sus invitados insistieron en no haber escuchado nada sobre el mencionado secuestro, y en base de esto y otros puntos, señalaron a Bertha Oliva, de hacer denuncias sin fundamento. El programa provocó un fuerte reclamo por parte de Human Rights Watch4, lo cual instó al gobierno de Honduras a “repudiar públicamente las críticas” y denunció “tácticas de descrédito que ponen en riesgo” a los líderes de la sociedad civil en el país.

Luego, el programa del 12 de noviembre otorgó al MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), organización que apoya a la comunidad de Nueva Esperanza,un espacio para que sus tres representantes, incluso Victor Fernández, pudieran responder a los señalamientos hechos en Frente a Frente la semana anterior, y exponer la situación de la comunidad y las circunstancias del secuestro. Además, fueron invitadas dos representantes del Estado.

Mientras se verificó que el secuestro sí había ocurrido, en vez de disculparse con Bertha Oliva por las acusaciones en su contra, en esta ocasión el presentador buscó justificar su ignorancia del caso declarando que pensaba que se refería a observadores electorales en lugar de observadores de derechos humanos.

Son sumamente preocupantes las declaraciones de Marcela Castañeda, Subsecretaria de Seguridad, aparentemente basadas en informes de la policía, que dan una versión errónea de los hechos. La Subsecretaria alegó públicamente que los observadores internacionales de PROAH, cuando fueron secuestrados, habían entrado “sin autorización” en una propiedad privada (presuntamente de la minera) para tomar fotos. Alegó también que fueron llevados en un carro hasta la posta de policía de Nueva Florida, y luego la policía organizó su viaje seguro a Tegucigalpa, insinuando que el rapto era posiblemente justificado, minimizando la gravedad del delito. Estas declaraciones son totalmente incorrectas. Además, tanto la Subsecretaria de Seguridad como Martha Sabillón, Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, declararon que todavía faltaba investigar los hechos. En realidad:

– Las investigaciones ya son tan avanzadas que la Fiscalía de la Ceiba ha emitido una orden de captura contra uno de los secuestradores, quienes son también responsables del hostigamiento a la comunidad. Lamentablemente, hasta la fecha, esta orden no ha sido ejecutada por la policía.

– Fueron los secuestradores que entraron sin autorización en propiedad privada, no los observadores. El 25 de julio de 2013, los observadores estaban acompañando a la familia de Concepción Gutiérrez, en vista de las amenazas que había recibido por parte de trabajadores de Minerales Victoria por resistirse a vender sus tierras a esta minera. Siete guardias de seguridad, fuertemente armados, llegaron a la propiedad de la familia, sin su permiso, amenazando a los dos observadores internacionales con sus escopetas. Fueron reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera. Tal fue la seriedad de las amenazas que la familia huyó de la comunidad el mismo día, después del secuestro de los observadores.

– Los observadores fueron forzados por los hombres armados a subir en su camioneta, y llevados a la comunidad de la Nueva Florida.

– Durante el rapto, uno de los secuestradores amenazó que si los observadores volvieran, les “perderían en el bosque” y otro que, si denunciaran los hechos, la comunidad “sufriría represalias.”

– Después de dos horas y media de captura, dejaron a los observadores en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am. Los observadores esperaron allí durante una hora hasta que una patrulla de policía los llevara a Tela, como consecuencia de las gestiones de emergencia realizadas por COFADEH y otros defensores de derechos humanos nacionales.

– Durante la entrada no autorizada y forzada a propiedad privada por parte de los hombres armados y en todo el transcurso del secuestro, la policía local no respondió a los llamados de emergencia que le hicieron miembros de la comunidad, a pesar que ambos observadores se habían presentado en la posta policial e informado sobre su presencia y labor en la comunidad el día anterior, cuando llegaron.

Recibimos las palabras de apoyo a defensores de derechos humanos por parte de Martha Sabillón. Sin embargo, observamos con una gran preocupación las declaraciones antes mencionadas sobre el secuestro, con la consecuencia de descalificar el trabajo legítimo de defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Cabe subrayar que hasta la fecha, no ha habido ninguna acción por parte del Estado para que cese el hostigamiento y la persecución a la comunidad de la Nueva Esperanza. Los hombres armados siguen atemorizando diariamente a la población indefensa.

1 Véase, por ejemplo, los artículos de PROAH sobre el asunto – Accion Urgente: Dos miembros de PROAH secuestrados por hombresarmados de la empresa minera en La Nueva Esperanza, La Nueva Esperanza: Hasta ahora una situación de impunidad flagrante y un artículo del periódico nacional El Tiempo Denuncian amenazas contra observadores internacionales

2 Amnistía Internacional Acción Urgente AU: 200/13 Índice: AMR 37/008/2013 Honduras, del 30.7.13

3 Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.

4 Human Rights Watch Comunicado del 8.11.13Honduras: Tácticas de descrédito ponen en riesgo a activistas

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:aclaracion-publica-sobre-las-circunstancias-del-secuestro-de-dos-observadores-de-proah-en-la-comunidad-de-nueva-esperanza&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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