• Entre enero y marzo de este año se han registrado dos asesinatos contra comunicadores sociales y más de 40 agresiones contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En los primeros tres meses del año, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) registró 4 violaciones contra la libertad de expresión que han dejado como víctimas a 46 periodistas, dos defensores de derechos humanos, siete políticos de la oposición, tres medios de comunicación, decenas de estudiantes de educación media y un colectivo de artistas nacionales. Estas cifras que triplican las agresiones cometidas en 2014. La cifra más elevada en los últimos siete años.
El escenario de irrespeto de los derechos humanos, y en particular del derecho a la libertad de expresión en Honduras, parece acercarse a una situación de crisis humanitaria, válida para la intervención de organizaciones humanitarias. No en vano se apresta a situarse en el país la
Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas.
De acuerdo con la Unidad de Monitoreo, Investigación, Análisis y Seguimiento de las Agresiones contra la Libertad de Expresión de C-Libre en 2014 el número de agresiones registradas entre enero y marzo fueron un total de 14, para un promedio mensual de 4.66 agresiones, mientras que este año el número de agresiones registradas se triplicó a 44, para un promedio mensual de 14.66.
Ese mismo registro indica que en este mismo período durante el 2008 se produjeron dos agresiones, en 2009 ocho, en 2010 doce, en 2011 se incrementan a 23, mientras que para 2012 las cifras se incrementan, cerca de un 100 por ciento, con 41 agresiones registradas; para el 2013 tienden a bajar nuevamente con 26 y en 2014 se reducen nuevamente a 14.
Si comparáramos los primeros tres meses, de enero a marzo, con los últimos siete años, la actividad violatoria de este derecho enfrentaría una escala de proporciones mayúsculas. De enero a diciembre de 2007, C-Libre registró un promedio de seis agresiones mensuales, mientras que de enero a marzo de 2015, pasaron a un promedio mensual de 14.6.
Al hacer un análisis comparativo de la situación de la libertad de expresión, el Comité por la Libre Expresión destaca que las violaciones más graves registradas en este período en cuestión, son los asesinatos del operador de Radio y TV Globo,
Erick Arriaga, en Tegucigalpa, y del comunicador social
José Carlos Fernández Umaña (54), en Coxen Hole, Roatán, departamento de Islas de la Bahía.
En ambos casos, las autoridades hondureñas no han podido determinar que esté relacionado con su trabajo periodístico, pese a haber detenido al supuesto autor de uno de los crímenes.
Gabriel Amador Moradel, de 35 años, guarda prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara, fue detenido por la Policía Nacional horas después del asesinato de Fernández y fue acusado, al inicio, por el delito de tráfico de drogas y posesión de un arma de fuego, pero después la fiscalía de Delitos Contra la Vida lo señala de participar en la muerte del empresario y presentador de noticias de Canal 27.
Sin embargo, para diferentes periodistas -consultados en la ciudad insular de Roatán- la acción podría ser interpretada con “siembra de evidencia”, debido a la rapidez con que se ejecutaron las acciones, “sabemos que inclusive la droga tuvo que ser repuesta, porque algunos elementos policiales la habían sustraído, entonces el caso no les cuadraba”, relataron.
Aumentan presiones contra medios opositores
En los últimos siete años, C-Libre documentó e investigó 73 agresiones en contra de periodistas y comunicadores de Radio y TV Globo, un medio de comunicación considerado como opositor y crítico al gobierno.
Estas agresiones van desde intimidaciones, obstrucciones o bloqueos informativos, hostigamiento judicial, bloqueo de publicidad estatal, seguimientos vehiculares, allanamientos ilegales, hackeos de páginas web’s y de redes sociales, suspensión de trasmisiones, abuso de la fuerza de seguridad estatal, destrucción de equipos de transmisión, sabotajes, robo de equipos, robo de viviendas, hasta los llegar a las agresiones físicas, atentados, exilios forzosos, amenazas a muerte, asesinatos de personas allegadas al medio o familiares de periodistas y el asesinato de dos miembros del staff de profesionales, pese a que, varios de los integrantes de este medio de comunicación tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Honduras (CIDH).
En ese contexto, la muerte del operador técnico de
Erick Arriaga, acribillado con arma de fuego, en la colonia 21 de Febrero, de la capital hondureña, es de notable preocupación, pues representa la tercera muerte de un miembro del staff de TV Globo, después del secuestro y posterior asesinato de
Aníbal Barrow, conductor del programa “Aníbal Barrow Nada Más” y del corresponsal,
Juan Carlos Argeñal en la ciudad de Danli, departamento de El Paraíso.
Agresiones contra la prensa en manifestaciones
Otra agresión grave se presentó en el marco de las jornadas de protesta estudiantil en diferentes sectores cuando miembros de la Policía Nacional despojaron a dos camarógrafos de sus equipos de trabajo y
atacaron a diez periodistas, durante la cobertura de una manifestación estudiantil en el oriental departamento de Olancho. Días más tarde, los policías acusados aún se encontraban en el proceso de audiencias de descargo.
También en el marco de otra jornada de protesta social, en Tegucigalpa, por el tema educativo los titulares de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, y de Seguridad, el general retirado Julián Pacheco Tinoco y el Secretario de Relaciones Exteriores, Arturo Corrales, han criminalizado públicamente a dirigentes estudiantiles, defensores de derechos humanos y a comunicadores a través de comunicados de prensa y declaraciones en diferentes medios de comunicación.
Estado incumple recomendaciones del EPU
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| Secretarios de Estado en Relaciones Exteriores, Arturo Corrales, en Educación, Marlon Escoto; y Seguridad, el general retirado Julián Pacheco Tinoco. |
Las acciones policiales riñen directamente con las recomendaciones realizadas durante el último Examen Periódico Universal, tal es el caso de la realizada por el gobierno de Suecia (82.93) que sugirió «tomar todas las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, en particular garantizando que los periodistas y los miembros de la oposición política puedan expresar sus opiniones sin temor a la intimidación, e investigando y enjuiciando a los responsables de los actos de violencia cometidos contra periodistas».
Igualmente, Suiza, (82.94), recomendó «poner en práctica una política activa de prevención de la violencia y los actos de intimidación contra los medios de difusión y los miembros de la oposición política, y dotar a los mecanismos establecidos de los recursos y medios necesarios para cumplir su mandato en la esfera de la protección de los derechos humanos».
Australia (82.97) también demandó «garantizar la libertad de expresión, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en relación con los periodistas, los activistas de derechos humanos y los miembros de la oposición».
Mientras que la recomendación 82.99, de Uruguay, cita, «velar por que los periodistas, los formadores de opinión, los miembros de la oposición y los defensores de los derechos humanos puedan expresar sus críticas y opiniones libremente y en paz, y poner fin a los actos de hostigamiento contra los opositores al golpe de Estado y contra los jueces, en vista de la separación de poderes».
Así también República Checa (82.100), sugiere, «garantizar la libertad de expresión, en particular combatiendo los ataques contra periodistas y asegurando que los periodistas, los formadores de opinión y los miembros de la oposición política sean libres de expresar sus puntos de vista».
En ese sentido, el Comité por la Libre Expresión recuerda a los miembros de la Fuerza Pública que los periodistas tienen el derecho de cubrir manifestaciones sociales con el objetivo de registrar los hechos que son de interés para la opinión pública y que los agentes deben ser garantes de este derecho.
Las amenazas directas contra los periodistas
C-Libre observa también con suma preocupación las 37 amenazas directas a periodistas y comunicadores o trabajadores de medios de comunicación en lo que va de 2015. Este tipo de restricciones contra la libertad de prensa demuestran que no existen las garantías suficientes para que los periodistas realicen su trabajo y pueden, ocasionar otro tipo de restricciones y agresiones contra ellos.
«Mi situación es de persecución por parte del gobierno», dijo Vallejo en declaraciones a medios costarricenses. «Hace tres meses, me golpearon, miembros de la Policía Militar, y todavía no saben por qué”. Vallejo informó del incidente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, “pero no pasó nada.»
«El sistema de justicia en mi país no funciona – por lo menos no para los periodistas que están en contra de la corrupción del gobierno», dijo.
La noche del ataque, Vallejo se dirigía a su apartamento cuando tres miembros de la Policía Militar lo enfrentaron. Él dijo que los hombres llevaban parte de sus uniformes, y dos de ellos lo atacaron. El tercer hombre gritó que la paliza fue para darle una lección.
Vallejo afirma que las amenazas y golpes, sin embargo, no son de ninguna manera relacionados con su pertenencia a la comunidad LGTB, un argumento frecuentemente utilizado por las autoridades hondureñas para hacer a un lado los homicidios por motivos políticos, dijo.
En febrero, C-Libre denunció la discriminación y abuso de control oficial, de la alcaldesa del municipio de La Paz,
Gilma Ondina Castillo, porque ordenó el decomiso de una cámara filmadora, propiedad del periodista Gilberto Gálvez.
El corresponsal de HRN y Televisión Educativa Nacional, en el departamento de La Paz Gálvez, ha denunciado en reiteradas ocasiones las intimidaciones y acusaciones de parte de las autoridades edilicias. La alcaldesa de La Paz lo acusó, mediante querella penal, de injurias constitituivas de difamación por un comentario en Facebook.
El 27 de marzo, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa declaró culpable por los delitos de injurias constitutivas de difamación a la defensora de derechos humanos,
Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento de Mujeres “Visitación Padilla”.
Según los hechos probados ante el tribunal, el 15 de noviembre del año 2010, en horas de la mañana, el periodista Edgardo Escoto de Canal 13 TVN Hondured transmitía desde las afueras de Fundevi una protesta. Al ser entrevistada por el periodista, Lanza manifestó que el motivo del plantón en el lugar era para apoyar y acompañar a la ex empleada de la institución Lesbia Liliana Pacheco Kristoff, porque había denunciado ante el Movimiento feminista a Reyes Flores por acoso laboral y acoso sexual. En la manifestación, portaban pancartas en las que se leía: “Juan Carlos Reyes acosador de mujeres”.
La Corte Suprema de Justicia deberá resolver el recurso de casación contra la condena de un año con seis meses de prisión, más las penas accesorias, impuesta en su contra, el 26 de marzo, por el Tribunal de Sentencia de la Sala Uno de Tegucigalpa.
Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/se-triplican-agresiones-la-libertad-de-expresi%C3%B3n-en-honduras-0
Ariel Torres Funes 
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