Corte Penal Internacional (CPI) mantiene abierto el caso de Honduras y vendrá al país en septiembre de este año

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Tegucigalpa.

La coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva dijo a defensoresenlinea.com, que en el mes de septiembre de este año, diversas organizaciones de la sociedad hondureña estarán proporcionando nueva información a la Corte Penal  Internacional (CPI) que mantiene abierta su investigación sobre el caso de Honduras para determinar que existió -posterior al golpe de estado de 2009-, un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

“Hemos venido trabajando en varios momentos y ahora lo que estamos haciendo es poner toda la información que se considera relevante para que el caso de Honduras se maneje abierto ante la CPI”, anunció Oliva.

En la visita a Honduras entre el 24 al 28 de marzo de 2014, la misión de la Corte Penal internacional (CPI)  escuchó los testimonios de diversos sectores que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos después del golpe de estado de 2009.

Esta semana la CPI ha sostenido comunicaciones fluidas a través de conexiones on line (en internet) con defensores y defensoras de derechos humanos de Honduras para facilitar herramientas que respalden las denuncias ampliadas de casos relevantes que se presentarán a una misión de la CPI que arribará en septiembre próximo.

“La CPI es totalmente diferente y además son denuncias de carácter penal , de ahí que es importante resaltar que pese al desconocimiento que hemos tenido como organizaciones de defensoras de derechos humanos en girar informaciones a la CPI, porque nunca antes se había hecho, y siempre lo habíamos hecho de cara al Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), ahora esta es una lógica jurídica totalmente diferente, no ha sido fácil, pero eso no quiere decir que no se han cometido crímenes de lesa humanidad de los cuales conoce y son competencia de la CPI”.

“Nosotras estamos en ese ejercicio tratando de organizar para que no se vaya a descalificar bajo el alegato que no se encuentra relevante la información y que esta pueda calificar para los mandatos que ellos tienen, me parece que como reto para las organizaciones de derechos humanos es muy importante y a nosotras nos gustan los retos y los desafíos”, expresó la Coordinadora del COFADEH.

La reconocida defensora de derechos humanos añadió que como experiencia ésta dinámica está pareciendo muy interesante y “estamos casi convencidas que si la CPI estuviera involucrada más directamente de lo que sucede en nuestro país, no tendrían ninguna duda en calificar que los hechos que se están viviendo, sí son competencia de la CPI, por ejemplo los grupos vulnerables que han venido siendo históricamente marginados como son los pueblos indígenas, hay una agresión que se profundizó después del golpe de estado con los relatos que tenemos de las propias personas que sufren los embates”.

“Cuando uno mira que una comunidad totalmente indígena ha tenido que enfrentar la brutalidad, cuando hay jóvenes y niños de 11 a 16 años que están siendo acusados y adultos mayores de 74 años y con mujeres embarazadas que están siendo detenidas y mujeres con sus pequeños hijos de 4  años y de 3 meses han sido detenidas en presidios, uno se pregunta en qué país vivimos y ¿qué es lo que está pasando?”, comentó Oliva.

Cuando hay casos que nos han venido a denunciar donde hay niñas que les han dictado medidas sustitutivas a la prisión y que por eso tienen que cumplir con estar yendo a firmar cada ocho días o una vez por semana y a  la madre se le dictaron las mismas medidas, sin tener una causa abierta, se entera uno de cómo el sistema está operando; esos son casos que aplican a cabalidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Oliva se refirió al reciente caso donde unas 20 familias de la Empresa Asociativa Juan Almendáres Bonilla fueron brutalmente desalojadas por agentes policiales de las tierras que poseían desde hacía 6 años en un sector del municipio de  Planes de Santa María en el departamento de La Paz.

Al respecto la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) denunció que este brutal desalojo fue orquestado por terratenientes de la zona ligados al poder político y en confabulación con el sistema judicial, que atentó y violentó los derechos humanos de las familias que estaban en posesión de las tierras que ancestralmente les pertenecen a las comunidades lencas, así como lo establece el artículo 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT).

Producto del desalojo ejecutado el 16 de julio de este año, 16 personas, 13 hombres y 3 mujeres,  fueron enviadas al presidio de Marcala y han permanecido recluidas hasta la fecha, acusadas de 5 delitos, entre éstos, usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, hurto, daños al ambiente y atentar contra la seguridad del estado o sedición.

Cabse resaltar que dos campesinas en estado de embarazo, permanecieron recluidas en el centro penal de Marcala por más de 20 días.

“Yo creo que nos toca un poco más de reunir toda la información que muestra el salvajismo en que se vive y no le quedará ninguna duda a la CPI para mantener abierto el caso de Honduras”, señaló la defensora de derechos humanos.

La Corte Penal Internacional persigue a personas revestidas de autoridad, pero también investiga hasta llegar a los autores intelectuales que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que están cometiendo  torturas, que están criminalizando a una población por ser campesinos o por ser indígenas, entonces ahí me parece que sí hay mucho que trabajar y como expresé es una experiencia nueva con retos y desafíos que tenemos que cumplir y debemos estar preparadas, apuntó Bertha Oliva.

Una misión de la Corte Penal Internacional (CPI) visitó el país del 24 al 28 de marzo de 2014 y sostuvo reuniones a puertas cerradas con autoridades del gobierno, así como con organizaciones defensoras de derechos humanos, porque a criterio de la CPI,  las mismas deben manejarse en estricta confidencialidad, especialmente las relacionadas a los testimonios de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

La misión estuvo conformada por los juristas  Javier Aguirre, Eugenia Valenzuela y Franco  Matillana que se reunieron el jueves 27 de marzo de 2014 con delegados del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), organizaciones populares, sindicales, jueces, fiscales, periodistas, ex funcionarios de la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales  y defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros.

En una de sus intervenciones y a las que tuvo acceso defensoresenlinea.com,  Javier Aguirre expuso que en Honduras  hay dos materias en estudio: Los asesinatos contra periodistas, líderes sociales y la segunda, la situación del Bajo Aguán. Hay comunicaciones  e Informes recibidos desde del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán. Está claro que hay muertes violentas en un contexto de conflicto social por la tierra.

El jurista internacional señaló que debe establecerse las causas de las muertes, quién está matando y si hay algún esquema sistematizado de estas muertes. El crimen de lesa humanidad es un ataque sistemático  contra la población civil, torturas, persecución que responde a una política organizativa del estado, concepto que no existía hasta hace algunos años y que es el más difícil de establecer para un examen de la Fiscalía, señaló Javier Aguirre.

La CPI se guía por pruebas de información, grupo armado, rebelde, milicia, un jefe de estado, un presidente, da igual, “ese es nuestro trabajo, en Honduras ese trabajo está en una fase preliminar”, enfatizó el representante internacional.

Antecedentes de la reunión de la CPI con el movimiento social hondureño en 2014

En aquella oportunidad La Plataforma Agraria denunció que desde  enero de 2010 a octubre 2012, más de 3 mil campesinos y campesinas fueron acusados por el delito de usurpación de tierras, porque según los denunciantes, la Fiscalía y los tribunales de justicia actúan al servicio de los terratenientes.

Por otro lado se informó que desde el 2012 a la fecha unos 500 campesinos enfrentan acusaciones judiciales a quienes se les ha aplicado una serie de medidas para evitar la privación de libertad. Otras cifras brindadas por el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDA) apunta que en los últimos años unos 127 campesinos han muerte en condiciones violentas y que hay al menos 6 casos de desapariciones forzadas.

En otra de las reuniones que llevó a cabo la delegación de la Corte Penal internacional (CPI), se conoció sobre las denuncias en torno a que durante la administración del Fiscal General Luis Alberto Rubí se produjo persecución política y discriminación contra fiscales que se manifestaron en contra del golpe de Estado y pretendieron defender los derechos humanos de las víctimas.

Por otra parte la Asociación de Jueces por la Democracia (ADJ) expuso que de 2010 a 2013 fueron asesinados  67 abogados, de los cuales el 97 por ciento se encuentran en total impunidad.

El representante de esta organización el  ex juez Guillermo López Lone (separado de su cargo en 2010 por manifestarse en contra del golpe de Estado), presentó 4 casos emblemáticos con respecto a  la muerte violenta de los profesionales del derecho.

López Lone cito el caso del abogado Antonio Trejo Cabrera asesinado el 23 de septiembre de 2012. Trejo había presentado un recurso contra la creación de la Ley que permiten las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades modelo y era el apoderado legal del Movimiento Unificado campesino del Aguán (MUCA).

Otro caso que citó López Lone fue el del  fiscal Manuel Díaz Mazariegos, asesinado por varios sujetos en Choluteca. Su cuerpo presentaba 9 impactos de bala mientras se conducía a pie hacia el Ministerio Público desde los tribunales.

El tercer caso es el del  Fiscal Orlan Chávez, asesinado el 18 de abril de 2013, interceptado por desconocidos en los bajos del Estadio Nacional. Los sicarios le dispararon hasta matarlo. Chávez fue el creador de la Ley Contra el Lavado de Activos y la Ley de Privación de Dominio.

Y el cuarto caso citado fue el de la jueza Mireya Mendoza Peña, asesinada el 24 de julio de 2013 en el Progreso. Mendoza Peña  era jueza del Tribunal de Sentencia de aquella ciudad y  miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia.

Mientras tanto la abogada Rixi Moncada, ex funcionaria de la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales expuso que varios de sus compañeros y compañeras del ex gabinete de gobierno, continúan sien víctimas de persecución política.

Moncada sostuvo que hace algunos meses el ex presidente Manuel Zelaya les expresó que el actual ministro de Seguridad Arturo Corrales y el dueño de Diario La Tribuna y ex presidente de la República,  Carlos Flores iban a tratar de desarticular las acciones de las víctimas emprendidas ante la CPI.

“Espero estar equivocada y que la arremetida internacional para limpiar las violaciones sea falsa, quisiera pensar que es falsa, yo entiendo lo que han expresado que ha existido una política deliberada, lo que no entiendo es cuántas muertes se ocupan para pasar a la fase de investigación en la CPI para investigar las violaciones de derechos humanos”, reclamó la ex ministra.

Entretanto la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva dijo a los representantes de la CPI que “confío en que ustedes valoren lo que hemos expresado pero siento que va a ver la oportunidad para demostrar que enfrentamos la peor crisis en materia de derechos humanos en Honduras”.

El 28 de marzo de 2014, La Corte Penal Internacional (CPI) afirmó en su visita a Honduras que los asesinatos y numerosas violaciones a los derechos humanos derivadas del golpe de estado de 2009, se encuentran en un estado de evaluación y que sigue abierta la recepción de nuevos elementos que permitan establecer que en Honduras se actuó de forma estructurada y sistemática en contra de la ciudadanía, aspectos que podrían considerarse como crímenes de lesa humanidad.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3691:corte-penal-internacional-cpi-mantiene-abierto-el-caso-de-honduras-y-vendra-al-pais-en-septiembre-de-este-ano&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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