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CEJIL: Estado hondureño debe asegurar la participación de defensores en discusión de Reglamento de la Ley de Protección

Es necesario que las autoridades hondureñas aseguren que la implementación de dicha ley sea efectiva. En este sentido, urgimos a las autoridades a garantizar que durante la discusión para la reglamentación de la ley haya un proceso abierto y participativo de la sociedad civil, señaló en una publicación de este 02 de junio el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional, CEJIL.

Agregó que teniendo en cuenta que al interior del Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos se ha reanudado la discusión del reglamento de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, “llamamos al Estado hondureño a que garantice la participación amplia de organizaciones de la sociedad civil y de defensores y defensoras de derechos humanos no asociados en organizaciones, incluyendo a aquellos defensores y defensoras de base que trabajan en comunidades aisladas”.

Esta es la publicación completa:

Honduras: Alarma de organizaciones por reforma de ley

El 15 de mayo de 2015 fue adoptada la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores  Sociales y Operadores de Justicia (Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos). Con anterioridad a la adopción de esta ley, la entonces Relatora Especial sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, había señalado que la ausencia de un marco jurídico nacional para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, conducía a exponerles a una mayor vulnerabilidad

Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Protection International, reconocen que la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos es un paso importante para impulsar la protección y el reconocimiento de la legitimidad del trabajo de quienes promueven y defienden derechos humanos. No obstante, el avance que ha significado la ley, su mera adopción, no es suficiente para que el Estado hondureño cumpla a cabalidad con sus obligaciones internacionales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de quienes los promueven.

Es necesario que las autoridades hondureñas aseguren que la implementación de dicha ley sea efectiva. En este sentido, urgimos a las autoridades a garantizar que durante la discusión para la reglamentación de la ley haya un proceso abierto y participativo de la sociedad civil.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó recientemente a Honduras en un caso relativo a un defensor de derechos humanos, y dispuso que el Estado debe implementar una política pública efectiva para la protección de las y los defensores de derechos humanos, que incluya la participación de “defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la elaboración de las normas relativas a la protección de las y los defensores de derechos humanos”.

Teniendo en cuenta que al interior del Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos se ha reanudado la discusión del reglamento de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, llamamos al Estado hondureño a que garantice la participación amplia de organizaciones de la sociedad civil y de defensores y defensoras de derechos humanos no asociados en organizaciones, incluyendo a aquellos defensores y defensoras de base que trabajan en comunidades aisladas.

Asimismo, exhortamos a las autoridades hondureñas a adoptar un enfoque participativo de las y los defensores como un paso necesario para reconocer públicamente la legitimidad del trabajo que realizan.

Vea noticia completa en:

https://cejil.org/es/honduras-alarma-organizaciones-reforma-ley

Origen: CEJIL: Estado hondureño debe asegurar la participación de defensores en discusión de Reglamento de la Ley de Protección

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Presentan ante la CIDH la situación de derechos humanos del Bajo Aguán, en Honduras

Según datos del COFADEH, entre 2010 y 2016, se ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas, siendo más grave la situación de violencia en el caso de defensoras, a quienes se desprestigia y cuestiona desde su rol dentro de la sociedad. Además, han registrado casos de violencia sexual y agresiones contra mujeres que trabajan en movimientos de resistencia.
Publicación: 06.Abril.2016

Washington D.C., 6 de abril de 2016.- Ayer se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras del Bajo Aguán, en Honduras. Varias organizaciones expusieron datos y casos sobre el conflicto que se vive en la zona.

Entre los peticionarios en la audiencia, se encontraba Berta Zúniga Cáceres, hija de la activista y lideresa lenca asesinada, Berta Cáceres.

“A más de un mes de su ausencia”, dijo “el Estado hondureño no ha dado respuesta efectiva a nuestro reclamo de verdad y justicia. Por el contrario, nos ha excluido de las investigaciones, determinando el expediente investigativo en secretividad y limitando totalmente nuestra participación como adyuvantes del proceso”.

La sala se levantó para dar un aplauso en honor de su madre y a continuación, Berta hizo entrega de un clavel a la delegación del Estado de Honduras como símbolo de su búsqueda de justicia.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expusieron que la situación de defensores y defensoras de derechos humanos se ha agravado en el Bajo Aguán, en el último tiempo. Los delitos de violencia, amenazas y hostigamiento que enfrentan quienes defienden su territorio, acumulan nuevas cifras.

Según datos del COFADEH, entre 2010 y 2016, se ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas, siendo más grave la situación de violencia en el caso de defensoras, a quienes se desprestigia y cuestiona desde su rol dentro de la sociedad. Además, han registrado casos de violencia sexual y agresiones contra mujeres que trabajan en movimientos de resistencia.

Las organizaciones representantes de los movimientos del Bajo Aguán pidieron que se brinde una respuesta institucional acorde a la situación de riesgo que enfrentan los y las activistas de la zona;  que se cree un protocolo de investigación sobre delitos contra defensores y defensoras, y que se cree una defensoría pública en la zona que apoye a los campesinos y campesinas criminalizadas.

“Para que la gente vuelva a confiar en las instituciones el Estado debe llevar a cabo investigaciones efectivas dirigidas a desactivar el riesgo que viven los defensores y las defensoras en Honduras así como resolver las causas estructurales que generan esta conflictividad”, apuntó Marcia Aguiluz, directora del programa de Centroamérica y México de CEJIL.

Por su parte, Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH manifestó que hay una indefensión general en Honduras y que “por más que puedan reglamentar una ley de defensores y defensoras de derechos humanos, si no existe voluntad política de parte del Estado para implementarla, de nada sirve”.

https://cejil.org/es/presentan-cidh-situacion-derechos-humanos-del-bajo-aguan-honduras-1

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Familia y compañeros de Berta Cáceres exigen medidas al Estado de Honduras –

Tegucigalpa, 9 de marzo de 2016.- Esta mañana, las hijas de la activista hondureña Berta Cáceres, recientemente asesinada, han dado una rueda de prensa junto con miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), acompañadas por la La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Durante la rueda de prensa, se leyó un documento en el que enunciaron las demandas que exigen al Estado Hondureño y entre las que se recogen nombrar una comisión de expertos independientes “que supervisen, apoyen y participen de las investigaciones que actualmente realiza el Ministerio Público” y la cancelación inmediata de las concesiones realizadas de manera irregular en el territorio lenca.

Desde CEJIL subrayamos estas peticiones y mostramos, una vez más, nuestro apoyo a los fammiliares de Berta Cáceres y a los miembros del COPINH.

Descarga el documento completo de lo que se ha leído hoy en la rueda de prensa.

– See more at: https://www.cejil.org/es/familia-y-companeros-berta-caceres-exigen-medidas-al-estado-honduras#sthash.94phbEKj.dpuf

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Decisión de la CPI no libra al estado de Honduras de la obligación de investigar crímenes de lesa humanidad

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Tegucigalpa.

La directora del Centro por la justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Mesoamérica y el Caribe, Marcia Aguiluz dijo que ve con preocupación  la decisión adoptada por la Fiscalía de la Corte Penal (CPI) de no continuar con el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos posterior al golpe de Estado de 2009 en Honduras.

“Lo vemos con preocupación en el sentido de que fue un objetivo demostrar en el foro de la CPI, que se habían cometido en Honduras crímenes de lesa humanidad y por supuesto que la decisión causa preocupación y sorpresa”, sostuvo Aguiluz.

Pero más allá de eso, es importante aclarar que esa decisión no implica que los hechos que ocurrieron en Honduras, se tengan que quedar en la impunidad, esa decisión no implica que no se cometieron violaciones a los derechos humanos.

“Más allá de la decisión de la fiscal de la CPI (Fatou Bensouda) es muy importante resaltar “que para ellos (CPI) es claro que sí hubo graves violaciones a los derechos humanos y que el estado está obligado a investigar”, expresó la procuradora de derechos humanos.

“Si bien es cierto, por supuesto nos causa tristeza y preocupación el cierre de la investigación de la CPI, que en todo caso entiendo yo, podría eventualmente reabrirse, pero el tema es que existen otros foros internacionales en los cuales se podría declarar la responsabilidad del estado hondureño”, comentó Aguiluz.

Más bien esta decisión debe ser una oportunidad para el estado para investigar las violaciones a los derechos humanos, para identificar a los responsables y sancionarlos, porque no está diciendo la CPI que no pasó nada, sí está diciendo que ocurrieron graves violaciones a derechos humanos y que la Corte Penal no tiene competencia, pero que sí el Estado está obligado a investigar, explicó la entrevistada a http://www.defensoresenlinea.com.

Marcia Aguiluz, directora del Centro por la justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Mesoamérica y el Caribe

La semana pasada en un hotel capitalino, dos representantes de la Corte Penal internacional (CPI) convocaron a una reunión para informar sobre la decisión adoptada y para ello invitaron a todos los representantes de las organizaciones de derechos humanos; sin embargo ninguno de los defensores y defensoras se presentaron al salón, este espacio permaneció vacío durante dos horas, al término del cual,  los representantes del organismo internacional, abandonaron el lugar.

En ese mismo hotel y en otro salón,  las organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su malestar ante los medios de comunicación por la resolución de la CPI emitida el 28 de octubre respecto a Honduras.

Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los crímenes sin acceso a la justicia

En un comunicado se expresó que “la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, lamentan profundamente el anuncio realizado hoy (28 de octubre de 2015) por la Corte Penal Internacional (CPI) de no continuar  el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras posteriormente al golpe de estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán”.

“Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a la justicia y a la reparación. Dado que las autoridades no han mostrado ninguna intención de investigar estos crímenes a nivel nacional, las organizaciones piden la creación urgente de un mecanismo eficaz e independiente, respaldados por la ONU, como lo sería la Comisión Internacional contra la Impunidad  en Honduras (CICIH).

“Crímenes de persecución política, asesinatos, desapariciones forzadas, crímenes sexuales, de  género, y de desplazamiento forzado fueron cometidos de  forma sistemática como consecuencia  del golpe de estado de 2009. El golpe destruyó el estado de derecho en Honduras. Destrozó por completo la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y de seguridad,” declararon las organizaciones.

“Identificar y juzgar a los responsables de graves crímenes no sólo es necesario para las víctimas y sus familiares, sino también es imprescindible para la población hondureña entera, para restaurar la confianza perdida en el compromiso de su gobierno de servir y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas,” señaló el comunicado.

El trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) creada a través del Estatuto de Roma y con sede en la Haya, Holanda no es muy conocido en América, se conoce que el organismo internacional abrió expedientes para investigación en Colombia, México y Honduras, comentó Marcia Aguiluz.

Volviendo al caso de Honduras, Aguiluz señaló que al interior de las organizaciones de derechos humanos “evidentemente existe mucha frustración, porque hay organizaciones que han estado trabajando mucho este tema de la Corte Penal Internacional (CPI) y más allá del trabajo que han hecho, sobre todo porque la situación lo amerita, porque hay preocupaciones respecto de lo que ha pasado en el Bajo Aguán. Hay mucha frustración por lo que pasó en el golpe de Estado, de las miles de personas detenidas y que hasta el momento no hay una sola persona que haya sido sancionada”.

En relación al abordaje que la prensa tradicional hondureña hizo del asunto, Aguiluz expresó que “fue lamentable el abordaje que se ha dado, porque si bien la Fiscalía señaló que no tendría la competencia , sí estableció claramente que habían ocurrido violaciones de derechos humanos, entonces yo no veo el motivo para celebrar, me parece que el estado está obligado a investigar, a identificar y a sancionar a estas personas que cometieron las violaciones de derechos humanos y entonces creo que ha sido una mala interpretación, por supuesto con absoluta conciencia de ello, para  celebrar algo, del cual no hay nada que celebrar”.

El 28 de octubre pasado la Fiscalía de la CPI  anunció que no continuará  su examen preliminar sobre Honduras ya que la situación no cae bajo  su competencia. La CPI  solo tiene competencia sobre el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Fiscal concluyó que, con base en la información disponible en  su oficina, los criterios legales correspondientes a estos crímenes no se habían cumplido.

Origen: Decisión de la CPI no libra al estado de Honduras de la obligación de investigar crímenes de lesa humanidad

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La elección de magistrados en Honduras es como un juego de ajedrez: Baltasar Garzón

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Estamos como un juego de ajedrez donde cada quien mueve sus piezas de acuerdo a sus intereses. Así se está manejando la elección de magistrados en Honduras, reflexionó este martes el reconocido juez internacional, Baltasar Garzón, al inaugurar el foro internacional: “La garantía de Independencia Judicial y procesos de  elección  de  Magistrados(as)  de  Cortes  Supremas”.

el juez Baltasar Garzón; la abogada hondureña, Reyna Rivera Joya y el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Luis Ernesto Vargas.

“Estamos moviendo las piezas para ver quién gana la partida, y eso es lo peor, convertir la justicia en un tablero de ajedrez”, lamentó el exmagistrado de la Audiencia Nacional de España y asesor de la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Apunto que al único jugador que echa de menos en ese juego, es a la sociedad, “que es quien debería ser la titular del juego; el pueblo es el titular de todos los poderes, pero normalmente es de quien se olvidan, no cuenta más para que le coloquen en un poder, pero cuando molesta se le silencia o se le desconoce, y eso es grave”, reprochó.

Garzón dijo que hacía el apunte porque ha escuchado la desconfianza que hay en el  Congreso Nacional y sobre la injerencia de la clase político sobre el Poder Judicial y sobre las falencias que hay en el sistema de elección.

“Desde antes la gente cree que habrá trampa”, en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por parte de la Junta Nominadora y los diputados al Congreso Nacional.

En ese mismo contexto apuntó que no solo los políticos que eligen son los malos, “porque son más malos los que se dejan corromper, los elegidos, porque el que elige tiene la patente de que ya va con una intención, pero el elegido si consiente esa dinámica, tiene doble responsabilidad”, insistió.

El foro ha despertado el interés de los hondureños.

FORO

El foro, en el que participa Garzón, es patrocinado por Hivos y organizado por la Asociación de Jueces por la Democracia y la Coalición Contra la Impunidad.

Además participan, el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor en derecho y ciencias sociales de la Universidad Libre de Colombia, Luis Ernesto Vargas Silva.

Asimismo la directora del programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la abogada y máster en derecho internacional y resolución en conflictos, Ana Marcia Aguiluz.

El grupo también está integrado por la exmagistrada de Corte de Apelaciones de Guatemala, la doctora Claudia Escobar; el magistrado y portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia de España, Joaquim Bosch Grau y Alejandro Rodríguez Barillas, exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala.

Como parte de la plenaria participará el abogado hondureño y exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado.

Fuente. http://criterio.hn/la-eleccion-de-magistrados-en-honduras-es-como-un-juego-de-ajedrez-baltasar-garzon/

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Juristas internacionales recomiendan elección de magistrados íntegros

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El grupo de juristas internacionales, que participará en el  foro internacional: “La garantía de Independencia Judicial y procesos de  elección  de  Magistrados(as)  de  Cortes  Supremas”, aconsejó este viernes la elección de personas íntegras e idóneas para conformar la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los juristas esperan incidir en la elección de magistrados.

“En esa elección tiene que pesar, fundamentalmente, la propia integridad de cada uno y cada una de ellas, la ética, la probidad en el desarrollo de la función que es lo que se exige a cualquier buen juez”, apuntó el juez español Baltasar Garzón, uno de los participantes en el evento que se inaugura este martes 22 de septiembre y que concluye el miércoles 23.

La Junta Nominadora, que quedó conformada el pasado 1 de septiembre,  tiene hasta el 23 de enero de 2016 para entregar a la Comisión Permanente del Congreso Nacional la lista definitiva de 45 candidatos nominados.

Honduras elige el próximo 25 de enero a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La elección que se llevará a cabo en el Congreso Nacional, tras un proceso encabezado por la Junta Nominadora, una instancia integrada por la representatividad de siete organizaciones.

RETO

Los jueces internacionales consideran que Honduras tiene un enorme reto para recobrar la credibilidad en el sistema de justicia o de lo contrario continuará garantizando la impunidad y por consiguiente la repetición de violaciones a los derechos humanos y de actos de corrupción, profundizando así, la crisis que se vive actualmente.

Mediante un comunicado, los juristas señalaron que esperan que el foro sirva para incentivar el debate sobre la independencia judicial y se logre generar aportes y propuestas para el fortalecimiento de esta garantía en la región centroamericana.

Asimismo indicaron que pretenden incidir para que en el actual proceso de elección de magistrados haya mayor transparencia y participación ciudadana.

Ante la preocupante realidad que vive Honduras en razón de los altos niveles de impunidad por las crecientes violaciones a los derechos humanos y los actos de  corrupción  y violencia, “estimamos que tanto  la  Junta  Nominadora  como el Congreso  Nacional,  tienen  en  sus  manos  una  responsabilidad  histórica irrepetible, pues de ellos depende que se elijan, en la Corte Suprema de Justicia, personas  íntegras e idóneas y … con la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas”, añade la misiva.

Los juristas recordaron que debido a la falta  de  independencia  de  las  instituciones  de  control,  como  la Fiscalía,   Corte  Suprema de Justicia y  el  Comisionado  Nacional de los Derechos Humanos, Honduras ha sido  señalada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como una nación violadora de los derechos humanos.

En ese orden señalan que “a efecto de que el proceso de selección y nombramiento de los(as) futuros(as) magistrados(as)  de  la  CSJ  cumpla  con  los  requerimientos  y  estándares internacionales en la materia, es necesario que se cumpla con los principios de transparencia,  publicidad,  amplia  participación  de  la  ciudadanía,  integración plural y paridad de género.

La representante de Hivos, Susana Rochna, manifestó que en Honduras existe la preocupación de contar con una institución más proba y una prueba son las manifestaciones de los indignados que reclaman una verdadera aplicación de la justicia.

Susana Rochna

“Estamos en una región en que en las cercanías estamos viendo estos remecimientos, estas exigencias de rendición de cuentas. Creo que el momento es oportuno, hay quienes hablan de una primavera centroamericana, ojalá pudiéramos en Honduras, con estos procesos, aprender de ello y lograr generar instituciones más sanas, más acorde a lo que el país necesita y merece”,  consideró.

MÁS DEL FORO

El foro es patrocinado por Hivos y organizado por la Asociación de Jueces por la Democracia y la Coalición Contra la Impunidad.

Además del exmagistrado de la Audiencia Nacional de España y asesor de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, participarán, el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor en derecho y ciencias sociales de la Universidad Libre de Colombia, Luis Ernesto Vargas Silva.

Asimismo la directora del programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) la abogada y máster en derecho internacional y resolución en conflictos, Ana Marcia Aguiluz.

El grupo también está integrado por la exmagistrada de Corte de Apelaciones de Guatemala, la doctora Claudia Escobar; el magistrado y portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia de España, Joaquim Bosch Grau y Alejandro Rodríguez Barillas, exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala.

Como parte de la plenaria participará el abogado hondureño y exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado.

Fuente: http://criterio.hn/juristas-internacionales-recomiendan-eleccion-de-magistrados-integros/

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Fuerzas políticas no deben viciar el proceso de elección de la CSJ repartiéndose cuotas

Tuesday, 22 September 2015 01:38 Written by  Published in Contexto Read 47 times

En la foto de izquierda a derecha: Gilda Rivera, CDM, Susana Rochna, HIVOS, Mario Díaz, AJD, Baltazar Garzón, Jurista Internacional y Wilfredo Méndez, CIPRODEH En la foto de izquierda a derecha: Gilda Rivera, CDM, Susana Rochna, HIVOS, Mario Díaz, AJD, Baltazar Garzón, Jurista Internacional y Wilfredo Méndez, CIPRODEH

La no intervención de los partidos políticos, el desacuerdo en que el Poder Legislativo ejecute la selección final y que la ciudadanía conozca en tiempo y forma el listado final de nominados y nominadas a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), fueron algunos de los puntos abordados por la Coalición contra la impunidad, bajo el auspicio del programa de Seguridad y Justicia para Centroamérica de HIVOS, que realizaron una conferencia de prensa este lunes 21 de septiembre de 2015 en Tegucigalpa.

La participación de estos sectores coincide con el desarrollo del Foro Internacional “La garantía de independencia judicial y procesos de elección de magistrados y magistradas de Cortes Supremas” la cual contará con los reconocidos juristas Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL), el ex Juez Baltazar Garzón, la ex magistrada de la Corte Suprema en Guatemala Claudia Escobar y el ex Fiscal del Ministerio Público Edmundo Orellana, la cual se desarrollará de este día y culminará el próximo miércoles 23 de septiembre.

Hasta este momento se lleva a cabo la segunda fase del proceso de elección de la siguiente CSJ, con la conformación de la Junta Nominadora, la cual está integrada por 14 representantes (siete titulares e igual número de suplentes),  cuya elección fue bastante cuestionada por diferentes sectores de la sociedad hondureña.

Mario Diaz AJD

Mario Díaz, presidente AJD

Por medio de un comunicado de prensa, leído por el Presidente de la AJD, Mario Díaz, las organizaciones dejaron claro en al menos cinco puntos la necesidad de contar con un poder judicial independiente de las influencias políticas y de grupos de poder económico en el país.

En el punto cuatro mostraron su necesidad en que “se cumpla con los principios de transparencia, publicidad, amplia participación de la ciudadanía, integración plural y paridad de género”.

En base a lo anterior, Díaz agregó que  el proceso debe gozar de la credibilidad de la ciudadanía, la cual tiene que mostrarse crítica;  y por ello el proceso es exigible que esté  dotado de trasparencia para garantizar que sea confiable para la escogencia de los nuevos magistrados y magistradas ante el Poder Judicial.

“O se coloca la primera piedra de un proceso diferente en el país en el cual la justicia llegue a quien debe llegar, a las personas que más la necesitan, libre de cualquier interés político partidario o se continúa con el status quo. Si tenemos una ciudadanía activa, vigilante que siga el proceso desde el inicio hasta el fin creemos que podemos tener buenos resultados”, afirmó Díaz.

Otro de los puntos abordados en la conferencia fue el hecho de que extraoficialmente se conoce que varios profesionales del derecho se han rehusado a participar en el proceso por considerarlo con vicios de nulidad.

En ese sentido, Wilfredo Méndez , director del Centro de Promoción e investigación de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), mencionó que en los dos procesos anteriores de elección se presentó el mismo caso. “Parece ser que en este proceso, que está más cuestionado que los dos anteriores, hay abogados que definitivamente no se atreven a presentarse”, dijo.

Agregó que esta renuencia se deriva de dos puntos, el hecho de participar y sacrificar la credibilidad en un sistema que está declarado con un alto nivel de desconfianza por parte de la ciudadanía o siempre participar y esperar que la Junta nominadora se fije en sus capacidades y pueda ser tomado en cuenta.

Un poder del Estado no puede ni debe elegir a otro

Fue mundialmente conocido por iniciar en el año dos mil un proceso penal contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que cometió delitos de lesa humanidad . se trata del jurista español Batalzar Garzón quien realiza su  cuarta visita al país y participará como conferencista en torno a la independencia judicial.

Entre los múltiples temas por los que fue abordado por miembros de la prensa durante su participación en la conferencia, Garzón opinó sobre el hecho de que el Poder Legislativo elijaen su fase final a los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No es buen sistema el de la elección por parte del Congreso de la república de los magistrados, para que así fuera, tendrían que haber unos contrapesos y una trasparencia absolutamente trascendental en la que el desarrollo de la elección no deje lugar a dudas de que son los y las mejores quienes ocupen un lugar dentro de la Corte”, manifestó.

El jurista agregó que este poder del Estado debe someter con la mayor rigidez los perfiles de cada postulante y que el debate entre las diferentes fuerzas políticas debe ser permanente y sin vicios de colocar “pequeñas cuotas” en el proceso de conformación de la CSJ.

En referencia al perfil que se debe manejar para ser magistrado y magistrada, Garzón hizo hincapié en que la actual Junta nominadora debe colocar en un sitio web o a la vista de la ciudadanía los diferentes requisitos para tal cargo. “Tiene que haber una transparencia de curriculums, como tiene que haber la posibilidad de impugnación de los candidatos… si queremos establecer un proceso participativo, tiene que ser lo suficientemente creíble para que genere confianza”.

Actualmente no se ha agotado este punto por parte de la junta, por lo que han recibido un llamado de atención por parte de las máximas autoridades del instituto de Acceso a la Información Publico (IAIP).

En cuanto al período de presentación de los candidatos y candidatas a ocupar un cargo en el Poder Judicial, Garzón es del criterio que debe de existir un amplio espacio de tiempo para que la ciudadanía conozca y evalué sus hojas de vid,  previo a su elección como magistrados y magistradas.

Lo anterior suma a la propuesta manifestada días atrás por la Coalición contra la impunidad, e hizo un  llamado a la Junta Nominadora para que a más tardar el próximo 01 de diciembre de este año se presente el listado de 45 candidatos y candidatas para que se sometan al juicio de la ciudadanía.

Por otra parte se le consultó sobre las declaraciones ofrecidas a medios de comunicación  por el Presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y miembro propietario ante la Junta Nominadora, José Luis Valladares, en las cuales anunció que se presentarán acciones penales contra quienes critiquen  a los y las aspirantes a magistrados y magistradas a la CSJ.

“Creo que no se puede subvertir la participación ciudadana ni mucho menos la libertad de expresión. Los ciudadanos que tengan elementos para cuestionar a los candidatos no solo tienen la posibilidad sino que tienen la obligación de hacerlo… Todos sabemos en el mundo del derecho que una cosa es discrepar o criticar y otra es imputar hechos delictivos o conductas impropias”, acotó el ex juez.

Por último, Baltazar Garzón habló sobre el papel del Consejo de la Judicatura, el cual ha sido ampliamente cuestionado por sectores de la  sociedad en la toma de decisiones como ente encargado de llevar a cabo “un verdadero proceso” por la  independencia del Poder Judicial. “Debe haber un cambio en el desarrollo de las acciones realizadas por este consejo las cuales garanticen la independencia de otros poderes del Estado”.

Los nuevos 15 magistrados y magistradas de la CSJ deben ser electos por parte de un Congreso Nacional con pluralidad multipartidaria, producto de un listado de 45 candidatos y candidatas propuestos por la Junta Nominadora, en el mes de enero del próximo año esperando que con ello se rompa el ciclo en el cual se imponía la vieja repartición de 8 a 7, herencia del bipartidismo hondureño.

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Reconocidos juristas internacionales brindarán seminario en Honduras sobre independencia judicial y elección de magistrados

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Baltasar Garzón

Tegucigalpa.-El famoso juez español Baltasar Garzón y otros prominentes juristas internacionales brindarán el 22 y 23 de septiembre próximo en Honduras, el  seminario internacional: “La garantía de Independencia Judicial y los Procesos de elección de magistrados(as) a las Cortes Supremas”.

Claudia Escobar

En la actividad, que es patrocina por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), la Coalición Contra la Impunidad e Hivos, intervendrán como expositores: el doctor Baltasar Garzón, ex magistrado de la Audiencia Nacional de España; doctor Luis Ernesto Vargas, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia; la doctora Claudia Escobar, ex magistrada de Corte de Apelaciones de Guatemala; Marcia Aguiluz, directora de CEJIL Mesoamérica y el magistrado Joaquim Bosch Grau, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia de España.

Luis Ernesto Vargas

Como parte de la plenaria participará además, el abogado hondureño y exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado.

Joaquín Bosh Grau

La convocatoria para asistir al seminario  es pública y está siento anunciada en las redes sociales, por lo que cualquier hondureño interesado en inscribirse solo tiene que confirmar su asistencia al teléfono: 2550-1292 y al móvil: 97408974.

Marcia Aguiluz

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Transparencia le pide sociedad civil a Junta Nominadora de magistrados y magistradas a la CSJ

Sep 04, 2015

La Junta Nominadora que presidirá el proceso de selección de 45 aspirantes a nuevas y nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- ha sido juramentada por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. “Compromiso, capacidad, responsabilidad y sobre todo amor a Honduras para cumplir su labor, ante la gran responsabilidad de elegir a las personas que han de administrar la justicia en el país”, expresó Oliva al momento realizar la ceremonia de juramentación.

Tras ser juramentados, el presidente de la Junta Nominadora, Ricardo Rodríguez, informó que decidieron elegir como secretarios al representante de las Centrales Obreras, Alfredo Ponce y a José Luis Valladares, del Colegio de Abogados de Honduras.

La primera reunión de trabajo será el próximo martes, 8 de septiembre, en las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos -Conadeh-, aseguró Rodríguez.

Proceso de selección de  candidatos a magistrados de la CSJ se presta para manipulación de diputados

La Junta Nominadora ya está nombrada y juramentada; sin embargo, cabe señalar que el proceso ha sido fuertemente cuestionado, pues existieron acciones como las de varios grupos de Sociedad Civil que eligieron a sus representantes sin el consenso de las organizaciones defensoras de los derechos humanos; también fue marcado por los señalamientos de la falta de transparencia en la elección que desarrolló el Colegio de Abogados.

Lo anterior es calificado por el director de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruelas, como un proceso accidentado y viciado, encaminado a “servirle en bandeja de plata” al Congreso Nacional la elección de los nuevos magistrados y magistradas de la CSJ y “que hagan lo que quiera con ella”.

“Es realmente doloroso como se está alineando para que la próxima Corte sea la Corte que va a garantizar impunidad, según lo que estamos viendo. Creo que es importante que como sociedad civil y organizaciones reflexionemos y hagamos un alto, un alto que también nos permita poner un alto a este sistema que solo genera pobreza, falta de oportunidades e injusticia”, apunta Ruelas.

AJD y CEJIL: la elección debe ser transparente e independiente

“Con la justicia no se juega”, le dicen a los integrantes de la Junta Nominadora y diputados del Congreso Nacional  la Asociación de Jueces por la Democracia –ADJ- y  el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-, a través de una campaña para exigir transparencia en la elección de los nuevos magistrados y magistradas a la CSJ.

Guillermo López Lone, integrante de la ADJ, explica que con la campaña, que se estará difundiendo  a través de los medios de comunicación y las redes sociales, se trata de incidir en la ciudadanía “para que se empodere y reclame a la Junta Nominadora un procedimiento que sea el adecuado; y por otro lado incidir en la Junta Nominadora para que sea un proceso independiente, transparente y público”.

Marcia Aguiluz, representante de CEJIL, declara que esperan que los integrantes de la Junta Nominadora comprendan su obligación de dar a conocer los criterios en que basarán su elección, la trayectoria personal y profesional de los candidatos y candidatas.

Sin embargo, dice que además “no solo hay que preocuparse por los candidatos y candidatas sino por quiénes los eligen y en ese sentido no hemos observado que haya un criterio sobre quiénes son estos representantes, hay que preguntarse si son personas independientes, si son personas que conocen de la materia”.

Aguiluz manifestó que ven con suma preocupación la forma en cómo eligió el Colegio de Abogados los candidatos a magistrados y magistradas a la nueva CSJ: “lo hicieron en una votación directa, pero no primó en esa votación si estas personas reunían las capacidades para ser integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y es que estamos hablando de una elección en la que los máximos representantes impartirán justicia”.

Proceso de desarrollará con el principio de publicidad

Por su parte, Tomas Zambrano, diputado nacionalista y secretario del Congreso Nacional, asegura que el proceso se desarrollará con el concepto del  principio de publicidad: “cada una de las audiencias públicas que realice esta Junta Nominadora va a estar transmitida en medios de comunicación y va a tener el acompañamiento de cualquier organización que quiera ser veedor en este tema y no se les va a cerrar el espacio”.

Por su parte, Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación –ERIC-, señala que en los últimos procesos de selección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia ha quedado en claro que “no sirve de nada la participación de la sociedad civil”.

“Estos sectores prácticamente se han convertido en los brazos de los partidos políticos dentro del Congreso Nacional, por tanto a la hora de elegir a los 45 nominados y nominadas pertenecen o tienen vínculos con los partidos políticos y se quedan por fuera un montón de gente que realmente tiene toda la currícula para poder estar nominado a magistrado y magistrada”, comenta Mejía.

Así se integró la Junta Nominadora

Ricardo Rodríguez y su suplente Octavio Sánchez,  presiden la Junta; los representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos -Conadeh- Roberto Herrera Cáceres –propietario- y Linda Rivera –suplente-; por el Colegio de Abogados de Honduras –CAH-, José Luis Valladares –propietario- y Rafael Canales –suplente- ; Santiago Ruiz –  propietario- y Emín Barjum  -suplente- por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada –Cohep-.

Asimismo, por los claustros de profesores de las facultades de las universidades públicas y privadas el abogado Jorge Herrera –propietario- y Carlos Izaguirre –suplente-; por las Centrales Obreras Alfredo Ponce –propietario- y Benjamín Vásquez –suplente- y por la sociedad civil Jorge Leonel Machado –propietario- y Adolfo Pineda –suplente-.

Esta nota se cierra con una pregunta: ¿Podrá desarrollarse la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia con transparencia e independencia, tomando la actual estructura política?

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2367-transparencia-le-pide-sociedad-civil-a-junta-nominadora-de-magistrados-y-magistradas-a-la-csj

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CEJIL exige transparencia en la elección de magistrados de la Corte

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Tegucigalpa.

La Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, lanzaron la campaña “Con la justicia no se juega”, en un intento de exigir transparencia en la elección de magistrados para el próximo periodo.

Hasta ahora los electos a la junta nominadora son Roberto Herrera, Alfredo Ponce, Jorge Machado, Jorge Herrera, Luis Valladares, Santiago Ruiz, Linda Rivera, Benjamín Vásquez, Adolfo Pineda, Carlos Izaguirre, Rafael Canales, Emin Barjum.

La iniciativa de la campaña busca que la ciudadanía se involucre en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, exigiendo un proceso independiente y público e incidir en los miembros de la junta nominadora, para que elijan candidatas y candidatos íntegros, honestos y capaces.

“Con la justicia no se juega” circulara en mensajes y productos audiovisuales por un periodo de cinco meses, se transmitirá por radio, televisión, prensa escrita y redes sociales, esto hasta enero del 2016, es el tiempo en que el Congreso Nacional elegirá a las magistradas y magistrados del poder judicial.

Según Marcia Aguiluz coordinadora de CEJIL para América Latina, el objetivo es que la ciudadanía entienda la importancia del proceso que es fundamental para la democracia en Honduras y así pueda haber una división de poderes.

“Vemos con preocupación por los criterios que han privado a la hora de elegir a los que integran la junta nominadora, ya que no solo es importante saber quiénes forman la corte sino también quienes forman la junta nominadora”, manifestó Aguiluz.

La jurista expreso que “observamos con mucha pena que la junta no haya quedado integrada por mujeres, la única es la suplente del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, mas allá de eso toda la junta son hombres y eso no puede ser en un país donde la mitad son mujeres”.

Sostuvo que a la luz de los estándares internacionales todo órgano tiene que estar al menos por la mitad de mujeres.

Las organizaciones aseguran que unirán esfuerzos con el fin de que la ciudadanía se encuentre permanentemente informada y de esta forma se empodere para que obligue a sus representantes a tomar las mejores decisiones por el bien del país.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3714:cejil-exige-transparencia-en-la-eleccion-de-magistrados-de-la-corte&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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AJD y CEJIL lanzan campaña para exigir transparencia en elección de nueva Corte Suprema de Justicia

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

 

Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México

Tomando en cuenta la próxima elección de Magistrados y Magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), lanzan la campaña “Con la Justicia No se Juega”.

La campaña,  pretende generar conciencia sobre la importancia de la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.

“Nosotros hemos considerado que esta es una elección fundamental ya que es el máximo órgano que administra justicia y en toda democracia debe existir una adecuada independencia de poderes y por eso a quienes se nombren ahora para la CSJ,  van a servir de pesos y contrapesos de los abusos de poder de otros miembros del Estado”, dijo Aguiluz.

Entonces esta campaña lo que pretende es sensibilizar al ciudadano,  porque debe interesarle este tema,  que no debe ser una decisión solo de los que están en Tegucigalpa o solo de una determinada elite, debe ser una decisión en la que la gente se involucre, reiteró.

¿Cómo se pueden involucrar?. Primero exigiendo los principios de transparencia y de publicidad. Exigiendo que las personas que sean nombradas sean las mejores personas, que haya un perfil previo que deje claramente establecido que vínculos tiene, que formación tiene cual ha sido su experiencia y su conducta, entre otras cualidades y formación.

La campaña llegará a la población a través de los medios de comunicación, tales como: Radio, Televisión, redes sociales, periódicos digitales y durará hasta el mes de enero que es cuando se deberá elegir la nueva Corte Suprema de Justicia.

Le consultamos como hacer que los diputados que son quienes tienen la elección final, elijan los mejores hombres y mujeres y apunto que si el pueblo se involucra, se entera y se informa, podrán influir en sus respectivos representantes (diputados de su departamento),  para exigirles que voten por los candidatos más idóneos para el puesto.

Aguiluz señaló que una falencia hasta ahora es la no equidad de género,  ya que de los 14 nominados a la junta, tan solo una es mujer y va de suplente y lo señaló como uno de los elementos terribles de esta junta nominadora que no ha respetado que la mitad de las hondureñas son mujeres y es preocupante pensar cómo van a elegir y solamente son hombres.

AJD y CEJIL como organizaciones expertas en el tema de independencia judicial, además, de la campaña, estarán siguiendo de cerca la elección de los nuevos magistrados y magistradas, con el fin de darle a conocer a la población y a organismos internacionales, el desarrollo del proceso, y en su caso, las posibles irregularidades que surjan de la labor de la Junta Nominadora y del Congreso mismo.

Las organizaciones aseguran que unirán esfuerzos con el fin de que la ciudadanía se encuentre permanentemente informada y de esta forma se empodere para que obligue a sus representantes a tomar las mejores decisiones por el bien del país, tomando en cuenta que lo que está en juego es la garantía de derechos y la posibilidad de todos y todas de acceder a jueces y juezas independientes que actúen conforme al derecho y no con base en presiones de grupos de poder.

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD): fundada en el 2006, la AJD es una asociación de juezas y jueces comprometidos con la independencia judicial, las reivindicaciones gremiales y los procesos democráticos. La AJD tiene domicilio en San Pedro Sula y  representación en toda localidad de la República que sea sede de más de un juzgado o Tribunal jurisdiccional.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL): fundado en el año 1991, tiene como misión contribuir al goce de los derechos humanos en el continente americano mediante el uso eficaz del Sistema Interamericano (SIDH) y de otros mecanismos de protección internacional de derechos humanos. CEJIL tiene alcance continental con oficinas en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Costa Rica.

Fuente: http://criterio.hn/ajd-y-cejil-lanzan-campana-para-exigir-transparencia-en-eleccion-de-nueva-corte-suprema-de-justicia/

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COFADEH socializa la Ley de defensores de derechos humanos, plantea retos y desafíos

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Tegucigalpa.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) desarrolló el viernes 28 de agosto el foro: “Socialización de la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, Retos y Desafíos”, en vísperas de la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido que se conmemora el 30 de agosto y que creado por el Congreso Nacional de Honduras, mediante decreto número 284-2002.

El evento contó con el análisis y comentarios sobre la ley por parte  de la Directora de Programas para México y Centro América,  del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva y la representante de la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos,  Gobernación y Descentralización, Kenia Irías.

La Coordinadora General del  COFADEH,  Bertha Oliva destacó que este es el primer debate que el comité propone sobre la recién aprobada ley con el propósito de debatir, analizar y hacer propuestas que permitan la aplicabilidad de este instrumento de protección.

Oliva destacó la labor ejercida por el Dr. Leo Valladares Lanza mientras se desempeñó  como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), al señalar que tuvo la valentía de denunciar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras, en el libro “Los Hechos Hablan por sí Mismos” publicado en 1993.

La reconocida defensora de los derechos  también resaltó el desempeño de la Directora de Programas   para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Marcia Aguiluz al expresar  que siendo una abogada joven está dedicando su vida en la defensa de los derechos humanos en la región.

En su intervención el primer Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y director ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía participativa (ACI-Participa), Leo Valladares Lanza dijo que la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia tiene aspectos positivos, como el reconocimiento de los defensores de derechos humanos en Honduras.

Valladares Lanza expuso que  un 80 por ciento de las observaciones planteadas por las organizaciones de derechos humanos fueron incorporadas por el Congreso Nacional en el contenido de la ley, pero que el resto (un 20 por ciento que se considera muy significativo) no se incluyó y lo que se obtuvo fue una ley que refleja ambigüedades.

Otro aspecto que señaló el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, fue que los legisladores y legisladoras crearon un órgano que no es desconcentrado y que por lo tanto crea dificultades para la implementación de la ley.

Lo positivo y lo negativo, lo ambiguo y el exceso de representación del Estado en los órganos de protección

Tal como quedó estructurado el órgano Ejecutivo, la aplicación recae en la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Descentralización y Desarrollo, por lo que los defensores y defensoras de derechos humanos deben velar por la debida implementación.

Valladares Lanza añadió que así como está estructurado el mecanismo, la ley no es sancionadora, sino que es una ley de prevención con 3 ejes muy marcados como la promoción, la prevención y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Entretanto, la representante de Secretaría de Justicia, Derechos Humanos,  Kenia Irías expresó que por primera vez el estado está reconociendo la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y que posibilita la protección de estas personas en su labor de defensoría. Esa misma protección se torna un tanto compleja pero no irrealizable, dijo.

Para Irías, esta ley va a cambiar la visión del Estado con respecto al trabajo que han venido realizando  los defensores y defensoras de derechos humanos, ahora hay políticas de protección y espera que la ley contribuya a proteger a quien defiende derechos, para lograr el fin último que es brindar garantías de no violación de los derechos humanos en el país o que por lo menos se reduzcan.

La funcionaria reconoció que el Consejo Nacional de Protección está integrado por muchas personas, entre ellas los beneficiarios y que el desafío actual es que este consejo se instale, pero que  habrá dificultades por la estructura que tiene el país y porque se necesita de un Ministerio Público (MP) fortalecido, un aspecto difícil para estos momentos.

La ley además del Consejo de Protección como órgano deliberativo y político, también estipula la Dirección del Sistema de Protección que recae en la Secretaría de  Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización que realiza otras funciones dentro del engranaje ministerial.

Uno de los aspectos a considerar de acuerdo con los expertos que han analizado  la presente ley es lo  concerniente  al análisis de riesgo, porque quienes  hasta ahora se han erigido como “gurús” en este tema  han sido representantes de las Secretarías de Seguridad y Defensa, de ahí que deben ser las organizaciones defensoras de derechos humanos (que lo han estado haciendo desde hace muchos con el enfoque de defensores) y que cuentan con  años de trayectoria y  con capacidades instaladas para dichos propósitos.

El otro punto es que aún no se cuenta con el Reglamento para la aplicación de la ley. La abogada Kenia Irías dijo al respecto que en su momento, se convocara a las organizaciones para la socialización del mismo.

Por otro lado aún no se cuenta con los recursos para la implementación de la ley, pero se anunció que la partida presupuestaria se obtendrá de los fondos de la tasa de seguridad.

Es de considerar que en los actuales momentos la Secretaría de Seguridad no goza de la confianza de la ciudadanía, porque en la implementación de protección para defensores y defensoras de derechos humanos ha tenido más una labor de vigilancia y de recolección de información de inteligencia, en lugar de proteger a los y a las que defienden los derechos humanos.

Por eso es que el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza recomendó la creación de un equipo especial de agentes capacitados por las organizaciones de derechos humanos para que realicen dicha labor.

Por último la  Directora de Programas   para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Marcia Aguiluz, resaltó que esta ley no ha sido un regalo del estado, sino que fue un trabajo e incidencia ejercido por las organizaciones defensoras de los derechos humanos desde los años noventas.

La incidencia de las organizaciones  a nivel internacional logró que la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) condenara al Estado de Honduras por los asesinatos de reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos como Janeth Kawas, Carlos Luna y Miguel Angel Pavón, entre otros.

Con estas condenas la CIDH le ordenó al estado de Honduras crear mecanismos de protección para defensores y defensoras de derechos.

Marcia Aguiluz apuntó como fallas en la ley el hecho que no existe una conceptualización del Sistema de Protección, y que el Consejo Nacional de Protección establecido, incluye a un actor que no debió integrar este consejo y que es la Secretaría de Defensa o sea,  las Fuerzas Armadas  (FFAA).

Por otro lado, -resalta la experta-,  la representación de la sociedad civil es minoritaria en la integración del Consejo Nacional de Protección, que es la instancia política.

Con respecto al Comité Técnico, la abogada Marcia Aguiluz destacó que este ente es el responsable de tomar las decisiones sobre a quién protege y a quién no. El gran reto es que se debe vigilar el perfil de aquellas personas que integrarán dicho comité, en vista de que no se cuenta en el país con la experiencia en este tipo de funciones.

Aguiluz resaltó el hecho que puesto que la Secretaría de Seguridad será la encargada de brindar protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, se necesita de la aprobación de un protocolo de seguridad.

La representante de CEJIL recomendó que las medidas de protección deben ser diseñadas desde la óptica de enfoque de género, ya se trate de mujeres, de miembros de la comunidad de la diversidad sexual o de jóvenes que defiende los derechos humanos.

Marcia Aguiluz cuestionó el procedimiento que se sigue para la impugnación de las  resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Protección, porque según la ley se va a impugnar ante el mismo organismo que tomó la decisión de invalidar por ejemplo las medidas de protección para determinado defensor o defensora de derechos humanos.

Es una necesidad para la implementación de esta ley, que los defensores y defensoras de derechos humanos se apropien de la misma, que se difunda ampliamente y que se vigile el debido cumplimiento.

Participaron en el evento, además de las redes de defensores y defensoras de derechos humanos conformadas por el COFADEH provenientes de Choluteca y Valle, Zacate Grande, Danlí, El Paraíso, Ocotepeque, Lempira y del valle del Aguán,  representantes de varias organizaciones de derechos humanos, representantes de agencias de cooperación e invitados especiales.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3702:cofadeh-socializa-la-ley-de-defensores-de-derechos-humanos-plantea-retos-y-desafios&catid=71:def&Itemid=166

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Honduras acepta su responsabilidad en asesinato de ambientalista Carlos Escaleras

Ago 27, 2015

A través de la firma de un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, el Estado de Honduras asumió su responsabilidad en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras, hecho ocurrido hace 18 años en la ciudad de Tocoa, Colón.

La Cidh dictaminó una serie de recomendaciones por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del ambientalista Carlos Escaleras Mejía y sus familiares. Ante la familia Escaleras y los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, Eric, representantes de la víctima, se firmó el acuerdo de cumplimiento.

“Lo que se ha firmado es un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones, básicamente porque la Comisión Interamericana ya falló el caso de don Carlos Escaleras y dio al Estado de Honduras una serie de recomendaciones. Con el objeto de que el caso no llegara a la Corte Interamericana pero principalmente para que los familiares tuvieran una reparación y tuvieran justicia en un menor plazo hemos accedido a firmar este acuerdo” explicó Marcia Aguiluz de Cejil.

“Satisfactoriamente, estamos dando un paso primordial para la solución del caso de don Carlos Escaleras Mejía junto con la familia, los representantes de ellos como ser Cejil y Eric” declaró el Procurador General de la República, Abraham Alvarenga.

18 años han pasado

Carlos Escaleras fue asesinado en Tocoa, Colón, por su lucha contra la explotación de los bienes naturales y por la justicia social en las comunidades más empobrecidas de esta zona del Valle del Aguán.

“Ha habido una falta de voluntad para poder resolver estos casos. Creemos que esto debió resolverse desde hace mucho tiempo. Ahora el Estado está viendo que cuando va a la Corte por estos casos lo único que hace es el ridículo” dijo Brenda Mejía, representante del Eric.

Pero los representantes del Estado consideran que lo que se ha hecho es un paso muy importante en la búsqueda de justicia. “Nunca es tarde, el Estado está reconocimiento su responsabilidad en este caso, y las disculpas a la familia y también a todos los ambientalistas y defensores de los Derechos Humanos” dijo el Procurador Alvarenga.

El sufrimiento de la familia ha sido grande. Fueron privados del esposo, del padre, del abuelo, del amigo y del defensor de los derechos del pueblo. “Nos sentimos muy contentos, como familia, de haber estado aquí con el gobierno, y esperamos que el gobierno nos dé una respuesta con seguridad, porque ya son 18 años que hemos estado esperando” dijo doña Marta Alvarenga, esposa de Carlos Escaleras.

Doña Marta, en nombre de toda la familia Escaleras agradeció a todas las organizaciones del Valle del Aguán, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil y al Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, por todo el apoyo brindado en este largo proceso que aún no concluye.

Recomendaciones

En julio de 2014 la Comisión concluyó que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad de asociación y derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; así como los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de su madre, esposa, hijos y hermanos. Ante este fallo, la Comisión recomendó al Estado de Honduras reparar dichas violaciones de derechos humanos, así como reivindicar la labor de Carlos Escaleras.

“Hemos tenido dos intentos de llegar a soluciones amistosas donde la Comisión no intervenía, pero el Estado dejó pasar tanto tiempo que llegó a su etapa de fondo donde la Comisión viene ahora y le dice al Estado que se cometieron estas y otras violaciones en el caso de Escaleras, y tienen que cumplir con estas recomendaciones, y si no lo hace el caso pasa a la Corte” aseguró Brenda Mejía.

“Asumimos los compromisos de la medida de no repetición, de la indemnizaciones, de la educación en tema ambiental y de protección de defensores de Derechos Humanos, así como reconocer, mediante monumentos en la ciudad de Tocoa, la memoria de don Carlos Escalera Mejía” explicó el abogado Abraham Alvarenga.

Entre las acciones que el Estado deberá realizar están la elaboración y difusión de un documental televisivo sobre la problemática ambiental en Honduras y la labor que desarrolló Escaleras como activista, dicha producción audiovisual se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión. Además, el Estado de Honduras cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” para denominarlo “Carlos Escaleras Mejía” y se remodelará la Plaza del Centro de Tocoa la cual pasará a llamarse “Plaza Carlos Alfonso Escaleras Mejía”, donde se colocará un busto en su honor.

“Varias de las recomendaciones tienen que ver con la investigación de los hechos, la Comisión dice que tienen que investigarse a todos los participantes en el asesinato de don Carlos y también tiene que investigarse a los funcionarios que en algún momento obstaculizaron la justicia, protección a testigos y a víctimas, también recomienda medidas vinculadas con la protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos” explicó Marcia Aguiluz.

Vigilancia al cumplimiento

Con la firma del acuerdo no se termina el caso de Carlos Escaleras. “Nos falta mucho trabajo por hacer. Hay que dar seguimiento para que el Estado cumpla con los acuerdos que se quedaron, establecidos ya con fecha y hay que estar como pendientes de que se cumplan” aseguró Brenda Mejía.

Pero el Estado asume su compromiso de cumplir los acuerdos durante este periodo de gobierno que concluye en enero de 2018. “Nosotros vamos a liderar la comisión interinstitucional para que puedan llevarse a cabo todo el cumplimiento de los puntos y ya los más importantes los tenemos avanzados y sólo es que en los plazos que se ha fijado para la ejecución poder llevarlos a cabo para satisfacción de los familiares, de los representantes y también por los compromisos que hemos asumido como Estado” dijo el Procurador, Abraham Alvarenga.

Las partes acordaron que la CIDH evaluará en doce meses el acatamiento de todo lo establecido en el acuerdo de cumplimiento para lo cual el Estado, Cejil y el ERIC deberán presentar información sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2335-frente-a-v%C3%ADctimas-estado-acepta-responsabilidad-por-muerte-de-ambientalista

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Caso ambientalista Carlos Escaleras: Estado Hondureño acepta su responsabilidad

Thursday, 27 August 2015 16:27 Written by  Published in Contexto Read 90 times

Caso ambientalista Carlos Escaleras: Estado Hondureño acepta su responsabilidad Foto:radioprogresohn.net/

Al pasar más de una década del asesinato del líder ambientalista Carlos Escaleras, el Estado hondureño finalmente se comprometió a aceptar las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , en relación con las violaciones a los derechos humanos contra él y su familia, informó un comunicado de prensa del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) este jueves 27 de agosto de 2015.

El compromiso se firmó entre representantes de la familia de Escaleras , abogados de CEJIL y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), en representación de la víctima y representantes del Estado.

La CIDH estableció en el mes de julio del año 2014 la responsabilidad de Honduras por la violación de un conjunto de derechos: a la vida, a la libertad de asociación y a los derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; igualmente la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de su esposa, madre, hijos y hermanos.

Según el comunicado de CEJIL, el Estado hondureño se comprometió –producto de las recomendaciones de la CIDH- a la difusión por medio de cadenas de radio y televisión, de un documental que refleje la problemática ambiental en el país y la lucha de Carlos Escaleras como activista en pro del medio ambiente.

Además, como homenaje a Escaleras, el Estado cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” por el de “Carlos Escaleras Mejía” y remodelará la plaza del centro de Tocoa, en el departamento de Colón (de donde Escaleras era originario) en donde colocarán un busto en su honor que llevará su nombre. Al terminar la remodelación, la plaza será reinaugurada con la presencia de las altas autoridades estatales, destacó CEJIL en el comunicado.

Otro de los acuerdos a los cuales se comprometió el Estado es una investigación judicial que establezca las circunstancias en las cuales fue asesinado el líder ambientalista así como la ejecución de medidas disciplinarias o penales para aquellos operadores de justicia quienes obstaculizaron el proceso.

Las partes firmantes del acuerdo concertaron que la CIDH evaluará en un periodo de doce meses (1 año) el cumplimiento del mismo. En ese momento,tanto el Estado como CEJIL y el ERIC-SJ deberán presentar información sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos. A partir de este plazo, la Comisión evaluará dicha documentación y determinará el posible envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró el comunicado.

Líder que gozó de credibilidad de la comunidad

Carlos Escaleras Mejía fue un destacado líder popular con un amplio recorrido en la defensa de los derechos humanos. Siendo estudiante de educación media se integró en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) a mediados de los años 70. Posteriormente, fue directivo a nivel nacional del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) en la década de los 80 hasta su despido, en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas a inicios de los 90.

Además, formó parte de la primera filial del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) en Tocoa Colón,  integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y del partido Unificación Democrática (UD), espacios en donde siempre hizo hincapié en la defensa de su territorio y por lo cual gozó siempre de la credibilidad de las comunidades del Aguán.

Fue asesinado el 18 de octubre de 1997 en su negocio de lavado de autos en la ciudad de Tocoa. Al momento de su asesinato, Escaleras era candidato a la alcaldía de su ciudad natal  por la UD y regresaba del entonces Tribunal Nacional de Elecciones en Tegucigalpa ya que faltaba aproximadamente un mes para realizarse el proceso electoral de ese año.

Desde la fecha del crimen contra Escaleras, su familia ha buscado que este caso no quede en el silencio impuesto por quienes ejercen control político y económico en el país. Hasta el momento, solo ha sido condenada una persona: Lucas García Suazo en octubre del año 2002. A pesar de la condena, se continúa en la búsqueda de los autores intelectuales de su asesinato.

Ante la lentitud de la justicia hondureña para resolver este caso, el Centro por la Justica y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) presentaron el 14 de enero de 2002, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la denuncia que responsabiliza al Estado por su asesinato.

 

Fuente:https://goo.gl/pOzj0U

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Cejil: Estado hondureño debe proteger a indígenas tolupanes

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San José y San Pedro Sula.- A año y medio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara las medidas cautelares para la protección de 18 integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y sus familiares –en su mayoría indígenas tolupanes–, Honduras continúa incumpliendo el mandato de este órgano internacional. No sólo no ha brindado protección física a las personas beneficiarias sino que ha omitido su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de  los graves hechos que afectan a dichos indígenas.
Los beneficiarios de las medidas de protección se han destacado por reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF). Esta defensa activa del medio ambiente ha provocado que los indígenas tolupanes, residentes en la comunidad de San Francisco, Locomapa, ubicada en el departamento de Yoro, sean víctimas de constantes actos de hostigamiento, amenazas y agresiones.
Previo al otorgamiento de las medidas de protección, en agosto del 2013, los líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina fueron asesinados mientras participaban de una protesta pacífica. Asimismo, durante la vigencia de las medidas asesinaron a los indígenas Erasio Vieda Ponce y Luis de Reyes Marcía, este último esposo de Consuelo Soto, una de las beneficiarias de las medidas quien también sufrió atentados contra su vida. Todos estos hechos permanecen impunes pese a que existen testigos que identifican a los autores materiales de los mismos.
Ante el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado hondureño, siete indígenas tolupanes se encuentran acampando a las afueras de Casa Presidencial, donde llevan catorce días en huelga de hambre, exigiendo al gobierno el cumplimiento inmediato de su obligación de protegerlos. Este esfuerzo se suma a las manifestaciones de indignados e indignadas que también permanecen allí en huelga de hambre, desde el pasado 22 de junio.
“La indiferencia de las autoridades ante estos hechos es preocupante, el Estado debe garantizar el derecho de los indígenas tolupanes a defender sus recursos naturales sin ser objeto de agresiones ni cualquier tipo de violencia”, manifestó Víctor Fernández Guzmán, Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización hondureña que lucha contra la corrupción y por la defensa de los recursos naturales.
La solicitud de medidas cautelares fue realizada el 19 de noviembre del 2013 por el MADJ y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Dichas medidas fueron otorgadas por la Comisión un mes después, determinando la obligación del Estado de proteger a 18 indígenas tolupanes y sus familiares, que en total suman 38 personas.
 “La protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos contribuye a fortalecer el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, por ello CEJIL hace un llamado urgente a Honduras para que implementen las acciones necesarias que protejan la vida e integridad de las y los beneficiarios de las medidas cautelares, en particular, debe investigarse diligentemente a las personas responsables de los asesinatos y atentados contra los tolupanes y proceder a juzgarles y sancionarles en el menor plazo posible” afirmó Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México. /Fotografías: Esteban Meléndez

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Análisis de la Ley de Protección a defensores y periodistas en Honduras

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Protection International ha acompañado a la sociedad civil hondureña en iniciativas que han buscado el establecimiento de un marco legal de protección de las y los defensoras de derechos humanos –DDHH- en el país, debido a la situación de alto riesgo que estas personas enfrentan como consecuencia de su trabajo. El pasado 15 de mayo fue promulgada la nueva “Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia”.
Posterior a la publicación de la Ley de Protección, PI y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL- realizaron un análisis detallado de la ley que ha sido compartido con diferentes actores clave del gobierno y la sociedad civil hondureña. El documento incluye observaciones y recomendaciones que consideramos necesarias para la elaboración del Reglamento que implementa la ley y que, de acuerdo con la misma, debe ser emitido el próximo 15 de agosto.
Entendemos que el éxito de la ley depende no solamente de una elaboración adecuada de sus protocolos y de una transparente gestión en la implementación de una política pública que busque prevenir las agresiones y proteger a las y los DDH en situación de riesgo, sino también de la participación activa de la sociedad civil en todas las etapas – desde la elaboración de los protocolos hasta el monitoreo permanente de la acción de las instituciones del Estado en cumplimiento de la ley.
Bajo estas consideraciones,  PI y CEJIL  ponen a su disposición el documento adjunto que pretende ser un insumo de cara al proceso de diseño y eventual aprobación del reglamento de la ley.
Puede acceder al comunicado haciendo click en este enlace

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Continúan amenazas a líderes de tribu Francisco en Locomapa, Yoro

May 29, 2015

La  comunidad de Locomapa, ubicada en las montañas del departamento de Yoro, es una zona con mucha riqueza natural que en los últimos años ha sido amenazada por empresarios que pretenden a toda costa adueñarse de ese territorio. En agosto del 2013 Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina fueron asesinados por sicarios al servicio de  mineros dedicados a la extracción de antimonio y la destrucción del bosque, ellos participaban en una toma de la carretera con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio ancestral.

El pasado mes de abril Luis de Reyes Marcía, esposo de la dirigenta indígena Tolupán, Consuelo Soto, fue asesinado luego de haber denunciado reiteradas amenazas a muerte por desconocidos. A raíz de los asesinatos, Consuelo Soto tuvo que salir de la comunidad junto a su familia, pero decidieron regresar a continuar la lucha el pasado mes de febrero de 2015. A su retorno se reincorporó a la lucha para exigir que las empresas extractivitas salgan del sector y dejen de infundir temor en la población.

Atentado

Consuelo Soto, junto a otros luchadores indígenas tolupanes han venido sufriendo intimidaciones y amenazas de muerte, el viernes 22 de mayo la luchadora denunció un atentado en contra de su vida. Según Consuelo un vecino molesto por la visita que realizó el fiscal de las etnias,  llegó hasta su casa en la tarde del viernes y sin mediar palabras realizó tres disparos. A raíz del nuevo atentado la dirigenta tuvo que salir inmediatamente de la comunidad.
La lideresa  aseguró que teme por su seguridad y la de su familia, “me preocupa porque mis hermanos están en peligro, yo no me siento bien porque le quitaron la vida a mi esposo, y ahora me la quieren quitar a mí”,  relató.

Denuncia internacional

Consuelo Soto y otros líderes indígenas gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, pero el Estado hondureño no ha mostrado voluntad en implementar la disposición de protección.

A raíz del atentado hecho el pasado 22 de mayo, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL,  alertaron a la Comisión para que presione al Estado y que éste cumpla con la responsabilidad de implementar las medidas cautelares y garantizar la seguridad e integridad de la luchadora indígena.

Situación de la comunidad

Para reconocer su territorio, las comunidades de la tribu San Francisco de Locomapa Yoro realizaron el pasado 17 de mayo una caminata donde reconocieron sus linderos y  límites de su territorio. Durante la caminata se evidenció la destrucción de muchas hectáreas de bosque, por lo que las comunidades decidieron denunciar esta situación ante el Ministerio Público. La fiscalía del ambiente se comprometió a realizar una inspección en el lugar e iniciar una investigación que dé con los culpables de realizar la tala sin consultar a la población del sector. La visita estaba programada para el martes 26 de mayo, pero una vez más se evidenció0 la poca voluntad del Estado en solucionar el conflicto en el sector.

Elección

El pueblo indígena tolupán del sector Locomapa, Yoro, se prepara para elegir el próximo 21 de junio el consejo directivo, Ramón Matute líder indígena dice que la elección se realiza cada dos años y esperan que unas 19 comunidades se presenten para elegir a las nuevas autoridades.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2098-contin%C3%BAan-amenazas-a-l%C3%ADderes-de-tribu-francisco-en-locomapa-yoro

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Corte IDH podría condenar a Honduras y sentar un verdadero precedente de independencia judicial

Feb 06, 2015

La Corte Suprema en Honduras, CSJ abusó de su poder, trasgredió obligaciones internacionales y de su propia legislación, para dejar un precedente: si desafían al poder, si actúan de forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados porque en el poder judicial no hay cabida para la crítica.

Así describió el accionar del Poder Judicial en Honduras, Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), en el caso de los tres jueces y una magistrada destituidos luego de denunciar las violaciones y arbitrariedades ocurridas en el marco del golpe de Estado de 2009.

Los días 2 y 3 de febrero, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llamaron al Estado de Honduras, a través de la audiencia del caso López Lone y otros vs. Honduras,  a adoptar medidas prontas que garanticen jueces y juezas independientes y así lograr que todas las personas en el país tengan acceso a la justicia.

El juicio se abrió escuchando a las víctimas y peritos, quienes dieron sus opiniones en estos despidos que tienen una vinculación  directa con la aplicación de justicia en Honduras. En la comparecencia el abogado Guillermo López Lone, una de las víctimas del caso, se refirió a los despidos arbitrarios que sufrieron él y los jueces Luis Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios, así como también la magistrada Tirza Flores.

Ese primer día la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió la opinión experta de tres peritos. El señor Antonio Maldonado, abogado y ex asesor en materia de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, habló sobre el contexto de restricción de derechos humanos que caracterizó el golpe de Estado y sobre el rol que jugaron las máximas autoridades de diversas instituciones responsables de garantizar derechos humanos en dicho escenario.

Otra de las opiniones que recibieron los siete jueces que conforman  la Corte IDH, fue la de Leandro Despouy, ex Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, quien explicó que los despidos de los jueces y la magistradas están ligados a la violación al derecho de la libertad de expresión, ya que se les sancionó por la denuncia y las opiniones vertidas, lo que se convierte en caso de censura indirecta.

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El Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España, declaró ante la Corte sobre las garantías que deben cumplir los procesos contra jueces y juezas y sobre los derechos y libertades que poseen. En particular, el perito Ibáñez realizó un exhaustivo análisis de la legislación vigente en Honduras y recomendó reformas para fortalecer la independencia en este país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representada, entre otros, por el Comisionado Jesús Orozco y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza, apoyaron la tesis de las víctimas y solicitaron a la Corte declarar la responsabilidad del Estado por los hechos.

“La decisión que esta Corte adopte en este caso  sentará un precedente en el resguardo de la democracia en la región y la salvaguarda del derecho de expresión, derecho de reunión, derecho de asociación y  derecho de participación, manifestó el relator para la libertad de expresión, quien además solicitó un pronunciamiento de la Corte IDH en este tema por su relevancia en términos de orden público interamericano.

El Estado ocupó su tiempo principalmente en alegar una falta de agotamiento de los recursos internos además afirmó que sí existían garantías internas de protección para las víctimas, postura que fue refutada por la Asociación de Jueces por la Democracia, CEJIL y los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En representación del Estado hondureño, acudió el Sub Procurador General de la República, el abogado Jorge Abilio Serrano, quien dijo en su defensa que las motivaciones del Estado para terminar la relación laboral con los jueces y la magistradas están contenidas en la legislación nacional y que no afecta la Convención Interamericana de Derechos Humanos y leyes internacionales.

Marcia Aguiluz, directora del programa de CEJIL para Centroamérica y México, recalcó durante la audiencia que  “la Corte Suprema hondureña abusó de su poder, transgredió las obligaciones internacionales del Estado y su propia legislación. Para sentar un precedente, la Corte escogió a estas cuatro personas, todas integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia, y envió un mensaje claro: si desafían al poder, si actúan en forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados. No hay cabida para la crítica. Ahora está en manos de los jueces de la Corte Interamericana cambiar este desafortunado precedente y establecerlo en favor de la independencia judicial”.

Proceso 

Este es el primer caso que conoce la Corte IDH sobre hechos relacionados con el golpe de Estado y también es el primer caso sobre independencia judicial de un país centroamericano.

Luego de finalizar el juicio, la magistrada Tirza Flores Lanza manifestó, “después de tocar tantas puertas solo estar en la Corte Interamericana de DDHH ya es reparador. A nivel personal la presencia de mis hijos es importante. También lo es que se acredite en el juicio el contexto de un golpe de Estado. Y que muchas víctimas sientan que vamos abriendo camino.”

En su comparecencia el abogado Alfredo Ortega, defensor de los jueces y la magistrada, dijo que las víctimas actuaron como auténticos defensores de derechos humanos ya que realizaron una serie de acciones para reclamar la restauración del orden constitucional.

“En abogado Guillermo López Lone participó en una marcha donde 200 mil de personas pedían la restauración del orden constitucional. Él actuó no solo con el derecho de ser ciudadano sino como su deber. La magistrada Flores Lanza acudió al sistema de justicia hondureño a denunciar a los presuntos responsables del golpe de Estado y amparar al presidente que había sido violentamente expulsado. En el caso del juez  Luis Chévez de la Rocha fue hasta detenido por defender a un grupo de habitantes que protestaban y fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad nacional. Y finalmente el abogado Barrios dictó una conferencia en su condición de catedrático universitario, donde manifestó que lo ocurrido en Honduras no era una sucesión constitucional, posteriormente se publicó un resumen de su comparecencia. Por estas acciones los jueces y la magistrada fueron destituidos arbitrariamente en un proceso en que entre otras violaciones, no garantizó el acceso a recursos  adecuados y efectivo”, dijo Ortega.

Aguiluz agregó que la reparación es integral. “La restitución no únicamente es importante para la vida de los jueces y la magistrada, sino por el mensaje que se enviaría al poder judicial y la judicatura hondureña, en cuanto a que si ejercen su libertad de expresión, si son críticos y son arbitrariamente despedidos esas actualizaciones eventualmente tendrán un acto de justicia y eventualmente van hacer reparados. Es importante que la Corte IDH deje claro que el reintegro no admite una justificación alguna. El reintegro no es sinónimo de perder la indemnización que les corresponde y que deben quedar en condiciones iguales a las que ellos tenían al momento del despido”, dijo la abogada defensora de los jueces y la magistrada.

El procedimiento aplicado a las víctimas carecía de normativas claras, eran ambiguas, no se contaba con la garantía del juez natural, no garantizaba el debido proceso. Esto estaba establecido en la ley de la carrera judicial y su reglamento, aunque a ellos se les aplicó 8 distintos instrumentos jurídicos.

¿Por qué es importante este caso?

Lo ocurrido a los jueces y la magistrada no es un caso aislado. En Honduras persiste un grave problema en cuanto al uso de procesos disciplinarios para sancionar, estos han servido como instrumento de control político e ideológico.

Desde Cejil han señalado que la Asociación de Jueces ya había ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear sus preocupaciones mucho antes de que hubiese ocurrido este caso. Luego en el 2012 el Congreso Nacional destituyó a 4 magistrados de la Sala Constitucional  sin ningún tipo de proceso porque se atrevieron, en ese momento, a desafiar al poder Ejecutivo.

Marcia Aguiluz recordó que “recientemente cuando se instaló el Consejo de la Judicatura y la Carrera judicial, entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, se anunció una depuración basada en la ley del Consejo que no tenía ninguna regulación disciplinaria y creando una directriz temporal y producto de ese régimen ad hoc, podríamos señalar que se han suspendido aproximadamente 28 jueces y se han destituido 29, vale llamar la atención que en esta nueva camada de arbitrariedades fue despedido el abogado Barrios”.

La Corte no debería permitir que los Estados de alguna manera realicen reformas que son meramente formales y que persisten en la incompatibilidad con las obligaciones internacionales como una forma de evadir el examen de esta honorable Corte, dijo la represente de Cejil.

Para el perito Andrés Ibañez es un tema de la ejecutividad de las resoluciones de la Corte y enviar de alguna manera ese mensaje de que tiene sentido venir a la Corte IDH para efecto de obtener justicia, y más aún en un caso como aquí corresponde.

“El presente juicio representa un hito histórico para los jueces y juezas de Honduras, así como para la sociedad hondureña que clama justicia y respeto a los derechos humanos. Estamos  convencidos que la resolución que tome la Corte Interamericana responderá a nuestras peticiones y servirá para reorientar tanto el régimen disciplinario en el poder judicial de Honduras, así como los derechos a la libertad de expresión, de organización y de asociación que tenemos los jueces de Honduras. Así como el derecho que tenemos de opinar en los diferentes temas que conciernen a la sociedad hondureña”, Mario Díaz, presidente de la AJD.

En sus comparecencias tanto los jueces como los peritos expresaron que la decisión de la Corte es trascendental pues permitirá establecer con mayor claridad las garantías al debido proceso y limitar así el uso arbitrario de los procesos disciplinarios para sancionar jueces que actúen en forma independiente.

Lea también: RESARCIR EL GOLPE AL CORAZÓN DEL ESTADO DE DERECH

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1586-corte-idh-podr%C3%ADa-condenar-a-honduras-y-sentar-un-verdadero-precedente-de-independencia-judicial

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In 2nd day of trial , Honduran judges say they acted in defense of human rights

Honduras

George Rodríguez

3 days ago

Lawyers for the four judges dismissed in Honduras for objecting to the country’s 2009 coup clashed with adversaries from the government on Tuesday at the closing of a hearing at the Costa Rica-based Inter-American Court of Human Rights.

The jurists sought the court’s help in restoring the constitutional order that had been broken in Honduras, said attorney Alfredo Ortega, with the Washington-based Center for Justice and International Law (Cejil), which is representing the former judges in the legal proceedings.

But an attorney for the Honduran government, Jorge Serrano, said the group’s lawsuit is inadmissible because the judges’ dismissal is based on national legislation.

In 2009, “the victims, acting as authentic defenders of democracy and human rights, carried out a series of actions to demand constitutional order be restored,” Ortega told the court in Cejil’s closing arguments for the two-day hearing.

The plaintiffs, Guillermo López, Luis Alonso Chévez, Ramón Enrique Barrios and Tirza Flores, are all members of the Asociación de Jueces por la Democracia (Judges’ Association for Democracy, or AJD).

The AJD voiced opposition to the bloody coup, which toppled Honduran President Manuel “Mel” Zelaya, who was sent into exile.

López “took part in a march in which more than 200,000 people demanded the return to the rule of law,” something that “for him was not only his right as a citizen, but also his duty,” Ortega said.

Chévez “was arbitrarily arrested for defending a group of demonstrators against the excessive use of force. At the same time, he questioned the Supreme Court’s response” to the coup, he added.

The Honduran Supreme Court backed the coup, calling it a “constitutional succession,” rather than a coup.

As a university professor, Barrios held a conference during which he stated that what had happened had not been a constitutional succession, Ortega said, adding that, “a summary of the conference was later published by local newspapers.”

Flores “resorted to the justice system to denounce those allegedly responsible for the coup d’etat, and to protect the president who had been violently expelled,” he added.

“For these actions, the judges and the magistrate were arbitrarily dismissed in a process that, among other violations, did not guarantee access to adequate and effective [legal] resources,” Ortega said.

“Their acts, which generated disciplinary processes and their ultimate dismissals, were protected by the right to freedom of expression,” he added.

“The exercise of freedom of expression also can be a duty for judges, due to their role as guarantors of the rule of law,” he said.

Marcia Aguiluz, also a lawyer with Cejil, told the court that the Supreme Court “abused its power, violated the state’s international obligations and its own legislation.”

She said, “In order to set a precedent, the Supreme Court chose these four people – all members of the Asociación de Jueces por la Democracia – to send … a clear message: If you challenge power, if you act independently, if you think differently, you’ll be expelled.”

She asked the seven human rights court justices to set a precedent by favoring judicial independence.

Serrano, representing the government, cited legislation that justified the judges’ dismissal.

“We believe it doesn’t violate … precedents set by the Inter-American System,” he said.

He added that Honduran legislation provides for a legal process for the protection of the rights that allegedly had been violated.

Serrano asserted that, “the lawsuit should be considered inadmissible.”

Colombian Justice Humberto Antonio Sierra, president of the Inter-American Court, said the parties have until March to file closing statements in writing.

Fuente: http://www.ticotimes.net/2015/02/04/in-2nd-day-of-trial-honduran-judges-say-they-acted-in-defense-of-human-rights?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Daily%20RSS%20Newsletter&utm_medium=email

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Denuncian a Honduras por casos del Aguán

28 de Octubre de 2014

09:46PM  –  Redacción  

Solo en 2013 hubo 22 homicidios de jóvenes entre 15 y 18 años, 12 en este año. Asimismo, 21 niños de 0 a 5 años fallecieron en Tocoa; dos por arma de fuego.

Denuncia por menores afectados.
Denuncia por menores afectados.

Tegucigalpa, Honduras

El Estado de Honduras será denunciado internacionalmente por violar derechos humanos de niños del Bajo Aguán.

La denuncia la formalizará el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Coordinadora de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (Coiproden). Ambos organismos acudirán mañana ante la 153º Período Ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos.

Para ese efecto, la CIDH programó la audiencia pública denominada Situación general de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Bajo Aguán, Honduras.

Se denunciará la situación precaria de vida y las violaciones de derechos humanos que viven los niños, niñas y adolescentes del Bajo Aguán, debido a la desatención del Estado, cita Cejil.

Argumenta que los niños, niñas y adolescentes del Bajo Aguán se han visto afectados por los problemas de violencia, pobreza, falta de acceso a servicios básicos y militarización.

Solo en 2013 hubo 22 homicidios de jóvenes entre 15 y 18 años, 12 en este año. Asimismo, 21 niños de 0 a 5 años fallecieron en Tocoa; dos por arma de fuego.

En términos de salud, 2000 adolescentes fueron atendidos por embarazos y partos, se tiene conocimiento que hubo 102 abortos de adolescentes entre los 10 y 14 años en el 2013.

Otro agravante es el conflicto de tierras que persiste en la localidad.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/762528-331/denuncian-a-honduras-por-casos-del-agu%C3%A1n

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CEJIL lleva a la CIDH la problemática de los niños migrantes en Estados Unidos y las graves violaciones de derechos humanos en México

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con organizaciones aliadas presentará 14 audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 153º período ordinario de sesiones.

Las audiencias ante esta instancia se iniciarán el lunes 27 y finalizarán el viernes 31 de octubre, llevándose a cabo en el edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washington D.C.

Conozca nuestras principales denuncias

Situación de derechos humanos de la niñez y familias migrantes y refugiadas en Estados Unidos
¿Cuándo?: Octubre 27 9:00 am a 10:00 am
¿Dónde?: Salon Padilha Vidal-Organización de los Estados Americanos1889 F St NW Washington, D.C., 20006

En lo que empezó a llamarse la oleada (denominado “the surge” en inglés)  entre funcionarios gubernamentales y activistas, las cifras de niños indocumentados aprehendidos al cruzar la frontera sur de Estados Unidos de América sin sus padres se incrementó de 8.000 en 2011 hasta 60.000 en 2014. Muchos niños, niñas y adolescentes podrían ser potencialmente elegibles para categorías internacionales de protección. Los peticionarios denunciaran situaciones de abusos de derechos humanos cometidos por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos y presentarán recomendaciones a miembros del gobierno que se encontrarán presentes durante la audiencia. Enlace a la ficha técnica.

Situación de graves violaciones de derechos humanos en México
¿Cuándo?: Octubre 30 4:30 pm a 5:30 pm
¿Dónde?: Salón Padilha Vidal-Organización de los Estados Americanos1889 F St NW Washington, D.C., 20006

Apenas entre el uno y dos por ciento de los delitos son sancionados en México, de acuerdo con informes de la CIDH y Naciones Unidas. Esta situación de impunidad perpetúa la problemática e incrementa el riesgo de que las violaciones de derechos humanos se repitan. Los peticionarios denunciarán situaciones históricas en el país, así como hechos recientes, entre ellos el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Enlace a la ficha técnica.

Violencia contra Campesinos en Paraguay
¿Cuándo?: Octubre 31 2:00 pm a 3:00 pm
¿Dónde?: Salón Rubén Darío-Organización de los Estados Americanos 1889 F St NW Washington, D.C., 20006

Según el informe “Chokokue 1989-2013”, se han producido en el país al menos 115 ejecuciones y desapariciones de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas, en el período comprendido entre el 3 de febrero de 1989 y el 15 de agosto de 2013. A pesar la gravedad de esta situación, el Estado omite implementar medidas adecuadas y efectivas tendentes a investigar diligentemente y a sancionar a los culpables de esos hechos. Los peticionarios presentaran información actualizada sobre la situación de violencia contra los campesinos/as y otros dirigentes del movimiento agrario que se registra en la zona rural de Paraguay. Enlace a la ficha técnica.

Realización de Justicia para los casos de Dictadura Militar en Brasil
¿Cuándo?: Octubre 31 11:30 am a 12:30 pm
¿Dónde?: Salón Padilha Vidal -Organización de los Estados Americanos 1889 F St. NW Washington, D.C., 20006

Durante los últimos anos, la Fiscalía General de Brasil presento acciones judiciales penales en casos relacionados a crímenes cometidos por agentes estatales durante la última dictadura militar en Brasil. Sin embargo, la Ley de Amnistía continua obstaculizando estos procesos legales. Durante la audiencia, se realizara un análisis de estos obstáculos. Enlace a la ficha técnica.

Vea el calendario completo de audiencias de CEJIL:

Situación de derechos humanos de la niñez y familias migrantes y refugiadas en Estados Unidos

27 de Octubre

9:00 -10:00 am

Resumen a ficha técnica

Políticas  y legislación en materia de reparaciones por violaciones de DDHH en Colombia

27 de Octubre

10:15 -11:15 am

Resumen a ficha técnica

Situación de DDHH de los pueblos indígenas de Ecuador

27 de Octubre

5:00 -6:00 pm

Resumen a ficha técnica

Denuncias sobre militarización en Guatemala

28 de Octubre

10:15 -11:15 am

Resumen a ficha técnica

Situación de DDHH de las Mujeres Indígenas en Nicaragua

28 de Octubre

5:45 -6:45 pm

Resumen a ficha técnica

Situación de DDHH de niños, niñas y adolescentes en Bajo Aguan

30 de Octubre

10:45-11:45 am

Resumen a ficha técnica

Derechos económicos sociales y culturales de las mujeres en Honduras

30 de Octubre

3:15 -4:00 pm

Resumen a ficha técnica

Denuncias de impunidad por impunidad por graves violaciones de DDHH en México

30 de Octubre

4:30-5:30 pm

Resumen a ficha técnica

Situación de los derechos humanos de las mujeres en situaciones de emergencias médicas en Brasil

31 de Octubre

9:00-10:00 am

Resumen a ficha técnica

Realización de Justicia para los casos de Dictadura Militar en Brasil

31 de Octubre

11:30am-12:30 pm

Resumen a ficha técnica

Denuncias sobre violencia en contra de campesinos en Paraguay

31 de Octubre

2:00-3:00 pm

Resumen a ficha técnica

Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en las Américas

31 de Octubre

3:15-4:00pm

Resumen a ficha técnica

Uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensoras y defensores de DDHH

31 de Octubre

4:30-6:00 pm

Resumen a ficha técnica

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3303:cejil-lleva-a-la-cidh-la-problematica-de-los-ninos-migrantes-en-estados-unidos-y-las-graves-violaciones-de-derechos-humanos-en-mexico&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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Organismos internacionales exigen garantías para derechos de mujeres y niñas en Centroamérica

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Del 12 al 15 de agosto de 2014, tuvo lugar el 152º periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México. La Comisión decidió convocar por iniciativa propia a representantes de la sociedad civil y de los gobiernos de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Belice, Guatemala y Nicaragua.

La CIDH busca conocer preocupaciones particulares, avances y obstáculos que enfrentan en materia de derechos humanos. Dos temas recurrentes en las sesiones fueron los derechos de las mujeres, las agresiones a personas defensoras y la grave situación de la niñez migrante.

En la audiencia sobre Honduras, JASS Mesoamérica integró la delegación  de organizaciones civiles conformada para abordar la situación de la violencia contra las mujeres junto con el Foro de Mujeres por la Vida, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, CLADEM-Honduras y CEJIL.

La delegación  denunció que tan solo en 2013 fueron asesinadas 636 mujeres, con una tasa de impunidad en casos de violencia sexual y asesinatos de mujeres de 95%; a pesar de ya existe la figura penal del “femicidio” solo hay registro de 5 casos. Además denunció que desde el golpe de Estado la anticoncepción de emergencia fue prohibida, y que no existe el derecho al aborto en el país.

En la audiencia de Guatemala, en cuya delegación de organizaciones de la sociedad civil participaron nuestras aliadas de UDEFEGUA, se denunció que entre enero y julio de 2014 se produjeron 691 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo el uso de la fuerza en protestas sociales pacíficas y contra comunidades indígenas y campesinas. También se habló de la militarización de las instituciones democráticas, la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de multinacionales y los abusos y hostigamiento a las comunidades indígenas y LGBTI.

En la audiencia de El Salvador, en la que participaron representantes de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, se trató el tema de la violencia y los crímenes de odio contra la población LGBTI, de la preocupante situación migratoria de los niños y niñas  salvadoreñas, y de la criminalización absoluta del derecho al aborto.

En el marco de este 152º Periodo de Sesiones, JASS Mesoamérica, en alianza con otras organizaciones de derechos humanos, incluida la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y CEJIL, coordinó el conversatorio regional “Defensoras de Derechos Humanos: retos para su protección efectiva en la región mesoamericana”, celebrado el 15 de agosto. Más información sobre el conversatorio está disponible gracias al ISHR y la Embajada de Noruega.

Finalmente, el martes 19 de agosto, JASS Mesoamericana organizó el Foro “Violencia contra las Mujeres en México: Retos y Pendientes para Cumplir con las Obligaciones Internacionales en la Materia”, en el marco del cual también se conmemoraron los 20 años de la Convención de Belém do Pará. Este foro contó con la presencia de la comisionada Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatora sobre derechos de las Mujeres./ Fuente:  Asociadas por lo Justo (JASS).

Participantes

Foro de Mujeres por la Vida, Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo (JASS), CLADEM-Honduras / Fundación San Alonso Rodríguez y Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) / Asociaciones LGBT Arcoiris de Honduras y el grupo de mujeres lesbianas y bisexuales y personas trans /Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – Radio Progreso (ERIC-RP), Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-mujeres/organismos-internacionales-exigen-garant%C3%ADas-para

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CIDH escucha en México casos de violaciones a Derechos Humanos en Centroamérica

Ago 15, 2014

Esta semana se desarrolló en la Ciudad de México el 152 periodo de sesiones extraordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. A las audiencias públicas acudieron organizaciones de sociedad civil que trabajan los Derechos Humanos en Centroamérica y se contó con la representación de los Estados. La Comisión en pleno escuchó a ambas partes con una diversidad de temas.

“La visita de la Comisión responde a algunas solicitudes que han hecho varios Estados para que no solo sesione en Estados Unidos, hubo una presión muy fuerte para que salga de su sede, lo que es bueno  porque  acerca la Comisión a los pueblos. México fue el primer Estado que invitó a la Comisión formalmente,” expresó Marcia Aguiluz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil.

Como tradición de estos organismos, no tocan temas del país al que van a sesionar tras ser invitados, por lo que la CIDH determinó escuchar los planteamientos de los países centroamericanos.

“Los temas comunes son migración que planteó Guatemala, Honduras y El Salvador, también está el tema de la impunidad e independencia judicial, la situación de la diversidad sexual, los temas de discriminación, el tema de las mujeres, es decir, el común denominador conocer lo que está pasando con los grupos en situación de vulnerabilidad”, aseguró Aguiluz.

El periodo de sesiones fue inaugurado el lunes y las audiencias arrancaron el martes con los países de Belice, Costa Rica y El Salvador. El miércoles asistió Guatemala y Honduras, y el jueves lo hicieron Nicaragua y Panamá. El periodo de sesiones fue clausurado el viernes.

Caso Honduras

Asistieron a las audiencias 12 personas representando a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y por el Estado asistió el Procurador General de la República, Abrahan Alvarenga Urbina, acompañado por el embajador de Honduras en México, José Mariano Castillo Mercado.

Entre los principales temas que se plantearon fueron la grave situación de la niñez migrante y la falta de respuestas efectivas del Estado. También la necesidad de una ley que proteja a los defensores de Derechos Humanos. Además se condenaron los asesinatos de mujeres y la militarización de la sociedad hondureña.

“Estamos informando a la Comisión de toda la situación de Honduras y estamos pidiéndole cuentas al Estado y cuáles van a ser las políticas que va a establecer para mejorar las condiciones de vida de la niñez en el país” expresó Brenda Mejía del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric-sj y de la Red Jesuita con Migrantes.

Se señaló al Estado de no estar brindando respuestas integrales al tema de la niñez migrante. Las organizaciones argumentaron que las respuestas se alejan del enfoque de derechos humanos, se fundamentan en acciones asistencialistas y está focalizada en medidas a corto plazo de atención a la crisis humanitaria, principalmente desde una perspectiva de seguridad y militarización.

“Planteamos el tema del femicidio, muerte violentas de mujeres, la alta tasa de impunidad, la poca voluntad política del Estado hondureño de garantizar el cumplimiento de la figura penal de los femicidios, también la prohibición de la anticoncepción de emergencia que es un derecho reconocido a nivel mundial y la criminalización de las defensoras de los Derechos Humanos” expresó Gilda Rivera del Centro de Derechos de Mujeres, CDM.

Además se denunció las graves violaciones a los Derechos Humanos en el Bajo Aguán con la militarización de la zona y “el dejar hacer y dejar pasar” que se les aplica a los terratenientes del sector.

Respuestas del Estado

El Procurador General de la República, Abrahan Alvarenga Urbina, respondió al tema de la niñez migrante. “Debemos de afrontar este tipo de problemas sociales con la valentía de tratar de resolver las causas que lo originan. Existe una gran cantidad de personas que emigraron hacia Estados Unidos hace varios años y dejaron a sus hijos y que ahora hacen el intento de reunificarse y es un derecho que nadie se lo puede vulnerar ya que es un derecho humano”, dijo Alvarenga Urbina.

Pero para Eric Martínez del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Ciprodeh, las organizaciones fueron contundentes en sus planteamientos. “Sociedad Civil fue muy clara, tenemos puntos muy fuertes en coincidencia como la militarización, la falta de respeto al Estado de Derecho pues no han implementado ese plan nacional y de acción en Derechos Humanos, y creo que las respuestas que dio el representante del Estado se alejan de la realidad del país” expresó Martínez.

El Procurador reconoció que el Estado debe asumir su rol dando la atención necesaria a los graves problemas sociales que enfrenta Honduras y combatir las causas que lo  originan.

“Debemos revisar todo en su contexto, debemos tratar el tema de una mejor manera con programa de apoyo a las familias, a las comunidades, programas de desarrollo, acceso a educación, acceso a la salud, que la gente sienta que el Estado proporciona este tipo de servicios a los que está obligado” expresó el Procurador, Abrahán Alvarenga Urbina.

Con la ley de protección a los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de la justicia, el Congreso Nacional debe de respetar la propuesta que un grupo de organizaciones de derechos humanos, asesorados por Cejil y Protección internacional presentaron a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso el 8 de agosto, explicó Gilda Rivera del CDM.

El Comisionado de la CIDH, Felipe Gonzáles destacó la importancia de realizar las audiencias fuera de Washington. “Yo creo que ha sido muy útil para la Comisión tener esta información y diálogos sobre la situación de los Estados centroamericanos en materia de Derechos Humanos y también es importante poder realizar estas sesiones fuera de la sede de la Comisión de manera de darle más visibilidad al tema de derechos humanos en la región”.

Visita a la frontera sur de Estados Unidos

Para conocer in situ la situación de la niñez migrante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, visitará, en el mes de septiembre, la frontera sur de los Estados Unidos, anunció el Comisionado Felipe Gonzáles.

“Nos interesa mucho como Comisión Interamericana poder tener una visión de primera mano de lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos con la situación de crisis humanitaria de la niñez migrante y hemos solicitado autorización al gobierno de Estados Unidos y ya lo ha dado para hacer esta visita en el mes de septiembre”, aseguró Gonzáles.

El trabajo lo harán la relatoría de migrante y la relatoría de la niñez de manera conjunta. “La Comisión ya ha emitido algunos comunicados de prensa al respecto sobre la gravedad de la situación pero es muy importante estar allí en la zona de Estados Unidos,” aseguró Gonzáles.

Visita a Honduras

Ya la CIDH tiene programada una visita oficial a Honduras en el mes de diciembre. “La visita a Honduras es para hacer una revisión general de la situación de los Derechos Humanos, allí van a estar todo lo que se refiere a protección al derecho a la vida, integridad personal, condiciones carcelarias, libertad de expresión, derechos económicos, sociales y culturales, situación de los colectivos vulnerables como pueblos indígenas, mujeres, discapacitados, migrantes, refugiados, etc., será un panorama completo” explicó Felipe Gonzáles.

Para Gilda Rivera, las audiencias desarrolladas esta semana sirven de insumo a la Comisión para preparar su visita. “Esperamos que la CIDH traslade las peticiones al Estado, que hagan una revisión de la política de seguridad que existe en el país y que dé lugar a unas políticas de seguridad basadas en la persona humana y revisar los altos niveles de militarización en Honduras” dijo Rivera.

Por su parte, Marcia Aguiluz de Cejil expresó que la visita representa una oportunidad para que la Comisión se acerque a la realidad hondureña, para que dialogue con diferentes sectores del Estado y no solo con la sociedad civil.

“Además después de una visita como esas, la Comisión, está obligada a hacer un informe de país en el que tiene que dar recomendaciones específicas, esto es muy importante para el seguimiento que se le tiene que dar” dijo Aguiluz.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1273-cidh-escucha-en-m%C3%A9xico-casos-de-violaciones-a-derechos-humanos-en-centroam%C3%A9rica

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Sociedad civil pide una Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas menos “policiaca”

Ago 08, 2014

La socialización para la aprobación de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia continúa. Las organizaciones de sociedad civil  presentaron un documento con recomendaciones, previo a la sanción de dicha ley en el Congreso Nacional en el que solicitan una legislación menos “policiaca”.

La directora del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), Suyapa Martínez, indicó que una de las propuestas hechas es la descentralización del órgano rector de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

“Ellos lo tenían dependiente de la Secretaría de Seguridad, una ley de protección muy policiaca; imagínese los que la persiguen a una es la Policía y los militares. Hemos quitado ese perfil y hemos propuesto una ley más civil, más vinculada con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos”, explicó Martínez al finalizar una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional.

En el artículo 16 de la ley, se dicta la creación del Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

Por su parte, José Zambrano, miembro de la comunidad de diversidad sexual, dijo que las observaciones fueron planteadas con ayuda del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

“Recuerde que después de la aprobación lo que se tiene que hacer son reglamentos y otras comisiones, porque lo que se requiere es que tengamos una ley…pero también se implemente posterior a aprobada, esperamos sean incluidas”, comentó.
Representantes de medios de comunicación y operadores de justicia harán recomendaciones

El diputado Yuri Sabas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que antes que la Ley de Defensores de Derechos Humanos sea sancionada por el pleno de diputados, recibirán las recomendaciones de los representantes de medios de comunicación y operadores de justicia.

Sabas anunció que el lunes 11 de agosto “tendremos la comparecencia de los medios” y el martes 12  la de los operadores de justicia.

“Haremos lo mejor para una nueva ley, y que en realidad haga que ustedes como comunicadores sociales, los operadores de justicia y defensores de derechos humanos se sientan cómodos haciendo su trabajo”, aseguró.

El proyecto de Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada el miércoles anterior en segundo debate, consta de 73 artículos, sin embargo, con las observaciones realizadas por las organizaciones de  sociedad civil quedaría en 67 artículos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1262-sociedad-civil-pide-una-ley-de-protecci%C3%B3n-a-defensores-de-derechos-humanos-y-periodistas-menos-%E2%80%9Cpoliciaca%E2%80%9D

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Exigen condena para Estado hondureño en caso de despido de jueces y magistrada

Jul 04, 2014

Esta semana, los representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron en la capital de la república los avances del caso de los jueces despedidos: Ramón Enrique Barrios, Guillermo López Lone, Luis Chévez y la magistrada Tirza Flores, por el cual el Estado Hondureño está próximo a ser sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

El objetivo de esta demanda que hace dos años fue interpuesta en el Sistema Interamericano, es que las personas en Honduras que enfrenten procesos ante la justicia cuenten con jueces y juezas independientes e imparciales que les garanticen y respeten sus derechos humanos.

Ante la inminente sentencia contra el Estado de Honduras, la independencia judicial se presenta como uno de los principales retos para las distintas organizaciones que luchan en contra de la impunidad y el restablecimiento del estado de derecho.

Marcia Aguiluz representante de Cejil para México y Centroamérica, expresa que el despido de los jueces, refleja que hay una Corte Suprema de Justicia que actuó con intereses particulares, muestra que las normativas facilitan la arbitrariedad y que los procesos disciplinarios se están utilizando para sancionar a jueces que opinen diferente políticamente.

“Lo que nosotros buscamos es fortalecer el Estado de Derecho, que los jueces tengan claridad del porqué se les puede sancionar, que tengan información de cuáles son las consecuencias, que tengan derecho a la defensa, derecho a expresarse siempre y cuando no comprometan su independencia; y buscamos de alguna manera, que se hagan reformas necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas que acudan a la justicia del país, sepan que van a contar con jueces independientes e imparciales,” expresó Aguiluz.

Tirza Flores es una magistrada despedida en el 2010 por reconocer que en Honduras había ocurrido un golpe de Estado, y haber interpuesto, en su condición de ciudadana, una denuncia en contra de varios funcionarios del gobierno por violaciones a los derechos humanos durante este periodo. Ella asegura que interpusieron esta demanda  para que el Estado reaccione y se comience una despolitización del sistema judicial.

“Decidimos llevar este caso a instancias internacionales, y no lo hicimos desde un punto de vista personal. Nosotros antes de ser despedidos militábamos en la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), una organización que hasta la fecha está muy activa exigiendo justicia y señalando falencias dentro del sistema judicial,” dijo Flores.

La ex magistrada concluyó que lo que pretenden es llamar la atención del Estado, porque a pesar que hay un Consejo de la Judicatura que no existía cuando los despidieron, éste no está realizando sus labores de acuerdo a la ley.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1151-exigen-condena-para-estado-hondure%C3%B1o-en-caso-de-despido-de-jueces-y-magistrada

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