“JOH creía que todo le iría bien este año, que todo lo había preparado de la mejor manera para que cada municipio de Honduras cediera sus cerros a la actividad minera, por esa razón declaró el 2015 como el año de la minería”.
Más del 35 por ciento del territorio hondureño esta concesionado, pese a que es de vocación agrícola forestal, el paisaje ha sido modificado y deteriorado por la explotación minera y otros proyectos de empresas transnacionales, que se imponen si el consentimiento de la población, violentando convenios internacionales como el 169 de la OIT.
En estos días se lleva a cabo en Tegucigalpa el Primer Congreso Internacional sobre Minería, organizado por la Universidad Politécnica de Ingeniería, UPI, y gobierno a través del Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN.
La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras, CONROA, no acepta la explotación irracional de los bines comunes y la concesión del territorio hondureño a compañías transnacionales mineras.
Según denuncias de dirigentes ambientales, actividades como este congreso minero, promueven la concesión del territorio nacional y venden la idea como oportunidad de inversión, generación de empleo y desarrollo para la comunidad, como son los mitos de la explotación minera.
El rubro minero a lo largo de historia solo ha ofrecido unos mil 743 empleos, mientras que en la agricultura hay un millón 200 mil plazas. Pero la explotación minera daña el suelo, los cultivos, el agua y la salud de los seres vivos.
Hace un año, en el Corpus, Choluteca, 11 hondureños fueron soterrados en una mina, tres de ellos fueron rescatados con vida, el resto no tuvo igual suerte, y sus familiares continúan esperando dar una digna sepultura a sus cuerpos.
Con todo este ambiente, se desarrolla este congreso en el marco del programa “Honduras lista para la minería” por lo que también se ha pronunciado la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, en el contexto de una “indignación generalizada por el descalabro de las instituciones del Estado y la galopante corrupción orquestada por Juan Orlando Hernández y la estructura nacionalista que gobierna con ilegalidad y violencia”, manifiesta en un comunicado.
En la denuncia pública, lamentan que por el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, que supera los 7 mil 300 millones de lempiras y que provocó la muerte de más de 2800 personas entre el año 2012 al 2014.
Agrega que “Rechazamos de manera absoluta este evento que expresa la corrupción política patrimonial del gobierno al poner en manos de compañías explotadoras extranjeras la venta de nuestros bienes naturales, la soberanía de nuestro territorio y el destrozo del presente y el futuro de nuestras comunidades”.
Su indignación por esos actos de corrupción crece al igual que el “Movimiento de Indignados” a nivel nacional, que se manifiesta con movilizaciones alumbradas con antorchas desde finales de mayo, y que desde hace 17 días inició una huelga de hambre, a la que se han unido tres compañeros campesino y defensores de derechos humanos del Bajo Aguan.
Ellos son Vitalino Álvarez, Obed Ulloa y José Chávez quien hace tres años perdió a su hermano el líder campesino Gregorio Chávez, desaparecido y encontrado muerto en la finca Paso Aguán, propiedad de Miguel Facussé (fallecido hace unas semanas) y que permanece militarizada y custodiada por guardias de seguridad privada.
“Por lo tanto no claudicaremos en nuestra lucha por la instalación de la CICIH en nuestro país, la implementación del juicio político para exigir la renuncia de Juan Orlando Hernández, la destitución del Fiscal General, el Fiscal Adjunto y el coordinador de Fiscales”
También repudian los ataques mediáticos provenientes del gobierno de JOH y sus voceros en los medios corporativos, en contra de los seis compañeros y una compañera indígena de la Etnia Tolupan, que se encuentran desde hace diez días a la huelga de hambre en las cercanías de Casa Presidencial, pues son legitima y dignamente representantes de la tribu de San Francisco de Locomapa en la montañas de Yoro, quienes son víctimas de persecución por defender sus tierras, y además beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Con la criminalización de quienes defienden los bienes comunes, el Estado avanza en su negocio de la explotación minera, el cual se ha fortalecido con JOH en la presidencia, poniendo el país al servicio de las empresa mineras, hidroeléctricas, monocultivistas y en general de toda acción extractiva como la exploración petrolera en el caribe hondureño, manifiesta en un documento la CONROA.
JOH declara 2015 como el año de la minería
JOH creía que todo le iría bien este año, que todo lo había preparado de la mejor manera para que cada municipio de Honduras cediera sus cerros a la actividad minera, por esa razón declaró el 2015 como el año de la minería y conjuntamente con el alcalde de San Pedro Sula y con un grupo de sus allegados, a impulso del Banco Mundial, estableció que en el mes de agosto se llevara a cabo un encuentro mundial que declarara a esa ciudad como la ciudad mundial de la minería, para ello el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ofreció financiar el evento con al menos 15 millones de Lempiras en espera de una cantidad similar por parte del Estado hondureño.
Previo a este encuentro el gobierno de JOH, en coordinación con el Banco Mundial, realizó un evento a inicios de año en un hotel de Tegucigalpa, en el cual reunieron a alcaldes, diputados, empresarios nacionales e internacionales, iglesias, etc. para hacer ver al mundo que en Honduras la mesa está servida para la inversión minera.
Desafortunadamente para ese grupo la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) se hizo presente con algunas comunidades afectadas por la actividad minera y denunció que había mucha oposición de las comunidades, entre ellas muchos municipios que han declarado sus territorios libres de actividad minera y de represamientos hidroeléctricos.
Las acciones ciudadanas continuarán en resistencia, durante los meses de julio y agosto de 2015. Siempre que las circunstancias aso lo exijan, campesinos, indígenas, ambientalistas y defensores de derechos humanos en general, demostraran al mundo entero que apenas es un pequeño grupo de falsos hondureños que busca cambiar el paisaje de Honduras destruyendo los bosques los cerros y acabando con los ríos y la disponibilidad de agua para la población mediante la actividad minera a cielos abiertos, han afirmado en las calles capitalinas, cientos de manifestantes, mientras en el interior de un lujoso hotel, exponen sobre la minería expertos de Chile, Perú y Canadá, entre otros.
Y a sólo tres cuadras, el número de indignados por tanta corrupción aumenta, ya sumas 19 hombres y mujeres en huelga de hambre, exigiendo al gobierno continúe con los trámites para la instalación de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras, CICIH, mientras permanece en el país, una misión exploratoria de la Organización de Nacionales Unidas, ONU, evaluando el tema.
La megaminería, un ramo de explotación de recursos naturales por parte de las rapaces transnacionales que en América Latina viene generando altos picos de conflictividad en las comunidades afectadas por los impactos ecológicos y de salud pública, constituye “una nueva forma de neocolonialismo, de saqueo, contaminación y degradación medioambiental”, señala Enrique Viale, investigador social argentino, abogado ambientalista, quien es coautor junto con la socióloga Maristella Svampa del libro Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo, (Katz Editores, 2104). Un sugerente título que se adentra en el análisis sobre las consecuencias del extractivismo no solo en el país gaucho sino en Latinoamérica. Los autores proponen en este trabajo bibliográfico dilucidar lo que el pensamiento único trata de ocultar y la “canalla mediática” de acallar: el pernicioso y criminal modelo económico que el capitalismo ha adoptado y cuyo resultado en los países latinoamericanos no ha sido otro que el “maldesarrollo”, como ellos con precisión y contundencia han denominado.
Compartimos una serie de informes sobre la normatividad minera en diversos países de América Latina.
La Red de Defensores/as de DDHH, Red de Comunicadores/as Sociales y Red de Campesinos por el derecho al Agua y Alimentación del departamento de El Paraíso, compartieron experiencias en cuanto a labor de acompañamiento y documentación de casos locales de violación a DDHH.
Mientras que en el municipio de El Paraíso, se ve más efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), pero no se les ve hacer nada, más que faltarle el respeto a algunas jovencitas, denunciaron en la reunión.
Honduprensa 