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Inversionistas mineros insisten en apropiarse del territorio hondureño: CONROA

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• En 2015 el gobierno declaró “Año de la Minería” en Honduras.
• El país posee unos 950 sitios de investigación, para determinar la factibilidad de abrir nuevos yacimientos.
• Unos 400 empresarios de la minería, procedentes de 28 países se dieron cita en San Pedro Sula durante el desarrollo del Conclave Internacional sobre la Minería.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Profunda preocupación genera entre las organizaciones defensoras del ambiente y grupos indígenas el desarrollo del  Conclave Internacional sobre la Minería en Honduras, al considerarlo como un “zarpazo” empresarial y gubernamental que propone el establecimiento de una industria extractiva con amplios poderes, dejando de un lado la participación ciudadana y promoviendo la “venta del territorio nacional”.
El evento, coordinado por Consejo de la Minería y de la Industria Extractiva, Comercio e Inversiones (Comicoin), se desarrolla en San Pedro Sula entre  el miércoles 12 y jueves 13 de agosto con la participación de más de 40 delegaciones de empresarios provenientes de 28 países.
 Vista del Valle de Siria

“Diferentes organizaciones defensoras del ambiente y los derechos humanos realizan este miércoles una jornada de protesta en donde se desarrolla la ronda de negocios, auspiciada por el gobierno y las empresas mineras “para que la gente entienda que no es tan ciento que el país están las condiciones listas para hacer minería y las comunidades se oponen a esto”, indicó José Luís Espinoza, director de Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo Comunitario (CEPRODEH).

En Tegucigalpa, se desarrolló un plantón a inmediaciones del Congreso Nacional, en el que participaron pobladores del Valle de Siria, quienes están aquí para recordarnos la estela de muerte y enfermedades que la minería nos trajo en este sector, abundó.
Se estima que  Honduras posee unos 950 sitios de investigación en donde se evalúa la factibilidad de abrir nuevos yacimientos; además de 7 minas metálicas y unas 300 no metálicas, que ya se explotan, a lo que cada año se suma la instalación de entre 25 a 50 minas no metálicas en el Valle de Sula y Tegucigalpa.
“El evento no busca más que hacer negocios para un grupo de empresarios nacionales y extranjeros, mediante la oferta de una supuesta institucionalidad fortalecida para la extracción de metales”, sostiene la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA), integrada por 32 organizaciones a nivel nacional.
“Las concesiones mineras son otro acto de corrupción del gobierno, cada concesión no ha sido debidamente consultada con la población y carece del apoyo generalizado del pueblo”, lamentaron.
En un comunicado público CONROA criticó la poca transparencia en los datos reales de la explotación minera, frente al impacto ambiental y social de las comunidades. Se ha sostenido que “los ingresos por la minería no superan en 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que no genera más de 2,000 empleos directos y 5,000 indirectos, datos comparativamente inferiores a la actividad agrícola que generan 1.2 millones de empleos”, sostienen.
De acuerdo con el informe “Diagnóstico de la situación minera en Honduras -2014”, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, pese al renovado interés por la minería en Honduras, su contribución a la economía nacional sigue siendo modesta. En la primera mitad de la última década, su aporte al producto interno bruto (PIB) fue de 1.6%.
Cerca de un año después de interpuesto un recurso de inconstitucionalidad por la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se ha pronunciado.
Poblaciones indígenas afectadas
  Copines protestan a las afueras del evento Conclave Internacional sobre la Minería en Honduras./Fotografía: Arlington Aguilar.

En los últimos tres años se ha intensificado la minería y construcción masiva de represas, muchos de estos proyectos son promovidos por funcionarios estatales asociados con la actual administración; mientras los pueblos indígenas se encuentran totalmente desprotegidos ante el desconocimiento estatal del Derecho a la Consulta previa, Libre e Informada (CPLI).

De acuerdo con los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), uno de los sectores más afectados por la industria extractiva son los pueblos indígenas y negros puesto que la mayoría de las zonas potencialmente mineras se encuentran en sus comunidades.
Al respecto, decenas de Copines se manifestaron frente al complejo hotelero en la ciudad San Pedro Sula en Cortés, en el marco de un cónclave internacional de minería, en la movilización participaron además representantes defensores ambientalistas procedentes de una decena de departamentos del país. “Sin oro se vive sin agua se muere” es entre otra  parte de las consignas en las pancartas de los protestantes.
“Honduras al mejor postor”
Para los miembros de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo de la Región del Aguan, existe una “enorme preocupación ante el entreguismo total de los bienes nacionales por parte del actual Gobierno, exponiendo al mejor postor a través del Conclave Minero en donde estarán negociando cerca de 950 sitios de potencial minero”.
En un comunicado público, las organizaciones que conforman la Mesa Nacional, abogaron por la urgente adecuación de una Ley de Minería que facilite la consulta de la población, pues “de forma arbitraria se han otorgado la mayoría de Concesiones para la exploración y explotación minera en las diferentes comunidades”, subrayaron al recodar el uso de químicos mortales que utilizan las empresas mineras, impacta directamente en el deterioro de la salud de las personas y animales que ingieren a diario el agua contaminada.
“Nuestro territorio es altamente vulnerable ante la exposición de los fenómenos naturales y al estar deteriorando nuestras montañas, ríos y valles con la explotación Minera, nuestras autoridades están condenando a las poblaciones a su desaparecimiento total”, puntualizaron
¿Potencial minero sostenible?
Honduras posee un rico potencial de minerales como: plomo, zinc, oro, plata, anƟ – monio, mercurio y hierro, así como abundantes reservas de sustancias no metálicas, como calizas, mármoles, yeso, bentonitas, caolín, perlitas, granitos, ópalos y zeolitas. El oro, explotado desde la época precolombina, es junto con la plata una de las mayores riquezas minerales del país.
Se estima que el mayor potencial minero de Honduras se encuentra en los departamentos de Francisco Morazán donde existe plata, oro, plomo, zinc, cadmio, ópalos; en Santa Bárbara donde se explota oro, plata, plomo zinc, cadmio; en Comayagua donde hay yacimientos de oro, plata, cobre, ópalos, y antimonio; en La Paz donde hay minas de oro, topacio, plomo, cobre; en Choluteca donde se explota minas de oro, plomo, manganeso, sal, en Valle donde existen yacimientos de oro; y en Colón donde se explora yacimientos de oro, cobre y posiblemente petróleo, gas y muchos otros más».
Hasta junio de 2013, Honduras contaba con 72 concesiones mineras metálicas vigentes y otorgadas. De estas, las más importantes —por estar en producción y por su potencial extractivo de oro y plata— son las que se encuentran en los departamentos de Choluteca, Copán, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Valle.
De las concesiones otorgadas, actualmente se encuentran cinco en actividad: dos están en proceso de cierre y, las restantes, en proceso de producción.
Las tres empresas mineras que están en plena producción son: Compañía Minera Cerros del Sur, en el mineral Clavo Rico, ubicado en El Corpus, Choluteca, y que explota oro y plata; American Pacific (AMPAC, actualmente llamada Nyrstar), en el mineral El Mochito, Las Vegas, Santa Bárbara, que explota plomo, zinc y plata; Compañía Minera Minerales de Occidente, S.A. (Minosa), en el mineral San Andrés, localizado en La Unión, Copán, y que produce oro y plata.
Las dos empresas que están en proceso de cierre son: Compañía Minera Geomaque, en Macuelizo, Santa Bárbara, y que explotaba oro y plata; y Compañía Minera Entre Mares, en San Martín, San Ignacio, Francisco Morazán, y que también los mismos minerales.


Asesinatos y agresiones ligadas a conflictos mineros

2003
El 26 de noviembre de 2003, el periodista Germán Rivas, salía de su empresa localizada en el Barrio Calvario de Santa Rosa de Copán,4 después de terminar el noticiero vespertino, como a eso de las 7:00 p.m. hora local, se disponía a subir a su vehículo cuando un individuo desconocido, se acercó y disparó su arma de fuego, impactando el proyectil en la cabeza, causándole una herida de gravedad por lo que falleció instantáneamente, el hechor huyo y no hubo testigos, ya que la calle estaba solitaria y unas horas después de encontrado su cuerpo ya sin vida, por compañeros periodistas, se llamó a la policía y el caso aun conmociona a la sociedad periodística, ya que el señor Germán Antonio Rivas fue el primero en Honduras en ser asesinado. Después de varias investigaciones las autoridades encontraron a los presuntos hechores.
2013
El 25 de julio de 2013, dos acompañantes internacionales de PROAH (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras), Yolanda – de nacionalidad francesa, y el otro Daniel, de origen suizo – fueron secuestrados por dos horas y media en la comunidad de Nueva Esperanza por hombres armados que vigilan las obras mineras de Lenir Pérez, dueño de la empresa Minerales Victoria. Los hombres armados llevan casi dos meses en esta comunidad campesina en el departamento de Atlántida, atemorizando a los pobladores y amenazando a los que no quieren vender su tierra a la minera. Tal es la seriedad de las amenazas que algunos pobladores han tenido que huir de sus casas. Hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta por la parte de las autoridades ante esta situación y los hombre armados continúan en la comunidad.
2013
La organización no gubernamental Amnistía Internacional pidió al gobierno hondureño que proteja la vida de la periodista ambientalista y pro activista de los derechos humanos, Juana Dolores Valenzuela, a quien desconocidos han amenazado de muerte.
Al mismo tiempo la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas de Honduras responsabiliza al Gobierno de Honduras, al sector minero, al sector maderero y a la empresa Gas del Caribe ante cualquier violación a la integridad de varios ambientalistas y sus familiares que, al igual que Dolores, están siendo perseguidos y amenazados de muerte.
2013
La masacre de indígenas de la Tribu Tolupan de San Francisco de Locomapa, cometida en Locomapa, Yoro el pasado 25 de agosto, demuestra una vez más la guerra por la explotación de los bienes comunes que se está librando en Honduras, especialmente en el territorio de los pueblos indígenas.
Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, fueron asesinados por sicarios al servicio de mafias de mineros ilegales, dedicados a la extracción de antimonio, la destrucción del bosque y la construcción de una represa hidroeléctrica. Los occisos participaban en una toma de la carretera desde hace 12 días, con el objetivo de evitar el saqueo sistemático de su territorio ancestral.
2013
El sacerdote guatemalteco César Espinoza, párroco de la Iglesia del municipio de Arizona, Atlántida, denunció ayer en conferencia de prensa que desde enero de este año está recibiendo amenazas a muerte mediante mensajes de texto a su celular.
Las intimidaciones se dan porque el religioso lidera, junto a los pobladores de comunidades aledañas como Nueva Esperanza y La Florida, un movimiento que se opone a la extracción minera ya que, según ellos, afecta los bienes naturales de la zona.
2013
El corresponsal de Radio Progreso en el municipio de Tela, Atlántida, Isac Leonardo Guevara Amaya, denunció al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) las amenazas verbales por parte de elementos de la Policía Nacional. “Estas amenazas vienen por el acompañamiento que le hemos estado dando a la comunidad de Nueva Esperanza, que está siendo amenazada por empresarios de la minería en la zona”, explicó. El comunicador tiene dos años como corresponsal de Radio Progreso, unos tres meses trabajando para Radio Globo y es fundador de la radio comunitaria Exclusiva, además ha trabajado para la radio Subirana.
2014
Cinco defensores de derechos humanos en la conflictiva zona minera de Arizona, Atlántida fueron objeto de un rapto temporal, seguido del robo de un vehículo en el que se desplazaban. los sacerdotes César Augusto Espinoza Muñoz y Abel Carbajal, de la parroquia de Arizona, Atlántida y tres acompañantes internacionales de derechos humanos de PROAH (dos ciudadanos suizos y una ciudadana francesa) fueron las víctimas.
El asalto armado ocurrió el 3 de julio, aproximadamente a las 7 pm. cerca de Siguatepeque. Un carro blanco tipo turismo (parecido a un taxi) interceptó el carro de la parroquia en el que viajaban los tres acompañantes y los sacerdotes.
El día sábado 03 de mayo de 2014, fue asesinado el señor Rigoberto López Hernández en la comunidad de Santa Cruz municipio de El Níspero, Santa Bárbara. Rigoberto junto con vecinos de la comunidad de Santa Cruz, en el mes de marzo 2014 realizaron protestas y tomas de la carretera a la mina Quita Ganas ubicada en la montaña donde se ubican y abastece de agua a varias comunidades del municipio pero que afecta directamente esta comunidad; donde se transportan diariamente aproximadamente 200 rastras con material de hierro destino a Puerto Cortés.

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Minería en Honduras, otro acto de corrupción

Lunes, 22 Junio 2015 22:04

Delegación hondureña promocionando minería en Canadá en marzo de 2015. Delegación hondureña promocionando minería en Canadá en marzo de 2015.

El origen del negocio. Desde que Juan Orlando Hernández (JOH) se convirtió en presidente del congreso de la república tenía la misión, por decisión de su propio grupo económico-político-religioso y/o por iniciativa externa, de preparar las condiciones para vender el territorio hondureño con el propósito de financiar el funcionamiento de un gobierno que había sido quebrado por los actos de corrupción de los mismos funcionarios gubernamentales y por un sector empresarial que ha vivido enquistado y succionando los recursos del Estado durante mucho tiempo.

Por Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras CONROA

Para lograr tal propósito, el señor que alguna vez se sintió ungido como el mesías hondureño, y dirigente del partido político más conservador de Honduras, hizo cuanto pudo para que las leyes del país se orientaran a garantizar la feria de territorios que, él, gentilmente, pudiera ofrecer a los grandes inversionistas que acudían a Latinoamérica en búsqueda de tierras con múltiples propósitos, aunque ninguno de ellos fuera para solventar los graves problemas de la población hondureña.

Entre otros rubros, estos nuevos piratas querían hacer negocios en minería, hidroeléctricas, petróleo, gas y agro combustible, sin olvidar las ciudades modelos (o ZEDE).

Desde el congreso de la república y siendo su presidente, en el gobierno de Pepe Lobo (2009-2013), JOH acordó con los inversionistas internacionales, y con un grupo económico nacional, preparar todas las leyes necesarias para que cuando él llegara a ser presidente no existiera ningún obstáculo para alquilar o vender el territorio nacional.

Nada pudo evitar que el entonces presidente del Congreso de la República legislara a favor de la entrega del territorio para los negocios de nacionales y extranjeros, ni siquiera la sentencia de inconstitucionalidad de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) realizada por cuatro de los cinco magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se opusieron a esa
forma de entrega territorial.

En su lugar, y como resultado de esa afrenta, JOH se encargó de destituir a esos cuatro magistrados y premiar al único que había atendido sus dictados elevándolo al cargo de Fiscal General del Estado.

El negocio de la minería Con la llegada de JOH a la presidencia de la república se iniciaba un proceso de consolidación de la institucionalidad del Estado al servicio de las empresas mineras, hidroeléctricas, monocultivistas y en general de toda acción extractivista como la exploración petrolera en el caribe hondureño.

Adicionalmente se consolidaba la idea de territorios donde se podría realizar todo tipo de actividad extractiva y entregar su administración a corporaciones u otros países, atentando, de esta manera contra la soberanía nacional. Desde luego, todo lo anterior con el cuento de la prosperidad económica para Honduras y la generación de empleo para toda la población.

En realidad la mirada de JOH y su equipo era y continúa siendo el negocio del alquiler de territorios cediéndolo por varias decenas de años para que sea explotado por compañías extranjeras en alianza con empresarios nacidos en Honduras.

Buscan que se garanticen convenios de suministro o contratas con personas y compañías hondureñas que generalmente mantienen vínculos con diputados, alcaldes y otros individuos que están íntimamente relacionados con el grupo político, económico militar y religioso que rodea al mandatario.

El diseño del negocio de minería no sería completo si no se le vendiera a la población la idea de que esta es la mejor inversión que el país necesita, que Honduras tiene una vocación minera porque estamos sentados sobre oro y plata. Que esto va a traer empleo y bonanza para toda la población. Y que quienes nos oponemos a esa forma de desarrollo es que no sabemos de desarrollo, nos oponemos a todo y al fin y al cabo es que somos comunistas.

La Verdad sobre la Minería

El funcionario de mayor rango estatal con respecto a la minería ha confesado que esta actividad solamente ha proporcionado 1740 empleos mientras que la agricultura, algo que desaparece con la actividad minera, proporciona un poco más de un millón doscientos mil empleos. El valle de Siria en Francisco Morazán soportó minería durante 8 años, eso dejó una estela de daños a la salud por el consumo de aguas contaminadas y minerales pesados en sus cuerpos, este extremo fue demostrado por laboratorios extranjeros en un informe que el ministerio de salud ocultó a los afectados durante casi cuatro años. Lo peor de todo es que durante los años que la minera canadiense GOLDCORP (o Entremares) realizó actividad en el valle de siria se secaron 17 de las 21 quebradas o riachuelos que regaban el fértil valle de otros tiempos. Entonces la minería en ese valle dejó muerte, enfermedades, destrucción de bienes naturales, tierras y aguas subterráneas contaminadas y escasez del vital líquido.

JOH declara 2015 como el año de la minería JOH creía que todo le iría bien este año, que todo lo había preparado de la mejor manera para que cada municipio de Honduras cediera sus cerros a la actividad minera, por esa razón declaró el 2015 como el año de la minería y conjuntamente con el alcalde de San Pedro Sula y con un grupo de sus allegados, a impulso del Banco Mundial, estableció que en el mes de agosto se llevara a cabo un encuentro mundial que declarara a esa ciudad como la ciudad mundial de la minería, para ello el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ofreció financiar el evento con al menos 15 millones de Lempiras en espera de una cantidad similar por parte del Estado hondureño.

Previo a este evento el gobierno de JOH, en coordinación con el Banco Mundial, realizó un evento a inicios de año en un hotel de Tegucigalpa, en el cual reunieron a alcaldes, diputados, empresarios nacionales e internacionales, iglesias, etc. para hacer ver al mundo que en Honduras la mesa está servida para la inversión minera. Desafortunadamente para ese grupo la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) se hizo presente con algunas comunidades afectadas por la actividad minera y denunció que había mucha oposición de las comunidades, entre ellas muchos municipios que han declarado sus territorios libres de actividad minera y de represamientos hidroeléctricos.

El Congreso Minero de las Universidades (UPI y UNAH) y el Gobierno de JOH Sorpresivamente el gobierno de JOH a través de INHGEOMIN, la Universidad Politécnica de Ingeniería y un denominado Instituto de Ciencias de la tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha convocado a un Congreso sobre minería en Honduras con la presencia de ponentes de Chile, Perú y Canadá, entre otros expertos. Esta acción la realizan luego que una numerosa comisión de funcionarios de estado, ongs y miembros de la Asamblea Legislativa participara en eventos de exploración y promoción minera en Canadá y luego del retorno de JOH de Perú y Chile en donde igualmente ha promocionado la inversión en minería en Honduras y donde ha firmado tratados comerciales relacionados.

El Mencionado primer congreso internacional de minería pretende darle un carácter académico a esta industria y dejar de lado los efectos nocivos que ya conocen varias comunidades y poblaciones de Honduras, también es probable que esta sea una actividad que pretende tomarle el pulso a las poblaciones en resistencia de cara al evento mundial que el gobierno, el COHEP y el Banco Mundial pretenden montar en el próximo mes de agosto en San Pedro Sula.

La respuesta ciudadana

Desde la CONROA, y desde otras fuerzas ciudadanas, hemos mostrado al mundo que el pueblo hondureño resiste la actividad minera por sus efectos nocivos sobre la salud de las personas, los Delegación hondureña promocionando minería en Canadá en marzo de 2015, conformada por el Abg. Agapito Rodríguez y Abg. Ericka Molina, Director Ejecutivo y Sub Directora de Minería del INHGEOMIN respectivamente; Abg. Rolando Dubón Bueso, Presidente de la Comisión de Minería del Congreso Nacional; José Galdames, Ministro MI AMBIENTE; Wilfredo Cerrato de la Secretaría de Finanzas; Erasmo Padilla, COALIANZA y Henri Merrian de la Fundación para el Desarrollo Municipal – FUNDEMUN.

El pasado 15 de octubre de 2014, en una movilización de más de 2mil personas en la que participamos unas 50 organizaciones sociales, se introdujo una reforma a la ley general de minería al congreso de la república solicitando un cambio en la consulta a los pueblos para
que esta fuera efectivamente vinculante, esta consulta aun duerme en una comisión de dictamen como casi todos los requerimientos ciudadanos que se hacen en favor de los pueblos y en contra de los intereses de los grupos de poder.

Tampoco hemos recibido respuesta del recurso de inconstitucionalidad sobre la ley general de minería que varias organizaciones e individuos miembros de la CONROA interpusimos en el mismo mes de octubre de 2014 ante la Corte Suprema de Justicia.

Ya son más de 15 los municipios que han realizado consultas en sus poblaciones y que han declarado sus territorios libres de minería y en algunos casos libres de hidroeléctricas, entre ellos: Dulce Nombre de Culmí en Olancho, San Francisco en Atlántida, Balfate en Colón y El Porvenir en Francisco Morazán. No obstante lo anterior y aunque se sabe que la ley general de minería no permite la efectiva vinculación de los resultados de estas consultas, si queda constancia de un repudio generalizado de la población hacia la actividad minera.

Las concesiones territoriales para la actividad minera son otro acto de corrupción de funcionarios del Estado que se realiza a espaldas del pueblo hondureño, se carece de transparencia y no se rinde cuentas de los negocios que subyacen, son cómplices de estas acciones al menos los gobiernos que han dirigido el país desde el huracán Mitch, el congreso de la república, especialmente la comisión de minería que preside Rolando Dubón, pero principalmente el gobierno de JOH y su grupo de funcionarios agrupados en la cueva de INHGEOMIN que dirige Agapito Rodríguez.

Las acciones ciudadanas continuarán en resistencia, durante los meses de julio y agosto de 2015 y siempre que las circunstancias nos exijan, demostraremos al mundo entero que apenas es un pequeño grupo de falsos hondureños que busca cambiar el paisaje de Honduras destruyendo los bosques los cerros y acabando con los ríos y la disponibilidad de agua para la población mediante la actividad minera a cielos abiertos.

Aquí no se rinde nadie, la lucha sigue

Serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor

COALICIÓN NACIONAL DE REDES Y ORGANIZACIONES AMBIENTALES DE HONDURAS

CONROA
Junio de 2015

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/honduras/item/14265-mineria-en-honduras-otro-acto-de-corrupcion

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ighrgen de la ley”

domingo, 21 de junio de 2015

Enviado por Marino Ortariz,hondudiario.com/ 21 de Junio 2015-2:37pm- 
Tegucigalpa,Honduras. **** Entre el 07 y 10 de julio próximo se realizará en el país un encuentro de empresarios y gobierno de Chile, Perú y Canadá para impulsar la explotación minera en el país, promovido por la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) y la Secretaría Mi Ambiente.
El movimiento ecológico, aglutinado en la Coalición Nacional de Redes de Organizaciones Ambientales (CONROA) , denunció que en mes de julio próximo se realizará el “Primer Congreso de Minería en Honduras”, donde participaran empresarios y representantes mineros de los países de Chile, Perú y Canadá, reconocidos por las múltiples denuncias por ejecutar explotaciones a través de malas prácticas que provocan daños al medio ambiente.
Los dirigentes ambientales hondureños hicieron esta advertencia luego que fueron excluidos de estos encuentros de co inversión y supuesta socialización entre estos países, especialmente Canadá, que es pionero en la promoción minería en Latinoamérica y donde sus empresas han sido enjuiciadas en diferentes tribunales por su mala práctica.

El encuentro en Honduras es patrocinado por la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) y se llevará acabo entre el 07 al 10 de julio del corriente año en un hotel de la capital con la participación de expositores, en su mayoría extranjeros que supuestamente no conocen la realidad hondureña y la problemática que conlleva la instalación de la industria minera metálica en el país.

En un comunicado emitido por la Universidad Politécnica de Ingeniería , se establece que “El 2015 ha sido declarado el año de la minería en Honduras debido al fuerte potencial para la actividad minera que tiene nuestro país. Es por ello que la UPI única Institución formadora de expertos en la temática de la geología en Honduras y el Congreso de Minería promueven un espacio donde se abordarán las oportunidades que ofrece el país y cómo la incorporación de la gestión del conocimiento y la adopción de la nueva tecnología pueden estimular un rápido crecimiento y desarrollo en forma sustentable, con impactos mínimos para el ambiente, beneficiando a las comunidades”

En tal sentido se advierte que es de todos conocido que en Honduras no existe la minería sostenible por el irrespeto a las leyes, como ejemplo la mina San Martín o Entre Mares que operó durante ocho meses sin ningún permiso y licencias ambiental, cuyos resultados ambientales fueron catastróficos para la población. La mina de El Corpus, Choluteca, que igual operaba sin ningún permiso ni técnicas que dejó la tragedia de ocho mineros soterrados.

Se incluye además el irrespeto a las decisiones de los pueblos, como en la comunidad de Nueva Celilac, Santa Bárbara, donde se realizó un cabildo abierto con unas 500 personas para que la población decidiera si continuaba una minera no metálica que está destruyendo totalmente el Río Jicatuyo.

Aquí el pueblo votó en contra, pero la minera continúa operando, igual sucede en el sector de Pespire, Choluteca, donde el pueblo rechazó la minera pero las autoridades del Ambiente ya le otorgaron el permiso, según se informó.

En tal sentido, la CONROA enviará una nota a los organizadores de este Primer Congreso de Minería en Honduras para que les brinden un espacio en la agenda a desarrollar, de lo contrario los miembros ambientalistas tomarán acciones a lo interno y externo del país para detener la avalancha de permisos que en número de más de 300 está extendiendo el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

Fuente: hondudiario  http://www.hondudiario.com/?q=node/20836

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World Bank support for mining expansion criticised

31 March 2015

Mining protest in Haiti, November 2014.    Credit: Peterson Derolus

Mining protest in Haiti, November 2014. Credit: Peterson Derolus

Despite civil society criticism of World Bank-supported large-scale mining activities, the Bank is still involved in controversial extractives projects (see Observer Summer 2014, Bulletin Dec 2013). Local and international campaigners argue that, through technical assistance, the Bank facilitates the opening up of countries’ extractive industries to transnational companies over supporting domestic industry; and doing so without providing governments with the tools to adequately protect marginalised communities against harmful social and environmental consequences of projects originating from Bank technical support.

Haiti: CSOs concerned by Bank’s role

Since 2013 the Bank has provided technical assistance to the Haitian government in drafting new mining laws intended to increase foreign investment in the sector under the Extractive Industries Technical Advisory Facility (see Bulletin Dec 2013). In March, a letter to Bank president Jim Yong Kim, signed by 92 civil society organisations and individuals, expressed deep concern that the Bank “is helping to develop Haiti’s mining sector, an inherently high-risk industry, without applying any social or environmental standards to ensure transparency and meaningful public participation.”

The letter follows an appeal filed in January to the Bank’s accountability mechanism, the Inspection Panel (IP), over concerns that the new legislation had been drafted without public consultation, in violation of its own policies. The request by the Haiti Mining Justice Collective and mining-affected communities argued that “mining exploitation has never contributed to the development of Haiti,” and express concern about the “exclusion of Haitian people from the law reform process, particularly when contrasted with the reported regular participation of the private sector.”

While acknowledging the concerns as “serious and legitimate”, the IP rejected the appeal in February because the Bank support is financed through a Bank-Executed Trust Fund (BETF) “to which Bank operational policies and procedures … including the safeguard policies, are not applicable”, rather than a Recipient-Executed Trust Fund (RETF), where the Bank’s policies apply (see Observer Spring 2015). The IP noted that the Bank’s “decision to execute a complex TA [technical assistance] such as this one under a BETF as opposed to a RETF … does not seem to be proportional to the level of environmental and social risks involved in the TA.”

The March letter demanded that a policy review be “undertaken with a view to closing the current loopholes in World Bank policies, to ensure that the application of social and environmental standards is mandatory and never left to the discretion of the Bank’s project teams or dependent on the particularities of the funding vehicle.”

Honduras: mining agreement challenged

The Bank, alongside the Canadian International Development Agency is also facilitating the expansion of the mining sector in Honduras. It signed an agreement in February with the government that will double mining exploration in the country, a move projected to increase private profits from $300 million to $5 billion annually.

The Honduran National Coalition of Environmental Networks and Organisations (CONROA) demanded that the Bank prioritise investment in local coffee farmers over mining companies. They also demanded that community consultation be made binding before any mining activities take place in an area. A public declaration released at the time of the agreement stated: “Far from protecting mining-affected communities, the mining law puts them at a disadvantage compared to the freedom with which companies operate … [the Bank] support[s] an industry that has created social conflict as a result of how mining competes for space, water and territorial control. … Mining has not contributed to development in any country, given that the income and few jobs that this activity generates do not compensate for the environmental and social impacts.”

Armenia: second mining case filed

In July 2014, the Compliance Advisor Ombudsman (CAO), the accountability mechanism of the International Finance Corporation (IFC, the Bank’s private sector arm), received a second complaint regarding the IFC’s investment in the Amulsar gold mine in Armenia operated by UK Channel Islands-based Lydian International (see Observer Summer 2014). IFC is a 7.9 per cent shareholder in Lydian and has invested over $16 million in stages since 2007.

According to the IFC, the project is expected to move into the development and construction stage with first gold production expected in early 2017. It is classified as Category B, meaning it is “expected to have limited adverse social and/or environmental impacts that can be readily addressed through mitigation measures.” The complaint, filed by 148 local residents, includes allegations of lack of information about land acquisition and resettlement plans; potential cyanide contamination; dust pollution affecting agriculture; and insufficient community engagement. The community demanded “that the IFC stops sponsoring this felonious operation, since it has destructive effects on the population of Gndevaz. We demand that our opinion be considered and our rights not be violated.”

In early March the parties agreed to participate in a CAO dispute resolution process, seeking a collaborative solution. The first complaint moved to the CAO compliance function in December 2014, the purpose of which is to review the IFC’s environmental and social due diligence.

Fuente: http://www.brettonwoodsproject.org/2015/03/world-bank-support-for-mining-expansion-criticised/

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En protesta comunidades rechazan modelo extractivista propuesto por JOH

Feb 06, 2015

Esta semana el gobierno de Juan Orlando Hernández –JOH- realizó una conferencia sobre el desarrollo sostenible de los recursos naturales, para conocer la organización e implementación de funciones en las instituciones mineras públicas.

Dicha conferencia, además se enfocó en experiencias internacionales que evidencian factores determinantes “para el desarrollo de un sector minero sostenible: reglas de juego claras y apropiadas para la inversión responsable en minería, capacidad regulatoria y conocimiento detallado de los recursos minerales”.

Ante lo anterior, pobladores de unas 15 comunidades o zonas en las que existen concesiones mineras protestaron en Tegucigalpa, durante el cierre de la conferencia en la que estuvieron presentes personeros del Banco Mundial –BM-.

José Luis Espinoza, miembro de la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientalistas –CONROA-, explica que dicha conferencia solo ha sido el preámbulo del Honduras is open for Mining, es decir, Honduras está abierta a la minería, que se realizará en la ciudad de San Pedro Sula en agosto próximo.

“Ahí estaremos todas las comunidades afectadas por la minería, que ya son muchas en el país: hay más de 15 municipios que han declarado que sus territorios no deben usarse para minería”, comentó Espinoza.

Recomendamos: Nueva fase de conflictos se esperan por fiebre del oro en Honduras

La Ley de Minería en Honduras dicta que el gobierno deber consultar a la población si considera oportuna la actividad minera en sus comunidades; sin embargo, ese mecanismo ha sido contemplado luego de que el Estado hondureño ha entregado en concesión varios de sus recursos naturales, declara Espinoza: “Otro elemento que nosotros estamos solicitando, y es, quizá, la demanda principal, es que exista una consulta vinculante, es decir, que sea consultada la población con medios muy objetivos, precisos y verificables sobre si quiere o no quiere minería”.

Por su parte Donald Hernández, del Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario -CEPRODEC-, le deja en claro al gobierno de Hernández que la industria minera ha desplazado actividades productivas como lo caficultura y dañado la salud de miles de familias.

“Su gobierno está diciendo que el principal motor que va a desarrollar el país es la minería, nosotros estamos diciendo que está equivocado. Por qué no apoya la caficultura, 120 mil familias productoras de café si las multiplicamos por seis miembros que tiene una familia, más todo los empleos que esto genera nos demuestra que no tenemos que inventar, y por qué traer una industria lesiva, dañina de la cual ya tenemos experiencia, por ejemplo, los pobladores del Valle de Siria”, expresó el representante del CEPRODEC.

Lea también: La explotación minera, tan dura como la dictadura

“El gobierno se ha olvidado de nosotros”

Las comunidades del Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán, son el claro ejemplo de los daños que causa la industria minera. Olga Velásquez, habitante de esa comunidad, describe la actual situación y el abandono del gobierno hondureño que sufren las 40 mil familias afectas en la zona: “después del plan de cierre –Mina San Martín- se han visto más las consecuencias en el aspecto salud, porque la mayoría de población está padeciendo grandes enfermedades que antes no había padecido nunca”.

Olga agrega que el gobierno hondureño, “quienes son los que tiene que velar por la salud del pueblo”, nunca ha puesto algo para atender a la población del Valle de Siria que día a día va empeorando más de su salud”.

En Honduras, existen unas 487 concesiones de minas, de ese total 146 son de minería metálica, y de ese número: 114 se encuentran en explotación en 14 de los 18 departamentos del país.

Recomendamos: DEBILIDAD INSTITUCIONAL E INDUSTRIA MINERA: BINOMIO GENERADOR DE CONFLICTOS

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1584-en-protesta-comunidades-rechazan-modelo-extractivista-propuesto-por-joh

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Comunicado M4 ante el vil asesinato del compañero del Movimiento Indígena Lenca de la Paz de Honduras, MILPAH

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Ante la opinión pública nacional e internacional desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4 sección Honduras- expresamos:

El compañero JUAN FRANCISCO MARTINEZ pertenecía al Movimiento Indígena Lenca de la Paz de Honduras, MILPAH, integrantes del Movimiento M4.

Días pasados el compañero fue encontrado muerto, atado de una de sus manos con cordones de botas militares y presentando punzonasos en su pecho, al lado del corazón.

Repudiamos este acto de violencia en contra de un defensor de los bienes naturales en su región. Juan Francisco era una persona trabajadora y comprometida con gran liderazgo dentro de la organización a la cual pertenecía.

Desde el Movimiento M4 condenamos este aberrante hecho y exigimos al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) realizar todas las acciones necesarias para que se investigue a los asesinos de nuestro compañero.

Nos solidarizamos la familia del compañero Martinez y con MILPAH, CONROA y CEHPRODEC. Convocamos a la solidaridad nacional e internacional para exigir el esclarecimiento de este crimen.

A los 8 días del mes de enero, Honduras, Centroamérica

Movimiento Mesoamericano
contra el Modelo extractivo Minero(M4)

Fuente: http://movimientom4.org/2015/01/comunicado-m4-ante-el-vil-asesinato-del-companero-del-movimiento-indigena-lenca-de-la-paz-de-honduras-milpah/

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Honduras: Juan Francisco Martínez, miembro de MILPAH encontrado muerto en La Paz.

martes, 6 de enero de 2015

A la comunidad Internacional hacemos saber que:

El pasado Lunes cinco de enero del 2015, fue encontrado asesinado el compañero JUAN FRANCISCO MARTINEZ miembro del Movimiento Indígena Lenca de la Paz , que a su vez pertenece a la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) y que Coordina CEHPRODEC
Informes de última hora dicen que el compañero Juan Francisco Martínez está siendo autopsiado en la morgue de Tegucigalpa, parece que al encontrarlo se encontraba atado de una de sus manos con cordones de botas militares y presentaba punzonasos en su pecho, al lado del corazón. Al compañero Martínez le habían asesinado un hijo en Julio pasado por lo cual parece ser que hay personas detenidas quienes en venganza pudieran haber actuado. No obstante lo anterior también se baraja la posibilidad de que la muerte de Juan Francisco se encuentre relacionada con un pleito por tierras con un grupo de la Central de Cafetaleros que es apoyado por el alcalde de Santa Elena, Victor Ventura, quien abiertamente ha declarado ser contrario a las acciones de MILPAH. El Alcalde Ventura se encuentra apoyando la construcción de una represa para producción hidroeléctrica propiedad de la familia de Gladys Aurora López, diputada nacionalista y vice presidenta del congreso de la república.

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Actividad minera deja rastro de enfermedades, destrucción ambiental y desempleo

2014-09-07

Honduras

Giorgio Trucchi

Clasificado en: Social, MedioAmbiente, Salud, Economia, Agro, RecursosNaturales,
Disponible en:   Español       

 

Producción agrícola fue afectada por extracción de oro en un 70% desde el inicio de la actividad minera. 19 de 21 fuentes de agua se secaron
“Son 14 años de lucha y de exigir justicia ante la indiferencia del Estado. La transnacional minera Goldcorp Inc. debe responsabilizarse por los daños que nos ha causado, por haber quebrantado el tejido social de nuestras comunidades, por haber robado la paz y la dignidad de nuestro pueblo, por el estado de desolación y abandono en que vivimos”.
El desahogo es de Carlos Amador, miembro del Comité Ambiental del Valle de Siria. Su voz se suma a las de miles de pobladores que todavía se atreven a vivir en este rincón desahuciado del departamento Francisco Morazán, en Honduras, y que se niegan a olvidar la tragedia humana y ambiental que les ha tocado vivir.
El Valle de Siria está conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros. El proceso de exploración minera inició a mediados de la década de los 80 (Fisher Watt Gold Company), pero fue hasta 1995 que la empresa Sociedad Minerales Entre Mares Honduras S.A., subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp Inc., solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto -a base de cianuro- de la mina San Martín.
El permiso fue otorgado en enero del 2000 sobre un área de 23 mil hectáreas, y el proceso de explotación duró hasta el año 2008, cuando la empresa comenzó la etapa de cierre y post-cierre, en medio de un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socios-ambientales.
Minas a cielo abierto
Cuando se aplica el método de la minería a cielo abierto, lo primero que se hace es arrasar con los árboles y todo lo que es vegetación. Luego se desecha la capa de tierra fértil de la zona de donde se extrae el oro y, seguidamente, se cavan gigantescos cráteres de unas 100 hectáreas y hasta 200 metros de profundidad, usando cargas explosivas y maquinarias.
Una vez que se extraen las rocas del subsuelo son transportadas por enormes camiones a una planta de trituración, donde son convertidas en polvo y trasladadas a las canchas de lixiviación (lavado). Finalmente se les agregan grandes cantidades de agua cianurada para separar las partículas de oro (Informe Ejecutivo “La Mina San Martín en el Valle de Siria”, 2013).
“Entre Mares S.A. llegó al Valle de Siria con la teoría de darle empleo y desarrollo a miles de personas. Lo que generó en realidad fueron unos 330 puestos de trabajo y más pobreza para miles de familias campesinas que se quedaron sin ingresos. Todo fue una gran mentira, y pasamos de ser el primer productor de granos básicos del departamento Francisco Morazán a una de las zonas más afectadas y envenenadas del país”, dijo Carlos Amador a Opera Mundi.
De acuerdo con investigaciones realizadas por el Cehprodec (Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario), en el Valle de Siria vivían unas 7 mil familias, es decir 42 mil personas que fueron embestidas por los impactos de la minería.
“Se removieron más de 50 millones de toneladas de tierra para extraer oro, afectando la producción agrícola que se redujo del 70%. Además, 19 de las 21 fuentes de agua que existían ya se han secado y las que quedan están contaminadas con metales pesados. Esto generó una emergencia hídrica sin precedentes”, explicó Pedro Landa, especialista en minería y miembro de la Coalición de Redes Ambientales y del Cehprodec.
Además, las comunidades nunca fueron consultadas, ni informadas sobre los riesgos que la instalación de la minería metálica a cielo abierto traería para la región. De igual forma, las leyes nacionales y varios convenios internacionales ratificados por Honduras fueron violados. Ni siquiera el aporte al Fisco nacional y municipal, que resultó ser insignificante si lo comparamos con el jugoso negocio de la transnacional minera canadiense, pudo justificar la magnitud de los impactos sobre las comunidades, sus territorios y condiciones de vida.
Un pueblo enfermo
Según las diferentes organizaciones que integran el Comité Ambiental del Valle de Siria, durante más de 8 años de explotación minera los impactos socio-ambientales generados por Entre Mares S.A. (Goldcorp), con el silencio cómplice de las autoridades locales y nacionales, fueron devastadores. Además de romper el tejido social, dividir y desplazar a las familias campesinas, dichas organizaciones denuncian graves afectaciones a la salud de las personas.
“Se realizron varios estudios y confirmamos que la actividad minera ha provocado graves problemas dermatológicos y de la vista, caída del pelo, partos prematuros, malformaciones congénitas y abortos. También se detectaron niveles altísimos de metales pesados en la sangre de las personas. Lo más preocupante es que este tipo de contaminación permanecerá en el ambiente por más de cien años”, alertó el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT (Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura).
La investigación “Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto San Martin y repercusiones sobre la salud humana”, realizada por Flaviano Bianchini en 2006, revela que en una de las comunidades afectadas por la explotación minera la mortalidad infantil alcanza el valor de 300‰ (por mil), es decir 12 veces mayor que la media nacional. Estos valores aumentan notablemente para los hijos de los trabajadores de la mina. En este caso la tasa de mortalidad alcanza el 833‰ o bien 33 veces la media nacional.
Además, todos los valores de plomo y arsénico en la sangre de las personas analizadas resultaron superiores a los valores considerados peligrosos por la OMS (Organización Mundial de la Salud).
“Nuestras aguas y los cultivos fueron contaminados. Hay decenas de personas con altos niveles de metales pesados en la sangre, mientras otras sufren por las llagas en el cuerpo y por un sinnúmero de enfermedades”, lamentó Ronald López, coordinador del Comité Ambiental del Valle de Siria.
Según él, la empresa cerró operaciones y ni siquiera restauró la parte forestal ancestral. Tampoco se está responsabilizando por los drenajes ácidos que salen de las instalaciones mineras, ni por la pérdida de cultivos y ganado. “Ante este escenario dantesco, ni la empresa, ni las autoridades están haciendo algo para apoyar a las víctimas, más bien tratan de minimizar lo que ha ocurrido”, argumentó López.
Protesta social
A medida que se fueron dando cuenta que las promesas de la empresa, no solo no eran reales, sino que, en vez del desarrollo, traían grandes problemáticas, los pobladores decidieron conformar el Comité Ambiental. De esta manera buscaban aglutinar a los diferentes sectores sociales y organizar grupos en cada comunidad, empoderándose de la problemática para contrarrestar la expansión del proyecto San Martín.
Ante esta situación, la respuesta de la empresa no se hizo esperar. “Me capturaron el 5 de julio de 2011 junto con otros compañeros, acusándonos de haber obstaculizado un plan de manejo forestal para despalar 1800 hectáreas de bosque en el cerro La Torrecita. Estuvimos 18 meses con medidas cautelares sustitutivas y, finalmente, logramos demostrar nuestra inocencia”, recuerda Carlos Amador.
De igual manera, varios activistas del Comité Ambiental han venido sufriendo persecución, hostigamiento y hasta amenazas de muerte. Sin embargo, la criminalización de la protesta y el contexto de miseria, enfermedades, escasez de agua, desempleo, así como la pérdida de soberanía alimentaria, del tejido social y de la tenencia de la tierra, han generado anticuerpos en la población.
“Hoy en día la inmensa mayoría de la población está en contra de cualquier tipo de presencia minera en la zona y lucha por la defensa de los bienes comunes, porque ha podido probar en su propia piel las consecuencias de esta actividad”, aseguró Ronald López.
Sin embargo, el Comité Ambiental del Valle de Siria no puede bajar la guardia ni tan siquiera un segundo. “Los principios no se venden, ni se negocian y, por eso, estamos en alerta roja y listos a declararnos en rebeldía ante cualquier intento de Goldcorp de regresar a la zona. Seguiremos exigiendo que se reparen los daños ambientales, que se indemnicen a las personas enfermas y a las que fueron desplazadas de sus tierras”, concluyó Amador.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
Fuente español: LINyM

Fuente: http://alainet.org/active/76889&lang=es

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Nueva fase de conflictos se esperan por fiebre del oro en Honduras

Jul 18, 2014

Dos semanas han pasado desde la tragedia ocurrida en San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca. En estos días el dolor y olor a muerte no se desprenden de esta zona donde la inoperancia estatal anuncia la agudización de conflictos.

Desesperados por el temor a perder su única fuente de ingresos, los mineros protestaron esta semana en contra de los requerimientos fiscales que el Ministerio Público inició en contra de tres propietarios de la mina La Cuculmeca.

“En estos días se evidenció la negligencia e inoperancia de los entes del Estado, funcionarios que tienen responsabilidad en la regulación de los minerales en Honduras, además los entes que deben investigar los hechos que originaron la tragedia, y que tienen a ocho familias llorando por su seres queridos. Hay que profundizar y abrir el debate sobre las condiciones de explotación en que viven los trabajadores mineros”, dijo Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales.

Lo ocurrido en El Corpus es un llamado para abrir el debate sobre la instalación de la industria extractiva en el país. Desde las instancias oficiales lejos de promover el discurso que la minería artesanal es nociva y que genera riesgo para los trabajadores,  es necesario comenzar a discutir si la respuesta es la gran empresa minera, y si es el capital trasnacional la salida al problema de la zona, apunta Landa.

Investigar

Según recuentos de la Coalición de Redes Ambientales, en los últimos años se han producido un promedio entre 2 a 4 muertes accidentales al año producto de derrumbes y la manipulación de mercurio, ya que las personas intentan sacar el oro de manera manual.

“Con estos antecedentes es necesario comenzar procesos de investigación para saber quiénes son las mafias que realmente se están beneficiando de la explotación del oro, quiénes son los dueños de los molinos, porque entendemos que existe capital hondureño y salvadoreño. Quiénes están proporcionando la dinamita, un explosivo  prohibido en el país, y que únicamente es utilizado por las Fuerzas Armadas, un Estado responsable debe comenzar a investigar estas preguntas” dice Pedro Landa.

Sobreviviente

A quince días de la tragedia, Byron Maradiaga, uno de los sobrevivientes, recordó aquellos momentos de agonía que pasó junto a sus compañeros. Él corrió con la suerte de ser rescatado del túnel donde ocurrió el derrumbe; este joven, que durante dos años trabajó extrayendo oro en San Juan Arriba, relató cómo pasó soterrado durante dos días.

“Esta experiencia fue terrible, ese día ya habíamos terminado todas las labores y ya veníamos de regreso, de pronto sentimos que el techo que estaba encima de nosotros tronaba y de repente un aire nos sopló y cuando salimos corriendo la salida ya estaba sellada”, dijo Maradiaga.

El joven minero sólo recuerda como sus compañeros que aún yacen en la mina, les pedían auxilio y lloraban porque no soportaban el peso de las piedras, pero dice que después de media hora ya no los volvieron a escuchar.

Aún en la mina La Cuculmeca se encuentran los cuerpos de ocho mineros que no pudieron ser rescatados por el grupo de obreros y los cuerpos de socorro, las labores de rescate fueron suspendidas el pasado 11 de julio.

Conflictos

Las compañías mineras han construido un escenario de conflicto y de polarización, así lo reveló un reciente Diagnóstico realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Esta industria tiene muy bien definido su objetivo: convertir toda la riqueza natural en dinero. Las comunidades, organizaciones ambientales, ecologistas y populares y las iglesias que buscan el camino para articular una lucha común por la paz y la vida a partir de la defensa y protección de nuestros bienes naturales.

Tal como lo menciona Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales en Honduras, la tragedia de los mineros en el Corpus, Choluteca no es única; es la expresión de la trágica realidad de la minería, y para hacerle frente es necesaria la articulación y movilización para defender la vida, desde la lucha organizada, popular, pacífica y no-violenta.

Landa hace el llamado a las organizaciones a trabajar para denunciar las irregularidades y su oposición a la instalación de esta industria o cualquiera que atente contra la soberanía, territorios y los bienes naturales. “Y aquí ponemos como ejemplo el trabajo de las comunidades del departamento de Atlántida quienes están librando un lucha en rechazo a la instalación de minas e hidroeléctricas en la región. Esa comunidades están conscientes de los severos daños que provocarán estas empresas”.

En igual proceso también están las comunidades del occidente que se aglutinan en el Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS, un espacio que está informando, organizando y formando a la ciudadanía para que sean capaces de reconocer qué tipo de desarrollo quieren.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1192-nueva-fase-de-conflictos-se-esperan-por-fiebre-del-oro-en-honduras

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Coalición Nacional de Redes Ambientales exige la derogación de la Ley de Minería

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Siguatepeque, Comayagua (Conexihon).- La Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA) de Honduras exigió este martes la derogación de la “nociva Ley de Minería” así como la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas a la fecha.
En su VI asamblea desarrollada este 10 y 11 de julio en la ciudad de Siguatepeque, la Coalición  pidió además “el reconocimiento de la decisión soberana de las poblaciones que en ejercicio de soberanía,  han declarado sus municipios libres de minería”.
En un comunicado público la CNRA exigió a los “órganos competentes del Estado la investigación y debida judicialización de todas las denuncias, sobre amenazas, secuestros y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades y poblaciones que se oponen a las concesiones y explotaciones mineras  en sus territorios”.
La acción sobreviene tras la tragedia de la comunidad de San Juan Arriba, de El Corpus, Choluteca, donde ocho trabajadores de la mina artesanal fueron soterrados.
“Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de las personas soterradas en los tenebrosos túneles excavados para extraer oro en San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca, y denunciamos al Gobierno sobre la doble moral con que ésta manejando esta penosa catástrofe, que se refleja en la indiferencia mostrada con la no resolución de los recursos legales presentados por organizaciones ambientalistas ante el Ministerio Público sobre la grave situación que desde hace años enfrentan nuestros compatriotas del sur”, indicaron.
De igual forma, la CNRA expresaron sus muestras de solidaridad y apoyo a las acciones que en defensa de sus derechos realizan los  pobladores de Azacualpa, La Unión, Copán, “quienes enfrentan amenazas de desalojo por la Empresa Aura Minerals que usufructúa territorios concesionados para la explotación minera en ese municipio”, así como, “los habitantes de las comunidades de El Tránsito, Nacaome, Valle, y Nueva Esperanza, Tela, que por idénticos motivos  a la defensa de sus derechos frente  a concesiones  y explotaciones mineras enfrentan procesos judiciales, persecución e intimidaciones por parte de operadores de justicia e inversionistas mineros”, indicaron.
A un año de aprobada la nueva Ley de Minería, los casos anteriores, solo son algunos ejemplos de los resultados negativos de la implantación de esta política extractivista, que desde esta Coalición habíamos oportunamente señalado, ya que la aplicación de políticas, legislaciones y modelos económicos incongruentes con la dignidad del ser humano y sus hábitat.
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Fuente:http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-conflicto-agrario-y-minero/coalici%C3%B3n-nacional-de-redes

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Situación de mineros en Choluteca es aún una tragedia que está en desarrollo

Jul 16, 2014

El temor de perder su única fuente de empleo llevó a que los mineros artesanales de la comunidad de San Juan de Arriba, El Corpus Choluteca realicen protestas en rechazo a las acciones judiciales que inició el Ministerio Público en contra de tres propietarios de la mina. 

La acción de los mineros fue rápidamente contenida por miembros de la Policía Militar y del Ejército que se encuentran en la zona desde la tragedia que aún mantiene a 8 familias pidiendo el cuerpo de sus seres queridos. 

Para el analista Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales, es claramente justificable las acciones de estos mineros, quienes tienen temor de perder su única fuente de trabajo, lo que significa la oportunidad de medio para sobrevivir en esta zona abandonada y en precarias condiciones. 

Para Landa es responsabilidad del Estado lo que ocurre con estos mineros y sus familias, ya que nunca han tenido una política inclusiva para brindar las necesidades que existen en la región. 

Para el experto en industria extractiva, en la zona Sur del país existen muchos otros proyectos que se puede instalar sin perjudicar la vida de las comunidades, una de ellas es la instalación de paneles solares para la generación de energía solar, ya que el clima de la región es propicio para esta actividad.

Por otra parte, hoy, se cumplen dos semanas de la tragedia en la mina La Cuculmeca, de la aldea San Juan Arriba de El Corpus, Choluteca.

El dos de julio de 2014, será un día que los únicos tres sobrevivientes y los familiares de los ocho obreros que quedaron soterrados, jamás podrá ser olvidado.

Byron Maradiaga, corrió con la suerte de ser rescatado del túnel donde ocurrió el derrumbe; este joven, que durante dos años trabajó extrayendo oro en San Juan Arriba, relata cómo fueron los momentos de angustia que vivió soterrado durante dos días.

“Esta experiencia fue terrible, ese día ya habíamos terminado todas las labores y ya veníamos de regreso, de pronto sentimos que el techo que estaba encima de nosotros, tronaba y de repente un aire nos sopló y cuando salimos corriendo la salida ya estaba sellada”, dijo Maradiaga. 

 

Maradiaga sólo recuerda como sus compañeros que aun yacen en la mina, les pedían auxilio y lloraban porque no soportaban el peso de las piedras, pero dice que después de media hora ya no los volvieron a escuchar.

 

Aún en la mina La Cuculmeca se encuentran los cuerpos de los ocho mineros que no pudieron ser rescatados por el grupo de obreros y los cuerpos de socorro, las labores de rescate fueron suspendidas el pasado 11 de Julio.

 

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1180-situaci%C3%B3n-de-mineros-en-choluteca-es-a%C3%BAn-una-tragedia-que-est%C3%A1-en-desarrollo

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En el sur de Honduras rechazan explotación minera y exigen consulta previa

May 23, 2014

Centenares de pobladores y pobladoras de diferentes lugares del sur del país y convocadas por la Iglesia Católica participaron el pasado 20 de mayo en una movilización pacífica para defender la vida y rechazar las explotaciones mineras y proyectos de ciudades modelo.

Después de una caminata, los manifestantes realizaron un plantón en la comunidad de El Jícaro Galán donde varios sacerdotes de la Iglesia Católica junto al obispo de Choluteca Guido Charbonneau, indicaron su rechazo a la explotación minera en el país. Durante la actividad también se escucharon testimonios de varios pobladores afectados por la minería que llegaron desde Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán.

Entre las exigencias de los manifestantes está derogar la Nueva Ley de Minería porque no trae ningún beneficio para las comunidades.  Asimismo piden a los alcaldes del sector sur del país defender el agua, la tierra, el bosque y no dejar que los empresarios se lleven las riquezas de los pueblos.

Según datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, en Honduras hay 64 zonas mineras metálicas, diseminadas en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

Pedro Landa, ambientalista hondureño, quien también acompañó a los pobladores de varias comunidades del sur en este acto de protesta, agregó que los proyectos mineros solo traen destrucción y muerte a las comunidades y que la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA), también exige la derogación de la nueva Ley de Minería y de ciudades modelos, así como la cancelación inmediata de las concesiones mineras y de proyectos hidroeléctricos.

En el mismo lugar de El Jícaro Galán, bajo el fuerte sol del mediodía, varios pobladores de los municipios de El Corpus y El Triunfo en el departamento de Choluteca se han pronunciado en contra de las explotaciones mineras y de los empresarios que se apropian de los recursos que pertenecen a las comunidades.

Pobladores de El Tránsito cuidan el cerro

En las comunidades de El Tránsito y Las Barajas, varios pobladores han decidido cuidar la entrada a uno de los cerros de donde se han extraído grandes cantidades de piedra, que según ellos contiene oro de hasta 25 kilates. Allí también hay varios nacientes de agua, árboles y animales.

Por esta razón se formaron en un patronato que decidió poner una cadena en la entrada del cerro y cuidar día y noche el lugar, para que no pase ningún carro o persona que quiera llevarse la piedra de donde sacan el oro o que quieran cortar los árboles.

José Isabel Meza afirma que la señora María Gertrudis Valle, quien reside en Tegucigalpa, es una de las personas que ha estado explotando el cerro, lo ha hecho a través de empleados que aseguran que todo es  de manera artesanal.

Sin embargo, al meternos en el terreno vimos grandes huecos que difícilmente se hacen con piochas y barras. Meza indica que él está seguro que los empleados de María Gertrudis Valle, a quien no la conocen personalmente, han utilizado dinamita para sacar camionadas de piedra del lugar.

“Nosotros estamos aquí desde el mes de febrero y no dejamos que salga material de este lugar, porque estamos cuidando la vida de la población. No vamos a dejar que nadie explote este cerro pues aquí hay varias fuentes de agua  y de eso depende la vida de toda la población, indicó Medardo García, otro de los pobladores de la comunidad de El Tránsito.

Medardo Mejía y José Isabel Meza, indicaron que  no tienen suficiente información como para asegurar si el terreno que supuestamente es de la señora María Gertrudis Valle, lo compró ella o se lo heredaron, son solo 10 manzanas y media y las ha mandó a cercar con alambre de púa, ha puesto un portón de hierro y un rótulo que dice: “prohibido pasar, propiedad Privada”. Además tiene varios hombres armados día y noche.

“Esta señora nos ha procesado a los  miembros del Patronato, nos ha acusado de usurpadores de tierra, pero nosotros no le estamos quitando nada a nadie, solo queremos proteger los bienes naturales, porque esos son del pueblo. Queremos que esta señora nos dé la cara y nos presente los documentos para saber si de verdad ella es la dueña”, dijo Meza.

Solo en el departamento de Valle hay más de 26 solicitudes para exploración minera en contra de la voluntad de las comunidades, según los pobladores de la comunidad de El tránsito.

Apoyo de la Iglesia Católica

En la entrada al cerro, los pobladores han colocado en un tronco de árbol una imagen de la Virgen del Tránsito, todos los días le cortan flores que nacen en el sector y dicen que por las noches se unen otras personas para rezar el Santo Rosario, le piden que les proteja en esta lucha, que ilumine a las autoridades para que no sigan dando concesiones a transnacionales ni a empresarios. Asimismo le piden que les dé fortaleza para continuar defendiendo la vida.

Los pobladores cuentan que algo que les ayuda a continuar es que cuentan con el apoyo de los sacerdotes de la Iglesia Católica y por medio de ellos están conociendo más sobre los daños que provocan las explotaciones mineras y entienden que luchar por los bienes naturales implica luchar por la vida de las presentes y futuras generaciones.

“Elevamos la voz de alerta por la explotación minera en nuestras comunidades, especialmente en El Tránsito y en Las Barajas, ya que están contaminando y acabando con los mantos acuíferos, con la tranquilidad de la gente, con la salud y atropellando todos los derechos de la población. Por esta razón exigimos al gobierno y a la Fiscalía de Nacaome que proporcione un dictamen definitivo para desalojar a los mineros.

A Inhgeomin que revoque la concesión minera otorgada de manera indefinida a la empresa Cerros del Sur. Y a la Secretaría de Recursos Naturales que no otorgue licencias ambientales para la explotación minera  en nuestra comunidad. Manifestamos que defenderemos  con nuestra vida los recursos naturales, y que declaramos El Tránsito territorio libre de explotación minera por nuestra propia autodeterminación,” decían miembros de los Comités de Defensa de la Naturaleza, organización creada por la Pastoral Social Cáritas.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/956-en-el-sur-de-honduras-rechazan-explotaci%C3%B3n-minera-y-exigen-consulta-previa

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Pobladores protestan contra explotación minera

22 mayo, 2014 – 2:10 AM

NACAOME, Valle. Más de un centenar de pobladores de varios municipios de este departamento, realizaron una protesta pacífica en contra de la exploración y explotación minera que se está dando en la zona y que atenta contra la salud de las personas y del entorno ambiental.

La marcha pacífica que inició a la salida de Nacaome hasta llegar a Jicaro Galán.

Organizaciones diversas protestaron a favor del medio ambiente y contra la minería a cielo abierto, además que exigieron la derogación de la nueva Ley de Minería por ser atentatoria a la vida.

El coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, Pedro Landa, dijo que “hay problemas de minería en la mayoría de los nueve municipios de Valle, además en los municipios de El Corpus, El Triunfo en el departamento de Choluteca. Los empresarios mineros pretenden usurpar los recursos que le pertenecen a las comunidades”.

Landa informó que la población de Valle se ha volcado a las calles para exigir al gobierno la no realización de proyectos mineros ya que solo trae destrucción y muerte en las comunidades.

Asimismo dio a conocer que la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA), exige la derogación de la nueva Ley de Mineria y de ciudades modelos, así como la cancelación inmediata de las concesiones mineras, hidroeléctricas.

Por su parte el alcalde de Aramecina del departamento de Valle, Rony Fúnez,  dijo apoyar la manifestación pacífica de los lugareños de varios municipios y a las autoridades de la iglesia católica que están en contra de la minería a cielo abierto.

“No queremos una explotación minera en Aramecina. La mina que están explotando en la zona de El Porvenir, Curarén en Francisco Morazán, le pongan un alto ya que está afectando a nuestro municipio y las cuencas hidrográficas como también nuestra carretera ya que somos municipios vecinos”, aseguro.

A la marcha pacífica que inicio a la salida de Nacaome hasta llegar a Jicaro Galán, participó entre otras organizaciones el Comité de la Defensa para el Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagol), Caritas, Comités de Defensa de la Naturaleza y el CNRA, entre otros. (LEN)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/05/22/pobladores-protestan-contra-explotacion-minera/

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Organizaciones del Bajo Aguán en alerta ante aprobación de megaproyectos mineros

May 19, 2014

Las organizaciones populares del Bajo Agúan se encuentran preocupados ante los proyectos mineros que han sido aprobados en casi todos los municipios entre ellos: Santa Fe, Trujillo, Tocoa, Sonaguera, Saba, Sico, entre otros.

Irma Lemus del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán denuncia esta situación.

“Tenemos mucha preocupación por los modelos de desarrollo que vienen para esta zona en principal los de minería, hidroeléctrica; muchas familias campesinas desconocen lo grave de esta situación, en Colón tenemos 19 minas aprobadas y faltan muchas más que aprueben,” dijo Lemus.

Un millón y medio de hectáreas de tierras fueron concesionados para proyectos extractivos en Honduras, beneficiando a empresas transnacionales mineras que con sus operaciones no solamente saquean los recursos naturales de la nación,  sino que afectan gravemente la salud de las poblaciones.

Irma Lemus, también expresó sobre las graves consecuencias que traen las minerías a la población entre ellas que no habrá agua, adquisición de enfermedades como lepras en la piel y contaminación en general.

Actualmente hay 530 proyectos mineros aprobados, otros están en espera y que en total sumarían alrededor de 830 en todo el país. Así lo denunció Pedro Landa, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Medioambiente del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) y coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales contra la Minería a Cielo Abierto en Honduras.

La consulta a las comunidades está anulada, se engavetan expedientes de denuncias de asesinatos, amenazas y otras formas de represión en contra líderes y lideresas ambientales que han decidido apostar a defender sus territorios.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/940-organizaciones-del-bajo-agu%C3%A1n-en-alerta-ante-aprobaci%C3%B3n-de-megaproyectos-mineros

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35% del territorio hondureño está concesionado para explotación de recursos naturales

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Tegucigalpa.

Entre 100 mil y 150 mil hectáreas de tierra puede tener una sola concesión minera, pues comprende el suelo y subsuelo, en total hay más de 800 concesiones en vigencia, aprobadas, en proceso de aprobación, lo que representa el 35 por ciento del territorio hondureño.

Incluso hay concesiones dentro de reservas naturales, aprobadas desde la década de 1970, y que aún no ha iniciado el proceso de explotación, denunció Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Amplio Santabarbarense, MAS, durante el seminario internacional sobre minería de derechos humanos, esta semana en Tegucigalpa.

Evento que se desarrolló, en el marco de que hace un año entró en vigencia la nueva Ley de Minería, donde ha habido una cantidad de conflictos, porque el pueblo no quiere empresas minera en sus territorios, y que ya ha cobrado cuatro vidas de defensores de los bienes naturales, el último Rigoberto López, (36) el pasado 3 de mayo, que apareció sin vida, decapitado y sin  la lengua, El Níspero, Santa Bárbara.

Vemos que el neoliberalismo, cada día se posesiona más en Latinoamérica, porque hay una realidad común como Perú, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, sobre el tema minero, es una realidad que nos muestra que en países tan pobres y serviles como Honduras, los canadienses, chinos y estadounidenses, están haciendo fiesta, denunció Vásquez.

La minería fue parte de uno de los eslabones más fuertes de la colonización española, vemos ciudades fantasmas como San Juancito, a 34 kilómetros al este de Tegucigalpa, con su emporio económico, no quedó nada. Hasta el hecho de que Tegucigalpa sea la capital de Honduras, tiene que ver con el enclave minero.

Luego vemos nuevos enclaves como el bananero en el siglo pasado, después con el neoliberalismo en vigencia y en post guerra fría el enclave maquilero, pero ahora tenemos un nuevo modelo y con mucha fuerza después del golpe de estado del 2009, con la extracción minera, que es más destructivo, dañino, colonialista, intervencionista, imperialista como es la extracción minera aprobada y reflejada en ese marco jurídico que se aprobó en enero del 2013.

Es ley de minería desconoce la autodeterminación de los pueblo, los tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, desconoce los patrimonios naturales, parques nacionales, arqueológicos, zonas ecológicas, pueblos con vocación artística, cultural, artesanal, desconoce que la población busca alternativas de desarrollo sostenibles y sustentables, y desconoce que este país es de vocación agroforestal.

Pero si reconoce la Ley de Minería, en su último artículo dice que está sobre cualquier otro tipo de ley, como la ley de municipalidades, de refugio de vida silvestre, ley forestal, acceso a la información, todas esas leyes que respaldan y daban una garantía social política y jurídica, no sólo a las organizaciones, sino a cualquier ciudadano y ciudadana de este país.

Es una ley inconstitucional, por tanto debe ser derogada, pues fue aprobada en un ambiente politizado bajo un régimen de gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, ahora es una ley que lleva al colapso ambiental, jurídico y pérdida de calidad de vida del pueblo hondureño.

Habrá más poblaciones desiertas, deshabitadas, migración, violencia y conflictos como los que estamos viviendo, dijo Betty, quien hizo un llamado a la población a que defiendan sus recursos.

Hay serios casos de enfermedad en la piel y en el organismo en general, como es el caso del Valle de Siria, al norte de Francisco Morazán, cuyo problema es emblemático a nivel mundial, por los estragos cometidos por la empresa “entremares”, quien iniciará la exploración de dos minas más, según denuncias de organizaciones ambientalistas locales.

Santa Bárbara, Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán, son los departamentos con mayor concesión de sus bienes, y en menor escala Islas de La Bahía, Yoro, Gracias a Dios, que también pueden tener otros interés como represas, bosques, hidroeléctricas e intereses geológicos, como abrir batallones, ciudades modelos, intereses de una sistemas y modelo económico que beneficia a pocos, como los empresarios de las mineras y del transporte pesado.

Concesiones de empresas hidroeléctricas va en ascenso

Otra defensora que asistió al taller internacional, fue Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, quien compartió que una de las concesiones que afecta seriamente es la de los ríos, hay 17 concesiones sólo en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, pero van camino a 500 hidroeléctricas, ese proyecto lo denunciamos hace 10 años, porque están dados por 30 ó 50 años, por decretos que son perpetuos, no dice a cuantos años deben ser devueltos al estado, y además con trampa porque esas concesiones las pueden vender a otras transnacionales.

Esto lo desconoce el pueblo hondureño, pero estamos viviendo en un país de enclaves colonialistas, minero, energético, mano de obra, atractivo financiero como los paraísos fiscales que plantea las ciudades modelos, se entrega el país en pedazos, y el gobierno de Honduras sólo es un servil de esa dictadura transnacional, y la respuesta que nos va a dar es represión, persecución política y judicialización, criminalización y campañas de desprestigio.

Hemos visto que la persecución contra los ambientalistas continuará, vemos el caso del asesinato del compañero Rigoberto, en el Níspero, Santa Bárbara, es un estilo de la narco política, porque estas concesiones tienen que ver con las decisiones del poder político de este país y son estilo del paramilitarismo de los años 80 en Centroamérica y del militarismo de Colombia que se está replicando aquí.

El asesinato del ambientalista contra la minería, nos demuestra que las transnacionales las empresas y sectores de poder, no van a ceder nada y que están dispuestos a todo  incluso a terminar con la vida de quienes luchamos, defendemos los derechos humanos, quienes estamos en los movimientos sociales y políticos, que pretendemos asentar un poco esto que llama estado, declaró Cáceres.

Reiteró que, esto es un enclave de las grandes transnacionales, somos como su hacienda para todo tipo de megaproyecto, acompañado de mucha militarización y del incremento de la ocupación militar de los Estados Unidos, que no termina con la construcción, instalación y operativización de seis bases militares, que son muy peligrosas, ellos van por más, y tiene que ver con los bienes naturales, con lo que los capitalistas llaman recursos estratégicos, y donde están esos recurso, están en nuestro territorio.

En algunos de los países dueños de las transnacionales, han acabado sus recursos naturales, incluso donde había pueblos originarios, los relegaron a reservas indígenas, y ahora que están descubriendo que ahí hay más recursos, también los están desplazando de su territorio. Se sabe que en este planeta ya no hay recursos renovables por lo que  tienen como estrategia saquear los bienes comunes de la naturaleza de nuestros pueblos y tener ellos su reserva, aunque sea poca, por ejemplo en Estados unidos, solo les queda petróleo para diez año, y es por que anda encima de Venezuela y del medio oriente, y si hay petróleo en Honduras, como sí lo hay en La Mosquitia y otros lugares, van encaminados a la ocupación, la represión y el extractivismo que es la lógica y la moda de todos los gobiernos.

A los defensores de la vida, del ambiente y de los pueblos originarios, nos toca hacer el esfuerzo pese a la represión, pues de las instancias del Estado no esperamos mucho, pese que hay compañeros y compañeras vinculadas a la lucha social, por lo que nos debemos juntarnos en la articulación que desde la  colectividad, solidaridad y la lucha nos defendamos.

Estamos ante la indefensión, por ejemplo tengo medidas cautelares desde el 2009, el estado no cumple con ellas, siguen las amenazas, persecución judicial, lo que demuestra que desde esas instancias no les importa nada, hemos tenido compañeros con medidas cautelares asesinados y que nos queda, construir estrategias comunitarias de defensoría, como lo estamos desarrollando en las comunidades, preparándonos con redes de defensoría y comunicación para  defender nuestras vidas, territorios, nuestras resistencias que son legítimas, para ellos no serán legales, pero para nosotros además son legítimas e históricas.

Afirmó que todo el esfuerzo y empeño que podamos hacer desde esa diversidad y multiplicidad de procesos y experiencias  y ponerlas en el común es lo que nos va hacer avanzar y protegernos de alguna manera.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3135:35-del-territorio-hondureno-esta-concesionado-para-explotacion-de-recursos-naturales-&catid=58:amb&Itemid=181

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Pronunciamiento en contra de la criminalización de defensores y la entrega de los territorios.

 

 

Las organizaciones miembros de la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA), organizaciones comunitarias de todo el país y organizaciones defensoras de derechos humanos, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa en el marco del Seminario Internacional sobre Minería y Derechos Humanos convocado por El Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC),  realizado del  13 al 15 de Mayo 2014, nos pronunciamos en los siguientes términos:

 

Primero: Denunciamos la imposición del modelo extractivo y depredador que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) y las nefastas consecuencias que está provocando en cuanto a devastación ambiental, procesos de criminalización, represión , persecución y el asesinato de líderes comunitarios y defensores ambientales,  por parte del aparato represivo del Estado y  los cuerpos de seguridad de las empresas extractivitas.

 

Segundo: Que después de un año de la aprobación de la Ley General de Minería y tal como lo advertimos desde la CNRA, los conflictos sociales ambientales se han ido agudizando y generalizado en todo el país, reportándose al mes de marzo 2014,más de veinte (20) conflictos socio ambientales donde las comunidades, organizaciones y defensores de Derechos Humanos han sido víctimas de atropellos, criminalización y asesinatos. Esto se debe a que la Ley de Minería aprobada por el Estado lejos de regular la actividad minera y poner freno a los abusos de las empresas, lo que ha hecho es darle un marco de impunidad bajo el cual las empresas nacionales y transnacionales deciden por sobre el Derechoque poseen las propias comunidades.

 

Tercero: Denunciamos y condenamos  el asesinato de 3 compañeros indígenas Tolupanes en  la comunidad de Locomapa, Yoro, 7 líderes comunitarios en San Juan Pueblo y  el asesinato brutal del compañero Rigoberto López, ocurrido el 3 de mayo en la Comunidad de Santa Cruz, en El Níspero, Santa Bárbara. Estos compañeros y compañeras cayeron bajo la mano asesina que decide callar a quienes se oponen al saqueo de los bienes naturales de las comunidades y luchan por el derecho a vivir de los bienes que produce la madre tierra.

 

Cuarto: Denunciamos que estos asesinatos son producto de una práctica sistemática que tanto las Empresas Transnacionales como el Estado realizan para generar miedo en la población y así impedir las acciones de oposición de las comunidades.

 

Quinto: Igualmente denunciamos la complicidad de las autoridades del Estado de Honduras para negar el derecho a la salud y la justicia  a las poblaciones del  Valle de Siria que desde el 2007  se comprobó padecen graves daños de contaminación en sus cuerpos por la presencia de metales pesados en niveles tóxicos. Frente a esta situación las autoridades del Estado han ocultado la información y se han negado a atender la grave crisis sanitaria que ocurre en el Valle de Siria.

 

El modelo extractivo Minero se impone en abierta Violación del convenio 169 y a los derechos de los pueblos indígenas  que no se tomó en cuenta antes de la aprobación de la ley y que implica la violación de derechos humanos de los pueblos originarios.

 

Responsabilizamos de esta agresión permanente al pueblo hondureño, de igual manera a los gobiernos que brindan protección a sus corporaciones extractivistas, especialmente a los gobiernos de Canadá, China, EUA y otros.

 

Nos manifestamos en contra de la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) por considerarse los nuevos enclaves que deterioran la calidad humana y la ciudadanía de hondureñas y hondureños. De igual manera denunciamos la manipulación que el gobierno de JOH hace para crear falsas expectativas de bienestar para los pueblos.

 

En consecuencia exigimos:

  1. La derogación de la ley de minería y de ciudades modelos, así como la implementación urgente de la consulta previa e informada en todos los territorios concesionados para minería, hidroeléctricas y ZEDES
  2. La cancelación inmediata de las concesiones mineras, hidroeléctricas y de ciudades modelo aprobadas en contra de la voluntad popular.
  3. Investigar y sancionar los asesinatos de los compañeros y compañeras asesinados por defender los bienes comunes y los derechos humanos.
  4. Respetar la voluntad de la población que a través de cabildos abiertos y consejos de pueblos han manifestado su oposición y rechazo a estos proyectos de muerte.

 

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo de 2014.

 

COALICION NACIONAL DE REDES AMBIENTALES DE HONDURAS.

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