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IAIP, LAS PUGNAS INFORMATIVAS DEL PODER

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), instancia civil creada en 2007 junto con la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, para hacer frente a la corrupción en el país, ha pasado por una serie de transformaciones en los últimos años, que lo ha llevado a convertirse en un ente atrapado entre los […]

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LEY DE SECRETOS A DOCUMENTOS PÚBLICOS

Tegucigalpa. Gustavo Manzanares, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), expresó, a El Pulso que la Ley de Secretos a Documentos Públicos, viola los procedimientos de la ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Manzanares explica que la forma en que está redactada esta ley, entra en contradicción con […]

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Por incumplimiento PN, Liberal, PINU y UD son sancionados por el IAIP

TEGUCIGALPA. Por el incumplimiento de la información activa, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sancionó en las últimas horas al Partido Nacional, Partido Liberal (PL), Unificación Democrática (UD) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).

Gustavo Manzanares, comisionado del IAIP, expresó que emitieron 18 resoluciones donde sancionan a igual número de instituciones.

Explicó que en el caso de los partidos políticos son sancionados con cinco salarios mínimo y la resolución se trasladará a la Procuraduría General de la República (PGR) para que haga el procedimiento de ley.

En tanto, en el caso de los servidores públicos serán trasladados a la Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización y/o al Poder Ejecutivo para que proceda con la suspensión de los servidores públicos.

En relación a las sanciones para los alcaldes, el funcionario manifestó que le corresponde al gobernador político enviar la notificación a cada uno de los ediles.

Manzanares subrayó que “nosotros estamos siguiendo el proceso legal que es el derecho a la defensa que tiene cada una de las personas sancionadas, para presentar los descargos”.

“Después de la notificación ellos tienen 10 días laborables para que ellos compadezcan al IAIP a presenciar sus descargos, después de eso nosotros analizaremos y emitiremos la resolución”, detalló.

 

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Sancionan al Partido Nacional, Liberal, PINU y UD por falta de transparencia

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sancionó al Partido Nacional, Unificación De

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HONDURAS: PIDEN SUSPENDER A SECRETARIO DE EDUCACIÓN POR OCULTAR INFORMACIÓN

En el caso del actual secretario de Educación, Marlon Escoto, la sanción es porque desde la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) incumplió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al no proporcionar información sobre la entidad que rectora. Asimismo, el IAIP reclama la suspensión de nueve alcaldes por violar la normativa.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió recomendar al Poder Ejecutivo, la suspensión temporal de nueve alcaldes y del secretario de Educación y rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Marlon Escoto, por falta de transparencia.

En el caso de Escoto, la sanción es porque desde la UNA incumplió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

Las resoluciones de sanción fueron anunciadas este lunes por el comisionado del IAIP, Gustavo Manzanares.

Los alcaldes sancionados por irrespetar la LTAIP son de Olanchito, Santa Rosa de Copán, Guanaja, Roatán, Marcala, Jesús de Otoro, La Ceiba, Siguatepeque, San Juan de Opoa. Una vez que se les notifica tienen 10 días hábiles para su defensa y luego se procede a solicitar la suspensión, indicó.

Las sanciones recaen además en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), del  director del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), coronel José  Bustillo Murcia, encargado del Ferrocarril Nacional, Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), nueve alcaldías, cuatro partidos políticos Unificación Democrática (UD), Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Partido Innovación y Unidad (Pinu).

Explicó que los funcionarios deben cumplir la sanción de cinco días suspendidos de sus puestos, mientras que los partidos políticos deben pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos. Es decir que deberán cancelar al menos 40,000 lempiras (unos 1,900 dólares).

“Los partidos políticos no son funcionarios y procede sanción pecuniaria que son cinco salarios mínimos”, expresó. Tienen 10 días hábiles para presentar defensa y si no, procede la suspensión, apuntó.

Manzanares relató que de los institutos políticos, el Partido Anticorrupción cumplió con la ley, Libertad y Refundación (Libre) fue una de las 36 instituciones convocada a audiencia de conciliación y en una semana habían subido la información en sus portales de transparencia. (Con información de C-Libre).

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1544-honduras-piden-suspender-a-secretario-de-educacion-por-ocultar-informacion

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IAIP resuelve suspender 9 alcaldes y al ministro de educación Marlon Escoto

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- En sus acostumbradas alertas el Comité por la Libre Expresión (C-Libre)  informó que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió recomendar al Poder Ejecutivo, la suspensión temporal de nueve alcaldes y del ministro de Educación y rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Marlon Escoto, por […]

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Por negar información: IAIP resuelve suspensión de nueve alcaldes y de ministro de educación hondureño

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió recomendar al Poder Ejecutivo, la suspensión temporal de nueve alcaldes y del ministro de Educación y rector de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Marlon Escoto, por falta de transparencia.

En el caso de Escoto, la sanción es porque desde la UNA incumplió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

Las resoluciones de sanción fueron anunciadas este lunes por el comisionado del IAIP, Gustavo Manzanares.

Los alcaldes sancionados por irrespetar la LTAIP son de Olanchito, Santa Rosa de Copán, Guanaja, Roatán, Marcala, Jesús de Otoro, La Ceiba, Siguatepeque, San Juan de Opoa. Una vez que se les notifica tienen 10 días hábiles para su defensa y luego se procede a solicitar la suspensión, indicó.

Las sanciones recaen además en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), del  director del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), coronel José  Bustillo Murcia, encargado del Ferrocarril Nacional, Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), nueve alcaldías, cuatro partidos políticos Unificación Democrática (UD), Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Partido Innovación y Unidad (Pinu).

Explicó que los funcionarios deben cumplir la sanción de cinco días suspendidos de sus puestos, mientras que los partidos políticos deben pagar una multa equivalente a cinco salarios mínimos. Es decir que deberán cancelar al menos 40,000 lempiras (unos 1,900 dólares).

“Los partidos políticos no son funcionarios y procede sanción pecuniaria que son cinco salarios mínimos”, expresó.

Tienen 10 días hábiles para presentar defensa y si no, procede la suspensión, apuntó.

Manzanares relató que de los institutos políticos, el Partido Anticorrupción cumplió con la ley, Libertad y Refundación (Libre) fue una de las 36 instituciones convocada a audiencia de conciliación y en una semana habían subido la información en sus portales de transparencia.

Origen: http://www.clibrehonduras.com/alerta/por-negar-información-iaip-resuelve-suspensión-de-nueve-alcaldes-y-de-ministro-de-educación

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Quieren disolver la Junta Nominadora para repartirse los magistrados con cuchara grande: Santiago Ruíz

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

Tegucigalpa.-“Parece que se quiere tener el peor escenario para deslegitimar a la Junta Nominadora y para que los magistrados sean repartidos con cuchara grande”, dijo este miércoles Santiago Ruíz, miembro de esa instancia de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación de la empresa privada.

Ruíz hizo el señalamiento al hacer referencia a las constantes exigencias de las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que la Junta Nominadora publique cada una de sus acciones, lo que calificó como un hostigamiento.

El empresario del agro, apuntó que  pareciera que el IAIP quiere crear un ambiente para que la Junta Nominadora deje de funcionar y no envíe la lista de candidatos al Congreso Nacional.

“El hostigamiento permanente que hubo o ha habido del IAIP da lugar a pensar cosas como esa y cuestiones como el recurso de amparo, que ustedes deberían investigar quiénes son los que firman o representan ese recurso de amparo”, expresó.

Manifestó además que los 20 aspirantes a magistrados propuestos por el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), que  han interpuesto un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, contra algunas resoluciones emitidas por la Junta Nominadora, lleva la misma finalidad, que es la de deslegitimar el proceso.

Añadió que la acción legal de los abogados, que ya fue admitida por la Sala de lo Constitucional, moralmente no se ve bien y jurídicamente, “no sé qué es lo que procede porque la Sala de lo Constitucional es juez y parte porque los  miembros de esa sala, están siendo candidatos de este proceso”, apuntó.

Agregó que pareciera que tanto las acciones del IAIP como los precursores del recurso de amparo, “tienen el propósito de distraer la atención o disolver la Junta o causar un caos y una distorsión del proceso que no es conveniente para el país”.

Añadió que el papel de la Junta es sacar la lista de los 45 candidatos y entregársela al Congreso Nacional, para que continué con la selección de los magistrados que integrarán la CSJ para el período 2016-2023.

Interrogado sobre quiénes son los interesados en crear el ambiente adverso, dijo que eso es algo que “la prensa tiene que investigar”.

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IAIP insiste a Nominadora a publicar actas de sesiones

Por segunda vez, en menos de un mes, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), insiste públicamente a la Junta Nominadora para la selección de los 45 candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de un grupo de 200 precandidatos, que publique las actas de las sesiones en el portal de transparencia.

Son cinco verificaciones las que ha realizado el IAIP desde septiembre, pero dos recientes en octubre han generado el malestar de los nominadores, luego que el IAIP les entregó la amonestación por escrito y advertencia que serán sujetos de sanciones desde 200 lempiras hasta 50 salarios mínimos.

El viernes 23 de octubre los comisionados, Doris Imelda Madrid y Gustavo Adolfo Manzanares les recordaron a los nominadores que además de las actas de sus sesiones, “deben” hacer pública la documentación soporte de la elección de los delegados (…)” y deben dar cumplimiento a los artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia y 16 de su reglamento.

Son 90 archivos los que se han subido al portal único de la Junta Nominadora habilitado por el IAIP, pero los comisionados insisten en que solo siete son referentes al apartado de la Junta, los otros son parte de lo que enviaron las siete organizaciones representantes. No así trabajo específico diario que realizan los nominadores.

Datos confidenciales, solo los personales
La comisionada Doris Madrid, informó que la ciudadanía debe tener claro que el afán es transparentar el proceso de selección y no se trata de confrontar con ninguno de los nominadores, por lo tanto la información y datos de las hojas de vida, resultados de pruebas de confianza y contenido de denuncias que se relacionen a los precandidatos a magistrados a la CSJ, también deberán estar a disposición de la población en general, con las restricciones que la ley establece.

Sobre este particular la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), también tomó la bandera de hacer público todo, y solicitaron al IAIP esclarecer que “información y datos” deberían ser colocados en los diferentes portales de transparencia de la Junta Nominadora, la cual debería ser considerada reservada o confidencial, al tenor de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).

La LTAIP, en su artículo 25 dispone que ninguna persona podrá obligar a otra a proporcionar datos personales que puedan originar discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales de las personas.

Los datos personales confidenciales están definidos en el numeral 7 del artículo 3 de la referida ley, siendo estos los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, dirección electrónica particular, participación, afiliación a una organización política, ideología política, creencias religiosas o filosóficas, estados de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen.

En consecuencia, los comisionados del IAIP, dejaron claro a la APJ que los datos personales deben ser protegidos siempre y el acceso a los mismos solo procede mediante orden de autoridad competente o a través de la autorización del titular de los mismos.

No obstante, comparten el razonamiento expresado por la Sala de lo Constitucional de la CSJ, en el Recurso de Inconstitucionalidad No.
SCO-0709-2014, en el sentido de que “…la seguridad de todos y el bienestar general, representan un bien superior que garantiza la transparencia en los nombramientos de funcionarios en cuyas manos están las decisiones que se toman después de realizar las tareas necesarias para investigar, enjuiciar y absolver o condenar a todos aquellos que cometen actos delictivos en contra de bienes jurídicos protegidos, y consecuentemente contra la seguridad nacional”.

Por lo tanto, “la única forma en que el pueblo hondureño pueda alcanzar el convencimiento que cada uno de los candidatos cumple con dichos requisitos es teniendo acceso a sus hojas de vida”.

El IAIP insiste por quinta vez a la Junta Nominadora que le dé importancia al portal de transparencia que les creó en apego a la ley.

Hojas de vida y resultados de pruebas de confianza “tachadas”
El director de APJ, Omar Rivera, manifestó que la hoja de vida de los aspirantes a convertirse en magistrados de la CSJ, deben ser puestas a disposición de la población; sin embargo, tomando en consideración que las mismas contienen información que no debe ser de conocimiento público (domicilio, el teléfono privado o el correo electrónico, otras) deberán proporcionar una versión pública de cada hoja de vida, tachando o testando esos datos personales confidenciales.

Además el IAIP les informó que los resultados de las pruebas de confianza, teniendo el propósito de cuantificar la confiabilidad del servidor público en el cargo que desempeña o que aspira a desempeñar, “se deben publicitar los resultados” y también habrá una “versión pública”, en las cuales se determinará si el servidor público aprobó o reprobó, sin publicitar detalles que se refieran a su estado de salud física o mental”.

Finalmente, en lo concerniente a las denuncias que se presenten en contra los candidatos a magistrados, el IAIP, indicó que, sobre la base del contenido de la resoluciones de la Sala Constitucional de la CSJ, las mismas deberán ser públicas y aceptarse “únicamente aquellas que sean presentadas por personas ciertas, rechazando toda pretensión maliciosa, garantizándoles a los mismos, en forma absoluta y efectiva, todos los particularmente el de defensa”.

La Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la elección de los candidatos a magistrados de la CSJ, tiene como función única, la preparación de una nómina conformada al menos por 45 candidatos que reúnan los requisitos y no se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Junta.

El 15 de noviembre resultados
El proceso de las pruebas de confianza continúan hoy (polígrafo y psicométrica), la semana pasada faltaron al menos cinco, unos solicitaron permisos anticipados, otros llegaron media hora tarde, pero es un hecho que quienes no cumplan con este requisito serán mal calificados, advirtió el presidente de la Junta Nominadora, Ricardo Rodríguez.

“El paquete de pruebas terminan el 5 de noviembre, quienes las realizan solicitan un espacio de cinco días para los resultados, es decir que para el 15 de noviembre estaríamos recibiendo todos los resultados”, informó.

Después de este proceso se prevé una depuración de al menos cien precandidatos (23 de noviembre primer filtro), en diciembre el segundo; el 1 y 2 de diciembre están programadas las entrevistas, las audiencias públicas inician el 6 y concluyen el 16 de diciembre.

Del 4 al 8 de enero de 2016 la Junta Nominadora ha proyectado tener la lista de los 45 candidatos a magistrados de la CSJ, y el 11 de enero se haría la publicación y remisión al Congreso Nacional, quien seleccionará a las 15 autoridades en el Poder Judicial. (SA).

::: DATOS :::
• Solamente datos personales confidenciales serán secretos en elección de magistrados (CSJ).

• Pruebas de polígrafo y psicométricas continúan hoy, incluyendo a los “faltistas”, (fueron cinco, unos porque llegaron tarde y otros pidieron permiso anticipado).

• Prueba toxicológica inicia el viernes.

• El 15 de noviembre estarán los resultados de todas las pruebas de confianza.

http://www.latribuna.hn/2015/10/25/iaip-insiste-a-nominadora-publicar-actas-de-sesiones/

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Honduras: El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) obligará al Instituto de Previsión del Periodista a entregar información sobre sus operaciones

  El IAIP pedirá al IPP que brinde la información requerida por el periodista Gustavo Palencia.

Por: Redacción CRITERIO   redaccion@criterio.hn 
TEGUCIGALPA.- La junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP)  tendrá que entregar información sobre sus operaciones financieras y administrativas, luego que el Instituto de Acceso a la Información Pública determinó que es sujeto obligado de la ley de Transparencia.
Amparándose en una interpretación de la ley del IPP que los exime de la fiscalización, los directivos y el gerente se han negado  reiteradamente a entregar la información solicitada por afiliados sobre la gestión institucional, como es el caso de los dos últimos estudios actuariales del sistema, vitales para saber acerca de la sostenibilidad del Instituto.
 La decisión de obligar al IPP a entregar la información solicitada por el periodista Gustavo Palencia, fue adoptada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) tras comprobar que el órgano de jubilación de los periodistas recibe por ley fondos públicos y por tanto es una institución obligada a atender las peticiones de información.
“El Instituto de Acceso a la Información Pública enviará al gerente del IPP, Omar Calderón, las peticiones de información que se ha negado a entregar para que responda a satisfacción pues el ente legalmente recibe fondos del Estado”, dijo una funcionaria del IAIP.
El IAIP decidió requerir al IPP la entrega de la información solicitada por Palencia, después de que el Ministerio de Finanzas le confirmó que el Estado le transfiere fondos en cumplimiento de la ley de creación del sistema de jubilaciones y pensiones de los periodistas.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece que son instituciones obligadas a ofrecer información al público, además de los tres poderes del Estado, los entes autónomos y descentralizados y las alcaldías, los organismos privados de desarrollo y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que reciban o administren fondos públicos.
 La decisión del IAIP es el segundo hecho en menos de un mes que contraría la férrea determinación de los directivos del IPP, encabezados por su presidente Edwin Natividad Romero, de mantener en  total opacidad las finanzas del ente.
También, el IPP ahora es sujeto de la fiscalización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), al entrar en vigencia la Ley Marco de Protección Social, que obliga a todos los entes de previsión que reciben fondos públicos a someterse al control del organismo especializado del estado en el sector financiero.
Los directivos del IPP en su perseverante evasión de la fiscalización externa de las operaciones financieras del ente, incluso han desistido ilegalmente de retirar,  a partir del 2014,  las aportaciones del Estado.
La abusiva determinación de la junta directiva del IPP de abstenerse de requerir  las aportaciones estatales establecidas en la ley de creación del ente, erosiona la capacidad financiera del sistema de ofrecer una pensión por jubilación digna a los periodistas, que es el principal objetivo de su operación.
Las aportaciones del Estado desde 1987 a 2013 sumaron 53.2 millones de lempiras, cantidad que permitió en esos años pagar los seguros de vida y hospitalario, el auxilio funerario y más de un 50 por ciento de las jubilaciones y pensiones por invalidez.
El Instituto de Previsión de los periodistas, es hasta ahora el único ente de previsión, entre públicos y privados, e incluso bancos, financieras y cooperativas que no es auditado por la CNBS, debido a una interpretación de la ley del organismo aprobado en el año 2000, que los eximió de la vigilancia externa pública de sus finanzas.
Acusan a JOH de querer tomarse IPP
La gerencia del IPP deberá suministrar entre otros documentos, una copia del acta de junta directiva del ente en la que se resolvió desistir de la contribución del Estado y la carta o notificación enviada al gobierno comunicando su ilegal decisión.
Además, deben entregar los dos últimos informes de auditoría de las operaciones financieras, las actas del comité de inversiones y el detalle de las inversiones realizadas por el IPP de 1987 al 2015 y los estados financieros entre 1987 y 2012.
Igualmente, el acta en la que la junta directiva autorizó al presidente del IPP, Edwin Natividad Romero, a firmar un contrato privado para la administración de un fondo patronal autónomo de seguridad social con la administradora de Fondos de Pensiones Atlántida S.A.
Los directivos del IPP en su estrategia para eludir la fiscalización de la CNBS, impulsan también un fraccionamiento de las fuentes de financiamiento del ente, y embaucaron privada y selectivamente a un grupo de periodistas para que firmaran un contrato con una administradora de pensiones privada a la que trasladaran únicamente sus contribuciones personales para constituir su jubilación.
Sin embargo, las reservas técnicas para financiar las pensiones por jubilaciones y beneficios del sistema, están constituidas, de acuerdo a la ley, por las utilidades por inversiones que sumaron entre 1987 y 2013, 124.3 millones de lempiras, las aportaciones patronales 56.3 millones, las contribuciones estatales 53.2 millones de lempiras y las individuales 26.8 millones de lempiras.
Los directivos y el gerente del IPP le aseguraron a los periodistas que firmaron el contrato que el gobierno del presidente Juan Hernández pretendía tomarse las reservas del ente y que era preferible colocarlas en una administradora de pensiones privada para evitarlo.
“A mi me dijeron que el gobierno del presidente Juan Orlando (Hernández) se quiere tomar estos fondos y que es más seguro tenerlos en una administradora de fondos privados”, dijo un periodista de la televisión que firmó el contrato.
El gobierno de Hernández, en cumplimiento del decreto de creación de la Ley de Instituto de Previsión Social del Periodista, asignó fondos en el presupuesto nacional a través de la secretaría de la Presidencia en los años 2014 y 2015 para transferirlos al ente de previsión de los comunicadores.
Los miembros de la junta directiva y la gerencia del IPP han operado hasta ahora con total discrecionalidad la administración y finanzas del ente, dejando en total indefensión a los periodistas afiliados debido a la ausencia de fiscalización externa de los recursos que administra este sistema.

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