EEUU identifica como narcos a Los Cachiros

Washington, EEUU (AFP)

Estados Unidos identificó formalmente como grupos narcotraficantes a Los Caballeros Templarios (México), Los Urabeños (Colombia) y Los Cachiros (Honduras), así como a Luis Fernándo Sánchez, presunto líder del cártel de Tijuana, informó este viernes la Casa Blanca.

Estas organizaciones y Sánchez fueron incluidos en la Ley Kingpin (capos del narcotráfico), según una carta del presidente Barack Obama enviada al Congreso y el Senado. En consecuencia, cualquier activo que mantengan en Estados Unidos podrá ser intervenido, y los individuos o empresas norteamericanas que negocien con estos grupos podrán ser objeto de sanciones.

Sánchez, apodado «El ingeniero»,  es el «líder operativo» del cártel de Tijuana, que transporta toneladas de cocaína y marihuana desde el norte de México a Estados Unidos, mientras libra una batalla contra el cártel de Sinaloa por el control de territorio, según información del Departamento del Tesoro.

Los Caballeros Templarios es una violenta organización que controla el narcotráfico y otras actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y el robo en la costa del Pacífico mexicano. A finales de 2012, ofreció deponer las armas a cambio de que el nuevo presidente Enrique Peña Nieto cumpla promesas de campaña, aunque no señalaron cuáles. Por otra parte, Los Cachiros controlan el 90% de las pistas aéreas clandestinas de Honduras, que usan para transportar grandes cantidades de droga desde las zonas de cultivo en Colombia y hacia los carteles mexicanos, según el portavoz del Tesoro.

Los Urabeños es una organización de paramilitares y narcotraficantes (conocidas como Bacrim) que se dedica al tráfico de drogas y de armas en 22 de las 32 provincias colombianas.

Su jefe, Jesús Escalante Villegas, alias «Escalante» fue detenido el 14 de mayo en Caracas. El gobierno estadounidense también incluyó en las sanciones económicas al esloveno Mihael Karner y el afgano Haji Khotwal Noorzai por acusaciones de narcotráfico.

Sépalo
La ley «Kingpin Act» fue promulgada en diciembre de 1999 y su objetivo principal es bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosos de estar vinculados con el narcotráfico y que sean una amenaza para la seguridad de EE.UU.

OTRO CASO: Chepito Handal
El gobierno estadounidense ya había anunciado el pasado  martes 9 de abril de este año que ponía en su lista de narcotraficantes al ex candidato a diputado liberal a  Jose Miguel Handal Perez, así como a varios familiares y empresas.

La esposa de «Chepe» Handal, Ena Elizabeth, su padre José Miguel y siete empresas registradas al nombre de la familia en San Pedro Sula, también fueron consideradas como integrantes de la red delictiva, según el comunicado del Departamento del Tesoro.

«Chepe Handal es el líder de una organización con sede en Honduras responsable de la coordinación y distribución de toneladas de cocaína de fuentes colombianas en Honduras», aseguró el comunicado.

«Esas entregas son distribuidas entre cárteles mexicanos, incluido el cártel de Sinaloa y Los Zetas», añadió el texto.

Cuando su ejecutaron las incautaciones, Handal dio declaraciones a la AFP y luego envío a los medios un comunicado: «Queremos aclarar esta situación, la verdad es que somos emprendedores, mi padre es emprendedor, lo que tenemos nos ha costado, no nos dedicamos a ese tipo de actividades», se defendió Handal Pérez en aquel momento.

«No sé de donde puede venir esta situación, nosotros tenemos la empresa Autopartes Handal desde hace 45 años, importamos piezas de vehículos y motocicletas de China, quizás esto viene por la situación política», añadió.

Las autoridades hondureñas días después confiscaron los bienes de la familia Handal. Su paradero se desconoce.

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Sismo de baja intensidad en el MP; solo rotaciones

El “sismo” en el Ministerio Público (MP) en torno a las rotaciones de fiscales se oficializó ayer como lo adelantó TIEMPO.

Se registraron rotaciones en la mayoría de fiscalías especiales por disposición de la Comisión Interventora que está a cargo de las riendas de esa institución por designación del Congreso Nacional. Soraya Cálix será la nueva Fiscal Especial Contra el Crimen Organizado en sustitución de José María Salgado, quien pasa a la Unidad Nacional de Reacción Fiscal.

Luis Vallejo será el nuevo coordinador de la mencionada fiscalía. Fany Martínez dejará de ser la fiscal anticorrupción y se asignó en su lugar a Patricia Domínguez y a Luis Javier Santos, como coordinador. Martínez pasará a coordinar la Fiscalía de Delitos Comunes. Henry Salgado luego que fue separado de la Fiscalía Anticorrupción tras ser investigado y asignado como fiscal especial de protección al Medio Ambiente, también fue rotado y se encargará del Módulo de Trámite Rápido como coordinador, a pesar que obtuvo calificaciones bajas en cuanto a judicialización de casos cuando estuvo a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

En su cargo queda Lorena Fernández y Miriam Figueroa como coordinadora. Las rotaciones las informó en conferencia de prensa el nuevo director de Fiscales, Roberto Alejandro Ramírez Aldana, acompañado por Lino Tomás Mendoza, miembro de la comisión interventora y la sub directora de Fiscales, Loany Alvarado.

German Enamorado ya no será fiscal de defensa de Derechos Humanos y su puesto lo ocupará John César Mejía que se desempeñaba como fiscal local de La Esperanza. Enamorado es ahora el encargado del Programa de Protección de Testigos que estaba a cargo de Yuri Moreno, quien ahora pasa a la Unidad Nacional de Reacción Fiscal. Otra rotación es la del fiscal Luis Navas como titular de la Fiscalía del Consumidor y pasa a Supervisor Nacional de Fiscales y en su puesto queda Sara Sagastume.

La fiscal Kenia Reconco fue ratificada en el puesto de titular en la Fiscalía de Delitos Comunes. Una de las nuevas asignaciones es la de Milson Salgado como coordinador de la Fiscalía Especial de las Etnias.
Es de destacar la rotación de Marcio Cabañas de la Fiscalía Especial de Privación de Dominio a la Unidad Nacional de Reacción Fiscal.

Ramírez Aldana dijo que no “se está sometiendo a ningún proceso disciplinario a los fiscales, ni a mecanismos de despido y simplemente estamos reacomodando fuerzas y capacidades”. Añadió que las nuevas asignaciones son por capacidades y méritos profesionales. No hubo cambio en las titularidades de las fiscalías especiales de la Mujer, protección de la Niñez y Etnias. En el caso de la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución se separó a Mauricio Aceituno y lo sustituye Mario René Alberto.

FUERZA DE TAREA
Se anunció la conformación de la Unidad Nacional de Reacción Fiscal que conocerá de casos emblemáticos y que requieren atención especializada y estará conformada por los fiscales Yuri Moreno, Rosaura Fernández, Marco Cruz, Ricardo Castro. Ricardo Núñez, José María Salgado, Neldin Funez y Marcio Cabañas.

Ramírez Aldana aseguró que la próxima semana reunirá a todos los fiscales para girar instrucciones y se iniciará una evaluación de las fiscalías regionales. Se dieron a conocer por lo menos 10 rotaciones más a nivel interno de las diferentes fiscalías.

ROTACIONES

•    Soraya Cálix, Fiscal Especial Contra el Crimen Organizado.
•    José María Salgado, jefe de la Unidad Nacional de Reacción Fiscal.
•    Luis Vallejo, coordinador de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
•    Patricia Domínguez, fiscal especial de Lucha Contra la Corrupción.
•    Luis Javier Santos, coordinador de la Fiscalía de Lucha Contra la Corrupción.
•    Fanny Martínez, coordinadora de la Fiscalía de Delitos Comunes.
•    Henry Salgado, coordinador del Módulo de Trámite Rápido.
•    Lorena Fernández, titular de la Fiscalía Especial de Protección al Medio Ambiente.
•    Miriam Figueroa,  coordinadora de la Fiscalía Especial de Protección al Medio Ambiente.

ASISTENTES
Otras asignaciones son las siguientes:
Daniel Rubio: Asistente de la Dirección General de Fiscalía.
Carmen Martínez: asistente de la Dirección General de Fiscalía.
Mauricio Aceituno: asistente de la Dirección General de Fiscalía.

PRUEBAS
“Todos los fiscales que asumen responsabilidades serán sometidos a pruebas de confianza”: Lino Tomás Mendoza.

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Si Rubí no renuncia pedirán juicio político

Qué renuncie o en el informe de la Comisión Interventora del Ministerio Público (MP) se pedirá un juicio político en contra del fiscal general, Luis Alberto Rubí, dijo ayer María Antonia Navarro, quien preside dicho organismo.

“Así es, vamos a hacer esas recomendaciones, consideramos que si él (Luis Rubí) no presenta su renuncia vamos a pedir que se considere”, dijo Navarro refiriéndose a la posibilidad de que soliciten la aplicación del juicio político.

La interventora, que lleva más de un mes a cargo de la Fiscalía, añadió que la dimisión o la sumisión a un proceso de juicio político es la decisión que debe tomar Rubí ante los resultados del informe que será presentado al pleno del Congreso Nacional el próximo martes. La Comisión Interventora tiene amplios poderes para reestructurar el MP y sus integrantes tomaron las funciones del fiscal general y fiscal adjunto, Roy Urtecho, por disposición del Congreso Nacional.

Navarro no quiso detallar sobre las investigaciones en torno a la labor del fiscal general y lo encontrado en el MP, respondiendo que los resultados se brindarán al pleno del Congreso Nacional que tomará las determinaciones correspondientes.

La comisión, también conformada por Lino Tomás Mendoza, Angela Madrid y María Estela Guzmán, ha tomado determinaciones como no renovar 90 contratos temporales de trabajo, suspender beneficios a personal cercano a los fiscales generales y reducir excesivos gastos.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, reaccionó ante las declaraciones de Navarro lamentando que la comisión se pronuncie antes que fuese presentado el informe al Legislativo.

Dijo que no reaccionaría más ante recomendaciones que aún no son oficiales.

JUAN ORLANDO LAMENTA
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, lamentó ayer las declaraciones brindadas por miembros de la Comisión Interventora del Ministerio Público sobre situación del Fiscal General, Luis Rubí, sin antes haber dado a conocer a ese poder del Estado un pronunciamiento. Tal declaración la realizó ayer en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) durante una conferencia de prensa que brindó para dar a conocer los beneficios que traerá en empleo la aprobación de cuatro mil millones de lempiras a la industria de la construcción.

“Por ley a quien le tienen que dar el  informe es al Congreso Nacional, y en ese ambiente se vuelve público, ya que esa es la forma ordenada de efectuar ese tipo de cosas”, señaló el titular del poder Legislativo.

DESCONOCE
Juan Orlando Hernández dijo que hasta ayer que desconocía las recomendaciones de la Comisión, porque no se las habían hecho llegar. “No puedo dar una reacción de mi parte porque no es algo oficial”, añadió.

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