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Honduras: Diputados rechazan juicio político contra funcionarios del Poder Judicial

Enviado por Marino Ortariz,Hondudiario,14 Diciembre 2015-10:29 pm Tegucigalpa,Honduras
****El secretario del Congreso Nacional, Mario Alonso Pérez, leyó el escrito donde Cálix expuso los argumentos en los que fundamenta la petición de juicio político contra Bonilla y Lozano para quienes solicitaba su destitución por existir denuncias graves en contra de ambos funcionarios.

Con la ausencia del diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Luis Cálix, quien presentó la solicitud ante la secretaría de la Cámara Legislativa, el pleno del Congreso Nacional, rechazó este lunes la petición de juicio político en contra del vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla Euceda y contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Manuel Lozano Urbina.
El escrito del diputado Cálix  fue presentado en noviembre pasado ante la secretaría del Congreso Nacional, según el congresista, basándose en aspectos fundamentales en contra de los dos funcionarios judiciales.
 El secretario del Congreso Nacional, Mario Alonso Pérez, leyó el escrito donde Cálix expuso los argumentos en los que fundamenta la petición de juicio político contra Bonilla y Lozano para quienes solicitaba su destitución por existir denuncias graves en contra de ambos funcionarios.

En el escrito se pide que la admisión o no del juicio político se haga en un solo debate siguiendo el trámite de ley correspondiente. En ese sentido, Pérez sometió a discusión y votación en un solo debate la solicitud de Cálix, la que al final fue desestimada por no contar con los votos necesarios para ser aprobada.

Los diputados votaron por los extremos si quienes estuvieran a favor de admitir la solicitud, no los que estuvieran en contra y también se podrían abstener.

Al final la votación arrojó como resultado 51 votos a favor, 45 en contra y cinco abstenciones, pero como se trata de funcionarios que se eligen con dos tercios de los votos, no se admitió la denuncia.

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2015/12/honduras-diputados-rechazan-juicio.html

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Diputados liberales alejados del mandato del CCEPL: Villeda

Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Mauricio Villeda lucha contra el lado escuro del Partido Liberal.

La división entre la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional y las autoridades de ese  instituto político sigue latente y se desnudó en las últimas horas cuando  sus  parlamentarios votaron en contra del juicio político propuesto para el fiscal general y fiscal general adjunto.

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Mauricio Villeda,  expuso su malestar a través de su cuenta de Facebook, donde reafirmó que la postura de su partido político sigue siendo la misma y que ya fue exteriorizada el pasado 29 de junio cuando mediante un comunicado de prensa se plantearon varias condiciones.

“El CCEPL continua firme en su posición de interpelar al Fiscal General de la República y en los demás términos expresados en el comunicado del 29 de Junio pasado”, escribió Villeda.

Mediante el comunicado el CCEPL, exigió, entre otras cosas como condición para establecer un diálogo con el gobierno, la separación del fiscal general, Oscar Chinchilla; del fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar y del director de fiscales, Rolando Argueta.

“A los liberales en particular y al pueblo hondureño en general informamos que la posición de los diputados liberales el día de hoy en la sesión del CN en Gracias, Lempira, con relación a la moción de juicio político, fue una decisión adoptada por los que así votaron”, apuntó Villeda a través de la red social, con lo que como máxima autoridad del partido de la insignia rojo, blanco, rojo se desmarcó de los congresistas.

Al ser cuestionado por  una de sus seguidoras (Penélope Santos), porque sus lineamientos no son acatados por los diputados liberales, Villeda, respondió “los diputados estimada Penélope, los escoge el pueblo. Los diputados llegan al Congreso por los votos que ustedes, el pueblo, les da”.

La iniciativa para aplicar el juicio político en contra del fiscal general, Oscar Chinchilla y del fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar, fue presentada por el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Walter Banegas, que argumentó negligencia manifiesta por parte de ambos funcionarios, sin embargo solo logró 43 votos contra 85 de quienes se opusieron.

El Partido Liberal, que había mantenido una supuesta alianza de oposición con Libre, Pac y Pinu, leyó una manifestación en contra del juicio político.

La declaración  fue leída por el diputado Darío Banegas, que expuso que el Partido Liberal no es “sucursal” de nadie y que tampoco se inclinaría para ninguno de los extremos que hay en la actualidad en el Congreso Nacional, sino que adoptaría una postura independiente.

Al respecto el diputado de Libre, Rasel Tomé, dijo que los liberales acompañaron en la votación a los nacionalistas porque están negociando la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Aseguró que antes de iniciar la sesión, se observó a los diputados liberales en una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Villeda, con quien pactarían ciertas negociaciones.

La polémica sesión se originó en la ciudad de Gracias, Lempira, donde se ha instalado un Congreso Móvil, que inició el martes y concluirá este jueves.

Fuente: http://criterio.hn/diputados-liberales-alejados-del-mandato-del-ccepl-villeda-2/

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Con votación de 83 a 45 votos, Congreso Nacional desaprueba juicio político contra titulares del MP

El Congreso Nacional desaprobó hoy la solicitud de un juicio político en contra del Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla y el Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar, al no obtener la mayoría calificada de 86 votos a favor de la petición.

La petición obtuvo únicamente 45 votos a favor y 83 en contra, lo que evidencia que no obtuvo la mayoría calificada de 86 votos necesarios para que la solicitud fuera aprobada.

La solicitud la presentó el diputado del Partido Anticorrupción (PAC), Walter Alex Banegas, quien denuncia en su petición que existen actuaciones contrarias a la Constitución de la República y negligencia manifiesta por parte de ambos funcionarios.

Banegas tomó como referencia para presentar la solicitud el informe final presentado por la comisión especial multipartidaria nombrada para investigar en el Ministerio Público, los avances en 13 casos emblemáticos de corrupción.

En la solicitud se planteaba el nombramiento de una comisión especial para investigar la conducta de los altos funcionarios del Ministerio Público y la suspensión de sus cargos, mientras se hacía la investigación.

Finalmente, pedía la destitución del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto.

La bancada liberal, a través del diputado Darío Banegas, dejó sentada su posición de votar en contra de la solicitud del juicio político, luego de estudiar la forma y el fondo de esa solicitud la que a su criterio no reúne los requisitos para que sea tramitada en la Cámara Legislativa.

Además, considera que un juicio político en este momento es inoportuno ya que distrae la atención en la gran tarea que representa la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, la bancada liberal considera que con la destitución de los titulares del Ministerio Público, se interrumpirían los juicios ya iniciados en los casos de corrupción, lo que generaría aún más impunidad.

No obstante, se pronuncian a favor de una comparecencia de ambos funcionarios para que expliquen ante el pleno del Congreso Nacional los avances de los procesos iniciados en los casos emblemáticos de corrupción.

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11308

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Partidos Nacional y Liberal evitan juicio político contra el Poder Judicial

Publicado: 15 Julio 2015

Los partidos Nacional y Liberal han frustrado el intento de someter a juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura; la propuesta fue presentada por la diputada independiente Audelia Rodríguez.  

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

 

Tegucigalpa. El bipartidismo se impuso para que no se aplicara juicio político contra el Consejo de la Judicatura, señalado de interferir en las decisiones de jueces y magistrados.

 

La iniciativa, introducida por la diputada independiente Audelia Rodríguez, quien presentó hace varias semanas la iniciativa para que los integrantes del Consejo, presidido por Teodoro Bonilla, sea destituido por “tener injerencias”.

 

Tras la lectura y consulta a la asamblea, se tomó la decisión de no considerarlo, porque no se cuenta con los 86 diputados para que se iniciara el proceso de enjuiciar políticamente a la dependencia del Poder Judicial.

 

Sólo las bancadas de oposición votaron a favor de la iniciativa; el bipartidismo se negó a acuerpar el juicio político.

 

La propuesta, según el secretario del Congreso, el nacionalista Tomás Zambrano, será archivada para ser discutida en otra legislatura.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/287-partidos-nacional-y-liberal-evitan-juicio-politico-contra-poder-judicial

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Bipartidismo bloquea destitución de cúpula del Ministerio Público

Publicado: 15 Julio 2015

La denominada “aplanadora bipartidista” truncó otra vez la pretensión de las bancadas opositoras para destituir al fiscal general y adjunto, por haber ocultado información sobre el megafraude al IHSS. 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. Los titulares del Ministerio Público hondureño no serán sometidos a juicio político, porque no hay apoyo de unos 86 diputados para iniciar la destitución de ambos.

 

El diputado del Partido Anticorrupción (Pac), Walter Banegas, mocionó para que se iniciara el proceso de destitución de Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar, fiscal general y adjunto, de manera respectiva, por no haber cumplido el papel de defensores de los intereses de la sociedad.

 

Banegas presentó la iniciativa, que requiere mayoría calificada para proceder a la discusión, nombramiento de la comisión que investigaría la conducta de ambos funcionarios y el proceso de destitución.

 

Por segunda vez durante la sesión realizada en Gracias, Lempira, zona occidental de Honduras, el bipartidismo se opuso a la propuesta; presentaron un documento en el que dan voto de confianza a Chinchilla y Cuéllar para que “sigan combatiendo la corrupción e impunidad”.

 

Tras la negativa de la denominada “aplanadora rojiazul” las protestas de las bancadas de oposición no se hicieron esperar: diputados Anticorrupción, de Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Innovación y Unidad (Pinu) protestaron y condenaron la actitud tomada por los 27 parlamentarios de la bancada liberal.

 

“Hay un arreglo por abajo, en el que se refleja que realmente están buscando llegar a acuerdos sobre la Corte de Justicia, no quieren tomar decisiones para limpiar la justicia en el país”, dijo el diputado de Libre Rasel Tomé.

 

Por su parte, el excandidato presidencial y titular del Partido Liberal, Mauricio Villeda, lamentó que el bloque haya desistido de aplicar el juicio político a la cúpula del órgano acusador del Estado.

 

A esos diputados nadie los manda”, expresó el líder en declaraciones extramicrófono a Radio Globo.

 

Cabe mencionar que desde hace varias semanas, se venía cabildeando la destitución de ambos funcionarios, que según informe de la denominada comisión multipartidaria y denuncias hechas por el periodista David Romero, ocultaron información que compromete a altos funcionarios del actual gobierno.

 

También se reveló en el informe presentado al Parlamento, que la cúpula del Partido Nacional participó en el megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que asciende a siete mil millones de lempiras, de acuerdo a estimaciones de organismos civiles.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/288-bipartidismo-bloquea-destitucion-de-cupula-del-ministerio-publico

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Congreso definirá si aplica juicio político a titulares del Ministerio Público

Publicado: 14 Julio 2015

Las sesiones del Congreso Nacional arrancan este martes en la zona occidental de Honduras, todas las bancadas estarán presentes y el partido Libre propondrá la destitución de los titulares del Ministerio Público. 

Redacción Central/ EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Parlamentarios reinician las sesiones este martes en Gracias, Lempira, occidente de Honduras, donde se tiene previsto mocionar para aplicar juicio político al fiscal general y adjunto.

La sesión protocolaria estaba prevista para el mediodía, sin embargo, a esta hora, no ha iniciado.

Y es que los parlamentarios decidieron ir a sesionar a la vieja ciudad,  justificando que es la semana de la Identidad Nacional, en honor al héroe Lempira que resistió los embates de la corona española.

Por primera vez, los diputados de Libertad y Refundación (Libre), estarán en la sesión, con la finalidad de someter al pleno la propuesta de la destitución de los titulares del Ministerio Público mediante juicio político.

Sobre el tema, el secretario del Poder Legislativo, el nacionalista Mario Pérez, detalló que será tratado a profundidad para definir si Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar, rectores del ente acusador se les depone del cargo.

Cabe mencionar que días atrás, la diputada tránsfuga Audelia Rodríguez, subjefa de la bancada independiente, presentó a la secretaría del Congreso la destitución de Chinchilla y Cuéllar. También pidió la defenestración del Consejo de la Judicatura por trastocar decisiones de los jueces y magistrados. Lo mismo hizo el diputado Anticorrupción Walter Banegas.

Para proceder a la destitución de altos funcionarios, se requiere de mayoría calificada, es decir, 86 votos para que el acusado sea sometido a procedimiento especial, sin abordar el ámbito penal, que es de competencia de los tribunales.

En cuanto a la aplicación del juicio político para el presidente, se necesitan de 96 marcas o las tres cuartas partes del pleno del Congreso Nacional.

Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/281-congreso-hondureno-definira-si-aplica-juicio-politico-a-titulares-del-ministerio-publico

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Mel Zelaya reta a presidente Juan Hernández a someterse al juicio político

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Mel Zelaya Rosales

El presidente del Partido Libertad y Refundación,  Manuel Zelaya Rosales, dijo que acepta el juicio político para que lo investiguen, pero también pide que el mandatario Juan Hernández lo acepte.

El ex Presidente y ahora diputado al Congreso Nacional,  utilizó las redes sociales para responderle al diputado nacionalista David Chávez, a quien le aclaró del porque no se presenta a la Cámara Legislativa.

Zelaya reveló que,  no cobra sueldos, y hasta le recordó que hace algunos meses los sacaron a culatazos y con gases lacrimógenos,  pero que ahora le piden de rodillas que regrese.

El coordinador de bancada de LIBRE hizo esto,  en respuesta a las declaraciones del diputado nacionalista David Chávez, quien manifestó que pedirán un juicio en contra del ex presidente Zelaya, ya que no se presenta a trabajar en el Congreso Nacional.

En una de sus publicaciones en su cuenta de Twitter, Zelaya dijo que acepta el juicio político para que lo investiguen, pero lo condicionó al sugerirlo también para que el presidente Juan Hernández acepte y se someta.

El ex presidente, derrocado tras un golpe de Estado el 28 de junio de 2009, aclaró que desde hace nueve meses se retiró del Congreso Nacional debido a su mal estado de salud, además dijo que –aunque tiende derecho- nunca más cobro salario del Legislativo.

“No mientan escribió en su cuenta de Twitter en claro señalamiento al Partido Nacional de Honduras, a quienes Zelaya llama “Cachos”, (Cachurecos), como se conoce a los militantes de ese instituto político.

Fuente: http://criterio.hn/mel-zelaya-reta-a-presidente-juan-hernandez-a-someterse-al-juicio-politico/

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Indignados en huelga exigen juicios políticos para destitución de jueces, magistrados y fiscales

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El panorama en el entorno de Casa de Gobierno continúa igual, policías, militares, vallas metálicas, calles cerradas, y unas tiendas de acampar dónde están tres jóvenes indignados sin probar alimentos sólidos desde la semana pasada, y que hoy se cumple ocho días de la manifestación.

Con un notable deterioro físico, han pasado este día de huelga de hambre, Germán Ayala, Gerson Suazo y Hernán Silva, acompañados en esta lucha por dos jóvenes de 19 años, David Velásquez y Erlin Mejía ambos de 19 años de edad, que realizan jornadas de ayunos, todos para exigir la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras,  CICIH, y poner un alto a la impunidad que impera en el país.

Ayala es del departamento de Cortes (norte), Suazo de Santa Bárbara (occidente), Silva de Choluteca (sur), Velásquez de Francisco Morazán (centro) y Mejía de El Paraíso (oriente), por lo que todo el país está representado en esta manifestación contra la impunidad.

A ello se suman hondureños en diferentes regiones, en muestras de solidaridad con los jóvenes en huelga de hambre, este día hubo una toma de carretera entre Santa Bárbara y Copán. Hay personas en ayunos solidarios en San Pedro Sula, Olancho, entre otras ciudades; y plantones en diferentes embajadas y consulados hondureños en América y Europa, desde que inició el movimiento de los Indignados con antorchas a nivel nacional, hace más de dos meses, por el saqueo de 7 mil 300 millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, y que ha cobrado al menos 3 mil vidas por falta de atención médica oportuna.

Mientras German y Gerson permanecen acostados, porque su salud no es la óptima, Hernán compartió un comunicado de prensa, en el que se dirige al pueblo hondureño dentro y fuera del país, a la comunidad internacional y a la organización de las Naciones Unidas, que ellos continúan en de hambre indeterminada.

“La huelga de hambre nunca ha sido suspendida, que se continua con el mismo amor patrio con el que se inició, y que mientras le pueblo este con nosotros, seguiremos con esta lucha, que nuestras exigencias son las mismas que tiene el pueblo indignado en las calles”.

En primer punto se refieren a que “se solicite a la ONU, la instalación de la CICIH porque no creemos en la resquebrajada  institucionalidad del país”.

Segundo que “Que se inicie en el Congreso Nacional el proceso de juicio político, encaminado a la destitución del Fiscal General del Estado, Fiscal Ajunto por su probada incapacidad, parcialismo y negligencia”.

Y tercero “que se destituya a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por su nombramiento ilegal impuesto por Juan Orlando Hernández y sus actos de traición a la Patria, solo así podemos dar inicio a un diálogo transparente, honesto, honesto y verdaderamente incluyente”.

Finalmente, dice el comunicado “exigimos que en este momento histórico sea de inmediato cumplimiento nuestras peticiones, solicitudes y exigencias”, manifestó Hernán Silva, quien tiene ya más de 48 horas en huelga de hambre, por lo que es el que aún puede dar declaraciones a los medios de comunicación, bajo cuidado médico.

Instó a quien quiera, que entren a sus carpas, y vean que no hay nada de alimentos sólidos, sino agua, miel y suero, que es traído por personas solidarias, ya que se rumora que están ingiriendo alimentos.

“No estamos engañando a nadie, puede la oposición o el gobierno mandar a sus doctores de Salud Pública a que nos chequeen. Los médicos nos han dicho que aun, nos pueden hacer placas de ultrasonidos y no van a ver nada en nuestro interior”, afirmó.

Hernández permanece a unos 50 metros de la Casa de Gobierno, en el boulevard Juan Pablo II, movido por la indignación causada por la corrupción que impera en el país.

Jóvenes en huelga

David Velásquez, de 19 años, con sus pocas palabras, afirma que “de aquí yo no me muevo, no tengo miedo, porque estamos luchando por un mejor país, estoy tranquilo”, tras 27 horas de ayuno.

Erlin Mejía, contó que permaneció por seis días dentro del retén militar policial, donde estaban los primeros indignados en huelga de hambre, al salir de la zona el sábado anterior, con Alejandro Bardales, Ariel Varela, Miguel Briceño, y Ariel Calona un día antes, el joven que se moviliza en una silla de ruedas, permanece en ayunos fuera del retén, porque para él p rimero es Honduras, y pese a sus malestares físicos, estará en las afueras de Casa de Gobierno.

JOH ha hecho su propuesta de un dialogo, pero los huelguistas “no aceptan dialogar con los mismos” sino que sea la ONU quien intervenga, para que se garantice la aplicación de justicia.

Más de tres millones de hondureños son jóvenes, y justo fue ese sector que inicio el movimiento de las antorchas, para protestar por la corrupción generada desde la clase políticas, en el saqueo del Seguro Social, y que según investigaciones del Ministerio Público, envuelve a empresarios, políticos y familiares de dirigentes del IHSS, que administraban empresas fantasmas o de maletín, que supuestamente les vendían servicios varios.

JOH usted es malo, dice esposa de indigno

Por su parte, Maricela Perdomo, esposa de German Ayala, denunció el acoso de parte de policías, militares y personas, que en las noches llegan a interrumpir el silencio en el que deben estar los huelguistas.

Exigió a JOH –con palabras abatidas por el llanto- “como mujer, como hondureña, como madre, le exijo que tenga corazón y que suelte ese poder”.

“Sabe que señor Juan Orlando, el problema no es usted, el problema es la calidad de ser humano que es usted. Si usted estuviera haciendo las cosas bien, lo aplaudo, le beso la mano, pero sabe qué, usted es malo, no sé si es usted o los malos asesores que lo están asesorando, porque no quiere soltar el poder, esas comodidades, ese enriquecimiento, esa arrogancia”.

Sabe qué, el pueblo hondureño viven con 20 32 lempiras diarios, no necesitamos tanto dinero, ¿cómo es posible que haya tanta gente ganando 80 mil, 90 mil, 200 mil lempiras mensuales? Podemos vivir con 10 mil ó 20 mil lempiras mensuales, pero hay mala distribución de las riquezas, reflexionó Perdomo.

Agregó que, la solución a este país está en las manos de cada uno de nosotros, todos somos seres humanos y pensamos, podemos rescatar este pedacito del planeta porque somos un país rico en recursos naturales.

“Sigamos en las calles, con nuestras antorchas que son la luz de esperanza que nos guiará  el camino de justicia porque solo unidos lucharemos y podremos recuperar a este país que es la esperanza para nuestros hijos”, concluyó la esposa de German Ayala, mientras cargaba a su pequeña hija, quien ignora lo que sucede en Honduras, y lo que está haciendo su papá, pero que es por su futuro y la de millones de hondureños víctimas de la corrupción e impunidad de parte de un gobierno autoritario y violador de los derechos humanos.

Organizaciones de DDHH han manifestado su acompañamiento y labor de observación en pro de garantizar el derecho a la vida de los jóvenes en huelga de hambre desde el pasado 22 de junio, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3601:indignados-en-huelga-exigen-juicios-politicos-para-destitucion-de-jueces-magistrados-y-fiscales&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Condiciones previas para ir a un diálogo: Nasralla

Un diálogo nacional tiene que incluir tres elementos indispensables para que el Partido Anticorrupción (PAC), pueda estar presente, argumento el coordinador nacional de esa novel agrupación política, Salvador Nasralla.

“El primer elemento -justificó- es el juicio político para el Fiscal General, Fiscal Adjunto y el Coordinador de Fiscales porque de acuerdo al informe de la Comisión Partidaria del Congreso Nacional ellos han cometido un montón de irregularidades”.

“También como PAC, demandamos la solicitud a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que se instale en el país la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH)”, precisó.

“Pero también -acotó- exigimos para llegar al diálogo nacional el cumplimiento del pacto que firmaron en el 2013 todos los candidatos presidenciales de aquel entonces en donde nos comprometimos hacer una nueva Ley Electoral”.

“Además necesitamos una nueva tarjeta de identidad que realmente represente a los hondureños porque en este momento hay 14 millones de cédulas circulando y con esa cantidad de identidades se cambian los resultados de cualquier elección”.

“Y la otra opción es que los tres titulares de los poderes del estado renuncien o abandonen sus puestos porque la mayor parte de la gente hondureña está en desacuerdo en que sigan ocupando sus cargos”.

“Así que yo en personal, dudo que se detenga al pueblo en sus manifestaciones sino se toman en cuenta estos elementos indispensables para asistir a un diálogo nacional, entre otros”, manifestó el excandidato presidencial.

“También -indicó- en ese diálogo debe haber un compromiso para que a partir de enero de 2016 la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional sea integrada por diputados del Partido Liberal, Libre, PAC y el Pinu”.

“Porque en este momento el actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, está involucrado en escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y por consiguiente sus decisiones son arbitrarias”, estimó.

Ante el clamor de diversos sectores de que los políticos se aparten de las marchas de los “Jóvenes Indignados” Nasralla, respondió; “bueno eso va para los políticos que hayan participado en política y que pueden ser cuestionados”.

”Y no puedo decir ni que si ni que no, pero en el caso mío y de otras personas del PAC que nunca hemos estado en política yo no le veo ningún problema, porque nosotros estamos haciendo una lucha y nos sumamos a la lucha que están haciendo los muchachos”. (JS)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2015/06/15/condiciones-previas-para-ir-a-un-dialogo-nasralla/

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¿Es el derecho de “derechas”?

12/06/2015
Opinión

El escenario político nacional va delineando la postura de los diferentes actores sociales respecto a la corrupción existente en el país y uno de los puntos focales se ha centrado en si los políticos deben participar en las diferentes marchas que a lo largo y ancho del país se están realizando. Detrás de las respuestas diversas, sin embargo, dejan bien claro el derecho de la ciudadanía a protestar y reclamar.  Como el proceso está en marcha y no es fácil predecir su desenlace vamos a hacer un poco de “memoria histórica”.

 

Hay un elemento de análisis que brotó con fuerza con el “golpe de estado” del 2009 y, más todavía, con el dado al presidente Fernando Lugo presidente del Paraguay en el 2012.  Nos referimos a la figura jurídica del “juicio político” que puede y debe ser utilizada para salir de la crisis actual en el afán de buscar una salida democrática que dé respuesta a una ciudadanía que va creciendo a un ritmo mucho más acelerado que la “clase política” criolla.

 

Entonces se planteó la posibilidad de sancionarlo jurídicamente y fue rechazado. Se decía que es bueno para otros países pero no para nosotros. No obstante, los tiempos han cambiado y la figura del “juicio político” fue aprobada oficialmente hace dos años.  El Congreso Nacional de Honduras aprobó en enero del 2013 el “juicio político”, la figura constitucional que busca deducirles responsabilidades a los titulares de los tres poderes del Estado y a altos funcionarios que cometan abusos de autoridad en el desempeño de sus funciones. Esta figura fue recomendada por la Comisión de la Verdad nombrada por el Ejecutivo para investigar los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009.

 

Por eso recuerda el artículo 234 que: “procede el juicio político contra el Presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales, jefe del Estado Conjunto de las Fuerzas Armadas y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista una denuncia grave en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo”.

 

Lo que sí está claro es que la implementación del “juicio político” ha sido un instrumento en manos de la “derecha política continental” utilizada contra los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina que se ha servido de la ambigüedad y escasa precisión legislativa para ser puesta en práctica. Por lo tanto, se ha pervertido su finalidad: ser un instrumento jurídico cuyo objetivo es lograr una mayor democratización socio-política.

 

Pero como la idea con que se creó el “juicio político” no fue para caer y ser objeto del “juego del poder”, lo urgente en estos momentos consiste en una triple tarea: en primer lugar, liberarla de las manos de la “derecha política continental” y de todos los grupos de poder nacionales o transnacionales; en segundo lugar”, convertirla en un instrumento que haga crecer la democracia a todos los niveles eliminando de una vez por todas la posibilidad de reinstaurar regresiones antidemocráticas o concentraciones de poder inusitadas; por último, que, en vez de estar al servicio de los poderes fácticos, esté en manos de la democracia y la ciudadanía que reclama con justicia y fuerza a un  partido, a un gobierno y a un presidente.

 

Con esto concluimos y respondemos a la doble pregunta planteada inicialmente.  La ciudadanía, la oposición y las fuerzas políticas alternativas tienen toda la razón del mundo de exigir una “rendición de cuentas” al partido nacional, los partidos y la clase política, y, ¡cómo no, inclusive al presidente de la república!, por la corrupción existente.  No están al margen, por encima o fuera del “juicio político” que se les pueda hacer.  El “derecho se hace de derechas” cuando se deja manosear, distorsionar o manipular a favor de los grupos que se sirven de la ley, la Constitución o el “estado de derecho” en beneficio propio.

 

http://radioprogresohn.net/

 

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Piden juicio político para miembros del Consejo de la Judicatura


  • Viernes, 12 Junio 2015 18:25

Piden juicio político para miembros del Consejo de la Judicatura

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – La diputada de la bancada independiente, Audelia Rodríguez, solicitó este viernes ante la secretaría del Congreso Nacional que se someta a juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura debido al retardo en los juicios por actos de corrupción.

– Esta misma semana el diputado del PAC, Walter Banegas, solicitó juicio políticos para las cabezas de la Fiscalía hondureña.

Argumentó que la petición la hizo haciendo uso del derecho que le concede la Constitución de la República, como diputada por el departamento de Atlántida y como miembro de la comisión especial multipartidaria que fue nombrada para investigar en el Ministerio Público, el avance de 13 casos de corrupción.

consejoTODOAñadió que durante esa investigación, se los miembros de la comisión se llevaron la sorpresa de que algunos casos no se han movido desde hace varios años como el del ex alcalde de San Pedro Sula, Óscar Kilgore que no ha movido desde hace 10 años así como del escándalo del proyecto de la Cuarta Urna, que tampoco ha avanzado donde no siquiera se le ha tomado declaración de imputado a uno de los sospechosos en ese caso.

“Como diputada del departamento de Atlántida, presentamos a la secretaría de este Congreso Nacional la solicitud de juicio político contra el Consejo de la Judicatura porque hemos visto que en la mayoría de los casos ha habido negligencia y hasta un poco de malicia al retener los casos”, arguyó.

Añadió que en otros casos si ha existido diligencia cuando se quiere trabajar como ocurre en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que si ha estado caminando a través de los operadores de justicia trabajando coordinadamente.

Indicó que en el escrito que presentó se describe como un juez no cita a un implicado en un acto de corrupción arguyendo que no conoce el domicilio del imputado cuando esa persona ha tenido arresto domiciliario durante algunos meses.

Rodríguez aludió que ese es el caso del ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza quien todo mundo conoce donde vive y en otro caso se diga que se suspende la audiencia por cansancio.

“La justicia es justicia, la corrupción es corrupción y en Honduras por décadas hemos visto sufrir a muchos hondureños por la injusticia y ya no podemos seguir tolerando que los jueces se parcialicen o hagan uso del retardo de la justicia, pero este pueblo si sabe y entiende lo que pasa”, acotó.

Señaló que ese comportamiento de algunos jueces es responsabilidad del Consejo de la Judicatura pues es la cabeza.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/104152-piden-juicio-pol%C3%ADtico-para-miembros-del-consejo-de-la-judicatura.html

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Diputado del PAC presenta documento formal para pedir juicio político a fiscales


  • Jueves, 11 Junio 2015 15:15

Foto@Americahn Foto@Americahn

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – El diputado del Partido Anti Corrupción (PAC), por el departamento de Cortés, Walter Banegas, presentó documento formal ante el Congreso Nacional para pedir la aplicación de juicio político a las cabezas del Ministerio Público (MP).

El escrito que pide juicio político para el Fiscal General Óscar Chinchilla y el fiscal adjunto Rigoberto Cuéllar, fue introducido por el congresista a través de la Secretaría General del Congreso Nacional.

Detalló que el escrito comprende denuncias sobre “las acciones u omisiones, contrarias a la Constitución de la República e interés nacional y la negligencia manifiesta por parte del Fiscal General el Fiscal General Adjunto”.

Además indicó que en el mismo se encuentran fundamentadas las conclusiones y recomendaciones arrojadas por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional.

“Hay negligencia manifiesta por parte del fiscal al no asumir su responsabilidad y trasladarla a que los órganos de justicias, de la misma cadena de los operadores de justicia, no cumplen con la ley”, expresó el diputado del PAC.

Asimismo, dio a conocer que el escrito deberá ser de conocimiento del Pleno dentro de cinco días calendarios, por lo que espera que “se convoque a una sesión extraordinaria a fin de tocar exclusivamente este punto”.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/104070-diputado-del-pac-presenta-documento-formal-para-pedir-juicio-pol%C3%ADtico-a-fiscales.html

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Libre pedirá juicio político

26 de Abril de 2015

07:47PM  –   Redacción  

Magistrados violaron la Constitución.

Jorge Cálix es diputado de Libre.
Jorge Cálix es diputado de Libre.

Tegucigalpa, Honduras

Diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) pedirán que se desarrolle juicio político en contra de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Jorge Cálix, diputado de Libre, dijo que la Sala de lo Constitucional actuó de forma política al declarar inconstitucional la misma Constitución.

“Algo que es inaudito, completamente aberrante desde el punto de vista jurídico, indignante desde el punto de vista político”, expresó.

El legislador dijo que Libre y la oposición “se reservan el derecho de someter a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a juicio político por su aberrante fallo que viola la institucionalidad democrática del país”.

Recordó que en 2008 la Corte Suprema de Justicia (CAJ) resolvió, en el caso de Roberto Micheletti y Elvin Santos, que los artículos pétreos eran intangibles, es decir, intocables. “Realmente vivimos en un chiste mal contado, nuestras instituciones de derecho no funcionan, ya no tenemos ley en Honduras”, manifestó.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/834736-331/libre-pedir%C3%A1-juicio-pol%C3%ADtico

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CSJ absuelve a militares coparticipes del homicidio del menor Ebed Jassiel

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Tegucigalpa.

Pese a que se dictó sentencia condenatoria por homicidio contra el sargento Eleazar Abimael Rodríguez, y se comprobó que el oficial Josué Antonio Sierra y el cabo Felipe de Jesús Rodríguez, también dispararon contra Ebed Jassiel Cáceres Yánez, tras evadir un retén militar en mayo del 2012, por lo tanto son coparticipes del hecho, fueron absueltos de los cargos que les imputó el Ministerio Público, MP, dejando en libertad a estos últimos.

El veredicto emitido en el cuarto día del Juicio Oral y Público contra los tres militares que provocaron la muerte del menor de 15 años, dice que Eleazar Abimael Rodríguez Martínez, Felipe de Jesús Rodríguez y Josué Antonio Sierra, son inocentes de los delitos de Encubrimiento, Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública, pues estaban implicados en un hecho que ellos mismos no se podían culpar.

Sólo se condenó el delito de homicidio, y recayó únicamente contra Rodríguez Martínez (quien guarda prisión desde junio de 2012), porque la Fiscalía de Derechos Humanos no acusó a los otros dos de homicidio, únicamente al militar cuya arma dio positiva con los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen.

Según el tribunal compuesto por Lesly Gallardo, Yessica Granados, Julissa Aguilar y Mario Díaz como cuarto juez, no se pudieron comprobar esos delitos, excepto el de homicidio, pero sólo al sargento Abimael Rodríguez se le acusaba por esa causa, dejándolo también absuelto del delito de abuso de autoridad.

Era ilógico que ellos mismos se auto incriminaran y culparan, por lo que querían ocultar los hechos, refiriéndose el Tribunal a las acusaciones de las que serían absueltos, en la Sala Quinta de Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia.

Se comprobó que hubo homicidio, la muerte real de Ebed Jassiel Yánez Cáceres, quien aproximadamente pasó en una motocicleta color rojo, a la una de la mañana del 27 de mayo del 2012, evadiendo una señal de parada que le hicieron miembros del ejército, ante los cual  una patrulla militar dirigida por el sub teniente Josué Sierra, empezó a perseguir la motocicleta donde iba el joven, pero este no se detuvo, ante los cual los señores Josué Antonio Sierra, Felipe de Jesús Rodríguez Hernández y Eleazar Abimael Rodríguez Martínez, dispararon sus armas de fuego en dirección a la motocicleta que conducía Ebed Jassiel, provocándole la muerte una contusión de tallo cerebral, dice parte de la sentencia.

Oficial Josué Antonio Sierra

El fallo que absuelve a militares imputados en muerte de Ebed

Este Tribunal de Sentencia por unanimidad de votos falla, que debemos condenar y condenamos al señor Eleazar Abimael Rodríguez Martínez como autor penalmente responsable del delito de homicidio en perjuicio de Ebed Jassiel Yánez Cáceres y lo debemos absolver por el delito de Abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública, por el cual es acusado.

Así mismos debemos absolver y absolvemos a los señores Josué Antonio Sierra y Felipe de Jesús Rodríguez, por el delito de Encubrimiento, Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Administración Pública, por los cuales fueron acusados.

En virtud del fallo condenatorio emitido contra el señor Eleazar Abimael Rodríguez Martínez, procedo a ordenar continúe cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, por otra parte se revocan las medidas cautelares impuestas a los señores Josué Antonio Sierra y Felipe de Jesús Rodríguez Hernández, por el fallo absolutorio emitido a ellos.

Para individualización de la pena se convoca a las partes para el 6 de febrero del 2015, es esa misma sala.

Cabe mencionar que la parte acusadora, representada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, al inicio del proceso solicitó que se les acusara también de homicidio a los otros dos imputados, la petición fue denegada, explicó Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia de la organización defensora de derechos humanos que coordina Bertha Oliva.

MP mintió al no corregir el error de acusar por homicidio a los tres militares

Wilfredo Yánez, papá de Ebed Jassiel, abrigaba la esperanza de que en este caso la situación fuera diferente, y que realmente se iba alcanzar justicia, “pero no pudimos ser la excepción y formamos parte de una estadística más de los casos de impunidad que se dan en nuestro país”.

Lamentó que los imputados fueran absueltos de los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios, y que únicamente se haya confirmado el homicidio, pues no lo podían ocultar porque hay una persona que murió.

“Lamentablemente continuamos viviendo en un país donde los diferentes órganos de justicia de una u otra manera se coluden para que el pueblo siga viviendo estas dificultades”, agregó Yánez, quien fue a testificar en el Juicio, manifestando que su interés es que se haga justicia.

Dijo que hay un malestar con el fiscal del MP, German Reyes, quien inició con los requerimientos, y solo incluyó a Eleazar Abimael Rodríguez por homicidio, cuando debió ser contra los otros imputados y supuestamente había tiempo de hacerlo.

Al padre del menor, eso lo  motivó a reunirse en determinado momento con el entonces fiscal Luis Rubí, para reclamarle porque sus sub alternos no habían acusado de homicidio a esos dos militares (Josué Sierra y Felipe Rodríguez) y él prometió corregir esa situación.

Relató a medios de comunicación que, me reuní con el director de fiscales en su momento cuando la interventora estuvo en el MP, con (Roberto) Ramírez Aldana, él fue efímero pero también me prometió corregir el hecho de que no se había acusado a estos dos militares por homicidio en su grado de tentativa.

Me reuní con (Rolando Edgardo Argueta Pérez) Argueta con el actual Director de Fiscales, y también me prometió corregir esa situación, porque estaban de acuerdo que el MP falló al momento de presentar esos requerimientos y no acusó del delito de homicidio a esas dos personas.

También me reuní con el Fiscal General y el Adjunto (Óscar Fernando Chinchilla y Rigoberto Cuéllar), y les notifiqué de todas las promesas que todos los anteriores me habían hecho. A última hora me prometieron que al inicio del juicio se iban a pedir las ampliaciones de las acusaciones y tampoco fue hecho esto a raíz que tanto el fiscal que estaba terminando con el caso como la fiscal especial de DDHH no están de acuerdo que eso pueda suceder.

Yo le dije al fiscal (Luis Fernando Padilla) que esas personas siempre tuvieron responsabilidad en el delito de homicidio en su grado de tentativa, porque ellas dispararon en el mismo momento de la persona que disparó la persona que mató, y dispararon con el mismo objetivo, y no es posible que tres personas disparen contra otra persona, uno de ellos lo mate, y los otros dos porque no mataron no tenga responsabilidad.

“Una vez más el MP, empezando por don Luis Rubí, que en paz descanse como fiscal, todavía estamos cosechando frutos de la mala administración que hizo, y los que le siguen parece que son del mismo corte”, declaró el padre del menor asesinado por militares en mayo del 2012.

“Es difícil entrar a hablar con esas personas, gracias a Dios, yo lo he podido conseguir pero en nada ha servido, me mintieron son unos mentirosos, unos irresponsables y están ahí sólo para hacer cosas que le sirvan a su partido político a su persona, pero no al pueblo hondureño”, declaró Yánez.

Además son Wilfredo Yánez, emitido el veredicto, solicito una cita con la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Soraya Morales Romero, y con los dos fiscales que llevaron el caso, el que presentó los requerimientos y el que terminó con el juicio (Reyes y Padilla). Ella me aseguró que no se podía ampliar las acusaciones y yo le insistí que sí, tanto los directores de fiscales como los fiscales espaciales me habían dicho que sí se podía.

También dijo que él no confío en ningún hombre, solo confía en Dios, y que este es un hecho más de impunidad en el país.

“Planchón” del MP y la CSJ

Agregó que el veredicto que absuelve a los militares que participaron en el asesinato de su hijo, no sólo es un planchón del MP, sino de la terna de jueces (Lesly Gallardo, Yessica Granados, Julissa Aguilar y Mario Díaz como cuarto juez), podemos darnos cuenta y fuimos testigos de todas las pruebas que se presentaron a los largo del juicio, prácticamente no habían pruebas para la defensa, sin embargo surgieron las mentiras y conjeturas que se formaron al momento de presentar pruebas la defensa.

“Recuerden que son militares y meter preso a militares en este país va ser difícil, porque meter militares es meter a los que gobiernan a nuestro país”, aseveró Yánez.

También envió el siguiente mensaje “Yo le digo a los que nos gobiernan, y no lo vayan a mal interpretar, conocí una frase que decía mi abuela y a mis 60 años de vida ese dicho se cumple ‘no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista’, el pueblo se va a cansar y los primeros que van a salir corriendo de aquí, van a ser ellos”.

El grado de impunidad en que vivimos en nuestro país sigue siendo igual o peor. Lo que no podamos alcanzar acá –en tema- de justicia, porque no buscamos venganza, lo vamos a buscar a nivel internacional y lamento que nuestro país tenga que sonar una vez más por violación a los DDHH. Y lamento, agregó,  que los castigos cuando son condenados por denuncias hechas por el pueblo, sea el Estado el afectado y no los imputados, son militares activos concluyó Wilfredo Yánez, apdre de Ebed Jassiel.

Por su parte la madre de Ebed, Berlín Cáceres, manifestó su insatisfacción porque los tres acusados llevaban la misma actitud, ellos dispararon y por ende iban a matar al menor, “si me parece totalmente injusto el fallo que se da, porque dos han sido declarados inocentes,  cuando ellos dispararon, desde el inicio del proceso ha habido otras situaciones de impunidad, y ahora cuando dejan al oficial que iba a cargo de la patrulla que disparó como inocente” refiriéndose a Josué Antonio Sierra.

MP analizará fallo para ver si interpone Casación

Mientras que Luis Fernando Padilla, Fiscal de DDHH, dijo que el Tribunal ha manifestado que los dos militares, declarados inocentes, han realizado idénticas circunstancias que Abimael, sin embargo el Ministerio Público no acusó a las otras dos personas porque en la escena del crimen solo salió positivo uno de los casquillos (que coincide con el arma de Eleazar Abimael Rodríguez).

Además agregó que “No estamos conformes, pero respetamos el fallo del Tribunal de Sentencia puesto que es a ellos que les corresponde juzgar y ejecutar los juzgados y nosotros debemos apegarnos a respetarlos, y si no los compartimos pues vamos a ver si interponemos  recurso de Casación”.

Padilla dijo “que la inconformidad es por la absolución de los otros tres delitos, puesto que a juicio del MP si se concurrían en ellos, y si el Tribunal no ha considerado a bien los elementos que tomó en cuenta, igual lo respetamos”.

Este tipo de hechos, donde la impunidad se instala al momento de impartir justicia, ha sido un camino tortuoso para las víctimas y defensores de derechos humanos, contribuyendo para exonerar a los violadores de derechos humanos, quienes con sus rangos, insignias o uniformes pretenden exhibir su poderío e imponer un poco de terror.

Esta mañana el oficial Josué Sierra, llegó a los Tribunales de Justicia vestido con uniforme de gala de los que se utiliza en eventos especiales, para escuchar el veredicto de los jueces, una vez concluido el juicio oral y público, pero antes de iniciar la audiencia, apareció vestido de civil, como en las audiencias anteriores.

Sierra era el responsable de la patrulla que persiguió a Ebed, desde el desvío de la colonia Los Pinos hasta Villa Vieja, salida a oriente, junto con Felipe y Eleazar disparó contra el menor, se fueron de la escena del crimen, y luego volvieron a recoger los casquillos para borrar evidencias, además los tiró en la carretera incisión del anillo periférico y boulevard Fuerzas Armadas,  y ordenó a los demás miembros de la patrulla, que eran siete en total, no hablar del tema.

El oficial Sierra en el tercer día de juico, manifestó su perdón a los padres y hermana de Ebed, diciendo que eso no le haría revivir a su hijo, pero que ellos también son víctimas del sistema, porque no están preparados para operaciones policiales, sino que tiene entrenamiento para la guerra, que ellos andaban cumpliendo órdenes, apenas cuatro meses de haber egresado de la academia militar, y que no hubo ninguna mal intención de parte de él y su tropa, sin embargo la motocicleta que conducía el menor, presenta orificios de bala en la parte trasera, y en ningún momento se manifestó que Ebed anduviera armado o que los atacaba.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3384:csj-absuelve-a-militares-coparticipes-del-homicidio-del-menor-ebed-jassiel&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Honduras: Discusión sobre juicio político se estrena en el Congreso; no lo aplicarán a fiscal adjunto

jueves, 4 de septiembre de 2014



La cámara legislativa estrenó hoy un debate para hablar del juicio político. Foto Archivo
Tegucigalpa – La cámara legislativa hondureña conoció hoy la presentación de una iniciativa para practicarle el juicio político al fiscal adjunto, Rigoberto Cuellar. La moción, primera de este tipo, fue improbada por 78 votos de las bancadas nacionalista, liberal y tres del resto de las fuerza políticas representadas en el Parlamento.

El resto de los votos se dividieron en 43 en favor de aplicar la figura a Cuellar mientras que siete legisladores se abstuvieron sufragar.

Fue el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Castro, quien presentó la solitud para que se abriera una investigación a fin de someter a un juicio político al fiscal adjunto de la República.
La figura del juicio político fue creada en el Congreso anterior y abre la puerta para otros escenarios en el ámbito del orden institucional en Honduras.
Argumentos presentados en la cámara fueron sustentados por los diputados Oswaldo Ramos Soto y Darío Banegas, quienes coincidieron en indicar que la base de la petición está más relacionada con el desempeño de Cuellar como Secretario de Recursos Naturales y Ambiente y no a sus funciones como fiscal.
La diputada del partido Anticorrupción (PAC), Fátima Mena, recordó que su instituto político se opuso a la elección del fiscal titular y su adjunto, aún antes de estar el PAC represnetado en la cámara legislativa y ser sólo una expresión política.
Luego de escuchar argumentos, el presidente del Congreso Mauricio Oliva, hizo énfasis en que todo lo expuesto se concentraría y quedaría palpable al momento de la votación y adelantó que eso ya se sabía cómo iba a resultar.
Los argumentos de quienes favorecían la aplicación del juicio político en contra de Cuellar, dijeron que éste ha cometido delito al mantener vínculos con un bufete legal donde se defienden a personas que son acusadas por el Ministerio Público por diferentes delitos.
La figura del juicio político fue aprobada a inicios de 2013 y es aplicable a los titulares de los tres poderes del Estado así como a otros altos cargos, señalados de cometer abusos de autoridad en el desempeño de sus funciones.
La Comisión de la Verdad creada por el anterior presidente Porfirio Lobo, recomendó la puesta en marcha de tal figura, tras la crisis política que sacudió a Honduras y que tuvo su peor momento en junio de 2009.

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CN rechazará juicio político contra fiscal

3 de Septiembre de 2014

11:22PM  –  Héctor Cálix  

Trascendió que dicha petición será rechazada en virtud de no contar con los votos de la mayoría calificada. Liberales y nacionalistas están en contra del juicio al fiscal adjunto.

Fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar.
Fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar.

Tegucigalpa, Honduras

Dando cumplimiento y en el marco del plazo que establece la Ley Especial del Juicio Político, el Congreso Nacional se pronunciará hoy en torno a la petición de someter a este procedimiento al fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar.

La ley estipula un término de cinco días calendario para que el pleno admita o no la solicitud.

En este caso se trata de una petición presentada por el diputado del partido Libre, Edgardo Castro, la que acompañó con 26 folios que contienen pruebas de supuestos actos de corrupción.

Trascendió que dicha petición será rechazada en virtud de no contar con los votos de la mayoría calificada. Liberales y nacionalistas están en contra del juicio al fiscal adjunto, en tanto el Pac no apoyará la iniciativa de Libre.

La jefa de la bancada del Pac, Fátima Mena, dijo que ellos no estuvieron de acuerdo con la elección del fiscal general y adjunto, “pero eso no significa que apoyará a Libre para que les apliquen juicio político”.

Mena dijo que no tomarán represalias contra los fiscales, aunque no estuvieron de acuerdo con la elección que hizo el CN, sino que analizarán los motivos que llevan a Libre a pedir juicio político para los fiscales.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/744508-331/cn-rechazar%C3%A1-juicio-pol%C3%ADtico-contra-fiscal

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Congreso Nacional decidirá este jueves si procede juicio político contra fiscal general adjunto


  • Miércoles, 03 Septiembre 2014 22:29

Congreso Nacional decidirá este jueves si procede juicio político contra fiscal general adjunto

Autor del artículo: Proceso Digital
Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció durante la sesión del Congreso Nacional de este miércoles que mañana jueves, la Cámara Legislativa, decidirá si procede la solicitud para someter al fiscal general adjunto, Rigoberto Cuellar, a un juicio político.
La solicitud la presentó ante la secretaría del Congreso Nacional, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) por Cortés, periodista Edgardo Castro, quien llevó un legajo de papeles donde se documentan varios casos en los que supuestamente Cuellar habría cometido delitos desde su puesto como ministro de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), así como en su actual cargo en el Ministerio Público, los que según el denunciante están vinculados a su bufete jurídico.
En la sesión de este miércoles, Oliva también nombró una comisión especial multipartidaria que se encargará de socializar y dictaminar el anteproyecto de decreto que crea la Ley Marco de Protección de la Seguridad Social para una Vida Mejor, que el propio titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández entregó hoy a la junta directiva y jefes de bancada de la Cámara Legislativa.
Para someter a Cuellar a un juicio político, se requiere de los votos de dos terceras partes de los diputados que equivalen a 86 votos.
La comisión especial multipartidaria está integrada por los diputados José Tomás Zambrano, Gabriela Núñez, Edwin Pavón, David Chávez, Augusto Cruz Asensio, Renán Inestroza, Audelia Rodríguez, Jaime Villegas, Doris Gutiérrez, Edgardo Casaña, Aracely Leiva, Antonio Rivera Callejas, Carlos Lara Watson, Carmen Rivera y también se incluyó a Ángel Darío Banegas.
En la sesión también se presentaron varias iniciativas de ley, entre las que destacan la presentada por el diputado nacionalista, Óscar Álvarez, orientada a unificar todos los feriados del 3, 12 y 21 de octubre para los días miércoles, jueves y viernes de la penúltima semana de ese mes, con el fin de fomentar el turismo interno en el país.

Otro proyecto de decreto lo presentó la diputada liberal por Francisco Morazán, Gabriela Núñez, encaminado a regular la comercialización de las bebidas energizantes en base a cafeína y prohibir la venta de bebidas energizantes mezcladas con alcohol.

Fuente:http://www.proceso.hn/index.php/politica/item/87100-congreso-nacional-decidir%C3%A1-este-jueves-si-procede-juicio-pol%C3%ADtico-contra-fiscal-general-adjunto

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Se reúnen autoridades de partidos de oposición

OPOSICION

Mauricio Villeda del Partido Liberal, Manuel Zelaya Rosales del partido Libre y Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción se reunieron este día en la residencia del doctor Emec Cherenfant para tratar temas importantes del país.

Trascendió que los máximos líderes de estos tres partidos políticos, han logrado una “alianza” para que los partidos LIBRE y PAC, tengan representantes en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP) que será presentada en sesión especial del Congreso Nacional cuando se oficialicen los cambios de ese organismo el 14 de mayo próximo.

Salvador Nasralla, dijo que los tres partidos políticos han logrado acuerdos para atender diferentes temas que se definirán en el Congreso Nacional, para “enfrentar” o hacerle oposición al partido de Gobierno.

Por su lado, el presidente del Partido Liberal, Mauricio Villeda, adelantó que los acuerdos o lo tratado a nivel de partidos, coincide que es justo que el PAC y Libre tengan representantes ante el TSE y el RNP.

Asimismo, adelantó que el próximo martes diputados liberales tienen previsto presentar en el Congreso Nacional promover un “juicio político” contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional “nacionalista” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspendió el derecho al alcalde liberal de la ciudad de San Luis, Comayagua, para entregársela a uno de sus parciales nacionalista.

Villeda, insistió que los liberales están condenando la invasión de la Sala de lo Constitucional “nacionalista” de la CSJ, que él ya conoce el documento y que será presentado para que se respete el derecho del alcalde Liberal que le el TSE en el pasado proceso electoral.

Manuel Zelaya, reiteró que los acuerdos logrados en este encuentro de partidos políticos, son transparentes y en el marco del respeto de la gobernabilidad y que nadie debe tener miedo a los acuerdos de la oposición.

Zelaya recordó que LIBRE y el PAC le ofreció la presidencia del Congreso Nacional al partido Liberal, que no se aceptó.

“Todo lo que acordemos aquí, será público y transparente”, insistió Zelaya al referirse que los temas deberán tratarse en el Congreso Nacional, especialmente los asuntos electorales.

Fuente: http://cholusatsur.com/index.php/2014/05/02/se-reunen-autoridades-de-partidos-de-oposicion/

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Convocan al CN para conocer renuncias de Rubí y de Urtecho

Miércoles 26 de junio de 2013
11:08 pm  – RedacciónAmbos funcionarios rehuyeron al juicio político.  Bancadas mayoritarias cabildean posibles escenarios: Elegir sustitutos u ampliar la gestión de la  Junta Interventora hasta marzo de 2014.

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Diputados analizan si dejar la interventora hasta marzo del 2014 o elegir nuevos funcionarios para que concluyan el mandato.

Diputados analizan si dejar la interventora hasta marzo del 2014 o elegir nuevos funcionarios para que concluyan el mandato. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

Los diputados conocerán la proxima semana la renuncia del fiscal general, Luis Alberto Rubí y la del fiscal adjunto, Roy Urtecho, interpuestas ante el Congreso Nacional la tarde del pasado martes.

El pleno ha sido convocado a sesión en virtud de encontrarse en receso.

Rubí y Urtecho han renunciado tras las presiones a que se han visto sometidos en las útimas semanas, producto de los malos resultados de su gestión.

El Fiscal General y el Fiscal Adjunto se convierten así en las principales victimas del denominado proceso de evaluación del desempeño de los operadores de seguridad y justicia, realizado el pasado mes de abril por el Congreso Nacional, el que derivó en varias acciones, entre estas la intervención del Ministerio Público.

Como resultado de esta evaluación, el Congreso recomendó, asimismo, al Poder Ejecutivo la separación del titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carerra Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, pero esta medida aun no se concreta.

En el marco de este proceso fue removido el ex secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, quien pasó a ser secretario privado presidencial, el que fue sustituido por Arturo Corrales, que antes se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores.

Las renuncias

Luis Rubí, de filiación liberal y Roy Urtecho, nacionalista, fueron electos el 7 de febrero de 2009, pero asumieron los cargos hasta el 11 de marzo de ese mismo año.

Ambos funcionarios prometieron librar una “gran lucha” contra el crimen organizado y no lo lograron. Su administración ha sido calificada como desastrosa por la Junta Interventora, lo que motivo a la Comisión de Seguridad del Congtreso ENacional, que preside el diputado Mario Pérez, emitir un informe en el que solicita que el fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí, y su adjunto, Roy Urtecho, sean sometidos al proceso de un juicio político.

La Comisión,nombrada por La Junta Directiva del CN se encargó de revisar los resultados y actuaciones de los distintos
operadores de justicia, pero en relación al Ministerio Público se pronunció por el juicio político.

Rehuyen al juicio

A pocas horas de conocer la posición de la Comisión de Seguridad que recomentó el juicio polític0o, tanto el Fiscal Rubí como el fiscal adjunto, Urtecho, interpusieron su reunicia ante el Congreso Nacional.

En la parte medular de su carta de renuncia, Rubí plantea “el mayor empeño que permiten mis facultades y las difíciles condiciones del ejercicio del cargo, he procurado mantener la institución libre de injerencias políticas, ajustando su actuar a las características de profesionalidad, objetividad e independencia que impone la naturaleza misma de su trabajo , sin embargo las últimas acciones de ese poder del Estado han comprometido hasta la saciedad la independencia de la institución y han revelado una voluntad política clara para que el suscrito no continúe en el desempeño del cargo, llegando a niveles que considero intolerables para la salud institucional y mi propia dignidad personal”.

En su carta de renuncia Rubí manifiesta que son situaciones de naturaleza política las que han orillado su salida del Ministerio Público y lo expresa al decir: “consecuentemente satisfecho del deber cumplido en mi lucha incansable por la preservación del Estado de derecho, la institucionalidad democrática, la independencia y autonomía del ministerio público en esta fecha interpongo mi renuncia irrevocable del cargo de Fiscal General de la República que he venido desempeñando, agradeciéndole el respaldo de quienes en su momento confiaron en mi persona y lamentando que situaciones de naturaleza política hayan generado el deterioro de las relaciones entre un sector del Congreso y la Fiscalía General”

Los escenarios

La renuncia de Rubí allana el camino al Congreso Nacional para nombrar nuevas autoridades en la Fiscalía General del Estado o a extender el período de la junta interventora, expresó el diputado Rolando Dubón Bueso, miembro de asuntos jurídicos del CN.

El parlamentario felicitó a Rubí por su renuncia, ya que “es el mejor camino que ha tomado” para que se nombren nuevas autoridades, manifestó.

“Lo más conveniente era su renuncia o la aplicacion de un juicio político. Como hombre responsable ha interpuesto su renuncia”, dijo el diputado.

Dubón Bueso expuso que en el Ministerio Público no ha habido una buena relación a lo interno ni a lo externo con los
operadores de justicia, trayendo como consecuencia el mal accionar de esta institución, arguyó.

“Las funciones en el Ministerio Público andaban muy deficientes, la investigación anda muy mal y eso afecta a la
sociedad en general”, agregó.

Por otra parte, señaló que las acciones de Rubí en la Fiscalía “no fueron las mas acertadas”, aunque consideró que ese ente “desde hace muchos años viene arrastrando estas falencias, no solo al fiscal se le puede atribuir la actual situación” sino también a los anteriores fiscales que no lograron cambios positivos.

El nombramiento de las nuevas autoridades en el Ministerio Público se haría mediante el voto calificado del plenario legislativo, tal como lo establece la ley orgánica.

No obstante, las fuerzas políticas mayoritarias manejan otros escenarios. Para el caso, el secretario del CN, Rigoberto Chang Castillo, no descarta que las funciones de la Junta Interventora sean ampliadas para llenar el vacio que dejan estas renuncias.

Indicó que hay dos escenarios probables, que habrán de despejarse el martes de la proxima semana:uno de estos es que las fuerzas políticas del Legislativo concilien el nombramiento de los sustitutos de Rubí y Urtecho.

El otro escenario sería ampliar el periodo de duración de la Junta Interventora hasta el 11 de marzo de 2014, en que tomarían posesión los nuevos fiscales electos por el Congreso que resulte de las elecciones generales de noviembre de este año.

La intervención del Ministerio Público concluía el pasado 17 de junio, 60 días después de que fue creada por el Congreso; no obstante, el 13 de junio el órgano legislativo amplió por 45 días más el período de la comisión.

La dimisión de los fiscales cambia el panorama del tiempo de duración de esta intervención, la que podría alargarse hasta concluir el período constitucional en la Fiscalía.

La bancada liberal

No obstante, la posición de los liberales es que se elijan a nuevos titulares en el Ministerio Publico.

El jefe de la bancada, Yani Rosenthal, expresó que los diputados del Partido Liberal no firmaron ese informe, “porque no estamos de acuerdo con la injerencia que ha estado teniendo el Poder Legislativo en la fiscalía general”.

De hecho, cuando se nombró la comisión interventora la bancada liberal se opuso a que tuviera atribuciones y que se le suspendieran las propias al fiscal general  porque vimos que esa parte del decreto era inconstitucional, agregó.

Con la renuncia del fiscal, el panorama cambia. La obligación de la bancada liberal será participar en la elección de un nuevo fiscal, “aunque yo noestoy de acuerdo con que se haya forzado a renunciar al fiscal anterior, pues nos vemos obligados a participar en esa nueva elección y así será.

Obviamente, lo haremos consultado a toda la bancada y también, consultando con el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal”, afirmó Rosenthal.

Comparto algunas de las cosas que  ha escrito el fiscal general

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Convocan-al-CN-para-conocer-renuncias-de-Rubi-y-de-Urtecho

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Renuncia o juicio político le proponen al fiscal general

San Pedro Sula,

Honduras

Con la dispensa de dos debates, el Congreso Nacional amplió ayer por 45 días más las funciones de la Comisión Interventora del Ministerio Público y resolvió mantener en suspenso al fiscal general Luis Alberto Rubí y su adjunto Roy David Urtecho, con lo cual se allana el camino para destituir a ambos funcionarios.

Durante la discusión del decreto que amplió las atribuciones de los interventores, el vicepresidente del Legislativo, Marvin Ponce, le pidió públicamente al fiscal general que renuncie de su cargo y le evite al Congreso someterlo a un juicio político , ya que hay suficientes motivos para destituirlo por esa vía.

El anteproyecto de decreto fue introducido por el secretario del Legislativo, Rigoberto Chang Castillo. Una hora después fue dictaminado por una comisión especial presidida por el diputado nacionalista Mario Pérez y sin pérdida de tiempo fue aprobado con la dispensa de dos debates por solicitud del nacionalista Luis Javier Menocal.

El decreto se discutió y aprobó en un santiamén en el último día de sesiones del pleno legislativo antes del receso anual que toman los diputados. Sin embargo, la junta directiva les pidió a los miembros de la cámara que estén pendientes de una convocatoria extraordinaria para tomar nuevas determinaciones sobre el Ministerio Público.

La Comisión Interventora del Ministerio Público fue creada el 17 de abril del presente año mediante decreto 59-2013 por un plazo de 60 días y sus funciones terminan precisamente el lunes 17 de junio, por lo que los diputados se vieron en la imperiosa necesidad de ampliar sus funciones antes del receso de medio año.

El decreto aprobado ayer establece que, en los 45 días que los interventores seguirán al frente del Ministerio Público, el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto seguirán suspendidos, aunque devengando sus jugosos salarios.

Además asigna una partida presupuestaria de 1.5 millones de lempiras para que la Comisión pueda ejercer sus labores durante este nuevo plazo.

Decreto

“Prorrogar en sus funciones y obligaciones a la Comisión Interventora del Ministerio Público durante un plazo de 45 días, contados a partir del vencimiento del período anterior para el cual fueron nombrados, el cual vence el 17 de junio de 2013, salvo que por cualquier causal se elija nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto”, reza el artículo 1 del decreto aprobado.

Este artículo prácticamente allana el camino para la separación del titular del Ministerio Público por la vía de la renuncia obligada o por el juicio político.

Debido a que no se había contemplado en el texto del decreto, el presidente de la comisión dictaminadora, Mario Pérez, propuso la incorporación de un nuevo artículo estableciendo que el Fiscal General y el Fiscal Adjunto se mantienen suspendidos de sus funciones hasta el final de los 45 días, salvo cualquier decisión que se tome sobre su continuidad en el cargo.

Batean moción

El diputado udeísta Sergio Castellanos propuso vía moción que el período de los interventores se extendiera 60 días, pero su colega Mario Pérez respondió que no estaba de acuerdo porque se trata de una medida excepcional y cabe la posibilidad de que antes de que se cumplan los 45 días se elija al nuevo Fiscal General y al Adjunto. “Si por cualquier causa durante la vigencia de esta medida hay elección y  nombramiento de nuevas autoridades, en ese momento cesa el trabajo de la Comisión Interventora”, explicó Pérez, dejando entrever el destino que espera a Rubí y Urtecho.

La moción de Castellanos fue sometida a aprobación del pleno, pero no obtuvo la mayoría necesaria.

Exigen renuncia

El vicepresidente Marvin Ponce pidió la palabra para señalar que en el reciente informe presentado ante el pleno por la coordinadora de la Comisión Interventora, María Antonia Navarro, quedó evidenciado “el despilfarro de dinero del Fiscal General y del Fiscal Adjunto”, lo cual es suficiente motivo para destituirlo.

“Quiero pedir públicamente al Fiscal General y al Fiscal Adjunto que no retrasen la justicia, que renuncien de sus cargos y le permitan al Congreso nombrar un nuevo fiscal y si no renuncian en los siguientes días, creo que el Congreso Nacional tendrá que buscar medidas extraordinarias y aplicar el juicio político”, comentó.

“Lo saludable es que estos señores salgan de la oficina y dejen a la Junta Interventora trabajar libremente en el marco de esta prórroga, porque lo que se espera es que abandonen el edificio, aunque sigan ganando su salario, mientras se toma la decisión final”.

El nacionalista Mauricio Oliva manifestó que si durante los 45 días de la prórroga surge la necesidad de tomar otra decisión con respecto a las autoridades del Ministerio Público, se convocará de su receso a los diputados a sesión ordinaria en cualquier momento, en vista de que no se ha cerrado el ciclo de sesiones.

“Vamos a un receso de un mes, pero si el próximo lunes la Junta Directiva decide convocar a sesión ordinaria, tenemos que atender”, acotó.

El pasado lunes, la coordinadora de la Junta Interventora, María Antonia Navarro, rindió un informe en el que desnudó diversas irregulares administrativas que comprometen la gestión del fiscal Luis Rubí y de su segundo Roy David Urtecho.

Entre otras revelaciones, la comisión descubrió fallas de seguridad, como la falta de protección personal para los fiscales, el manejo inadecuado del presupuesto, el uso irracional de viáticos dentro y fuera del país, el nombramiento de personal sin estructura presupuestaria, incrementos indiscriminados e injustificados a ciertos fiscales.

En 2012 se incrementó en 1,000% el gasto en alquiler de vehículos, por 10.4 millones de lempiras. Entre 2009 y 2012 se dispararon en 2,000% los gastos de representación que impidieron dotar de material básico a la institución, como papel y toners para impresoras.

Estos y otros hallazgos, a juicio de varios diputados, son suficiente motivo para destituir al titular del Ministerio Público o someterlo a un juicio político.

La Comisión Interventora presentará al Poder Legislativo un informe final de los hallazgos y medidas que se tomarán en el Ministerio Público en los primeros 60 días de su gestión, que para algunos diputados será clave en la virtual destitución de Rubí y de Urtecho.

Renuncia o juicio político

El presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Judiciales, Rolando Dubón Bueso, reveló ayer que se les propondrá al fiscal Luis Rubí y al fiscal adjunto Roy Urtecho que negocien su salida; en caso contrario serán destituidos por la vía del juicio político.

“Lo que ha recomendado la (Comisión) Interventora y lo que pretende recomendar la Comisión de Seguridad es que negocien su salida. En caso contrario, el Congreso tendrá que usar sus facultades a través del juicio político”, advirtió el legislador.

Declaró que la separación de ambos funcionarios se decidirá cuando retornen los diputados del receso de medio año, aunque dijo que es posible que se convoque a una sesión extraordinaria para tratar ese tema.

Dubón Buseo reiteró que el destino del titular del Ministerio Público está sujeto a cualquier determinación que adopten a título personal o, en su defecto, lo que determine el Congreso Nacional en los próximos días.

Expresó que la Comisión Interventora recomendó la separación de ambos funcionarios porque con dos cabezas el Ministerio Público no puede funcionar y su presencia obstaculiza su labor.

“Destitución de fiscales es peligrosa”: Ramos Soto

Oswaldo Ramos Soto, diputado del Partido Nacional y abogado constitucionalista, expresó su desacuerdo con la destitución del fiscal general Luis Rubí y el fiscal adjunto Roy David Urtecho y advirtió que es una medida “peligrosa” que puede ser repetida en las futuras autoridades de esa institución.

Dijo que si los miembros de su bancada se prestan para separar a ambos funcionarios, en el futuro ninguno de los diputados nacionalistas tendrá la autoridad moral para oponerse a la destitución de un nuevo fiscal con razón o sin ella.

Recordó que en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales se quiso destituir al entonces fiscal general Leonidas Rosa Bautista, de filiación nacionalista, pero afortunadamente el Congreso no permitió que se violentara el ordenamiento jurídico nacional.

Admitió que los fiscales son cargos políticos y así ha sido en toda la historia, desde el primer fiscal, Edmundo Orellana, siguiendo con Roy Edmundo Medina, Ovidio Navarro, Leonidas Rosa Bautista y el fiscal general actual, Luis Alberto Rubí, electo en el gobierno anterior.

Ramos Soto expresó su desacuerdo con el nombramiento de comisiones para sustituir al titular de una institución del Estado porque es muy poco lo que pueden hacer en dos, tres o cuatro meses. “Este Gobierno va a ser calificado como el Gobierno de las comisiones”, dijo.

El parlamentario aseveró que el problema del Ministerio Público es endémico y lo han enfrentado todos los fiscales que han llegado a la institución, porque todo se reduce a que el Congreso despojó a la Fiscalía de la investigación criminal y de ahí los pobres resultados en la lucha contra el crimen porque los fiscales desconocen esa área.

“Estoy de acuerdo con que la Policía tenga su investigación, pero la investigación científica responsable que va a sustentar la acción jurisdiccional del Ministerio Público debe ser científica”, dijo.

Agregó que tiene su propio criterio sobre la destitución de los fiscales y no “conozco realmente si hay un fundamento”.

Rubí: “Situación del MP no permite despilfarros”

El fiscal general Luis Rubí emitió un comunicado en el que pretende aclarar el informe rendido por la Comisión Interventora ante el Congreso Nacional.

“El referido informe administrativo no ha sido hecho del conocimiento oficial del Fiscal General para el ejercicio de réplica o defensa, por lo cual se ve obligado a usar este medio a fin de evitar que la formación tergiversada e incompleta deteriore la imagen institucional o personal de funcionarios de esta institución”, cita Rubí.

Según la Interventora, es indebido el contrato de arrendamiento de un edificio donde funcionan la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la DLCN y otras dependencias.

Al respecto aclaró que el contrato se efectuó con dos licitaciones, auditado por el Consejo Nacional Anticorrupción y el Tribunal Superior de Cuentas, “quienes emitieron su opinión favorable como consta en los archivos de esta Fiscalía General, a disposición de cualquier persona con interés legítimo”.

En cuanto al alquiler de vehículos, explicó que resulta más barato que la compra de vehículos blindados por su costo y mantenimiento.

Sobre el uso irracional de viáticos aclaró que en cuatro años de gestión solo viajó tres veces al exterior: a Canadá, Estados Unidos y Colombia y que los gastos de representación y médicos existen desde 1994.

Agregó que la situación económica del Ministerio Público, tradicionalmente deficitaria, no permite que indebidamente se califiquen ‘excesos o despilfarros’.

“Si la Comisión Interventora hubiese llamado oportunamente al Fiscal General, se habrían efectuado las explicaciones y aclaraciones del caso que hoy damos ante la opinión pública y que se encuentran respaldadas por la documentación correspondiente”, subrayó.

Rubí consideró que “es el desconocimiento de la institución, de su funcionamiento y su naturaleza propia lo que ha motivado un informe alejado de la realidad”.

Dijo que es inadmisible pensar que la Comisión Interventora esté respondiendo a consignas de sectores empeñados en impedir que complete su período.

Vigencia Un total de 105 días comprenderá la intervención en el MP. En el decreto 59-2013 se concede a la comisión una vigencia de 60 días calendario, que ayer fue prorrogada con 45 días más.

Plazo El diputado proyectista Javier Menocal argumentó que la comisión necesita un plazo mayor para completar la misión encomendada a la Comisión Interventora del Ministerio Público.

Cabezas Marvin Ponce manifestó que preocupa que el Ministerio Público tenga dos cabezas. Por un lado, la Junta Interventora y, por otro, el Fiscal General y su adjunto, que, si bien no tienen funciones, siguen en la institución e intimidan a los fiscales.

http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Renuncia-o-juicio-politico-le-proponen-al-fiscal-general#.UbseAutXM3g

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Alianza por la Paz y la Justicia exige al CN juicio político contra el Fiscal General, Luis Rubí

Lunes, 10 de junio de 2013

Enviado por Redacción 1 ultimahora.hn 06/10/2013 – 16:08.

La Alianza por la Paz y la Justicia de Honduras (APJ), exigió a la Comisión interventora del Ministerio Público y al Congreso Nacional, aplicar el juicio político contra el fiscal general de Honduras, Luis Rubí.

El coordinador de la Alianza por la Paz, Josué Murillo, manifestó que “lo que vemos es que no hay depuración policial, nosotros sabemos que la reforma también pasa por depuración, no puede haber reforma sin depuración, hasta el momento cuantas personas están siendo investigadas, cuantos procesos hay abiertos para altos funcionarios de la Cúpula de la Policía Nacional, no hay reforma, ni depuración, porque no hay voluntad política, es por eso que vamos al Congreso a exigirle a la clase política que por favor dinamicen el proceso de depuración, aquí no se cuantifican los millones, sino las vidas que se están perdiendo”.
“El Juicio Político, lo solicitamos en las audiencias públicas pasadas, el problema fue que hubo manoseo de la decisión casi unánime del Congreso Nacional, por lo que se decidió ir por una opción B, que es la Junta Interventora, ahora estamos pidiendo que ante los hallazgos que nos presenten se pueda proceder a un Juicio Político, porque solamente a través de un Juicio se le puede dar nombre y apellido a los corruptos”, agregó Murillo.

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Si Rubí no renuncia pedirán juicio político

Qué renuncie o en el informe de la Comisión Interventora del Ministerio Público (MP) se pedirá un juicio político en contra del fiscal general, Luis Alberto Rubí, dijo ayer María Antonia Navarro, quien preside dicho organismo.

“Así es, vamos a hacer esas recomendaciones, consideramos que si él (Luis Rubí) no presenta su renuncia vamos a pedir que se considere”, dijo Navarro refiriéndose a la posibilidad de que soliciten la aplicación del juicio político.

La interventora, que lleva más de un mes a cargo de la Fiscalía, añadió que la dimisión o la sumisión a un proceso de juicio político es la decisión que debe tomar Rubí ante los resultados del informe que será presentado al pleno del Congreso Nacional el próximo martes. La Comisión Interventora tiene amplios poderes para reestructurar el MP y sus integrantes tomaron las funciones del fiscal general y fiscal adjunto, Roy Urtecho, por disposición del Congreso Nacional.

Navarro no quiso detallar sobre las investigaciones en torno a la labor del fiscal general y lo encontrado en el MP, respondiendo que los resultados se brindarán al pleno del Congreso Nacional que tomará las determinaciones correspondientes.

La comisión, también conformada por Lino Tomás Mendoza, Angela Madrid y María Estela Guzmán, ha tomado determinaciones como no renovar 90 contratos temporales de trabajo, suspender beneficios a personal cercano a los fiscales generales y reducir excesivos gastos.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, reaccionó ante las declaraciones de Navarro lamentando que la comisión se pronuncie antes que fuese presentado el informe al Legislativo.

Dijo que no reaccionaría más ante recomendaciones que aún no son oficiales.

JUAN ORLANDO LAMENTA
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, lamentó ayer las declaraciones brindadas por miembros de la Comisión Interventora del Ministerio Público sobre situación del Fiscal General, Luis Rubí, sin antes haber dado a conocer a ese poder del Estado un pronunciamiento. Tal declaración la realizó ayer en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) durante una conferencia de prensa que brindó para dar a conocer los beneficios que traerá en empleo la aprobación de cuatro mil millones de lempiras a la industria de la construcción.

“Por ley a quien le tienen que dar el  informe es al Congreso Nacional, y en ese ambiente se vuelve público, ya que esa es la forma ordenada de efectuar ese tipo de cosas”, señaló el titular del poder Legislativo.

DESCONOCE
Juan Orlando Hernández dijo que hasta ayer que desconocía las recomendaciones de la Comisión, porque no se las habían hecho llegar. “No puedo dar una reacción de mi parte porque no es algo oficial”, añadió.

http://www.tiempo.hn/portada/noticias/si-rubi-no-renuncia-pediran-juicio-politico

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En vigencia el juicio político

Miércoles, 17 Abril 2013 23:15

Los funcionarios sujetos al juicio político tendrán derecho a exponer ante el Congreso Nacional sus argumentaciones.

Los funcionarios sujetos al juicio político tendrán derecho a exponer ante el Congreso Nacional sus argumentaciones.
Tegucigalpa, Honduras

La figura del juicio político es una realidad, pues la normativa entró vigencia luego de haber sido publicada en el diario oficial La Gaceta que edita la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

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En los considerandos se establece que esta legislación fue recomendada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para que hechos como el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 no se repitan.
El artículo 1 establece que la ley tiene por objetivo establecer las causales y el procedimiento del juicio político con el propósito de determinar la responsabilidad o inocencia de los funcionarios sujetos al mismo.

El artículo 2 señala que corresponde al Congreso Nacional realizar el juicio político de acuerdo al procedimiento contenido en la Constitución y la presente ley. Indica que el juicio político precede contra el presidente de la República; designados; diputados del Parlamento Centroamericano; magistrados; corporaciones municipales y todos los servidores públicos, que enfrenten denuncias graves en el desempeño.

PLENO
“Para cada proceso de juicio político se nombrará por el pleno y por mayoría calificada de dos terceras partes, una comisión especial de nueve miembros, con el propósito de investigar los hechos”, señala el artículo 4.

Las causales del juicio político son las denuncias en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución e interés nacional, así como negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.

“El juicio político solo produce el efecto de destituir de su cargo al funcionario enjuiciado, pues la responsabilidad, civil, administrativa o penal, serán deducidas de conformidad a la legislación nacional”, agrega el artículo 6.

Para iniciar el juicio político se requerirá de la votación de tres cuartas partes de la totalidad de los diputados, en el caso del presidente de la República y para el resto de funcionaros será dos tercios de la totalidad de los parlamentarios.

También queda claro que en el caso de este juicio político no cabe la interposición de ningún recurso o acción en la vía judicial. La etapa de investigación y de defensa del juicio político tendrá una duración hasta de 30 días y la discusión y votación durará 5 días.

INFORME
Una vez finalizada la investigación, la comisión especial presentará un informe con recomendaciones ante el pleno del Legislativo. El artículo 11 destaca que si la denuncia es inadmitida o improbada será archivada.

La referida comisión tiene como obligaciones y atribuciones investigar la veracidad de la denuncia, señalar plazos y habilitar horas y días hábiles, así como requerir a los denunciantes para que ratifiquen la denuncia y hagan las aplicaciones o aclaraciones que estimen necesarias.

También es atribución de esta comisión realizar las investigaciones necesarias si las pruebas aportadas no son concluyentes y realizar inspecciones de lugares, interrogación de personas y la validación de las pruebas.

OTRAS ATRIBUCIONES DE COMISIÓN
1-CitaR a los servidores públicos denunciados.
2-Celebrar audiencias confidenciales.
3-Elaborar informe con sus recomendaciones.
4-Levantar actas de todas sus actuaciones.
5-Si el pleno vota por la destitución del servidor público, este cesa de inmediato de su cargo.

Fuente: http://www.tiempo.hn/portada/noticias/en-vigencia-el-juicio-politico

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