Archivos para 19/06/13

Denuncian a dirigentes del MUCA de ejecutar a sus propios compañeros

Dos campesinos que están en condición de testigos protegidos denunciaron hoy que la dirigencia del Movimiento Unificado Campesino de Aguán (MUCA) está ejecutando a sus mismos compañeros con el propósito de mantener la zozobra en la zona y seguirse lucrando de los ingresos que perciben.

Los dirigentes del MUCA aseguraron que es imposible que tengan armas; solo las autoridades están autorizadas.

Los dirigentes del MUCA aseguraron que es imposible que tengan armas; solo las autoridades están autorizadas.

Los afectados, que también pertenecieron al MUCA y que conocen en detalle la forma de operar de la organización campesina, afirmaron que desde el año pasado la dirigencia formó una lista de personas para ejecutarlas y ahí aparecían ellos.

La alerta la recibieron por otro miembro de la organización que días después desapareció y no se sabe nada de él.

Pero ellos decidieron salir huyendo de la zona con el propósito de mantenerse con vida y denunciar las irregularidades.

Cansados de la persecución fueron a buscar apoyo a organizaciones de derechos humanos e interpusieron las denuncias ante el Ministerio Público (MP), donde los tienen en calidad de testigos protegidos, pero a razón de las amenazas que están recibiendo decidieron dar la cara en los medios de comunicación.

Uno de los labriegos afectados es Carlos Gómez, y aseguró que “desde el mes de mayo del año pasado se dio la orden para que me asesinaran, pero hubo alguien que me alertó y que habían cuatro compañeros más en lista, entonces decidí salir huyendo”.

No obstante, siguen siendo perseguidos; “le pusieron un precio a mi cabeza de 200 mil lempiras y gracias Dios que me ha cuidado, estoy con vida, y le pido que me siga dando más vida para poder arreglar este problema que se ha dado en la zona, donde se ha generado un derramamiento de sangre”.

MATANZAS

Los testigos protegidos Juan de Dios Alvarenga y Carlos Gómez aseguraron que los dirigentes del MUCA son quienes están causando el terror en el Aguán.

Los testigos protegidos Juan de Dios Alvarenga y Carlos Gómez aseguraron que los dirigentes del MUCA son quienes están causando el terror en el Aguán.

Gómez, que fue parte de la finca La Nueva Confianza, aseguró que ya son más de 11 personas asesinadas, hasta algunos menores de edad, y se culpa a los empresarios de la zona para atemorizar a los campesinos.

“Lo que pedimos es que se investigue cada muerte que ha habido en la zona porque está malo que los compañeros estén asesinando a sus mismos integrantes para después culpar a los guardias de seguridad de la empresa privada”, afirmó.

“Seguimos siendo perseguidos por los directivos del MUCA, como Yoni Rivas, Celio Rodríguez, Orlando Romero y Vitalino Álvarez, y como no lograron el objetivo de liquidarnos adentro, hoy nos buscan afuera”, afirmó.

Consultado por qué sus mismos dirigentes lo quieren asesinar, indicó que “a veces no les gusta que uno les diga la verdad a ellos, de ahí vienen las enemistades, como ellos son quienes manejan el dinero, el armamento y carros, mientras los salarios que pagan son miserables de 3,900 lempiras al mes”.

El exmiembro del MUCA aseguró que “tienen bastante armamento y de las que pude ver estaban principalmente fusiles FAL, R-15, AK-47 y pistolas 9 milímetros, además reciben financiamiento y capacitación de organizaciones de Nicaragua”, denunció Gómez.

INTERESES

Algunas muertes del Aguán, según los campesinos amenazados, son cometidas por los propios compañeros y después culpan a los empresarios.

Algunas muertes del Aguán, según los campesinos amenazados, son cometidas por los propios compañeros y después culpan a los empresarios.

Por su parte, el otro afectado, Juan de Dios Alvarenga, señaló que “el gran problema es el dinero, por eso ellos (los del MUCA) han asesinado a guardias de Miguel Facussé, a campesinos y hasta a vecinos de las aldeas”.

“Ahí la lucha ya no es recuperación de tierras, ellos en realidad lo que están haciendo es asesinando a su propia gente; por eso pido a las autoridades que por favor capture a esta gente porque no quiero seguir huyendo”, demandó.

Culpó directamente a los dirigentes del MUCA de crear el terror en la zona. “Estoy seguro de eso, porque estuve en la lucha que se dio, pero ahora hay unos dirigentes que solo han llegado a aprovecharse de la situación, y llenarse las bolsas de dinero”.

En el foro televisivo “Una de Análisis” de Maya TV, dirigido por el periodista Carlos Castro, Alvarenga desmintió que estén siendo financiados por alguien: “¿Usted cree que si estuviera recibiendo dinero anduviera con mis zapatos rotos y sin un lempira en la bolsa?”, les recriminó a los dirigentes del MUCA.

http://www.latribuna.hn/2013/06/19/denuncian-a-dirigentes-del-muca-de-ejecutar-a-sus-propios-companeros/

Anuncios

, ,

Deja un comentario

Exdirectores policiales son investigados por enriquecimiento ilícito

A ocho jerarcas de la Policía hondureña se les investiga un patrimonio total de L74.5 millones.

Los exdirectores generales de la Policía Nacional de Honduras Ricardo Ramírez del Cid y José Luis Muñoz Licona , encabezan la lista de los ocho altos oficiales de la institución policial a los que se les atribuye un patrimonio de al menos 75 millones de lempiras.

LA PRENSA tuvo acceso exclusivo al listado de los exmiembros de la cúpula policial , cuyos expedientes patrimoniales fueron enviados por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para iniciar el procedimiento administrativo y penal por presunto enriquecimiento ilícito.

Dentro del grupo de oficiales investigados figuran también los comisionados generales en condición de retiro Javier Leopoldo Flores Milla, Allan Reynerio Nájera Martínez, José Alberto Barralaga Hernández, Manuel de Jesús Escobar Murillo, José Danilo Orellana y René Maradiaga Panchamé.

Hasta ahora, los nombres de los jerarcas policiales investigados por las autoridades de la DIECP y el TSC no habían trascendido.

De acuerdo con las investigaciones que constan en documentos en poder del TSC, los ocho oficiales de alta graduación lograron al menos 74.5 millones de lempiras, cantidad que no corresponde a los ingresos regulares que percibieron en el estamento policial.

Los pasados días 6 y 13 de junio, las autoridades de la DIEPC elevaron al TSC los ocho expedientes que contienen las investigaciones patrimoniales con su respectivo informe financiero de los exjefes policiales, que resultaron en incongruencias por 74.5 millones lempiras.

Los informes

En el primer paquete remitido por el ente depurador se señalan irregularidades patrimoniales de cuatro oficiales por 37.2 millones de lempiras .

En el segundo dossier investigativo, el monto ascendió a 37.3 millones.

Las investigaciones, que inicialmente se centraron en 10 altos jerarcas policiales de un total de 73, revelaron “discordancias en bancos, empresas y propiedades” de los investigados, lo que “pudiera derivar en el delito de enriquecimiento ilícito”, ya que los bienes no concuerdan con sus ingresos regulares.

Las indagaciones de la DIECP abarcaron el patrimonio no solo del miembro de la carrera policial investigado, sino de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y personas fuera de estos grados de parentesco cuando las circunstancias especiales lo ameritaron.

El trabajo investigativo del ente depurador fue realizado por expertos y sustentado con información proporcionada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs), el Instituto de la Propiedad (IP), Registro de la Propiedad Mercantil y las declaraciones juradas del TSC.

Los dossiers de los exjerarcas fueron remitidos al TSC para que este organismo inicie sus indagaciones con el propósito de determinar si existe el delito de enriquecimiento ilícito y posible abuso de autoridad y emprender las acciones administrativas y penales ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, si ese fuera el caso.

“El TSC revisará detenidamente la información, pero hará sus propias investigaciones de declaraciones juradas presentadas, cuentas bancarias, avalúos de propiedades con peritos de la institución y audiencias con los investigados, porque así lo establece el manual de procedimientos”, explicó.

La fuente indicó que este proceso podría tardar como mínimo seis meses o más de un año.

Los investigados

De los ocho investigados, José Luis Muñoz Licona y Ricardo Ramírez del Cid ocuparon la Dirección General de la Policía hondureña durante la mitad de la gestión del presidente Porfirio Lobo, pero fueron separados por sendos escándalos de presunta corrupción dentro de la institución policial y magros resultados en el combate contra la criminalidad

Ramírez del Cid fue juramentado el 31 de octubre de 2011 en lugar de Muñoz Licona, quien dejó la Policía tras la liberación de cuatro agentes sospechosos del crimen de dos estudiantes universitarios, uno de ellos hijo de la rectora universitaria Julieta Castellanos .

Ramírez del Cid fue sustituido en mayo de 2012 por el actual general director Juan Carlos Tigre Bonilla debido a los altos niveles de criminalidad durante su breve gestión. Actualmente, Ramírez del Cid se encuentra refugiado con su familia en Estados Unidos tras el asesinato de su hijo.

Leopoldo Flores Milla se desempeñó como jefe policial en Copán, Ocotepeque y Lempira y en la Regional número 1, que comprende los departamentos de Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía.

Manuel de Jesús Escobar Murillo se desempeñó, entre otros cargos relevantes, como jefe regional número 3 en Comayagua, La Paz, e Intibucá y también en la zona noroccidental.

Escobar Murillo es uno de los oficiales separados de la institución por no haber aprobado la prueba del polígrafo o detector de mentiras.

René Maradiaga Panchamé fue director nacional de Tránsito y se le separó en el primer remezón de la cúpula policial tras el asesinato de los estudiantes universitarios.

Una investigación de la DIECP que salió a luz en marzo pasado reveló que Panchamé poseía en ese momento las empresas de transporte Maradiaga y Maradiaga Express y en sus cuentas bancarias registraba un monto de 9.1 millones de lempiras de origen conocido y 5.8 millones de origen desconocido, de acuerdo al informe.

Además poseía cuatro propiedades, 47 vehículos pesados, dos vehículos livianos y una motocicleta.

Trascendió que Allan Nájera Martínez poseía la empresa Transportes El Progreso y que sus finanzas reflejaban un saldo de tres millones de lempiras de origen conocido y 200 mil lempiras de origen desconocido. Posee siete terrenos, 25 buses y dos vehículos.

Esta investigación también señala que Jorge Alberto Barralaga poseía una empresa con el nombre Etejab con activos por 13.3 millones de lempiras. En sus cuentas registraba un monto de L3.4 millones de lempiras de origen conocido y 86,836 lempiras desconocido. Además posee tres vehículos, 28 unidades de transporte pesado y cuatro terrenos.

A Barralaga, a quien se responsabilizó de haber dejado libres a los policías implicados en el asesinato de los estudiantes universitarios, también se le vinculó en 2010 con la participación directa en diferentes actos irregulares cuando era jefe departamental de la Policía en Copán, según un informe del actual director Juan Carlos Bonilla.

Otros de los investigados es el comisionado José Danilo Orellano , quien antes de su salida del cuerpo policial se desempeñó como director general de centros penales, jefe de la Unidad de Servicios Especiales Preventivos y por muchos años fue portavoz de la Policía.

LA PRENSA buscó una reacción del director nacional de la DIECP, Eduardo Villanueva, pero no fue posible localizarlo en su oficina ni respondió las llamadas telefónicas a su número personal.

Enviarán otros 5 casos al TSC

La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) presentará la próxima semana cinco nuevos casos por irregularidades en el patrimonio de oficiales.

“Ahora hemos presentado cuatro casos, la próxima semana estaremos presentando cinco más”, explicó Eduardo Villanueva, director de la DIECP.

Asimismo, el funcionario informó que a parte de los cinco casos que se presentarán en los próximos días, existen otros cinco que están en proceso de investigación. Todas las investigaciones con relación al patrimonio ilícito que realiza la DIECP son enviadas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ya que es el órgano encargado de indagar el delito de enriquecimiento ilícito. Anteriormente, en dos diferentes envíos, la DIECP ha remitido al TSC al rededor de 70 expedientes.

La investigación que se conoció esta semana, reveló que 37.2 millones de lempiras son parte del patrimonio de cuatro oficiales de Policía, a quien no se les conoce el nombre, debido a que no están procesados todavía.

Los informes de los cuatro oficiales fueron remitidos por parte de la DIECP al Tribunal de Cuentas para que inicien su propia investigación. De ser encontrados indicios de enriquecimiento ilícito, el TSC procederá a enviar los pliegos de responsabilidad a las autoridades correspondientes

Investigaciones pueden durar cinco años

Las investigaciones que les harán los auditores del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a los ocho oficiales a quienes se les encontró una fortuna de 74.5 millones de lempiras, podrían tardar hasta cinco años, afirmó ayer Miguel Ángel Mejía, presidente de ese órgano contralor.

Mejía aseveró que las indagaciones que hará el ente contralor pueden llevar cierto tiempo porque “no es lo mismo una auditoría que una investigación de enriquecimiento ilícito. Son muy diferentes los procedimientos. Entonces eso lleva tiempo”.

Argumentó que el proceso de obtención de información “tarda porque estamos hablando de cinco o seis años”, pues las instituciones a las que les solicitan información deben buscarla en sus archivos, lo que extenderá el proceso.

Mejía puso como ejemplo que cuentan con investigaciones por enriquecimiento ilícito que están siendo indagadas desde hace dos o tres años y todavía no han sido completadas.

Expresó que la información remitida por la DIECP solo comprende algunos elementos, por lo que el TSC está en la obligación de hacer sus propias investigaciones”.

Agregó que próximamente comenzarán su trabajo para deducir las responsabilidades del caso, aunque no garantizó la agilidad de estas.

Audiencias y evaluaciones

Proceso La DIECP evaluará a 411 oficiales. Empezará con los primeros 51 oficiales que ocupan los más altos cargos en la Policía y luego continuará en forma descendente con 298 servidores policiales.

Descargo  También comenzará en los próximos días el proceso de audiencias de descargo de oficiales de la más alta escala jerárquica y otros que están en condición de disponibilidad y sin asignación.

Investigaciones Por su alto impacto, las investigaciones patrimoniales se les hicieron a unos 10 oficiales de un total de más de 70 miembros de la carrera policial que se han enriquecido ilícitamente.

Ente La DIECP está facultada para conducir dichas investigaciones no solo a miembros de la Policía, sino a familiares cercanos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Exdirectores-policiales-son-investigados-por-enriquecimiento-ilicito#.UcMqc85XbeQ

, ,

Deja un comentario

Guardia apuñala a familiar de paciente en el HE

Familiares y guardias de seguridad iniciaron una pelea que terminó con un joven herido.

Los niveles de agresión de los guardias de seguridad del hospital Escuela universitario llegaron a extremos inaceptables. Prueba de esto es la agresión propinada por un guardia de seguridad a un familiar de un paciente del centro hospitalario, momento que fue capturado por una cámara de video. Las imágenes fueron transmitidas por el canal Hable Como Habla. Según el relato de algunos testigos, el grupo de personas había llegado al centro hospitalario luego de que un joven militante del partido Libertad y Refundación fuera agredido el día domingo en la Aldea Nueva Suyapa. En el video se muestra que el grupo de enardecidos familiares se enfrentaron a golpes con los guardias de seguridad privada ya que estos les impidieron el acceso a la sala de emergencia del centro hospitalario. En el momento de la discusión, uno de los guardias sacó un machete con el que amenazaba a los familiares para que cesaran de repartir golpes. En el video también se observa que el vigilante tomó la cacha de su arma de fuego con la intención de intimidar o utilizarla en contra de las personas.
Sin embargo, los familiares y los vigilantes continuaron con el conflicto que llevó al mismo vigilante a sacar un cuchillo y propinarle una puñalada en el abdomen a uno de los familiares. Luego de esta acción, los demás guardias de seguridad intentaron separar al agresor de los familiares y el joven apuñalado fue llevado a la sala de emergencia para ser atendido. Hasta el momento se desconoce si el guardia de seguridad permanece bajo custodia de la Policía Nacional, sin embargo, las autoridades del hospital Escuela aseguran que han pedido un informe para determinar quiénes fueron los culpables de la agresión. “Si hubo una agresión esto ya es de tipo penal y tendrán que ser los familiares los que procedan de forma legal, en cuanto a los que nos compete es pedir un informe, necesitamos saber quién agredió a quién”, manifestó Roberto Esquivel, director del centro. “Una vez aclarado lo que ocurrió la compañía de Seguridad tendría que tomar los correctivos necesarios si son culpables”, agregó. Sin embargo, el galeno no detalló si se ha evaluado la posibilidad de cambiar la compañía de seguridad. Ver más noticias de PaísLeer más en: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/156651

Deja un comentario