Archivos para 9/06/13

TSE listo para recibir planillas de seis partidos políticos a partir de este lunes

9 Junio 2013, 22:05
Tegucigalpa- El Tribunal Supremo Electoral (TSE), comenzará a recibir este lunes las planillas de candidatos a cargos de elección popular en los tres niveles electivos y demás requisitos de los seis partidos políticos que no participaron en las elecciones internas y primarias en noviembre pasado.

En ese sentido, el partido Unificación Democrática (UD), que estableció una alianza con el partido Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper), se presentará a las 9:00 de la mañana a las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) para entregar la documentación correspondiente.

A las 11:30, lo hará la Alianza Patriótica de Honduras (APH), a las 2:00 de la tarde le corresponde el turno al Partido Anticorrupción (PAC), y a las 4:00 le corresponde al Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).

Mientras tanto, el Partido Innovación Nacional y Unidad – Social Demócrata (Pinu- SD), lo hará a las 11:30 de la mañana del martes.

Los requisitos mínimos que deben presentar los partido políticos incluyen la presentación la nómina de la fórmula presidencial completa, los 40 aspirantes a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) 20 propietarios y 20 suplentes.

Asimismo, un mínimo de 150 municipios para las corporaciones municipales y diputados por al menos 10 departamentos del país.

De no cumplir con los requisitos mínimos, inmediatamente los magistrados del TSE, resolverán que no podrán participar en el proceso electoral general a realizarse el 24 de noviembre próximo.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/06/09/Pol%C3%ADtica/TSE.listo.para/70012.html

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Estancadas las obras en la represa hidroeléctrica Patuca III en Honduras

Domingo 09 de junio de 2013

10:12 pm  – Redacción: redaccion@laprensa.hn

La empresa china Sinohydro retira su personal por amenazas de terratenientes.

Patuca, Olancho,

Honduras

Un ambiente de tensión y temor impera en Patuca, Olancho, por las amenazas de acciones violentas formuladas por terratenientes de la zona que le exigen al Gobierno de Honduras el pronto y justo pago de las propiedades que serán afectadas con la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca III .

Las obras de la primera etapa del embalse se paralizaron por completo desde hace una semana debido al retiro provisional de los obreros chinos y hondureños amenazados de muerte por los dueños de las tierras donde se edifica el monumental proyecto de infraestructura.

La suspensión de los trabajos también obedece a que el Gobierno aún no ha materializado el préstamo de más de 295 millones de dólares que se requiere para comenzar la segunda fase de la obra, que contempla la edificación de la cortina y la instalación de los dos generadores de 52 megavatios cada uno. De la obtención de esos fondos externos depende que continúe la obra; de lo contrario su futuro es incierto.

En este punto, representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) radicados en la zona indicaron que los trabajos de la segunda etapa están planificados para reanudarse en noviembre del presente año.

Patuca III es el principal de los tres embalses, junto con Patuca I y Patuca II, que el Estado hondureño proyecta construir en la zona a un costo de más de  1,200 millones de dólares para generar aproximadamente 524 megavatios.

Esta obra se localiza a unos 12 kilómetros de la comunidad de Patuca, entre la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre, en el departamento de Olancho. Una vez concluido, el espejo de agua del embalse cubrirá unos 72 kilómetros cuadrados y afectará a unas 18 comunidades aguas arriba de la cortina.

Las perjudicadas son más de 350 familias residentes en las comunidades de Piedras Amarillas, Terrero Blanco, Las Delicias, San Fernando, Las Mangas, Las Delicias, La Cruz, La Vega, San Jerónimo, Ocotillal, Quebrada Honda, El Guayape, La Pista, Las Corrientes, Sabanagrande y La Calabacera, entre otras.

En el proceso de indemnización, Enee ya ha pagado parte de las tierras a más de la mitad de los afectados en cuatro categorías de indemnización, pero la otra mitad todavía tiene pendiente recibir la compensación de sus propiedades.

En este último grupo hay varias familias que se niegan a negociar con base en los “irrisorios” valores que les ofrece la estatal, lo que ha generado un estira y encoge con el Gobierno.

Uno de los afectados que rechazan el precio de “gallo muerto” que le ofrece la Enee es Santiago Alvarado Calona, propietario de 120.6 manzanas en ambas márgenes del río en la comunidad de Piedras Amarillas, donde se asentará la cortina del embalse.

Según él, la Enee solo pretende pagarle 20 mil lempiras por cada manzana y con base en la última categoría, es decir, tierras no agrícolas; pero alega que sus propiedades gozan de alto potencial minero porque de ahí la empresa Sinohydro se abastecerá de cemento, arena y grava para edificar el proyecto.

Cansado de negociaciones infructuosas y constantes reclamos, el martes de la semana anterior, Alvarado Calona y otros afectados llegaron al campamento central de Sinohydro y de la Enee y amenazaron al gerente de la empresa china con sacar a todos los trabajadores a tiros si seguían construyendo sin antes haberle pagado sus tierras.

Los ejecutivos de Sinohydro optaron por suspender las obras y retirar hasta segunda orden a todos sus técnicos, ingenieros y obreros por “motivos de seguridad”, al tiempo que advirtieron al Gobierno que no retornarían hasta que resuelva el pago a los afectados.

Tensión en la zona

Un equipo de Diario LA PRENSA se trasladó al sitio donde se cimenta la central hidroeléctrica y pudo comprobar la paralización de todos los trabajos y el ambiente de tensión que impera en la zona. La obra está inconclusa y desolada.

Debido a las últimas tres protestas y el creciente malestar de los pobladores por el impago de sus tierras , la seguridad en la zona se ha redoblado con más efectivos del Noveno Batallón de Infantería, quienes ejecutan registros minuciosos en busca de armas entre los visitantes.

En la carretera y los alrededores del sitio en construcción se encuentran instaladas varias garitas con efectivos del Ejército que se turnan cada 12 horas e impiden el paso de personas ajenas al proyecto.

A pesar del fuerte resguardo militar, el equipo de LA PRENSA pudo ingresar al plantel central y cerca de los túneles de derivación, donde también se encuentran parapetados varios soldados con orden de no dejar pasar a nadie.

La planta de producción de cemento y la trituradora de material rocoso, ubicadas en la orilla de la carretera y en lo alto del lugar donde se construirá la cortina, también se ven desoladas y sus únicos ocupantes son los dos efectivos militares que les dan seguridad.

El retiro del poco personal que ha quedado en la obra ocurrió tres días antes de la visita de LA PRENSA.

Uno de los traductores chinos, que solo se identificó como Dimas, confirmó en su limitado español que “por ahora los trabajos fueron suspendidos” y que por consiguiente era el único empleado de Sinohydro que había quedado en el campamento, mientras que el resto del personal ejecutivo se desplazó a Tegucigalpa a “hablar con las autoridades de la Enee”.

Indicó que, en vista de que la primera fase del proyecto está casi concluida, solo se han quedado laborando 25 técnicos e ingenieros chinos y 73 obreros hondureños, pero que, a causa de las amenazas de los terratenientes, estos han sido suspendidos temporalmente, mientras el Gobierno resuelve el pago de las indemnizaciones. Tampoco pudo precisar en qué fecha comenzará la segunda etapa del proyecto porque eso obedece a las gestiones del Gobierno de Honduras en China con el objetivo de obtener financiamiento para iniciar la construcción de la cortina del embalse y terminar la instalación de las turbinas.

Refuerzan seguridad

El jefe del emplazamiento militar del proyecto, teniente de infantería Óscar Leonel Baca, explicó que las obras aún pendientes fueron suspendidas desde el martes anterior para evitar que los obreros sufrieran un atentado, ya que los propietarios amenazaron seriamente con quitarle la vida a quien se atreviera a seguir laborando en el proyecto.

Por las advertencias se optó por reforzar la seguridad en el sitio donde se construye la represa y en el campamento base de la empresa, para lo cual se dispuso de un contingente de 50 efectivos de las Fuerzas Armadas.

“Las amenazas son muy graves y por eso las instrucciones que tenemos son resguardar el proyecto y prestarle seguridad al personal nacional y extranjero que labora en la construcción de la represa”, afirmó el oficial militar.

Primera fase, concluida

A pesar del litigio de las tierras con los pobladores, la primera fase del proyecto de infraestructura, consistente en el revestimiento de los estribos laterales de la montaña, la construcción del túnel de derivación del río y la casa de máquinas, avanzó en tiempo y forma y se concluyó en más del 90%.

Esta primera etapa fue financiada con más de 50 millones de dólares de fondos nacionales de la iniciativa de Petrocaribe. La segunda etapa se desarrollará con un préstamo por más de 290 millones de dólares de bancos de China.

Una fuente de la Enee informó que el gerente Emil Hawit viajará en los próximos días a China a gestionar los fondos, pero no precisó el tiempo que llevará reanudar las obras.

Fabricio Lobo, encargado de apoyo de la Enee en el proyecto Patuca III, aseguró que la primera etapa está concluida y solo esperan que se materialice el financiamiento para iniciar los trabajos de construcción de la cortina y la instalación de las turbinas de generación en la sala de máquinas.

Aseguró que a la fecha se cumplieron los tiempos de la obra, con algunos pequeños atrasos por la temporada lluviosa. También finalizó la construcción del campamento base donde se alojará el personal de la empresa Sinohydro, empleados de la Enee y los efectivos del Ejército que brindan seguridad.

“Todo está muy bien, conforme a la programación, y no hay nada que criticarle al proyecto”, dijo en defensa de los atrasos.

Señaló que los chinos han quedado haciendo algunas obras menores para la segunda etapa del proyecto, el cual tentativamente deberá empezar a ejecutarse en los primeros días de noviembre, pero eso depende del financiamiento.

Sobre las amenazas de los propietarios de la tierras, Lobo minimizó la situación y dijo que los reclamos provienen de un pequeño grupo de terratenientes que no están de acuerdo con los avalúos y por “eso están renuentes a la continuidad del proyecto”.

No obstante enfatizó en que esos problemas están resolviéndose entre la Enee y los afectados, pero que los trabajos del proyecto no se han detenido.

El ministro de Planificación, Julio Raudales, afirmó que habría financiamiento de un banco chino. Sería un crédito blando de $295 millones, a 25 años plazo y un interés del 4%.

Aunque el Gobierno no especificó el nombre del banco con el que se hacen las gestiones, Raudales aseguró que los fondos estarían listos en un mes para reanudar las obras paralizadas por la falta de pago de indemnizaciones.

Datos sobre patuca III

Ubicación  El embalse Patuca III o Piedras Amarillas está localizado en el departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca, a 5 kilómetros de la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre.

Capacidad Tendrá una cortina de 57 metros de alto y una casa de máquinas con dos turbinas de 104 megavatios que suplirán energía por medio de una nueva línea de transmisión de 42 kilómetros de largo.

Tiempos La construcción del complejo hidroeléctrico está programada para efectuarse en cinco años. Se espera que en noviembre de este año comience la segunda etapa del proyecto.

Costos   El costo de inversión del proyecto según los precios de octubre de 2009 era de 263.96 millones de dólares estadounidenses. Se espera el desembolso de un banco chino para financiar las indemnizaciones.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Estancadas-las-obras-en-la-represa-hidroelectrica-Patuca-III-en-Honduras

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Misión de la OIT vendrá a Honduras para verificar denuncias de dirigencia magisterial

9 Junio 2013, 17:57
Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Profesores Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) Edgardo Casaña, informó este domingo mediante una comunicación telefónica desde Ginebra, Suiza, que una misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitará el país próximamente para verificar las denuncias que las organizaciones magisteriales han expuesto ante ese organismo y que se refieren a la violación del convenio 98 que tiene que ver con la libre sindicalización y el derecho a la huelga.

Indicó que la delegación hondureña logró exponer el sábado sus argumentos y definir líneas de trabajo que fueron bien recibidas en la reunión de la OIT para conocer el tema.

En la reunión, el gobierno de Honduras estuvo representando por el embajador extraordinario y plenipotenciario y representante permanente de Honduras ante la Oficina de Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Viena, Austria, Efraín Díaz Arrivillaga; el viceministro de Trabajo, Mario David Villanueva y representantes del sector privado y de las centrales obreras, así como los delegados de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (Fomh).

Por las organizaciones magisteriales, además de Casaña, asistieron Yuri Hernández y Julia Ortiz del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma); Edwin Oliva del l Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah); Joel Espinal y Patricia Gómez del Colegio de Pedagogo de Honduras (Colpedagogosh) y Renán Posas del Colegio de Profesores Unión Magisterial de Honduras (Coprumh)

Casaña indicó que el sábado las tres partes, gobierno, empresa privada y dirigencia magisterial con el acompañamiento de las organizaciones obreras, esgrimieron sus argumentos y el planteamiento de Honduras fue muy recibido.

El dirigente del Coprumh, aseveró que dos de las tres delegaciones solicitaron el nombramiento de una comisión de la OIT que deberá visitar Honduras para constatar si lo que se ha denunciado a través de la queja, es real o no.

“Básicamente, nuestros argumentos estuvieron basados en la violación del convenio 98 de la OIT, que trata sobre la libre sindicalización, la injerencia en el sindicalismo y la violación al libre derecho a ejercer la huelga que es un tema que más hemos dado a conocer acá”, señaló el dirigente gremial.

Casaña reiteró que es casi un hecho que la OIT, visitará Honduras para verificar la denuncia de violación al convenio 98, aunque quedaron pendientes otros temas como las reformas a la Ley del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) que no es parte de ese convenio sino que forma parte de otro convenio.

Sobre la advertencia del ministro de Educación, Marlon Escoto, quien señaló que si los dirigentes magisteriales que asisten la reunión de la OIT, no se presentaban a sus labores tres días consecutivos, serán despedidos, Casaña dijo que para ellos el tema importante es la queja que han ido a interponer ante ese organismo internacional, la cual ha sido respaldada por la representación de la empresa privada.

“La empresa privada se ha unidos con nosotros como trabajadores para que vayan a Honduras a verificar las barbaridades que están pasando y sobre los permisos, yo deduzco que el ministro de Educación, se refiere a Edgardo Casaña, porque mis demás compañeros están gozando de su fuero sindical porque el martes el ministro fue a dirección departamental de Santa Bárbara a preguntar si Edgardo Casaña le había pedido permiso a la directora departamental, yo mi permiso en mis centros educativos no en una dirección departamental”, arguyó.

El dirigente magisterial aseveró que no tiene ningún problema, pues cuenta con sus excusas con la firma de recibido por la secretaria de la dirección distrital y aseveró que lo que pretende Escoto es levantar más polvo para tratar de nublar lo que están haciendo en Suiza.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/06/09/Nacionales/Misi.C.B/70006.html

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Autorregulación, un ratón que cuida el queso

09Jun

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Honduras: Autorregulación, un ratón que cuida el queso

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tras seis meses de arduas discusiones entre diferentes sectores de las comunicaciones en Honduras y una desenfrenada campaña en contra de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, destinada –según sus impulsores- a “salvaguardar el respeto por la libertad de expresión”, este miércoles representantes de medios de comunicación privados firmaron un convenio de autoregulación unilateral llamado “Acuerdo Nacional por la Promoción de una Cultura de Paz y Libertad de Expresión”.

El documento de dos páginas, refleja según el análisis de diferentes periodistas independientes una “farsa” avalada, con la presencia de autoridades del Congreso Nacional.

Para el presidente de Organización de Periodistas No Asalariados de Honduras (OPINAH), Jorge Burgos, la iniciativa “es una burla contra los periodistas, las organizaciones y quienes iniciaron con la socialización de esta Ley en la Casa Presidencial, una Ley que pretendía hacer grandes cambios, no solo en el espectro radioeléctrico sino que también en el otorgamiento de las frecuencias y el manejo de la publicidad, respetando plenamente la libertad de expresión”.

A su criterio “es una jugada política” que busca “potenciar” al actual presidente del Legislativo y candidato oficialista, Juan Orlando Hernández.

“Nos sentimos indignados porque la firma de ese pacto no es más que una farsa, especialmente porque en ningún momento fuimos invitados a la mesa única de discusión y sabemos que a los medios grandes hasta les mandaron tarjeta con todas las formalidades”.

De acuerdo con Gerardo Albarrán de Alba, coordinador de proyectos especiales del semanario Proceso y director de la revista electrónica Sala de Prensa, “no puede ignorarse que la autorregulación ha sido un freno tradicional que los propietarios de los medios han opuesto a la amenaza gubernamental de imponerles controles legislativos que afectarían no sólo su libertad editorial para ejercer el papel de fiscalizadores del poder público, sino también al negocio que les representa el hecho de haberse convertido ellos mismos en factores de poder”.

“El poder y la casi monopólica posición de los medios impone en éstos la obligación de ser socialmente responsables, de ver que todas las voces son fielmente presentadas y que el público tiene suficiente información para decidir; y si los medios no asumen ellos mismos esa responsabilidad tal vez sería necesario que alguna dependencia pública la impusiera”, añade, en su artículo Objeto, sujeto y contenido de la autorregulación periodística, publicado en marzo de 2009.

No obstante, “otros mecanismos de autorregulación abren a los medios a la participación directa de la sociedad -entre ellos, los consejos de ética-. Y la propia sociedad, una vez organizada, también puede y crea sus propios organismos de fiscalización de la prensa, como es el caso de los observatorios de medios. Es claro entonces que el periodismo sólo se explica a sí mismo a partir de su relevancia social”, subraya.

La propuesta

El pacto “establece la autorregulación que los medios de comunicación acuerden en la perspectiva del fomento de valores y principios para la construcción de la ciudadanía, con énfasis en la protección de la niñez y la adolescencia en el marco legal vigente”, dijo el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.

El documento señala la intensión de “mantener la defensa y solidaridad en el respeto a la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento y libertad de prensa”, además de “edificar y sostener los valores humanos en los diferentes sectores, económicos, políticos, culturales, educativos y religiosos”.

Además establece “una autorregulación que los medios de comunicación acuerden en la perspectiva del fomento de valores y principios para la construcción de la ciudadanía, con énfasis en la protección de la niñez en el marco legal vigente”.

“Los medios de comunicación establecerán y definirán criterios para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia, terrorismo, drogadicción y material obsceno”, subraya.

Acuerdo invisibiliza las radios comunitarias

Sin embargo, la misma en ningún momento hace eco de las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas para la Promoción y Libertad de Expresión, Frank La Rué, quien en su más reciente visita a Honduras, a finales de abril instó a establecer limitaciones en franjas horarias, “basados en ley en normas y principios de Derechos Humanos –pues- a nivel mundial existe regulación de contenidos para niños desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche y ya después de esa hora puede programarse contenido adulto para no afectar a la niñez con contenidos inadecuados”.

El documento, ligeramente hace referencia a varios principios que buscan “la  edificación de valores en la sociedad, el manejo de criterios en temas de riesgo, la promoción de la cultura de paz, el incentivo y promoción de valores al igual que la unidad familiar.

En el marco de las recomendaciones de La Rue  y partiendo que es necesario romper el monopolio de las comunicaciones planteó la categorización del espectro radioeléctrico  en cuatro categorías de medios de comunicación: Comunicaciones comerciales, Frecuencias Comunitarias, Frecuencias para grupos étnicos e indígenas y Telecomunicaciones públicas (estatales).

Esto introduciría el término “Radios Comunitarias”, pero además se otorga espacio especial a las garífunas e indígenas a quienes la legislación internacional les concede el derecho a tener medios de comunicación.

Al respecto, la dirigente garífuna de la Organización Franternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Mirianda, sostuvo que desconoce por completo el documento firmado ayer, por lo que tampoco asistió al proceso de discusión, establecido por el Congreso Nacional.

En el mismo sentido, se pronunció la dirigente del Consejo  Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, quien dijo aseguró que pese a que los pueblos indígenas cuentan con tres radios, no formaron parte de la discusión.

Caso omiso a las recomendaciones

De igual forma, el atípico acuerdo entre los grandes medios de comunicación vuelve nula la recomendación 75 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que busca “reformar la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en especial lo que atañe al sistema establecido por dicha comisión para conceder el otorgamiento de frecuencias y que no es el más adecuado para  propiciar un verdadero ejercicio de la libertad de expresión y de información”, una de las principales banderas del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), autor de la primera propuesta nacional de Ley de Comunicaciones.

Para el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras  (CPH) Juan Ramón Mairena, “este día culmina con éxito una lucha librada por el Colegio de Periodistas, la sociedad civil y otros sectores involucrados”.

Irónicamente los representantes de la sociedad civil, sin contar a los representantes de iglesias, no fueron invitados a este proceso de “autoregulación”, así como tampoco fueron llamados a “socializar” los miembros de las 30 radios comunitarias, que actualmente operan en Honduras, lo que muestra un notable desbalance para las más de 900 emisoras privadas que transmiten a nivel nacional.

Con este acuerdo, “dejamos claro que ningún gobierno puede legislar sobre asuntos que tengan que ver con la libertad de expresión”, acotó.”La que fue una ley mordaza se convirtió en un consenso y en un pacto para lograr un punto central y que los medios de comunicación se autoregulen por sí mismos, sin la intervención del gobierno”, dijo el pastor Roberto Solórzano.

Por su parte, el empresario de la Coorporación Televicentro, organización que aglutina más de 50 frecuencias de televisión, conforme al registro de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Rafael Ferrari, dijo que este acuerdo es un gran logro “porque la libertad de opinión y expresión nadie la otorga” y por consiguiente nadie la puede quitar, restringir o limitar.

El pasado 8 de mayo, propietarios y directores de medios acordaron redactar la propuesta de un pacto social por la libertad de expresión y una cultura de paz, después que el Congreso Nacional suspendiera la discusión en cuatro mesas, sin representatividad, en las que se discutía la Ley de Telecomunicaciones, Ley de Libre Emisión del Pensamiento, la Ley de Contratación del Estado y la Ley Antimonopolios.

El documento fue firmado ante representantes de la Asociación de Medios de Comunicación; la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras; Medios de Comunicación Independientes y el Colegio de Periodistas de Honduras, con la participación de representantes de la Iglesia Católica y de la Confraternidad Evangélica de Honduras, éstos últimos actuando como facilitadores y testigos.



Otras reacciones

Víctor Rodríguez,

Periodista noticiero Mi Nación

“Realmente esto ha sido un show porque lo que está plasmado aquí, está plasmado en las leyes de nuestro país ya que las leyes han contrastado la responsabilidad de la información y ya la ley tipifica estas normas que se han juzgado tanto por difamación o por algo que te salgas de la ley y este show que montaron, al final  doblaron el brazo a los iniciadores a los que querían regular las frecuencias que no están a favor de los grandes grupos de medios”.

Marvin Ponce,

Diputado Udeísta

“Me parece que este acuerdo se compromete a mantener el honor de la dignidad humana y es importante que los medios de comunicación mantengan una cultura de paz y esto es un avance pero habrá que ver por qué se entrado una multiplicidad de medios de comunicación y tecnologías en el periodismo digital, el blog, las opiniones que se generan luego de una noticia en las redes sociales y a veces hay mucha ofensa a la persona en su honestidad y la prensa hondureña es agresiva desde el punto de vista que investiga, cuestiona, critica y es veraz y otro sector de la prensa en Honduras es muy formalista, conservadora  y que también responde a los intereses de grupos económicos”.

José Montalván

Periodista

“El acuerdo no contempla acciones como la nivelación salarial para los periodistas que laboran en estos medios de comunicación, o el combate a la ilegalidad en el ejercicio profesional del periodismo,  fomentado por los dueños de los medios a venderle espacios a cualquiera”.

“Tampoco se acordó eliminar las telenovelas de la programación diaria, porque estas representan sus mayores ganancias sin importarles el daño que causan a nuestra juventud”, comentó.

Mauricio Salgado

Periodista TNH

“Me parece una decisión muy interesante dentro del marco y el contexto jurídico y es importante destacar de que este acto de autorregulación de los diferentes medios de comunicación vendrá a beneficiar tanto a la población en general por que de una u otra manera se tienen que beneficiar todos los sectores no solo el que ejercemos el periodismo si no que toda la ciudadanía en general”.

Jorge Zelaya,

Periodista Director de TN5 Matutino

“Esto es muy determinante por que se unen esfuerzos que se ha hecho a nivel de dueños de medios de comunicación con sus distintos representantes de las diferentes asociaciones de radio y televisión, el propio presidente del Congreso Nacional que ha servido como testigo de honor ya que esto es determinante y necesario en el país por la situación de inseguridad que se está viviendo y los medios de comunicación juegan un papel fundamental y esto es un buen principio para que se pueda ir fortaleciendo”.

Juan Fernando Lobo

Diputado Nacionalista

“Muy complacido con la firma de este convenio ya que en su momento fuimos parte de la comisión dictaminadora para evolucionar la reforma a la ley de Telecomunicaciones pero lo más importante fue todo este proceso que fue en cuanto a la socialización, las consultas  y escuchar a los protagonistas a los dueños de medios, periodistas..”.

Eduardo Maldonado

Periodista, Director de Hable Como Habla

“Este es un acuerdo de buena fe, ya que es un proceso de autorregulación para cada propietario de medio y cada propietario sabe como maneja su propio medio en cuanto a su política editorial y esto impacta en no poner tiras animadas violentas a las 5:00 de la tarde o seguir viendo narconovelas a las 8:00 de la noche. Lo que hemos visto es que se comenzó hacer y lo que permite la ley son horarios de programas que se pueden considerar nocivos que están dañando a la juventud y que también están dañando a nuestros valores”.

Fabiola Budde

Periodista

“Todos los y las periodistas debemos de hacer que se cumpla el acuerdo de autorregulación, porque el problema en nuestro país es que mientras el tema está vigente, todo el mundo lo respeta, opina y quiere ser participe, pero una vez que pasa el tiempo, como que se va dilucidando y se va olvidando, debemos de ser garantes de que en efecto se cumpla y sobretodo que los dueños de medios también lo respeten”.

“Claro en esto hay una serie de intereses de por medio, sobretodo con los medios más poderosos del país, que han hecho del sensacionalismo una especie de show para atraer espectadores, sin obviar por supuesto la morbosidad de la población para este tipo de imágenes, recordemos que el humano por su naturaleza es un ser de costumbres y si se acostumbró al sensacionalismo, pues hay que cambiarle el chip e ir fomentando una cultura de paz, sobretodo trabajar con la niñez y juventud, ya las generaciones mayores se acostumbraron a esto, pero las nuevas generaciones serán (si se cumple, ´por supuesto) las más beneficiadas”.

Renato Álvarez

Periodista, Director de TVC y el Foro de Debates “Frente a Frente”

“Me parece que es excelente ya que esto genera más unidad en los medios de comunicación y esto es algo casi obligatorio por el bien de Honduras por el bien de todos”.

Rafael Ferrari,

Empresario de Televicentro

“Estamos muy satisfechos y creemos que lo más importante creemos que fue el hecho que se defendió la Libertad de Expresión, ya que de eso se trataba nuestra lucha, esta no es la primera vez, ni será la última, Honduras aprende a hacer estos diálogos a través del dialogo y los tiempos difíciles, hoy se demostró que dialogando se encuentran las soluciones a los grandes problemas del país”.

Ana María Villeda de Kafati,

Ejecutiva de Televicentro  

“Debemos seguir el ejemplo de muchos países donde el principal problema no es destruirnos unos a otros sino que fomentar un cultura de paz, de entendimiento y de hermandad y hacia eso vamos caminando como medios de comunicación responsables”.

José Elías Chain

Asociación de Radios y Televisión Independiente de Honduras

 “Esto es un gran logro, porque hemos logrado unificar el criterio de la familia hondureña (…) Los medio de comunicación, los periodistas y dueño de los medios, servirán para la unión y así poder ir por un mismo camino, para evitar la cultura de la violencia, la confrontación y así toda la familia hondureña se unifique en un solo has de voluntad”.

Juan Orlando Hernández,

Presidente del Congreso Nacional

“Estoy convencido que este es un punto que marcara la ruta de una Honduras, en donde vamos a poder proteger los valores fundamentales como el de la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-autorregulaci%C3%B3n-un-rat%C3%B3n-que-cuida-el-queso

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EUA garantiza asistencia para comicios generales

Sábado 08 de junio de 2013

 

 

Lisa Kubiske considera buenas las acciones del Gobierno en seguridad.

Lisa Kubiske, embajadora de Estados Unidos en Honduras.

Lisa Kubiske, embajadora de Estados Unidos en Honduras.
 

Tegucigalpa,

Honduras

La embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, garantizó ayer la asistencia del Gobierno norteamericano al proceso de elecciones generales que se realizará el próximo 24 de noviembre.

Kubiske manifestó que su Gobierno continuará trabajando en temas de seguridad, desarrollo, educación y salud con cualquiera de los candidatos que resulte electo por voluntad de los hondureños.

“No somos políticos ni somos gobernadores de su país, no tenemos preferido ni nada así, lo que sí es que tenemos la misma serie de temas que nos preocupan sobre seguridad, sobre desarrollo, sobre educación, salud y todo eso, y combatir el crimen organizado”.

“Vamos a ver con quién podemos trabajar y en qué trabajamos con base en las prioridades del equipo que gane las elecciones y que los va a representar a todos ustedes. Lo más importante es entender qué va a hacer cada candidato y cuál es la visión que ustedes requieren”.

“Lo que haremos es brindarles asistencia técnica, no tenemos ni partido ni candidato favorito, simplemente que el proceso sea lo mejor que se puede nosotros damos asistencia”, afirmó la embajadora de Estados Unidos.

Seguridad

Sobre las últimas medidas emprendidas por el Gobierno en materia de seguridad, la diplomática dijo que se debe continuar trabajando con “energía y fuerza” para garantizar un ambiente de tranquilidad en el país. 

“He notado un gran esfuerzo en estos días, en los últimos meses, para atacar ese problema con energía y fuerza, ojalá que se sostenga… Un gobierno es de cuatro años, aún falta más de la mitad de un año y no se puede perder ese tiempo, también cuenta”, apuntó.

Kubiske consideró “buenas” las intenciones del ministro de Seguridad, Arturo Corrales, de reformar y depurar la Policía Nacional, luego de la suspensión de las operaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

La embajadora recomendó a las autoridades del Gobierno continuar los esfuerzos para mejorar el clima de seguridad en el país y de esta manera garantizar la inversión de la empresa privada y con ello la creación de fuentes de empleo.    

Sobre el combate del narcotráfico, la embajadora dijo que es importante que se continúe trabajando en las operaciones que se han venido ejecutando para evitar que la droga continúe siendo trasportada a través de Honduras.

fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/EUA-garantiza-asistencia-para-comicios-generales

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Paro definitivo en Patuca III anuncian dueños de tierras

7 junio, 2013 – 6:14 PM

Unos 200 dueños de tierras afectados con el proyecto hidroeléctrico Patuca III anuncian paro definitivo de los trabajos de construcción de la segunda fase.

El 31 de mayo les iban a cancelar pero les incumplieron.

El 31 de mayo les iban a cancelar pero les incumplieron.

Exigen el pago de unos 700 millones de lempiras por seis mil manzanas de tierra que ya están a nombre de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El proyecto hidroeléctrico Patuca III o Piedras Amarillas tendrá una extensión de 12,330 kilómetros cuadrados en su cuenca, una generación de 104 megavatios y una cortina de 60 metros de elevación bajo la responsabilidad de la empresa Sinohydro de la República Popular de China.

Se construye en el departamento de Olancho entre los municipios de Catacamas y Patuca, a unos cinco kilómetros aguas abajo de la afluencia de los ríos Guayape y Guayambre.

El proyecto ocupará unas 12 mil manzanas de terreno que fueron negociadas con sus propietarios bajo un decreto legalmente registrado en el diario oficial La Gaceta.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Tierras, Miguel Navarro, anunció que “es irreversible el paro definitivo de los trabajos en Patuca III luego que el gobierno ha incumplido sus leyes que indican el pago de las tierras antes de iniciar con la segunda fase del proyecto que se refiere a la construcción de la cortina de embalse y la empresa Sinohydro ya está lista para eso, pero nosotros no”.

Los obreros denuncian que no les pagan ni el salario mínimo.

Los obreros denuncian que no les pagan ni el salario mínimo.

“La primera fase, que consiste en vías de acceso como carreteras, caminos, puentes, un túnel de desviación del río Patuca, construcción de los campamentos lo que ya está concluido. La primer fecha de pago establecida fue en octubre del 2011 se venció y un segundo lapso de tiempo que fue pedido por el gerente de la ENEE, Emil Hawit, también se venció el último día de mayo y era el pago de solo un 25 por ciento de las 160 propiedades que ya están registradas a nombre de la ENEE, ya no son nuestras y tampoco tenemos el dinero”.

Los trabajadores denunciaron una serie de violaciones a los derechos laborales que se han denunciado en el Ministerio del Trabajo de Juticalpa, se realizaron inspecciones sin una solución real. “Siguen violentando derechos como el pago que no es el salario mínimo y las horas extras y los fines de semana no se pagan, son 16 y 18 horas al día que los empleados laboran y no se les paga. Se les deduce cuota del Seguro Social y no están recibiendo atención médica”, dijo Navarro. (CR)

fuente: http://www.latribuna.hn/2013/06/07/paro-definitivo-en-patuca-iii-anuncian-duenos-de-tierras/

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El protagonismo de EEUU

07 June 2013 16:28 Administrador
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Con el mes de junio no solamente han llegado las lluvias invernales, sino también las campañas electorales.

Ambas realidades ocurren encima de un país absolutamente vulnerable.

La convocatoria en mayo pasado a unas elecciones necesarias para la legitimación del golpismo, que hizo tropelías contra el país en los últimos cuatro años, ocurre en mal tiempo.

Como lo expresó ayer viernes el Cofadeh en su plantón del primer viernes de mes, ocurre este alistamiento electoral en medio del peor lastre de la impunidad que se arrastra como mancha apocalíptica desde el pasado hasta el presente.

Invariablemente hemos venido a la Plaza La Merced en los últimos 30 años a profetizar con nuestro dolor los signos de los tiempos, dijo la organización que reclama JUSTICIA para más de 180 personas desaparecidas en Honduras.

Advertimos que acabaría mal el involucramiento del Estado en políticas de terrorismo como en los años  ochentas y de crimen organizado como en nuestros días.

Concretamente el Cofadeh denuncia en su plantón del viernes que Honduras no tiene Ministerio Público que ejerza acción pública independiente, ni investigación criminal confiable y mucho menos prevención ni protección para la ciudadanía.

Es total la indefensión de los movimientos sociales que luchan por el acceso a la tierra, por la defensa de sus territorios y bienes comunes, las mujeres y diversidades que defienden sus identidades y procesos.

Basta mirar hacia Río Blanco, Intibucá; San Pedro de Zacapa; Orocuina y Apacilagua; Agalteca y El Porvenir, Nueva Esperanza, Tela; San Juan Pueblo y Colón.

El régimen que sucedió al Golpe en 2010 no pudo revertir – porque quizás ni lo intentó – la zanja entre la selva y la civilidad, entre las mafias y la ciudadanía decente.

Así lo dijo el Comité de familiares de la desaparición forzada, advirtiendo que es poco el tiempo antes de las urnas para saber si participan o no los grupos mafiosos que usan el ejército y la policía contra la población.

La publicación difundida por el Comité señala que la demanda de una nueva Constitución Política crispa a los grupos fácticos al extremo de hacer la guerra anticipada contra sectores clave.

Es perceptible, además dice el cofadeh, un inconveniente protagonismo de instituciones oficiales del gobierno de Estados Unidos en este contexto nacional.

Ejemplariza que el departamento de estado gringo está metido en el financiamiento e impulso político de un “proceso electoral” que no inspira confianza, también en la Fiscalía que manejan Flores Facussé y Callejas y, de modo particular, en la Secretaría de Policías que ellos mismos entrenan.

Inclusive revela la publicación que Estados Unidos estimula en Honduras a un sector privado y, lo más protagónico, según el documento del cofadeh, es que la DEA, el FBI y el Pentágono, están poniendo en lista a sus enemigos políticos para extraditarlos a sus tribunales y cortes con una política antidrogas de doble rasero, una moneda de doble cara con la que es difícil comprometerse.

En cambio, ningún imperialismo sobre Honduras – incluyendo el chino – está mirando con seriedad humanitaria el retrato calamitoso del sistema sanitario y de seguridad, que desencadenan una pandemia social ingobernable.

El texto destaca que la violencia habla por doquier con el lenguaje mudo de la pólvora y el desamor. No hay zonas calientes en Honduras. El país hierve todo.

Acusan los parientes de la desaparición forzada que las industrias extractivas, eólicas y represamientos de ríos han desencadenado en toda Honduras una serie de  conflictos entre hombres armados y comunidades pacíficas de paciencia limitada.

Por tanto, concluye esta lectura crítica del cofadeh en su plantón de ayer que la crisis de derechos humanos continuará agravándose, de modo que es válido lanzar un S.O.S. al mundo para que venga a instalarse in situ ahora!

Con mafias internacionales financiando candidaturas, un poder económico transnacional con ejércitos y policías a su disposición y un Estado imperceptible, la población no demanda observación electoral de filas y centros de cómputo. ¡Exigimos acompañamiento para la vida!

Así habló el COFADEH de los hechos y de los hechores.

fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2642:el-protagonismo-de-eeuu-&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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The Bajo Aguán: Honduran Killing Fields

  • Written by  Gretchen Heine
 
The Bajo Aguán: Honduran Killing Fields

 

An update from Rights Action, issued on May 24, reports that on the evening of May 22 the armed forces opened fire from their posts on the Paso Aguán plantation “in what appears to be attempts to intimidate and scare the community of ‘La Panamá’ that lives inside and adjacent to the finca”. Although no current members of La Panamá’s community were killed or wounded in this raid, the attack appears to be part of a pattern of human rights abuses committed by the Honduran security forces and the Dinant Corporation’s security guards. At this point the members of the La Panamá community are almost certainly being wrongfully targeted by key state and corporate figures and are being deprived of their rights to their land.

Miguel Facussé, owner of the Paso Aguán plantation and one of the largest landowners in Honduras, has “accumulated land through coercive and fraudulent land purchases” since 1995. La Panamá formerly owned a fraction of the Paso Aguán plantation and the African palm growing on the plantation was originally planted by the community during the 1970s and 80s agrarian reform initiatives. Today the livelihood of campesinos is in jeopardy as their labor has been reduced to subsistence agriculture.

 

Paso Aguán Plantation: Dumping Ground for Desaparecidos

Over the past nine months, the community of La Panamá has managed to occupy a small fraction of land from the Paso Aguán plantation. The formation of the Campesino Movement for Refoundation — Gregorio Chávez (MCRGC) is largely responsible for this small victory. The MCRGC is a coalition of farmers that came together in response to the July 6, 2012 exhumation of the cadaver of community leader, Gregorio Chávez, which was discovered on the Paso Aguán plantation.

 

Since the military coup of 2009, over 100 campesinos have been murdered, but this statistic does not account for disappeared persons. Nevertheless, the Chávez murder moved campesinos and international organizations to redouble their search for the whereabouts of disappeared community members. The discovery that Mr. Facussé’s confederate had used the plantation as a dumping ground for Mr. Chávez raised the likelihood of finding other clandestine graves on the plantation.

 

On April 25, a Guatemalan archaeologist and forensic anthropologist of the Guatemalan Forensic Anthropology Foundation (FAFG) located a clandestine grave site on Facussé’s plantation. The anthropologists discovered the body of José Antonio López Lara, who had disappeared a year earlier. Moreover, this find provided empirical evidence to prove that Mr. López had been tortured and murdered. His body was found to have been badly wounded, his right hand was not intact, and his skull bore significant signs of blunt force blows applied to the head.

 

Eight days before his disappearance, Mr. López went fishing in a nearby river. While on his way to the river, Mr. López was warned by Dinant security guards that if he was ever seen again fishing in the river that he would be killed. Unfortunately, the choice for Mr. López to return to the river was not a voluntary one as fishing is essential to the survival of the campesinos whose food sources have been greatly diminished since the illicit de facto acquisition of their farmland. After Mr. López disregarded the threat by the security guards on April 29, 2012, he disappeared.

 

Currently, there remain at least three campesinos who have disappeared since January 2012. The Committee of Relatives of the Detained-Disappeared in Honduras (COFADEH) General Coordinator Bertha Oliva stated, “There is no doubt that in the Aguán region they not only murder, not only rape women, not only torture people, but that they also commit the most brutal crime of forced disappearance.”

 

Honduran and US Response and Manipulation

Despite international concern, the Honduran press, as well as both the Honduran and US governments, continue to neglect their responsibility to act in the best interest of the campesinos. The Honduran Desk Office of the US State Department confirmed that both the US Embassy in Honduras and State Department are aware of the violence and human rights abuses, which occurred in La Panamá on May 22 State Department representatives claimed that the shootings were in response to a “court ordered eviction,” and concluded that the campesinos are “squatters” who are illegally occupying the land. On the other hand, COHA Senior Research Fellow Frederick B. Mills said: “This is disputed land, to call them [campesinos] ‘squatters’ is to assert a bias on behalf of big landowners… We should be on the side of negotiation as formerly democratically elected President Manuel Zelaya was before the [2009] coup.”

 

The State Department clearly ignores the landholding status of the La Panamá community and, in effect, legitimizes Miguel Facussé’s skewed empire of criminals by recognizing him as the area’s rightful landowner.

 

Meanwhile, the Honduran press continues to fault the campesinos rather than the Honduran military and the land baron’s security guards for provoking the events on May 22. In “Armed Group in Bajo Aguán Discharges a Strong Lot of Ammunition,” published on May 24, the habitually servile Honduran newspaper La Tribuna  portrays the Dinant corporation guards as victims in an elaborate tale of deception. Even though the townspeople are never individually named, as a collective unit they are assumed to be an unlawful mob. For instance, they are continuously referred to as “delinquents” who were “heavily armed” in the May 22 hostilities. Yet Rights Action Co-Director Grahame Russell said: “There is no knowledge that there is armed resistance in any of the towns around the region and it is crucial to be clear about this fact because it has been used as an accusation against the campesinos.”
Finding Solutions in a System Where Impunity Reigns Supreme

While assassinations and raids do not occur every day in the Bajo Aguán Valley, Grahame Russell said, “the threat of violence and murder is a daily affair.” For this reason, the campesinos have well-developed methods of surveillance and cell phone networks that are used for communicating between communities in times of urgency. Russell described the campesinos’s systems as “profoundly organized, profoundly networked.” Part of this network serves to notify members of the community when Dinant guards or soldiers are present so that the townspeople may disperse and avoid confrontation. Russell asserted that the campesinos, while non-violent, are committed to retaining and recovering the land to which they have a rightful claim.

 

Despite the fact that there are presently cases regarding land disputes in the court system, at this time they have provided little hope for campesinos. Only once since the 2009 coup has a Honduran court justly ruled in favor of them. Additionally, after successfully representing the community of San Insidro, attorney Antonio Trejo was murdered in September of 2012. For its part, the legal system of Honduras offers no resolution as it is ridden with corruption.

 

Instead, the campesinos have adopted alternative forms of affirming their rightful ownership to the land. By mobilizing official representative bodies or “movements”, the campesinos have been able to unify and strengthen their case against their oppressors — Miguel Facussé and the Honduran military. For example, “movements” such as the MCRGC have achieved limited success by occupying land.  Other “movements” within the Bajo Aguán direct their efforts towards different aspects of the land dispute such as providing support for families of the disappeared persons and land recuperation. However, as the land dispute continues, it cannot be certain that the campesinos will not be forced to employ self-defense should the repression continue.

 

“Urgency of the Now”

Following the events of May 22 there are reports that on Sunday, May 26 authorities apprehended seven campesinos of La Panamá without just cause. Additionally, outside of the Bajo Aguán Valley, at 7:15 in the morning on May 30, a man later identified as a Honduran policeman opened fire on the Trochez family while at their home in the city of La Cieba. The father and his youngest son were murdered and the mother was hospitalized for wounds. Mr. Trochez and his family had left the Bajo Aguán region in February of this year and were living in La Cieba to protect themselves after his oldest son was killed in August of 2012. The violence related to the land dispute of the Bajo Aguán has left the geographic span of the valley.

 

Time is of the essence and despite the publicity that the land dispute has attracted, the security guards and Honduran military persist in abusing campesinos of the Bajo Aguán area. Though the campesino communities of the Bajo Aguán have proven to be incredibly resilient in their struggle against the big businesses, they need outside help. The United States ought to immediately suspend military and logistical aid to those Honduran security forces involved in the human rights abuses. This should send a clear message: stop the killing now. Also, the intellectual authors as well as the direct perpetrators of those abuses must be held accountable for their crimes before international tribunes.

 

Similarly, during the epoch of the Banana Wars, which persisted through most of the twentieth century, Honduran officials cooperated with Carl Lindner’s Chiquita “Banana Staff” to buy off Honduran judges, police, and civil authorities to corrupt local officials at the cost of  sacrificing the interests and rights of Honduran farmers. The campesino lifestyle and tradition are fundamental elements of Latin American culture, as witnessed in Honduras. Once again, the campesinos are not fighting for land per se, but rather for their basic livelihood and self-preservation. By disregarding the campesinos’s ownership of their farmland, Honduran executive and judicial branches are depriving them of their humanity. Around the world, campesinos must be identified as assets for development and be included in democratic governance. (6/8/13)

 

Note: This article was reprinted with permission of the Council on Hemispheric Affairs in Washington, DC.

fuente: http://www.hondurasweekly.com/editorial/item/16858-the-bajo-aguán-honduran-killing-fields

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Honduras Weekly Poll

Jun 07, 2013
 

 

Who is your preferred candidate to be president of Honduras? Vote >

  • Xiomara Zelaya, Libre: 48.86%
  • Mauricio Villeda, Liberal: 29.51%
  • Salvador Nasralla, PAC: 11.68%
  • Juan Orlando Hernández, National: 5.95%
  • Romeo Vásquez, Patriotic Alliance: 2.16%
  • Andrés Pavón, UD-FAPER: 0.54%
  • Jorge Aguilar, PINU: 0.43%
  • Orle Solís, DC: 0.11%
  • Will not vote: 0.76%

Polled since May 29: 925

Opinion

It is not surprising that our presidential poll has met with some initial criticism. Some of the criticism has been subtle, and some of it has been fairly blunt. The subtle criticism goes like this: “So you are polling only those with access to a computer? That leaves out a lot of Hondurans. And the poll allows non-Hondurans to vote.”

 

The underlying concern seems to be that our poll is not sufficiently broad or expansive. That’s true, but it’s true for most polls. All of the presidential polls that have been conducted in Honduras leave out a lot of Hondurans. Most polls will poll no more than a few hundred or a few thousand people. The same is true in the US. Polls are designed to take a relatively small sampling. Our poll began on May 29, and we hope to continue it through at least June. We hope to eventually poll more than 1,000 people. 

 

And yes, our poll allows non-Hondurans to vote. This is clearly a flaw in our methodology. Unfortunately, the online polling system — Survey Monkey — we are using has no way to distinguish Hondurans from non-Hondurans. This concerns us a little, not a lot. We are making a huge effort to poll Honduran sites, and so we believe a vast majority of respondents will be Honduran.

 

The blunt criticism we’ve encountered has gone like this: “127 people polled? Is this a joke? The company that conducted this should be ashamed of making public a poll with only 127 interviews…” Or… “How unprofessional. Who are these mercenaries who did the research?” Or… “127 people consulted, it’s not a believable and credible result. There is no doubt that they had already had everything fixed.”

 

No, there’s nothing “fixed” about it. It’s an open online poll, which anyone is free to respond to. So far, we have a very limited number of respondents (420, at last count), but remember that we just started polling on May 29, and we intend to keep it going for a few weeks. The poll results will depend solely on how many people opt to get on their computers, click on Poll… and vote. Really, very forthright.

fuente: http://www.hondurasweekly.com/

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JOH, el cliente más dificil de Jota Jota R.

 

voselsoberano.com | Viernes 07 de Junio de 2013 10:37

 

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Samuel Montes

A Juan José Rendón lo contrató el candidato del Partido Nacional. Tan difícil está la venta de imagen que ha abandonado momentáneamente los escenarios que tratan de modificar la percepción de las cosas y ha recurrido a técnicas básicas pero salvajes y que fueron ya usadas por su mentor Goebbels. Entre éstas se encuentra el principio de “simplificación del enemigo único que consiste en adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo”.

 

Así encontramos que las últimas semanas Juan Orlando Hernández ha sido más repetitivo que locutor deportivo cantando un gol. Una muestra de sus discursos redundantes:

 

 

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“la izquierda radical lo que quiere es boicotear el proceso, para generar la crisis y luego montar la constituyente…
“Nunca más permitiremos que un grupo de irresponsables de la izquierda radical antepongan sus ambiciones personales a la paz y tranquilidad que merece nuestro pueblo”.

“Repitan conmigo: “La verdad es que sobre Honduras se ciernen grandes amenazas, pero esas amenazas de la izquierda radical”…

Al cumplir los consejos de sus contratistas trata de posicionar a Libre y especialmente a Mel Zelaya como representante de una izquierda radical que ya gobernó el país y lo anarquizó. Puesto eso en escena, habrá que esperar el montaje de obras teatrales con extraordinaria cobertura mediática como recrear las protestas contra el golpe de Estado cuando la resistencia descargaba contra restaurantes de comida rápida (a una parte del mercado cautivo de los medios de comunicación que apoyaron el golpe de Estado le hicieron creer que era más dañino y ofensivo romper un vidrio de un chatarrero que un asesinado por la policía o las Fuerzas Armadas en una manifestación) o el montaje de posibles atentados que reforzarán la idea planteada de “izquierda radical que amenaza la paz”. Ya en plena campaña electoral, se le sumarán spots de televisión donde se descontextualice a Mel Zelaya mientras pronuncia en el techo de la embajada de Brasil “patria, restitución o muerte”, que fácilmente, con un sencillo programa de edición, pasaría a “patria o muerte” o “muerte”.

Otra táctica usada, a petición de los asesores de guerra es el “Principio de la transposición que consiste en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos… Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. La empresa Rendón sabe que las mentiras tienen patas cortas y por eso crean mentiras con cien patas; la víctima está terminando de desmentir un montaje cuando ya está en escena otra mentira que refuerza la percepción que se quiere instalar como verdad en la conciencia de la gente.

“Nunca más, nunca más que llegue la izquierda radical al poder a hacer trizas al país como lo hicieron en el gobierno anterior…”: JOH en la marcha de la mentira.

Al negar los indicadores económicos y sociales comparados entre el cogobierno Lobo-Hernández con los del gobierno de Manuel Zelaya; la estrategia estará encaminada a hacer creer que lo que pasa hoy es culpa de los que gobernaron ayer, y será reforzado con imágenes de los empleados del Banco Central empujando carretillas, el dictador genérico Michelletti enfrentado al ejecutivo o de Mel en bus recogiendo urnas en una base aérea.

Sostengo, a pesar de lo sucio que pondrán a Juan Orlando, es el cliente más duro de vender que ha tenido JJ Rendón, es la confrontación de la realidad concreta de la gente contra una realidad anterior distorsionada en un laboratorio de manipulación de la percepción de los hondureños. ¿Puede acaso vencer la manipulación el alto nivel de criminalidad que sufre la población, la devaluación, la inflación, la concentración de poder como nunca antes, los paquetazos en que se ha especializado JOH, la corrupción, el atraco por parte del Estado con la subida del precio de la energía eléctrica, el asalto a la clase media con la tasa de seguridad y la entrega de los recursos al bolsillo de los patrocinadores del gobierno nacionalista?

Considero que mal haría LIBRE, su coordinador y la candidata presidencial Xiomara Castro en validar esos argumentos y alejarse de los problemas del día a día de la gente; el golpe de Estado no puede estar en el centro de la discusión política, si no es para gestionar y exigir la aplicación de la ley a sus ejecutores. Es el momento de caracterizar la realidad nacional, destacar los puntos que más le joden la vida a los hondureños y señalar las responsabilidades a sus ejecutores actuales: Lobo – Hernández, y claro, con propuestas revolucionarias que planteen soluciones prácticas y que no lleven un eslogan que permitan la explotación ideológica de parte de los asesores de JOH.

Esopo hizo hablar a los animales con sus fábulas, Walt Disney le dio vida al pato Donald y  a la Rata Mickey. El primero, con la intención de enseñar lecciones a los seres humanos, generalmente de moral o pragmatismo  y el segundo facilitó la colonización cultural del planeta. JJ Rendón es quizá el primero que hace que los seres humanos hablen como animales.

 

 

fuente: http://voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15085:joh-el-cliente-mas-dificil-de-jota-jota-r&catid=1:noticias-generales

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Latifundio mediático

Junio 8, 2013 – 3:00pm
 

El control del espectro radioeléctrico hondureño por cinco empresas, tres mercantiles y dos religiosas, forma parte de un sistema de sometimiento psicosocial y económico, afianzado en la práctica y promoción histórica de tres objetivos fundamentales: ignorancia, pobreza y corrupción.

Hay pruebas de esta ofensa humana, ahora mismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha declarado a Honduras, el más miserable del continente americano; casi seis millones de los ocho que suma el total de la población carga miseria.

Inverso a ese desamparo, en Centroamérica, Honduras es el que en proporción cuenta con más megarricos, 205 magnates amasan una fortuna asombrosa de 27 billones de dólares (27 millones de millones, también se lee 27 mil millones).

Una cifra grandísima para escribirla en lempiras rotos; es tanto dinero, que con él podría pagarse cinco veces toda la deuda externa del Estado, que a marzo de 2013 alcanzó 5,456.5 millones de dólares. Este paisaje prevalece sobre nuestro pueblo enfermo, decaído e instruido para el atraso a través de un modelo colonial de enseñanza-aprendizaje que respeta al pirata sádico.

Nuestro país está entre los de mayor desigualdad económica en el orbe, de los más descarados en el fermento de impunidad y mucho más violento que regiones árabes sofocadas con guerras creadas por Estados Unidos y Europa.

De ocultar este infierno se ha encargado la prensa tradicional, portavoz de este sistema que niega la mínima opción de vida plena a la ciudadanía. Por eso, el mayor logro de las fallidas reformas a la ley de telecomunicaciones para romper el latifundio mediático es que de pronto sectores importantes saben que otra Honduras es imposible sin que cualquier hondureño acceda a la propiedad de medios de comunicación.

La campaña de desinformación de la prensa amoral llamando “ley mordaza” a reformas del sector telecomunicaciones para conservar el poder ideológico de un grupito que explota la mayoría de frecuencias de radio y televisión, sólo confirma el juicio vital de democratizar la libertad de expresión para emancipar el pensamiento y la voluntad de la nación hondureña.

El tema trasciende la riqueza que ha generado el monopolio de medios a las familias Ferrari-Villeda-Toledo-Andonie y lujo a la jerarquía de las iglesias Católica y Evangélica.

La concentración del espectro radioeléctrico se volvió peligrosa, es asunto de seguridad nacional, al dominar todas las franjas radioeléctricas del territorio imponen sus ideas de manera absoluta y a eso llaman “libertad de expresión”, implantan la indiferencia como conducta colectiva para seguir robando cuanto botín haya en tanto la india duerme.

Cuando Juan Orlando Hernández, que preside el Congreso Nacional, anunció el Gran Pacto que preserva el monopolio mediático exclamó: “Como lo dije desde un inicio, vamos a respetar al milímetro la libertad de expresión… el anteproyecto de ley que envió el presidente Lobo no será aprobado”.

Rafael Ferrari dio loas a Hernández: “Quiero felicitarlo porque usted ha entendido que la libertad de expresión no puede ser coartada bajo ningún punto…”. Seguido, el padre católico Tony Salinas afirmó: “Hoy hemos salido ganando todos… es necesaria una cultura de paz para el crecimiento de Honduras…” y el pastor evangélico Alberto Solórzano sostuvo: “Estoy muy complacido…”.

fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/latifundio-medi%C3%A1tico-portada-y-editorial-el-libertador-impreso-junio-de-2013

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Honduran Labyrinth

In a leftward-moving region, the iron fist of Honduras’ Porfirio ‘Pepe’ Lobo makes him Obama’s sort of ‘democrat.’

A fire at the la granja penitentiary in Comayagua, Honduras killed 361 last February. Guards refused to release prisoners from their cells, while police shot bullets and tear gas at family members trying to save relatives trapped inside. National police stopped firefighters and rescue workers from entering the prison for almost an hour.

Honduras is a key thoroughfare in the narco-corridor between Colombia and Mexico, and its economy and state apparatuses have long been permeated by drug power and its associated forms of violence. Honduras has the highest murder rate in the world, at 82.1 per 100,000 residents. The national prison system, originally designed to hold 8,000, houses 13,000 inmates in 24 prisons. Some cells are packed with over 60 inmates. A mere 53 percent of the prisoners have been convicted, fewer than 397 of the 858 that were in Comayagua before the blaze. Yet a Honduran media narrative depicting hardened, violent gang members and drug traffickers caught in unfortunate circumstances — if not receiving their just desserts — deflected blame from state officials. Another unhappy event in a hapless country, but certainly not a political one.

That asphyxiating evening, however, encapsulates the anatomy of a much wider, still-unfolding crisis that began with a June 2009 coup d’état. In pre-dawn hours, the military overthrew the social-democratic government of Manuel Zelaya and replaced him with Roberto Micheletti, a figure from a competing faction of Zelaya’s own Liberal Party. After Honduras was expelled from the Organization of American States (OAS) for the interruption of democratic rule, fraudulent elections designed to provide the regime with a legitimate face were carried out in November of that year. Porfirio “Pepe” Lobo, of the National Party, won and was inaugurated amid mass protests in the streets of Tegucigalpa.

A People Under Siege

A shadow of state repression cast itself over those elections, which is unsurprising since the reconstitution of the security forces following the coup involved the recycling of high-ranking personnel who had served under previous dictatorships. The atmosphere was a given. No candidate opposing the coup ran for election. It was boycotted by the National Front of Popular Resistance (FNRP), along with all important international observers except the National Democratic Institute and the International Republican Institute, both of which receive financing from the United States. Most Latin American governments refused to recognize the legitimacy of the results.

According to the country’s leading human rights organization, Committee of Family Members of the Disappeared of Honduras (COFADEH), there were 43 politically motivated assassinations of civilians associated with the resistance movement between the time of the coup and the end of February 2012. COFADEH acknowledges that this figure is a low estimate, as intimidation and fear of reprisal prevents communities and family members from reporting many such deaths. In November 2011, a report issued by Rights Action listed a higher figure of 59 politically motivated assassinations. Belying official announcements of national reconciliation and a return to democracy following Lobo’s victory, repression intensified immediately after he took power. COFADEH reported 250 violations of human rights in Lobo’s first three months alone.

As part of the pattern of intensified repression under Lobo, more than a dozen journalists were murdered by unidentified attackers between January 2010 and November 2011. Many of them had opposed the coup or highlighted corruption and human rights abuses. “Not a day has passed since the start of the year 2012,” notes Reporters without Borders, “without a journalist, local media owner, or social commentator receiving a phone call to say his or her life is in danger.” This trend led Reporters without Borders to conclude that post-coup Honduras was “the world’s most dangerous country for journalists in the first half of 2010.”

In the Bajo Aguán Valley, peasant activists fighting for access to land in the fertile palm-oil-producing region of northern Honduras have been under attack by both private and state security forces working for one of the most powerful landowners in the country, Miguel Facussé. He is also a notorious supporter of the coup, with ties to narco-traffickers cited in US embassy documents. Historian Dana Frank chronicled an incident exemplifying these attacks: in June of 2011, “seventy-five policemen destroyed the entire campesino community of Rigores, burning down more than 100 houses and bulldozing three churches and a seven-room schoolhouse; not one has been charged.”

In the immediate fallout from the coup, Human Rights Watch notes that “key civil liberties, including freedom of the press and assembly,” were suspended. The military “occupied opposition media outlets, temporarily shutting down their transmissions. Police and military personnel responded to generally peaceful demonstrations with excessive force. This pattern of the disproportionate use of force led to several deaths, scores of injuries, and thousands of arbitrary detentions.” The Lobo government, which succeeded Micheletti’s, has predictably failed to launch any serious investigation into these abuses.

Narcos and the State

“We are rotten to the core,” former congressperson and police commissioner Gustavo Alfredo Landaverde told the Miami Herald just weeks before being silenced by motorbike assassins at a traffic light in Tegucigalpa on 7 December 2011. According to Landaverde’s conservative estimate, one out of every ten members of the Honduran Congress is tied to drug cartels. The Honduran national police force is linked to death squads and traffickers, and judges and prosecutors are likewise implicated in complex and overlapping networks of power. According to Franck, “drug trafficking is now embedded in the state itself, from the cop in the neighborhood all the way up to the very top of the government.”

The impunity with which the coercive forces of the state operate was perhaps no more clearly demonstrated than when Tegucigalpa police murdered Rafael Alejandro Vargas, the twenty-two-year-old son of Julieta Castellanos, a university rector and member of the government’s Truth Commission, as well as Rafael’s friend Carlos Pineda. None of the suspects, all police, has been brought to justice.

In March 2012, a law facilitating the military’s takeover of ordinary police functions was extended for three months after having been introduced on a temporary basis in late 2011. Lobo has indicated his desire to make the initiative permanent. Honduras would not be the first country to take such a course of action; since his controversial election in nearby Mexico in December 2006, Felipe Calderón’s overt military escalation of the drug war has left tens of thousands dead. Colombia had an earlier start still: Plan Colombia and its successors have channelled $3.6 billion in American funds into the militarization of counter-narcotics regulation and enforcement in that country since 2000.

These sketches of a consolidating authoritarian state beneath a thin democratic veneer allow us to begin to understand why Washington has so powerfully backed the recent Honduran trajectory. In Empire’s Workshop, Greg Grandin presents Ronald Reagan’s 1980s counterinsurgency campaigns in Central America as a dress rehearsal for the subsequent American wars in the Middle East. A new stage in this dialectical exchange seems now to have arrived, with declining troop numbers in Afghanistan and Iraq freeing up personnel for a return to the Central American theater, and the Obama administration drawing novel tactical lessons and strategic variations from Bush’s war on terror.

The Stakes

Doug stokes correctly remarked in America’s Other War that “by the end of the Cold War the ‘war on drugs’ increasingly came to replace the ‘war on communism’ as the primary justification for continued US military aid to South American governments.” Both of these conjunctural battle postures, of course, were meant to conceal a deep continuity across the epochs in the underlying promotion of strategic US economic and geopolitical interests in the region. Likewise, in Honduras today, the intensification of a militarized war on drugs has facilitated opportunities for new rounds of capital accumulation through deep and extensive neoliberal restructuring of the country under Lobo, while providing the basis for a fuller projection of US military power against the left-wing social movements and governments that have taken root elsewhere in the region.

The immediate and medium-term interests of US and Canadian capitalist forces in the country include mining, hydroelectricity, tourism developments, the banana export industry, textiles, auto parts, and other manufacturing activities in the low-waged female sweat zones of the industrial city of San Pedro Sula. Foreign investors are also looking to take advantage of Lobo’s plans to privatize the country’s public education, electrical, and water systems, as well as the state-owned ports.

But there are wider Central American concerns at hand, according to longtime Honduras analyst Annie Bird. She notes a resurgence of the “business- and government-backed death squads of the 1980s” that represent “powerful interests promoting large-scale development projects, including tourism corridors, open-pit mines, biofuel plantations, hydroelectric dams, carbon-credit forests, and more” throughout Central America. Guatemala is once again reliably under the hand of former general Otto Pérez Molina, Panama under the right-wing government of Ricardo Martinelli, and Costa Rica under the center-right Laura Chinchilla.

But the governments of the Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN) in El Salvador and the Sandinista National Liberation Front (FSLN) in Nicaragua, through gutted and pacified since the 1980s, represent potential barriers to uninhibited foreign investment, resource extraction, and longer-term US efforts to tame Latin America’s tilt to the Left.

Social movements opposed to aggressive mining have emerged in powerful form even within those countries governed by the Right. New waves of conflict around natural resource extraction and its attendant processes of dispossession have meant that disputes over control and access to land have repeatedly seen indigenous and peasant communities face off against mining multinationals and their paramilitary and state backers. If drugs and gangs dominate the diplomatic discourse of politicians, capital’s access to land and resources must be at the root of any materialist explanation for the expanding militarization of Central America, Honduras included.

It is abundantly clear where the US hopes to position itself amid these regional developments. At the outset of 2011, it was announced that the nineteen-year-old Central American Integration System would be expanding its remit to include the coordination of a new Regional Security Operations Center (COSR), with the guidance and funding of the United States and the Inter-American Development Bank. This new regional security strategy is to explicitly model itself on the avowed successes of the 2007 Mérida Initiative in Mexico — itself modelled on Bill Clinton’s Plan Colombia — and its Central American corollary, the Central American Regional Security Initiative (CARSI). Also in 2011, two regional training centers and security operations were established in Panama, including what will become the headquarters of COSR. Logistics for the new operations will be supplied by the Joint Inter-Agency Task Force, a subordinate unit of United States Southern Command, which is responsible for coordinating US involvement in regional security, immigration, and drug operations in the area. According to Bird, police representatives from across Central America and the Dominican Republic will be trained to carry out the new regional security strategy at the headquarters once it is operational.

The Afghan-Iraqi-Honduran Nexus

“By countering transnational organized crime, we promote stability, which is necessary for external investment, economic growth, and minimizing violence,” Colonel Ross A. Brown explained to the New York Times from his headquarters in the Soto Cano Air Base just outside of Tegucigalpa — the only American air base between the US and South America. “We also are disrupting and deterring the potential nexus between transnational organized criminals and terrorists who would do harm to our country.”

Before being stationed in Central America, Brown spent 2005 and 2006 serving as an armored cavalry commander in southern Baghdad. His Joint Task Force-Bravo has under its command six hundred US troops who are responsible for American military activities throughout all of Central America, in coordination with the Drug Enforcement Agency, the Federal Bureau of Investigation, the Border Patrol, and US Army Rangers.

Since the coup, the US has built up its air base presence in Honduras through the establishment of three forward operating bases, ostensibly for drug interdiction — one each in the rainforest, savanna, and coast. According to one enamored Times reporter, this new tactical orientation “showcases the nation’s new way of war: small-footprint missions with limited troops, partnerships with foreign military and police forces that take the lead in security operations, and narrowly defined goals, whether aimed at insurgents, terrorists, or criminal groups that threaten American interests.” He goes on to explain that the new strategy in Central America “draws on hard lessons learned from a decade of counterinsurgency in Afghanistan and Iraq, where troops were moved from giant bases to outposts scattered across remote, hostile areas so they could face off against insurgents.”

The key distinction in the Central American theater is that US troops are officially prohibited from combat, even while accompanying and providing logistics for elite local security units such as the Honduran Tactical Response team. In practice, this careful delineation of duties doesn’t mean much. Last May, at least four people were gunned down by Honduran forces firing from a US State Department helicopter, under the supervision of uniformed DEA and US Navy agents.

In addition to the military bases in the country, the massive amount of military aid and high-level diplomatic support and engagement offered to the Lobo regime by the Obama administration reveal the extent to which the US considers Honduras to have resumed Reagan-era strategic significance. Under Lobo, Honduras is being reconstituted as a hub from which to combat popular movements and left-leaning Latin American governments, and to promote the immediate interests of US capital as well as the long-term geopolitical goals of the US state. Obama’s proposed budget for 2013 offers more than double the previous year’s military and police aid to Honduras. The country received more than $50 million in Pentagon contracts in 2011, and 62 percent of all Defense Department funds directed toward Central America that year went to Honduras. Referring to the drug war and wider US interests in the region, American ambassador to Honduras Lisa J. Kubiske characterized the Honduran armed forces under Lobo as “eager and capable partners in this joint effort.”

On 18 January 2012, Lobo was invited to Southern Command headquarters in Miami to meet with high-ranking officials. It was revealed that the US would offer new personnel to assist in further security operations in Honduras, beginning with the appointment of State Department security specialist Oliver Garza as special adviser to Lobo. A month later, Vice President Joe Biden visited the country, pledging that “the United States is absolutely committed to continuing to work with Honduras to win this battle against the narcotraffickers,” a battle to which he promised to contribute $107 million worth of new police and military funding through CARSI.

Imperial Statecraft

From the outset, the coup against Zelaya provided the United States with a diplomatic opportunity to recover some of its influence in the region, which had waned since the 1990s. In its calculated response to the coup, the Obama administration has been careful not to be seen as lending open support while nevertheless subtly undermining Zelaya and the anti-coup resistance. To brazenly champion the violent attack on procedural democracy in Honduras, in a context in which even the moderate governments of the region issued sharp condemnations of it, would have undermined whatever political capital Obama had mustered from the already waning liberal credentials of his early tenure. But this did not gainsay American aspirations to contain Zelaya and the reform movement in Honduras. Through the prism of US diplomacy, the events of June 2009 were framed as a regrettable interruption of the constitutional order in which Zelaya shared much of the blame. Micheletti’s government was depicted as transitional, and the Lobo regime, once established, was celebrated as a democratic godsend.

At each turn in diplomatic developments we witness this stylized progression. Referring on the day of the coup to the “detention and expulsion of President Mel Zelaya,” Obama merely called on “all political and social actors in Honduras to respect democratic norms, the rule of law, and the tenets of the Inter-American Democratic Charter.” There was no reference to a coup, nor was there any demand for Zelaya’s immediate return, and the forces involved were not singled out for rebuke. Instead, attention was drawn to “all political and social actors,” tacitly implicating Zelaya and his supporters as responsible for his forceful removal from power. The Obama administration declared only that Zelaya was the rightful president of Honduras and should be allowed to return home after the OAS, the European Union, the UN General Assembly, and the presidents of Brazil, Argentina, and Chile had denounced the coup and demanded Zelaya’s restitution.

Over the course of July and August 2009, the United States sought to impose a mediation of the conflict through the Costa Rican president at the time, Oscar Arias, in what became known as the San José Accord. Micheletti, still in power at the time, initially agreed to participate in the proceedings, as the US was evidently willing to insist on draconian conditions from Zelaya before arriving at any resolution. Among the non-negotiable demands presented by the US were that Zelaya end any and all commitment to constitutional reform, and that he form a national unity government with the plotters of the coup that had just overthrown his democratically elected government.

Despite the fact that the parameters of the accord would have allowed significant elements of the authoritarian regime to continue in power through a “national unity” coalition, and that it would have utterly defanged Zelaya’s ability to build toward social justice and participatory democracy through constitutional reform, it was Micheletti, not Zelaya, who torpedoed the San José agreement. Micheletti withdrew from the talks, ultimately refusing to countenance even the idea of Zelaya’s return to Honduras under any conditions. He was emboldened by American support. From the outset, the US lent credibility to Micheletti’s undemocratic government by presupposing its legitimacy as an actor with which to negotiate, and further, its legitimacy as a major player within the envisioned coalition of national unity.

Cartagena Accord

But if the us worked hard to pave the way for the legitimation of the Lobo government and its reintegration into the international community, it was ironically their regional nemesis, Venezuela, that would ultimately bring those efforts to a successful conclusion. Promoted by Colombian president Juan Manuel Santos and his Venezuelan counterpart Hugo Chávez, the Cartagena Accord was signed on May 22, 2011 by Santos, a representative for Chávez, Lobo, and Zelaya. In exchange for Chávez’s backing of Honduras’s readmission into the OAS—achieved on June 1—the Honduran government pledged to allow an end to Zelaya’s exile and to annul all legal proceedings against him. The agreement further committed the regime to protect the rule of law, to ensure the protection of human rights, and to permit popular plebiscites around political, economic, and constitutional matters. Finally, the Lobo regime, through the Cartagena proceedings, pledged to recognize any move by the FNRP to transform itself into a formal political party.

Few of the commitments made by the Lobo regime in the Cartagena proceedings were novel. Lobo had long ago formally committed his government to act within the rule of law, ensure the protection of human rights, to permit popular plebiscites around political, economic, and constitutional matters, and to recognize any political party formation the FNRP should decide to establish. There is no reason to believe, therefore, that simply because of Chávez’s support the Accord represented a serious progressive step for the Honduran people, or a setback for US interests. In fact, the Cartagena Accord provided ex post facto approval by Chávez and Zelaya for the political line to which the US has been wedded since Lobo was elected — that the Honduran government is genuinely committed to national reconciliation and deserves reintegration into the international community.

The precise reasons that motivated Chávez to support Cartagena are unclear. One possibility is the desire for stronger diplomatic ties to Colombia to ensure the continuity of economic relations with a major trading partner; another is suggested Venezuelan aspirations to upstage Brazil as the major diplomatic player on the South American left.

“Everyone is happy that Zelaya has returned,” said Bertha Cáceres of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras when we spoke with her shortly after the Cartagena Accord had been signed. His right of return “should have always been unconditional. He’s a human being and he has the right to return to his country. However, we believe that the Cartagena Accord is in accordance with US strategy. Juan Manuel Santos, the president of Colombia, played a key role, alongside Hugo Chávez, the Venezuelan president. For us it’s unacceptable that someone like Juan Manuel Santos, a recognized backer of paramilitarism in Colombia, and a violator of human rights, is talking about reconciliation and peace.”

In an interview with Carlos Amaya, son of the renowned Honduran novelist Ramón Amaya Amador and an important grassroots activist, we heard a common refrain of the Honduran resistance: “The Cartagena Accord opened up possibilities for resolving a critical ‘problem’ of the resistance that the Obama administration had been seeking to solve since the initial coup: how to channel the popular mobilization into an electoral path, how to defeat the resistance in the streets, and how to stamp out the construction of popular power and direct democracy outside of parliamentary institutions.”

Fraudulent elections may have brought to office a new face of the regime; Zelaya may have returned to Honduras; the Cartagena Accord may have been signed; but the coup — despite lacking the explicit initial backing of the United States — was successful in truncating Zelaya’s presidency, stifling efforts at constitutional reform, and instituting the basis for an authoritarian, militarized extension of the neoliberal political economy. The region’s progressive forces (leery of suffering Zelaya’s fate) and right-wing forces (emboldened by the successes of the coup) have undoubtedly taken notice. “We support the work that President Lobo is doing to promote national unity and strengthen democracy,” former Secretary of State Hillary Clinton declared at a news conference in Guatemala shortly after Lobo’s assumption of power. “What we’ve been seeing is a restoration of democratic practices and a commitment to reconciliation that gives us great hope,” Obama explained to reporters in the Oval Office as Lobo sat next to him in October 2011. Lobo has demonstrated his “strong commitment to democracy.”

The democratic delusion on offer here has been a staple of US-Honduran relations since the late nineteenth century. If Lobo is the latest emblem of that delusion in practice — having apparently re-established law and order after the unseemly interruption of Micheletti — he also exposes its ruthless center: elections as theater, direct rule by capital, and unmediated violence in civil society. We have seen much of this before, and we’ll see it again.

– See more at: http://jacobinmag.com/2013/04/honduran-labyrinth/#sthash.2p8D6ot1.dpuf

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