Archivos para 6/06/13

Honduras: policías toman sede de la fuerza

Associated Press
Published: Yesterday

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – Un centenar de agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal tomaron la sede de esa fuerza el jueves en Tegucigalpa en protesta por la suspensión de funciones de todo el departamento un día antes y reclamaron a gritos la presencia del director general de la policía Juan Carlos Bonilla para revertir la decisión.

Tras un proceso de negociación con el Ministro de Seguridad, los agentes terminaron la protesta según confirmó un cargo policial que no está autorizado a dar declaraciones a la prensa.

“Todos vamos a volver trabajar normal. Va a haber una supervisión a nivel nacional y va a notificar cuando van a ir los agentes a polígrafo y para eso se desligaran 48 horas de su trabajo para que estén descansados y relajados con el polígrafo”, dijo el agente.

Pero el Ministerio de Seguridad no ha confirmado tal extremo.

Desde el jueves, no sólo los agentes están suspendidos de sus puestos. Todas las actividades de la policía de investigación fueron suspendidas, nadie realizó levantamientos de cadáveres y los ciudadanos que registraban sus armas tuvieron que abandonar el edificio con ellas en las manos sin que nadie les recibiese al igual que ciudadanos que acudían a presentar denuncias.

El inspector general de la policía, Ramón Savillon, llegó hasta el lugar para intentar negociar, pero luego de hacer una llamada telefónica se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.

Desde el nombramiento de Arturo Corrales como ministro de Seguridad el pasado 1 de mayo, ningún policía está autorizado a hablar con la prensa.

El Ministerio de Seguridad anunció el miércoles a través de un comunicado a prensa la suspensión de las operaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) para realizarles “pruebas de confianza”, lo que provocó malestar e incertidumbre entre los agentes, que no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto.

Los agentes y oficiales de la DNIC que participaron en la protesta reclamaban la presencia del General Juan Carlos Bonilla, director de la policía, para que les ofreciera una solución. Unos 1.400 agentes en todo el país integran la DNIC aunque sólo unos 100 participan de la protesta.

Oscar Armando Flores, sargento de averiguación con 26 años de experiencia, dijo que sus familias “se sienten mal, se nos considera criminales como colectivo, que nos hagan la prueba de confianza de una vez y al que haya que despedir lo despidan… el objetivo es señalarnos como criminales para despedirnos sin pagarnos un lempira por los derechos laborales adquiridos y regresar a los 80, despedir a los policías para meter a los militares en nuestro lugar”.

Pero Gonzalo Sánchez, asesor del Ministerio de defensa y ex director de la DNIC dijo a una radio local que “aunque me duela, pero lo digo con mucho valor, ya era necesario realizar esa intervención en la DNIC, porque no se estaba realizando la investigación como debe de ser, no estaba fortalecida y estaba diezmada” y como consecuencia “se ha disparado la ola de criminalidad”.

Sánchez también afirmó que “las filtraciones del crimen organizado en la institucionalidad son verídicas” por lo que “ya era necesaria una intervención”.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo afirmó durante una rueda de prensa que “falta estructurar una dependencia de seguridad que pueda operar sin problemas y dudas, bajo el marco de la confianza que deben tener las instituciones” y afirmó que respecto “a las medidas que han tomado, tienen todo mi respaldo”.

Roberto Suazo, agente de investigación convertido en portavoz de la protesta, pidió “que se respeten nuestros derechos, que venga aquí el director general de la policía y dé la cara. Exigimos que se reinicien las actividades de la DNIC inmediatamente y permaneceremos aquí hasta que él llegue; se nos han pedido las armas pero no se las hemos entregado”.

Agregó que “nadie está en contra de las pruebas de confianza, que vengan y nos las hagan, pero citándonos uno a uno, por escrito, no suspendiendo de trabajo a toda la DNIC”.

Las pruebas de confianza son polígrafo, exámenes toxicológicos, exámenes psicométricos y de patrimonio.

Suazo explicó que “el problema real es de información, nosotros tenemos los archivos adquiridos y creados por todos los agentes de investigación del país en 15 años. Ahí está todo, la base de datos, la historia de la policía de Honduras, ellos quieren esa información y por eso quieren quitarnos de en medio”.

Los agentes insultaron y expulsaron al comisionado Alex Villanueva, director de la policía de investigación, cuando trató de negociar con ellos. “Este es un proceso iniciado y la decisión está tomada, para evitar fuga de información no den muestras ustedes de que son chusma”, dijo el director. Entonces los expulsaron al grito de “la chusma sos vos”.

“En este momento no hay operativos en la calle, la ciudadanía está desprotegida, nadie está en la calle protegiendo a los ciudadanos, aquí estamos defendiendo nuestros derechos”, dijo Suazo.

La DNIC es el departamento policial que se encarga de todo lo relacionado con los homicidios en el país, la lucha contra las pandillas así como con las inspecciones oculares, robo de vehículos, levantamientos de cadáveres, balística, antecedentes penales y policiales y registro de armas. Maneja toda la base de datos de investigación policial del país.

Honduras es el país con el índice de homicidios más alto del planeta, 85,5 por cada 100.000 habitantes.

Elías Sierra, abogado de los agentes, dijo que han emprendido acciones legales ante la fiscalía y el Comisionado de Derechos Humanos porque “la decisión de suspender a los agentes viola las leyes de la república por su arbitrariedad”.

Desde hace al menos un año, Honduras ha tratado de depurar, sin éxito, una fuerza policial acusada de ejecuciones extrajudiciales y vínculos con el crimen organizado a la que un ministro de seguridad llamó hace dos años “los controladores aéreos del narcotráfico”. Trece meses después de ser lanzado el proceso puede considerarse un fracaso, ya que se han registrado sólo 33 órdenes de separación del cuerpo entre sus aproximadamente 14.000 miembros. Además, de esas 33 órdenes de separación se han aplicado sólo siete, según datos de la Secretaría de Seguridad. Recientemente Estados Unidos decidió retirar su apoyo económico y logístico a la realización de las pruebas de confianza en el contexto del proceso de depuración policial por la falta de resultados.

http://m.apnews.com/mnnes/db_317422/contentdetail.htm?contentguid=clfR7X9o

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Diputado hondureño: Mineras reportan lo que les da la gana

Las empresas mineras que se dedican a la extracción de oro en el país remueven miles de toneladas de tierra en las montañas y no pagan impuestos. Pese a la leve generación de empleos locales en algunas zonas donde se encuentran localizadas el ingreso para el país es ínfimo porque “reportan lo que les da la gana”.

 
Por Danilo Osmaro Castellanos
 
 Santa Rosa de Copán, Honduras (Conexihon.info).- “Muchos dicen que los hondureños estamos sentados en oro y que tenemos que explotarlo, y es cierto que hay que explotarlo, pero de manera racional y justa, buscando  los mayores beneficios para nuestro país”. Así se expresó el diputado liberal por el Departamento de Copán Marcio Vega Pinto al referirse al tema de la minería relacionado con la próxima aprobación de una nueva Ley que regule este lucrativo y controversial rubro.
 
“Las empresas mineras sacan todo el oro que les es posible, exportan todo lo que pueden pero reportan lo que les da la gana, porque no hay quien los controle, el gobierno ni cuenta se da de lo que se llevan, ni si es oro u otro metal más preciado, ellos (los mineros) por si solos no van a querer pagar más, así que reportan lo que les conviene” expresó el legislador. Pinto dijo si el contenido de la nueva Ley  de Minería es bueno lo apoyará, pero si no lo es, no lo respaldará; los demás diputados podrán votar a su favor pero yo me opondré, manifestó.
 
El diputado Vega Pinto, advirtió que una vez que las empresas mineras se van de un lugar dejan mucha desolación, ¿qué pasará si en cinco o más años se va la empresa minera San Andrés de la Unión Copán? vean como han quedado varias comunidades del Francisco Morazán, además esas empresas remueven miles y miles de toneladas de tierra de las montañas y ni siquiera pagan impuestos, recalcó.
 
La minería metálica no ferrosa disminuyó en enero un 3.4 por ciento ya que los minerales de mayor representatividad en la actividad de minas como ser plomo, zinc y plata, mostraron una caída en los volúmenes extraídos debido al menor contenido de en la broza procesada. Sin embargo, la extracción de oro mostró un incremento de 16.7 por ciento, motivado por la demanda externa, la cual está siendo estimulada por el alza en los precios internacionales.
 

fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/diputado-hondure%C3%B1o-mineras-reportan-lo-que-les

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Contrato con Petrocaribe se firmaría la semana próxima

6 junio, 2013 – 12:00 AM

La próxima semana estaría viajando nuevamente una comisión presidencial a Venezuela, de donde esperan traer firmado el contrato de suministro de combustibles por medio del Mecanismo de Cooperación Energético Petrocaribe, informaron ayer funcionarios de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC).

De llegarse a firmar el contrato con Petrocaribe se esperan unos 20,000 barriles diarios de combustible venezolano, de un total de 45,000 que se consumen al día en el país.

De llegarse a firmar el contrato con Petrocaribe se esperan unos 20,000 barriles diarios de combustible venezolano, de un total de 45,000 que se consumen al día en el país.

Se conoció que Venezuela propone la reactivación de suministros bajo la nueva modalidad de la Zona Económica Petrocaribe que, entre otros cambios, propone que Honduras pague el total de las importaciones de carburantes a 90 días.

Bajo este nuevo esquema, Venezuela depositaría el 60 por ciento del crédito resultante en una institución financiera que puede ser el Banco de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba) o el Banco para las Exportaciones (Bancoex).

Para acceder a préstamos, Honduras tendría que presentar al banco fiduciario los proyectos a financiar para apoyo a la agricultura, educación y programas de proyección social.

REDUCIR ENDEUDAMIENTO

De acuerdo con expertos, la propuesta de Caracas busca reducir el endeudamiento de los 18 países que conforman Petrocaribe, en vista de que al 2013 deben más de 10,000 millones de dólares.

Se estima que al 2018 el endeudamiento rondaría los 20,000 millones; sin embargo, la preocupación de Venezuela es porque en varios países los fondos provenientes de Petrocaribe han sido desviados para gasto corriente.

Venezuela pretende tener mayor autonomía sobre esos fondos, que estarían siendo prestados a un plazo máximo de 25 años y entre cuatro y seis por ciento de interés.

En la visita, el gobierno hondureño espera traer firmado el contrato de suministro, mediante el cual Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) proveería 20,000 barriles diarios de carburantes a precios de mercado.

Honduras, por su lado, pagaría los 109.9 millones de dólares de la deuda de la importación que se produjo entre enero del 2008 a junio del 2009, con productos agrícolas.

CAMBIOS PAULATINOS

De esa misma manera se pagarían los futuros embarques que, para el Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), al mes serían cerca de 45 millones de dólares.

La comisión presidencial estará liderada por el subsecretario de Comercio Exterior, Melvin Redondo, e integrada también por representantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de Finanzas (Sefin) y el Banco Central de Honduras (BCH).

Perfecto Aguilera, técnico de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP), dijo confiar en que esos cambios se produzcan de manera paulatina y que la reanudación del suministro de carburantes se realice bajo el anterior sistema en que Honduras pagaba el 40 por ciento al contado y el resto al crédito.

Aguilera, quien estará integrando la misión, también espera que los fondos sigan manejados por el Banco Central de Honduras, mediante un fideicomiso. (JB)

 

 

 

 

 

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fuente: http://www.latribuna.hn/2013/06/06/contrato-con-petrocaribe-se-firmaria-la-semana-proxima/

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Intermediarios hacen más desgraciada la vida del pescador

Miércoles 05 de junio de 2013 08:49 pm – Redacción La pesca es un rubro que genera una serie de actividades que dejan desde pequeñas hasta grandes remuneraciones, empezando en la orilla del mar y terminando en las cocinas de las ciudades. <> La pesca es el sostén de la economía de miles de personas a todo lo largo del Golfo de Fonseca. Muchas personas viven de cargar lanchas y motores, así como de cargar y lavar redes. Decenas de personas, entre ellas muchos niños, se sientan en las orillas de las playas de Guapinol a descabezar camarones. Les pagan tres lempiras por cada libra descabezada. (Foto: Alex Pérez) La pesca es el sostén de la economía de miles de personas a todo lo largo del Golfo de Fonseca. Muchas personas viven de cargar lanchas y motores, así como de cargar y lavar redes. Decenas de personas, entre ellas muchos niños, se sientan en las orillas de las playas de Guapinol a descabezar camarones. Les pagan tres lempiras por cada libra descabezada. (Foto: Alex Pérez) 1 2 Ver Galería de Fotos (6) Cedeño, Honduras Mientras los pescadores artesanales del Golfo de Fonseca están condenados a vivir en la extrema desgracia, los grandes intermediarios se llevan las mejores ganancias de la pesca. Sin saberlo, estos trabajadores que se parten la vida en un tormentoso mar han ido fomentando una cadena de la cual dependen miles de familias. A lo largo de las comunidades costeras, puede apreciarse cómo el sudor de los marinos ha logrado enriquecer a unos pocos. Cargadores En la costa del Pacífico, la pesca es el motor de una economía injusta, donde los que realizan el mayor sacrificio son los que menos ganan. La cadena comienza a desenrollarse todos los días, en la mañana, desde el momento que el pescador va al mar. Desde las primeras horas, una gran cantidad de hombres cargan en hombros las lanchas hasta el punto de partida, otros llevan los motores y los terceros movilizan las pesadas redes. Aquel movimiento, tanto al salir como al regresar del mar, a simple vista parece una ejemplarizante acción de solidaridad, pero no es así, los pescadores pagan por estos servicios. Cargar un motor cuesta hasta 30 lempiras, cargar y lavar las redes 50 lempiras y ayudar a retirar la lancha 10 lempiras. Un bote pesquero tiene un peso superior a las 500 libras, un motor supera las 90 y las redes pueden llegar a pesar hasta 100 libras, y más, cuando están mojadas. En esta zona costera muchos jóvenes viven de esta actividad. Cuando el pescador no puede pagar en efectivo aquella ayuda, porque ni siquiera hizo el dinero del combustible, entonces cancela con los restos de la pesca del día. Intermediarios Luego en esa larga cadena que genera la pesca, aparecen los intermediarios, los hay desde los pequeños que adquieren hasta 30 libras de pescado, que luego cargan en un termo con hielo y en la madrugada toman un bus para ir a venderlas a comunidades aledañas, tal como lo hace la sexagenaria Benita Zambrano. También están los medianos intermediarios que compran hasta 100 libras, las introducen en un termo o congelador y en motocicleta o en un carro viejo van vendiendo por las comunidades. Luego están los grandes gurúes de la pesca. Estos grandes compradores y revendedores no solo controlan lo mejor del mercado, sino que manipulan hasta la actividad de los pescadores. En este rubro, los intermediarios generan otra ocupación, que es la limpieza del pescado, la cual por lo general lo hacen niños. Los pequeños y medianos revendedores cuentan, sin ambages, cómo realizan su trabajo, todo lo contrario a los grandes intermediarios, quienes no aparecen en escena. Ellos tienen recogedores del producto. Ante la falta de trabajo desde hace seis meses “me dedico a esta actividad”, dijo Franklin Navarrete. Este intermediario relató que compra hasta 60 libras de pescado, del más barato y en su motocicleta lo va a vender a Monjarás. “Compro la pancha rayada a seis y siete lempiras y la vendo a 12. De babosa llevo muy poco porque es más cara. Uno aquí la compra a 15 y se vende a 20 lempiras”, contó Navarrete. Mientras tanto, Juan Rodas, otro mediano intermediario, sostuvo que desde hace nueve años se dedica a la compra y venta de pescado y camarones. Explicó que durante tres días recoge el producto y lo lleva a vender a San Lorenzo. Explotación Los más beneficiados con la pesca son los grandes intermediarios. Ellos compran el producto barato y al revenderlo le ganan hasta el cien por ciento. Por ejemplo, la libra de camarón mediano y grande se la compran al pescador a 40 y 70 lempiras, y en los mercados de Choluteca o Tegucigalpa lo venden entre 120 y 150 lempiras, dependiendo del tamaño. Estos intermediarios, en la zona, son consideradas personas despiadadas, que lejos de apoyar al pescador para que salga de la pobreza, más bien los hunden en la desgracia. El pescador todo el tiempo es que menos beneficio tiene. Ellos van al mar a traer el producto y los intermediarios se lo pagan como quieren. Claro,ellos lo revenden y se quedan con la mayor ganancia, lamentó Enrique Vigil, presidente de la junta fiscalizadora de la Asociación para la Protección de la Tortuga Golfina. En la comunidad de Guapinol se pueden apreciar las condiciones en que viven los pescadores y las comodidades que ostentan los intermediarios. Esta gente en sus casas tienen hasta tres o cuatro carros. Viven bien a raíz de eso, relató. Recordó que ellos tienen una forma muy particular de explotar al pescador. “Le dicen ‘mirá, te voy a dar esta lancha y te la doy equipada, vale tanto, trabájala y va a ser tuya’. Mire qué política (luego le dice): ‘me entregás la mitad del producto y lo demás lo vas dejando para tu comida’”. ¿Y qué sucede al final? “Así, y a como está la situación en el Golfo, cuándo va a vivir bien el pescador, si este va al mar y consigue 200 lempiras entonces le tiene que dar al intermediario cien lempiras para amortiguar la deuda y él se queda con 100 lempiras para el combustible y para vivir”.

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Periodistas hondureños y dueños de medios suscriben acuerdo de autorregulación

Miércoles 05 de junio de 2013

06:47 pm  – EFE: redaccion@laprensa.hn

El Acuerdo Nacional por la Promoción de una Cultura de Paz y Libertad de Expresión fue suscrito en Tegucigalpa.

El presidente de la Corporación Televicentro, Rafael Ferrari al momento de firmar el Acuerdo Nacional por la Promoción de una Cultura de Paz y Libertad de Expresión.

Acuerdo para la autorregulación de los medios de comunicación
 

Tegucigalpa,

Honduras

Periodistas, empresarios y representantes de iglesias de Honduras suscribieron hoy un acuerdo para la autorregulación de los medios de comunicación, lo que supone que el Gobierno desiste de su intento de reformar la Ley Marco de Telecomunicaciones .

El Acuerdo Nacional por la Promoción de una Cultura de Paz y Libertad de Expresión fue suscrito en un hotel de Tegucigalpa con la participación de dirigentes del Colegio de Periodistas de Honduras, dueños de medios de comunicación, representantes de iglesias y el presidente del Parlamento, Juan Orlando Hernández, como testigo.

La reforma a la Ley Marco de Telecomunicaciones que pretendía el presidente, Porfirio Lobo, era rechazada por varios sectores del país por considerar que atentaba contra las libertades de expresión y de prensa.

Las partes convinieron “mantener la defensa y solidaridad en el respeto a la libertad de expresión, la libre emisión del pensamiento y libertad de prensa”, además de “edificar y sostener los valores humanos en los diferentes sectores, económicos, políticos, culturales, educativos y religiosos”.

El acuerdo también establece “una autorregulación que los medios de comunicación acuerden en la perspectiva del fomento de valores y principios para la construcción de la ciudadanía, con énfasis en la protección de la niñez en el marco legal vigente”.

“Los medios de comunicación establecerán y definirán criterios para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia , terrorismo, drogadicción y material obsceno”, subraya el compromiso.

Los periodistas, empresarios y representantes de la sociedad civil también plasmaron su voluntad de promover una cultura de paz, mediante campañas de información y educación al rescate de los valores morales, y la unidad familiar y la educación de los hijos.

Hernández felicitó a los periodistas y dueños de medios de comunicación, y destacó que el acuerdo “marcará la ruta de una Honduras diferente”.

“Me alegra saber que no era necesario plasmar nuevas normas en un documento originado por la autoridad, sino que naciera de los propios medios de comunicación”, añadió el político, quien además es candidato a la Presidencia de Honduras por el gobernante Partido Nacional.

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Ramón Mairena, expresó su satisfacción porque ha culminado “con éxito una lucha librada” por los comunicadores “la sociedad civil y otros sectores involucrados”.

“Con este acuerdo dejamos claro que ningún Gobierno puede legislar sobre asuntos que tengan que ver con la libertad de expresión”, agregó.

La iniciativa de ley que pretendía Lobo fue calificada desde el inicio como “ley mordaza” por periodistas y dueños de medios.

El presidente de la Corporación Televicentro, Rafael Ferrari, recordó que varios Gobiernos promulgaron leyes y ordenanzas para “callar la voz del pueblo y de los periodistas, pero nadie ha podido restringir la libertad de pensar y al final las ideas y pensamientos viven frente al autoritarismo”.

El acuerdo suscrito hoy surgió de una “mesa única” instalada por el Parlamento a inicios de mayo pasado, tras la decisión de los diputados de no darle curso a la iniciativa de reformar la Ley Marco de Telecomunicaciones que pretendía Lobo.

El gobernante hondureño incluso había advertido que si la reforma no pasaba en el Parlamento, instalaría una cuarta urna en las elecciones generales de 24 de noviembre próximo para que el pueblo decidiera, aunque después dijo que aceptaría una autorregulación por parte de los periodistas y dueños de medios.

fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/Periodistas-hondurenos-y-duenos-de-medios-suscriben-acuerdo-de-autorregulacion

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¿Hacia dónde se encamina la depuración policial?

Autor del articulo: Especial Proceso Digital
 
 
 
 
Tegucigalpa – El huracán que abatió la Policía hondureña durante más de un año parecía haber bajado de intensidad pero de nuevo vuelve a tomar impulso tras anunciarse acciones como la creación de fuerzas de tarea conjuntas y la suspensión de todo el personal de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
– El personal de investigación criminal fue suspendido porque está coludido con el crimen reveló el ministro Corrales a empresarios, según el presidente de la CCIC.

Cuando la presión pública por su actuación casi había desaparecido de los medios y las polémicas “pruebas de confianza” pasaban a un segundo plano, las acciones de la cúpula de seguridad y las denuncias sobre colusión e infiltración del crimen en ese cuerpo de seguridad vuelven a estremecer a la sociedad.

 
El inicio de la temporada electoral, más una mediática puesta en escena de un “cese a la violencia” en la que surgen como actores las maras Salvatrucha y la 18, eclipsó el tema de la depuración policial. También ese pacto pasó a ser nota de un día.

 
Pero la agenda volvió a centrarse en la depuración tras el anuncio de la creación de una nueva unidad policial bautizada como Unidad Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), precedida de la creación de dos fuerzas de tarea, interinstitucionales y con quehaceres no muy definidos.

Los TIGRES serán un órgano especial de la Policía Nacional, la cual operará bajo la Estrategia Interinstitucional de Seguridad que comprende acciones gubernamentales. La estructura jerárquica de TIGRES estará a cargo del director general de la Policía Nacional y comprenderá categorías y grados por antigüedad y méritos, contando con personal en el área de inteligencia, investigación, analistas de comunicación, operativa y comunitaria.

Aunque se anuncia que la misma es estrictamente policial, en la norma que le da vida se indica que la fuerza TIGRES contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras.

“TIGRES se encargará de investigar y de actividades de inteligencia, pero también tendrá capacidad de reacción que permita hacer operaciones que de otra manera la Policía Preventiva no puede hacer”, dijo el presidente del legislativo Juan Hernández, durante su creación.

Un día después…

Un día después de estas acciones y a través de un comunicado, como es la nueva modalidad de informar del comisionado de Defensa y Seguridad Arturo Corrales, se anunció la suspensión de todo el personal de la Dirección de Investigación Criminal (DNIC).

El personal de la DNIC, que opera en toda Honduras, fue suspendido entre protestas de sus miembros quienes evocaron el auxilio de los defensores de derechos humanos.

La suspensión busca dar paso a un proceso para certificar ese cuerpo investigativo y evaluar al personal que deberá someterse a las pruebas de confianza, se informó

Las autoridades indicaron que la atención al público, la recolección de denuncias de delitos comunes, será, mientras tanto, una función asignada a la Dirección Nacional de la Policía Preventiva. En tanto, los casos de crimen organizado serán atendidos por personal de la Fuerza de Tarea Policial de Investigación.

¿Y los altos oficiales?

 
En este acontecer, las medidas en que se ponían a “disponibilidad” los altos oficiales que no pasaron las pruebas de confianza, parecen ya no ser de interés, a tal grado que incluso algunos que se encontraban sin asignaciones ya volvieron a ser colocados en puestos de mando.

Crisis

 
Tras los asesinatos de los jóvenes universitarios Rafael Vargas (hijo de la rectora Julieta Castellanos) y Carlos David Rodríguez en octubre del 2011 y en diciembre de ese mismo año del experto antidrogas Alfredo Landaverde, se desató el movimiento para que la policía fuese depurada.

 
Policías fueron señalados como los responsables del asesinato de los jóvenes universitarios y se sospecha que agentes del orden también participaron en la de Landaverde.

 

Pero tras la creación de comisiones especiales, como la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), el empuje por la depuración policial perdió intensidad.

 
Pruebas de confianza a la carta

 
Las llamadas pruebas de confianza, que consistían en la aplicación de las polémicas pruebas del polígrafo, antidoping y sicométricas, entre otras, comenzaron aplicándose a agentes y oficiales de baja graduación.

 
Pero las pruebas no eran aplicadas a quienes pretendía la DIECP, el órgano encargado de realizar la depuración, sino que los mismos mandos policiales seleccionaban a los efectivos a quienes debía practicárseles.

 
Inicialmente las pruebas eran aplicadas por expertos colombianos, con asesoría de otros países, pero tras detectarse que 230 agentes no aprobaron la misma, las referidas pruebas no continuaron aplicándose de la forma inicial.

 
Luego la cúpula policial, así como el súper ministro de Seguridad, Arturo Corrales, se sometieron a las pruebas de confianza, pero cambiaron los aplicantes, ya que ahora lo hacen los agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), una instancia apéndice de Casa Presidencial.

 
Tras la aplicación de las referidas pruebas el pasado 6 de mayo, ahora Corrales señala que sus resultados no serán conocidos por la prensa.

 
“Lo que no voy a hacer es dárselos a la prensa”, dijo en referencia a los instrumentos de confianza que se le aplicaron recientemente a la escala superior de la Policía Nacional.

 
Los cambios de reglas de parte del gobierno le quitan transparencia al proceso de depuración policial.

 
Además el presidente Porfirio Lobo pretende extender la aplicación de las referidas pruebas de confianza a personal del comité técnico, que administra los fondos de la Tasa de Seguridad, mientras se intenta hacer lo mismo con fiscales y jueces.

 
Pero tras el anuncio de Corrales de que las informaciones referentes a las pruebas quedarán restringidas a las esferas de la Secretaría de Seguridad, es poco probable que fiscales y jueces quieran someterse a las mismas.

 
También en las últimas horas el Poder Judicial ha anunciado que los jueces y el resto del personal de ese ente serán sometidos a exámenes de desempeño.

 

Además la Fiscalía General es sometida a una reestructuración de parte de una Comisión Interventora que ha dejado sin funciones al fiscal general Luis Rubí y a su adjunto Roy Urtecho, cuyas cabezas parecen pender de un hilo.

Malestar

 
Mientras la rectora Julieta Castellanos y la Alianza por la Paz y la Justicia, asociación que impulsa la depuración de la policía y demás operadores de justicia, reclaman la destitución del director de la DIECP, Eduardo Villanueva.

 
Aunque Villanueva presento su renuncia al presidente Lobo, la misma no ha sido discutida al interior del Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin), ente encargado de aceptarla y posteriormente proponer al mandatario los nombres de sus posibles sustitutos.

 
Castellanos, que ha impulsado los cambios, ha pedido reiteradamente una depuración profunda de las fuerzas policiales, por la vía de una expedita intervención de una comisión internacional, así como del Ministerio Público.

 
Pero tras la última decisión del Congreso Nacional de intervenir la Fiscalía General, el huracán sobre la policía y demás operadores de justicia que parecían haber amainado vuelven a marcar la agenda, aunque la dirección no parece ser del todo clara.

Al par, los vientos se dirigen a la campaña electoral y el agite político matiza la agenda de la inseguridad en medio de confusas propuestas.

fuente: http://www.proceso.hn/2013/06/05/Reportajes/C.BFHacia.d/69808.html

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Por militarización campesinos de la Panamá no pueden sacar sus cultivos

Wednesday, 05 June 2013 19:42 Sandra Rodríguez
 

Tegucigalpa.

Habitantes de la comunidad de Panamá, Trujillo, Colón, han denunciado que debido a la presencia de tropas de la operación Xatruch- III  que comanda el coronel German Alfaro, y guardias de seguridad privada, de la corporación Dinant, ni siquiera pueden acceder a los campos de cultivo, por lo que temen no sólo perder el producto, sino quedarse sin alimentos.

Más de 300 familias que nos encontramos amenazadas por la militarización que se impone de parte de la operación  Xatruch III y la guardia de seguridad de Corporación Dinant, propiedad del empresario Miguel Facussé, denunció un de los campesinos.

Los y las compañeras de la comunidad Panamá, temen que los hombres armados, empleados por el terrateniente, estén a punto de seguir cometiendo más hechos violentos en contra de los habitantes de esta comunidad, en la que han perdido la vida más de cinco campesinos afines a la lucha por la tenencia de la tierra.

Relataron que no ingresan a los cultivos porque temen correr la misma suerte los desaparezcan, al igual que a otros compañeros en esa misma finca en los últimos en los últimos dos años, pues algunos aun no aparecen y otros aparecieron asesinados como el compañero Ramón Lobo en el año 2011, en el lote 18, de la finca Panamá.

Y en el año 2012, desapareció Gregorio Chávez, quien fue raptado de su misma parcela mientras regaba una hortaliza que había sembrado.

Y ese mismo año, fue desaparecido el compañero José López Lara, cuyos restos fueron exhumados el 25 de abril pasado. Hasta entonces la familia supo de su paradero.

Somos personas que trabajamos honradamente para obtener mediante su cultivo de maíz, plátano, yuca, arroz y palma africana, el sustento diario para nuestros hogares, que representa unos 1500 niños y niñas, y son quienes se convierten en las principales víctimas porque no solo padecen hambre, falta de educación, sino que hay varios huérfanos, declararon los campesinos.

Se contabiliza unos 120 hombres armados, entre guardias de seguridad privada y militares, mientras que “nosotros no caminamos ninguna arma de fuego, más que nuestras herramientas de trabajo, las cuales todo hombre de campo carga”, y explicaron que son machete, pica, pala, barreta y un botecito con agua.  

Y por estos hechos, nosotros, los miembros de la Comunidad Panamá, no queremos arriesgar nuestra vida, pues hay al menos 1500 niños y niñas dependen de nosotros, que somos 300 familias en total.

El conflicto agrario en la zona del Bajo Aguan, ha dejado un saldo de más de 100 campesinos y campesinas muertas, por elementos que imponen su fuerza con las armas, contra las personas que defiende el derecho a la tierra, incluso con su propia vida, puntualizó un grupo de campesinos de la comunidad Panamá.

fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2640:por-militarizacion-campesinos-de-la-panama-no-pueden-sacar-sus-cultivos-&catid=54:den&Itemid=171

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