Archivos para 17/06/13

Comisión de OEA y El Salvador conoce tregua de pandillas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras
Una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la iglesia Católica de El Salvado r llegó este lunes a Honduras para conocer la tregua entre la Pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13). La OEA ya había participado en el anuncio de tregua que hicieron los líderes de la Pandilla 18 y MS13 en el centro penal de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras. Hoy, el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, retornó a Honduras para verificar los avances del pacto de “cero violencia”. Junto a Blackwell llegó al presidio el sacerdote salvadoreño Fabio Colindres , uno de los mediadores en la tregua entre pandillas que se firmó en el país vecino en 2012, y el obispo auxiliar de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani. La visita a Honduras, según Colindres, afirmó que como hombre de fe, cree que la tregua puede dar resultados. “Venimos a dar apoyo moral al obispo Rómulo Emiliani en la búsqueda de paz en Honduras”, dijo el religioso. Por otro lado, confirmó que compartirá sus experiencias con Emiliani y la comisión de seguimiento a la tregua, “caminando de la mano hacia este gran sueño que es el sueño de la paz”. “La intención es compartir lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y en esa línea, será muy revelador para los esfuerzos locales”, añadió. Falta contundencia del gobirno Por su parte, el obispo Rómulo Emiliani aseguró que hace falta contundencia por parte del gobierno de Honduras para sacar adelante la tregua. “No hay una respuesta contundente de parte del gobierno para apoyar un proceso de paz en el país, estamos a tiempo de salvar Honduras de los altos índices de violencia, hemos tocado fondo, pero vamos a salir adelante”, expresó el sacerdote. Agregó que “en esto no sólo necesitamos apoyo moral, queremos cosas más efectivas”. Emiliani instó a sostener un diálogo sincero, con el objetivo de rescatar a los jóvenes de la violencia. “Espero que ese plan funcione y que podamos rescatar a ese montón de jóvenes que hoy están pagando una condena y que eso sirva para las futuras generaciones para que no sigan los mismos pasos de sus familiares”, indicó. En el acuerdo de paz oral, los líderes de ambas pandillas se comprometieron a frenar la violencia y pidieron disculpas a la sociedad, al tiempo que pidieron al gobierno de Honduras fuentes de empleo y respetar sus derechos. En el caso de El Salvador, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica afirmó en mayo que “la tregua entre pandillas no ha producido los beneficios que la población honrada y trabajadora esperaba por sí misma”.

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TSC espera que interventora del MP agilice judicialización de más de 200 casos por enriquecimiento ilícito

Tegucigalpa – La magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi de Anchecta, solicitó a la Comisión Interventora del Ministerio Público, que judicialice los casos por enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios que se han desempeñado en el sector público.

Reveló que el TSC ha enviado 227 expedientes por casos de enriquecimiento ilícito, de los cuales solamente algunos han sido judicializados.

Lamentó que otro tanto de los casos, no han sido judicializados, porque los funcionarios “andan huyendo fuera del país”. La funcionaria no precisó el número de casos.

La magistrada indicó que entre esos casos figuran ex alcaldes y funcionarios públicos, quienes “han abandonado el país, una vez que el tribunal les ha notificado pliegos de responsabilidad”.

En ese sentido, solicitó a la Comisión Interventora del Ministerio Público que busque las opciones adecuadas para que se resuelvan esos casos.

“Aquí tiene que haber un trabajo muy duro de la Comisión Interventora del Ministerio Público y de los juzgados de la República para que hagan ese trabajo”, expresó.

Apuntó que “yo creo que la gente ya está cansada de sólo oír que se ha hecho trabajo, pero que no se deducen responsabilidades”.

Anchecta destacó que la documentación de esos casos se encuentra en poder del Ministerio Público, organismo que cuenta con el monopolio de la de la acción penal.

http://www.proceso.hn/2013/06/17/Nacionales/TSC.espera.que/70343.html

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Fiscal General y Fiscal Adjunto serían acusados de abuso de autoridad y violación a deberes públicos

La Comisión Interventora interpondría en los próximos días requerimiento contra el Fiscal General, Luis Rubí, y el Fiscal Adjunto, Roy Urtecho, por los cargos de abuso de autoridad y violación de los deberes.

El Ministerio Publico es una entidad que actualmente que no declara pausa aun, ni cuando esta intervenida por una Comisión con plenos poderes, hay que cambiar la estructura institucional de la acción penal pública, como parte de un proceso que es plenamente apoyado por todos los fiscales.

La Asociación de Fiscales está convencida que la entidad no está perdida y que existe espacio para su recuperación, después de casi 20 años de existencia necesita renovarse y replantear su papel frente a la sociedad para ofrecer una respuesta contundente a la nueva forma de penetración de la delincuencia y de la criminalidad organizada.

El Ministerio Público puede ser enrumbado hacia un mejor camino y hacia un corto plazo, las debilidades que adolecen no deben ser analizadas de manera aislada, sino como parte de todo un esquema de debilitamiento progresivo de las instituciones responsables de darle operatividad a la Ley y a la Justicia.

El informe presentado por la Comisión Interventora, está enfocado básicamente en el sector administrativo, el análisis del Estado de la Persecución del Delito en el país es una tarea pendiente que necesita ser completada.
La falta de recursos indudablemente influye en el incumplimiento de todas las funciones encomendadas al Ministerio Público, a pesar de esa limitación en el año 2006 la institución presentó siete mil 156 requerimientos fiscales y hasta el 2012 dichas acciones sumaron 12 mil 142 expedientes.

Hay que aceptar que existe una descoordinación en la cadena de operadores de Justicia, genera especial preocupación el hecho que Honduras no cuenta con una policía de Investigación, este vacío resulta paradójico, porque en las últimas semanas se creó unas fuerzas tareas tácticas con facultades para desarrollar la investigación criminal.

La situación es tan crítica que cada agente de investigación, tiene sobre sus espaldas hasta 400 casos por resolver, desde que la investigación criminal fue trasladada a manos de la Policía se produjo una fractura en la operación de la Justicia de la cual la Fiscalía no puede recuperarse.

Analistas consultados son de la opinión que lo peor que puede ocurrir dentro del actual esquema de intervención es que los fiscales comprometidos, honestos y responsables, sean arrastrados por la desmotivación y la incertidumbre, la Sociedad Civil propone llevar a cabo un proceso completo para mejorar las disposiciones de gerencia del Ministerio Público, reactivar los programas de capacitación de fiscales en el marco de una política institucional efectiva.

El riesgo de la politización de las acciones interventoras se desvanecerá o confirmará en la medida que sean presentados y sustentados, los resultados y las evidencias según el criterio de los integrantes del Organismo no Gubernamental.

De las tempestades deben surgir oportunidades para encaminar al Ministerio Público, de cuyas crisis son responsables los mimos políticos que negocian el nombramiento de la alta jerarquía fiscal, la presente coyuntura es una oportunidad para aprender la lección y corregir los errores.

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Corrupción le cuesta lps. 20,000 millones anuales a Honduras

Escándalos y casos de corrupción le cuestan 20,000 millones de lempiras anuales a los hondureños…

Mientras está previsto que una lluvia de acciones legales comiencen a caer esta semana sobre los funcionarios de diversas categorías, a quienes se les presume involucrados en responsabilidades civiles, administrativas y penales en los casos del Ministerio Público y del sector salud.

La Comisión Interventora de la institución que ejercita la acción penal iniciará la presentación de requerimientos por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos contra el fiscal general, Luis Rubí, y el fiscal adjunto, Roy Urtecho, tras la revelación de una serie de excesos en la gestión administrativa y en el manejo de los recursos humanos de la institución.

Y en el sector salud, sacudido por una endémica podredumbre, el Tribunal Superior de Cuentas ha confirmado actos de corrupción, por cuya causa fueron notificados 66 pliegos de responsabilidad que ascienden a más de 257 millones de lempiras.

Las investigaciones efectuadas por el ente contralor tomaron como referencia gestiones anteriores y el actual Gobierno y un monto examinado de 6,600 millones de lempiras en ocho auditorías entre 2002 y 2009.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas tiene en su poder los expedientes remitidos por la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, que incriminan a ocho oficiales en el supuesto delito de enriquecimiento ilícito por un valor superior a los 75 millones de lempiras.

La corrupción en el país es un mal epidémico que se ha enraizado con tanta profundidad que se estima que el país pierde un promedio de 20,000 millones de lempiras anuales a causa de tales prácticas amorales.

Numerosos estudios sociológicos ponen de relieve que un combate o control efectivo sobre la corrupción, permitiría incrementar en 400 por ciento el ingreso per cápita de Honduras. Es el segundo país más pobre de la región y ocupa los primeros renglones de la corrupción en América Latina.

Inversionistas especializados en la medición del impacto de la los actos carentes de transparencia, aseveran que los grados de pobreza en el país están íntimamente ligados con la corrupción.

Un concepto dominante es que la corrupción se consolidó en nuestro país como un “monstruo de diez mil cabezas, de suerte que hay que identificar las principales y cortarlas de raíz”.

La Organización de Estados Americanos ha hecho hincapié en la aplicación de mecanismos que ayuden a detectar, sancionar, reducir y erradicar la corrupción.

El organismo continental visualiza un esquema en el cual la Procuraduría no debería inhibirse de realizar acciones contra quienes “pecan en arca abierta”, la Corte Suprema debería constituir tribunales especializados en el tema y el Tribunal de Cuentas tendría que mantener una persecución de los delitos imputados a servidores públicos.

Los escándalos han estado por inercia en el primer plano de la realidad nacional y en las diferentes administraciones y regímenes. Hace unos años, se denunció que en las instituciones contraloras se quemaron en algún momento 380 mil expedientes que contenían información de personas con ingresos reportados entre 5 mil y 5 millones de lempiras.

En su tiempo provocó estupor el caso de la condonación de 2,000 millones de lempiras en el campo del desarrollo agrícola, en tanto la defraudación fiscal era calculada arriba de los 11,000 millones de lempiras.

En los archivos están, igualmente, los expedientes de Ciudad Mateo, la quiebra de varias instituciones bancarias, Comunitas, Brazos de Honduras, el Petrolazo, Sextos Juegos Centroamericanos, los escándalos que han estallado en diversos institutos de previsión.

Una mancha en la moralidad pública representaron, asimismo, los casos del soborno HONDUTEL-Latin Node y el retiro de varios millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central, un episodio conocido como “el carretillazo”.

Y más recientemente, generaron tremendo alboroto la detención de la esposa e hijo del ex ministro de Finanzas, Héctor Guillén, en posesión de un millón de lempiras, la separación del ex secretario de Industria por la remodelación de su despacho con fondos privados, la introducción irregular de unas cuatro mil toneladas de arroz, la intervención de la ENEE en San Pedro Sula por la venta como “chatarra” de una maquinaria en buen estado e irregularidades diversas en el Seguro Social.

Se agregan los casos de corrupción en la Empresa Nacional Portuaria, en el INPREMA, en el IHNFA y en Obras Públicas, la contratación oscura de cien megavatios de energía, la podredumbre en educación, la descomposición del sector salud y la reproducción de las “manzanas podridas” dentro de la Policía, entre otros ejemplos de aguda polémica de la vida nacional.

Al amparo de la impunidad, florece la corrupción, las faltas a la transparencia y se acentúa la pobreza, mientras se destruye la moralidad pública.

La respuesta del rezago al que ha estado encadenada Honduras está, pues, en la debilidad institucional y en la dispersión de acciones para deducir responsabilidades, en aras de que el peso de la ley caiga sobre quienes han tomado ventaja de su influencia económica o política para beneficio propio, en perjuicio de las mayorías.

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Honduras: asesinan a miembro de partido Libre; guardias reprimen a dolientes

Tegucigalpa. En circunstancias misteriosas fue ultimado el sábado anterior el miembro del partido Libertad y Refundación (Libre), Marvin José Rivera, a inmediaciones de la colonia Nueva Suyapa al noreste de la capital de Honduras.

Minutos antes de su muerte, Rivera había estado en los preparativos de la asamblea efectuada ayer en el Nacional de Ingenieros Coliseum, en el cual estaría presente.

El ahora occiso se trasladaba a su casa en una motocicleta cuando lo interceptaron varios desconocidos quienes, sin mediar palabra, lo acribillaron dejándolo herido de gravedad.

De inmediato fue trasladado al hospital Escuela donde falleció.

Segundos después del atentado llegó al lugar la candidata presidencial de Libre Xiomara Castro a solidarizarse con los familiares de la víctima, sin embargo, guardias privados pretendieron impedirle el acceso al centro asistencial.

Ante la negativa de los miembros de la seguridad, dolientes y pacientes del hospital le exigieron a los guardias que le permitieran el acceso a la presidenciable y en respuesta recibieron golpes con armas cortopunzantes y machetes.

Durante el altercado uno de los reclamantes resultó herido en uno de sus brazos por lo que tuvo que ser atendido de inmediato por el personal de emergencia del nosocomio.

Castro informó que acompañaría a los familiares del asesinado luego que diera su discurso durante la asamblea que realizó el nuevo partido político.

Cabe señalar que con el asesinato de Marvin Rivera se engrosa la lista de asesinatos políticos cometidos desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 cuando se derrocó al expresidente Manuel Zelaya.

Organismos de derechos humanos señalan que más de 200 crímenes contra miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y de Libre siguen en la impunidad.

http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-asesinan-miembro-de-partido-libre-guardias-reprimen-dolientes

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