El 4 de febrero tuvo lugar en Ginebra, Suiza, la 84 ava sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en la cual se examinó el informe presentado por el Estado de Honduras en diciembre del 2012.
El Observatorio de los Pueblos indígenas y Negros de Honduras, ODHPINH presentó un informe alternativo, con el propósito de desenmascarar el maquillaje vertido sobre la realidad de nuestros pueblos por el Informe del Estado preparado por la Secretearía de Justicia.
El pasado 21 del presente mes, La CERD publicó sus observaciones finales sobre el informe presentado por Honduras. En ellas recalca el racismo y discriminación existentes en Honduras, situación que parece agravarse a pesar de las medidas cosméticas asumidas en los últimos años, para contrarrestar la deplorable imagen que posee Honduras en materia de derecho shumanos.
Como fue señalado en repetidas ocasiones durante el examen, Honduras tardó más de tres décadas en ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, tras haber firmado el instrumento; además de dilatarse 11 años en presentar su informe correspondiente.
Uno de los puntos más interesantes de las observaciones presentadas por la CERD, es en referencia a la independencia judicial, indicando que el Comité sigue estando preocupado por la destitución de varios magistrados, en particular miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La CERD solicita al Estado que le proporcione información sobre la destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 12 de diciembre de 2012.
En Honduras la inexistencia de independencia de poderes, y la imposibilidad de una aplicación verás de justicia acompañado por la persecución judicial de los defensores de los bienes comunes, forman parte de la estrategia de destrucción de los pueblos y sus culturas.
En relación a las Zonas De Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), indica que “el Comité nota con preocupación la información recibida según la cual la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) permite la entrega de franjas del territorio nacional a inversionistas. Estas zonas gozan de autonomía funcional y administrativa, y pueden contar con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva, así como con sus propias fuerzas de seguridad, lo cual podría tener consecuencias dramáticas para Pueblos Indígenas y Comunidades afrohondureñas establecidas en la misma región”.
Agregando “El Comité recomienda al Estado parte que examine la compatibilidad de dicha ley con los instrumentos internacionales adoptados por el Estado parte, en particular aquellos instrumentos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, tomando en cuenta el rango constitucional que tienen los instrumentos internacionales adoptados por el Estado parte”.
Sobre el Derecho a la Consulta (CPLI), “el Comité exhorta al Estado parte a desarrollar mecanismos prácticos para la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada de una manera que respete el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades afectadas y a garantizar la implementación sistemática y de buena fe de dichas consultas”.
La CERD es contunde en relación al Convenio 169. manteniendo que ” es de aplicación directa, y que por lo tanto la ausencia de una norma interna al respecto no excluye la obligación de implementar el derecho a la consulta previa, libre e informada”.
El Comité fue contundente en cuanto a la enorme pobreza que afecta a los pueblos indígenas y negros como consecuencia del racismo estructural existente en el país. Al mismo tiempo hace observaciones sobre la definición de discriminación racial en el Código Penal, y la Declaración y Programa de Durban, entre otros.
El caso de los buzos Miskitos salió a flote: Los más de 400 muertos y 4000 lisiados, como consecuencias de las operaciones de la flota pesquera industrial y la utilización del buceo con tanque, se ha convertido en una tragedia de enormes secuelas para ese pueblo. Cabe señalar que el Comisionado Anwar Kamel de la India, increpó al estado por la masacre de Ahuas, perpetrada por fuerza internacionales que convirtieron al pueblo Miskito en su objetivo.
Para los pueblos indígenas y negros de Honduras, los resultados del examen en la CERD, contribuye a exponer el racismo incrustado en el despojo sistemático que vivimos a través de un sinfín de leyes, diseñadas para rematar lo bienes comunes y promover la entrega del país a las empresas extractivas.
Sambo Creek, 24 de Febrero del 2014
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Honduprensa 