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APUVIMEH denuncia que funcionaria de Justicia y derechos Humanos les discrimina

Denuncias

Origen: APUVIMEH denuncia que funcionaria de Justicia y derechos Humanos les discrimina

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Ni de largo ven la justicia las personas LGTBI en Honduras

La situación de estigma, discriminación y falta de acceso a la justicia, sumado al mensaje tendencioso por parte de Medios de comunicación corporativos y  del fundamentalismo religioso es una constante que ataca a quienes integran la comunidad Lésbico Gay, Transexual Bisexual e Intersexual (LGTBI), en el país.

 Así lo expresó el defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR) Erick Vidal Martínez a pasosdeanimalgrande.com, cuestionó el papel desempeñado por el Estado hondureño para el cumplimiento de reconocimiento de compromisos internacionales adquiridos y la impunidad ronda en el asesinato de defensores de derechos de este sector.

Pero el punto que criticó fuertemente Martínez fue el mensaje de odio y estigma que emprende la alta jerarquía de la iglesia tanto católica como evangélica, el cual calificó como “perverso e irrespetuoso”, ya que con ello se vulnera el principio de laicidad, lo grave es que este comportamiento es  avalado por el Estado de Honduras porque no procede a sancionar a representantes de este sector,

“Ante el actual contexto que tenemos en el país, como es la elección de magistrados y magistradas de la Corte de Suprema de Justicia en la cual la sociedad civil ha sido excluida del proceso, considerando la injerencia de sectores religiosos o iglesias y sobre la mora judicial que pesa en los casos denunciados a través de los año para las personas Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales acceder al sistema de justicia se considera una falacia o utopía”, manifestó Martínez.

Reconoció los avances en generar estadísticas de casos de asesinatos LGTB, interposición de denuncias en el CONADEH y Fiscalía de Derechos Humanos, creación de unidades de investigación LGTB; pero en el actual gobierno que ha minimizado el trabajo en derechos humanos han decaído estas iniciativas por la falta de voluntad en elevar los perfiles de la comunidad LGTB, denunció.

Relatoría de la CIDH Preocupa situación de indefensión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría de derechos para las personas LGTBI, en su informe anual 2015, cuestionó el papel de los diferentes Estados de la región americana específicamente en el comportamiento del sistema de justicia en detrimento del ejercicio pleno de sus derechos.

El informe destacó varias barreras que tienen los integrantes de diversidad sexual entre las que destacan la falta de atención y tratamientos adecuados por parte de los operadores de justicia para llevar a cabo una denuncia interpuesta por este sector, seguidamente continúan con las presunciones estereotipadas a la hora de realizar investigaciones solo por la expresión de género de la víctima.

Sobre este punto, Martínez expuso que actualmente se está trabajando en una propuesta de esta Ley que tiene como reto proteger a las personas transexuales y que permita el reconocimiento de la ciudadanía de las mismas para optar a trabajo, vivienda, salud, educación libre de discriminación.

El procurador de derechos de la comunidad LGTB denunció el rol de la policía nacional o militares que al momento de abordar estos casos algunos de ellos en vez de brindar asistencia para proteger la integridad de las personas , se convierten en agresores cometiendo violaciones de derechos humanos.

También se tiene conocimiento que las agresiones que reciben las personas LGTB por parte de terceros en la mayoría de los casos quedan en la impunidad, debido a que existen patrones culturales generados en “la moral y buenas costumbres”,  violencia que al no ser sancionada crea una cultura de miedo en  las personas LGTB.

“Hay iniciativas desde las organizaciones LGTB y defensores y defensoras  de Derechos Humanos donde el Estado de Honduras reconozca la identidad de Género, basada en las diversas recomendaciones y tratados que ha firmado a nivel internacional”, dijo.

La CIDH ha recibido información de manera consistente sobre las serias deficiencias en la investigación de casos de violencia por prejuicio hacia orientaciones sexuales e identidades de género no normativas.

El Estado de Honduras informó a la CIDH que la Oficina del Procurador General registró al menos 122 homicidios de personas LGBT entre los años 2009 y 2013, de los cuales únicamente el 24 por ciento llegó a la etapa judicial, y de estos sólo en un cuatro por ciento se dictó una decisión final.

Emblemas de la impunidad

A pesar de que en el año 2013 se mostraran avances en la legislación penal, específicamente en el artículo 231 del Código Procesal Penal, los cuales condenan la agresión por motivos de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo dos casos de asesinato, Como los de Walter Tróchez y Erick Martínez Ávila, se han convertido en emblemáticos por el poco avance en sus respectivas investigaciones que den con los responsables.

Tróchez, reconocido por su activismo de derechos humanos hacia la diversidad sexual, fue asesinado el 13 de diciembre de 2009, convirtiéndose como una víctima del Golpe de Estado de junio de ese año. Mientras que Martínez Ávila, periodista y también defensor de derechos humanos , fue asesinado el 07 de mayo de 2010,  posterior a dos días de reportarse como desaparecido tras haber salido de su casa.

Con respecto a estos dos casos Erick Vidal Martínez comentó que existen muchos casos en los cuales se ha obtenido respuesta, sin embargo en estos casos específicos catalogados en su momento como asesinatos políticos, el Estado de Honduras ha sido incapaz de dar respuesta.

Cuestionó que en su momento presentaron a personas responsables de estos crímenes  “sin embargo, el mismo sistema de justicia liberó al pasar de los años a estas supuestas personas responsables y argumentó que había  falta de evidencia o vinculación en los asesinatos”.

Hasta la fecha no se han capturado a los culpables de ninguno de estos asesinatos abonando a la impunidad que tiene el sistema de justicia para las  violaciones a los derechos humanos de  las personas LGTB de Honduras” finalizó diciendo el integrante de MDR.

Esta situación ocurre a pesar que se ha dicho que en la Fiscalía de Delitos contra la Vida a través de la Unidad de Crímenes de Alto Impacto se están investigando los casos, pero la realidad es otra cosa.

Origen: Pasos de Animal Grande – Ni de largo ven la justicia las personas LGTBI en Honduras

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Tolupanes y lencas se atrincheran en sede de la OEA

Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn

Unos diez miembros de la etnias Tolupan y Lenca se encuentran atrincherados en la sede diplomática de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiendo reunirse con el secretario general de ese organismo continental, Luis Almagro, con quien buscan un diálogo para que se les garantice la aplicación de medidas cautelares de las que gozan.
Los indígenas se apostaron pacíficamente en la sede de la OEA desde el viernes, previo a la llegada de Almagro, quien llegó a Tegucigalpa con la intención de propiciar el diálogo entre el gobierno y la oposición, que reclama la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Honduras (CICIH).

Tres de los indígenas Tolupanes y dos Lencas, gozan de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos formaron parte también, de los huelguistas de hambre que durante 30 días se sometieron a esa medida, a efecto de generar consciencia y presión en el gobierno para luchar contra la corrupción.
Los indígenas quieren exponerle a Almagro, que pese a contar con las medidas cautelares, son objeto de constantes amenazas por defender sus derechos en sus comunidades.
A raíz de la ocupación, los alrededores de la sede de la OEA en Tegucigalpa permanecen fuertemente custodiados por elementos policiales.

En una carta enviada, la Red de Defensores de Derechos Humanos de Honduras, solicitan a Almagro que se reúna con los demandantes porque están siendo víctimas por el incumplimiento de convenios internacionales que los protegen, como el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Señor Luis Almagro, escuche la voz y acceda al diálogo con pueblos históricamente agredidos y asesinados y ahora desplazados y amenazados en sus territorios”, dice la misiva en la que además le piden al representante del organismo continental, que no facilite “ningún diálogo que pretenda negar o hacer más larga la espera de justicia para el pueblo hondureño”.

La coordinadora del Consejo Cívico de Pueblos Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, detalló que en el último año han matado a seis tolupanes por oponerse a una minera y una hidroeléctrica, en las montañas de los departamentos de Yoro y Francisco Morazán, a unos 200 km al norte de la capital.
Por su parte, los lencas rechazan una hidroeléctrica que pretende construir un represa en el río Gualcarque en el departamento de Santa Bárbara, unos 200 km al oeste de Tegucigalpa, indicó Cáceres.

Fuente: http://criterio.hn/tolupanes-y-lencas-se-atrincheran-en-sede-de-la-oea/

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Entre trapeadores y bolsas repletas de basura indígenas esperan ser atendidos en sede de la OEA en Honduras

Saturday, 08 August 2015 05:35 Written by  Cesario Padilla Published in Contexto Read 66 times

Al fondo puede verse bolsas de basura. Cansados de tanta espera están dormidos en incómoda posición Al fondo puede verse bolsas de basura. Cansados de tanta espera están dormidos en incómoda posición

Cinco miembros de la tribu tolupán de San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro y dos de la tribu Lenca se presentaron este viernes 07 de agosto a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Tegucigalpa con el objetivo de lograr un encuentro con el Secretario general  de ese organismo, Luis Almagro, sin embargo les tocó realizar dicha espera en el área de lavandería de esta sede diplomática. Al cierre de esta nota aún se encuentran en ese sitio.

Entre trapeadores y bolsas repletas de basura esperan por el pueblo tolupán José María Pineda Alejandra Antonia Cabrera, Ramón Matute, Juan Samael Matute y por el pueblo lenca Francisco Sánchez y Gaspar Sánchez y aseguraron permanecerían en el lugar hasta ser escuchados por Almagro.

Este hecho ha sido calificado como un acto de discriminación contra los indígenas, por la defensora de derechos humanos, Karla Lara, quien transmitió las incidencias de este hecho la tarde de este 07 de agosto, o a través del Programa Radial Sin Café no hay Mañana,de la Central de Cooperativas Cafetaleras de Honduras.

Los representantes de ambas tribus llegaron en horas de la tarde a la sede de la OEA en esta capital, para presentar a Almagro un panorama sobre situación a la cual se enfrentan en sus territorios.

El Secretario General de la OEA viene para avalar el diálogo propuesto por el Presidente Juan Orlando Hernández , el cual es rechazado por un amplio sector de la sociedad hondureña.

Asimismo entregaron una carta dirigida al máximo representante del organismo internacional , en sus cinco puntos contextualizan la situación por la que atraviesan ,  destacaron el asedio y despojo de sus tierras, el asesinato de los miembros de ambas tribus y la exigencia de una mayoría de la población hondureña sobre la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH).

 Tolupanes foto La Prensa

Foto:Diario La Prensa

Siete miembros del pueblo indígena-tolupán, seis hombres y una mujer, se incorporaron por más de 30 días a esta acción popular a una huelga de Hambre contra la corrupción y la impunidad,  que se realizó por más de 30 días a inmediaciones de Casa Presidencial .

Cabe destacar que los miembros de la tribu tolupán cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), desde hace año y medio, las cuales fueron  solicitadas por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en noviembre de 2013, debido a la grave situación contra sus vidas.

Al cierre de esta nota, los siete representantes de ambas tribus continúan instalados en la Sede de la OEA en la Colonia Palmira, de la capital,  en  compañía de periodistas  y defensores y defensoras de derechos Humanos, mientras la zona está rodeada por  dos cordones de efectivos policiales fuertemente armados.

Derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley

Tanto el Convenio No 169 de la OIT como la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas señalan que los indígenas tienen derecho a ejercer y a gozar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en el derecho internacional así como los “derechos generales de ciudadanía”, sin ningún tipo de obstáculos o discriminación, en especial aquella que deriva de su origen étnico. Este derecho es aplicable por igual a hombres y mujeres (Convenio 169, art. 3; DU, preámbulo y art. 2). En particular, las personas indígenas tienen derecho a acceder, sin discriminación alguna, a la educación y a la salud (DU, arts. 14 y 24).

Asimismo, tienen derecho al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, en esferas tales como la educación, la vivienda, el saneamiento, la salud, la seguridad social, el empleo y la capacitación (DU, art. 21). Los Estados tienen el deber de extender progresivamente los regímenes de seguridad social a los pueblos indígenas y aplicarlos sin discriminación (Convenio 169, art. 24).

Los Estados deben adoptar medidas especiales para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación contra las personas y pueblos indígenas (DU, art. 15), así como para garantizar a los miembros de los pueblos indígenas el mismo nivel de vida y oportunidades a las que tienen acceso los demás miembros de la sociedad. Estas medidas deben reflejar las aspiraciones de los pueblos indígenas de proteger, mantener y desarrollar sus culturas e identidades, costumbres, tradiciones e instituciones.

Vea Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas Aquí

 

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“Nos da pena que el presidente diga que es Lenca”: José Gaspar Sánchez

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – Después de sortear un par de retenes y permanecer retenidos por media hora en poder de la policía, los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (Copinh) pudieron llegar hasta inmediaciones de Casa Presidencial para apoyar a 22 manifestantes que permanecen en huelga de hambre hace 32 días para exigir la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
La policía intentó impedir su ingreso, pero finalmente llegaron, contó José Gaspar Sánchez Acosta. Los indígenas Lencas viajaron la tarde del 23 de abril para acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) a apoyar al periodista David Romero Ellner que está refugiado en esta oficina y a los 22 huleguistas.
“Nos retuvieron dos veces y nos registraron. Es obvio que ellos sabían que venimos para acá, la persecución por parte de los entes de seguridad de pedirles papeles cuando ellos saben que con una vez que nos hayan detenido no había necesidad de volverlo a hacer”, denunció Sánchez Acosta.
La postura de los indígenas es crítica porque no están de acuerdo con las decisiones del presidente, Juan Orlando Hernández.
“Este señor Juan Orlando Hernández hasta nos da pena que diga que es Lenca porque si en verdad fuera Lenca no estaría entregando el país, ahorita ese viaje que anda haciendo por Asia es entregado más el país, promoviendo la venta del territorio, la industria minera, las concesiones de represas, las Ciudades Modelos”, sostuvo Sanchez Acosta.
“Estamos solidarizándonos y demandamos títulos comunitarios, también el tema de represas, un tema que también afecta”.
Sánchez Acosta señaló que también están Indignados e Indignadas y solicita que se acabe con la corrupción.
Sánchez Acosta y los demás integrantes del Copinh, encabezados por Bertha Cáceres, permanecerán por varios días, acompañando a los huelguistas.

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Honduras: CInPH denuncia de mujeres Lencas contra Corporación Municipal por discriminación .‏

jueves, 9 de julio de 2015

Señores: Ministerio Público.
Nosotras las abajo firmantes, mujeres Indígenas pertenecientes al pueblo lenca de Honduras, entre las que estamos:
Esperanza Domínguez García, vecina de El Paislal Intibucá, María Asunción González Martínez, vecina de la comunidad de Azacualpa Intibucá, Alejandrina Gómez, vecina de Llano de la Virgen Intibucá, Intibucá, María Marisa Amaya Chávez, vecina de Quebrada de Lajas, Intibucá, Mercedes Gracia, vecina, de Quebrada de Lajas, María Alejandra Pineda Domínguez, de la comunidad de El Paislal Intibucá, María Lina Domínguez, vecina de Pailal Intibucá , María Santos Cáceres Martínez, vecina de Quebrada de Lajas, María Domínguez,vecina del Cacao Intibucá, Norma Gómez vecina del Cacao Intibucá y otras mujeres vecinas del municipio de Intibucá, querernos denunciar a la Corporación del Municipio de Intibucá encabezada por el señor Javier Martínez, por los delitos de racismo, discriminación contra las mujeres Indígenas, violación de los derechos humanos, abuso de autoridad por los hechos siguientes:
1. Resulta señores del Ministerio Público, que la Corporación Municipal mandó terminar la construcción de un mercado sin hacer una consulta a la población, en clara violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el mismo está ubicado frente al cementerio municipal y al par de un rio contaminado por aguas servidas.
2. En el mercado no se ha asignado puestos para la población indígena, que siempre venimos a la ciudad a vender nuestros productos y resulta que la municipalidad nos ha asignado un calle al par del mercado recién concluido y en la cual manan corrientes de aguas servidas contaminadas por eses fecales en lo que es el acto más desvergonzado de recismo y en violación a leyes y convenios internacionales.
3. Resulta que, como nos venimos a vender en mejores condiciones en las orillas del mercado histórico, que ahora quiere la alcaldía para complacer a la Cámara de Comercio de Intibucá, al pretender utilizarlo para otras actividades, entonces envían a la policía municipal en compañía de la policía nacional y el ejército de Honduras a maltratarnos, robarnos nuestros productos que nos ayudan a medio sobrevivir, en esta pobreza. Además nos insultan y nos mantienen bajo permanente amenaza.
4. Nos mantienen en una situación de terror al grado que nos dicen que estamos a lo que diga la fuerza s Armadas para con nuestras vidas.
5. Se nos está criminalizando por ser pobres y no se nos permite ganarnos la vida de manera honrada.
Ante esto presentamos formal denuncia ante el Ministerio Público para que en cumplimiento de su deber proceda a investigar y presentar los requerimientos correspondientes a fin de que se deduzca las responsabilidades civiles y penales y no sigamos sufriendo esta penosa situación.
Nos amparamos en la Constitución de la República, el Convenio 169 de la O.I.T. la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
Y para constancia firmamos. En Intibucá, Intibucá a los 8 días del mes de julio del 2,015.

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Pueblo indígena Lenca entre abandono, pobreza y despojo

Mar 20, 2015

Comunidades Lencas ubicadas en el occidente hondureño,  son víctimas de la marginación,  discriminación,  despojo de sus bienes y formas de vida,  de acuerdo a los resultados del informe denominado “Nueve diagnósticos de aproximación sobre la situación de 81 comunidades”, presentado esta semana en Tegucigalpa.

“El estudio se desarrolló en las comunidades de los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara y se hizo en  las comunidades Lencas, que mantienen su militancia en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de sus 22 años de lucha que cumpliremos el próximo 27 de marzo”.

Lo anterior lo  aseguró Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH, quién además recordó que la trayectoria implica procesos firmes en defensa de la vida, bienes comunes y de la naturaleza, territorios, agua, espiritualidad, salud, educación, derechos colectivos e individuales del Pueblo Lenca.

“Desde la conquista, el despojo y la miseria pone su huella en una constante en la vida social de los indígenas hondureños. Sin embargo en pleno siglo XXI esto ha tomado otros rostros y  otras formas, pero nadie de la clase política en nuestro país, quiere admitir que hay una corriente subterránea permanente de políticas sistemáticas de genocidio de los pueblos indígenas”, indicó Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Abandono y entrega 

De acuerdo al informe: las carreteras son malísimas, al igual que los caminos de acceso. Parece cumplirse en un 95% una sentencia que apuntaría que mientras más Lenca es una comunidad peor es el estado de sus caminos y carreteras de acceso.

Siguiendo la lógica de abandono por parte del Estado las comunidades en su generalidad carecen de servicios de saneamiento y de servicio de agua. Cuando hay servicio de agua es porque la comunidad lo ha desarrollado como un proyecto a su cuenta.

Los proyectos del modelo depredador como hidroeléctricas, minas, ciudades modelo, bases militares, etc. han incrementado la crisis y conflictividades por el agua y hay una disputa en las comunidades relacionada con el derecho humano al agua frente a la privatización y a las imposiciones trasnacionales y de los organismos financieros, ponen en peligro el precario acceso al agua que tienen la mayoría de comunidades.

Más del 70% de las comunidades consultadas no tienen acceso a la energía eléctrica. Las que tienen acceso al servicio generalmente son las que están más cerca de las zonas urbanas o la carretera.

Salud y educación

“La consulta que se desarrolló en 81 de las 200 comunidades  reveló que  los centros de salud y las escuelas se encuentran a grandes distancias de muchos de sus beneficiados y beneficiadas. Hay una política de privilegio urbano y de discriminación a la ruralidad que coloca los centros de salud y las escuelas en poblaciones centro, dejando en desventaja a los más distantes”, manifestó Berta Cáceres.

Según el estudio: los hospitales y los colegios de educación secundaria están ubicados en las cabeceras departamentales para un uso mayoritariamente mestizo. Los centros de salud y las escuelas se encuentran a grandes distancias de muchos de sus beneficiados y beneficiadas.

Hay una política de privilegio urbano y de discriminación a la ruralidad que coloca los centros de salud y las escuelas en poblaciones centro, dejando en desventaja a los más distantes. Los hospitales y los colegios de educación secundaria están ubicados en las cabeceras departamentales para un uso mayoritariamente mestizo.

Problemas 

Berta Cáceres, indicó que el Estado sigue afectando al pueblo Lenca, incumpliendo sus obligaciones básicas. Esta es una conducta, crónica, histórica y sostenida que con altibajos de intensidad se ha mantenido durante toda la república.

“Hay referencias a la violencia provocada o resultante de la injerencia de terratenientes y transnacionales. Durante los grupos de trabajo se reportaron casos como en río Blanco en el que las personas participantes señalaron que las relaciones entre río Blanco y las otras cuatro comunidades han sido estrechas y fraternas”.

Sin embargo el testimonio de las y los integrantes del grupo de trabajo en Río Blanco es que las relaciones con El Barrial y con Valle de Ángeles se han deteriorado profundamente a causa de que estas dos comunidades están, en términos generales a favor del proyecto hidroeléctrico, en tanto Río Blanco se ha opuesto enérgicamente, según el estudio.

A contraparte, expresan que las relaciones con San Bartolomé y la Unión se han estrechado a causa de la oposición al proyecto hidroeléctrico ya que las tres comunidades se “han unido en la lucha”.

“El Estado y las transnacionales también ejercen violencia directa contra las comunidades y las personas Lencas. Para el caso se cuenta en Río Blanco el asesinato de don Tomás García el 15 de julio de 2013 a manos de un militar que fue sobreseído por el juzgado correspondiente. Este militar también dio un balazo en la espalda al hijo de don Tomás, Allan”, indicó el investigador Fabricio Herrera, uno de los encargados del estudio.

Manifestó que en 2014 se produjo el asesinato del niño Maycol Rodríguez, de 15 años, quien desapareció el 8 de octubre de  de 2014. El hermano de Maycol, William Jacobo Rodríguez había sido asesinado con anterioridad el 25 de mayo de 2014. Actualmente hay dos niños más, hermanos  de Maycol y William, bajo amenaza de muerte.

“La acumulación por despojo es el motor del neo-liberalismo que aspira a mercantilizar todos los elementos de la naturaleza y del mundo e incluso del universo: todos los recursos, tierras, aguas, aire, animales, plantas, minerales, paisajes y sobre todo la gente pueden y deben ser mercantilizados”, concluyó Berta Cáceres.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1944-pueblo-ind%C3%ADgena-lenca-entre-abandono-pobreza-y-despojo

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Acoso recurrente a activistas de comunidad LGTBI en Honduras

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La medida cautelar 457-13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgada en favor a la Asociación para una Vida Mejor (APUVIMEH), registra desde el 2009 cómo los miembros de la comunidad LGTBI han sido objeto de asesinatos, amenazas, actos de agresión y hostigamientos, como consecuencia de su actividad en defensa de la comunidad.
Sandra Zambrano, directora ejecutiva de APUVIMEH (Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras) destaca que la citada medida cautelar de la CIDH incluye, entre otros casos, el asesinato del ex secretario general de esa asociación, Walter Orlando Trochez, que tuvo lugar 13 de diciembre de 2009.
“Más recientemente, entre agosto y noviembre de 2013, se intensificó el acoso a varios miembros de la asociación, y el 15 de diciembre de ese mismo año, se irrumpió una celebración para extorsionar y amenazar a muerte a todos los miembros si no se pagaba determinado monto –reseña Zambrano–. Se presume que la amenaza proviene de miembros del cuerpo de seguridad del Estado y vale recalcar que hasta ese momento ninguna autoridad estatal les había otorgado protección”, concluye la activista.
Zambrano relata que con posterioridad a la medida cautelar de la CIDH, se han producido más casos de hostigamiento, tales como: el seguimiento, toma de fotografías y allanamiento habitacional de un miembro por parte de elementos policiales. También señala el ataque físico y amenaza de muerte hacia la activista de la Colectiva Lésbica ANAT/APUVIMEH, Jennifer Artola, ocurrido el 27 de agosto de este año. Finalmente, menciona el reciente asalto a las instalaciones de APUVIMEH, el pasado 29 de septiembre, del que ya se informara días atrás.
Asimismo, Alejandro Valladares, activista y defensor de los derechos humanos en Honduras, reseña el caso de Jonatán Rafael Escobar Cruz, también miembro activo de APUVIMEH, quien desde hace un par de semanas ha empezado a recibir amenazas de muerte, hostigamiento y persecución, a través de llamadas telefónicas. De acuerdo con la información suministrada por Valladares, las amenazas comenzaron cuando Escobar Cruz junto al equipo técnico han empezado a denunciar la impunidad que rodea las muertes de sus compañeros activistas de los derechos LGBTI al Ministerio Público.
Los nombres se suceden, la lista de ataques se incrementa. Zambrano también menciona Arely Gómez, activista trans de su organización. “De manera conjunta con un grupo de defensores de derechos humanos desde APUVIMEH asumimos la responsabilidad de dar seguimiento en el Ministerio Público de los casos de muertes LGBTI”.
La directora de APUVIMEH suma el caso del presidente de la Junta Directiva de la asociación, José Zambrano, reconocido activista LGBTI con 30 años de trabajo, quien dejó el país de manera temporal en marzo por amenazas a muerte. “Hay amenazas en contra de nuestras vidas (aun cuando contamos con la medida cautelar de la CIDH). Las denuncias en contra de la impunidad las venimos realizando desde el año 2010”, señala la activista y concluye: “Hasta el día de hoy ninguna autoridad ha dado las muestras de investigar o de importarle nuestra situación”.
Por su parte, Valladares recuerda que entre 2008 y 2014 suman 185 los miembros de la comunidad LGBTI asesinados en Honduras, “registrándose solo en este año 14 asesinatos por crímenes de odio”. /Fuente:  LAC@ILGA.ORG

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Tasa de seguridad respaldaría créditos de mujeres campesinas en Honduras // Dina Meza: Bancos piden a las mujeres campesinas un título de propiedad y hasta que tengan pareja

jueves, 4 de septiembre de 2014

Escrito por Redacción en Jueves,04/09/2014 – 11:02

La iniciativa busca crear un programa de crédito solidario para mujeres del área rural (CREDIMUJER) vía decreto legislativo.
• CREDIMUJER será el instrumento financiero del Estado, para atender las demandas locales de las mujeres rurales, en organizaciones campesinas, y traducidas en proyectos de desarrollo rural.
• El programa tiene el respaldo del Espacio de Agencias de Cooperación Internacional (ACI), de OXFAM, organización privada de desarrollo de Inglaterra y de ONU Mujeres.
Tegucigalpa,Honduras (Conexihon).- Bajo el lema “las campesinas merecen todo nuestro crédito” mujeres representantes de organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y cooperativistas presentaron el día de hoy ante representantes del Congreso Nacional y la cooperación internacional una propuesta de ley que otorgue acceso al crédito a las mujeres rurales del país, como una propuesta para combatir la pobreza rural que afecta al 65 % de las mujeres que habitan en el campo.
La propuesta presentada al hemiciclo legislativo pide crear el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER),  programa que favorezca a las mujeres rurales organizadas con o sin tierra, que facilite el financiamiento para crear proyectos de inversión y de emprendimiento agrícola para las mujeres del campo, así lo expresó Yasmín López vocera de la campaña.
“Con la presentación de esta propuesta de ley esperamos que el Congreso Nacional demuestre la buena voluntad para resolver la crisis agraria que afecta a la población campesina, particularmente a nosotras las mujeres que representamos el 50% de la población rural, más de 2 millones de mujeres rurales”, expresó la dirigente campesina.
Difícil acceso al crédito

Edith Villanueva, pequeña productora cafetalera de Marcala señaló que esta propuesta surge del poco apoyo y las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder al crédito y recursos productivos en el sector rural. “De los fondos destinados a créditos agrícolas de parte de BANADESA solo el 11% se orienta a mujeres, lo que refleja el escaso apoyo que el Estado nos brinda en igualdad de condiciones para producir alimentos y combatir el hambre”.
Según datos de instituciones como la FAO las mujeres representan el 70% de la mano de obra agrícola, siendo fundamentales para la economía de las zonas rurales de los países en vías de desarrollo, pero al mismo tiempo son las que afrontan más dificultades para acceder a recursos productivos o a créditos.
“Cuando llegamos a los bancos, lo primero que nos piden para obtener préstamos es tener un título de propiedad como hipoteca, título que la mayoría de mujeres no tenemos por no ser dueñas de la tierras y las tasas de interés de los bancos son elevadas y la mayoría de veces impagables, lo cual nos termina sumiendo en el endeudamiento y la pobreza”, apuntó Yasmín López.
Un estudio presentado en marzo de este año por las mismas mujeres evidenció que de los 2 millones de mujeres que habitan en el área rural el 92% no posee títulos de propiedad sobre este importante recurso.
El “Programa de Acceso a Crédito para Mujeres del Área Rural” (CREDIMUJER), facilitaría el acceso a recursos financieros para las mujeres a bajos intereses (entre el 2% y 5%), lo que permitiría a las socias de las organizaciones orientar dichos préstamos al desarrollo de rubros que ellas consideren rentables y con garantía solidaria.
Esta iniciativa ha sido un proceso de construcción participativa de las mujeres rurales y ha contado con el respaldo y apoyo del Espacio de Agencias de Cooperación Internacional (ACI) así como Oxfam y ONU Mujeres y la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional.
El crédito aumentaría las cosechas un 20%

En este sentido, Fabrizzio Biondi representante de Oxfam mencionó que “las mujeres son cruciales para poner fin al hambre y la pobreza y al negarles sus derechos y oportunidades negamos también a sus hijos/as y a la sociedad un futuro mejor. Si el Estado garantizara un acceso igualitario a los recursos productivos y al crédito se aumentaría las cosechas de un 20% a un 30% lo que conllevaría un notable crecimiento económico para el país”.
“Hoy hacemos oficial entrega al Congreso Nacional a través de la Comisión de Equidad de Género de esta propuesta que hemos venido apoyando como parlamentarias mediante la cual buscamos atacar uno de los principales problemas que afrontan las mujeres al pedir un crédito por la falta de garantías suficientes.
Desde la Comisión de Equidad de Género sabemos que poner recursos en las manos de las mujeres pobres mientras se promueve la igualdad de género en el hogar y en la sociedad arroja grandes beneficios para el desarrollo del país”, apuntó la diputada Yadira Bendaña quien preside dicha comisión.
Bendaña, agregó que el proyecto beneficiará a más de dos millones de mujeres, que se  aglutinan en unas 39 organizaciones y es producto de la convicción de ser capaces de sumar en las coincidencias.
El artículo uno de la propuesta señala que se crea el Programa de Crédito Solidario para la Mujer Rural (Credimujer), como un organismo desconcentrado, adscrito al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), con autonomía administrativa, técnica y financiera.
Tasa de seguridad para funcionamiento

Las campesinas exigen que para el funcionamiento de dicho programa se asigne un porcentaje de los fondos para la reactivación del agro que ha propuesto el actual gobierno y una proporción de la tasa de seguridad que recauda 150 millones de lempiras mensuales, otra alternativa puede ser asignar fondos de los bienes incautados por la OABI, “porque una ley de crédito sin fondos sería como un campo sin tierra”, sentenciaron las campesinas.
De su lado, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, felicitó este miércoles a las diputadas de las distintas bancadas que conforman la academia parlamentaria, luego de recibir en la sesión del pleno, la propuesta del decreto de ley.
Esta es una muestra más de que se pueden encontrar puntos de coincidencia, que en el Legislativo existen propósitos comunes y hay más de una racionalidad para ver las cosas porque el pueblo les mandó a buscar consensos, apuntó Oliva, luego de pedir al secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, dar el trámite respectivo a la iniciativa de ley.
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Honduras: Bancos piden a las mujeres campesinas un título de propiedad y hasta que tengan pareja‏.
Por Dina meza

El sistema bancario nacional reproduce la desigualdad con que son tratadas las mujeres en Honduras porque cuando una campesina llega a un banco lo primero que le piden es que tenga un título de propiedad a su nombre y una pareja, entre otras de las exigencias, así lo denunciaron dirigentas campesinas en el marco de la entrega ante el Congreso Nacional este 03 de septiembre, de una propuesta encaminada a que las mujeres tengan acceso a créditos en forma expedita.

Decenas de mujeres llegaron a la capital para entregar en las propias manos de los diputados y diputadas el proyecto de ley denominado “Credimujer”, en un hecho histórico que demanda respuestas rápidas del legislativo.
Yadira Benaña, Presidenta de la Comisión de Género y Equidad recibió el proyecto y se lo entregó allí mismo al presidente del Congreso Nacional , Mauricio Oliva, a quien le manifestó que si se aprueba esta Ley va a traer alivio a las mujeres del campo, mientras las mujeres campesinas dieron lectura a un posicionamiento donde destacaron que los huertos no deben ser ensangrentados sino para producir, en referencia al asesinato de Margarita Murillo, dirgenta en el Valle de Sula que fue acribillada la semana pasada por hombres encapuchados cuando trabajaba la tierra.

En el recibimiento de la propuesta por la Comisión de Género estaban otras diputadas como Sherly Arriaga y Argentina Valle del partido LIBRE, Fátima Mena del PAC, entre otras.
Edith Villanueva, de la Coordinadora de Mujeres Campesinas de La Paz, COMUCAP, dijo que “Estamos alrededor de 28 organizaciones de mujeres campesinas del área rural representadas , estamos presentando una propuesta al Congreso Nacional donde queremos que lleve un programa de créditos , su nombre es Credimujer porque queremos que favorezca a todas las mujeres del área rural y fortalecer las empresas campesinas de mujeres que han sido cerradas por falta de recursos”.
Señaló que hay muchos obstáculos cuando solicitan crédito a los cuales no tienen acceso porque no tienen garantías de tierra y los bancos demandan un valor exagerado aunque el préstamo sea únicamente de 20 mil lempiras, “esto es una limitante bastante fuerte porque la vida en el campo es muy dura, se suma a ello la situación de la sequía, la enfermedad que le dio al café, nos encontramos en una crisis muy fuerte en el campo y es hora que tengamos que gritar para que nos escuchen”.

Villanueva destacó que las mujeres no han sido dueñas de la tierra porque siempre está titulada a nombre de los hombres. “Muchas mujeres están solas porque en vez de sufrir violencia por sus cónyuges se han quedado solas y tienen hasta ocho hijos , por eso queremos que los títulos vayan a nombre de las mujeres, eso lo estamos exigiendo a las municipalidades”.

Según la dirigente la Ley de Igualdad de Oportunidades no se está cumpliendo en el campo porque la mayoría de los casos los alcaldes tienen como prioridad al hombre, ejemplificó que si se va a vender una propiedad al hombre le dan el dominio pleno rápido en cambio la mujer pasa meses tras meses exigiendo se lo den sin resultados, por eso exigió que se trate a las mujeres con dignidad porque tal como se hace en la actualidad es una violación a los derechos humanos de todas las mujeres del campo.
“Cuando la mujer no tiene acceso a los créditos baja la economía porque aportamos al país, porque la mujer es el brazo fuerte en el campo porque reproducimos vida, desde allí deben ver el valor de la mujer y no haber tanta desigualdad.”, expresó la campesina procedente del departamento de La Paz , en la zona central del país.

Por su parte Magdalena Morales, Coordinadora de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC en El progreso, Yoro, explicó que el impacto que tiene la lucha por la tierra cuando las mujeres son criminalizadas es muy grande porque siempre las mujeres han sido discriminadas , nunca son tomadas en cuenta en un crédito, “por eso es que estamos presentando este proyecto de Ley pidiendo a los diputados que nos ayuden a las mujeres” .
Morales describió que los bancos les piden un montón de requisitos los cuales no pueden cumplir porque enfrentan un sistema patriarcal agresivo.
Detalló que entre los requisitos están la exigencia por parte de los bancos de un ingreso semanal o mensual a , un título de propiedad , “y que no seamos madres solteras , que tengamos una pareja , eso nos limita como mujeres para un crédito”.
Para ella eso sucede y no se detiene porque en el país nunca se ha hecho ningún análisis sobre el tema porque no está en la agenda nacional dada la discriminación hacia las mujeres en general y en especial a las mujeres rurales que están invisibilizadas.

A eso se suman otros obstáculos como la criminalización hacia las mujeres por la lucha por la tierra, “cuando una mujer tiene procesos judiciales eso es más crítico porque lo primero que nos miran es el perfil y créalo que esto afecta bastante porque en mi caso me han llevado a juicio injustamente porque jamás he cometido un delito, nos afecta tanto materialmente como espiritualmente , nuestro nombre está manchado, pues con solo mencionarlo y dar nuestro número de identidad ya saben que estamos procesadas”, denunció Morales.

La entrega del proyecto de Ley se hizo con la presencia de los diputados y diputadas en el pleno del legislativo a eso de las cinco de la tarde, las mujeres esperaron varias horas pues el evento se había programado desde la mañana pero como el presidente del Congreso Nacional estaba en la Casa Presidencial, no se pudo a esa hora.

Honduras viola la CEDAW

Con estas acciones el Estado de Honduras violenta la Convención contra todas las formas de Discriminación hacia la Mujer , CEDAW, pues no garantiza lo que señala este instrumento internacional de aplicación obligatoria para los Estados, entre ellos el artículo 13 que ya señala que:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero”.

También el Artículo 14 que se refiere a las mujeres del campo: “Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales”.

La semana anterior llegó al país Alda Facio, Ralatora de la ONU del Grupo e Trabajo “Discriminación de la Mujer en la Legislación y en la Práctica”, se presentó al pleno del Congreso Nacional y solicitó que el Legislativo ratifique el Protocolo Facultativo de la CEDAW, y las mujeres tienen unos 12 años de esperar que Honduras por fin lo haga.

Las mujeres demandan que esta propuesta no se quede en las gavetas del Congreso Nacional sino que siga un proceso rápido y se apruebe porque el hambre no espera.

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/09/tasa-de-seguridad-respaldaria-creditos.html

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Mini faldas, mini mentes

Martes, 19 de Agosto de 2014. Ver en línea
Mini faldas, mini mentes
La hipocresía de las dirigencias y liderazgos de nuestras élites es tan alta que han logrado que las familias acaben teniendo miedo y hasta terror que sus niños vean en la televisión un desnudo de una mujer o de un hombre mientras gozan cuando esos mismos niños se divierten viendo gente armada hasta los dientes mientras se matan en escenas de verdaderas carnicerías sangrientas.

Algo de esa hipocresía ha quedado palpable con la prohibición de las minifaldas en el Congreso Nacional. El problema no son las minifaldas sino las mentes de los diputados, repletas de morbo y perversión. Lo que prohíben delata lo que podrían llevar en su mente. Si prohíben las minifaldas es porque en las mentes de los diputados podría subyacer un violador en potencia, y ante la incapacidad de hacerlo en público –porque seguramente esa violación la ejercen en el ámbito de lo privado, de lo doméstico, donde nadie los ve–, ejercen el derecho a prohibir las minifaldas por el convencimiento de que otros sí harán en público lo que ellos por cobardía solo lo podrían ejercer en el secreto de la impunidad.

La prohibición de las minifaldas no delata a las mujeres que las usan, sino a las mentes que las prohíben. Es la mente de los que caminan con la doble o la triple moral. Muy buenos padres de familia o unos abuelos bonachones, esposos formales con sus buenos modales, mientras a escondidas abusan de empleadas, ofrecen empleo a cambio de favores sexuales o tienen otras prácticas propias de la diversidad sexual al tiempo que en lo público denigran a las organizaciones de gays o lesbianas.

La prohibición de las minifaldas revela al otro yo de los diputados y en generala una sociedad conducida por una implacable cultura patriarcal. Los varones se asustan y escandalizan en público de la vestimenta femenina que con tanto orgullo muestran la dignidad y soberanía de nuestros cuerpos, mientras ellos se visten con la corbata y el traje de buena dignidad que es muy difícil de probar.

No sabemos qué es más impropio, si el cuerpo que tan soberanamente mostramos las mujeres, o el traje pulcro y muy bien delineado de un diputado que a saber cuántas corrupciones e impunidades carga en su cuerpo, en su corazón y en su mente miniatura.

Fuente: http://radioprogresohn.net/multimedia/NuestraPalabra/2014/Agosto/19/Index.html

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Juventud de Talanga abordó los DDHH en el foro: “No a la Discriminación”

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Talanga, Francisco Morazán.

La Casa de la Cultura del municipio de Talanga albergó a unos 500 estudiantes de ambos sexos del Instituto Manuel Zelaya Rosales que asistieron para participar del foro:  “NO a la Discriminación” en el que disertaron:  Bertha Oliva, Erick Martínez y Rigoberto Ulloa, destacados defensores y defensoras de derechos humanos.

En su intervención la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, se mostró emocionada de compartir con adolescentes el tema de los derechos humanos.

Oliva agradeció al director del Instituto Manuel Zelaya Rosales, Fredy Cruz y al cuerpo de docentes por “tomar la decisión tan acertada para invitarnos a compartir con ustedes, me he dado cuenta de la grandeza, de la calidad y de la entrega que se tiene por las juventudes”.

La defensora de derechos humanos alabó ese compromiso al destacar que varios maestros del Instituto Manuel Zelaya Rosales, tienen más de 3 años sin recibir  salario alguno y a pesar de ello continúan realizando sus labores docentes y por ello hay que hacer ejercicio ciudadano y cadenas humanas para que los maestros y maestras puedan tener su salario a tiempo y un salario digno.

Entrando en la temática, Oliva citó varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos en donde destaca que todos los hombres nacen libres en igualdad, en dignidad y derechos y también  que nadie podrá ser discriminado por su sexo, raza, religión o cualquier otra condición.

“Esos son dos artículos fundamentales de los cuales nosotras desde el COFADEH hacemos la lectura ciudadana todos los días para respirar, caminar, apoyar y ayudar en la línea de la no discriminación. La declaración universal de los derechos humanos debemos conocerla pero sobre todo implementarla”, resaltó Oliva.

La pregunta formulada por uno de los estudiantes, en el sentido de si ¿se siente discriminada por defender los derechos humanos?,  la coordinadora del COFADEH señaló que todo lo que hacemos en la vida es político, pero la opción que nosotras hemos tomado es no ser políticos partidarios, para quienes conocen la realidad de este país, saben que hoy en día el tema de los derechos humanos sigue siendo un tabú, hay mayoría de gente que está diciendo que el actual problema que tiene Honduras es por los derechos humanos.

“Y lo están diciendo desde el Estado, desde las estructuras del Estado, entonces hacer trabajo de derechos humanos es más que un accionar político, hacer trabajo por los derechos humanos es un apostolado, hay gente que dice que trabaja por los derechos humanos y conocemos las estructuras del gobierno que dicen tener defensores de derechos humanos, pero esto es no más para que se diga que hay tolerancia en el tema y que hay respeto por lo mismo”, apuntó Oliva.

“La lucha por los derechos humanos es una lucha no nacida en Honduras, es una lucha universal, es un trabajo que lo venimos exigiendo muchos hombres y mujeres que vivimos en el planeta fundado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo  no me siento discriminada por no ser política, porque esta es mi opción, porque muchos políticos partidarios, quisieran que Bertha Oliva los acompañara en su proyecto político, pero yo a quien quiero acompañar es al pueblo hondureño en la defensa y tutelaje de los derechos humanos, ese es mi apostolado”.

Demandan incluir los DDHH en los programas académicos

Bertha Oliva finalizó su intervención haciendo un llamado a la Secretaría de Educación para que la materia de derechos humanos sea incluida en el pensum de estudios de todos los niveles educativos.

Esta iniciativa es apoyada por los docentes,  padres y madres de familia del Instituto Manuel Zelaya Rosales, tal y como lo expresaron durante el desarrollo del foro.

Mientras tanto el pastor de la Iglesia Ágape y coordinador del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDDHH) habló de la discriminación expresando que ésta actitud consiste en todo un acto de separar a una persona de una sociedad o bien denigrarla de una forma aparte de criterios determinados.

“Como pastor quisiera tocar una parte bíblica donde Dios rotundamente dice NO a esa actitud de discriminar, los hondureños somos muy dados a marginarnos entre nosotros mismos, aún en las cosas pequeñas discriminamos”.

Ulloa citó el pasaje de las Escrituras donde se habla del buen samaritano, y señaló que aquí “alguien fue atacado, dañado, golpeado, herido al lado del camino, pasaron dos individuos que sabían de la religión, y pasaron de largo, no mostraron el amor de Cristo. El tipo que se conmovió era un individuo que era de otra raza, de otro país y se condolió y lo ayudó”.

De la comunidad lésbico gay de Honduras, defensor de derechos humanos y miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Erick Martínez habló a la comunidad estudiantil sobre la discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Martínez compartió que el tema de la discriminación se basa en muchos factores, como la parte cultural, el ambiente en el colegio con los sobrenombres, las burlas y los señalamientos. “En la medida que avanzamos con nuestras vidas, esos factores culturales van poniendo etiquetas, etiquetamos a los profesores, no vemos a las personas por sus cualidades, sino por sus defectos, que son aquellos en los cuales la sociedad ha dicho que no encajan, el sistema busca la manera de crear esos patrones”.

Al final de la jornada, el presidente del gobierno estudiantil Edgar Betancourth señaló que los temas abordados fueron muy importantes para nosotros, el tema de la discriminación está puesto en todo el país, pero especialmente buscaron nuestro centro educativo para enseñarle nuevos valores a nuestros compañeros y compañeras y aprender más.

Consultado si la población infantil tenía conocimiento de lo que son los derechos humanos, Betancourth respondió que “no al cien por ciento, creo que falta más por aprender sobre los derechos humanos y yo voy a hablar con el director porque me gusta eso de que vamos a tener charlas sobre los derechos humanos”.

Mientras tanto el profesor Moisés Suazo, consejero del instituto Manuel Zelaya Rosales manifestó que la iniciativa del foro provino del departamento de Consejería y nos pareció interesante informar a los jóvenes sobre este tema porque por lo general ellos no están bien informados, y si ellos conocen sus derechos es por iniciativa propia.

Escogimos a nuestros invitados porque a nosotros nos pareció que ellas son las personas ideales en materia de defensa de derechos humanos, “hablar de Bertha Oliva con más de 30 años en defensa de los derechos humanos, hablar del pastor Rigoberto Ulloa en materia religiosa, porque a nosotros no nos enseñan la Biblia de una manera diferente como lo hace el pastor, porque él la enseña basado en la realidad y en el amor al prójimo”, comento el docente.

Suazo calificó de excelente la donación de documentos que el COFADEH hizo a la casa de la Cultura y al colegio Manuel Zelaya Rosales. Entre esos documentos que contienen la doctrina de derechos humanos se encuentra la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud.

“Me parece excelente  porque nosotros lo podemos reproducir, hacer que los estudiantes conozcan sus derechos y también nosotros como autoridades, como consejeros dentro del colegio, saber hasta dónde nos podemos medir, para no hacer las cosas por la brava, sino apegados a un reglamento” , puntualizó el consejero.

Al final de la jornada Bertha Oliva, Erick Martínez y Rigoberto Ulloa, recibieron un pergamino de reconocimiento de parte de las autoridades docentes, por sus aportes a la promoción y defensa de los derechos humanos en la comunidad de Talanga, especialmente en  la juventud de este municipio de Francisco Morazán.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3220:juventud-de-talanga-abordo-los-ddhh-en-el-foro-no-a-la-discriminacion&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Honduran LGBT advocate ‘fighting to stay alive’

July 8, 2014 | by Michael K. Lavers

Nelson Arambú, Honduras, gay news, Washington Blade

NEW YORK — A Honduran LGBT rights advocate told the Washington Blade that the top priority for members of his organization is to stay alive.

“We are fighting to stay alive; not to be killed,” said Nelson Arambú of the Diversity Movement in Resistance during a June 27 interview at a Manhattan coffee shop.

Arambú, who lives in Tegucigalpa, the Honduran capital, co-founded the Violet Collective Association in 1999 and the Kukulcán Association in 2002.

Arambú currently conducts research on health and violence in Honduras for Doctors Without Borders. He studied rates of sexually transmitted diseases among female sex workers, men who have sex with men, transgender people and people with HIV for a Guatemalan university from 2005 to 2013.

Arambú, 29, met with LGBT rights advocates in New York after he arrived in the city on June 26. He traveled to Chicago before meeting with officials at the State Department, members of the Congressional Equality Caucus and staffers with the Human Rights Campaign and Human Rights First in D.C.

Arambú is scheduled to return to Honduras on Wednesday.

Life ‘quite hard’ for all Hondurans

Arambú told the Blade that anti-LGBT violence in the impoverished Central American country has skyrocketed since a coup toppled then-President Manuel Zelaya in June 2009.

He said statistics between 1994 and 2009 indicate only 20 LGBT Hondurans were reported murdered between 1994 and 2009.

Arambú told the Blade that 176 LGBT Hondurans have been reported killed between the 2009 coup and May. These include Walter Tróchez, a prominent LGBT rights advocate who was shot to death on a Tegucigalpa street in December 2009, and Erick Martínez, a journalist and activist who was strangled to death in 2012 after leaving a gay bar in the Honduran capital.

Arambú told the Blade police officers in Tegucigalpa killed 10 trans people in the three months after the 2009 coup. An Amnesty International report indicates a group of armed men wearing bulletproof vests and balaclavas kidnapped a trans sex worker in the city of San Pedro Sula and killed her before placing her body into a plastic bag and dumping it alongside a road.

The group has reported at least three Honduran LGBT rights advocates have received death threats or have been threatened at gunpoint since 2011.

Arambú told the Blade that unknown men broke into his Tegucigalpa home three times last December.

“These are very difficult things,” he said. “They are very ugly things.”

A report from the U.N. Office of Drugs and Crimes indicates Honduras in 2012 had the world’s highest murder rate.

Arambú told the Blade that 25,000 Hondurans have been killed in the country with a population of slightly more than eight million people since the 2009 coup.

“This means that life is quite difficult, quite hard for the entire Honduran population, not just gays, not just trans people,” said Arambú.

Arambú told the Blade there is a “mix of things” that caused this increase in violence.

He said ministries that had served children, women, indigenous people and Hondurans of African descent have been “systematically dismantled” since the coup. Arambú noted that Roberto Herrera, director of the Human Rights Commission of Honduras who was appointed in March in spite of concerns from Honduran human rights advocates, is a former military advisor.

“What has happened is human rights lost institutionalism, lost this presence within the structures of the government,” he said. “The reality is the topic of human rights has been weakened within the state.”

Another factor behind the violence is what Arambú described as the “loss of control” he said the Honduran government once had in the fight against organized crime and gangs that traffic drugs, weapons and people. Arambú said these groups “have been left to take advantage” of poor Hondurans who lack education and live in “precarious conditions.”

Hondurans ‘afraid to be there’

Arambú spoke to the Blade as an influx of undocumented children from Honduras and other Central American countries continues to cross from Mexico into the U.S.

The Associated Press last week reported that U.S. authorities have detained more than 52,000 children who have entered the country illegally without their parents or other family members since last October. The White House has launched a $1 million media campaign in Honduras, Guatemala and El Salvador that is designed to warn potential immigrants against traveling to the U.S. without the necessary documents.

“You have this situation of the population that is leaving the country,” said Arambú. “You have adults and children in this situation. And I think it is very important that the world recognizes that the condition of these people is not of an immigrant.”

He further discussed the plight of Central Americans who seek to immigrate to the U.S.

“It is not the same as if I migrated because I would like to go to improve my standard of living, to work or whatever,” said Arambú. “Here I am afraid of losing my life. What happens here in Honduras is that people are leaving the country because they are afraid to be there.”

Honduran lawmakers in February 2013 approved a bill that added sexual orientation and gender identity and expression to its anti-discrimination and hate crimes laws.

Suspects in Martínez’s death are in prison for stealing cars — and not for their alleged involvement in the gay journalist’s death.

Arambú told the Blade that two witnesses that received police protection in the case of the trans women killed in Tegucigalpa in 2009 were harassed by law enforcement and eventually murdered after someone leaked their identities. He said other witnesses to anti-LGBT crimes have fled the country because they “no longer feel safe.”

Arambú also described U.S. Ambassador to Honduras Lisa Kubiske’s May statements that included praise of the government’s efforts to investigate the high number of murders of what one newspaper described as “the most vulnerable members of society” in Bajo Aguán, an agricultural area near the country’s Caribbean coastline, as “an insult” because the country’s human rights situation remains bad.

“I would hope that the U.S. government would have a more clear position that is not so ambiguous toward the situation in Honduras, of the situation with the government,” he said.

In spite of all the challenges that he and other Honduran LGBT rights advocates continue to face, Arambú said he and his colleagues will continue their work.

“We are going to keep going to speak out, to regain ground on human rights not only for gays, but for the entire Honduran population,” he said. “We are going to keep pressuring and speaking out against the Honduran government because the Honduran government is an autocratic government. It is not a democratic government. We are going to keep seeking solidarity from other countries and international organizations.”

Fuente: http://www.washingtonblade.com/2014/07/08/honduran-lgbt-advocate-fighting-stay-alive/

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Derogación del inciso 5 y 8 del Artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica. Tegucigalpa. Honduras

Esta petición está pendiente de aprobación por parte de la comunidad Avaaz

 

Por qué es importante

Porque vulnera los derechos humanos de las mujeres, la Constitución de la República y diferentes convenciones internacionales como ” Belem do Pará” y ” CEDAW”.
Vulnera los siguientes derechos fundamentales de las mujeres:
– Libertad de Expresión.
– No discriminación.
– Derecho de acceso a la información, auditoría social e investigación.

– Vulneración a la garantía de no discriminación por parte del estado.

 

Acá les dejamos el documento que presentamos en la Corte Suprema de Justicia:

 

SE INTERPONE GARANTIA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VIA DE ACCION EN FORMA PARCIAL Y POR RAZON DE CONTENIDO CONTRA LOS INCISOS 5 Y 8 DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA, REFORMADOS MEDIANTE ADICIÓN POR EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 35-2013 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.- PODER.

Sala de lo Constitucional

Corte Suprema de Justicia

Yo, , mayor de edad , con tarjeta de identidad No., y de domicilio en; en tránsito por esta ciudad, con el respeto debido comparezco ante Vos Honorables Señores(as) Magistrados(as) de la Sala Constitucional, interponiendo garantía de inconstitucionalidad por vía de acción en forma parcial y por razón de contenido contra los incisos 5 y 8 del artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica reformado mediante adición por el Decreto Legislativo nº 35-2013 del 27 de febrero del 2013, violentando también la Constitución de la República que ratifica en su cuerpo los convenios internacionales y los hace suyos como parte del derecho interno y que son de orden público, acción que de acuerdo a los hechos y fundamentos de derecho expongo a continuación:

DECRETO CUYA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEROGACION TOTAL E INAPLICABILIDAD SE PRETENDE

Esta Acción de Inconstitucionalidad se interpone contra los numerales 5 y 8 del artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica reformado mediante el Decreto Legislativo Nº 35-2013 de fecha 27 de febrero del año 2013, la que literalmente establece: “Articulo 23.- Sin perjuicio de los principios básicos procesales establecidos en la ley, las personas que sufran de violencia doméstica tendrán derecho a: (1) ….; (2) …..; (3)….; (4)…..; (5) No ser sometida a confrontación con el(la) denunciado(a); si no está en condiciones emocionales para ello, conforme el dictamen del Médico Forense o de la Consejería de Familia; (6)….; (7)….; (8) A la protección del derecho a la intimidad de la víctima y de su familia, en tanto se determina que sus asuntos de violencia doméstica interpuesto ante las autoridades administrativas y judiciales serán estrictamente confidenciales, por lo que el contenido de los respectivos expedientes, como de cualquier otra información, sólo podrá ser conocido por las partes y por los(as) empleados(as) o funcionarios(as) directamente intervinientes en su tramitación. Los medios de comunicación se abstendrán de hacer publicaciones o divulgar información relacionada con los procesos de violencia doméstica ya sean estos realizados en sede administrativa o judicial, la transgresión a esta disposición será sancionado con multa de diez (10) a veinticinco (25) salarios mínimos en su valor más alto. El(la) funcionario(a) administrativo(a) o judicial que revele información que viole a la intimidad de la víctima o la secretividad declarada del proceso, sin perjuicio de la responsabilidad, laboral, administrativa o penal a que hubiere lugar, será sancionado(a) con multa de tres (3) a cinco (5) salarios mínimos en su valor más alto” .

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Esta reforma recae de manera expresa en el artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica, pero tácitamente, afecta también disposiciones irreformables como los relativos a las garantías y derechos sociales establecidos en la Constitución de la República y colisiona con los tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son, La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención de Belém Do Pará”, La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas de Discriminación Contra La Mujer “Cedaw”, y El Protocolo Adicional A La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, cuya naturaleza es evolutiva o progresiva y jamás restrictiva o por acción involucionada. Es así que, todos estos tratados o declaraciones ubican la problemática de violencia contra la mujer como un problema social, cultural, estructural y político, y cuyo deber de los Estados Altaparte es desarrollar programas suficientes y eficientes para visibilizarla, ya que su ocultamiento bajo la sombra de ser “problema íntimo o privado” coloca a la mujer en una situación de mayor vulnerabilidad y no es coherente ni en correspondencia con los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la libertad; Honduras como suscriptor de estos, adquirió compromisos internacionales para que mediante acciones afirmativas y de políticas públicas a favor de la mujer, transversales, lograr acortar las brechas de desigualdad y de discriminación entre hombres y mujeres, pero esto choca con nuestra realidad nacional –pongo de ejemplo la reforma contra la cual se insta este control de constitucionalidad- ya la misma contribuye a la legitimación política y social de la violencia contra la mujer para mantener el orden social opresivo y patriarcal[1],

La reforma a la Ley contra la Violencia Domestica mencionada colisiona con las disposiciones fundamentales establecidas en el artículo 59 de la Constitución de la Republica que dice “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable” Además del artículo 60 igualmente de la normativa constitucional “Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho, que no hay clases privilegiadas y que todos los hondureños son iguales ante la ley” por ende colisionando con los derechos de dignificación de la persona humana y al derecho a la igualdad, que el caso de la mujer, no debe entenderse como “la igualdad de jure”

La protección o dignificación de la persona humana y el derecho a la igualdad lleva consigo la convivencia en un estado de derechos, con pleno goce de los derechos individuales y colectivos, en ámbitos públicos y privados e íntimos, en contra sentido, estamos ante un escenario nacional de falta de plena ciudadanía, discriminación directa e indirecta, marginación y violencia, entre otros, específicamente contra la mujer que históricamente sobrevive situaciones de vulnerabilidad y que ha sido y continúa siendo imperante que El Estado ejecute las acciones afirmativas o de discriminación positiva para asegurarle el derecho a una vida libre de violencia, y mediante la responsabilidad del Estado de generar políticas públicas, de infraestructura para garantizar el pleno acceso a la justicia, la reparación, la no repetición y la generación de leyes equitativas que permitan apreciar a la mujer en su condición de sujeta política a la cual se deben garantizar la vigencia y el ejercicio de sus derechos humanos, luego entonces hablaremos de igualdad y de dignificación de la persona humana.

Y también colisiona con lo dispuesto en las declaratorias y obligaciones suscritas por Honduras ante los Sistemas de Protección de Derechos Humanos, para asegúrales a las mujeres mediante acciones y políticas afirmativas su pleno goce a una vida libre, sin ningún tipo de violencia, a una protección efectiva de sus derechos tanto en los ámbitos privado, íntimo y público, y al pronto acceso a la justicia, por consiguiente, la ley no puede ir en detrimento de los derechos y garantías de las personas, especialmente de aquellas en condiciones de desigualdad, al contrario, los cuerpos normativos deben mejorarse a partir de reformas más eficaces y garantistas del goce de todos los derechos, por tal motivo, en el caso de las mujeres “la igualdad de jure” no es garantía de gozarla sin discriminación, en condiciones de igualdad substantiva[2] y de pleno acceso a la justicia, puesto que sociocultural y políticamente la mujer se encuentra en situación de inequidad, tal como es el compromiso internacional con los preámbulos y articulado de los Convenios o Declaraciones Internacionales en materia de derechos humanos. Luego entonces, que las reformas deben ser bajo los objetivos de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías no solo constitucionales sino también de los Convenios Internacionales a los que Honduras se ha adherido.

Con dicha reforma inconsulta se puede inferir que el Congreso Nacional dejó de lado los principios teóricos de los derechos humanos, en cuanto a su universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, y su progresividad, especialmente de la generación de derechos económicos, sociales y culturales, como en efecto lo ha hecho el decreto legislativo que se impugna. Tiene esta acción de control constitucional otro sustento en el artículo No. 64 constitucional que expresa “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”, en este caso, la reforma tergiversa el resguardo a la intimidad, promoviendo una mordaza al derecho humano de libertad de opinión y de libertad de información.

Sobre los Convenios y Tratados Internacionales, la norma constitucional declara en el artículo No. 18 “En caso de conflicto entre el Tratado o Convención y la Ley, prevalecerá el primero”; por tanto, Honduras es suscriptor de compromisos serios en la defensa de los derechos de las mujeres en todas las áreas de su vida. El cumplimento de LaConvención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención de Belém Do Pará”, La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas de Discriminación Contra La Mujer “Cedaw”, y El Protocolo Adicional A La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”

Del Protocolo de aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica elaborado y publicado por el Ministerio Público, de Honduras y la Fiscalía Especial de la Mujer, se extrae lo siguiente “De cada 100 mujeres que son maltratadas, solo entre 10 y 15 se atreven a interponer una denuncia en la policía o en el juzgado y cuando se deciden a hacerlo la mayoría ya superan los 8 ó 10 años de soportar esta violencia llegando en situaciones psicológicas e incluso físicas muy deterioradas. Decimos sin temor a equivocación, que la violencia que sobreviven las mujeres dentro de la familia u otras relaciones afectivas, es solo uno de los extremos más dramáticos a que da lugar la situación de desigualdad estructural en la que se encuentra inmersa en nuestra sociedad. La violencia doméstica no es, pues, un fenómeno nuevo sino que tiene largas raíces en el tiempo. La consideración de esta situación como “privada” no ha favorecido el conocimiento de su magnitud real. La violencia doméstica ha sido, y todavía lo es, un hecho oculto del que solo conocemos una mínima parte de la realidad, debido a los roles establecidos en las sociedades patriarcales que refuerza el dominio del varón en todas las esferas de la vida, quedando la mujer sometida al ámbito privado, es decir, al rol reproductivo. Este reparto injusto de roles ha permitido que la mujer sea considerada una propiedad privada del varón”

La igualdad no supone el colocar a la mujer víctima y a su victimario en igualdad de condiciones, tampoco es negar el derecho de defensa del victimario; he aquí con la reforma se constituye en un retroceso en la justicia equitativa consignada en los convenios internacionales a favor de la mujer, reconocidas además por Honduras y ratificadas por el Congreso Nacional.

MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD POR RAZON DE CONTENIDO

Las consideraciones que viabilizan este recurso de inconstitucionalidad tienen como fundamentos el hecho de que El Congreso Nacional al reformar expresamente La Ley Contra Violencia Doméstica en su Artículo No. 23 numerales 5 y 8, infringe las prohibiciones constitucionales establecidas en el Artículo 18 ya previamente establecido; por lo tanto, persiste la falta de armonización de las leyes, así como la poca atención a los compromisos adquiridos internacionalmente sobre prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, mediante esta función legislativa se reforzaron las figuras discriminatorias, en las leyes, como en los procedimientos y las prácticas –conculcando los derechos humanos de la mujer y generándole al Estado hondureño un incumplimiento a los Convenios y Declaraciones Internacionales en materia protección a los derechos de las mujeres y de acceso a la información y a la libre expresión- y que se expresan en los motivos siguientes por cuestiones de contenido, así:

VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión en algunas ocasiones colisionan por sus límites y sus exigencias. El derecho a la intimidad permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras turbaciones a la vida privada, el cual está limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos, en tanto, el derecho a la opinión y a la información es esencial para el desarrollo del ser humano. No sólo es el derecho pasivo a recibir información, ni la posibilidad individual de expresar las ideas por la prensa. Se trata de un fenómeno más amplio que comprende a la sociedad en su conjunto, y es indispensable para el sistema democrático. La posibilidad de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones contribuye de manera vital al desarrollo de cualquier sociedad que intenta acercarse a lo que debería ser un sistema democrático.

La secretividad general impuesta por esta reforma sirve de velo para otras violaciones tácitas de derechos humanos porque, aunque se especifique, en el norma que los medios tienen límites de publicación y los operadores(as) de justicia no puedan hacer declaraciones acerca de litigios pendientes, por extensión esta mordaza es también para la mujer sobreviviente de violencia doméstica, esto por añadidura o detrás la cortina, protege al agresor quien asume como “natural” la protección de la ley y del Estado, sin restricción alguna, que le permite ejercer dominación, sodomía e incluso explotación hacia la mujer; esta disposición también violenta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

La aplicación de esta reforma implica un retroceso en la apreciación de la mujer víctima de violencia al trasladar un proceso de interés nacional a un espacio privado, porque las dimensiones de los daños a la seguridad e integridad personal, así como también al posicionamiento social, cultural, político e histórico sobrepasan los límites de la familia y se prolongan a toda la sociedad, perpetuando la discriminación, el olvido y la falta de respuesta estatal.

Pudiéndose apreciar entonces, que su finalidad ulterior no es la protección de la intimidad y los derechos de la víctima, al contrario, es la maquinaria del Estado al servicio del varón y su protección “al honor”, aún cuando es agresor contra la vida de la mujer e incluso de sus hijos e hijas.

Esta reforma igualmente colisiona con El Principio de Publicidad de los Procesos Judiciales, ya que pretende minimizar el rol que cumplen quienes producen la información de justicia, los periodistas y los medios de comunicación. El periodismo, tanto audiovisual como escrito, es un actor indispensable para tratar la información sobre la integridad personal y la justicia con respeto de los derechos humanos, en particular el debido proceso y la reparación de daño, como observador para su evaluación y transparencia. En un sistema democrático todas las personas tienen derecho al acceso a la información, la libertad de expresión y de opinión. Los Sistemas de Protección de Derechos Humanos reconocen la trascendencia que las herramientas de la comunicación representan para una sociedad más igualitaria y justa, y asume el rol en pos de su democratización y propone a los medios de comunicación como herramientas óptimas de observancia para el desempeño de la justicia y como potenciales instituciones de la sociedad que cumplan funciones de rendición de cuentas a las instancias de justicia.

VULNERACION AL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 3 DE LA CEDAW: “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” De acuerdo a La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas de Discriminación Contra La Mujer “Cedaw”, se entiende por discriminación contra la mujer, toda distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro aspecto.

Una investigación sobre participación de la mujer publicada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH, refiere que la igualdad y la prohibición de la discriminación son las dos piedras angulares de los sistemas de derecho y de la cultura de la legalidad. El respeto a los derechos humanos y a estos principios fundamentales, constituyen la base para el desarrollo de una sociedad democrática y de la vigencia de un Estado de Derecho. Señalando además “Las conductas discriminatorias se sustentan en valoraciones negativas sobre determinados grupos o personas. Esta discriminación también se manifiesta encubiertamente en la ley”[3], categóricamente con esta reforma expuesta a control constitucional porque la discriminación se basa en la existencia de una percepción social que tiene como característica el desprestigio considerable de una persona o grupo de personas, ante los ojos de otras. Constituye en esencia, una relación de poder en la cual está presente una concepción de superioridad inferioridad. Estas percepciones negativas tienen consecuencias en el tratamiento hacia esas personas, en la manera de ver el mundo y de vivir, las relaciones sociales en su conjunto; por tanto, ello influye en las oportunidades y por consiguiente, en la realización de capacidades y en el ejercicio de sus derechos. La discriminación tiene un impacto en el ordenamiento y en las modalidades de funcionamiento de cada sociedad en particular y aún cuando las expresiones de la discriminación hayan variado a lo largo del tiempo y en los diferentes contextos históricos sus bases se mantienen y se producen en nuevas actitudes, por consiguiente, se mantendrán las desigualdades de poder entre hombres y mujeres principal motor de los hechos de violencia en contra de la mujer.

Si bien los derechos humanos nacen con vocación universal, las reglas del ordenamiento social responden a patrones socioculturales y, la discriminación hacia las mujeres está profundamente asentada en ellos. Por ello, la práctica social determinó la ampliación de los derechos humanos en clave masculina: el hombre como centro del pensamiento humano del desarrollo histórico, protagonista único y parámetro de la humanidad. Los derechos de las mujeres fueron pensados como un particular del universal masculino y bajo una concepción de las mujeres como minoría.

Esta reforma y su aplicabilidad tendrán como consecuencia que la víctima o sobreviviente de violencia no tendrá un papel trascendental en el proceso, desde su etapa investigativa hasta el proceso judicial y sentencia, porque no le permite el libre ejercicio de opinión y derecho de libertad de expresarse, denegándole reiteradamente el goce total de la ciudadanía y de leyes que le protejan su integridad y hasta la vida.

Para las mujeres es una cuestión de vida que las problemáticas de violencia sufrida dentro de los ámbitos privados e íntimos, no se traten privadamente o bajo un sigilo judicial, ya que la visibilización de la violencia doméstica y sus diversas modalidades, así como sus devastadoras consecuencia, por sus altos índices, deba ser reconocida como un problema social que hace necesaria la creación de políticas públicas para asegurarle a la mujer acciones afirmativas para acortar las brechas de desigualdad entre los sexos y, especialmente el derecho de la mujer a ser valorada y educada – socializada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, de acuerdo a la Convención Belém Do Pará.

Esta reforma no le asegura a la mujer el acceso real a la justicia en condiciones de equidad suponiéndola sujeta de derechos, el concepto de igualdad que establece la “Cedaw” no implica la necesidad de igualar a las mujeres con los hombres sino que es una igualdad en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de ambos, por consiguiente y entendidas de la condición sociocultural y económica de la mujer; esta reforma y su aplicación, en consecuencia, favorece las acciones de violencia perpetuada a mujeres por parte de los hombres.

Es paradójico que el legislador o la legisladora y los jueces y las juezas interpreten que hombres y mujeres socioculturalmente diferentes sean tratados y tratadas ante ley y ante la justicia como iguales, esto al contrario amplía la brecha de desigualdades entre los géneros.

Constituye también una discriminación hacia la mujer y de su condición sociocultural, en cuanto que en los casos de violencia doméstica, ese sigilo judicial es la regla y no la excepción, ya que el poder de manifestarse públicamente, también es un derecho. El ejercicio de opinar y manifestar personalmente su problema de violencia, le pudiese significar a la mujer el cese de la violencia e incluso salvaguardar su vida, la de sus familias y de cualquier otra persona que conozca de los hechos de violencia contra ella; esta medida también en interpretación y en la práctica, favorece y refuerza las acciones de violencia histórica y considerada “natural” ejercida por los hombres.

Ese mismo sigilo judicial y su aplicación discriminatoria a la vida y a la historia de la mujer, contraviene el principio de gratuidad que establece la Ley contra la Violencia Doméstica porque anteriormente a esa inadecuada reforma las sobrevivientes de violencia doméstica contaban con acompañamiento gratuito proporcionado, tanto por instituciones del Estado, con serias limitaciones de infraestructura al interior del país y de promotoras sociales e incluso de abogadas de organizaciones de defensoría de derechos humanos; perjudicando en consecuencia la asesoría y acompañamiento gratuito y el ejercicio pleno de las acciones y atribuciones de las organizaciones de mujeres, de organizaciones civiles sociales y populares pro defensa de los derechos de la mujer, como es nuestro caso, es decir, la potestad otorgada y expresa en la plataforma de Beijing en sus numerales 20, misma que fue reconocida y ratificada por el Estado de Honduras, y que establece la autonomía con la que estas organizaciones cooperan con los gobiernos son importantes para la aplicación y seguimiento efectivo de las acciones en la defensa de los derechos de las mujeres. Por tanto, desconocer el acompañamiento que hasta ahora ha demostrado por su historia estadística y de hecho las diversas organizaciones en pro de las mujeres, es negar y violentar los Convenios y Tratados Internacionales que como el mismo numeral 23 de Beijing refiere sobre las obligaciones del estado de garantizar a todas las mujeres los derechos humanos y libertades fundamentales.

VULNERACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, AUDITORIA SOCIAL E INVESTIGACIÓN: Una norma interna (una ley) que imponga un sigilo judicial como parte del derecho a la información; es inaceptable a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos que regula la libertad de expresión, misma que no puede ser entorpecida y condena cualquier medida que tenga como finalidad afectar el goce de ese derecho por medios directos e indirectos restrictivos, Artículo 13 numeral 3 “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”

La reforma por adición a la Ley contra la Violencia Doméstica revictimiza a la mujer y crea nuevas figuras que la condenan por el ejercicio de un derecho humano, en otras palabras, establece una doble sanción a su condición, de unir su sobrevivencia de los hechos de violencia que causan lesiones físicas y emocionales, entre otras, y de manera legal, el Estado les impone una mordaza carente de legalidad que impide abordar públicamente una problemática de interés social, como lo es la violencia, ya que su conocimiento permite evidenciar y reeducar a la sociedad sobre los riesgos de la violencia, y la desconstrucción de los roles (poderes) impuestos a los hombres por estas sociedades dominadas por el pensamiento de la supremacía del hombre por sobre la ley.

Además, por regla general todas las ejecutorias y actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los secretarios y, aquellos otorgados ante funcionario o empleado público legalmente facultados para dar fe en ejercicio de sus atribuciones, son documentos denominados por ley, documentos públicos, véase artículo 271 del Código Procesal Civil.

La libertad de acceso a la información de los expedientes de violencia doméstica no debería impedirse de manera disfrazada porque se conculca el derecho de acceder a la justicia y que las instancias de justicia rindan cuenta de los procesos judiciales bajo su custodia. El acceso sin restricción es igualmente una garantía de vida para las mujeres y de la libertad de obtener información para auditoria social e investigación sobre esta problemática que violenta el derecho a una vida libre de violencia, esto con la finalidad focalizar hallazgos de problemas sociales y señalar conclusiones para resolver y dar opciones, mismas que devienen de compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Honduras mediante la Convención Belém Do Pará que señala como una prioridad de los Estados, la prevención y la erradicación de la violencia y para ello se deben implementar leyes garantes y políticas públicas para investigar la problemática, visibilización de la misma con la finalidad de priorizar en la eliminación de los roles de género que fomentan la sumisión y discriminación de la mujer, tanto en los ámbitos públicos y político y el ámbito privado. Véase el artículo 8 “Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer”

VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN DE PARTE DEL ESTADO: La CEDAW establece la obligación de erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres en cualquier esfera que se dé, así como de promover la igualdad entre mujeres y hombres, mediante medidas legislativas, administrativas y judiciales. Dicho de otra manera, los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial son responsables, jurídicamente, ante la comunidad internacional y ante la ciudadanía y especialmente ante las mujeres hondureñas, por sus acciones y omisiones en relación con la erradicación de las distintas formas de discriminación y por consiguiente el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y entre toda la ciudadanía.

Es importante recordar que la primera obligación de los Estados Altaparte mencionada en la oración introductoria del artículo No. 2, es la obligación de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Los Estados tienen la obligación inmediata e ininterrumpida de condenar la discriminación. Están obligados a proclamar ante su población y la comunidad internacional su total oposición a todas las formas de discriminación contra la mujer en todos los niveles del gobierno y poderes del Estado.

“discriminación en todas sus formas” obliga claramente al Estado parte a estar alerta y condenar todas las formas de discriminación, incluso aquellas que no se mencionan en forma explícita en la Convención o que puedan aparecer con posterioridad. Pero el reto sigue siendo que muchos Estados no entienden que la convención debe leerse de forma integral y que el artículo 2 de la Convención versa sobre las obligaciones estatales

La reforma vigente y su aplicación restrictiva y discriminatoria hacia la mujer se convierte en una violencia institucional ejercida por las estructuras del Estado contra la mujer, en tanto la desvalora y deslegitima desde la norma jurídica y la expone a mayor riesgo de sufrir agresiones físicas, emocionales, patrimoniales y sexuales, porque no le asegura el goce pleno de todos sus derechos, ni asegura el cumplimiento a una vida libre de violencia puesto que como Estado regulador se desliga de su observancia al tornar la misma a la esfera privada, contraviniendo expresamente ambos tratados internacionales que obligan a los Estados a implementar acciones afirmativas para evidenciar y eliminar la violencia de la vida de las mujeres en cada uno de los aspectos de la vida pública, privada e íntima.

También necesitamos mencionar el tema de impunidad, ya que esta reforma tendría como consecuencia el recrudecimiento de la falta de protección y de justicia en aquellos casos conocidos en sede administrativa y judicial, entendiendo que para las mujeres implica mucha estima y fortaleza denunciar su situación de violencia y así exponer lo que históricamente le han dicho “que es parte de su vida privada”, pero que al denunciar se encuentra con un sistema o maquinaria del Estado que “obliga” a proteger la intimidad de los agresores volviéndose cómplice al mismo tiempo.

INTERES DIRECTO, PERSONAL Y LEGÍTIMO QUE MOTIVA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

La vulneración de los derechos humanos y garantías fundamentales que quedan explicados, violan el interés público en general y sin duda alguna también nuestro interés directo, personal y legítimo, por cuanto, una ley que impone un sigilo judicial general y limita los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, como son el derecho de opinión, de información, de justicia y de acceso, y regula una igualdad de jure no real, puesto que los hombres y las mujeres tenemos diferencias de trato, social, cultural, económico y político, lesiona los derechos de todas las mujeres y de aquellas organizaciones de defensoría de derechos humanos, atentando contra la plena ciudadanía, la libertad y de convivencia en una sociedad democrática, en tal sentido, esta reforma lesiona mis derechos y garantías constitucionales y limita mi capacidad de ejercerlos. Todos los seres humanos, pero especialmente las mujeres como población vulnerable, tienen derecho a una vida digna, donde pueda ser respetada totalmente en cada uno de los espacios en que se desenvuelve y consecuentemente a las condiciones previstas y definidas en su momento por una Asamblea Nacional Constituyente, que reunida como autoridad suprema determinó las garantías y la responsabilidad del Estado, la razón y propósitos de la autoridad pública, las condiciones de desarrollo de nuestra relaciones públicas y privadas, teniendo como eje central a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado (art. 59 Constitucional). Como tal, cualquier modificación normativa y de relaciones que conlleven una limitación como personas y que provoquen un trastorno o coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad, y una disminución de nuestros derechos y a la forma de ejercerlos, legitiman nuestro interés como seres humanos y especialmente como ciudadana de este país, para que de manera individual o junto a otras personas naturales o jurídicas ejerzamos las acciones que correspondan.- La Garantía Constitucional como la que en este acto interpongo, es precisamente la que el Constituyente, previó en protección de nuestros intereses contra los actos producidos por el Congreso Nacional cuando acarrean una modificación de las garantías e imponen limitaciones al ejercicio de una libre ciudadanía. El encubrimiento de los hechos de violencia y la restricción de derechos de las mujeres, afectan nuestro interés personal, de ciudadano y de grupo social, al cercenar la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, su ejercicio y el acceso pleno a una justicia retributiva que asegure igualmente la garantía de no repetición; afectan nuestro interés personal y de la colectividad y nos legitiman para actuar porque implica que las autoridades públicas dejarán de cumplir los compromisos adquiridos internacionalmente y que comprometen al Estado de Honduras a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación de la vida de las mujeres, mandato igualmente establecido y otorgado para gobernar, artículo 1 constitucional “…. goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”;afectan también nuestro interés personal y nos legitiman para accionar en el ámbito jurisdiccional en que en este momento lo hacemos, porque la reforma refuerza las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, al imponer a la mujer sometida en una relación desigual de poder con el agresor a una “igualdad de jure” no cierta, puesto que socioculturalmente y de posición política, existe una brecha de desigualdad, limitándole a la mujer sus derechos a una vida libre de violencia, de no discriminación, de leyes equitativas y de un Estado de derecho. Y en definitiva, porque esa reforma coloca en una situación de mayor peligro a la mujer, al tratar de invisibilizar y esconder bajo la secretividad, una problemática social con altos índices de repetición en nuestra sociedad, y que necesita de inversión social y estatal para prevenir, sancionar y erradica la violencia de la vida de las mujeres e incluso prevenir su muerte a manos de un agresor impune.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Baso esta acción en los siguientes artículos: 18, 59, 60, 61, 63, 64 y 68 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (a) (b) (c) (d) (e), 8 (a) (b) (c) (g) (h), 9 de LaConvención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer “Convención de Belém Do Pará”; 1, 2, 3, 4, 5 (a), 10 (c) de La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas de Discriminación Contra La Mujer “Cedaw”; 1, 3, 4 de El Protocolo Adicional A La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador; 74 y subsiguientes relativos al control de la constitucionalidad y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.

P E T I C I O N

A la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pido: Admitir la presente acción de inconstitucionalidad, señalo los archivos de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) como el lugar donde se encuentran en sus archivos, el ejemplar de La Gaceta No. 33,222 del 06 de septiembre del año 2013 que contienen la publicación del Decreto Legislativo Nº 35-2013 relativo a la reforma de la Ley contra la Violencia Doméstica; darle el trámite que corresponde y tener como nuestra apoderada a la profesional del derecho mencionada y en lo demás proceder de conformidad con la ley declarando inconstitucional los incisos 5 y 8 del artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica impugnados, se decreten inaplicables por razón de contenido y consecuentemente, sean derogados.

Tegucigalpa, MDC, 05 de junio del 2014.

 

[1] “El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Marta Fontenla”

[2] La igualdad substantiva no debe confundirse con la semejanza o la similitud entre los sexos, está busca que mediante medidas especiales de carácter temporal o acciones afirmativas para asegurar el logro de la igualdad. Dra. Alda Facio

[3] Véase La Igualdad Substantiva, de la Dra. Alda Facio

Fuente: https://secure.avaaz.org/es/petition/Sala_de_la_constitucional_Corte_Suprema_de_Justicia_Tegucigalpa_Honduras_Derogacion_del_Articulo_23_de_la_Ley_de_Violenc/?nRwQZcb

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Diversidad sexual en Honduras: una década de lucha de comunidad gay

24 de Junio de 2014

05:07PM  –   Redacción   

Aunque la protección de la diversidad sexual ya es considerada una política pública en el país, aún hay un saldo pendiente en el combate a la discriminación y crímenes de odio.

El primer caso de discriminación por razones de orientación sexual fue judicializado en 2013 en Honduras.
El primer caso de discriminación por razones de orientación sexual fue judicializado en 2013 en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras

Hace diez años surgió legalmente en Honduras la primera organización que agrupó a ciudadanos homosexuales y bisexuales, para impulsar el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad LGTB.

Desde entonces, la lucha se ha centrado en garantizar la inclusión social y dejar a un lado la discriminación que ha cobrado más de 100 vidas mediante los denominados crímenes de odio.

La Asociación Kukulcán recibió su personería jurídica en 2004, convirtiéndose en la primera organización integrada por lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en Honduras.

Su misión está centrada en contribuir a generar cambios en el programa social y político a nivel nacional e internacional, que propicien mejores condiciones de vida de la población gay, lésbica, bisexual y trans.

Una década después, los retos siguen siendo los mismos; sin embargo, uno de sus principales mandatos se ha cumplido: la inclusión de la diversidad sexual en la agenda nacional.

“La personería jurídica es un gran avance porque ya es un reconocimiento de una organización estrictamente gay y al estar la palabra ‘diversidad sexual’ en la política pública de protección social, ya es un avance”, señala Javier Medina, director ejecutivo de Kukulcán.

Esta inclusión fue celebrada por la comunidad LGTB de Honduras, ya que luego de impulsar una política de protección social en las leyes nacionales, la protección de la diversidad sexual fue adoptada como política pública a partir del gobierno anterior.

Discriminación

No obstante, a pesar de los avances logrados en materia de desarrollo social, Medina lamenta que “no existe una unidad al nivel del sistema de justicia del país que pueda recopilar actos de discriminación por orientación sexual”.

En 2013, la Fiscalía de Derechos Humanos acusó al pastor evangélico Evelio Reyes, por presunta discriminación contra candidatos a cargos de elección popular inscritos para los comicios de noviembre pasado.

Los denunciantes, dos homosexuales y un transexual, argumentaron que Reyes violentó el artículo 321 del Código Penal al manifestar en uno de sus mensajes que la población no debía considerar ejercer el sufragio a favor de gays.

El expediente judicial señala el religioso habría cometido el delito de discriminación durante una jornada de oración en la iglesia en la que supuestamente pidió a Dios que “iluminara a los hondureños para que en las próximas elecciones no votaran por corruptos ni por homosexuales”.

Finalmente, el pastor fue absuelto.

Este ha sido el único caso de discriminación que ha sido juzgado en Honduras.

Crímenes de odio

Pero la discrminación no es el único obstáculo que buscan vencer los homosexuales y bisexuales de Honduras. El reto para que los denominados crímenes de odio sean castigados, sigue en pie.

Datos de Kikulcán, validados por la Unidad de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, establecen que de 2009 a la fecha se han registrado 172 casos de asesinatos a personas de la diversidad sexual.

Aunque no existen datos absolutos ni relativos sobre el número de miembros de la comunidad LGTB en Honduras, se estima que poco más del 2.64% de la población son hombres sexualmente activos con parejas de su mismo sexo en el país.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/722748-331/diversidad-sexual-en-honduras-una-d%C3%A9cada-de-lucha-de-comunidad-gay

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Transexual hondureña denuncia discriminación

Martes, 17 Junio 2014 23:14

En consulado de Los Angeles

Ruby asegura que si el consulado le pide regresar a tomarse una foto con maquillaje no volvería.

Ruby asegura que si el consulado le pide regresar a tomarse una foto con maquillaje no volvería.
Redacción

LOS ANGELES.- Ruby López, una mujer transexual, asegura que el trauma por los intentos de asesinato, discriminación y otros maltratos sufridos en su natal Honduras volvió cuando el consulado de ese país en Los Ángeles le pidió quitarse el maquillaje y sujetarse el cabello para renovar su pasaporte.

Su nombre legal es Jacobo Mejía y los representantes de la sede diplomática le exigieron que aparentara ser un hombre para procesar el documento. Su orientación sexual ha sido respetada en la Oficina de Migración y en el Departamento de Vehículos de California.

“A mí me dio tanto coraje que te juro que me puse a llorar en la oficina. Fue como volver el tiempo atrás, recordar tantas cosas que me pasaron”, cuenta López, de 38 años y residente de Pomona.
Hace ocho años, ella cruzó ilegalmente la frontera de EEUU porque su vida corría peligro. “He pasado por muchas cosas horribles en mi país. Me intentaron matar muchas veces”, dijo.

El último atentado ocurrió en Choloma, donde pandilleros irrumpieron en su casa con machetes. Se libró gracias a la valentía de su amiga, quien se abrió camino con un tubo. “Todos me siguieron a mí. Si me quedo ahí me matan”, contó.

El Gobierno de EEUU le concedió asilo político por todo lo que padeció allá.

Aquí, asegura López, no la habían cuestionado por su apariencia. Todo cambió cuando fue a su consulado a renovar el pasaporte. “No puedes tomarte la foto así, porque eres un hombre”, recuerda las palabras de un representante de la oficina. “Me dio vergüenza”, dijo López quien pidió conversar con una autoridad de la sede, pero le reiteraron que si tenía nombre de varón debía aparentarlo ante una cámara. “Te quitas el maquillaje y te agarras el cabello”, le dijeron.

En la fotografía del pasaporte vencido ella trae el cabello a la altura del cuello y la cara lavada. López aceptó retirarse el maquillaje y sujetarse el cabello, incluso salir por una puerta alterna.
Mariana Marroquín, activista del Centro LGBT de Los Ángeles, comenta que lo ocurrido en el consulado hondureño es solo otro aspecto de la discriminación. Una mujer transgénero, Marroquín también peleó para posar con maquillaje al renovar el pasaporte de Guatemala.
“Es injusto, porque si una mujer va con el cabello agarrado y sin maquillaje ¿eso la hace ser una mujer?”.

La embajada de Honduras en Washington se comprometió a investigar el asunto y el consulado informó que el cónsul no quería comentar sobre el caso.

Grupos que defienden a la comunidad LGBT piden a dicha sede diplomática educarse en el trato que su personal brinda a los transexuales.

“En parte la causa [de la discriminación] es la falta de conocimiento que todavía hay”, indicó Mónica Trasandes, vocera del grupo (GLAAD).

SE AVERGÜENZA DE HONDURAS
Ruby López asegura que si el consulado le pide regresar a tomarse una foto con maquillaje no volvería. “Me avergüenzo de mi país”, dijo.

Fuente: Laopinión.com

Fuente: http://www.tiempo.hn/portada/noticias/transexual-hondurena-denuncia-discriminacion

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Honduras: Discriminación y poca investigación, causas de violencia género en Honduras

martes, 10 de junio de 2014

Autor del articulo: EFE / Martes 10 de Junio 2014 – 14:15

Tegucigalpa.- La discriminación, la poca investigación y la pobreza son las principales causas de la violencia de género en Honduras, según un informe presentado hoy por organizaciones feministas con el apoyo de Oxfam internacional.
Cifras oficiales dan cuenta que cada 13 horas hay un asesinato de una mujer en Honduras, un país que registra una de las tasas de homicidios más altas del mundo con un promedio actual de 15 asesinatos diarios.

El estudio presentado este martes, denominado “Impacto de la violencia e inseguridad en la vida de las mujeres desde un enfoque de seguridad humana”, señala que la seguridad de las féminas en el país “se ve violentada y amenazada por diferentes tipos de violencias, principalmente la doméstica e intrafamiliar”.
En Honduras “se ha visibilizado mucho el tema de los femicidios y el aumento de estos, pero las demás expresiones de violencia contra las mujeres, como la violencia doméstica, han quedado” en la oscuridad, subrayó a Efe el director de la organización humanitaria Oxfam, George Redman.

Las mujeres sufren violencia física en el ámbito de la familia, la gran mayoría son agredidas por sus esposos, novios u otros familiares, señaló Redman, para quien se trata de un fenómeno que “tiene profundas raíces culturales”.

Agregó que las féminas tienen dificultades para denunciar los malos tratos, pues “no tienen mucho apoyo de los operadores de justicia para encontrar una solución a ese problema”.

Redman dijo que a Oxfam “le preocupa mucho” el nivel de impunidad en las agresiones y muertes de mujeres en Honduras, donde los asesinatos pasaron de 385 en 2010 a 636 en 2013, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (Unah) del país centroamericano.

“Siguen habiendo deficiencias en la investigación y todo el sistema de justicia para llevar a los culpables” ante la ley, señaló el director del Oxfam, quien lamentó que en Honduras la mujer siga siendo “víctima de una cultura muy patriarcal”.

El informe fue elaborado por el no gubernamental Centro de Estudios de la Mujer con apoyo de ONU-Mujeres y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT).

Señala que la discriminación y las desigualdades son también “factores determinantes” en el aumento de la violencia contra las mujeres.

En declaraciones a Efe, una de las encargadas del informe, Alejandrina Velásquez, dijo que la desigualdad en todas las estructuras de poder, en las que siempre han tenido mayor protagonismo los hombres, “siguen siendo grandes” en Honduras.

En Honduras hay “ausencia de oportunidades de empleo” para las mayores de 35 años, las mujeres siguen ganando “menos” que los hombres y su “participación política es baja”, enfatizó Velásquez.

En el Parlamento hondureño, las féminas tienen una representación del 25,7 % y del 6,3 % en las corporaciones municipales, a pesar de que la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer establece que les corresponde una cuota del 30 %.

Velásquez lamentó que en Honduras las mujeres “ni en sus casas están seguras porque en muchas ocasiones los agresores son parte de la familia”.

Señaló que existe una vinculación entre la violencia y la pobreza, que afecta a más del 65 % de los 8,5 millones de honduras, pues las mujeres con mayor nivel educativo tienen medios para escapar de ese flagelo, pero las menos preparadas se ven obligadas a aguantar en silencio.

    

 

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/06/honduras-discriminacion-y-poca.html

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UNIVERSITARIOS OPINAN QUE HAY DISCRIMINACIÓN RACIAL EN HONDURAS

27 de Mayo del 2014

 

De acuerdo a una encuesta realizada por el periódico Presencia Universitaria sobre la percepción estudiantil frente al racismo, el 90% de los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) expresaron que sí hay discriminación racial en el país en contra de los indígenas y afro hondureños.

El 60% de los estudiantes opinaron que los indígenas son más vulnerables al racismo, mientras el 40% considera que la comunidad negra de Honduras sufre mayor rechazo por su condición étnica.

Cabe destacar que el relator especial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación, la Xenofobia y formas conexas de Intolerancia, Doudou Diéne, visitó recientemente el país y concluyó que en Honduras «existe discriminación y racismo» hacia los grupos étnicos.

Raza y pobreza

La encuesta incluyó algunas preguntas referentes a la vinculación que tiene la diversidad racial con las condiciones sociales. En ese sentido, el 34% de los jóvenes opinaron que los indígenas son pobres por el hecho de ser indígenas, no obstante, el 74% cree que la pobreza no está relacionada con el color de piel o la raza a la que pertenece. Mientras que el 68% comentó que en Honduras los ricos son más blancos que el resto de la ciudadanía.  

En EEUU se realizó un estudio donde se confirmó que los blancos estadounidenses son 22 veces más ricos que los negros. «Los negros estadounidenses viven en barrios donde el ingreso promedio representa del 50% al 55% del de los blancos. La brecha se ha agrandado desde 1990. La situación no es mejor en el caso de los hispanos», indica una investigación de la Universidad de Albany.

El relator de Naciones Unidas también comentó que las principales manifestaciones de discriminación se reflejan en los bajos niveles de atención en salud, educación vivienda, empleo y “marginalización” social de las poblaciones indígenas en Honduras.

Discriminación por el color de piel

De acuerdo a la encuesta realizada en Ciudad Universitaria, solamente un 4% de los interrogados respondieron no estar conforme con su color de piel. No obstante, el 66% respondió que las personas de tez blanca son más agradables estéticamente.

A pesar que la gran mayoría de los jóvenes respondieron estar conforme con su pigmento, el 66% respondió que en Honduras con frecuencia se insulta a la gente por su color de piel.

Diéne reconoció que Honduras hace esfuerzos para crear mecanismos de lucha contra la discriminación y promover el respeto de los derechos humanos, no obstante, opinó que esos mecanismos deben asumirse como políticas de Estado.

Fuente: http://www.presencia.unah.edu.hn/cultura/articulo/universitarios-opinan-que-hay-discriminacion-racial-en-honduras

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LGBTTI march in Tegucigalpa meets homophobic/transphobic military state

I went to the march de la no homo-lesbo-bi-trans-fobia in Tegucigalpa last Friday. It was a different scene from San Pedro, where I’ve been to pride marches a few times. San Pedro has a reputation for having bigger, more flamboyant marches, and the community holds the national pride march there instead of in Tegucigalpa because the authorities crack down less. Things have changed for the worse for the Honduran gender and sexual diversity community (translation of the preferred term here, along with the initialism LBGTTI, although I’ve never known of an out intersex person actually being active or included in anything here), and that was evident from the moment I got out of my taxi. Or rather, from the moment my taxi driver told me he couldn’t take me the final block and a half to my destination, the assembly point for the march (outside Anubis, a gay bar), because of the two big military blockades.

I got out of the taxi in front of the first road block, just before the Marriott. Over a dozen heavily-armed soldiers stood at the fence barricading the street, and as many or more were at the barricade on the other side of the block, past the Casa Presidencial. I told a soldier I needed to get to my hotel, pointing at the InterContinental in the distance, and he waved me through. It was mostly empty along the whole block, except for hotel patrons. I was having trouble imagining that all the militarization and the hassle to the Marriott could be for a pride march. I asked a man at a parking lot in front of a forcibly-closed-for-the-afternoon business across from the Casa Presidencial what the blockade was for, and he said some protestors were coming. “¿Todo esto es para unos cuantos homosexuales?” I asked, incredulous. He told me he didn’t know who the protestors were. I tried telling myself it might be some other group with more militant demands than “stop killing us” marching in the same place at the same time.

But indeed, the soldiers were there to prevent the queers from sullying the block in front of the presidential palace with their rainbow flags. The following Tuesday Arely Vicky from APUVIMEH told me that the blockades had been put up to prevent marchers from walking down that block over the past few years, but APUVIMEH and Cattrachas, through talks with Ana Pineda, had reached an agreement with Pepe Lobo’s administration to allow the community the right to free assembly. Apparently Juan Orlando is not respecting said agreement. Once I was halfway down the block, I used my zoom to get a couple shots of the first barricade.

The added irony to this scene was that just across the street from where I was standing to take this picture is this large painting on the Presidential Palace gate. Vicky told me that the painting had been done following talks between the Lobo administration and representatives of the community, by Ziad Suliman, a young painter who was killed shortly thereafter in a targeted assassination that (the folks at APUVIMEH told me) police labeled a suicide. It states:

In this Presidential House, House of the Honduran people, there is no discrimination [slightly inaccurate impossible translation of Spanish passive voice, could also be slightly inaccurately translated as “we do not discriminate”] on the basis of gender, origin, skin color, age, religious creed, sexual orientation, gender identity, physical or socioeconomic condition or for any other reason.

And here’s a video memorial for Suliman produced by Fred Alvarado, that includes an image of him painting the above painting. The video also includes graphic images of Suliman, as he was found floating in a river face up with a gunshot to the forehead:

I went back a few days after the march to take the above picture of Suliman’s painting, and told a friend before I left. Be careful, he said. And I was. I asked the colectivo to let me off in front of the Marriott, and walked from there, smiling at the soldiers and trying to look like a tourist to take the photo and walk on. All this to take a picture of an innocuous pro-diversity piece of fiction that I couldn’t help thinking at the time was probably the work of the U.S. embassy’s efforts to clean up the post-coup government’s image using some ridiculous anti-violence/ally training language (turned out there was more to it).

As I was exiting through the blockade on the other side of the street, the marchers were making their way toward it. I walked in the opposite direction of the march to take pictures and say hello to friends along the way. A lone policewoman accompanied the march, and although some marchers looked askance at her, she seemed to actually be there in a supportive role, even intervening on behalf of the marchers on a couple occasions when motorists got frustrated with the traffic delay. She was a dramatic exception to the rule that police are the worst perpetrators of violence against the community.

Arely Victoria Gómez marched with APUVIMEH. Vicky had been the LIBRE “diversity” pre-candidate for Alternate Congressmember alongside primary candidate Erick Martínez Salgado (who was also at the march), after the previous diversity candidate Erick Martínez Ávila was murdered. Last August she survived a violent hate crime.

When I went to talk with Vicky a few days later at the APUVIMEH offices I’d been to last Fall in El Bosque, it turned out APUVIMEH was no longer there. A few phone calls later I discovered where they were, and took the colectivo back down the hill and walked the rest of the way to the new downtown offices. A woman was sitting in the back of the large hot room where the new office was, watching videos on television, and Vicky told me they had had to leave because of extortion threats at the last place. I later got the longer version of the story which was that one of the extortionists had been detained, but that the intellectual author/mastermind of the scheme was a DGIC agent living in El Bosque, and that they had denounced him, but no action had been taken. They had so feared for their safety that they had not been to their own offices where they had all their equipment, and from December until February 15th when they moved into the new office downtown. “Andabamos en los restaurantes de comida rápida, en los malls, por miedo de regresar al Bosque,” APUVIMEH director Sandra Zambrano told me. When they finally went for their things, they requested police accompaniment for protection in the move.

The woman watching music videos on TV in the back, it turned out, was sent by the Secretaría de Seguridad because 19 members of APUVIMEH have protective measures. But, Sandra noted, she’s only there from 8 to 5. They have no one to protect them otherwise. Here are some of the things that have happened to APUVIMEH activists in the past year:

  • The kidnapping of Sandra’s teenage daughter, June 20, 2013. This kidnapping hasn’t even had a case number assigned to it yet.
  • The attack on Yona Cruz, an assassination attempt in which men on a motorcycle shot him four times in the stomach. He’s had three surgeries to repair his intestine. He showed me his scars:
    Yona told me the Ministerio Público began investigating the case but then stopped. Sandra added, “está durmiendo el sueño de los justos.”
  • Vicky’s attack on August 9, 2013, mentioned above, in which everything related to her gender identity (earrings, heels, etc.) was violently stripped while the four men doing it (and beating her up) shouted anti-trans and anti-gay slurs at her. She told me she’d left the country from December to just a couple weeks ago for her protection. She’d been in Nicaragua. When I asked why she hadn’t left earlier she told me it was because she hadn’t been able to get together the money to leave until then. But she couldn’t handle it, she told me. She wanted to be doing human rights activism, and in Nicaragua they don’t have the problems they have here. “Esto es lo mío,” she said. I noticed she was wearing an engagement ring and asked about it. She laughed and told me, no, she wasn’t getting married (she wished!), and that “estoy comprometida con Honduras.” Because the organization was in the process of getting protective measures issued for various members when she left, she wasn’t able to get them in the end, and as such was more vulnerable. I commented that protective measures don’t seem to do much to protect here, and she nodded, but said that in case anything happened, at least there would be the antecedente. “Tengo miedo de salir a la calle, pero digo no me queda de otro. Todavía tengo miedo, no creas.” A public defender has been assigned her case, but Vicky hasn’t spoken with her yet, “¿Para qué?, digo, si no han hecho nada.” A little while later she told me about how her determination to leave the country grew last Fall after her attack. She became terrified of motorcycles that drove by her. On one occasion she was waiting for a bus near the airport when a motorcyclist drove up near her and put his hand in his pocket. “Dije esto ya es mi fin. Pero lo que sacó fue celular.” Even then, she was imagining that maybe he had a picture of her to know the right person to kill, and that’s why he took out the phone, to compare. She continued, “En la calle no voy caminando, voy corriendo. Por eso no uso tacones, para ir corriendo.
  • Joel, one of the organization’s activists was kidnapped on January 2nd, 2014, by four ski-masked men who beat him up and told him that los culeros no valen nada and that they should stop going out on the streets. (Vicky interjected as Sandra related this to me, saying it’s always four, with my attack it was four men too). Sandra said that after the kidnapping they were sent a text message that the same thing was going to happen to two other members of the organization.
  • Roberto Antonio Cruz, the secretary of APUVIMEH, has been followed by men on motorcycles who have taken his pictures. The organization has denounced it with the Ministerio Público and CONADEH, but it hasn’t been assigned a case number.
  • Amaranta Acosta, a trans woman who was in the march with us, had left the office to go home last month when a man on the bus started telling her he didn’t want to see her on the streets, that he was going to put her in a black bag—which everyone here understands to mean they will chop you up into pieces (descuartizar). She got off the bus as quickly as she could, and switched buses twice more to lose him on her way home. But the next day the same man found her and said the same things, telling her he was going to kill her “porque le caían mal los culeros.” Sandra, who was telling me about this, added “es que la gente no sabe diferenciar entre trans y gay.” The organization was seeking funds to help Amaranta to move to a different place where she would be marginally safer, because in her neighborhood everybody knows where she lives and can point her out, but they haven’t been able to find the money.

APUVIMEH is also the organization where Walter Tróchez worked until he was murdered, almost certainly by the same police who had abducted and tortured him days earlier. The new offices are named in his honor (as were the old ones):

I asked about the progress of Walter’s case and they told me that not much had happened since they captured a young gay man supposedly responsible for the crime last April. Walter’s colleagues don’t believe that the chico is actually guilty, and say that he is being used as a scapegoat. They say there is evidence that the man, who himself has suffered abuses at Támara prison, was in Mexico at the time of Walter’s murder. Apparently the state says there are three others who will be charged, and they’re waiting to see, but don’t have any faith in the process. A woman came for six months from the FBI, they said, but she disappeared the day they caught the supposed criminal and hadn’t been seen since. According to Walter’s closest colleagues and friends, themselves under attack with very little protection from a state that sets up military blockades to prevent people with rainbow flags from walking on public streets, “queda impune el caso.”

At the march, APUVIMEH held a mock funeral procession for Walter and all the other victims of impunity and hate crimes against the diversity community, with two coffins, mourners, angels and Death.

The sign on this coffin reads: we demand access to justice.

Other organizations marched as well, including Colectivo Violeta, Arcoiris and Kukulcan.

Kukulcan put out these No H8 posters (a phrase that doesn’t make sense in Spanish) encouraging people to denounce hate crimes against gay and trans people. This certainly resonates in the NGO world, but is not always the best tactic when the people to whom you are supposed to denounce are themselves the worst perpetrators of hate crimes. Still brave.

Almost all (if not all) the Tegucigalpa LGBTTI organizations are funded by HIVOS, which provided funds for the march and apparently also recently engineered a forcible collaboration (forzosamente hizo que se uniera) to address the infighting (and/or as one activist told me, porque tienen homofobia internalizada).

The Movimiento de Diversidad en Resistencia was there, chanting (along with allies from the movimiento amplio who marched in the back) “No a la homofobia! ¡Sí al socialismo!

This damn flag kept getting in the way of my shots.

A favorite: Genitals don’t fall in love; People do.

“¡Queremos pasar!” chanted the marchers.

Others cheekily retorted “queremos pisar,” refusing to allow the hostile military presence to destroy the mood. A friend saw me scribbling in my notebook and said “Don’t write that down!” In any case I seem to have lost the notebook in which I took all the notes for the march, so unless I find it and update this, this is just a photo-essay combined with notes from the subsequent interview.

In this photo, you can see the big firefighting truck that showed up blasting sirens and then hung around for a bit, apparently just there to help intimidate marchers.

Activists wheatpasted these Kukulcán wanted posters seeking those responsible for the murder of Erick Martínez Ávila. Folks I spoke with think the justice process is turning out to be a sham in his case like Walter’s (I’ll be looking into the details more in the coming weeks).

Facing the military roadblock, some argued with the military, others waited around for ten or fifteen minutes. It was clear we weren’t going to pass.

Eventually marchers turned back to go past the starting point and up to Bulevár Suyapa for the march to the center. A few stragglers took longer to leave:

My neighbor Chiki posed for a fashion shot:

Marching toward Hospital Escuela:

The back end of the coffin had a sign that read “No more hate crimes”:

There were only two kids at the march, which I can only assume was because people were afraid to bring there kids in case there was any police or military attacks—the few people I asked confirmed my hypothesis. I cropped this first picture so as not to identify the girl, who was marching with her mother:

And the other (this photo is borrowed from a much better photo collection):

The sky was ominously gray, and the air was heavy. We weren’t a huge crowd, and between all that and the military blockade, I actually felt a bit scared.

But the flag dancing and baton twirling livened things up:

Outside Hospital Escuela:

Past the National Stadium where Juan Orlando held his empty inauguration in January:

…and past the mayoreo:

Down the hill to where the murdered bus driver was hanged last Fall in the terror campaign leading up to the elections:

…and up into the center. For the last part of the walk they were setting off so many firecrackers, and I started to get agoraphobic and left. But not before taking a couple shots of the victorious end of the march. Because making it from point A to point B in this country is no small victory, especially if you’re walking while queer.

Final note…I didn’t know where to fit this in. We started from Anubis, but there’s another gay club in town called Tantra. Vicky told me trans women aren’t welcome there, which bums her out because she likes the atmosphere better. She said: “No me dejaron entrar en Tantra porque no dejan entrar a trans, creen que todas somos trabajadoras de sexo y venimos a hacer disturbios. Sólo una vez entré pero me tuve que disfrazar de hombre…Yo hasta cierto punto entiendo pero digo que no deben generalizar, y a mí que ya me conocen…

http://quotha.net/node/2646

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Policías, mayores agresores de la comunidad lésbico-gay

Lunes, 19 Mayo 2014 22:51

Según el CONADEH

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Los policías constantemente son denunciados por la comunidad lésbico-gay y demás miembros de la diversidad sexual, de abusarlos física, sicológica y sexualmente, después de robarles dinero, celulares y otros objetos de valor, durante los operativos.

Tegucigalpa, Honduras

Agentes de la Policía Nacional, policías municipales, guardias de seguridad, familiares y personas desconocidas figuran entre los principales agresores y violadores de miembros de la comunidad lésbico-gay, según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

La investigación establece que por causas no establecidas, la impunidad prevalece en la muerte de más de un centenar de miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI) que perdieron la vida en forma violenta entre 2005 y 2014.

Se estima que en los últimos años, al menos, 150 miembros de la comunidad LGTBI perdieron la vida violentamente a nivel nacional, muchos de ellos en circunstancias aún no esclarecidas, cuyos crímenes están en la impunidad.

De acuerdo al CONADEH, existe preocupación por las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos que sufren las personas de la diversidad sexual y población transgénero en el país.

Un recuento de los hechos registrados en los últimos años, establece que han sido víctimas de homicidios; tentativas de homicidio; abusos de autoridad; lesiones; detenciones ilegales; robo; hostigamiento; violación sexual; amenazas a muerte; violencia intrafamiliar y agresión, por parte de particulares e incluso por  agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, en su mayoría, policías.

Según el titular del CONADEH, Roberto Herrera Cáceres, la serie de crímenes y agresiones contra estas personas indica que en Honduras hay discriminación hacia este sector de la población por lo que su misión al frente del ente estatal es velar porque en el país no existe discriminación, homofobia y que haya  igualdad de oportunidades para todos los compatriotas.

Herrera Cáceres anunció que en los próximos días impulsará una campaña nacional para que en el país haya una cultura de respeto a los miembros de la diversidad sexual, con el propósito que la población entienda qué son los derechos humanos, y por qué debemos respetarnos los unos a los otros.

“La homofobia es entendida como la intolerancia y el desprecio hacia quienes presentan una orientación o identidad diferente a la heterosexual; y se menciona la discriminación, odio, miedo, prejuicio o aversión contra hombres homosexuales, mujeres lesbianas y personas bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales” , indica el informe emitido por el CONADEH.

El escrito contempla que la discriminación se da en el seno familiar; el campo laboral; los servicios de salud; servicios públicos; la política; educación y en las  actividades sociales y deportivas, según denuncias recibidas de parte de los afectados.

En reunión sostenida recientemente entre Herrera Cáceres y representantes de la diversidad sexual, éstos le pidieron al ombudsman hondureño que promueva el respeto de sus derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y que cesen los crímenes y el odio en contra de ellos.

HALLAZGOS DEL INFORME
-Los policías figuran entre los más agresores y violadores de la comunidad de la diversidad sexual.

-Más del 92 por ciento de los delitos cometidos contra miembros de la comunidad lésbica gay y afines, permanece en total impunidad por la falta de investigación.

-Las ciudades donde más se registran hechos violentos en contra de personas de la diversidad sexual son: Comayagüela y Tegucigalpa; San Pedro Sula y Choloma, en Cortés; La Ceiba, Atlántida; y El Progreso, Yoro.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/noticias/policias,-mayores-agresores-de-la-comunidad-lesbico-gay?utm_source=nacionTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Impunes muertes violentas de miembros de la diversidad sexual

17 mayo, 2014 – 9:23 PM

La impunidad prevalece en la muerte de más de un centenar de miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI) que perdieron la vida en forma violenta, entre el año 2005 y el 2014, según informes de organismos que defienden los derechos de las personas de la diversidad sexual.

muertes-gaySe estima que en los últimos diez años, al menos 150 miembros LGTBI han perdido la vida violentamente, muchos de ellos en circunstancias aún no esclarecidas.

De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), existe preocupación por las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos que sufren las personas de la diversidad sexual y población transgénero en el país.

Un recuento de los hechos registrados en los últimos años establece que han sido víctimas de homicidios, tentativas de homicidio, abusos de autoridad, lesiones, detenciones ilegales, robo, hostigamiento, violación sexual, amenazas a muerte, violencia intrafamiliar y agresión por parte de particulares e incluso por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.

DISCRIMINACIÓN

Según el titular del CONADEH, Roberto Herrera Cáceres, esta situación indica que en Honduras hay discriminación hacia la población transgénero y de la diversidad sexual.

“De allí nuestro reclamo permanente para que se respeten sus derechos humanos, principalmente el derecho a la vida”, puntualizó.

Agregó que su misión al frente del ente estatal de derechos humanos es velar porque  en el país no exista discriminación, homofobia y que haya igualdad de oportunidades para toda la población.

Reconoció que las luchas que libran los miembros de la diversidad sexual son progresivas y lo que se tiene que hacer es impulsar lo que se está haciendo y concienciar al resto de la población que ese esfuerzo necesita de su apoyo.

Herrera Cáceres destacó la importancia de realizar campañas de sensibilización con el propósito de tener sociedades más respetuosas de la diversidad sexual.

Anunció que en los próximos días impulsará una campaña nacional para que en el país haya una cultura de respeto a los derechos humanos.

Explicó que el propósito de la campaña está encaminado a que la población entienda qué son los derechos humanos y por qué debemos respetarnos los unos a los otros.

HOMOFOBIA

La homofobia es entendida como la intolerancia y el desprecio hacia quienes presentan una orientación o identidad diferente a la heterosexual.

Para el caso, se menciona la discriminación, odio, miedo, prejuicio o aversión contra hombres homosexuales, mujeres lesbianas y personas bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales.

De acuerdo al CONADEH, la discriminación se da de diversas formas y en varios escenarios, tales como el seno familiar, el campo laboral, los servicios de salud, los servicios públicos, la política, la educación y en las  actividades sociales y deportivas.

En reunión sostenida con el Comisionado de los Derechos Humanos, sectores ligados  a la diversidad sexual le pidieron que promueva el respeto de sus derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y que cesen los crímenes de odio.

Herrera Cáceres se solidarizó con las personas de la diversidad sexual y condenó las múltiples violaciones a sus derechos humanos de las que han sido objeto.

El funcionario exhortó a los miembros de la diversidad de sexual a establecer una comunicación directa con la institución para que denuncien cualquier amenaza que tengan al 800 2220–0007, para orientarlos o tomar los resguardos necesarios para protección de sus vidas.

LAS VÍCTIMAS

• De acuerdo al CONADEH, en el 2012 perdieron la vida alrededor de 20 personas LGTBI, de los cuales un 90 por ciento expiró con armas de fuego, mientras que en dos casos las víctimas fueron estranguladas o asfixiadas por sus agresores.

• Entre los principales agresores y violadores de los derechos humanos de las personas LGTBI, figuran miembros de la Policía Nacional, Policía Municipal, familiares, guardias de seguridad y personas desconocidas.

• Más del 92 por ciento de los delitos cometidos contra miembros de la comunidad LGTBI permanecen en total impunidad por la falta de investigación.

• Las ciudades donde más se registran hechos violentos en contra de personas LGTBI son Comayagüela, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choloma, La Ceiba y El Progreso.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/05/17/impunes-muertes-violentas-de-miembros-de-la-diversidad-sexual/

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Más de cien homosexuales murieron violentamente en Honduras entre 2005 y 2014

17 de Mayo de 2014

03:03PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

El informe señala que más de un centenar de personas fueron víctimas de homicidio, tentativa de homicidio, abuso de autoridad, lesiones, detenciones ilegales, robo, hostigamiento y violación sexual, entre otras.

Activistas de la comunidad lésbica, gay, transgénero y bisexual (LGTB) participan este 16 de mayo en una marcha conmemorando el día internacional contra la Homofobia en Tegucigalpa (Honduras). EFE
Activistas de la comunidad lésbica, gay, transgénero y bisexual (LGTB) participan este 16 de mayo en una marcha conmemorando el día internacional contra la Homofobia en Tegucigalpa (Honduras). EFE

Tegucigalpa, Honduras.

Más de un centenar de miembros de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) murieron de forma violenta en Honduras entre 2005 y 2014, informó hoy el Comisionado de los Derechos Humanos del país centroamericano, que dirige Roberto Herrera.

Entre los principales agresores y violadores de los derechos humanos de la comunidad LGBTI figuran elementos de la Policía Nacional, la Policía Municipal, familiares, guardias de seguridad y personas desconocidas, indicó el organismo citando como fuentes a instituciones defensoras de la diversidad sexual.

“Se estima que en los últimos diez años al menos 150 miembros LGBTI han perdido la vida violentamente, muchos de ellos en circunstancias aún no esclarecidas”, indicó el Comisionado de los Derechos Humanos en un comunicado.

En este sentido, añadió que existe “preocupación por las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos que sufren las personas de la diversidad sexual y población transgénero en el país”.

El informe señala que más de un centenar de personas fueron víctimas de homicidio, tentativa de homicidio, abuso de autoridad, lesiones, detenciones ilegales, robo, hostigamiento, violación sexual, amenazas de muerte, violencia intrafamiliar y agresión por parte de particulares y agentes de cuerpos de seguridad del Estado.

“Esta situación indica que en Honduras hay discriminación hacia la población transgénero y de la diversidad sexual”, indicó Herrera, quien manifestó además que el organismo que preside mantiene un “reclamo permanente” para que se respeten “sus derechos humanos, principalmente el derecho a la vida”.

Herrera dijo que su misión es velar porque en el país no exista discriminación y homofobia, sino igualdad de oportunidades para toda la población.

Y agregó que “las luchas que libran los miembros de la diversidad sexual son progresivas” y que “lo que se tiene que hacer es impulsar lo que se está haciendo y concienciar al resto de la población que ese esfuerzo necesita de su apoyo”.

Asimismo, indicó que en los próximos días impulsará una campaña nacional para que en el país haya una cultura de respeto a los derechos humanos.

“La campaña está encaminada a que la población entienda qué son los derechos humanos y por qué debemos respetarnos los unos a los otros”, enfatizó Herrera.

Según el organismo humanitario, la discriminación se da de diversas formas y en varios escenarios, tales como el seno familiar, el campo laboral, los servicios públicos, la política, la educación y las actividades sociales y deportivas. EFE

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/710200-96/m%C3%A1s-de-cien-homosexuales-murieron-violentamente-en-honduras-entre-2005-y-2014

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Maestro de UNAH enfrenta cargos por racismo

Jueves 01 de mayo de 2014

09:42 pm  – Redacción   

En el Juzgado Penal se evacua la audiencia inicial en la causa que el Ministerio Público instruye en contra un docente de la Facultad de Arquitectura.

El estudiante garífuna Osbin Pérez denunció el caso en la Fiscalía.

El estudiante garífuna Osbin Pérez denunció el caso en la Fiscalía. ()

Tegucigalpa,

Honduras

Un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) enfrenta un proceso judicial por racismo en perjuicio de un alumno.

En el Juzgado Penal se evacua la audiencia inicial en la causa que el Ministerio Público instruye en contra de Miguel Antonio Fiallos, maestro de la Facultad de Arquitectura.

La Fiscalía de las Etnias lo acusa por discriminación, por motivos de raza, en perjuicio del joven Osbin Francisco Pérez Álvarez, originario de la comunidad garífuna de San Antonio, Colón, y estudiante de arquitectura.

Los hechos acontecieron en abril del 2013 cuando Osbin se encontraba en la Facultad estudiando, denunció que Fiallos se les acercó y dijo que “no había negros arquitectos porque la UNAH era muy difícil y que los negros prefieren las privadas porque son más flexibles y todo se resuelve con dinero”.

Además dijo que “un arquitecto no tenía por qué andar dibujando, que un arquitecto podía contratar a varios esclavos negros para dibujar”.

El Juzgado le dictará al catedrático un auto de formal proceso o un sobreseimiento.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Maestro-de-UNAH-enfrenta-cargos-por-racismo

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Más de 100 personas con discapacidad despedidos en el gobierno de Hernández

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de cien personas con discapacidad fueron despedidos en los últimos tres meses del gobierno de Juan Orlando Hernández, denunció este lunes el presidente de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras (FENOPDIH), Jorge Corea.
“Necesitamos que se proteja a las personas con discapacidad en materia de inserción laboral, -destacó- ya que a inicio de este año más de 100 personas fueron despedidas en diferentes entes estatales a raíz del cambio del gobierno. Creemos que eso fue lo más fácil de cortar”, lamentó. De acuerdo con Corea, muchas de estas personas enfrentan una grave situación económica al punto de estar al borde de perder su vivienda y en grave calamidad doméstica. 
A inicios de septiembre anterior unas 205 personas también recibieron los llamados “sobres blancos” una vez concluído su contrato, sin embargo fueron restituídos vía Consejo de Ministros. Las declaraciones de Corea ocurren en el marco de la conmemoración de la Semana de la Solidaridad con las Personas con Discapacidad, en la que participan el Grupo de Sociedad Civil (GSC), Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH), la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), han realizado un profundo análisis para identificar una serie de acciones y medidas de la Política Pública que junto con la aprobación de instrumentos legales sentarían las bases para la construcción de una Honduras inclusiva.
“Hoy damos inicio a la Semana de la Solidaridad, periodo en el que realizaremos diferentes actividades a nivel nacional, en la que participarán las organizaciones diseminadas en toda Honduras, entre ellas actividades culturales, deportivas y una caminata enfocada en la concienciación por el respeto de los derechos humanos, tanto a nivel educativo, inserción laboral como en diferentes áreas”, comentó.
El objetivo primordial de esta semana es recordar que “somos sujetos de derechos y no de lástima, pues de nada sirve la caridad cuando queremos establecer un mejor estilo de vida en la sociedad, en la que nadie está exento de adquirir una discapacidad”, sanjó.
La jornada de solidaridad continuará este martes con la presentación de las políticas públicas del sector, las reformas a la Ley 160-2005 de Equidad y Desarrollo para las personas con discapacidad y culminará el miércoles con una caminata hacia el Congreso Nacional.
Al finalizar del día miércoles las organizaciones esperan que una comisión del Congreso Nacional les reciba para hacer entrega de una serie de sugerencias a la mencionada Ley de Discapacidad, pues “presenta una serie de vacíos”.



Exigencias 

1.El Estado de Honduras invierte en el tema de Discapacidad únicamente 28.6 millones de lempiras, cifra que no responde a las necesidades de los más de 800 mil compatriotas que viven con una discapacidad, ya que por más de 40 años los procesos de rehabilitación y habilitación de la personas con discapacidad y sus familias ha sido tarea únicamente de las organizaciones de Sociedad Civil.
2.El Estado de Honduras como Ente garante de Derechos Humanos, debe operar con inmediatez el cumplimiento y respeto de los Convenios, Convenciones, Leyes y Acuerdos que protegen los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus Familias.
3.Las Organizaciones de Sociedad Civil del Sector Discapacidad, exigimos al Estado de Honduras a:
a.Mejorar las oportunidades de educación, empleo, inclusión, participación y acceso a los servicios de bienestar social, mediante la promoción de una educación inclusiva, la formación profesional, los programas de apoyo al empleo, la prestación de apoyo social a la familia y la promoción de grupos de apoyo a los padres, madres y familiares.
b.Fortalecer a las Organizaciones de Sociedad Civil que trabajan con Personas con Discapacidad y sus Familias.
c.Fortalecer el rol Rector de la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad, a fin de implementar la Política Pública de Discapacidad  y el respeto al decreto 160-2005; Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad.
d.Cumplir el decreto 102-2013 que restablece los fondos recortados al Sector Discapacidad en el año 2013, lo cual ha afectado el desempeño de trabajo orientado a este Sector.

e.Invitar al Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández a dialogar con las Organizaciones del Sector Discapacidad para continuar trabajando en beneficio de las 800 mil Personas con Discapacidad y sus Familias.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-capacidades-especiales/m%C3%A1s-de-100-personas-con

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El papel de los dirigentes en la lucha contra el racismo y la discriminación racial

Escrito por Redacción en Vie, 03/21/2014 – 13:16

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ONU, 21 de marzo, 2014.- La Declaración y el Programa de Acción de Durban aprobadas en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada el 8 de septiembre de 2001, destaca el papel fundamental que los dirigentes y los partidos políticos pueden y deben desempeñar en la lucha contra el racismo y la intolerancia.
En la Conferencia Mundial y en la posterior Conferencia de Examen, los Estados también reconocieron que la promoción de un mayor respeto y confianza entre los diferentes grupos dentro de la sociedad debe ser una responsabilidad compartida, a la vez que diferenciada, de las instituciones de gobierno, de los dirigentes y partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos.
El tema de este año fue elegido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de resaltar el papel fundamental que juegan los dirigentes en la movilización de la voluntad política para combatir el racismo y la discriminación racial.
Un mesa redonda sobre el tema tendrá lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Ginebra, el viernes 21 de Marzo, a las 13:15 horas. Para inscribirse, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de registry@ohchr.org.
El mismo día, en la sede de la ONU en Nueva York, la Asamblea General celebrará una sesión extraordinaria para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, según lo dispuesto por la resolución 68/151 de la Asamblea General.
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de promover y proteger los ideales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo primer artículo afirma que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».
El Secretario General de las Naciones Unidas declaró: “Hago un llamamiento a todos, en particular a los líderes políticos, civiles y religiosos, para que condenen los mensajes y las ideas que se basen en el racismo, la superioridad racial o el odio, así como los que inciten al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia.”


Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas con motivo del
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo de 2014
Este año, el mundo conmemora por primera vez el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial desde el fallecimiento de Nelson Mandela, ex-Presidente de Sudáfrica. Este triste hecho nos recuerda al mismo tiempo su lucha contra el apartheid y su triunfo ejemplar sobre los poderes racistas que lo tuvieron encarcelado durante 27 años.
La Asamblea General, con el fin de solidarizarse con el movimiento antiapartheid, decidió instituir este día para conmemorar la masacre de Sharpeville de 1960, en la que murieron 69 personas y otras muchas resultaron heridas cuando la policía abrió fuego contra una manifestación pacífica que protestaba por las deplorables leyes de pases de Sudáfrica.
La trayectoria de Nelson Mandela del confinamiento a la presidencia fue la victoria de una persona extraordinaria sobre las fuerzas del odio, la ignorancia y el miedo, y demuestra cómo la valentía, la reconciliación y el perdón son capaces de sobreponerse a la injusticia de la discriminación racial.
Mandela eligió Sharpeville para firmar la histórica Constitución sudafricana de 1996. En aquella ocasión, el Presidente Mandela dijo: «De los muchos Sharpevilles que jalonan nuestra historia ha surgido la determinación inquebrantable de consagrar el respeto a la vida, la libertad y el bienestar del ser humano como derechos que ningún poder tenga en su mano restringir».
Hoy, evocamos el recuerdo de Sharpeville como símbolo del terrible fruto de la discriminación racial y rendimos homenaje a quienes perdieron la vida en aquella masacre. Al mismo tiempo, recordamos que el Presidente Mandela inmortalizó el legado de Sharpeville con su resolución irrenunciable de proteger la dignidad y los derechos de todo el mundo.
La experiencia de Sudáfrica y su férrea defensa de la igualdad ante «los muchos Sharpevilles» que hay en su historia se pueden aplicar a cualquier parte del mundo, no solo como respuesta ante las expresiones de racismo organizado e institucional, sino también en cualquier lugar donde se presente este pernicioso problema, incluidas las relaciones interpersonales.
Hago un llamamiento a todos, en particular a los líderes políticos, civiles y religiosos, para que condenen los mensajes y las ideas que se basen en el racismo, la superioridad racial o el odio, así como los que inciten al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. En este Día, admitamos que la discriminación racial sigue constituyendo una peligrosa amenaza y comprometámonos a hacerle frente mediante el diálogo, inspirados por la demostrada capacidad individual de respetar, proteger y defender la rica diversidad de la familia humana. Fuente: Servindi

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Honduras y los resultados del examen ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).

Publicado en febrero 24, 2014 de

 

El 4 de febrero tuvo lugar en Ginebra, Suiza, la 84 ava sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en la cual se examinó el informe presentado por el Estado de Honduras en diciembre del 2012.

El Observatorio de los Pueblos indígenas  y Negros de Honduras, ODHPINH presentó un informe alternativo, con el propósito de desenmascarar el maquillaje vertido sobre la realidad de nuestros pueblos por el Informe del Estado preparado por la Secretearía de Justicia.

El pasado 21 del presente mes,  La CERD publicó sus observaciones finales sobre el informe presentado por Honduras. En ellas recalca el racismo y discriminación existentes en Honduras, situación que parece agravarse a pesar de las medidas cosméticas asumidas en los últimos años,  para contrarrestar la deplorable imagen que posee Honduras en materia de derecho shumanos.

Como fue señalado en repetidas ocasiones durante el examen, Honduras tardó más de tres décadas en ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, tras haber firmado el instrumento; además de dilatarse 11 años en presentar su informe correspondiente.

Uno de los puntos más interesantes de las observaciones presentadas por la CERD, es en referencia a la independencia judicial, indicando que el Comité sigue estando preocupado por la destitución de varios magistrados, en particular miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La CERD solicita al Estado que le proporcione información sobre la destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 12 de diciembre de 2012.

En Honduras la inexistencia de independencia de poderes, y la imposibilidad de una aplicación verás de justicia acompañado por la persecución judicial de los defensores de los bienes comunes, forman parte de la estrategia de destrucción de los pueblos y sus culturas.

En relación a las Zonas De Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), indica que  “el Comité nota con preocupación la información recibida según la cual la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) permite la entrega de franjas del territorio nacional a inversionistas. Estas zonas gozan de autonomía funcional y administrativa, y pueden contar con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva, así como con sus propias fuerzas de seguridad, lo cual podría tener consecuencias dramáticas para Pueblos Indígenas y Comunidades afrohondureñas establecidas en la misma región”. 

Agregando “El Comité recomienda al Estado parte que examine la compatibilidad de dicha ley con los instrumentos internacionales adoptados por el Estado parte, en particular aquellos instrumentos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, tomando en cuenta el rango constitucional que tienen los instrumentos internacionales adoptados por el Estado parte”.

Sobre el Derecho a la Consulta (CPLI), “el Comité exhorta al Estado parte a desarrollar mecanismos prácticos para la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada de una manera que respete el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades afectadas y a garantizar la implementación sistemática y de buena fe de dichas consultas”. 

La CERD es contunde en relación al Convenio 169. manteniendo que ” es de aplicación directa, y que por lo tanto la ausencia de una norma interna al respecto no excluye la obligación de implementar el derecho a la consulta previa, libre e informada”.

El Comité fue contundente en cuanto a la enorme pobreza que afecta a los pueblos indígenas y negros como consecuencia del racismo estructural existente en el país. Al mismo tiempo hace observaciones sobre la definición de  discriminación racial en el Código Penal, y la  Declaración y Programa de Durban, entre otros.

El caso de los buzos Miskitos salió a flote: Los más de 400 muertos y 4000 lisiados, como consecuencias de las operaciones de la flota pesquera industrial y la utilización del buceo con tanque, se ha convertido en una  tragedia de enormes secuelas para ese pueblo. Cabe señalar que el Comisionado Anwar Kamel de la India, increpó al estado por la masacre de Ahuas, perpetrada por fuerza internacionales que convirtieron al pueblo Miskito en su objetivo.

Para los pueblos indígenas y negros de Honduras, los resultados del examen en la CERD, contribuye a exponer el racismo incrustado en el despojo sistemático que vivimos a través de un sinfín de leyes, diseñadas para rematar lo bienes comunes y promover la entrega del país a las empresas extractivas.

Sambo Creek, 24 de Febrero del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/02/24/honduras-y-los-resultados-del-examen-ante-el-comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-racial-cerd/

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