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Gigantesco planchón de Fiscalía desnuda fallos en investigación

Miércoles, 18 Diciembre 2013 23:04

Caso Fletes

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Click to enlarge image p18c4gnbtm18l8qfg1btm1u06c3m4.jpg El excoordinador de la fiscalía Rafael Fletes, al salir de la sala de juicios se abrazo con sus defensores y familiares que lo esperaban.

San Pedro Sula, Honduras

Con críticas de jueces contra el  Ministerio Público por acusar sin tener ni siquiera indicios  terminó el juicio  producto de la operación “Julián Arístides Gonzales” en la que se incautaron propiedades y se giraron 84 órdenes de capturas. A raíz de este planchón un Tribunal de Sentencia  declaró inocente  al excoordinador de la fiscalía, Rafael Fletes y otros nueve imputados.

Ayer a las 11:57 de la mañana el Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional leyó el fallo en el que absolvió a Fletes, del delito de cómplice en  el tráfico de drogas. Este delito fue imputado en último momento cuando  el martes la fiscalía aceptó en conclusiones no tener pruebas directas contra el encausado por tráfico de drogas y lavado de activos.

También los jueces liberaron al exempleado de Migración Alan Adonis Gutiérrez Varela, a quien la fiscalía lo señaló como la persona que permitió en una ocasión el ingreso de narcotraficantes y durante el juicio,  solo presentó una foto en su contra donde se miraba que en el aeropuerto estaba un grupo de personas a las cuales no identificó el ente acusador.

José Alejandro Castellanos Muñoz y Gustavo Adolfo Guifarro Torres, también fueron declarados inocente por lavados de activos, pues lograron justificar sus bienes y propiedades durante el debate. Inicialmente también los  acusaron por tráfico de drogas.

QUE LOS ABSUELVAN
El Ministerio Público en la etapa de conclusiones pidió el fallo absolutorio para los  pilotos guatemaltecos Juan Luis González García y Hawarb Gilbert Suhr Castellanos; los colombianos Alexander y Frabrizio Contreras Martínez así como para los hondureños  de Denis Omar Calderon y Nery Alberto Ortega.

A los extranjeros y los hondureños el Tribunal de Sentencia los liberó de forma inmediata y el lunes 16 de diciembre salieron del Centro Penal donde permanecieron recluidos un año.

FALLO
Los jueces de sentencia en su fallo señalaron que durante el juicio  quedó probado que el 18 de noviembre de 2008 fue incautado un cargamento de seudoefedrina valorado en 6 millones de euros procedente de Francia,  que llegó a Puerto Cortés dirigido a la empresa Genéricos de Honduras.

Además que en el 2012 se realizó un operativo en una propiedad de Yoro, exactamente en “Pata de Gallina”, donde fueron decomisados 344 fardo de un componente para la elaboración de droga sintética.

Para los jueces la fiscalía no logró aportar ningún indicio de que los encausados hayan tenido alguna relación con esas operaciones así como con las compras ilegales de propiedades ni que hayan utilizado empresas de maletín, pues lograron acreditar la legalidad de sus empresas y bienes.

En su decisión absolutoria los jueces hicieron ver que la improvisación al presentar un requerimiento fiscal sin tener los mínimos indicios “pone en entredicho la seguridad jurídica”.

Hicieron ver que personas como  Nery Alberto Ortega Pleites, permanecieron presos porque la empresa de la cual era socio vendió un camión, el que después de un tiempo fue transformado a un volquete el cual fue utilizado para el transporte de 500 kilos de cocaína que fueron incautados en la colonia Victoria del sector López Arellano.

La defensa de Pleites logró acreditar que el carro había sido vendido mucho tiempo  antes por la empresa y aún así desde la etapa inicial un juez con Jurisdicción Nacional lo envió a prisión y la fiscalía tampoco desistió de la persecución penal.

FLETES
Al excoordinador de la fiscalía Augusto Rafael Fletes,  durante el juicio los fiscales lo señalaron como asesor de la organización criminal denominada “Los de arriba”  y dijo que mantenía reuniones con los hermano Ramírez Coria, de origen mexicano e identificados como miembros de un cartel.

Ese tipo de señalamientos los jueces indicaron que los testigos presentados por la fiscalía “no resultaron confiables”.

LECTURA
11.57 comenzó la lectura del fallo la cual concluyó a las 12:00 del mediodía.

SUBCOMISIONADO
Por ese caso solamente guarda prisión el subcomisionado de policía Normando Lozano, cuyo juicio se pospuso para enero próximo porque su defensor renunció y los tribunales le dieron tiempo para que el nuevo procurador se empape del proceso.


Fletes demandará: “Todo esto era un montaje  del exfiscal general  Rubí”

SAN PEDRO SULA.- El excoordinador de fiscales Augusto Rafael Fletes, quien durante el juicio oral y público se mantuvo con un rosario en sus manos, mientras la Fiscalía presentaba las acusaciones, dijo al salir absuelto que “ha quedado claro de lo que dije al inicio de mi captura, todo esto era un montaje del Ministerio Público dirigido por el exfiscal general (Luis) Rubí, que es el más corrupto e ignorante que ha existido”.

Fletes, minutos después de abrazar a su madre, su esposa y su hijo quienes lo acompañaron durante todo el juicio,  manifestó que con la sentencia absolutoria queda demostrado que la corrupción no solo facilita la impunidad,  sino que afecta la libertad y la dignidad de las personas.

“Hoy me declaro prácticamente perseguido por las células todavía corrupta que están dentro del MP y que se que me quieren afectar con mas requerimientos”, expresó.

Sobre el fallo absolutorio dijo que nunca ha sido lavador de activos, “simplemente me dedicaba a realizar mi función como abogado, de la cual me siento orgulloso y también de ser uno de los mejores”.

Calificó como incomprensibles las actuaciones de la fiscalía, que decía tener pruebas de narcotráfico y lavado de activos en su contra y al final ellos mismo pidieron se le absolviera y se le condenará como un cómplice en el tráfico de drogas.

“Ésta estigmatización que se me hizo y generó el rechazo de los amigos creyendo que tenía una participación en eso,  son situaciones y experiencias muy amargas, la verdad es que trataremos de sacar lo positivo”, apuntó.

“Doy gracias a Dios porque el poder judicial en esta etapa ha hecho valer el derecho y la justicia, desconozco porque la persecución en contra de mi persona” agregó Fletes.

El ex coordinador de la fiscalía Rafael Fletes expresó que tratara de recuperar su vida que me ha sido cercenada en más de un año, y después de ver la sentencia firme tomarán las acciones las cuales podrían llevar a una demanda.

Fuente: http://www.tiempo.hn/portada/noticias/gigantesco-planchon-de-fiscalia-desnuda-fallos-en-investigacion

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Exfiscal del Estado de Honduras nunca quiso usar bienes decomisados al crimen organizado

Tegucigalpa. El exfiscal general de Honduras Luis Rubí nunca quiso firmar un convenio para que los investigadores del Ministerio Público pudieran utilizar bienes decomisados al crimen organizado.

Este extremo lo confirmó el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Humberto Palacios Moya, quien señaló que A Rubí no le interesó colaborar para que los antiguos subalternos tuvieran a la disposición equipos que en su momento utilizaron bandas criminales.

Al respecto, opinó que con la salida del exfiscal general “no estorbará para la firma del convenio marco que el abogado Rubí nunca quiso firmar y que permite la entrega de los insumos que necesita el Ministerio Público, dijo que era una institución autónoma y que no podía firmar, por lo que impidió la entrega de estos insumos que se encuentran en las cajas de seguridad nuestras y en los bancos, como ser dinero, vehículos lanchas y lo que ellos necesiten”.

De igual manera, exigió que se investiguen a los exdirectores de OABI para que rindan cuentas sobre el paradero de bienes confiscados; al tiempo que señaló que otros recursos decomisados al crimen y que se subastaron sin que se respetaran los criterios que impone la ley.

http://www.ellibertador.hn/?q=article/exfiscal-del-estado-de-honduras-nunca-quiso-usar-bienes-decomisados-al-crimen-organizado

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Coalición contra la Impunidad: Se les acabó el tiempo de juegos de distracción política a diputados y diputadas

Tegucigalpa.

“Advertimos a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que el tiempo para los juegos de distracción política, prácticamente se han acabado. Por ello más importante que aprobar una nueva ley orgánica del MP, es la decisión política de reorganizar verdaderamente el MP y no de impulsar maniobras para elegir al Fiscal General y su Adjunto por cinco o siete años al margen de la legalidad”, señaló la Coalición contra la Impunidad-Honduras, en conferencia de prensa este miércoles 04 de julio.

Esta Coalición está conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil de diferentes regiones del país que están articuladas para la protección y defensa de los derechos humanos.

Esta Red analizó el informe presentado por la Comisión Interventora del Ministerio Público de la cual dijo que en el corto plazo que le queda en funciones, debe proceder a presentar requerimiento fiscal en contra de Luís Alberto Rubí, Fiscal General y Roy Urtecho, Fiscal Adjunto, para que se les deduzcan responsabilidades penales por el incumplimiento de sus responsabilidades.

En la conferencia de prensa estuvieron Guillermo López Lone, por la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD; Pablo Munguía del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Ivania María López, por el Centro de Derechos de Mujeres , Wilfredo Méndez, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH, Héctor Longino Becerra, del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre.

Señalaron que el informe de la Comisión Interventora se queda corto en definir líneas aunque sean generales de un diagnóstico de dicho ministerio en particular con las Fiscalías Especiales, lo que deja evidente que la depuración que se ha realizado es de carácter limitado.

La Coalición  criticó que los cambios ocurridos en las diferentes fiscalías no se han realizado bajo mecanismos de concurso interno, y que al final hayan prevalecido decisiones de carácter estrictamente discrecionales por parte de la Comisión Interventora.

Dicho informe se produjo en un contexto aprovechado por el Congreso Nacional para exigir la destitución del Fiscal General y Adjunto usando como presión el juicio político para obligarlos a renunciar, lo cual ocurrió al final, y que en el fondo se trata de un control político del actual régimen en el Ministerio Público, en el marco de la coyuntura electoral que se avecina, aseguraron.

La carencia de visión y de alcance para reorientar o reorganizar el Ministerio Público dejó como resultado que no se profundizara en medidas para la depuración y la realización de una evaluación en el corto plazo de todos los funcionarios especialmente de los fiscales General y Adjunto, señaló en un comunicado la Coalición  contra la Impunidad.

Uno de los elementos importantes señalados en el posicionamiento de esta Coalición fue que “Más importante habría sido que la Comisión Interventora hubiera recomendado la separación, por la vía del juicio político, del Fiscal General y de su Adjunto y que el Congreso Nacional procediera a elegir a sus sustitutos por el tiempo que falta para que se cumpla el período para el cual ellos fueron electos; y que consecuentemente se les dedujera responsabilidad penal por las actuaciones contrarias a la ley en que se vieron involucrados…”.

Los juegos de distracción política prácticamente se acabaron

Otra de las demandas fue la toma de decisiones por parte de la clase política para que se supere la crisis del Ministerio Público sin que medien los pactos secretos o mecanismos de consenso de las fuerzas políticas en contienda, sino que debe prevalecer el interés por la institucionalidad y no el político partidario.

“Advertimos a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que el tiempo para los juegos de distracción política, prácticamente se han acabado. Por ello más importante que aprobar una nueva ley orgánica del MP, es la decisión política de reorganizar verdaderamente el MP y no de impulsar maniobras para elegir al Fiscal General y su Adjunto por cinco o siete años al margen de la legalidad”, agregaron las organizaciones de la Coalición contra la Impunidad.

Al mismo tiempo destacaron que si la Comisión Interventora del Ministerio Público debe cesar en sus funciones pues su continuidad es una abierta y flagrante ilegalidad.

Pero enfatizan que adelantar la elección tanto del Fiscal General como del Adjunto es un nuevo golpe a la ya resquebrajada institucionalidad del país, “ya de por sí colapsada como consecuencia del golpe de Estado de junio de 2009…..no se puede continuar de golpe en golpe”.

Exigieron que se garantice una verdadera participación de las organizaciones de sociedad civil sin exclusiones y sin preferencias para nadie, “como Coalición contra la impunidad demandamos que nuestra voz sea tenida en cuenta tanto para la elección de las autoridades del MP, como en la reorganización de esta institución que se debe a los intereses de la sociedad”.

Fuerzas políticas tradicionales traman acciones para fraude en elecciones

Para Héctor Longino Becerra, director del Comité por la Libertad de Expresión, C-Libre, el Congreso Nacional actual no debería estar abordando la elección de los fiscales en mención porque eso pone de manifiesto que las fuerzas políticas tradicionales están preparando un escenario propicio para un probable fraude para las elecciones generales de noviembre próximo. “Al tener en el Ministerio Público  personas que responden a intereses de la clase pudiente, eso evidencia que probables partidos políticos pueden ganar las elecciones”, dijo.

Discutiremos en el corto plazo si participamos o no en las discusiones en el Congreso Nacional al que le ha denominado mesas ciudadanas, pues la convocatoria que este organismo ha hecho de un día para otro nos ha tomado de sorpresa, no sabemos qué es lo que esconden y no sabemos qué es lo que quieren legitimar, dijo Guillermo López, de la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, ante la interrogante de los periodistas de sí esta Coalición participaría en el proceso iniciado por el Parlamento hondureño.

Cuestionó que los fiscales están obstaculizando el acceso a la justicia pues se esperaba que en el informe de la Comisión Interventora se señalaran los casos que no se han podido desengavetado y cuáles serían los casos emblemáticos que se presentarían ante los tribunales del país y deja constancia de que esa comisión es timorata y se ha quedado dentro de la égida del presidente del Congreso Nacional.

Wilfredo Méndez del CIPRODEH agregó que no es que estén pidiendo participación en la comisión que supuestamente está socializando la nueva Ley del Ministerio Público “porque simplemente sabemos cómo actúan, el hecho es que se tome en cuenta a sociedad civil y que se proponga a un hombre o a una mujer que asuma la Fiscalía General con una posición de lucha contra la corrupción, pero tienen miedo de hacerlo y están haciendo componendas y hay una clara manipulación de algunos grupos de sociedad civil afines al presidente del Congreso Nacional”.

Ivania María López del CDM  cuestionó por qué la Junta Interventora no dedujo responsabilidades a los fiscales General y Adjunto a pesar que hay una sospecha que han incumplido con sus funciones cuando sugieren el juicio político; ella se contestó que el interés es beneficiar al gobierno que está de turno

La Coalición contra la Impunidad está integrada por las siguientes organizaciones, Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) –  Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) – Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) – Centro de Derechos de Mujeres (CDM) – Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) – Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Unidad Color Rosa.

También la integran el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Comité por la Libre Expresión C-Libre – Comunidad Gay Sampedrana – Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva – Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso.

Además están las  Feministas Universitarias ,  Foro de Mujeres por la Vida, Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”,  Red de Mujeres Jóvenes de Cortés , Red Nacional de Defensoras y la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.

Vea pronunciamiento completo de la Coalición contra la Impunidad

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2674:coalicion-contra-la-impunidad-se-les-acabo-el-tiempo-de-juegos-de-distraccion-politica-a-diputados-y-diputadas&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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No se debe politizar elección del nuevo Fiscal: Ana Pineda

Escrito por Redacción 02Jul
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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La elección del nuevo Fiscal General de la República no debe ser politizada sino escoger al sustituto del cargo por méritos profesionales,  personales  y con conocimiento del funcionamiento del Ministerio Público dijo la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda al referirse a la renuncia y  nombramiento del nuevo titular del cargo en sustitución de Luis Alberto Rubí.
 
La Ministra Pineda explicó  que para hacer la sustitución se debe considerar que hay una junta proponente encargada de la escogencia y de la presentación de la nómina de candidatos ante el Congreso Nacional del Fiscal General y Fiscal Adjunto.
 
Sin embargo, la funcionaria lamentó  que no han sabido cumplir con la responsabilidad  legal que se les ha encomendado,  porque siempre termina haciendo  haciéndose escogencias políticas partidarias y seleccionando mayoritariamente a los miembros conforme al  partido que ostenta el poder y en segundo lugar a quien ocupa esa cuota de participación política.
 
“Por esa circunstancia el país actualmente está en una situación crítica, he escuchado propuestas en el sentido que se debe nombrar como Fiscal General a una persona de militancia liberal porque el sucesor debe tener la misma filiación política partidaria y eso no es conveniente para las instituciones del sector justicia ni para el país”.
 
Lamentó la crítica situación de impunidad que vive el país por esos criterios erróneos que históricamente han regido para la escogencia de los altos funcionarios del Estado “es tiempo que en Honduras las cosas cambien si queremos un mejor país”.
 
La Ministra de Justicia y Derechos Humanos dijo que la renuncia del abogado Luis Rubí es saludable para la institución y para los fiscales que hacen carrera en el Ministerio Público, como para la sociedad. Sin embargo “es importante revisar el informe de la Comisión Interventora y analizar si hay suficientes elementos de prueba de la comisión de un delito y de ser así es lógico suponer que lo que correspondería hacer es proceder en contra de los responsables”.
 
Este caso se puede convertir en emblemático, ya que corresponde al mismo Ministerio Público  a través de las y los fiscales tener que proceder si hubiere responsabilidad en la comisión de algún delito, quienes tendrán que revisar los informes como los documentos y testimonios que respaldan los mismos y determinar si existe o no la responsabilidad.
 
Conforme a lo anterior, la Ministra Pineda apuntó  que la sociedad hondureña esperaría que se proceda con la congruencia con que se actúa frente a otras personas  que cometen delitos, porque de lo contrario sería un mal precedente para el país que  el propio MP que es el ente encargado de la persecución penal publica   a sabiendas  de que se ha incurrido en uno a más delitos no actuará.

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Torbellino

Nuestra Palabra  | 27 Junio 2013

El asunto no está en la renuncia de un fiscal embarrado de corrupción hasta los dientes.
El asunto reside en el manejo y negociaciones que existen detrás de esa decisión en el
contexto de un proceso electoral complejo y volátil como el que estaremos encarando en
los meses del segundo semestre del año.

Ya renunció el Fiscal General, y esa ya es en sí misma una muy buena noticia, al tratarse
de un funcionario que convirtió la institución que formalmente defiende los intereses de
la sociedad en un hervidero de corrupción y de impunidad. Sin embargo, quedarse en la
satisfacción  y  entusiasmo  por  esta  renuncia  no  es  para  nada  la  mejor  actitud  en  una
sociedad atrapada en un torbellino de conflictos.

¿Quiénes tienen que ver en directo con la renuncia del Fiscal General? ¿Son acaso solo
los  miembros  de  la  Junta  Interventora?  ¿Quiénes  apadrinaban  al  Fiscal  General  y  que
ahora  han  perdido  terreno  o  le  retiraron  el  apoyo?  ¿Qué  papel  están  jugando  en  esta
renuncia  los  grandes  barones  tanto  del  Partido  Liberal  como  del  Partido  Nacional?
¿Quiénes  tienen  mayor  capacidad  y  poder  para  capitalizar  a  su  favor  la  renuncia  del
Fiscal  General?  ¿Quiénes  apadrinarán  la  elección  del  siguiente  Fiscal  General?  ¿Hasta
dónde la renuncia y la elección del Fiscal están condicionadas o serán condicionadas por
las fuerzas políticas que lideran el actual proceso electoral?

Todas  estas  preguntas  no  son  gratuitas.  Todas  ellas  han  de  estar  en  la  base  para  un
análisis sobre la complejidad y perplejidad en que se sitúa el contexto de la renuncia y
elección del  Fiscal General. Nadie con un mínimo de lectura política puede obviar, por
ejemplo, la participación del candidato oficialista en estos acontecimientos, y el uso de
su  poder  para  incidir  de  manera  directa  en  este  asunto  del  Fiscal  para  revertir  una
campaña electoral que se le ha convertido  en una verdadera cuesta arriba, y que cada
día lo aleja más del caramelo de la presidencia de la República por el que tanto sueña.

La  Junta  Interventora  ha  alcanzado  un  alto  perfil  en  estos  días,  y  el  tema  del  Fiscal
General acapara la atención, al tiempo que baja perfil hasta casi perderse en la nebulosa
el  asunto  de  la  depuración  policial.  Y  de  igual  manera,  la  Corte  Suprema  de  Justicia,
embarrada de corrupción e impunidad como el Fiscal General renunciante, sigue no solo
en la sombra, sino sin siquiera  ser mencionada. Es la gran ausente y la intocable. ¿Por
qué ocurre esto? ¿Quiénes retiraron el apoyo al Fiscal General y sin embargo, sostienen,
protegen  y  apadrinan  al  presidente  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia?  ¿Por  qué  tanto
silencio   en  la  depuración   policial?   ¿Qué   papel   juega   en   este   entramado  el   actual
Comisionado de Seguridad y Defensa, caracterizado por tomar decisiones públicas en los
más oscuros corredores de las negociaciones de cúpulas?

Preguntas  y  más  preguntas.  Y  las  hay  muchas  más,  porque  en  este  contexto  de  la
renuncia y elección del Fiscal General existe un verdadero torbellino de intereses entre
los   grupos  enemigos   de  los   pobres,  que   solo   pueden   quedarse   en   las   emociones
superficiales  y  en  la  satisfacción  de  ver  caer  a un  corrupto  aquellas  personas  que  por
falta de datos reaccionan con ingenuidad o aquellas que sabiendo de la complejidad del
torbellino   político   actual,   prefieren   pactar   con   la   irresponsabilidad.   Está   bien   la
mansedumbre  de  la  que  nos  habla  el  Evangelio,  pero  para  estos  días  de  torbellino
político  el  rasgo  evangélico  que  adquiere  más  fuerza  es  la  astucia  para  no  dejarnos
enredar por las trampas de los enemigos de los pobres.

Fuente: http://eric-sj.org/contentsj/index.php?option=com_content&view=article&id=1232:torbellino-27-junio-2013&catid=45:la-honduras-de-hoy&Itemid=63

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Convocan al CN para conocer renuncias de Rubí y de Urtecho

Miércoles 26 de junio de 2013
11:08 pm  – RedacciónAmbos funcionarios rehuyeron al juicio político.  Bancadas mayoritarias cabildean posibles escenarios: Elegir sustitutos u ampliar la gestión de la  Junta Interventora hasta marzo de 2014.

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Diputados analizan si dejar la interventora hasta marzo del 2014 o elegir nuevos funcionarios para que concluyan el mandato.

Diputados analizan si dejar la interventora hasta marzo del 2014 o elegir nuevos funcionarios para que concluyan el mandato. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

Los diputados conocerán la proxima semana la renuncia del fiscal general, Luis Alberto Rubí y la del fiscal adjunto, Roy Urtecho, interpuestas ante el Congreso Nacional la tarde del pasado martes.

El pleno ha sido convocado a sesión en virtud de encontrarse en receso.

Rubí y Urtecho han renunciado tras las presiones a que se han visto sometidos en las útimas semanas, producto de los malos resultados de su gestión.

El Fiscal General y el Fiscal Adjunto se convierten así en las principales victimas del denominado proceso de evaluación del desempeño de los operadores de seguridad y justicia, realizado el pasado mes de abril por el Congreso Nacional, el que derivó en varias acciones, entre estas la intervención del Ministerio Público.

Como resultado de esta evaluación, el Congreso recomendó, asimismo, al Poder Ejecutivo la separación del titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carerra Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, pero esta medida aun no se concreta.

En el marco de este proceso fue removido el ex secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, quien pasó a ser secretario privado presidencial, el que fue sustituido por Arturo Corrales, que antes se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores.

Las renuncias

Luis Rubí, de filiación liberal y Roy Urtecho, nacionalista, fueron electos el 7 de febrero de 2009, pero asumieron los cargos hasta el 11 de marzo de ese mismo año.

Ambos funcionarios prometieron librar una “gran lucha” contra el crimen organizado y no lo lograron. Su administración ha sido calificada como desastrosa por la Junta Interventora, lo que motivo a la Comisión de Seguridad del Congtreso ENacional, que preside el diputado Mario Pérez, emitir un informe en el que solicita que el fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí, y su adjunto, Roy Urtecho, sean sometidos al proceso de un juicio político.

La Comisión,nombrada por La Junta Directiva del CN se encargó de revisar los resultados y actuaciones de los distintos
operadores de justicia, pero en relación al Ministerio Público se pronunció por el juicio político.

Rehuyen al juicio

A pocas horas de conocer la posición de la Comisión de Seguridad que recomentó el juicio polític0o, tanto el Fiscal Rubí como el fiscal adjunto, Urtecho, interpusieron su reunicia ante el Congreso Nacional.

En la parte medular de su carta de renuncia, Rubí plantea “el mayor empeño que permiten mis facultades y las difíciles condiciones del ejercicio del cargo, he procurado mantener la institución libre de injerencias políticas, ajustando su actuar a las características de profesionalidad, objetividad e independencia que impone la naturaleza misma de su trabajo , sin embargo las últimas acciones de ese poder del Estado han comprometido hasta la saciedad la independencia de la institución y han revelado una voluntad política clara para que el suscrito no continúe en el desempeño del cargo, llegando a niveles que considero intolerables para la salud institucional y mi propia dignidad personal”.

En su carta de renuncia Rubí manifiesta que son situaciones de naturaleza política las que han orillado su salida del Ministerio Público y lo expresa al decir: “consecuentemente satisfecho del deber cumplido en mi lucha incansable por la preservación del Estado de derecho, la institucionalidad democrática, la independencia y autonomía del ministerio público en esta fecha interpongo mi renuncia irrevocable del cargo de Fiscal General de la República que he venido desempeñando, agradeciéndole el respaldo de quienes en su momento confiaron en mi persona y lamentando que situaciones de naturaleza política hayan generado el deterioro de las relaciones entre un sector del Congreso y la Fiscalía General”

Los escenarios

La renuncia de Rubí allana el camino al Congreso Nacional para nombrar nuevas autoridades en la Fiscalía General del Estado o a extender el período de la junta interventora, expresó el diputado Rolando Dubón Bueso, miembro de asuntos jurídicos del CN.

El parlamentario felicitó a Rubí por su renuncia, ya que “es el mejor camino que ha tomado” para que se nombren nuevas autoridades, manifestó.

“Lo más conveniente era su renuncia o la aplicacion de un juicio político. Como hombre responsable ha interpuesto su renuncia”, dijo el diputado.

Dubón Bueso expuso que en el Ministerio Público no ha habido una buena relación a lo interno ni a lo externo con los
operadores de justicia, trayendo como consecuencia el mal accionar de esta institución, arguyó.

“Las funciones en el Ministerio Público andaban muy deficientes, la investigación anda muy mal y eso afecta a la
sociedad en general”, agregó.

Por otra parte, señaló que las acciones de Rubí en la Fiscalía “no fueron las mas acertadas”, aunque consideró que ese ente “desde hace muchos años viene arrastrando estas falencias, no solo al fiscal se le puede atribuir la actual situación” sino también a los anteriores fiscales que no lograron cambios positivos.

El nombramiento de las nuevas autoridades en el Ministerio Público se haría mediante el voto calificado del plenario legislativo, tal como lo establece la ley orgánica.

No obstante, las fuerzas políticas mayoritarias manejan otros escenarios. Para el caso, el secretario del CN, Rigoberto Chang Castillo, no descarta que las funciones de la Junta Interventora sean ampliadas para llenar el vacio que dejan estas renuncias.

Indicó que hay dos escenarios probables, que habrán de despejarse el martes de la proxima semana:uno de estos es que las fuerzas políticas del Legislativo concilien el nombramiento de los sustitutos de Rubí y Urtecho.

El otro escenario sería ampliar el periodo de duración de la Junta Interventora hasta el 11 de marzo de 2014, en que tomarían posesión los nuevos fiscales electos por el Congreso que resulte de las elecciones generales de noviembre de este año.

La intervención del Ministerio Público concluía el pasado 17 de junio, 60 días después de que fue creada por el Congreso; no obstante, el 13 de junio el órgano legislativo amplió por 45 días más el período de la comisión.

La dimisión de los fiscales cambia el panorama del tiempo de duración de esta intervención, la que podría alargarse hasta concluir el período constitucional en la Fiscalía.

La bancada liberal

No obstante, la posición de los liberales es que se elijan a nuevos titulares en el Ministerio Publico.

El jefe de la bancada, Yani Rosenthal, expresó que los diputados del Partido Liberal no firmaron ese informe, “porque no estamos de acuerdo con la injerencia que ha estado teniendo el Poder Legislativo en la fiscalía general”.

De hecho, cuando se nombró la comisión interventora la bancada liberal se opuso a que tuviera atribuciones y que se le suspendieran las propias al fiscal general  porque vimos que esa parte del decreto era inconstitucional, agregó.

Con la renuncia del fiscal, el panorama cambia. La obligación de la bancada liberal será participar en la elección de un nuevo fiscal, “aunque yo noestoy de acuerdo con que se haya forzado a renunciar al fiscal anterior, pues nos vemos obligados a participar en esa nueva elección y así será.

Obviamente, lo haremos consultado a toda la bancada y también, consultando con el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal”, afirmó Rosenthal.

Comparto algunas de las cosas que  ha escrito el fiscal general

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Convocan-al-CN-para-conocer-renuncias-de-Rubi-y-de-Urtecho

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Honduras: Comisión desnudó manejo de recursos en la Fiscalía

Miércoles 26 de junio de 2013
11:15 pm  – Redacción 

La Comisión Interventora también tiene la potestad de ordenar la presentación de requerimientos fiscales.

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La comisionada María Antonia Navarro presentó a inicios de junio el informe sobre las deficiencias detectadas en el Ministerio Público.

La comisionada María Antonia Navarro presentó a inicios de junio el informe sobre las deficiencias detectadas en el Ministerio Público. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

La Comisión Interventora del Ministerio Público reveló una serie de anomalías administrativas y estratégicas de ese ente, en su informe presentado al pleno del Congreso Nacional el 11 de junio pasado.

Dieron a conocer deficiencias en el manejo de la investigación y el presupuesto, así como ciertos avances y recomendaciones.

De esa manera quedó en evidencia el mal manejo de recursos y capital humano de parte del fiscal general Luis Rubí y del fiscal general adjunto Roy Urtecho.

La presidenta de la Comisión Interventora, María Antonia Navarro, fue quien hizo la presentación del informe correspondiente a los primeros 30 días de la gestión de ese órgano.

El informe expuso que el Ministerio Público erogó 26.4 millones de la partida de viáticos y que entre la Fiscalía General y la Adjunta se gastaron el 23 por ciento de ese monto, de enero a abril de 2013, que representa 6 millones de lempiras.

El fiscal general y el adjunto gozaron de una asignación de 7,500 y 7,000 dólares, respectivamente, para gastos médicos en el exterior. También hubo mal manejo del dinero destinado para el archivo digital de expedientes.

“Hemos encontrado en el MP tal dejadez que hay un equipo que se montó para el sistema de expediente digital interinstitucional que dejó de funcionar desde el 2010, por valor de 250,000 dólares que está abandonado, no se usan los dos aparatos que se pueden recuperar”, expuso ese día Navarro.

El informe apunta a que en la gestión de Luis Rubí se gastaron 10.4 millones de lempiras en alquiler de vehículos y que ese dinero bien pudo servir para comprar automotores.

Navarro expresó que se investiga qué tipo de procedimientos se realizaron para el alquiler de los carros y a qué empresas se arrendaron.

La Comisión Interventora también está conformada por los abogados Lino Tomás Mendoza y Miriam Guzmán.

El plazo inicial de la intervención, que comenzó el 18 de abril, se aprobó por 60 días, pero ese término se amplió 45 días más, por lo que este proceso termina el 1 de agosto próximo.

A la Comisión Interventora, según decreto de creación, se le dieron amplios poderes para hacer una reestructuración de esa entidad acusadora.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Honduras-Comision-desnudo-manejo-de-recursos-en-la-Fiscalia

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Juicio penal no político

Wednesday, 26 June 2013 10:11 Administrador
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El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH) celebra la renuncia de los fiscales de los ex presidentes Flores y Callejas.

Pero este Comité condena a los políticos cimarrones, promotores de fueros de inmunidad,  que pretenden enviar a sus mandaderos al extranjero fuera del alcance de la justicia terrenal.

Rubí y Urtecho deben ser sometidos a juicio penal – oral y público – por obstrucción deliberada de la justicia, negligencia inexcusable y constructores de impunidad en perjuicio de la Sociedad Hondureña en particular y de la Humanidad en general.

Todos los hechos denunciados en su contra los han padecido millares de víctimas en el territorio, de lo cual este Comité da testimonio.

Advertimos, no obstante, que la intervención de Estados Unidos sobre el Ministerio Público es evidente y, por tanto, inconveniente; el volumen de su presupuesto o el riesgo de sus operaciones geoestratégicas, no deben justificar la inducción de campañas a favor de unos y en contra de otros.

El proceso de desnutrición institucional del Ministerio Público es responsabilidad también del crimen organizado infiltrado en la diplomacia y los grupos locales, que deben devolver a la ciudadanía este instrumento de defensa frente a los abusos del Estado.

Muy lamentable sería que, aprovechándose de las actuales circunstancias de descalabro ético de la Fiscalía, el candidato presidencial del Partido Nacional impusiera a su propio fiscal general en pactos secretos con los demás “electores ocultos” leales a la Embajada de Los Próceres.

Honduras no necesita fiscales para defender a las mafias, necesita un potente brazo justiciero que no haga diferencias entre ricos y pobres, entre locales y extranjeros, entre gays y heterosexuales, entre cristianos y agnósticos…

Nos auto convocamos para participar en las iniciativas contra la impunidad y el restablecimiento de la institucionalidad pública, sin protagonismos mediáticos ni ulteriores intenciones.

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
COFADEH

26 de junio 2013

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2666:juicio-penal-no-politico&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Fiscal General, Luis Rubí renuncia a su cargo

El Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí renunció a su cargo, informan esta mañana medios capitalinos. Después que la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional recomendará ayer al pleno legislativo la destitución de Rubí y el fiscal adjunto, Roy Urtecho, el fiscal habría tomado la decisión de dejar su puesto. Radio Globo afirma que Urtecho también renunció.

Rubí  acusa al Legislativo de ejecutar acciones políticas en el Ministerio Público. Una de las dos sugerencias que la comisión hizo al Pleno del Poder Legislativo fue “la destitución por vía del juicio político del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, por ser los responsables del inadecuado manejo y administración de la institución”.

La recomendación de separar a Rubí y Urtecho consta en el informe preliminar de esa comisión en base a la exposición hecha el pasado 10 de junio por la Comisión Interventora del Ministerio Público sobre la gestión de estos dos funcionarios.

El fiscal interpuso la renuncia mientras que el fiscal general adjunto, Roy David Urtecho, también confirmaría su renuncia según trascendió esta mañana de miércoles.

http://www.tiempo.hn/portada/noticias/fiscal-general,-luis-rubi-renuncia-a-su-cargo

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Fiscal General y Fiscal Adjunto serían acusados de abuso de autoridad y violación a deberes públicos

La Comisión Interventora interpondría en los próximos días requerimiento contra el Fiscal General, Luis Rubí, y el Fiscal Adjunto, Roy Urtecho, por los cargos de abuso de autoridad y violación de los deberes.

El Ministerio Publico es una entidad que actualmente que no declara pausa aun, ni cuando esta intervenida por una Comisión con plenos poderes, hay que cambiar la estructura institucional de la acción penal pública, como parte de un proceso que es plenamente apoyado por todos los fiscales.

La Asociación de Fiscales está convencida que la entidad no está perdida y que existe espacio para su recuperación, después de casi 20 años de existencia necesita renovarse y replantear su papel frente a la sociedad para ofrecer una respuesta contundente a la nueva forma de penetración de la delincuencia y de la criminalidad organizada.

El Ministerio Público puede ser enrumbado hacia un mejor camino y hacia un corto plazo, las debilidades que adolecen no deben ser analizadas de manera aislada, sino como parte de todo un esquema de debilitamiento progresivo de las instituciones responsables de darle operatividad a la Ley y a la Justicia.

El informe presentado por la Comisión Interventora, está enfocado básicamente en el sector administrativo, el análisis del Estado de la Persecución del Delito en el país es una tarea pendiente que necesita ser completada.
La falta de recursos indudablemente influye en el incumplimiento de todas las funciones encomendadas al Ministerio Público, a pesar de esa limitación en el año 2006 la institución presentó siete mil 156 requerimientos fiscales y hasta el 2012 dichas acciones sumaron 12 mil 142 expedientes.

Hay que aceptar que existe una descoordinación en la cadena de operadores de Justicia, genera especial preocupación el hecho que Honduras no cuenta con una policía de Investigación, este vacío resulta paradójico, porque en las últimas semanas se creó unas fuerzas tareas tácticas con facultades para desarrollar la investigación criminal.

La situación es tan crítica que cada agente de investigación, tiene sobre sus espaldas hasta 400 casos por resolver, desde que la investigación criminal fue trasladada a manos de la Policía se produjo una fractura en la operación de la Justicia de la cual la Fiscalía no puede recuperarse.

Analistas consultados son de la opinión que lo peor que puede ocurrir dentro del actual esquema de intervención es que los fiscales comprometidos, honestos y responsables, sean arrastrados por la desmotivación y la incertidumbre, la Sociedad Civil propone llevar a cabo un proceso completo para mejorar las disposiciones de gerencia del Ministerio Público, reactivar los programas de capacitación de fiscales en el marco de una política institucional efectiva.

El riesgo de la politización de las acciones interventoras se desvanecerá o confirmará en la medida que sean presentados y sustentados, los resultados y las evidencias según el criterio de los integrantes del Organismo no Gubernamental.

De las tempestades deben surgir oportunidades para encaminar al Ministerio Público, de cuyas crisis son responsables los mimos políticos que negocian el nombramiento de la alta jerarquía fiscal, la presente coyuntura es una oportunidad para aprender la lección y corregir los errores.

– See more at: http://ultimahora.hn/titulares/fiscal-general-y-fiscal-adjunto-ser%C3%ADan-acusados-de-abuso-de-autoridad-y-violaci%C3%B3n-debere-0#sthash.MnVQh7x7.dpuf

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Fiscal General no ha querido colaborar con la interventora: Miriam Guzmán

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En un 80 por ciento se ha paralizado la industria de la construcción

San Pedro Sula – El empresario de la construcción, Alberto Díaz Lobo, aseguró que los proyectos de infraestructura se encuentran paralizados en un 80 por ciento.
Prevén mecanizar el país en materia de registro ciudadano durante el presente año

Tegucigalpa – Las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP), aseguraron que en un alto porcentaje ha avanzado el plan estratégico diseñado para mecanizar todo el país en materia de registro ciudadano y se prevé abarcarlo en su totalidad a finales del presente año.
Tegucigalpa- La miembro de la Comisión Interventora, Miriam Guzmán,manifestó que la prórroga autorizada por el Congreso Nacional, es correcta y necesaria para impulsar las dinámicas y fortalecer el Ministerio Público y reveló que el Fiscal General, Luis Rubí, no ha querido colaborar con la intervención.

El pleno del Congreso Nacional aprobó la tarde del jueves, la ampliación por 45 días más las funciones de la Comisión Interventora del Ministerio Público.

Según la funcionaria el Fiscal General, Luis Rubí, no ha querido brindar colaboración en dos aspectos, uno en su perfil de riesgo y el otro sobre un informe remitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

“Buscar excusas es no tratar de mejorar en lo que se está fallando”, el fiscal Luis Rubí no ha querido brindar colaboración que necesita la Comisión Interventora, señaló.

Agregó que el mejorar para la institución pasa por el reconocimiento de las responsabilidades de cada una de las personas que estaban al frente de la Fiscalía.

En ese sentido, se están elaborando los instrumentos técnicos y científicos que no ha tenido la institución y los que existen datan desde hace 20 años, “en esos 20 años los delincuentes han evolucionando con técnicas modernas”, comentó.

Explicó que el informe revela lo que con documentación se ha podido comprobar, que no hay vinculación entre la cabeza y el resto de fiscales.

Señaló que en la Fiscalía existe un mal manejo administrativo y para ejemplo citó el pago de 947 mil lempiras mensuales por la renta del edificio, en donde no sirve ni el ascensor.

Agregó que sólo en viáticos son cerca de cuatro millones de lempiras que se gastan entre la Fiscalía General y Fiscalía adjunta, entonces me preguntósi las Fiscalías tiene a nivel nacional fiscalías locales y regionales ¿Por qué están viajando tanto?

En ese sentido, dijo que el presupuesto del Ministerio Público no ha sido manejado de manera eficiente en beneficio del accionar de los fiscales.

“No hay cacería de brujas, ni una persecución política” señaló, al tiempo que dijo que sólo están cumpliendo con su trabajo.

Descartó la tergiversación que señala el Fiscal General (Luis Rubí) y Adjunto (Roy Urtecho), porque afirmó que su motivación es estrictamente patriótica.

Añadió que en la mayoría de los fiscales del Ministerio Público existe una desmotivación, en vista de la falta de guía, liderazgo, falta de seguridad y hasta de presupuesto para realizar su labor.

http://www.proceso.hn/2013/06/14/Nacionales/Fiscal.General.no/70219.html

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Renuncia o juicio político le proponen al fiscal general

San Pedro Sula,

Honduras

Con la dispensa de dos debates, el Congreso Nacional amplió ayer por 45 días más las funciones de la Comisión Interventora del Ministerio Público y resolvió mantener en suspenso al fiscal general Luis Alberto Rubí y su adjunto Roy David Urtecho, con lo cual se allana el camino para destituir a ambos funcionarios.

Durante la discusión del decreto que amplió las atribuciones de los interventores, el vicepresidente del Legislativo, Marvin Ponce, le pidió públicamente al fiscal general que renuncie de su cargo y le evite al Congreso someterlo a un juicio político , ya que hay suficientes motivos para destituirlo por esa vía.

El anteproyecto de decreto fue introducido por el secretario del Legislativo, Rigoberto Chang Castillo. Una hora después fue dictaminado por una comisión especial presidida por el diputado nacionalista Mario Pérez y sin pérdida de tiempo fue aprobado con la dispensa de dos debates por solicitud del nacionalista Luis Javier Menocal.

El decreto se discutió y aprobó en un santiamén en el último día de sesiones del pleno legislativo antes del receso anual que toman los diputados. Sin embargo, la junta directiva les pidió a los miembros de la cámara que estén pendientes de una convocatoria extraordinaria para tomar nuevas determinaciones sobre el Ministerio Público.

La Comisión Interventora del Ministerio Público fue creada el 17 de abril del presente año mediante decreto 59-2013 por un plazo de 60 días y sus funciones terminan precisamente el lunes 17 de junio, por lo que los diputados se vieron en la imperiosa necesidad de ampliar sus funciones antes del receso de medio año.

El decreto aprobado ayer establece que, en los 45 días que los interventores seguirán al frente del Ministerio Público, el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto seguirán suspendidos, aunque devengando sus jugosos salarios.

Además asigna una partida presupuestaria de 1.5 millones de lempiras para que la Comisión pueda ejercer sus labores durante este nuevo plazo.

Decreto

“Prorrogar en sus funciones y obligaciones a la Comisión Interventora del Ministerio Público durante un plazo de 45 días, contados a partir del vencimiento del período anterior para el cual fueron nombrados, el cual vence el 17 de junio de 2013, salvo que por cualquier causal se elija nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto”, reza el artículo 1 del decreto aprobado.

Este artículo prácticamente allana el camino para la separación del titular del Ministerio Público por la vía de la renuncia obligada o por el juicio político.

Debido a que no se había contemplado en el texto del decreto, el presidente de la comisión dictaminadora, Mario Pérez, propuso la incorporación de un nuevo artículo estableciendo que el Fiscal General y el Fiscal Adjunto se mantienen suspendidos de sus funciones hasta el final de los 45 días, salvo cualquier decisión que se tome sobre su continuidad en el cargo.

Batean moción

El diputado udeísta Sergio Castellanos propuso vía moción que el período de los interventores se extendiera 60 días, pero su colega Mario Pérez respondió que no estaba de acuerdo porque se trata de una medida excepcional y cabe la posibilidad de que antes de que se cumplan los 45 días se elija al nuevo Fiscal General y al Adjunto. “Si por cualquier causa durante la vigencia de esta medida hay elección y  nombramiento de nuevas autoridades, en ese momento cesa el trabajo de la Comisión Interventora”, explicó Pérez, dejando entrever el destino que espera a Rubí y Urtecho.

La moción de Castellanos fue sometida a aprobación del pleno, pero no obtuvo la mayoría necesaria.

Exigen renuncia

El vicepresidente Marvin Ponce pidió la palabra para señalar que en el reciente informe presentado ante el pleno por la coordinadora de la Comisión Interventora, María Antonia Navarro, quedó evidenciado “el despilfarro de dinero del Fiscal General y del Fiscal Adjunto”, lo cual es suficiente motivo para destituirlo.

“Quiero pedir públicamente al Fiscal General y al Fiscal Adjunto que no retrasen la justicia, que renuncien de sus cargos y le permitan al Congreso nombrar un nuevo fiscal y si no renuncian en los siguientes días, creo que el Congreso Nacional tendrá que buscar medidas extraordinarias y aplicar el juicio político”, comentó.

“Lo saludable es que estos señores salgan de la oficina y dejen a la Junta Interventora trabajar libremente en el marco de esta prórroga, porque lo que se espera es que abandonen el edificio, aunque sigan ganando su salario, mientras se toma la decisión final”.

El nacionalista Mauricio Oliva manifestó que si durante los 45 días de la prórroga surge la necesidad de tomar otra decisión con respecto a las autoridades del Ministerio Público, se convocará de su receso a los diputados a sesión ordinaria en cualquier momento, en vista de que no se ha cerrado el ciclo de sesiones.

“Vamos a un receso de un mes, pero si el próximo lunes la Junta Directiva decide convocar a sesión ordinaria, tenemos que atender”, acotó.

El pasado lunes, la coordinadora de la Junta Interventora, María Antonia Navarro, rindió un informe en el que desnudó diversas irregulares administrativas que comprometen la gestión del fiscal Luis Rubí y de su segundo Roy David Urtecho.

Entre otras revelaciones, la comisión descubrió fallas de seguridad, como la falta de protección personal para los fiscales, el manejo inadecuado del presupuesto, el uso irracional de viáticos dentro y fuera del país, el nombramiento de personal sin estructura presupuestaria, incrementos indiscriminados e injustificados a ciertos fiscales.

En 2012 se incrementó en 1,000% el gasto en alquiler de vehículos, por 10.4 millones de lempiras. Entre 2009 y 2012 se dispararon en 2,000% los gastos de representación que impidieron dotar de material básico a la institución, como papel y toners para impresoras.

Estos y otros hallazgos, a juicio de varios diputados, son suficiente motivo para destituir al titular del Ministerio Público o someterlo a un juicio político.

La Comisión Interventora presentará al Poder Legislativo un informe final de los hallazgos y medidas que se tomarán en el Ministerio Público en los primeros 60 días de su gestión, que para algunos diputados será clave en la virtual destitución de Rubí y de Urtecho.

Renuncia o juicio político

El presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Judiciales, Rolando Dubón Bueso, reveló ayer que se les propondrá al fiscal Luis Rubí y al fiscal adjunto Roy Urtecho que negocien su salida; en caso contrario serán destituidos por la vía del juicio político.

“Lo que ha recomendado la (Comisión) Interventora y lo que pretende recomendar la Comisión de Seguridad es que negocien su salida. En caso contrario, el Congreso tendrá que usar sus facultades a través del juicio político”, advirtió el legislador.

Declaró que la separación de ambos funcionarios se decidirá cuando retornen los diputados del receso de medio año, aunque dijo que es posible que se convoque a una sesión extraordinaria para tratar ese tema.

Dubón Buseo reiteró que el destino del titular del Ministerio Público está sujeto a cualquier determinación que adopten a título personal o, en su defecto, lo que determine el Congreso Nacional en los próximos días.

Expresó que la Comisión Interventora recomendó la separación de ambos funcionarios porque con dos cabezas el Ministerio Público no puede funcionar y su presencia obstaculiza su labor.

“Destitución de fiscales es peligrosa”: Ramos Soto

Oswaldo Ramos Soto, diputado del Partido Nacional y abogado constitucionalista, expresó su desacuerdo con la destitución del fiscal general Luis Rubí y el fiscal adjunto Roy David Urtecho y advirtió que es una medida “peligrosa” que puede ser repetida en las futuras autoridades de esa institución.

Dijo que si los miembros de su bancada se prestan para separar a ambos funcionarios, en el futuro ninguno de los diputados nacionalistas tendrá la autoridad moral para oponerse a la destitución de un nuevo fiscal con razón o sin ella.

Recordó que en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales se quiso destituir al entonces fiscal general Leonidas Rosa Bautista, de filiación nacionalista, pero afortunadamente el Congreso no permitió que se violentara el ordenamiento jurídico nacional.

Admitió que los fiscales son cargos políticos y así ha sido en toda la historia, desde el primer fiscal, Edmundo Orellana, siguiendo con Roy Edmundo Medina, Ovidio Navarro, Leonidas Rosa Bautista y el fiscal general actual, Luis Alberto Rubí, electo en el gobierno anterior.

Ramos Soto expresó su desacuerdo con el nombramiento de comisiones para sustituir al titular de una institución del Estado porque es muy poco lo que pueden hacer en dos, tres o cuatro meses. “Este Gobierno va a ser calificado como el Gobierno de las comisiones”, dijo.

El parlamentario aseveró que el problema del Ministerio Público es endémico y lo han enfrentado todos los fiscales que han llegado a la institución, porque todo se reduce a que el Congreso despojó a la Fiscalía de la investigación criminal y de ahí los pobres resultados en la lucha contra el crimen porque los fiscales desconocen esa área.

“Estoy de acuerdo con que la Policía tenga su investigación, pero la investigación científica responsable que va a sustentar la acción jurisdiccional del Ministerio Público debe ser científica”, dijo.

Agregó que tiene su propio criterio sobre la destitución de los fiscales y no “conozco realmente si hay un fundamento”.

Rubí: “Situación del MP no permite despilfarros”

El fiscal general Luis Rubí emitió un comunicado en el que pretende aclarar el informe rendido por la Comisión Interventora ante el Congreso Nacional.

“El referido informe administrativo no ha sido hecho del conocimiento oficial del Fiscal General para el ejercicio de réplica o defensa, por lo cual se ve obligado a usar este medio a fin de evitar que la formación tergiversada e incompleta deteriore la imagen institucional o personal de funcionarios de esta institución”, cita Rubí.

Según la Interventora, es indebido el contrato de arrendamiento de un edificio donde funcionan la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la DLCN y otras dependencias.

Al respecto aclaró que el contrato se efectuó con dos licitaciones, auditado por el Consejo Nacional Anticorrupción y el Tribunal Superior de Cuentas, “quienes emitieron su opinión favorable como consta en los archivos de esta Fiscalía General, a disposición de cualquier persona con interés legítimo”.

En cuanto al alquiler de vehículos, explicó que resulta más barato que la compra de vehículos blindados por su costo y mantenimiento.

Sobre el uso irracional de viáticos aclaró que en cuatro años de gestión solo viajó tres veces al exterior: a Canadá, Estados Unidos y Colombia y que los gastos de representación y médicos existen desde 1994.

Agregó que la situación económica del Ministerio Público, tradicionalmente deficitaria, no permite que indebidamente se califiquen ‘excesos o despilfarros’.

“Si la Comisión Interventora hubiese llamado oportunamente al Fiscal General, se habrían efectuado las explicaciones y aclaraciones del caso que hoy damos ante la opinión pública y que se encuentran respaldadas por la documentación correspondiente”, subrayó.

Rubí consideró que “es el desconocimiento de la institución, de su funcionamiento y su naturaleza propia lo que ha motivado un informe alejado de la realidad”.

Dijo que es inadmisible pensar que la Comisión Interventora esté respondiendo a consignas de sectores empeñados en impedir que complete su período.

Vigencia Un total de 105 días comprenderá la intervención en el MP. En el decreto 59-2013 se concede a la comisión una vigencia de 60 días calendario, que ayer fue prorrogada con 45 días más.

Plazo El diputado proyectista Javier Menocal argumentó que la comisión necesita un plazo mayor para completar la misión encomendada a la Comisión Interventora del Ministerio Público.

Cabezas Marvin Ponce manifestó que preocupa que el Ministerio Público tenga dos cabezas. Por un lado, la Junta Interventora y, por otro, el Fiscal General y su adjunto, que, si bien no tienen funciones, siguen en la institución e intimidan a los fiscales.

http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Renuncia-o-juicio-politico-le-proponen-al-fiscal-general#.UbseAutXM3g

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Cooperación internacional ya concluyó análisis en el MP

El Fiscal General del Estado, Luis Alberto Rubí, manifestó que el MP tiene 19 años de estar actuando, “por lo que en este momento las normas que rigen la Fiscalía no son el instrumento que actualmente se necesita”.

Luis Rubí

Luis Rubí

“Yo pedí a la cooperación internacional para que hiciera un diagnóstico sobre lo que es el MP, el que ya está terminado, razón por lo cual vino la señora (subsecretaria de Estado María) Otero de EE UU y nos hemos puesto de acuerdo en un análisis profundo de lo que es el MP”.

En ese sentido dijo Rubí, “estamos preparados y listos como para que se haga una nueva evaluación, con nuevas normas, y con una nueva visión del Ministerio Público”.

En cuanto al informe que dio la Comisión Interventora en el Congreso Nacional, el fiscal de la República dijo que él actúa como institución, no personal, “yo oí decir al presidente de la CSJ, (Jorge Rivera Avilés), que no tiene mora, y si no tiene mora el Poder Judicial, obviamente por qué han actuado con deficiencia los fiscales” acotó.

“En cuanto a que nosotros no tenemos la comunicación o el debido entendimiento con respecto a los hechos, a no ser que yo falle al decirles que el MP actúa como un ente, no de investigación y ese es el error que existe. El MP solo no puede y por eso yo he ido al Congreso a decirlo”.

Por lo que debe haber una cooperación de las demás instituciones, ya que la Fiscalía es producto de las investigaciones que hagan los otros entes del Estado, con la credibilidad que tengan esas pruebas, con el aporte que hagan las demás instituciones, con lo que los fiscales valoren, “porque yo les voy a decir, como lo dije en el Congreso, la gente que más entiende en derecho penal, son nuestros fiscales”, dijo Rubí.

En relación al mal manejo de los recursos, y otras falencias como reza en el informe, dijo si el 85 por ciento es para sueldos y salarios como puede haber una mala aplicación de los fondos, dijo el fiscal en el programa Frente a Frente.

http://www.latribuna.hn/2013/06/13/cooperacion-internacional-ya-concluyo-analisis-en-el-mp/

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Fiscal General da el beneficio de la duda al informe presentado por Interventora

Tegucigalpa – El fiscal general, Luis Rubí, se pronunció en torno al informe presentado por la Comisión Interventora ante el Congreso Nacional y dijo que al mismo le daba el beneficio de la duda, aunque los personeros de esta agrupación trabajen “con buena fe”.

Manifestó que no es competencia del Ministerio Público, encarcelar a quienes cometen delitos.

“El Ministerio Público no encarcela a nadie, nosotros vamos a los tribunales, presentamos las pruebas y quien dicta las sentencias son los juzgados”, reiteró.

Rubí señaló que el Ministerio Público actúa como un ente, no de investigación, al remarcar que “por sí solo, no puede”.

Al mismo tiempo dijo que al no poder por sí solo y si no cuenta con cooperación de otros sectores, no avanza porque depende de las investigaciones que hagan otros entes del Estado.

El fiscal general aseguró que el Ministerio Público dispone del 85 por ciento de su presupuesto en sueldos y salarios, por lo que a su juicio no existe “una mala aplicación del presupuesto, cuando queda un 15 por ciento para arrendamiento combustibles y otros gastos”.

El informe de la interventora también señala el arrendamiento de vehículos valorado en unos 10 millones de lempiras, por lo que Rubí acotó que “el Ministerio Público, solo tiene seis vehículos blindados”.

Además dijo que debido a que “siempre que hemos puesto una partida para inversión, nunca nos la han aprobado, entonces que es lo que se puede hacer si no se puede comprar vehículos, simplemente arrendarlos”, justificó.

Indicó que los incrementos salariales selectivos, responden a los meritos que ha tenido y los cargos que han venido desempeñando cada fiscal.

En ese sentido, Rubí dijo que el informe que fue presentado ante la Cámara Legislativa, le daba el beneficio de la duda.

“A esa información (informe) que sale así, le voy a dar el beneficio de la duda, aunque ellos (la Interventora) estén actuando de buena fe, simple y sencillamente porque creo que se avocaron a las personas que no tienen el conocimiento adecuado y que han ido mas con criterios subjetivos y que lógicamente las van a conducir a error”, expresó.

Asimismo recomendó a dicha comisión no dejarse llevar por personas que buscan intereses personales.

“Los que están ahí (en la Interventora), van a hacer su mejor esfuerzo, pero que dejen de escuchar a personas que van más por aspectos, estrictamente personales que institucionales”, puntualizó.

http://www.proceso.hn/2013/06/12/Term%C3%B3metro/Fiscal.General.da/70111.html

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Derroche, compadrazgos y desorden halla Interventora

Lunes 10 de junio de 2013
11:04 pm  – Redacción 

En primer informe, Interventora fulmina la gestión de Rubí. Revela un manejo irresponsable y deficiente de la investigación. A pruebas de confianza 58 fiscales.

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La coordinadora de la Comisión Interventora del MP, María Antonia Navarro, expuso el informe en el CN.

La coordinadora de la Comisión Interventora del MP, María Antonia Navarro, expuso el informe en el CN. (El Heraldo)

Tegucigalpa,

Honduras

La Comisión Interventora del Ministerio Público (MP) exhibió las debilidades que encontró en el ente acusador del Estado.

La exposición se dio en la segunda rendición de cuentas de instituciones operadores de justicia, que de manera pública se dieron a conocer en el Congreso Nacional (CN), aspecto que es cuestionado por expertos ya que esta información llega al crimen organizado.

Esta Comisión Interventora está integrada por María Antonia Navarro (quien la coordina), Lino Tomás Mendoza, Mirian Guzmán y Ángela Madrid.

Fue mediante la emisión del decreto 59-2013, publicado el pasado 17 de abril, que el Congreso Nacional dio vida a la Comisión Interventora del MP con el objeto de, en 60 días, eficientar la labor del ente acusador implementando políticas y procesos pertinentes.

Para ello, la comisión asumió todas las funciones del fiscal general Luis Rubí y fiscal general adjunto Roy Urtecho.

La normativa les instruyó presentar ante el CN un informe mensual de su gestión, sin embargo, su primer reporte lo efectuaron una semana antes de dejar el cargo, ya que el próximo lunes cumplen los 60 días de vigencia del decreto.

Durante 30 minutos exactos, María Navarro detalló las debilidades avances y recomendaciones para eficientar la labor del MP.

Para realizar su trabajo dijo que se remitieron a diversas fuentes de información, entre ellas reuniones con operadores de justicia, sociedad civil, revisaron anteriores diagnósticos de carácter nacional e internacional, se hicieron inspecciones y analizaron expedientes de casos emblemáticos y de auditoría.

Hallazgos

Entre los hallazgos encontrados está la falta de liderazgo institucional en el sistema penal, inconformidad con el quehacer del MP.

“Encontramos un Ministerio Público aislado institucionalmente, con una sobrecarga presupuestaria”, lamentó.

No había una coordinación con la Secretaría de Seguridad y existe falta de credibilidad de parte de la sociedad hondureña.

Con respecto al presupuesto, se encontró un manejo inadecuado, personal nombrado sin estructura presupuestaria, uso irracional de viáticos nacionales y al exterior, la distribución del presupuesto no obedece a actividades operativas.

“No hay una política de sana administración financiera”, apuntó.

Son abundantes las partidas para justificar gastos excesivos y el uso indiscriminado de vehículos blindados.

Para el caso, en el 2012 se incrementó en un 1,000% el gasto en alquiler de vehículos, por 10.4 millones de lempiras, que en una buena gestión se hubieran comprado los carros.

Asimismo, de 2009 a 2012 se dispararon en 2,000% los gastos de representación, en tres millones de lempiras anuales, que impide dotar de insumos básico, como papel y toners para impresoras.

Se encontró logística deficiente y hacinamiento en espacios, como en la Fiscalía de Delitos Comunes. Algunos escritorios sirven para colocar hornos microondas.

Con respecto al manejo de recursos humanos, señaló el uso de políticas incorrectas.

Entre ellas grupos privilegiados con acceso exclusivo a recursos, aumentos selectivos y abuso en nombramiento de asesores sin funciones específicas.

Además, se encontró una distribución irracional de salarios devengados por personal administrativo y fiscales.

Para el caso, una delegada protocolaria encargada de comprar flores gana casi el doble que los fiscales con 10 años de antigüedad y que arriesgan sus vidas.

Deploró el empleo a personas descalificadas, subjetividad en rotaciones y ascensos.

Encontraron casos de fiscales que en solo cuatro años recibieron ocho aumentos de sueldo, llegando a ganar más de 78,000 lempiras mensuales, que contrastan a una mayoría que con diez años de laborar devengan solamente 26,000 lempiras.

Fallas de seguridad

La Interventora encontró que fiscales carecen de protección personal. Fiscales asignados a casos graves no tienen guardaespaldas, que si los tienen funcionarios de bajo riesgo.

Asimismo, en un 90% es deficiente la seguridad en las instalaciones, así es deficiente la seguridad de documentos y hay riesgos en el uso de transporte.

Asimismo, concluyó que es deficiente la seguridad en informática. La página web es vulnerable a ataques, el centro de datos no reúne condiciones mínimas.

Investigación

La interventora calificó de “ineficiente e irresponsable” el manejo de la dirección técnico jurídico de casos en investigación, especialmente los de carácter emblemático.

Hay debilidad en la investigación de la escena del crimen, autopsia contradictoria e investigación superficial, manejo inadecuado de testigos, falta de estrategia clara y desinterés, investigación sin resultados.

Esto se traduce en carentes capturas y en que persiste la impunidad, deploró Navarro.

Avances

La Interventora destacó avances en la gestión fiscal.

Entre ellos la adopción de filtros para el abordaje de denuncias, presentación de acusaciones y la ejecución de 2,173 órdenes de captura pendientes.

Se recuperaron 53 vehículos que estaban asignados para uso personal, la asignación de seguridad a fiscales.

Asimismo, se eficienta la asignación de viáticos, la asignación de casos mediante el trabajo en equipos.

Depuración

Por otra parte, la Interventora instruyó una evaluación del desempeño a todo el personal.

Se someterá al polígrafo a 58 fiscales, mediante apoyo de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa.

Estos serán también sometidos a la prueba psicométrica, solicitado al Instituto Hondureño de psicoterapia; toxicológica, solicitado ayuda al Departamento de Microbiología de la UNAH; y patrimonial, pedido a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

La Interventora destacó como avance las rotaciones y nombramientos.

Cinco fiscales especiales, ocho coordinadores y 33 fiscales, 82 administrativos, fueron rotados.

Se nombró nuevas autoridades de la Dirección de Fiscalías y no se renovaron 87 contratos. Se creo la Unidad Nacional de Reacción Fiscal para casos emblemáticos.

Recomendaciones

La Interventora expuso cuatro recomendaciones. Realizar una auditoría internacional, que el Congreso exija el cumplimiento de la Justicia Penal.

Asimismo, una nueva Ley Orgánica del MP y proceso de audiencias públicas para la elección de las autoridades del MP.

La Interventora no pidió la renuncia de Luis Rubí ni que el CN lo someta a un juicio político.

Al escuchar el primer informe de la Comisión Interventora, el presidente del CN, Juan Orlando Hernández, dejó entrever el futuro de Rubí y de Urtecho.

Cuando un operador de justicia no cumple con su deber genera impunidad, indicó: “Creo que el que no cumple con su deber abusa de autoridad y hay que acusarlo, esa debe ser la función del MP”, remarcó.

HALLAZGOS

SIN LIDERAZGO.  Inconformidad con el quehacer del MP, aislamiento institucional y sobrecarga presupuestaria.

DESCONTROL.  Una falta de coordinación con la Secretaría de Seguridad y ausencia de credibilidad de la sociedad hondureña.

ABUSOS.  Manejo inadecuado del presupuesto, personal nombrado sin estructura, uso irracional de viáticos, gastos excesivos y empleo indiscriminado de vehículos.

SIN CONDICIONES.  Una logística deficiente, hacinamiento de espacios.

PRIVILEGIOS. Política incorrecta en el manejo del recurso humano, grupos privilegiados, aumentos selectivos y nombramientos sin funciones.

INSEGURIDAD.  Fallas en el sistema de seguridad de instalaciones y de fiscales.

IMPUNIDAD. Un manejo deficiente e irresponsable de la investigación de casos.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Derroche-y-compadrazgos-halla-Interventora

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Congreso de Honduras vuelve a interpelar a operadores de justicia

Artículo | Junio 10, 2013 – 9:23am

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Los organismos de seguridad y operadores de justicia del Estado comparecerán este lunes ante el Congreso para rendir cuentas sobre las funciones que han realizado.

Por segunda ocasión, estos entes han sido convocados para que den explicaciones sobre los altos índices de delincuencia que azotan al país y cómo ha avanzado la intervención a organismos fiscalizadores.

Para el caso, se tiene previsto que para este lunes la Junta Interventora del Ministerio Público dé avances sobre los hallazgos que han hecho en la institución que todavía lidera Luis Rubí.

Luego, el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, dirá sobre los avances que ha tenido esa entidad en cuanto a la administración y aplicación de justicia.

También han sido convocados los secretarios de Seguridad y Defensa, Arturo Corrales y Marlon Pascua y, por último, el director de inteligencia del Estado, Julián Pacheco pasará a rendir cuentas.

Los parlamentarios acordaron que tanto Luis Rubí y el fiscal general adjunto Roy Urtecho no tendrán participación durante las interpelaciones.

En cuanto a la función hecha por el fiscal general, la interventora María Navarro volvió a afirmar que Rubí debe renunciar o que enfrente el juicio político.

Por su parte, el señalado reafirmó que no renunciará al cargo.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/congreso-de-honduras-vuelve-interpelar-operadores-de-justicia

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Alianza por la Paz y la Justicia exige al CN juicio político contra el Fiscal General, Luis Rubí

Lunes, 10 de junio de 2013

Enviado por Redacción 1 ultimahora.hn 06/10/2013 – 16:08.

La Alianza por la Paz y la Justicia de Honduras (APJ), exigió a la Comisión interventora del Ministerio Público y al Congreso Nacional, aplicar el juicio político contra el fiscal general de Honduras, Luis Rubí.

El coordinador de la Alianza por la Paz, Josué Murillo, manifestó que “lo que vemos es que no hay depuración policial, nosotros sabemos que la reforma también pasa por depuración, no puede haber reforma sin depuración, hasta el momento cuantas personas están siendo investigadas, cuantos procesos hay abiertos para altos funcionarios de la Cúpula de la Policía Nacional, no hay reforma, ni depuración, porque no hay voluntad política, es por eso que vamos al Congreso a exigirle a la clase política que por favor dinamicen el proceso de depuración, aquí no se cuantifican los millones, sino las vidas que se están perdiendo”.
“El Juicio Político, lo solicitamos en las audiencias públicas pasadas, el problema fue que hubo manoseo de la decisión casi unánime del Congreso Nacional, por lo que se decidió ir por una opción B, que es la Junta Interventora, ahora estamos pidiendo que ante los hallazgos que nos presenten se pueda proceder a un Juicio Político, porque solamente a través de un Juicio se le puede dar nombre y apellido a los corruptos”, agregó Murillo.

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Ciudadania presenta denuncia contra Rubì, fiscal general del Ministerio Público

 
Hoy 14 de Mayo  el  Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el marco de su 5to Aniversario presenta junto al Movimiento Ambientalista de Atlántida que aglutina pobladores del departamento,  una  denuncia contra el fiscal general Luis Alberto Rubí por abuso de autoridad y  violación a los deberes de los funcionarios, impunidad en delitos contra el ambiente, la salud de la población y contra la administración y la fe pública, documentos e investigación.

Comportamiento que podría configurar la comisión de delito, acusándole de mantener  la impunidad en el Ministerio Publico, por la inoperancia en la investigación de denuncias realizadas desde el 2010.
Denuncia número 241-10 presentada contra la empresa SEMSA, ante la Fiscalía de Tela por parte de varios ciudadanos y ciudadanas. Debido a  la concesión de aguas nacionales para la generación de energía eléctrica en el departamento de Atlántida, cometidas por funcionarios públicos de varias Corporaciones Municipales, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), diputados y diputadas del Congreso Nacional de la República, personas particulares y empresas promotoras y beneficiarias de los proyectos.
 La denuncia fue recibida por la Junta interventora del Ministerio Publico, en el marco de la reunión de la coalición contra la impunidad.

http://www.movimientoporladignidad.blogspot.com/  http://www.madj.org 

Facebook: movimientoporladignidad@gmail.com

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Urgente: destituirán a fiscal general Luis Rubí mediante juicio político

Artículo | April 16, 2013 – 9:56am

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Ha trascendido que en las próximas horas el fiscal general de Honduras Luis Rubí emitirá requerimiento fiscal contra el titular del Parlamento Juan Hernández por el delito de traición a la patria.

El periodista David Romero ha revelado hace algunos instantes que el abogado Rubí procedería a requerir a Hernández por el caso de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o ciudades modelo y por la destitución de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ocurrido a mediados de diciembre de 2012.

Declaró que ante ese escenario, esta noche será destituido Rubí y ocuparía el cargo la actual presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Vilma Morales.

El comunicador acreditó a fuentes que pidieron el anonimato que Morales ya fue notificada y que en las próximas horas sería juramentada.

Romero advirtió que en caso que tanto el fiscal general o la coordinadora de Fiscales, Danelia Ferrera, interpogan el requerimiento, frustraría las aspiraciones políticas del candidato nacionalista a la presidencia.

Por tanto –agregó–, Honduras estaría a las puertas de una “crisis política”.

Se espera que para esta noche, el fiscal Rubí sea objeto de juicio político, cuyo reglamento apareció este martes en el diario oficial La Gaceta y sería el primer alto funcionario destituido a través del novedoso proceso.

El diputado de Unificación Democrática, Sergio Castellanos, se pronunció a favor de la destitución de Rubí y ha pedido que la persona que ocupe el cargo “sea patriota”.

Lamentó la ineficiencia del Ministerio Público y cuestionó la insensibilidad incurrida en el organismo por la extrema violencia que azota al país.

Dijo que el fiscal se “siente indefenso” y que por eso requerirá a Juan Orlando Hernández.

“Ese tipo de cosas nos molesta y cuando el pueblo ve esos eventos no cree y pierde la esperanza y seguiremos perdiendo seres queridos en este país y los políticos quieren seguir defendiendo sus intereses por política”, criticó Castellanos.

La acción tomada por Rubí Ávila se da en el contexto de la creación de la comisión interventora del Ministerio Público, quien ha sugerido que se suspenda de inmediato al alto funcionario por la ineptitud que ha tenido al frente de la entidad.

Luego que la comisión tenga plenos poderes para sanear el Ministerio Público, Luis Rubí será suspendido del cargo que ejerce desde enero de 2009.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/urgente-destituir%C3%A1n-fiscal-general-luis-rub%C3%AD-mediante-juicio-pol%C3%ADtico

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Congreso aprueba la intervención del Ministerio Público y da luz verde a la suspensión del fiscal general y director de DIECP

martes, 16 de abril de 2013

Tegucigalpa.-El pleno de Congreso Nacional aprobó anoche por unanimidad el informe de la Comisión Especial que interpeló a los titulares de los órganos operadores de justicia, en el que se recomienda la intervención del Ministerio Público y la suspensión del fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí y el fiscal adjunto, así como del titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) Eduardo Villanueva y su segundo al mando Mario Chinchilla.
En su informe la Comisión Especial que evaluó las comparecencias de los operadores de justicia improbó la conducta administrativa del fiscal general de la República y del titular de la Dirección de Investigación de la Carrera Policial (DIECP) por su evidentes falencias en el combate al crimen, la corrupción y la depuración policial.
De igual forma recomendó la conformación de una comisión interventora para “la rápida y efectiva depuración del Ministerio Público para volverlo más eficiente” y presentar un nueva propuesta de ley de esa institución.
Asimismo, se recomendó investigar todas las denuncias en contra de funcionarios del Ministerio Público para deducir las responsabilidades y tomar las acciones que sean pertinentes a fin de hacer más eficientes la labor de esa institución.
En su informe la Comisión de diputados recordó que hace más de tres años el Congreso Nacional puso  a la disposición de los operadores de justicia una legislación que les diera los instrumentos necesarios para realizar un combate frontal y eficiente contra la delincuencia que abate al pueblo hondureño, especialmente a los más pobres.
En esa dirección se aprobaron más de 25 decretos legislativos en materia de seguridad, se crearon nuevos órganos y, dentro de las posibilidades económicas que vive el país, se incrementó considerablemente el presupuesto para que cada operador de justicia pudiera cumplir su labor de forma más efectiva y eficiente.
Por otro lado,  se creó y se puso en vigencia de la Tasa de Seguridad que vino a darle un flujo permanente de fondos a los operadores de justicia para que pudieran lograr resultados palpables en el tema de seguridad sin tener las excusas financieras que han sido costumbre en el pasado; pero aun no se ven los resultados esperados.
Los diputados señalaron que el objetivo de las comparecencias en el pleno del Congreso Nacional no era buscar culpables, sino de buscar soluciones para contribuir a cambiar la realidad que viven día a día los hondureños.
“No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes,  necesitamos tomar decisiones que cambien la realidad que viven los hondureños, en este sentido el Congreso ha hecho lo que le toca hacer; señalaron.
Asimismo, criticaron que durante su comparecencia, los operadores de justicia abundaron en explicaciones y excusas sobre las razones por las cuales no han cumplido eficientemente su tarea.
“La impunidad reina en Honduras y se acrecienta, y una buena parte de la responsabilidad corresponde a quienes deberían ser los más celosos guardianes de la justicia. Ha faltado liderazgo y compromiso en las instituciones, cuando se escudan en supuestos obstáculos para justificar la ineficiencia reflejada en resultados, en tanto los hechos siguen ocurriendo, y el pueblo sigue viviendo con miedo”, objetaron.
Entre otras cosas, los miembros de la Comisión pidieron improbar la conducta administrativa del director y subdirector de DIECP y solicitar al Presidente de la Republica su inmediata destitución del cargo.
Además aplicar de forma urgente las pruebas de evaluación de confianza al alto mando de la Policía Nacional y de forma descendente a todos los miembros, mediante la estructuración de un plan operativo sobre la base de metas semanales y mensuales para lograr un 100% de aplicación de las mismas en todos los niveles.
Sobre la labor del fiscal, el informe abundó que el fiscal general mostró una marcada incompetencia en su labor al frente del Ministerio Público en el combate del crimen, la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que recomendaron la integración de una Comisión Interventora que determine el tiempo para la separación del fiscal general y el fiscal general adjunto.
En su interpelación el fiscal general, reveló que actualmente solo se investiga el 20% de los delitos y denuncias, el otro 80% queda en la total impunidad.
A juicio de los parlamentarios, las explicaciones y justificaciones de Luis Rubí “son totalmente inaceptables, pues este órgano del Estado ha recibido en asignación presupuestaria más de 3 mil millones de lempiras en los últimos tres años, adicional al apoyo que le ha dado el Fondo de la Ley de Seguridad Poblacional o Tasa de Seguridad y los bienes y recursos distribuidos por la OABI”.
Por otro lado, objetaron que en el Ministerio Publico existe “abuso del derecho penal y stress Institucional”, ya que se dedica en buena medida a la persecución de los “delitos de bagatela o faltas menores”.
“La organización actual es inadecuada para cumplir sus deberes, 5 fiscalías investigan el delito de homicidio;  la organización no responde a la realidad. Existe desintegración institucional.  No  se  advierte  la  existencia  de  programas  de  evaluación continua, estímulos, recompensas y ascensos. Necesita una reingeniería administrativa”  y no  hay  mecanismos  efectivos  de  depuración”, concluyen.
Sobre la labor de la Policía Naciona, la Comisión también objetó el trabajo realizado hasta ahora por el Secretario de Seguridad Pompeyo Bonilla y el director general de la Policía Juan Carlos Bonilla, en el combate de la criminalidad y la depuración policial, observando, entre otras cosas, que las estrategias de combate al delito no se han definido con claridad, lo que evidencia una insatisfactoria atención hacia los delitos de fuerte impacto social, de los que son víctima la población como ser asesinatos, homicidios; extorciones, secuestros, narcotráfico
A continuación las principales recomendaciones a los operadores de justicia y cuerpos de seguridad:
Recomendaciones DIECP
1.-Recomienda al pleno del Congreso improbar la conducta administrativa del director nacional y director adjunto de la DIECP y solicitar al Presidente de la República su inmediata destitución del cargo y aplicar de forma urgente las pruebas de evaluación  y confianza al alto mando de la policía nacional y de forma descendente a todos los miembros mediante la estructuración de un plan operativo  sobre base de metas semanales y mensuales a fin de lograr un 100 por ciento de aplicación de las mismas en todos los niveles.
Recomendaciones Ministerio Público
1.-Improbar la conducta administrativa del Fiscal General del Estado en la dirección del Ministerio Público en aplicación del artículo 205 numeral 20 de la Constitución de la República por las razones expuestas que denotan su incompetencia y diligencia en su cargo.
2.-Nombrar mediante un decreto legislativo con carácter de urgencia una Comisión de Interventora del Ministerio Público, cuyas atribuciones competencias, integración, tiempo de vigencia y demás aspectos relacionados se determinen en el decreto que se apruebe el cual contendrá entre otras finalidades las siguientes.
a)      La rápida y eficiente depuración de todas las estructuras del Ministerio Público  a efecto de volverlo más eficiente en la lucha contra el crimen y tiempo de suspensión del fiscal general y fiscal general adjunto.
b)      Presentar una nueva propuesta de ley del ministerio público  acorde a las condiciones que vive en el país en materia de justicia penal.
c)       La investigación de cualquier denuncia en contra de cualquier funcionario del MP
d)      Contra otra acción encaminada a volver más eficiente el desarrollo de las atribuciones que por ley le competen.
Recomendaciones Secretaria de Seguridad y Dirección de la Policía
1.-En virtud de que ha trascendido al momento de redactar este informe que el Presidente de la República ha removido de su cargo al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad que presentó el informe al Pleno del Congreso Nacional, esta Comisión Legislativa recomienda que el nuevo Titular de la Secretaría de Estado, presente un reporte ante el Pleno del Congreso Nacional en el término de 60 días después de asumir su cargo, sobre los avances y la aplicación de las recomendaciones y observaciones hechas en este Informe relativos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y sobre la Dirección General de la Policía Nacional.
2.-Que se ordene de forma inmediata por conducto de quien corresponda que se sometan a pruebas de confianza de forma integral el alto mando de la Policía Nacional, comenzando por su Director General, directores nacionales y Directorio Estratégico.
Recomendaciones Corte Suprema de Justicia
Esta comisión legislativa solicita al Pleno del Poder Legislativo, apruebe trasladar al Poder Judicial la remisión por escrito de la toma de las siguientes medidas que se requieren en la búsqueda de la solución a los problemas de la inseguridad, enviando al Congreso Nacional en el término prudencial que requiere la urgencia del asuntos de autos lo siguiente:
1.-Una propuesta que contenga la evaluación continúa de manera oficiosa a los magistrados y jueces en materia penal, tanto en sus actuaciones relacionadas a los juicios que llevan, como en la legalidad y transparencia de sus sentencias o resoluciones;
2.-Ampliar la figura del Juez de Jurisdicción Nacional, dotándolos de las capacidades para el correcto desempeño de su cargo, posibilitando que la mayoría  de juicios en materia penal en donde exista la posible comisión de delitos ligados con el crimen organizado sean conocidos en todas sus instancias por jueces que estén revestidos de este carácter.
3.-Considerar como regla general y no como excepción que los jueces en las causas penales cuando dicten detención judicial, detención preventiva o cumplimiento de pena de reclusión a un imputado considerado cabecilla o jefe de una banda criminal, se ordene la remisión de este o estos a un centro penitenciario de máxima seguridad.

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL
Congreso Nacional:
Nosotros, los Diputados miembros de la Comisión Especial de Seguridad nombrada por el Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández Alvarado, en cumplimiento a la tarea asignada de emitir informe que contenga conclusiones y recomendaciones al Pleno después de haber escuchado la comparecencia de los distintos operadores de justicia en cuanto a los logros y resultados alcanzados por estos en los últimos años, al Pleno nos pronunciamos en la forma siguiente:
Los órganos comparecientes por su orden fueron:
1.El Director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP);
2.Fiscal General del Estado por el Ministerio Público;
3.Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad:
4.Director General de la Policía Nacional;
5.Presidente de la Corte Suprema de Justicia;
6.Secretario de Estado en el Despacho de Defensa;
7.Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas;
8.Director Nacional de la Dirección de Investigación e Inteligencia.
ANTECEDENTES:
Hace más de tres años el Congreso Nacional de la Republica, comprometido con la seguridad de las personas y con el único objetivo de salvar vidas humanas, se puso  a la disposición de los operadores de justicia para aprobar una legislación que les diera los instrumentos necesarios para realizar un combate frontal y eficiente contra la delincuencia que abate al pueblo hondureño, especialmente a los más pobres, en esa dirección, se aprobaron más de 25 decretos legislativos en materia de seguridad, se crearon nuevos órganos y, dentro de las posibilidades económicas que vive el país, se incrementó considerablemente el presupuesto para que cada operador de justicia pudiera cumplir su labor de forma más efectiva y eficiente.
La creación y puesta en vigencia de la Tasa de Seguridad vino a darle un flujo permanente de fondos a los operadores de justicia para que pudieran lograr resultados palpables en el tema de seguridad sin tener las excusas financieras que han sido costumbre en el pasado; a la fecha, cientos de millones de lempiras con que han contribuido los hondureños a través de la Tasa de Seguridad, aun no vemos los resultados esperados.
Con valentía, los diputados de este Congreso Nacional aprobaron leyes que en otros países han costado la vida a legisladores, entre ellas están: La ley de depuración policial, reforma a la Constitución de la Republica para la extradición de hondureños vinculados al narcotráfico o crimen organizado, reformas al Código Penal para reforzar las penas en el delito de extorsión (impuesto de guerra), ley de escuchas, ley de extinción de dominio, Creación de la ley de Seguridad Poblacional (Tasa de Seguridad), Creación de la Comisión de Reforma a la Seguridad, Ley del Consejo de la Judicatura etc. (Se anexa al informe cuadro de leyes aprobadas).
Hoy, con una genuina preocupación ante la falta de resultados, y en representación de todos los hondureños, hemos llamado a los operadores de justicia para que se presenten al Pleno del Congreso Nacional, para que le rindan cuentas al pueblo hondureño.
Si el Congreso Nacional ha hecho lo que los operadores de justicia han pedido y se han aprobado leyes e instrumentos suficientes para fortalecer la lucha contra la delincuencia, hoy preguntamos: ¿Por qué no hay los resultados que queremos?, ¿qué podemos hacer para dar mas apoyo?, ¿qué cambios son necesarios para lograr mejores resultados?, ¿que hacer para cambiar la realidad que viven día a día millones de compatriotas?
La urgencia de lograr resultados palpables en el tema de seguridad jamás han sido tan imperativo como ahora, donde nuestro país se ubica de acuerdo a estadísticas como uno de los países mas violentos e inseguros del mundo.
Los Diputados en el Congreso Nacional estamos convencidos que los hondureños merecemos vivir en paz y tranquilidad y con una verdadera justicia en condiciones de acceso e igualdad para todos. De lo que se trata es de salvar y proteger vidas humanas y para ello necesitamos tomar decisiones y lograr resultados.
El objetivo de las comparecencias en el Pleno del Congreso Nacional no es buscar culpables, sino de buscar soluciones, debemos hacer todo lo que esta a nuestro alcance para contribuir a cambiar la realidad que viven día a día los hondureños.
La gente todos los días vive presa del miedo, las madres que temen por la seguridad de sus esposos e hijos, las familias y comerciantes que a diario sufren el impuesto de guerra, que temen el secuestro, la extorsión, la delincuencia común, a ellos son a los que representamos los Diputados y a ellos es que nos debemos, por eso tenemos la responsabilidad como sus representantes de reconocer el problema, enfrentarlo y trabajar en resolverlo.
No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes,  necesitamos tomar decisiones que cambien la realidad que viven los hondureños, en este sentido el Congreso ha hecho lo que le toca hacer.
Durante su comparecencia, los operadores de justicia abundaron en explicaciones y excusas sobre las razones por las cuales no han cumplido eficientemente su tarea.
Con franqueza, esta comisión no ha podido evitar la sensación de que hay muchos pretextos, de culparse entre sí, y de evadir las responsabilidades que a cada órgano le corresponden.
La impunidad reina en Honduras y se acrecienta, y una buena parte de la responsabilidad corresponde a quienes deberían ser los más celosos guardianes de la justicia.
Ha faltado liderazgo y compromiso en las instituciones, cuando se escudan en supuestos obstáculos para justificar la ineficiencia reflejada en resultados, en tanto los hechos siguen ocurriendo, y el pueblo sigue viviendo con miedo.
Es la hora de los resultados, porque el pueblo que sufre no puede esperar más.
Por el contrario, en las comparecencias también encontramos funcionarios que con el mismo presupuesto de años anteriores, así como órganos operadores de justicia de reciente creación que han dado resultados satisfactorios contra el crimen, evidenciando compromiso y creatividad, lo que ha faltado en la mayoría de los demás operadores de justicia.
Este informe, presenta las conclusiones más importantes de las comparecencias de cada uno de los funcionarios que lideran los órganos operadores de justicia, así mismo, se presentan recomendaciones claras y precisas para que sean consideradas por el Pleno del Congreso Nacional de la República y que este Poder del Estado tome las decisiones que le corresponden.
Reiteramos que el único objetivo que se buscó con las comparecencias, y el único propósito que tiene esta Comisión Legislativa a través del presente informe es salvar y proteger las vidas de los hondureños.
CONCLUSIONES:
Después de haber escuchado largamente a los operadores de justicia, y hecho las preguntas correspondientes, así como de haber escuchado las respuestas de los mismos a las interrogantes de los compañeros Diputados y de representantes de la Sociedad Civil aglutinados en la Asociación por la Paz y la Justicia, esta Comisión Legislativa llega a las siguientes conclusiones:
En cuanto a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP):
1)          La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, con fundamento en el Decreto Legislativo que le dio vida, tiene de forma permanente y obligatoria la facultad de aplicar las pruebas de confianza de manera general o selectiva a cualquier miembro de la carrera policial sin importar a la escala que pertenezca, el grado o cargo que ostente, no obstante este Organismo violentó el espíritu de la Ley al limitarse a practicar las pruebas de confianza a quienes le indicaba el Director General de la Policía Nacional, lo que causo subordinación de esta entidad a funcionario antes citado, máxime aun cuando este es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Seguridad, con autonomía funcional, administrativa y financiera, características que se descalificaron con la actuación antes indicada.
2)          Esta subordinación provocó que los oficiales del alto mando de la Policía Nacional no fueran sometidos a las pruebas de confianza en forma general y descendente, tal y como fue la intención y finalidad de este Congreso Nacional al crear la DIECP, y que sirviera de ejemplo a los mandos intermedios y escala básica de la Policía Nacional, y que permitiera una correcta y pronta depuración.
3)          Desde su instalación, la DIECP solamente ha efectuado 1272 pruebas de confianza a miembros de la carrera policial, lo que representa un bajo porcentaje de los más de 14,000 miembros activos que hay en la Policía Nacional, de los cuales 230 reprobaron las mismas, y se remitió igual número de resoluciones a la Secretaría de Seguridad para la cancelación de los acuerdos a los Policías reprobados, habiéndose ejecutado hasta la fecha de las comparecencias apenas siete de ellas, siendo estos resultados absolutamente insatisfactorios e inaceptables.
4)          Se identificó la carencia de una estrategia precisa y contundente para llevar a cabo la misión encomendada a la DIECP, lo cual muestra la falta de visión y rumbo claro en su dirección.
5)          Sumado a ello, la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, órgano legalmente competente para certificar el proceso de Depuración Policial a través de la DIECP, declaró en el pleno la NO certificación de las actuaciones de esta institución, en gran parte por las falencias arriba enunciadas.
6)          El Presidente del Congreso Nacional manifestó haber recibido información de parte la Cooperación Internacional que apoya el proceso y las actividades llevadas a cabo por la DIECP, la intención de su retiro de este acompañamiento por los pocos avances en la misión de la Dirección de Investigación de la Carrera Policial.
RECOMENDACIONES:
1.La Comisión Especial recomienda al Pleno del Poder Legislativo improbar la conducta administrativa del Director y Sub Director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y solicitar al Presidente de la Republica su inmediata destitución del cargo, y aplicar de forma urgente las pruebas de evaluación de confianza al alto mando de la Policía Nacional y de forma descendente a todos los miembros, mediante la estructuración de un plan operativo sobre la base de metas semanales y mensuales para lograr un 100% de aplicación de las mismas en todos los niveles.
En cuanto al MINISTERIO PÚBLICO:
1.El Fiscal General reconoció en su comparecencia que actualmente solo se investiga el 20% de los delitos y denuncias, el otro 80% queda en la total impunidad, y que esto se debe entre otras cosas a:
a. La falta de recursos financieros, señaló que con los recursos disponibles no se puede esperar un mayor nivel de cumplimiento.
b.También refirió que el Congreso Nacional ha impuesto nuevas responsabilidades al Ministerio Público, sin dotar a la institución de recursos adicionales, por lo que no encuentra como atender esas responsabilidades.
No obstante las explicaciones brindadas por el Fiscal General, a juicio de esta Comisión Legislativa, dichos resultados son totalmente inaceptables, pues este órgano del Estado ha recibido en asignación presupuestaria más de 3 mil millones de lempiras en los últimos tres años, adicional al apoyo que le ha dado el Fondo de la Ley de Seguridad Poblacional (Tasa de Seguridad) y los bienes y recursos distribuidos por la OABI.
2.Declaró que en los últimos años se han logrado un numero de mil trescientas ochenta y cinco sentencias condenatorias, cifra baja en relación a la cantidad de delitos cometidos o causas judicializadas, lo que evidencia una pobre actuación de este Órgano acusador del Estado, principalmente en los casos de delitos de corrupción, delitos contra la vida, y en los de fuerte impacto social y nacional.
3.Ante las interrogantes de las actuaciones investigativas realizadas por el Ministerio Publico sobre los casos emblemáticos de muertes de periodistas, femicidios, grupos de la diversidad sexual, abogados y defensores de derechos humanos, mostró tener poco o ningún conocimiento de las investigaciones realizadas, pues no dio respuesta a estas interrogantes planteadas por la Comisión Especial, lo que denota la ausencia de conocimiento del desempeño de sus subalternos, poca supervisión etc, máxime cuando a esta institución por derecho le corresponde la dirección técnico jurídica de la investigación criminal.
4.Al ser preguntado sobre la deducción de responsabilidades a personal del Ministerio Público por las denuncias presentadas en contra de los mismos, el Fiscal General proporcionó los siguientes datos: Se han presentado  45 requerimientos fiscales contra miembros del Ministerio Público, de los cuales 4 son personal de Medicina Forense, 1 técnico de almacén de evidencias y el resto fiscales activos, pero no se detalló la conclusión de estas acciones.
5.Se le preguntó sobre la remisión de expedientes de parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, y aunque el Fiscal General dio un dato incorrecto que fue corregido por la Directora de Fiscales Danelia Ferrera, al final quedó establecidos que son 26 los expedientes remitidos al Ministerio Público, de los cuales solo se han presentado acciones judiciales a siete miembros de la carrera policial; dejando dicho que la mayoría están en proceso de investigación, cuando estos a estos casos se le debe dar prioridad.
De conformidad al estudio y análisis de los informes realizados en el Ministerio Publico por juristas internacionales financiados por la Embajada de los Estados Unidos de América, así como por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública y la Alianza por la Paz y la Justicia, se concluye lo siguiente:
PRIMERO: FALTA DE UNA POLITICA INSTITUCIONAL DE COMBATE AL CRIMEN. En el Ministerio Publico existe “Abuso del Derecho Penal y Stress Institucional”. Se dedica en buena medida a la persecución de los “Delitos de bagatela, delitos o faltas menores”, etc. “Bajo el principio de  intervención mínima, el derecho penal sólo debe ocuparse de algunos casos de la realidad que supongan daño a los bienes  jurídicos, es decir, los casos más graves o relevantes y sólo debe intervenir cuando los mecanismos menos agresivos como los procesos civiles, administrativos, de solución alterna de conflictos y de otras ramas del derecho no puedan utilizarse”.
SEGUNDO: INADECUADA ORGANIZACIÓN INTERNA PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL COMBATE A LA CRIMINALIDAD. “La organización actual es inadecuada para cumplir sus deberes” (5 fiscalías investigan el delito de homicidio); “La organización no responde a la realidad”. Existe “Desintegración institucional”.  “No  se  advierte  la  existencia  de  programas  de  evaluación continua, estímulos, recompensas y ascensos”. “Necesita una reingeniería administrativa” y “No  hay  mecanismos  efectivos  de  depuración”.
TERCERO: CORRUPCIÓN-DEPURACIÓN. En el Ministerio Público se observa lo siguiente: “La  aplicación  actual  del  principio  de  subordinación  jerárquica  en  el Ministerio Público es inflexible y no permite   que un miembro de la institución pueda oponerse ante un jefe por órdenes ilegales o posibles actos de corrupción”.
Lo anterior denota que existe una institución ineficiente frente a la persecución del delito en general, y en particular de aquellos que más afectan a la sociedad, lo que desemboca en una impunidad superior al 95%, lo cual se debe en gran medida a juicio de esta Comisión Especial, entre otras razones a la falta de dirección y orientación correcta del Ministerio Público.
RECOMENDACIONES:
La Comisión Legislativa Especial de seguridad con relación al Ministerio Publico hace  al Pleno del Poder Legislativo las siguientes recomendaciones:
1)  IMPROBAR la conducta administrativa del Fiscal General del Estado en la dirección del Ministerio Público en aplicación del Artículo 205 numeral 20 de la Constitución de la República por las razones expuestas que denotan su incompetencia y falta de diligencia en el ejercicio de su cargo.
2)  Nombrar mediante la aprobación de un Decreto Legislativo con carácter de urgencia, una Comisión Interventora del Ministerio Publico, cuyas atribuciones, competencias, integración, tiempo de vigencia y demás aspectos relacionados, se determinen en el decreto que se apruebe, el cual contendrá entre otras finalidades, las siguientes:
a. La rápida y efectiva depuración de todas las estructuras del Ministerio Publico, a efecto de volverlo más eficiente en la lucha contra el crimen y tiempo de suspensión del Fiscal General y Fiscal General Adjunto;
b.Presentar una nueva propuesta de Ley del Ministerio Público acorde a las condiciones que vive el país en materia de justicia penal;
c. La investigación de cualquier denuncia en contra de cualquier funcionario del Ministerio Público;
d.Cualquier otra acción encaminada a volver eficiente el desarrollo de las atribuciones que por ley le competen.
En cuanto a la SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.
Si bien es cierto, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y la Dirección General de la Policía Nacional informaron al Pleno Legislativo sobre los  avances realizados por dicha Secretaría en contra la criminalidad, esta Comisión Legislativa encontró que las estrategias de combate al delito no se han definido con claridad, evidenciando una insatisfactoria atención hacia los delitos de fuerte impacto social, de los que son víctima la población como ser: delitos contra la vida, como asesinatos, homicidios; extorciones, secuestros, narcotráfico, etc.
Haciendo una objetiva medición de resultados de la Secretaria de Seguridad, órgano que tiene la atribución directa de prevenir, combatir e investigar el delito, hemos arribado a la fácil conclusión que estos resultados son deficientes, escasos y que reflejan la crisis profunda en el sistema de seguridad, motivados entre otras causas por la falta de coordinación interna de los órganos que conforman esta Secretaría, por los conflictos internos entre los miembros que la integran y que producen alteración de las líneas de mando, afectando con ello la operatividad para combatir con efectividad la delincuencia.
Este Congreso Nacional y la sociedad hondureña han demandado la urgente depuración de la Policía, como primer elemento para combatir la alta ola criminal que azota al país, en ese contexto, el Congreso Nacional otorgó al Secretario de Seguridad y al Director General de la Policía, los Instrumentos legales necesarios para lograr legalmente la separación de los elementos policiales asociados a actividades ilícitas, mediante la aplicación de pruebas de confianza y la evaluación de resultados en los cargos asignados, lo cual no se ha ejecutado hasta el momento.
Cabe resaltar que fue hasta la comparecencia ante el Congreso Nacional del Director General de la Policía, que el pueblo hondureño tuvo conocimiento de la intención de este y de la cúpula policial de someterse a la práctica de las pruebas de evaluación de confianza, acción que inexplicablemente no se había realizado aun cuando el Secretario de Estado, el Director General de la Policía y el Director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) están facultados a ordenar.
En cuanto a las resoluciones emitidas por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y enviadas a la Secretaría de Seguridad para la correspondiente cancelación de los acuerdos de los miembros que no aprobaron las pruebas de confianza, esta Comisión Legislativa encuentra inaceptables e inexcusables las explicaciones del Secretario de Seguridad, en cuanto a que no fue posible notificar las resoluciones porque la mayoría de los miembros se encontraban “enfermos” cuya justificación se sustenta en constancias médicas, denotando la falta de mando y liderazgo al frente de esta institución.
RECOMENDACIONES:
1.En virtud de que ha trascendido al momento de redactar este informe que el Presidente de la República a removido de su cargo al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad que presentó el informe al Pleno del Congreso Nacional, esta Comisión Legislativa recomienda que el nuevo Titular de la Secretaría de Estado, presente un reporte ante el Pleno del Congreso Nacional en el término de 60 días después de asumir su cargo, sobre los avances y la aplicación de las recomendaciones y observaciones hechas en este Informe relativos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y sobre la Dirección General de la Policía Nacional.
2.Que se ordene de forma inmediata por conducto de quien corresponda que se sometan a pruebas de confianza de forma integral el alto mando de la Policía Nacional, comenzando por su Director General, directores nacionales y Directorio Estratégico.
En cuanto al PODER JUDICIAL:
En el informe rendido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se hacen evidentes a Juicio de esta comisión algunas debilidades institucionales que no contribuyen a la lucha contra la criminalidad y que este poder del Estado debe corregir de manera inmediata, entre ellas las figuras de la medidas sustitutivas, que aun y cuando las pruebas de cargo presentadas en los juicios sean contundentes y los delitos sean de gravedad, los titulares de los juzgados o tribunales decretan medidas sustitutivas, dejando libres a peligrosos criminales en perjuicio de la sociedad.
Si bien es cierto lo jueces y tribunales deben actuar en base a las pruebas presentadas en la persecución del delito y respetar las garantías a los enjuiciados, es notable que muchos juicios no terminan en sentencias condenatorias por tecnicismos jurídicos que generan desconfianza en la sociedad.
Esta Comisión Especial reconoce la disposición de la Corte Suprema de Justicia, expresada en la comparecencia a través de su Magistrado Presidente, en el sentido declararse a favor del sometimiento a los magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial a la aplicación de Pruebas de Confianza.
RECOMENDACIONES:
Esta comisión legislativa solicita al Pleno del Poder Legislativo, apruebe trasladar al Poder Judicial la remisión por escrito de la toma de las siguientes medidas que se requieren en la búsqueda de la solución a los problemas de la inseguridad, enviando al Congreso Nacional en el término prudencial que requiere la urgencia del asuntos de autos lo siguiente:
1.Una propuesta que contenga la evaluación continua de manera oficiosa a los magistrados y jueces en materia penal, tanto en sus actuaciones relacionadas a los juicios que llevan, como en la legalidad y transparencia de sus sentencias o resoluciones;
2.Ampliar la figura del Juez de Jurisdicción Nacional, dotándolos de las capacidades para el correcto desempeño de su cargo, posibilitando que la mayoría  de juicios en materia penal en donde exista la posible comisión de delitos ligados con el crimen organizado sean conocidos en todas sus instancias por jueces que estén revestidos de este carácter.
3.Considerar como regla general y no como excepción que los jueces en las causas penales cuando dicten detención judicial, detención preventiva o cumplimiento de pena de reclusión a un imputado considerado cabecilla o jefe de una banda criminal, se ordene la remisión de este o estos a un centro penitenciario de máxima seguridad.
EN CUANTO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS.
La Secretaría de Defensa representada en las audiencias por su titular y por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, plantearon inicialmente como encontraron la institución armada cuando asumieron los respectivos cargos que hoy ejercen, evidenciando una situación de precariedad, desorden administrativo operativo, carencias básicas de equipo logístico, y situaciones que al final desnudaron la pésima o mala administración de sus antecesores, lo que puso en riesgo la seguridad nacional.
Manifestaron que el proceso transformativo a que fue y se sigue ejecutando para solucionar estas falencias y los logros que se han alcanzado hasta el día de hoy con los recursos que se les ha proporcionado, siendo uno de sus principales logros la lucha y combate contra el narcotráfico, el decomiso considerable de drogas en los últimos años, incautación de diferentes naves y detención de personas ligadas con este delito.
Cabe resaltar como aspecto positivo el apoyo que dan en el tema de protección al medio ambiente, temas electorales, sobre las funciones y atribuciones derivadas de las tareas que en materia de seguridad interior están realizando.
RECOMENDACIONES:
1.Recomendar al Poder Ejecutivo la continuidad de las acciones que están orientadas a proteger a las personas que se transportan en unidades el servicio público;
2.La adquisición por cualquier mecanismo, sistemas de control que posibiliten la detección de vuelos ilegales al espacio aéreo nacional;
3.Potenciar la Fuerza Naval para combatir el ingreso de droga o tráfico ilegal de personas, u otros ilícitos que se cometen por vía marítima;
4.Darle continuidad a la protección del medio ambiente en todo el territorio nacional con especial atención a las áreas protegidas de importancia mundial como la Biosfera del Río Plátano;
5.La aplicación de las pruebas de confianza a los oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas;
6.Que se actualice el inventario de armas de las Fuerzas Armadas;
7.Realizar investigaciones con deducción de responsabilidad en cuanto al extravío o perdida de Armas y Municiones;
En cuanto a la Dirección de Investigación e Inteligencia.
En cuanto a este órgano de reciente creación y del estudio del análisis de los datos proporcionados al Pleno del Congreso Nacional por parte de su titular, esta Comisión Especial concluye lo siguiente:
1.Fue evidente de la exposición plenaria que hizo en su oportunidad el Director de la Dirección de Investigación e Inteligencia, que a escaso un (1) mes de haber iniciado operaciones este órgano se ha dado resultados positivos en el tema de captura de banda ligadas al delito de extorsión y secuestro, y se expuso por parte de este la forma operativa en que desarrolla la intervención de las comunicaciones privadas bajo la estricta vigilancia y control de Fiscales y Jueces asignados a esta unidad para garantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales en esta materia.
RECOMENDACIONES
1.Fortalecer Técnicamente la Institución en cuanto a los procesos de depuración de los Órganos Operadores de Justicia;
2.Brindarle apoyo para que pueda desarrollar una base de datos que contenga la información de todas las personas nacionales o extranjeras que se encuentren en el país para tener una herramienta de combate al crimen.
3.En aplicación de la Ley de Intervención de las Comunicaciones Privadas ejecutar las acciones necesarias para impedir que se practiquen intervenciones ilícitas, procediéndose a la detección de cualquier actividad de este tipo, identificación de los responsables y el aseguramiento para que se deduzcan las responsabilidades del caso.
RECOMENDACIONES GENERALES:
1.Cada institución operadora de justicia debe actuar en base a gestión por resultados. Bajo este sistema se deben  establecer índices  (puntos de partida) que sirvan para medir la efectividad de cada institución así como la estrategia y acciones que se implementen y a la vez sirvan como una herramienta para focalizar los recursos humanos y financieros.
2.Se recomienda que se utilice como base, los datos que presenta el observatorio nacional de violencia y delincuencia. Solamente con números e índices fríos podremos saber con certeza cuales son los avances en materia de seguridad ciudadana.
3.Al Pleno del Congreso Nacional la socialización de una superintendencia o Instituto de aplicación de pruebas de confianza a  los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial, a efecto de lograr la depuración de toda la cadena de operadores de justicia, certificando la idoneidad y conducta de los funcionarios que velan por la seguridad de la sociedad hondureña.
4.Incluir y revisar el Papel del Tribunal Superior de Cuentas en su papel contralor y perseguidor del delito de Enriquecimiento Ilícito, así como su función en la lucha efectiva contra la corrupción de los funcionarios inmersos en el combate a la criminalidad.
5.Exhortar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a desarrollar una política integral de combate a la Criminalidad, incluyendo los aspectos relacionados a la prevención del delito.
6.Recomendar al Banco Central como responsable del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, que agilice las compras y asignaciones de conformidad al plan de lucha contra el crimen, y;
7.Declarar estado de emergencia en materia de seguridad ciudadana a efecto de que la Comunidad Internacional, coadyuve con el Estado de Honduras en la Lucha contra la criminalidad que abate al pueblo hondureño.
8.Aprobar de forma urgente todos los decretos relacionados en materia de seguridad que están pendientes de su discusión, principalmente sobre el tema de investigación y campo forense, en concordancia con los diferentes operadores de justicia y órganos relacionados.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. a los 15 días del mes de abril de 2013
COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD
MARIO ALONSO PEREZ
RODOLFO ZELAYA
TOMAS ZAMBRANO
AGUSTO DOMINGO CRUZ ASCENCIO
OSMAN AGUILAR
ABRAHAM KAFATI DIAZ
MARVIN PONCE
JUAN CARLOS VALENZUELA
ELEAZAR JUAREZ
GERMAN LEITZELAR
 

Publicado por Américo Roca Dalton en 06:35

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2013/04/honduras-congreso-aprueba-la.html

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