Entradas etiquetadas como Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO)

Honduras aplazada en democracia ambiental

Versión para impresiónVersión PDF

 Honduras aplazada en democracia ambiental
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Honduras resultó aplazada en materia de respeto a la normativa ambiental, con una calificación de 1.29 de 3 puntos, una nota equivalente al 43% en  base a 100, así lo revela el estudio realizado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Iniciativa de Acceso (TAI), que evalúo el impacto ambiental de 70 países a nivel mundial.
El estudio denominado Índice de Democracia Ambiental (EDI, por sus siglas en inglés) fue presentado este jueves en un hotel capitalino por el Instituto de Derecho Ambiental en Honduras (IDAMAHO) ante más de 50 organizaciones de la sociedad civil y grupos defensores del ambiente.
Desde 1993 fue creada en nuestro la Ley General del Ambiente, sin embargo, debido a limitaciones en recursos humanos y a la falta de mecanismos de aplicación o al desconocimiento de la legislación esta no es aplicada de forma eficaz y expedita, detalla además el informe publicado en 2009 por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambienta (SERNA) hoy Mi Ambiente.
De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) pese a que Honduras obtuvo mejores resultados en el pilar de la transparencia (1.60), los sectores relacionados con la participación ciudadana (0.78) y acceso a la justicia (1.49) reflejan serias bajas.
Tres pilares
De acuerdo con ese análisis en el sector de transparencia, Honduras cuenta con una Ley  que establece el derecho a acceder a la información ambiental; sin embargo, sólo una cantidad mínima de los procesos de impacto ambiental son puestos de manera proactiva a disposición del público.
Del mismo modo en el pilar de participación, la ley ofrece al público el derecho a participar en una amplia gama de decisiones ambientales, más no así a tomar influencia en las decisiones plenas de los temas que le afecten directamente.
En cuanto al pilar de Acceso a la Justicia, la ley hondureña reconoce ampliamente el derecho del público a acceder a los tribunales y desafiar las decisiones gubernamentales sobre el medio ambiente, pero no existen mecanismos de asistencia para asegurar que los pobres y marginados pueden acceder a la justicia.
La metodología
El Índice de Democracia Ambiental  (EDI, por sus siglas en inglés) fue desarrollado por la Iniciativa de Acceso (TAI) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), en colaboración con socios de todo el mundo. El índice evalúa 70 países, a través de 75 indicadores legales, sobre la base de criterios objetivos y reconocidos internacionalmente establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a través de las Directrices de Bali.
EDI también incluye un conjunto adicional de 24 indicadores de práctica limitadas que permiten conocer el desempeño de un país en la implementación legislativa. Las leyes y prácticas nacionales
EDI es una plataforma en línea única que tiene como objetivo sensibilizar, atraer al público y fortalecer la legislación ambiental y la participación pública
Medidas EDI el grado en que los países han promulgado normas jurídicamente vinculantes que proporcionan para la recolección de información y divulgación del medio ambiente, la participación del público a través de una serie de decisiones ambientales, de forma justa, asequible y las vías judiciales independientes para la búsqueda de la justicia especialmente en las decisiones difíciles que afectan el medio ambiente.
Valorar legislaciones internacionales
Representantes del Instituto de Derecho Ambiental en Honduras indicaron que pese a que la calificación toma mayor fuerza en la normativa vigente y no en el respeto o aplicabilidad de la legislación, constituye un importante esfuerzo para valorar las legislaciones en materia ambiental a nivel mundial, especialmente porque el Índice le da la oportunidad al gobierno de mejorar su calificación conforme a las reformas o normativas legales que se tengan al 31 de agosto de este año.
Para el WRI, “la protección de estos derechos, especialmente para los más marginados y vulnerables, es el primer paso para promover la equidad y la imparcialidad en el desarrollo sostenible”. Pues “sin estos derechos esenciales, el intercambio de información entre los gobiernos y el público sobre las decisiones que perjudican a las comunidades y el medio ambiente no puede ser impugnada o remediarse. El establecimiento de una base legal fuerte es el punto de partida para el reconocimiento, la protección y la aplicación de la democracia ambiental”.
La comunidad internacional reconoce por primera vez estos derechos como parte del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que firmaron 178 gobiernos y del cual Honduras forma parte.

Opiniones

Omar Banegas
Ambientalista, La Venta de El Sur
“El punto es que en materia de acceso a la información ambiental es restringida, pues esa ley no nos permite a nosotros los hondureños tener acceso a la información, hay información reservada. Aquí hay una trampa, por ejemplo en las comunidades no podemos tener acceso a los estados de resultados, estudios de impacto ambiental o a los balances generales, para saber que si las empresas están o no cumpliendo con las leyes y normativas, por eso considero que tienen una calificación muy alta tenemos una Ley General del ambiente que prácticamente no funciona”. 
Laura Palmesse
Abogada de IDAMHO
“Nos parece que ver las leyes en otros países puede dar ideas de qué está funcionando o no en nuestro país, creo que podemos llevar a una mejor aplicabilidad de las normativas. Ya hemos llevado a Instituto de Acceso a la Información Pública en los casos que nos nieguen diferentes solicitudes y se han pronunciado de manera sancionatoria, de tal forma que dentro de poco podemos ver que el IAIP disponga una sanción al Oficial de Transparencia”.

, , , ,

Deja un comentario

Honduran organizations fight to have Canadian-backed mining law declared unconstitutional

Summary of two complaints against Honduras’ 2013 General Mining Law

In 2014, the Honduran Institute for Environmental Law (IDAMHO by its initials in Spanish) and the Honduran Center for the Promotion of Community Development (CEHPRODEC by its initials in Spanish) filed separate constitutional challenges on behalf of two groups of petitioners against Honduras’ 2013 General Mining Law. Representing diverse individuals and indigenous and campesino organizatons such as the Siria Valley Environmental Committee and the Lenca Indigenous Movement of La Paz (MILPA by its initials in Spanish), they argue that the General Mining Law approved on January 23, 2013 is unconstitutional.

The General Mining Law was developed with technical assistance paid for with Canadian overseas development aid. Its passage in 2013 lifted a seven-year moratorium on any new mining projects. The moratorium was put in place as a result of public pressure. Hondurans realized shortly after Goldcorp’s San Martín mine in the Siria Valley went into production around 2000 that the 1998 mining law, rushed through in the wake of Hurricane Mitch, provided no recourse for communities suffering negative impacts. They lobbied for reforms to ban open-pit mining and the use of certain toxins in mine processing, and to give communities a decisive say early in the process over whether mining could take place or not on their lands. The 2013 law does not remedy past problems, nor did it incorporate their demands.

The 2014 filings against the mining law argue against the way in which the new mining law was approved, given that it marginalized mining-affected communities, grassroots organizations, and environmental NGOs from being effectively heard in the process of developing the law and did not follow the legislator’s own protocol for debate and ratification of the General Mining Law. They also allege that over 20 articles in the mining law violate Honduran laws and constitution, as well as international treaties ratified by the Honduran state.

The following summarizes several problems with the law identified in the two legal filings:

Conceding National Sovereignty to Mining Corporations

  • The law does not ensure the “technical and rational” exploitation of the country’s non-renewable mineral wealth for failing to prohibit “extreme” mining methods such as open-pit extraction. Open-pit mining has already left serious devastation in areas such as the Siria Valley where Goldcorp operated the San Martín open-pit gold mine from 2000-2008.
  • The law does not limit how long mining concessions may be held once under extraction.
  • The law allows companies to incorporate minerals found during the process of exploration into their concession permit without needing to apply for a new license.

Putting People at Risk

  • The law fails to ensure the protection of natural areas and water sources vital for human consumption and other uses health.
  • By leaving the door open to open-pit mining, the law contradicts constitutional guarantees for environmental conservation “to protect the health of all people” without exception. Scientific studies are cited documenting the toxic effects of cyanide, mercury, lead and arsenic, which may be used or released during open-pit mining or mineral processing.
  • Only “registered” water sources will be protected rather than protecting water supplies according the state’s obligations to ensure the human right to water.
  • Rather than setting aside unused government lands for landless farmers or for environmental protection, they may now be sold to mining companies.

Meaningless Provisions for Consultation of Indigenous and Non-Indigenous Communities

  • Prior consultation of affected communities is only required before granting a license for extraction, which is called “a fallacy” and contrary to constitutional principles of popular sovereignty, peoples self-determination and participatory democracy. By requiring prior consultation only before deciding on a company’s license to extract minerals – should the state actually take community input seriously -, it could open up Honduras to costly international arbitration lawsuits that companies could bring under the terms of free trade and investment agreements signed with countries such as Canada.
  • The lack of guarantees for prior consultation and free, prior and informed consent violate Indigenous rights enshrined in Convention 169 of the International Labour Organization and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, including the right to say no to unwanted projects and to organize under their own representative bodies.
  • The filings assert that consultation should take place prior to any mining activities, not only out of respect for national and international norms, but to avoid future conflicts.
  • Prior consultation is not required of all affected communities within a company’s total area of influence. This is important given examples such as Goldcorp’s San Martín mine that had its centre of operations in the municipality of San Ignacio, while it also impacted Porvenir.
  • The law imposes limits on citizen participation and contradicts provisions for environmental conservation by prohibiting areas free of mining from being created for any length of time.

Selling Off the Natural Commons

  • The law includes “miserably” low royalty rates compared with other Latin American countries that are also disproportional to the tremendous revenues mining companies make. In the case of Goldcorp’s San Martin mine, it is estimated that the company extracted the equivalent of $290 million USD in gold over seven years based on average prices at the time. This is roughly what Honduras accumulated in external debt from the 1950s to 2004.
  • Under the current law, the local municipality would earn only 1%, or some $2.9 million over seven years, which is very little on a per capita basis. The complainants deem this legalized “tax avoidance” that enables companies to avoid paying what is due to the state and Honduran people.
  • The 2013 General Mining Law designates 2% of royalties to a “security tax” that should instead be funded through the national general budget, not directly from mining activities.
  • The creation of a Trust to manage a Social Investment Fund established with mining royalties raises concern that it may be put in the hands of private actors that, based on prior experiences in the region, are liable to act in their own self-interest instead of the public’s.

Summary compiled from the original filings by Christine Reyes Whipple and Jen Moore.

Fuente: http://www.miningwatch.ca/article/honduran-organizations-fight-have-canadian-backed-mining-law-declared-unconstitutional

, , ,

Deja un comentario

IDAMHO: Inconstitucionales 25 artículos de la Ley de Minería en Honduras

Escrito por Luis Vallecillo en Mié, 02/05/2014 – 13:20

Versión para impresiónVersión PDF

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) presentó el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería ante la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Los problemas ambientales son mucho más profundos pues que hay un mayor  deterioro ambiental  que en otros países en donde hay más control y estamos convencidos que la realización de los derechos fundamentales en honduras no solo tenemos que verlo desde el punto de vista colectivo y no de forma individualmente que están afectando estos derechos así como las víctimas de la minería a nivel de todo un país”, indicó Clarisa Vega, directora de IDAMOH.
La Ley General de Minería, contenida en el decreto legislativo número 238-2012 y publicado en el diario oficial la Gaceta el 2 de abril del 2013, fue cuestionada antes de su aprobación y ahora que se encuentra plenamente vigente, contiene vicios de constitucionalidad y por lo tanto debe ser derogada tanto por razones de forma, como de fondo o contenido.
Argumentos 
En las razones de forma se encuentran no hubo participación ciudadana en la aprobación de la Ley, no se respetó el proceso legislativo (dispensa de 2 debates), no se remitió al Presidente de la República en el plazo establecido (debido proceso).
En las razones de contenido se encuentra también se explica cómo cada artículo de la Ley violenta los preceptos constitucionales y tratados, se pretende la inconstitucionalidad de al menos 25 artículos de la Ley, se exponen ejemplos de hechos anteriores (experiencia).
Agregado a esto también se constató que hubo  explotación sin límites de tiempo, no se prohíben métodos extremos, profundidad indefinida, monopolio/área concesión, adicionar o sustituir sustancias, explotación en áreas protegidas y el abierto irrespeto a la autonomía municipal.
El recurso, preparado por el Instituto de Derecho ambiental de Honduras y con el apoyo de líderes comunitarios y demás miembros de la sociedad civil, pretende que los magistrados de la sala de lo Constitucional, declaren inconstitucional de al menos 35 artículos de la referida Ley, por violentar directamente los preceptos y garantías constitucionales y también los protocolos, tratados y convenios internacionales de las que Honduras forma parte y que contienen derechos humanos fundamentales reconocidos mundialmente.
Vega agregó que “muchas de estas áreas afectadas  han estado desprotegidas y ha habido casos interesantes ya que hay una asociación de comunidades afectadas por la minería y que tiene su paralela de comunidades que apoyan la minería así que nos espera una gran tarea en relación de que tenemos que hacer conciencia”.
Documental 
La organización también presentó su documental “La Mina San Martin en el Valle de Siria: un ejemplo de los impactos de la minería en Honduras” donde expuso parte de las consecuencias de una explotación minera sin controles efectivos, evaluaciones de impacto ambiental, medidas de reparación de daños y participación pública.
En este documental, Juan Almendares Bonilla, representante del movimiento ecologista Madre Tierra señaló que “los argumentos que se han dado para justificar esta Ley de Minería no me parecen que tienen una base científica, técnica, además no estamos no solo es de documentar esto si no de ver los seres humanos del valle de siria que están enfermos y yo los he visto y los ha visto gente de otros países y da terror aprobar una Ley Minera que favorezca a las empresas multinacionales”.
En los últimos 30 años el Estado de Honduras ha concedido en concesiones a compañías mineras, el 30% del territorio, estas compañías primordialmente son de Estados Unidos y Canadá.
“La socialización fue una farsa ya que al final fue reafirmar la explotación minera a base de cianuro y a cielo abierto y eso lo que hace indudablemente es reproducir el modelo de explotación minera”,  lamentó Bonilla, al destacar que el interés de las transnacionales en la extracción minera en Honduras es comprensible por la ventaja competitiva de ser un país con leyes y reglamentos muy permisivos, muchas exoneraciones, bajos cánones de por pago territorial, la falta de rigor en cumplimiento de estándares ambientales, nulo compromiso con las poblaciones locales”.

Uso de sustancias tóxicas
La minería genera y emplea en sus procesos, productos y sustancias tóxicas y se puede considerar una actividad de alto riesgo para la salud humana y la vida al utilizar sustancias como el cianuro, el plomo, el arsénico, el cadmio, el mercurio, y otros potencialmente tóxicos.
Dependiendo de la utilización de dichos elementos, ligados a la aparición de enfermedades como el cáncer, enfermedades pulmonares, dermatológicas, respiratorias, neurológicas; daños en los riñones, daños en el sistema reproductor, encelofatías  agudas, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, disfunciones del aparato nervioso, afección del sistema inmunológico alteraciones genéticas, desarrollo anormal de embriones entre otros.
Los miembros de la IDAMHO concluyeron que “la leyes aprobadas por el Congreso Nacional deben responder la anhelo de los hondureños de una Honduras mejor, sustentada en los principios de la democracia participativa y desarrollo sostenible, considerando la situación de vulnerabilidad del país y el respeto a los derechos humanos a la vida a la integridad física, a la salud a la libertad de asociación, acceso a la información, a la propiedad, a un medio ambiente sano e igualdad ante la ley”.

, , , ,

Deja un comentario