Escrito por Redacción | Noviembre 5 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Al momento de anunciar su cierre temporal, Diario Tiempo adeudaba a sus 300 empleados 26 días de trabajo. En conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Carlos Madero, señaló que “como Estado vamos a seguir velando por los derechos de trabajadores”.
Este miércoles, el gerente general Carlos Rosenthal ha dicho que no se ha despedido ni suspendido a nadie, que se cumplirá con todas las obligaciones, pero tampoco dio una respuesta concreta sobre el futuro de los empleados, según trascendió en diario La Prensa.
Al respecto, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Armando Urtecho, manifestó que “difícilmente habrá oportunidad, para emplear a los 300 empleados de Diario Tiempo”, informó HRN.
En su portada de este 27 de octubre, el periódico afirmó que “la administración de Diario TIEMPO da seguridades de que, en la medida de lo posible, pagará a los empleados sus derechos laborales con los dineros que le adeudan las empresas y el Estado, que constituyen el núcleo de sus anunciantes. Es obligado nuestro agradecimiento a su comprensión y paciencia, firmemente demostrada en estos momentos aciagos”.
Por otro lado, en una noticia del 23 de octubre, diario Tiempo informó que “muchos de los empleados de Tegucigalpa y San Pedro Sula han tenido que pedir prestado para cumplir con su responsabilidades a expensas de quedar sin sus derechos laborales ya que no se cuenta con ningún respaldo”.
Si bien es cierto no hay legislación específica sobre el derecho laboral de periodistas, sí existen instrumentos internacionales que abordan el tema como el Plan de Acción de las Naciones Unidas Sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad.
Además, es preciso recordar que ya hay sentencias contra Estados en el sistema interamericano, por despidos masivos, así que de concretarse la cancelación de contratos de trabajo en un contexto de omisiones estatales para garantizar el derecho a la libertad de expresión y los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación, el Estado se expone, por omisión, a una denuncia internacional.
En la década de los 90, el gobierno de Panamá ejecutó, por acción, una política de despidos masivos y fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la parte resolutiva de la Sentencia Caso Baena y otros vr Panamá, “la Corte ordena a Panamá el pago de los salarios caídos y demás derechos laborales que les correspondan a los 270 trabajadores; reintegrarlos en sus cargos y si esto no fuera posible brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos; pagar a cada uno de los trabajadores la suma de tres mil dólares americanos por concepto de daño moral; y pagar al conjunto de los 270 trabajadores la suma de cien mil dólares americanos como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes, y la suma de veinte mil dólares americanos como reintegro de costas”, cita el análisis de Los derechos laborales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
1500 empleados más: Canal 11 y Cable Color
Entretanto, en Tiempo laboran 300 trabajadores de la comunicación y periodistas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y de otras ciudades que ahora quedan sin una fuente de trabajo. La vulnerabilidad se extiende a los trabajadores de la comunicación de Canal 11, en vista de que este medio es de la misma familia.
El director de Canal 11, Raul Valladares, denunció en la emisión nocturna del noticiario que si cierran este Canal, que cuenta con 350 trabajadores de la comunicación, será responsabilidad del gobierno porque los están asfixiando económicamente al no permitirles la apertura de cuentas en el sistema financiero.
El daño se extiende además a Cable Color con 1,200 empleados es la más grande de Honduras, reveló Valladares. Según dijo, no han sido empresas mencionadas por la OFAC, ¿por qué las van a cerrar?, replicó.
Antes del cierre, los periodistas de Diario Tiempo habían publicado un comunicado a la comunidad nacional e internacional para solicitar al gobierno de Honduras que se pronunciara sobre el futuro de ese medio de comunicación y calificaron el accionar como “un golpe a la libertad de prensa y una violación a los derechos universales de libertad de expresión y libertad de informar todas las acciones que ejecuta el gobierno de Juan Orlando Hernández contra Diario Tiempo”.
Según se conoció, por efecto de la liquidación forzosa del Banco Continental decretada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el bloqueo de las empresas de Grupo Continental, derivado de la actuación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) y la aplicación de la Ley Kingpin, no se pudo ni siquiera desaduanar 412 bobinas de papel de Diario Tiempo, ya pagadas y puestas en la empresa navera norteamericana “Chiquita LogisticServices” por lo que el papel fue devuelto al proveedor Resolute Inc.”.
El diario anunció su cierre este martes aduciendo la asfixia económica debido a falta de insumos como papel y tinta y la falta de presupuesto para el pago de salarios a sus empleados. Este periódico es parte del conglomerado de la familia Rosenthal, tiene su sede en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, y anunció este martes 27, que suspende temporalmente su circulación.
Dejó de circular por decisión de su dueño, el exvicepresidente hondureño Jaime Rosenthal, acusado por la justicia de Estados Unidos de lavar dinero procedente del narcotráfico en contra de Inversiones Continental, S.A., la matriz del grupo económico, y del Banco Continental El diario entró en dificultades a partir del 7 de octubre cuando se anunció que tres miembros de la familia Rosenthal y siete de sus empresas habían sido incluidos en la lista de la OFAC del Departamento del Tesoro de EUA.
En una carta pública, el empresario Jaime Rosenthal Oliva, había admitido que Editorial Honduras, dueña de diario Tiempo, se subsidiaba por todos los anuncios del grupo económico y que no hay suficiente dinero en el banco para pagar los salarios. El Grupo Continental es la compañía matriz de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo y medios de comunicación. Cuenta con más de 11.000 empleados, los cuales se ignora si serán despedidos.
En relación con el cierre de medios de comunicación en la región Latinoamericana la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicó recientemente en un comunicado que «para que resulte legítimo el cierre de un medio de comunicación es necesario que, previo el agotamiento de un debido proceso, un órgano estatal independiente e imparcial verifique que se cometió una falta claramente establecida en la ley y que la autoridad de aplicación de la ley motive de manera adecuada y suficiente la correspondiente decisión». El grave problema es que el Estado omite sus obligaciones positivas de hacer, la obligación de protección de los trabajadores/as.
Honduprensa 