Archivos para 11/11/15

Propuesta de la policía con plenos poderes es para proteger criminales dentro de la institución: Edmundo Orellana

Los diputados que estén de acuerdo con esa propuesta del Poder Ejecutivo de darle plenos poderes al jefe policial, evidentemente no saben la realidad de la policía nacional y si lo saben hay maldad de por medio, Edmundo Orellana Mercado.

Edmundo Orellana Mercado, exFiscal General de Honduras.

Edmundo Orellana Mercado, exFiscal General de Honduras.

El pretendido otorgamiento de plenos poderes al jefe de la policía hondureña para que este haga la depuración de la institución que pretende aprobar el actual gobierno,  tiene más opiniones en contra que gente que apoye la idea.

Edmundo Orellana Mercado, exfiscal de la república manifiesta que el jefe policial puede tener los años de servicio, los requisitos legales y el grado, pero la pregunta es: ¿Pasó él las pruebas de confianza? ¿Se le ha hecho una evaluación de su desempeño? ¿No ha violado nunca derechos humanos? ¿Que nos puede garantizar que un director general de policía está en la capacidad moral de tomar esa decisión?

“Eso es como favorecer a aquellos que todavía no han sido investigados para que los malos se queden y los buenos se vayan. La Historia de la policía hondureña ha sido esa, se persigue a quien trata de hacer bien las cosas y se premia a quien se dedica al crimen”, precisó Orellana.

El también exministro de Gobernación apuntó que, la prueba está con la comisionada María Luisa Borjas quien pretendió hacer una limpieza a lo interno de la institución policial y el premio que el dio el ministro de seguridad de aquel entonces fue sacarla violentamente de la institución y si eso es lo que quiere el Congreso Nacional, pues que lo apruebe.

Orellana recordó que, el Poder Legislativo tiene una propuesta que le hizo la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública con un proyecto de ley orgánica de la policía donde se prevé la potestad del Ministro de Seguridad de destituir a policías pero hasta que pase un proceso en el cual se acredite la comisión de la falta o el delito a través de tribunales policiales integrados por personas idóneas para tomar esa decisión y que esta no sea conocida en los tribunales de lo contencioso administrativo sino que la única potestad que tenga sea el amparo.

Orellana,  se cuestionó por qué no toman ese modelo? Y sentenció que el modelo propuesto por la policía es para proteger a los sinvergüenzas y criminales que todavía están dentro de la institución policial, porque el mismo titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Oscar Vásquez está reconociendo que no se hizo absolutamente nada durante el pasado.

Oscar Vásquez titular de la DIECP.

Oscar Vásquez titular de la DIECP.

El exfiscal propone que,  comencemos hacerlo pero no con facultades discrecionales y agregó que la policía ha estudiado esa propuesta y no la acepta porque no les conviene porque ahí si se proponen mecanismos para evitar que los criminales manejen la policía, es que lo están escondiendo.

A juicio de Orellana,  esa es la propuesta que debe discutirse y aprobarse en el Congreso Nacional,  pero el problema de los diputados es que analizan y leen muy poco las propuestas, algunos son acuciosos y tienen criterio sobre el tema y otros son acuciosos y no tienen criterio, creen que lo que propone la policía es lo idóneo en lugar de dedicarse a estudiar y hacer consultas sobre si eso trae consecuencias o no.

“Los diputados que estén de acuerdo con esa propuesta del Poder Ejecutivo de darle plenos poderes al jefe policial, evidentemente no saben la realidad de la policía nacional y si lo saben hay maldad de por medio”, puntualizó Orellana.

Ahondó que hay algunos diputados que les conviene que la policía siga igual porque les conviene ya que ellos podrían ser sujetos de captura si otra policía existiese y pidió a los diputados que estudien a fondo el proyecto y que elijan un proyecto que venga a cumplir con una verdadera depuración policial.

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Sentencia de la CIDH debe cumplirse porque es vinculante: jueces despedidos

Los jueces despedidos por el Poder Judicial señalan que la sentencia emitida este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es vinculante y debe ser acatada por el Estado de Honduras.

Además es importante porque establece que en Honduras se dio un golpe de Estado en junio de 2009 y ellos defendieron la Constitución de la República, acotaron.

Guillermo López Lone

Guillermo López Lone

Guillermo López Lone, habló en exclusiva con CRITERIO y manifestó recibir la noticia con alegría después de estar luchando y calificó de muy satisfactorio el haber encontrado justicia en una corte internacional después de haber agotado todas las instancias nacionales  y darse cuenta que es posible encontrar lo que es tan difícil de lograr en Honduras.

López Lone apuntó que,  la sentencia está firme, es vinculante para el Estado y tiene que cumplirla y no cabe ningún recurso.

Consultado sobre el tiempo que tiene el Estado para acatar lo dispuesto por la CIDH, respondió que,  esa es la parte un poco más difícil y ahora deben comenzar las pláticas con los personeros del gobierno y exigir la ejecución de la sentencia.

“Creo que ellos están en la obligación de carácter institucional de cumplirla, de lo contrario, acudiríamos nuevamente a los organismos internacionales a denunciarlos nuevamente por incumplimiento de la sentencia”, aunque señaló que esperan que sean responsables en cumplirla, expreso el juez.

López,  dijo que el gobierno está obligado a acatar la sentencia, pero pueden “darle un poco de largas al asunto” pero tampoco creo que muchas porque es una sentencia de la CIDH, que es vinculante y de obligatorio cumplimiento y lo que queda es entrar en el plano de la ejecución.

Reiteró que no hay alternativa para el Estado en cuanto a negarse a cumplirla, porque la Corte es parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Honduras está buscando el apoyo de esta organización por lo tanto no cree que se niegue a cumplir lo dispuesto.

Consultado si hay algún caso registrado donde un país se haya negado a cumplir una sentencia de la CIDH, López dijo que no se conoce ningún caso donde un Estado haya dejado de hacerlo. Eso sería colocarse de plano en una lista negra que traería como consecuencia algunas sanciones de parte de otros organismos respecto al Estado de Honduras.

Finalmente relató que a partir de mañana se reunirá con sus compañeros Ramón Enrique Barrios, Tirza Flores Lanza y Luis Chévez para diseñar el camino a seguir y también reunirse con la gente del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que han sido nuestros apoderados legales y  también junto a la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) para trazar una estrategia a seguir para que la sentencia se pueda  ejecutar en el corto plazo.

Ramón Enrique Barrios

Ramón Enrique Barrios

Por su parte Ramón Enrique Barrios, quien también habló en exclusiva con CRITERIO dijo recibir la noticia con mucha alegría y mucha expectativa, “digamos porque hay varios temas; primero se establece que una corte reconoce que en Honduras hubo un golpe de Estado y es un poco reivindicar lo que pasó en el año 2009,  afianzar que nosotros en ese momento, como jueces y magistradas,  defendimos la Constitución de la República, eso es lo primero”.

“Luego con mucha alegría, pero con mucha reserva porque el texto final de la sentencia dice que el reintegro será posible si es posible” y esperamos que sea posible,  porque si no la sentencia no tendría sentido”, sentenció Barrios.

Advirtió que el  Consejo de la Judicatura, que a su juicio deja mucho que desear,  podría salir diciendo que no hay plazas y que no es posible su reintegro y el de sus compañeros, aunque adelantó que él no desea regresar al Poder Judicial.

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Presidente de la CSJ debería pagar indemnización de los jueces: Jari Dixón

El exfiscal y diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera,  considera que la indemnización que el Estado de Honduras deberá pagar a los tres jueces y a una magistrada, debe ser costeada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, porque fue quien de manera arbitraria procedió a destituirlos.

Herrera reaccionó luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentenciara al Estado de Honduras por la destitución ilegal de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado.

Jari Dixon Herrera

Jari Dixon Herrera

En su sentencia la CIDH establece que su sentencia constituye per se, una forma de reparación,  por lo que ordenó al Estado hondureño a reincorporar a los jueces a cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento.

En caso que no fuera posible la reincorporación, deberá  pagarles la cantidad establecida en la sentencia, al igual que los montos por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y el  reintegro de costas y gastos.

Al respecto, el exfiscal Herrera señaló que la responsabilidad de haber destituido de manera injustificada a los jueces es del presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, a quien debería deducírsele las costas que implica la sentencia, porque fue quien firmó los despidos injustificados de los  jueces.

“Él debería pagar todo este dinero porque no es justo que los contribuyentes, que el hombre y la mujer que trabaja arduamente, vengan y con sus impuestos vengan y tengan que pagar un error o un abuso de autoridad de los que dirigen el sistema de administración de justicia”, acotó.

El parlamentario recordó que la sentencia se pudo evitar si las instituciones del Estado hubieran hecho algo para enmendar el error. Recordó que un grupo de abogados, incluyéndolo a él, apeló al entonces presidente del Poder Legislativo, Juan Hernández, “pero el Congreso Nacional no hizo absolutamente nada”, sino mantenerse con el despido injustificado de los jueces.

Por su parte, el diputado por el Partido Anticorrupción, Walter Banegas, dijo que no sería justo que el pueblo hondureño  tenga que pagar una acción ilegal de quienes destituyeron a los jueces.

Walter Banegas

Walter Banegas

Banegas, quien también es abogado,  señaló que  se corre el riesgo que el pago de la indemnización se disfrace de nuevos impuestos y sea el pueblo hondureño que termine pagando los desaciertos.

En tanto, la también abogada y diputada del PINU, Doris Gutiérrez, apuntó que el fallo de la CIDH se esperaba que fuera en los términos que ha trascendido este martes, porque el acto que se cometió contra los jueces fue ilegal.

Gutiérrez vaticinó que el Estado hondureño podría correr la misma suerte con los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos por el Parlamento, también de manera ilegal, el 12 de diciembre del 2012.

Doris Gutiérrez

Doris Gutiérrez

La congresista lamentó que las millonarias sumas que deberá pagarse saldrán del erario público, que implica el pago de los impuestos de los ciudadanos.

Los jueces y la magistrada fueron destituidos el 5 de mayo de 2010, por participar en actividades de protesta contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando se defenestró del poder y se envió al exilio al Presidente Manuel Zelaya.

http://criterio.hn/presidente-de-la-csj-deberia-pagar-indemnizacion-de-los-jueces-jari-dixon/

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Sentencia de la CIDH afecta directamente a JOH porque él es parte del golpe de Estado

La sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afecta directamente al presidente Juan Hernández porque es parte del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, dijo este martes el expresidente Manuel Zelaya.

“Este fallo perjudica directamente a Juan Orlando porque él participó en el golpe de Estado”, expresó el exmandatario en una entrevista concedida a CRITERIO para exponer sus puntos de vista,  luego que la  CIDH sentenciara al Estado de Honduras por la destitución ilegal de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado.

Zelaya también consideró que la sentencia pone nuevamente en el banquillo de los acusados a los  actores materiales e intelectuales del golpe de Estado y se inicia el desafuero de los que están todavía impunes porque nadie los ha tocado, pues  las cortes internacionales están comenzando a actuar y eso es lo que se esperaba.

Añadió que con su fallo la CIDH envía un mensaje al Estado hondureño y le advierte que “los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009, son un hecho ilícito internacional o sea que estos golpistas pueden ser sentenciados  y juzgados  a nivel internacional. Tarde o temprano el brazo de la justicia va a caer sobre ellos”, auguró.

A su juicio el golpe de Estado es el mayor acto de corrupción del Estado hondureño durante el siglo 21 y los implicados están gobernando, pero deberán “poner sus barbas en remojo para lo que viene en los años venideros”, advirtió.

Por otra parte, consideró que con la sentencia que obliga el reintegro de los jueces a sus puestos de trabajo, hay una rectificación honrosa. “Creo que la justicia internacional, está apretando al golpismo en Honduras”, apuntó.

En ese mismo orden, aclaró que la Corte Penal Internacional no ha desestimado las violaciones a los derechos humanos que se registraron en Honduras durante el golpe de Estado de 2009, ya que lo que advirtió recientemente ese tribunal de justicia, es que esos casos no son de su  competencia.

Zelaya ilustró que a raíz del golpe de Estado de 2009 hay muchas denuncias contra el Estado de Honduras y la primera que surtió efectuó fue la expulsión de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 5 de julio de 2009, lo que se revirtió posteriormente, el 22 de mayo de 2011 con la firma del acuerdo de Cartagena.

Finalmente dijo que como un acto personal ha perdonado a quienes gestaron el golpe de Estado en su contra, “pero las violaciones a los derechos humanos y a los crímenes cometidos con el golpe de Estado, son imprescriptibles ante la justicia; una cosa es nuestro concepto de reconciliación y otra cosa es la aplicación de la justicia por los asesinatos”, concluyó.

http://criterio.hn/sentencia-de-la-cidh-afecta-directamente-a-joh-porque-el-es-parte-del-golpe-de-estado/

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Sociedad Civil pide rapidez para reformar Ley de la Policía Nacional

Al respecto, Zambrano apuntó que varias organizaciones de la sociedad civil conocen el contenido de ambas propuestas y han sugerido, en el caso del nombramiento del director general de la Policía, que sea con mecanismos de participación o concurso.

La comisión ordinaria de seguridad y prevención del Congreso Nacional (CN), que preside el diputado José Tomás Zambrano, conoció los aportes de representantes de organizaciones de la sociedad civil sobre la propuesta de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policía.

Al respecto, Zambrano apuntó que varias organizaciones de la sociedad civil conocen el contenido de ambas propuestas y han sugerido, en el caso del nombramiento del director general de la Policía, que sea con mecanismos de participación o concurso.

Aclaró que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) no se elimina en la iniciativa de ley enviada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.

Al contrario habrá un proceso de transición a lo que será la Superintendencia y Aplicación de Pruebas de Confianza.

“Debe quedar claro que la DIECP dejará de funcionar cuando entre en funciones la superintendencia”, recalcó Zambrano.

Otro aspecto que pide la sociedad civil es establecer en forma clara los procesos para los reglamentos en un periodo de seis meses, con la obligación que la Secretaría de Seguridad tenga planificado el proceso, rol y cronograma de trabajo para la elaboración y aprobación de los reglamentos y evitar errores del pasado.

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Declaracíon final misión Honduras de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz

10 Noviembre 2015

Estoy concluyendo mi visita a Honduras en mi capacidad de Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En estos nueve días, me he reunido con autoridades gubernamentales nacionales, departamentales y municipales, con pueblos indígenas, con organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado, en diferentes lugares del país. He mantenido reuniones con representantes, comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas Lenca, Maya Chortí, Nahua, Tolupán, Garífuna, Pech, Tawahka y Miskito, en Tegucigalpa, Puerto Lempira, Auka, Río Blanco, La Esperanza y La Ceiba.

Agradezco al Gobierno de Honduras por su invitación, por la cooperación ofrecida y por permitirme llevar a cabo mi visita de manera libre e independiente. Me gustaría igualmente expresar mi más profunda gratitud a los pueblos indígenas que me invitaron a visitar sus comunidades, a las personas y organizaciones indígenas que me ayudaron en la organización de mi agenda y a aquellos que viajaron desde sus comunidades para reunirse conmigo en distintos lugares. Igualmente quiero dar particularmente las gracias al Equipo País de las Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por su ayuda para garantizar el éxito de mi visita.

En los días pasados he recibido exhaustiva información de los pueblos indígenas, representantes del Gobierno y organizaciones no gubernamentales. En las próximas semanas revisaré la información recibida para desarrollar un informe con vistas a evaluar la situación de los pueblos indígenas en Honduras y hacer una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Espero que sea de utilidad tanto para los pueblos indígenas como para el Gobierno de Honduras, de modo que puedan encontrarse soluciones a los desafíos a los que se enfrentan los pueblos indígenas en el país.

Como un avance de este informe, proporcionaré ahora unas observaciones y recomendaciones preliminares, basadas en mis observaciones durante la visita. Estas no reflejan todas las cuestiones que se me presentaron ni todas las iniciativas desarrolladas por el Gobierno de Honduras.

Me alegra saber que Honduras ratificó el Convenio nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales y votó a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. He conocido también la existencia de instituciones específicas dedicadas a los pueblos indígenas, como la Fiscalía Especial de Etnias, la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (DINAFROH), una comisión legislativa sobre pueblos indígenas y una Subdirección de Educación Indígena.

Se me ha informado igualmente del trabajo sobre pueblos indígenas desarrollado por la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría del Ambiente, el Instituto Nacional Agrario y otras instituciones. Se me ha informado también sobre diversas iniciativas legislativas y de políticas públicas referidas a los pueblos indígenas.

En el curso de mi visita y de mi examen de la situación de los pueblos indígenas, he observado la situación crítica a la que se enfrentan, entre ellos, la falta de respeto a sus derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales; la violencia, impunidad y corrupción; las dificultades en el acceso a la justicia; y la carencia de servicios sociales básicos, incluida la educación y la salud.

Un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales. Incluso en los casos en que los pueblos indígenas tienen tierras tituladas, se ven amenazados por reclamaciones de terceras partes que se superponen sobre las tierras indígenas; por proyectos de desarrollo en los sectores extractivo y energético, ciudades modelo, turismo y áreas protegidas. He escuchado preocupantes alegaciones sobre autoridades locales y otras implicadas en la venta ilegal de tierras y en otras violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

En todo el país, las comunidades indígenas demandan el saneamiento de sus tierras colectivas para que se resuelva el problema de la presencia de terceros en sus tierras y los conflictos que ello provoca. Visité la comunidad miskita de Auka, donde hablé con los miembros de la comunidad sobre la conflictiva situación en que se encuentran por la presencia de terceros en su territorio reconocido, que condujo a los eventos del 12 de marzo de 2015.

Dichos eventos concluyeron con la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la comunidad, en el que el Gobierno acordó investigar y sancionar a los responsables de la venta de tierras y de la destrucción ambiental, finalizar el proceso de saneamiento y devolver a los colonos a sus lugares de origen. Otro punto del acuerdo fue la invitación del Gobierno para que realizase esta visita. Aparte de mi visita, los miembros de la comunidad reportaron que no tenían ninguna información sobre el resto de las acciones adoptadas para implementar los demás puntos del acuerdo y, a la vez, señalaron el aumento de la presencia de terceros en la zona. Por otro lado, el Gobierno me informó de su intención de indemnizar a los terceros para que abandonen las tierras ocupadas. En vista de las circunstancias, quiero instar al Gobierno de Honduras a la plena y urgente aplicación del acuerdo firmado para evitar el deterioro de esta conflictiva situación.

Además de la titulación y saneamiento de las tierras, otro componente esencial para el disfrute de los derechos sobre las mismas y de otros derechos humanos, es el fortalecimiento de los sistemas propios de gobernanza. Esto incluye el reconocimiento de sus propias instituciones, de su gestión de los recursos naturales y el ejercicio de sus sistemas tradicionales de justicia. Exige también los recursos necesarios para ejercer dichas funciones.

Los pueblos indígenas expresaron también su preocupación sobre los proyectos de desarrollo de recursos naturales, como represas hidroeléctricas, que han sido aprobados a través de legislación nacional no consultada previamente con ellos, como en el caso de la represa de Agua Zarca. Miembros de la comunidad Lenca que se han opuesto a la construcción de la represa, por motivo de los impactos a sus medios de vida y cultura, informaron sobre graves violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas e intimidación.
Lamentablemente, esta no es una situación aislada y se me ha informado de abusos similares a los derechos humanos en el contexto de otros proyectos hidroeléctricos que afectan al pueblo Lenca, de concesiones madereras y mineras que afectan al pueblo Tolupán, o proyectos de turismo e infraestructuras en tierras Garífuna.

De acuerdo con la información recibida, la creación de áreas protegidas que se superponen a territorios indígenas ha supuesto la restricción del acceso y control de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales. Pero además, como han señalado representantes indígenas, el establecimiento de áreas protegidas no ha impedido la presencia de intereses externos relacionados con la tala, las actividades extractivas o las actividades ilícitas en tierras indígenas.

Me preocupa profundamente el ambiente general de violencia e impunidad que afecta a muchas comunidades indígenas del país. Pude hablar con algunos representantes de las tribus Tolupanes que me describieron una situación de extrema violencia, incluyendo asesinatos de tolupanes que defienden sus tierras. Esto va acompañado por la impunidad de los perpetradores de estos crímenes, lo que convierte a la justicia en ilusoria. Los pueblos indígenas son también vulnerables a la violación de los derechos humanos debido a la situación generalizada de violencia existente en el país a raíz del tráfico de drogas, el crimen organizado y la respuesta del Estado a estos problemas. Un ejemplo es el incidente sucedido en comunidad miskita de Ahuas el 11 de mayo de 2012, cuando murieron cuatro miembros de la comunidad en una operación de incautación de drogas dirigida por la policía hondureña y la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos. Las víctimas no han recibido aún una reparación adecuada ni tampoco justicia.

Recibí muchos testimonios relativos a la falta de acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Su capacidad de obtener justicia se ve obstaculizada por diversos factores, que incluyen: la falta de conocimientos de los operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas; la falta de recursos de instituciones como la Fiscalía de Etnias y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos; barreras de idioma, culturales y económicas; el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas; y la impunidad, entre otros. Esto evidencia la urgente necesidad de mecanismos legales, administrativos o de otro tipo que permitan a los pueblos indígenas presentar demandas por la violación de sus derechos territoriales y sus derechos humanos fundamentales para obtener reparación. Deben existir mecanismos efectivos para la investigación, procesamiento y sanción de las autoridades estatales o particulares responsables de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. La falta de estos mecanismos ha llevado, en ocasiones, a los pueblos indígenas a la protesta pacífica, lo que desgraciadamente ha resultado en la criminalización de quienes defienden sus tierras.

La aplicación efectiva del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado es también una demanda recurrente de los pueblos indígenas. Se presentaron a mi atención varias iniciativas para la aplicación del derecho a la consulta, incluido un proyecto de ley impulsado por DINAFROH. Quiero subrayar que cualquier iniciativa de este tipo debe garantizar la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas a través de sus instituciones y organizaciones representativas. Lo mismo es aplicable en el caso de cualquier otra medida legislativa o de política pública, incluyendo una ley nacional sobre pueblos indígenas que también se me presentó.

Recibí también información sobre cuestiones sociales y económicas que afectan a los pueblos indígenas. Se me informó sobre algunas medidas en marcha para la implementación de la educación bilingüe intercultural, incluyendo la capacitación de maestros indígenas. Lamentablemente no se han proporcionado oportunidades laborales a los maestros capacitados, dado que el nombramiento para estos puestos parece estar motivado políticamente. De acuerdo con la información recibida, queda un largo camino por recorrer para conseguir los objetivos de la educación intercultural bilingüe y para proporcionar los materiales e infraestructura necesarios.

He escuchado también muchos testimonios sobre la falta de servicios de salud en los territorios indígenas incluyendo la falta de instalaciones, personal, y medicamentos, lo que supone una violación de su derecho a la salud. Tuve la oportunidad también de recibir información directa de los buzos miskitos en Puerto Lempira. Exhorto al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para regular esta actividad y para cumplir con sus demandas, incluidos los servicios de salud necesarios.

Las mujeres y las niñas indígenas sufren problemas graves y específicos. La trata y la prostitución de mujeres y niñas indígenas, como parte de las actividades del crimen organizado fue también una preocupación expresada durante mis reuniones. Se me informó también sobre la situación de la juventud en las comunidades indígenas. De acuerdo con algunos testimonios, la desposesión de tierras y recursos en las comunidades ha producido una falta de oportunidades para las generaciones jóvenes que los convierte en presas fáciles del crimen organizado o les obliga a emigrar.

Teniendo en cuenta las diferentes reuniones celebradas, recomiendo al Gobierno de Honduras el fortalecimiento de la capacidad institucional y una mayor coordinación interministerial. Es necesaria una institución adecuada que pueda responder de manera integral a la aplicación de los derechos de los pueblos indigenas. Esto exigirá presupuestos adecuados, personal capacitado y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas.

La invitación enviada por el Gobierno indica que existe un interés y, es de esperar, una voluntad para solucionar algunos de estos problemas pendientes. Espero que el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras pueda ayudar tanto al Gobierno como a los pueblos indígenas a conseguir la plena aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Espero también que mi informe y recomendaciones sean útiles para conseguir este fin.

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