Archivos para 13/11/15

CONADEH pide al Gobierno implementar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

Submitted by Damaris Torres on 10 November 2015

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, pidió hoy al gobierno implementar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La iniciativa tendrá la finalidad de erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad, fomentar la inclusión social, crear un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y preservar el planeta.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, pidió hoy al gobierno implementar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

La iniciativa tendrá la finalidad de erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad, fomentar la inclusión social, crear un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y preservar el planeta.

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible fue adoptada, el 27 de septiembre del 2015, con el fin de mejorar notablemente las condiciones de vida de las personas partiendo del reconocimiento de su dignidad, particularmente de los grupos o sectores en condiciones de vulnerabilidad.

Origen: CONADEH pide al Gobierno implementar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

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Estado hondureño violentó la Convención Americana con destitución de jueces

Noviembre 10 del 2015; San José, Costa Rica (Conexihon).-

El Estado hondureño violentó la Convención Americana de Derechos Humanos con la destitución de tres jueces y una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, por lo que deberá iniciar un proceso de reparación, anunció este martes la  Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El caso conocido como la Sentencia sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso López Lone y otros Vs. Honduras, fue presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2014. El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma podrá consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.

La sentencia se refiere a los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza. Como consecuencia de estos procesos los cuatro jueces fueron destituidos, y tres de ellos separados del Poder Judicial. Dichos procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009 en Honduras. Asimismo, todas las víctimas eran miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual también se manifestó en contra del golpe de Estado y a favor de la restitución del Estado de Derecho.

En su Sentencia, la Corte, de manera preliminar, resaltó que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte y constituye un principio reafirmado por los Estados Americanos en la Carta de la OEA. La Corte determinó que los sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito internacional. Durante esta situación de ilegitimidad internacional se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor del Estado de Derecho y la democracia. Estas actuaciones correspondieron no solo al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia.

Al examinar las actuaciones realizadas por cada una de las víctimas, la Corte consideró  que: i) los procesos disciplinarios seguidos en contra del señor López Lone, por su participación en una manifestación en contra del golpe de Estado y su posterior destitución, y en contra del señor Chévez de la Rocha por su presunta participación y subsecuente detención en una manifestación en contra del golpe de Estado y por los comentarios realizado a compañeros del Poder Judicial, así como la negativa de reincorporación a su puesto de juez, constituyeron una violación de su libertad de expresión, derecho de reunión y derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1, 15 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma; ii) el proceso disciplinario en contra de la señora Flores Lanza, por el ejercicio de una acción de amparo, la interposición de una denuncia y los comentarios sobre las actuaciones de otros órganos jurisdiccionales, así como su posterior destitución, y el inicio de un proceso disciplinario en contra del señor Barrios Maldonado, por un artículo periodístico donde se reseñaba su opinión sobre el golpe de Estado, constituyeron una violación de su libertad de expresión y sus derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio.

Asimismo, la Corte señaló que las destituciones del señor López Lone, del señor Chévez de la Rocha y de la señora Flores Lanza afectaron su posibilidad de pertenecer a la Asociación de Jueces por la Democracia  y, por tanto, constituyeron además una restricción indebida al derecho a la libertad de asociación. En el caso del señor Barrios Maldonado, la Corte consideró que al no haberse hecho efectiva su destitución, no existió una restricción a su libertad de asociación.

Respecto a las garantías judiciales y derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, la Corte concluyó que: (i) los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos las víctimas no estaban establecidos legalmente; (ii) el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y carecía de la independencia necesaria para resolver recursos contra los acuerdos de destitución de la Corte Suprema de Justicia; (iii) la forma cómo se integró el Consejo de la Carrera Judicial, para decidir los recursos interpuestos por las víctimas, no garantizó adecuadamente su imparcialidad, y (iv) la Corte Suprema de Justicia no ofrecía garantías objetivas de imparcialidad para pronunciarse sobre las presuntas faltas disciplinarias de las víctimas, en la medida en que todas estaban relacionadas con conductas relativas al golpe de Estado. En virtud de todas estas consideraciones, este Tribunal concluyó que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado. Asimismo, la Corte determinó que la destitución de las víctimas, por medio de un procedimiento que no estaba establecido legalmente y que no respetó las garantías de competencia, independencia e imparcialidad, afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Alonso Chévez de la Rocha, en violación del artículo 23.1.c de la Convención Americana

Respecto al derecho a la protección judicial, la Corte señaló que no era clara la disponibilidad del recurso de amparo frente a las decisiones del Consejo de la Carrera Judicial. Sin perjuicio de ello, la Corte notó que, en caso de estar disponible, el contexto en el cual se desarrollaron los hechos de este caso y las características del procedimiento que tendría que haberse seguido evidencia que el mismo no hubiera resultado efectivo. Por tanto, la Corte consideró que el violó el artículo 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas.

En relación con el principio de legalidad, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 9 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, debido a la excesiva discrecionalidad en el establecimiento de la sanción de destitución, así como la vaguedad y amplitud con que estaban previstas y fueron aplicadas las causales disciplinarias a las víctimas de este caso.

Proceso de reparación

En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación. Igualmente, anunció que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez. Estuvieron presentes, además, el Secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, y la Secretaria Adjunta, Emilia Segares Rodríguez.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/estado-hondure%C3%B1o-violent%C3%B3-la-convenci%C3%B3n-americana-con

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Según Relatora de la ONU la justicia es una ilusión para los pueblos indígenas en Honduras

Wednesday, 11 November 2015

“En el curso de mi visita y de mi examen de la situación de los pueblos indígenas, he observado la situación crítica a la que se enfrentan” , expresó la Relatora Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, este 10 de noviembre de 2015, al término de  una visita por nueve días en Honduras.

Tauli Corpuz llegó a Honduras el pasado 02 de noviembre y sostuvo reuniones con organizaciones y autoridades municipales de municipios ubicados en cuatro departamentos.

Entre las comunidades que se encontraron  con la Relatora  destacan las representaciones del pueblo indígena Lenca, Maya Chortí, Nahua, Tolupán, Garífuna, Pech, Tawanka y Miskito.

Además de su agenda en capital de la República, estuvo en las comunidades de Rio Blanco, Auka, La esperanza, Puerto Lempira y La Ceiba.

“Un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales” planteó durante el desarrollo de la conferencia de prensa.

Otro de los problemas que identificó durante su reunión  con el pueblo Lenca es la falta de consulta sobre los proyectos hidroeléctricos y de concesiones mineras en sus comunidades, tales como la represa de Agua Zarca en Río Blanco,  Intibucá,  en donde se pone en riesgo sus medios de vida y sus identidades culturales, incluso hay asesinatos, amenazas e intimidación.

La justicia es una ilusión

La Relatora de pueblos indígenas se mostró preocupada por el ambiente de impunidad y violencia que impera en estas comunidades, específicamente hacia miembros de la tribu Tolupán en donde le describieron una situación de “violencia extrema” que tiene como resultado hasta asesinatos de esta tribu.

“Esto va acompañado por la impunidad de los perpetradores de estos crímenes, lo que convierte a la justicia en una ilusión..su capacidad de obtener justicia se ve obstaculizada por diversos factores, que incluyen: la falta de conocimientos de los operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas….el racismo y la discriminación…esto evidencia la urgente necesidad de mecanismos legales, administrativos o de otro tipo que permitan a los pueblos indígenas presentar demandas por violación a sus derechos territoriales y sus derechos humanos fundamentales para obtener reparación   ”, destacó la representante de la ONU.

Subrayó que la falta de los mecanismos antes mencionados ha llevado a los pueblos indígenas a la protesta pacífica, “lo que desgraciadamente ha resultado en la criminalización de quienes defienden sus tierras”.

Aún y cuando mencionó que el Estado hondureño había ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT,  y se declaró a favor de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y negros , sin embargo la violación constante a los derechos de los pueblos indígenas contrasta con  los compromisos firmado.

“Esta Relatoría presentará un informe ante el Consejo de Derechos humanos, (CDH), en 2016 en el que hará observaciones sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas en el país”, dijo Tauli-Corpuz.

Mujeres, niñas y juventudes indígenas sufren problemas graves

En su informe preliminar la relatora incluyó lo concerniente a la situación de las mujeres y las niñas  indígenas que “sufren problemas graves y específicos. La trata y la prostirución de m ujeres y niñas indígenas, como parte de las actividades del crimen organizado fue también una preocupación expresada en mis reuniones. Se me informó también sobre la situación de la juventud en las comunidades indígenas. De acuerdo con algunos testimonios, la desposesión de tierras y recursos en las comunidades ha producido una falta de oportunidades para las generaciones jóvenes que los convierte en presas fáciles del crimen organizado y les obliga a emigrar.

La problemática desde la cosmovisión de las comunidades

alfredo lopez

Alfredo López, Vice Presidente de OFRANEH.

Foto: Honduprensa

Para Alfredo López, Vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH) , es importante que desde Naciones Unidas se haya constatado la violación sistemática de derechos humanos de los pueblos indígenas y afro descendientes.

A criterio de López es “de suma importancia” que la Relatora dé fe de los atropellos contra estas comunidades, mismos que aumentarán con el auge de las “Ciudades Modelo” en los departamentos de Atlántida y Colón, lo que catalogó como “una situación más agresiva” en contra de sus comunidades.

“Ella se manifestó preocupada con la situación de las ZEDES, porque lejos de mejorar esto, es un retroceso enorme que retrata al Estado hondureño como un violador sistemático de los derechos humanos, en especial de nuestro territorio” argumentó el dirigente de OFRANEH.

Calificó que “no existe respeto ni muestras de una voluntad política por  parte del gobierno y de  quienes controlan el sistema político y económico del país para el respeto de nuestro territorio, es mas se allana el camino para usurparlo”.

Actualmente y según datos en poder de la organización defensora del pueblo garífuna, son más de 20 comunidades afectadas por  las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).

Según el informe preliminar presentado por la Relatora Victoria Tauli-Corpuz, quien destacó el papel de empresarios del turismo que se  establecen en territorios garífunas, tal es el caso del complejo Indura Beach Resort que se ubica  en la comunidad de Barra Vieja, municipio de Tela, el cual fue inaugurado en noviembre de 2013, sin consulta previa a los pobladores.

Gobierno con cartas bajo la manga

Como sucede siempre en las visitas de esta naturaleza, el gobierno de Honduras a través de las distintas instituciones se lució con las respectivas cartas bajo la manga para hacer ver que se protegen los derechos de los pueblos indígenas y negros, lo que no dijeron los representantes estatales es que engavetan los juicios contra los perpetradores y agilizan procesos de criminalización de la dirigencia, sin argumentar falta de recursos humanos o financieros sino que el fin último es callar las voces que se levantan.

Ella se reunió con diferentes funcionarios entre ellos con diputados del Congreso Nacional, es muy probable que no le dijeron que han concesionado los ríos en territorios indígenas y zonas donde hay poblaciones garífunas a las que han desplazado a fuerza de balas para establecer proyectos turísticos.

Aunque la Relatora utilizó leguaje diplomático, hizo subrayados importantes como el hecho de reconocer que recomendó al gobierno de Honduras el fortalecimiento de la capacidad institucional y una mayor coordinación interministerial.

Según su opinión tiene esperanzas que estas cosas se resuelvan con el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos en Honduras que podrá ayudar tanto al gobierno como a los pueblos indígenas a conseguir plena aplicación de sus derechos.

 

Origen: Pasos de Animal Grande – Según Relatora de la ONU la justicia es una ilusión para los pueblos indígenas en Honduras

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Tres sentencias más sobre Honduras – 10 Noviembre 2015

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, su 111 Período Ordinario de Sesiones en el que emitió seis sentencias que serán notificadas próximamente.

Entre estas sentencias se encuentran tres relacionadas con Honduras, cuyas implicaciones podrían tener un impacto significativo en temas fundamentales para la democracia y el Estado de derecho, tales como la independencia judicial y el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Un​a​ de las sentencias trata sobre el caso López Lone y otros, acerca de los tres jueces y una magistrada que fueron separados por oponerse al golpe de Estado, por denunciar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno de facto y por cumplir con su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Las otras dos sentencias se refieren a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y sus miembros, a quienes el Estado de Honduras a través de megaproyectos turísticos los está despojando de sus territorios ancestrales, violentando de esa manera su derecho a la consulta previa e informada.

Sin duda alguna, de cumplirse con las expectativas que generan estas sentencias, sus puntos resolutivos podrían convertirse en una herramienta jurídica y política muy importante para promover cambios estructurales que favorezcan el respeto de la independencia judicial y de los derechos del pueblo garífuna y demás pueblos indígenas del país en relación con sus territorios.

A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede enviar un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos.

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Bahía de Tela: El tercer destierro

Sinopsis: EL proyecto Bahía de Tela, con su nombre visible Indura, es un proyecto turístico instalado en el caribe hondureño desde 2003, en medio de una zona reconocida internacionalmente por su enorme riqueza natural.
Sin embargo, bahía de Tela no se encuentra abandonada. Gran parte de este territorio ha sido hogar de comunidades Garífunas por más de 200 años. Este megaproyecto turístico promete desarrollo, empleo, y parte de las ganancias, en medio de un conflicto que va desarticulando la vida comunitaria de un pueblo que se resiste a un tercer destierro.

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Policía no pueden depurar a otros policías: Arabesca Sánchez

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 9 5

Para la criminóloga Arabesca Sánchez, la pretendida desaparición de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y retornar a la vieja nómina de asuntos internos, sería retroceder en la depuración policial.

“Creo que si el planteamiento final es ese, estaríamos retrocediendo en términos de auditoria sobre la forma en que se comportan los funcionarios policiales del país, porque históricamente lo que hemos observado es que las unidades de control interno no funcionan porque un policía no puede depurar a otro”, sentenció la especialista en seguridad y criminología.

Sánchez apuntó que, básicamente lo que ha estado sucediendo a través de los años, es que ellos tienen unidades de cuerpo jurídico que hacen valoraciones sobre las faltas, pero que hacen muy poco cuando encuentran actividad criminal, porque esos cuerpos jurídicos dependen finalmente de un oficial de la policía y entonces la última decisión queda en manos de un policía de la escala ejecutiva.

“Mi punto de vista es que, la superintendencia que se había planteado en el 2013 sería una buena práctica en cuanto a un mecanismo de auditoría y control externo que pueda llegar a investigar y evaluar la carrera policial de los fiscales y de los jueces en el país y que finalmente también pueda aplicar una metodología correcta, acotó Sánchez.

De acuerdo a la criminóloga, las pruebas de polígrafo no son conducentes y se ha estado aplicando separaciones a partir de ellas, eso no es correcto. Segundo se han venido aplicando separaciones que han violado los derechos de algunos policías solo porque no son del agrado de algún oficial superior.

El criterio de separación de los policías, fiscales y jueces en el país debe responder a procesos de investigación rigurosos, serios, técnicos y científicos que comprueben su colusión con la actividad criminal, con lo cual iría a la cárcel o bien la comprobación de faltas al reglamento que estarían vinculadas a sanciones de carácter administrativo, finalizó diciendo Sánchez.

Origen: Policía no pueden depurar a otros policías: Arabesca Sánchez –

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Hasta siete años de prisión enfrentarían hondureños que incumplan Ley de Secretos Oficiales

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

Tegucigalpa.-Varios periodistas fueron persuadidos  de las implicaciones nefastas que conlleva para la libertad de expresión y otras garantáis constitucionales, la polémica Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de Información, que incluso contempla penas que van de cuatro a siete años y multas que oscilan entre 100 mil a 500 mil lempiras, para quienes revelen “secretos”.

Las panelistas, Ana Ortega (presidenta de C-Libre; Reina Rivera, defensora de DD.HH. y Claudia Mendoza (Vicepresidenta de C-Libre).

Las panelistas, Ana Ortega (presidenta de C-Libre); Reina Rivera, defensora de DD.HH. y Claudia Mendoza (Vicepresidenta de C-Libre).

Los alcances de la normativa, que contiene 17 artículos, fueron analizados este martes durante un desayuno patrocinado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en el que se concluyó que la sociedad hondureña debe unirse para pedir la nulidad de la ley, que atenta contra el Estado de Derecho, porque es  una ley de secretividad, sin regulación precisa.

Las penas para quienes infrinjan la Ley de Secretos Oficiales están contempladas en el artículo 307 del Código Procesal Penal que establece: Quien revele los secretos políticos, diplomáticos o militares referentes a la  seguridad del Estado, ya comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones  militares o cualquier otro asunto esencial para la defensa de los intereses nacionales, o ya facilitando de otra manera su divulgación, incurrirá en reclusión de cuatro (4) a siete (7) años, multa de cien mil (L.100,000.00) a  quinientos mil lempiras (L.500,000.00), más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.

Argumentando la protección de la seguridad y defensa nacional, la ley clasifica de manera antojadiza la secretividad de la información pública en: reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto, limitando desde cualquier ángulo el derecho al acceso a la información pública y a la publicación de la misma.

La ley, que fue aprobada el 12 de enero de 2014 y que entró en vigencia el 7 de marzo de ese mismo año, también contraviene tratados y pactos supranacionales que garantizan principios democráticos y derechos universales, que dieron vida a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (ILTAIP). En virtud de lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ya no tiene facultados.

Un análisis presentado por los abogados, Edy Tábora y Mario Rojas, considera que la ley podría permitir  abusos y generar mayor discrecionalidad en el uso de los fondos públicos del Estado provenientes de los impuestos que paga sobre todo la clase media.

Edy Tábora, director de C-Libre.

Edy Tábora, director de C-Libre.

Los abogados refutaron  que la clasificación de la información esté en manos del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE), integrado por el presidente de la República, presidente del Poder Judicial, presidente del Poder Legislativo, Ministerio Público y por las secretarías de Estado en los  despachos de Seguridad y Defensa, pues estos funcionarios son parte involucrada en la toma de las decisiones fundamentales e interesados en esconder la información.

Tábora y Rojas, también cuestionaron el paralelismo del Estado de Honduras, ya que por un lado aprueba una ley de secretos y por el otro firma un convenio con Transparencia Internacional.

El análisis refiere que no era necesario la aprobación  de la ley, porque Honduras ya contaba  con la reserva legal mediante las siguientes leyes:  Ley de Inteligencia, Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, Ley Contra el Lavado de Activos, Ley del Sistema Penitenciario, Ley de Protección a Testigos, Ley del Juicio  Político y  Código Procesal Penal.

Asimismo apunta que existe el riesgo de opacidad con nuevas leyes como la Ley de Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), la Ley de Policía Militar del Orden Público, la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley de Seguridad Poblacional y la Ley del Tribunal Superior de Cuentas.

La Ley de Secretos Oficiales tipifica la desclasificación de la información entre cinco a  25 años, de la siguiente manera:

Reservado: después de cinco años.

Confidencial: Después de 10 años.

Secreto: Después de 15 años.

Ultra Secreto: Después de 25 años

También refiere que la desclasificación solo podrá ser efectuada a petición del fiscal general de la República.

A juicio de la magistrada presidenta del IAIP, la normativa violenta tratados internacionales como el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

En tanto C-Libre considera que violenta el derecho a la libertad de expresión estipulados en los artículos del 72 al 75 de la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y el inciso d) de los Principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información.

Asimismo los numerales 2 y 3 de la Declaración de Chapultepec, el numeral 4 de la Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión y el artículo 13 de la Convención Sobre los Derechos del Niño.

En virtud de las implicaciones negativas, el  director de C-Libre,  Edy Tábora, instó a los hondureños y en especial a los periodistas y/o comunicadores sociales para que piden a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la nulidad de la ley.

Por su parte la defensora de derechos Humanos, Reina Rivera, apuntó que la Ley de Secretos Oficiales, forma parte del conjunto de normas que aprobó el presidente Juan Hernández, cuando fungía como titular del Congreso Nacional,  con el propósito de  recibir el poder absoluto del país.

Reina Rivera

Reina Rivera

Explicó que esta ley le permite a Hernández tener plenos poderes sobre toda la información que el Estado es capaz de producir.

Ilustró que la normativa se complementó con la resolución 69, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2014 y que va encaminada a declarar información secreta lo que se origine en 18 instituciones del Estado.

“El efecto que esto tiene sobre una democracia es sumamente dañino porque una democracia se caracteriza por mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y la posibilidad de la ciudadanía de pedir información y reclamarle al Estado sobre su gestión”, sustentó.

 

Origen: Hasta siete años de prisión enfrentarían hondureños que incumplan Ley de Secretos Oficiales –

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Policía trastocó dictámenes para proteger agentes y oficiales: Director de DIECP

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

“Tenemos estudios hechos en estos cinco meses en los que podemos establecer con claridad la tendencia que ha habido de eludir el cumplimiento de la ley”, Oscar Vásquez director de la DIECP Tegucigalpa.

Honduras – Oscar Vásquez, titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), fue fuerte y contundente al afirmar que en la Policía Nacional se modificaron dictámenes para evitar despidos de agentes y oficiales.

Más adelante, Vásquez  señaló que,  lo que hacían a lo interno de la policía nacional es como  una burla para el pueblo y para el  legislador.

El titular de la DIECP agregó que varios informes contra jefes policiales fueron modificados para que éstos ascendieran al grado inmediato superior, contraviniendo lo dictaminado por la institución que él rectora.

El funcionario explicó en el campo de investigación la información se traslada al Ministerio Público (MP) en el caso de supuestos delitos penales para que sean éstos los que concluyan los procesos judiciales.

Ahondó además que, en los indicios encontrados de posible enriquecimiento ilícito de los miembros de la carrera policial,  son enviados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para su posterior estudio e investigación.

En cuanto a la evaluación, señaló que cuando se aplican pruebas de confianza se trasladan para que se emita una resolución administrativa que debería ser el único trámite a realizar por parte de la Secretaría de Seguridad.

La DIECP genera un dictamen técnico, cuando un miembro de la Policía reprueba un mecanismo de confianza se le llama a audiencia de descargo, se elabora un dictamen en el que se establece si una persona es apta o no para continuar en el cuerpo del orden, explicó Vásquez en un programa televisivo esta mañana.

Luego el dictamen vinculante es trasladado a la Secretaría de Seguridad para que ejecute las acciones correspondientes. En este caso, la Ley no le da el carácter discrecional o interpretativo, por lo que el secretario de Seguridad debe tramitar la orden de simple ejecución, sentenció.

Vásquez concluyó que,  la Policía Nacional no ha sido capaz de auto depurarse, prueba de ello es la creación de la DIECP como encargada de llevar a cabo este proceso.

Apuntó que,  de acuerdo a su criterio, no están preparados para tener el control de la depuración, tienen que hacer más y sin duda llegará el momento que podrá caminar sola, pero este no es el momento.

Por su parte el director adjunto de la DIECP, César Bonilla, aseveró que en la planilla de septiembre de 2015 lograron identificar que apenas 310 efectivos policiales han sido separados de los 977 que fueron notificados.

De acuerdo a Bonilla, esto les llamó la atención porque se deduce que de nada sirve el trabajo los dictámenes presentados por la DIECP en contra de elementos del orden si en la policía los han de trastocar.

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Honduras: denuncian pago de “planillas fantasmas” en institución estatal

10 Noviembre 2015

Según el jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Dagoberto Aspra, de encontrarse las personas responsables en el pago de planillas fantasmas en la Secretaría de Infraestructura, serán acusados por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Ante el surgimiento de irregularidades en la extinta Secretaría de Transporte y Vivienda (Soptravi), ahora llamada Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) anunció que abrirá nuevas líneas de investigación para esclarecer los supuestos ilícitos.

Según el jefe de la unidad de investigación del CNA, Dagoberto Aspra, de encontrarse las personas responsables, serán acusados por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

“En su momento señalamos que un funcionario despedido en el 2012 ha sido reintegrado el año pasado y le tienen que pagar casi dos millones de lempiras en salarios caídos”, explicó Aspra.

Asimismo, señaló que existe un pago por un monto superior al millón de lempiras, efectuado a través de una planilla fantasma a siete personas, que cobró dinero sin trabajar durante el 2010 a 2012.

Entre las evidencias que el CNA tiene listas, en el expediente del caso, se encuentran copias de memorándum,  copias de cheques y declaraciones de personas que sin trabajar en Soptravi se lucraron con cheques.

 

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/719-honduras-denuncian-pago-de-planillas-fantasmas-en-institucion-estatal

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Arrestan en EE.UU. a congresista hondureño Jerry Hynds

11 Noviembre 2015

Trascendió que el congresista liberal por Islas de la Bahía, Jerry Hynds Julio (foto) fue detenido por agentes de migración en el aeropuerto George Bush de Houston, EE.UU., luego de haber arribado a la nación del norte en vuelo comercial, cuando iba a presentar la visa para su ingreso. El detenido no tiene alerta roja en Interpol.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El parlamentario hondureño Jerry Hynds Julio fue arrestado en el aeropuerto George Bush de Houston, EE.UU. por autoridades de ese país.

Trascendió que el congresista liberal por Islas de la Bahía fue detenido por agentes de migración, luego de haber arribado a la nación del norte, en el momento que presentaba sus documentos de arribo.

Lea más: anuncian que perseguirán a políticos vinculados al narcotráfico

Se informó que  Hynds, reconocido empresario hotelero de la isla de Roatán, caribe hondureño, no habría declarado un fusil que le regaló un empresario estadounidense.

No obstante, ese extremo está por confirmar por las autoridades de migración de EE.UU.; en la página web de Interpol no aparece notificación contra el parlamentario liberal.

La detención de Hynds ocurre en el contexto de la extradición de capos hondureños a EE.UU. y el arresto, suscitado en octubre anterior, del empresario y dirigente deportivo Yankel Rosenthal Coello

 

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/721-arrestan-en-ee-uu-a-congresista-hondureno-jerry-hynds

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CORTE EMITE SENTENCIA EN CASO DE JUECES DESTITUI DOS POR ACTUACIONES EN CONTRA DEL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

San José, Costa Rica, 10 de noviembre de 2015. – La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso López Lone y otros Vs. Honduras, presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2014. El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma podrá consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.
El presente caso se refiere a los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza. Como consecuencia de estos procesos los cuatro jueces fueron destituidos, y tres de ellos separados del Poder Judicial. Dichos procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009 en Honduras.
Asimismo, todas las víctimas eran miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual también se manifestó en contra del golpe de Estado y a favor de la restitución del Estado de Derecho.
En su Sentencia, la Corte, de manera preliminar, resaltó que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención American a sobre Derechos Humanos forma parte y constituye un principio reafirmado por los Estados Americanos en la Carta de la OEA. La Corte determinó que los sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito internacional. Durante esta situación de ilegitimidad internacional se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor del Estado de Derecho y la democracia.
Estas actuaciones correspondieron no solo al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia.
Al examinar las actuaciones realizadas por cada una de las víctimas, la Corte consideró que:
i) los procesos disciplinarios seguidos en contra del señor López
Lone, por su participación en una manifestación en contra del golpe de Estado y su posterior destitución, y en contra del señor Chévez de la Rocha por su presunta participación y subsecuente detención en una manifestación en contra del golpe de Estado y por los comentarios realizado a compañeros del Poder Judicial, así como la negativa de reincorporación a su puesto de juez, constituyeron una violación de su
libertad de expresión, derecho de reunión y derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1, 15 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma;
ii) el proceso disciplinario en contra de la señora Flores Lanza, por el ejercicio de una acción de amparo, la interposición de una denuncia y los comentarios sobre las actuaciones de otros órganos jurisdiccionales, así como su posterior destitución, y el inicio de un proceso disciplinario en contra del señor Barrios Maldonado, por un artículo periodístico donde se reseñaba su opinión sobre el golpe de Estado, constituyeron una violación de su libertad de expresión y sus derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio. Asimismo, la Corte señaló que

las destituciones del señor López Lone, del señor Chévez de la Rocha y de la señora Flores Lanza afectaron su posibilidad de pertenecer a la Asociación de Jueces por la Democracia y, por tanto, constituyeron además una restricción indebida al derecho a la libertad de asociación. En el caso del señor Barrios Maldonado, la Corte consideró que al no haberse hecho efectiva su destitución, no existió una restricción a su libertad de asociación. Respecto a las garantías judiciales y derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, la Corte concluyó que:
(i) los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos las víctimas no estaban establecidos legalmente;
(ii) el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y carecía de la independencia necesaria para resolver re cursos contra los acuerdos de destitución de la Corte Suprema de Justicia;
(iii) la forma cómo se integró el Consejo de la Carrera Judicial, para decidir los recursos interpuestos por las víctimas, no garantizó adecuadamente su imparcialidad,
y (iv) la Corte Suprema de Justicia no ofrecía garantías objetivas de imparcialidad para pronunciarse sobre las presuntas faltas disciplinarias de las víctimas, en la medida en que todas estaban relacionadas con conductas relativas al golpe de Estado. En virtud de todas estas consideraciones, este Tribunal concluyó que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del
Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado. Asimismo, la Corte determinó que la destitución de las víctimas, por medio de un procedimiento que no estaba establecido legalmente y que no respetó las garantías de competencia, independencia e imparcialidad, afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de Adán Guillermo
López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Alonso Chévez de la Rocha, en violación del artículo 23.1.c de la Convención Americana Respecto al derecho a la protección judicial, la Corte señaló que
no era clara la disponibilidad del recurso de amparo frente a las decisiones del Consejo de la Carrera Judicial.
Sin perjuicio de ello, la Corte notó que, en caso de estar disponible, el contexto en el cual se desarrollaron los hechos de este caso y las características del procedimiento que tendría que haberse seguido evidencia que el mismo no hubiera resultado efectivo. Por tanto, la Corte consideró que el violó el artículo 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas.
Respecto al principio de legalidad, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 9 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio de Adán Guillerm o López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, debido a la excesiva discrecionalidad en el establecimiento de la sanción de destitución, así como la vaguedad y amplitud con que estaban previstas y fueron aplicadas las causales disciplinarias a las víctimas de este caso
Comunicado de Prensa
Corte Interamericana de Derechos Humanos

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CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos a derrocamiento de Zelaya

Tuesday, 10 November 2015

San José.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó hoy una sentencia en la que condena al Estado hondureño por la destitución de cuatro jueces que se opusieron al derrocamiento del exmandatario Manuel Zelaya, en 2009, y ordena la restitución de tres de ellos.

“Durante esta situación de ilegitimidad internacional del gobierno de facto se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y favor del Estado de Derecho y la democracia”, señala la sentencia de la CorteIDH.

Este caso, el primero que llega a juicio a la CorteIDH sobre el golpe a Zelaya, se refiere al despido de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.

La CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, ordenó al Estado hondureño la restitución de López Lone, Chévez de la Rocha y Flores Lanza. Barrios Maldonado ya había sido restituido en el año 2011 por la Corte Suprema de Honduras.

Los jueces deben retornar a cargos “similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento”, ordenó la CorteIDH.

Estos juristas formaban parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual emitió su posición en rechazo al golpe de Estado.

Esa asociación publicó diversos comunicados calificando los hechos como un golpe de Estado en contradicción con la versión oficial de la Corte Suprema de Justicia, la cual sustentaba que se trató de una sucesión constitucional.

El fallo de la CorteIDH afirma que al ser destituidos por su oposición, fueron vulnerados los derechos de los jueces a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como sus derechos políticos.

“La Corte reconoce la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible el juego democrático. En situaciones de ruptura institucional, tras un golpe de Estado, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta”, indicó la CorteIDH.

Además, la sentencia sostiene que “en momentos de graves crisis democráticas, como la ocurrida en este caso, no son aplicables las normas que ordinariamente restringen el derecho a jueces y juezas a la participación en política respecto de actuaciones en defensa del orden democrático”.

La CorteIDH resaltó que “la destitución arbitraria de jueces, especialmente jueces de carrera sin faltas disciplinarias previas, por sus actuaciones en contra del golpe de Estado y la actuación de la Corte Suprema respecto del mismo, como ocurrió en el presente caso, constituye un atentado contra la independencia judicial y afecta el orden democrático”.

Origen: CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos a derrocamiento de Zelaya

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Grupo de OEA socializará propuesta Misión Apoyo contra Corrupción en Honduras

Lunes, 09 Noviembre 2015

Tegucigalpa/Washington – Un grupo técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA) socializará esta semana en Tegucigalpa la propuesta de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) con diversos actores políticos, económicos y sociales de la sociedad hondureña.

La delegación estará encabezada por Christopher Hernández-Roy, director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la OEA, y contará con la participación de Katalina Montaña, Coordinadora de la Unidad de Diálogo y Mediación del Departamento, según informó hoy el organismo, con sede en Washington, en un comunicado.

Se suman los expertos internacionales Jan-Michael Simon, especialista alemán en Derecho Penal, Política Criminal y Derecho Internacional Público, y Jacobo Domínguez, abogado mexicano, experto en financiación de Partidos Políticos y fiscalización de campañas electorales, y en temas de transparencia y acceso a la información, añadió hoy la Presidencia hondureña en un comunicado.

Según la Presidencia, durante su estancia, “la delegación presentará los objetivos y alcances de la MACCIH -hechos públicos por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, semanas atrás- a una variedad de actores y escuchará sus planteamientos frente a la iniciativa”.

Almagro destacó el pasado 28 de septiembre, cuando presentó la propuesta, que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras busca efectuar un diagnóstico del sistema de justicia del país, contribuir a la implementación de las recomendaciones y permitir el fortalecimiento de las instituciones.

Al cierre de la visita de socialización se espera que el equipo técnico de la OEA “finalice la hoja de ruta de la Mision que conlleve a la instalación de la MACCIH en Honduras”, concluye el comunicado.

Una fuente cercana a la OEA en Tegucigalpa dijo a Efe que la misión terminó de llegar hoy a la capital hondureña y que por tratarse de un grupo técnico por ahora no harán declaraciones a la prensa.

La OEA acompaña un “diálogo sin condiciones” que el 23 de junio propuso el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para tratar sobre el combate a la corrupción y la impunidad en su país, lo que desde mayo pasado viene exigiendo un denominado movimiento de “Oposición Indignada”.

Ese movimiento ha venido demandando, además, la destitución del fiscal general del Estado y el fiscal adjunto, lo mismo que la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Hernández propuso el Sistema Integral de Combate contra la Impunidad y la Corrupción, que incluye un diálogo nacional con los actores sociales y políticos, para lo que solicitó el acompañamiento de la OEA y la ONU.

Los “indignados” han rechazado la iniciativa de Hernández y la semana pasada una delegación del movimiento fue recibida en Washington por el secretario general de la OEA, con quien conversaron sobre la MACCIH.

Los dirigentes de los “indignados” trasladaron a Almagro sus planteamientos y sugerencias sobre la misión, mientras que el secretario general les reiteró el compromiso de la OEA en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.

La OEA indicó a finales de octubre en un comunicado que la MACCIH visitará Honduras en la segunda semana de noviembre para “seguir definiendo los detalles de su plan de trabajo en una nueva ronda de intercambios con diversos sectores sociales, económicos y políticos”.

La MACCIH propuesta por la OEA es resultado de la petición del Gobierno hondureño en junio para su iniciativa del Sistema Integral de Combate Contra la Impunidad y la Corrupción (SICCIC), que incluye un diálogo nacional con los actores sociales y políticos.

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Defensores de Zacate Grande y del Bajo Aguán intercambiaron experiencias

Tuesday, 10 November 2015

Tocoa, Colón.

Durante dos días los municipios de Tocoa y Trujillo, en el departamento de Colón, fue el epicentro  de la conciencia y la experiencia de los defensores y defensoras de los derechos humanos del Bajo Aguán y de la Red de Defensores del Sur de Honduras (REDEHSUR).

En el encuentro, que reunió a más de 22 defensores de ambas zonas del país, se reflexionó sobre los avatares de ejercer su defensa, promoverlos, impedir que se hundan por completo en el mar de la violencia, el miedo y el olvido.

Asimismo se intercambió experiencias que conduzca a un mayor respeto de los derechos de las personas que luchan por el acceso a la tierra, ya que en ambas regiones, es la misma lucha, contra el mismo actor, como lo es la empresa Dinant.

“No dejamos la lucha ni la historia que tenemos”, expresaron los y las defensoras, quienes consideran que este tipo de encuentro los viene a fortalecer y a la vez contribuye a mejorar las estrategias que ejercerán en su lucha, para evitar ser despojados de sus territorios.

El intercambio de experiencia entre defensores y defensoras del Bajo Aguán y la Red de Defensores del Sur de Honduras (REDEHSUR), se realizó con la coordinación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

En el mismo participaron defensores y líderes campesinos de las comunidades de Panamá, Guadalupe Carney, Orica, Rigores y Quebrada Agua del Bajo Aguán, así como de  Zacate Grande, Nacaome, Ojojona, Santa Ana y Tegucigalpa, en representación de la REDEHSUR.

Este encuentro tuvo como objetivo consolidar acciones conjuntas entre las redes de las regiones, que permitan mayor participación en cuestiones propias y consecuentes para potenciar las posibilidades de desarrollo integral de las redes.

Los miembros de la Redehsur se reunieron primeramente con los defensores y voluntarios del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán (OPDHA), luego visitaron la comunidad Panamá, lugar donde está asentado la cooperativa Gregorio Chávez y por último, para finalizar su estadía en el Bajo Aguán, visitaron la comunidad Guadalupe Carney.

Los campesinos del Bajo Aguán en reiteradas ocasiones han denunciado que constantemente son víctimas de abusos, persecución, hostigamiento y amenazas por parte de los guardias de las empresas de palma africana, así como del ejército hondureño.

En el 2000 los campesinos de esta zona del país comenzaron con las acciones de recuperación de tierras, las cuales les había sido quitada con la Ley de Modernización Agrícola que aprobara el ex presidente Rafael Leonardo Callejas en 1992.

La crisis para los campesinos se agudizó después del Golpe de Estado en junio de 2009, cuando comenzaron a ser perseguidos, amenazados, judicializados y asesinados por los guardias de seguridad y por soldados del ejército, que se asentaron en la zona para proteger a los terratenientes.

Para Rigoberto Durán, quien reside en la Guadalupe Carney y que es miembro activo del Observatorio Permanente de Derechos Humanos de Aguán, el encuentro fue muy productivo porque surgieron buenos conceptos que serán puestos en práctica, ya que la problemática es la misma a nivel nacional.

Asimismo indicó que la lucha ha sido dura y que la misma ha dejado a más de un centenar de campesinos asesinados, una buena cantidad han resultado heridos y varios han sido judicializados.

Por su parte, Abel Pérez, de la REDEHSUR y quien reside en Playa Grande, en la Península de Zacate Grande, dijo que el encuentro llenó sus expectativas y que espera que con estos intercambios se venga a fortalecer la lucha campesina.

“Ha sido muy provechoso este encuentro porque el problema que vivimos en la Península (de Zacate Grande) es la misma que están viviendo los compañeros del Bajo Aguán y además estamos peleando contra el mismo actor como es la empresa Dinant de Miguel Facussé”.

“Vivimos por gracias de Dios porque no se encuentra un empleo”, expresó Santos Torres, vecino de la comunidad Panamá, quien a la vez le relató a los visitantes que los niños, mujeres y adultos mayores sufren bastantes, porque no hallan como encender el fuego y porque no hallan donde sembrar una milpa.

Los campesinos del Bajo Aguán señalaron que no pueden tenerle confianza a las autoridades del  sector, más bien le temen, porque es la que los persigue y vigila constantemente.

Los miembros de la REDEHSUR pudieron experimentar en las condiciones en que viven los campesinos del Bajo Aguán, quienes son hostigados por los militares y guardias de seguridad y donde pudieron comprobar que hay comunidades que solo tienen una entrada y una salida.

Danilo Corrales señaló que situación similar viven en la Península de Zacate Grande, donde a los líderes los mandaron a meter presos y hoy enfrenta procesos por el delito de usurpación.

“Temíamos a que nos mandaran a matar, pero gracias a Dios no pasó eso y solo nos mandaron a meter preso a los que liderábamos el movimiento”.

La presión de los pobladores obligó a las autoridades poner en libertad a los detenidos y la empresa Dinant llamó a los pobladores a una conciliación. Ahí se negoció la entrega de 282 escrituras, de las cuales solo se otorgaron 180, pero no dieron documentos de terrenos comunitarios.

Una vez con los terrenos y para no depender de un patrón para el sostenimiento de su familia, los pobladores de la Península decidieron hacer proyectos de  desarrollos sostenibles, como la cría de gallina y cerdo, así como sembrar camarón, por lo que decidieron tomarse algunas playas.

Pero el impulsar estos proyectos sostenibles les trajo consecuencias, ya que en el 2007 nuevamente fueron procesados por hacer las camaroneras. Son 31 personas las que enfrentan este proceso y desde esa fecha están yendo cada mes a firmar a los Juzgados de Amapala.

Los grupos de poder que se están apoderando de la Península de Zacate Grande han utilizado una serie de estrategias al grado que “han hecho tanto que nos han dividido y han hecho que peleemos entre nosotros mismos”, narró Corrales.

La Península de Zacate Grande tiene una extensión territorial de 5,800 manzanas, de las cuales Miguel Facussé (Grupo Dinant) posee 3,800 manzanas, cuya escritura le fue otorgada en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas.

Corrales señaló que “conociendo las grandes extensiones de tierra que hay en el Bajo Aguán, es difícil para ustedes detectar al enemigo y los felicitó por tener el valor y la fuerza para luchar. Allá no tenemos ese problema porque la Península es pequeña y es más fácil de detectar al enemigo”

Por su parte, Zulema Chirinos de Puerto Grande, contó que de las personas que se encuentra procesadas por el delito de usurpación de tierras, algunas ya están a favor del empresario y eso los tiene a las expectativas para ver que va a suceder con esas personas y con ellos que siguen en la lucha por recuperar la tierra.

“La lucha es igual, desde el 2002 estamos en esa lucha. Sé que la lucha de ustedes ha sido más fuerte porque tienen víctimas mortales, gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado eso”, sostuvo Zulema Chirinos.

Las tierras que han recuperado los pobladores de la Península de Zacate Grande ha sido utilizada para que las personas que no tenían donde construir su vivienda lo hicieran y para sembrar maíz.

Durante la jornada los defensores y defensoras del Bajo Aguán y de la zona sur del país, repudiaron la decisión de la Corte Penal Internacional al señalar que el principal factor de violencia en el Bajo Aguán es la prevalencia y expansión de las organizaciones de traficantes, no las disputas de tierras.

Origen: Defensores de Zacate Grande y del Bajo Aguán intercambiaron experiencias

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Ministro Ricardo Cardona humilla a la Secretaria de la Bancada del Partido Nacional

Cholusat Sur, Canal 36, escrito por en nov 10 2015.

El Ministro de Desarrollo Social, Ricardo Cardona, humilló a la secretaria de la bancada del Partido Nacional, Teresa Cálix, al sacarla de una reunión que sostenía con alcaldes de varios municipios del departamento de Olancho.

Según lo declarado por la diputada, ella acompañaba a los alcaldes de su departamento y se disponía a formar parte de la reunión, ya que también maneja fondos utilizados en el desarrollo social de Olancho, razón por la que vio con sorpresa la acción que, bajo la responsabilidad de Ricardo Cardona, llevo a cabo uno de los empleados de la secretaria al sacarla del encuentro.

Con este tipo de acciones se puede presumir que la intención del Ministro de Desarrollo Social, Ricardo Cardona, es manejar los millones del Bono 10 mil sin que diputados nacionalistas se involucren.

Origen: Ministro Ricardo Cardona humilla a la Secretaria de la Bancada del Partido Nacional – Noticias Cholusat Sur

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La CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos al golpe de 2009

Cholusat Sur, Canal 36, escrito por en nov 10 2015.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó hoy una sentencia en la que condena al Estado hondureño por la destitución de cuatro jueces que se opusieron al golpe de Estado contra el exmandatario Manuel Zelaya, en 2009, y ordena la restitución de tres de ellos.

“Durante esta situación de ilegitimidad internacional del gobierno de facto se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y favor del Estado de Derecho y la democracia”, señala la sentencia de la CorteIDH.

Origen: La CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos al golpe de 2009 – Noticias Cholusat Sur

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Barra de Abogados Anticorrupción interpone recurso de nulidad a sentencia dictada por la Sala Constitucional

Cholusat Sur, Canal 36, escrito por en nov 10 2015.

El representante legal de la Barra de Abogados Anticorrupción, José Antonio Ávila, interpuso un recurso de nulidad a la sentencia dictada por la Sala Constitucional relacionada al Recurso de Inconstitucionalidad presentado por Rafael Leonardo Callejas y 15 diputados del Congreso Nacional en favor de la reelección.

Según la Barra de Abogados Anticorrupción, la sentencia “está viciada de nulidad” y es “encubridora de delitos”.

La acción surge luego que se diera a conocer la plática entre el Presidente de la Sala Constitucional, Víctor Lozano y el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.

El recurso manifiesta que en dicha plática, los involucrados incurrieron en delitos de extorsión, chantaje, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, cohecho, fraude, exacciones ilegales y prevaricación.

En la plática también se da a conocer la afiliación de Víctor Lozano con el Movimiento Monarca de Rafael Callejas, razón por la cual el no debió conocer el recurso de inconstitucionalidad que fue presentado.

Aquí el recurso

 

 

Origen: Barra de Abogados Anticorrupción interpone recurso de nulidad a sentencia dictada por la Sala Constitucional – Noticias Cholusat Sur

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Ficohsa vinculada a Súper 99, una empresa cuestionada por corrupción y cuyo presidente es Ricardo Martinelli

Cholusat Sur, Canal 36, Escrito por en nov 10 2015.

Ficohsa, un banco hondureño con operaciones en Panamá,  reconoció su “alianza” con Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.), una empresa del cuestionado ex presidente Ricardo Martinelli.

Autoridades de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), identificaron la ubicación de Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.), en la calle 16 de Rio Abajo en ciudad de Panamá, esta dirección fue utilizada para la apertura de una  de cuatro cuentas bancarias “que presentaban manejos irregulares”.

El ex presidente de Panamá aparece como el Presidente de Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.) y Javier Pariente es el vicepresidente ejecutivo.

Pariente es señalado de participar en un fraude por más de $60 millones para adquirir alimentos para un programa social del gobierno (PAN), así como de estar estrechamente relacionados con los negocios de Ricardo Martinelli.

Del mismo modo, la Fiscalía Primera Anticorrupción investiga por los mismos cargos  a Roberto Brin, otro ejecutivo de Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.).

Según el portal de internet, CENTRAL AMÉRICA LINK, “el Grupo Financiero Ficohsa, estableció una alianza estratégica con la empresa panameña de supermercados Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.)”.

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“Para el Grupo Financiero Ficohsa es de mucha satisfacción estar lanzando nuestra tercera tarjeta de crédito en el mercado panameño” dijo el presidente ejecutivo de Ficohsa, Camilo Atala, destaca la publicación.

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“El Presidente panameño Ricardo Martinelli es el actual presidente y director de la mesa directiva de Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.)”, señala el sitio de negocios.

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En un reportaje elaborado por el periodista Kevin Ortega, el cual fue publicado por el hondureño diario La Prensa  se destaca a cinco columnas que BANCO FICOHSA SE UNE CON SUPER 99 PARA LANZAR TARJETA DE CRÉDITO EN PANAMÁ.

La publicación acredita a Camilo Atala la siguiente declaración, “seguimos simplemente nuestro modelo de negocios, haciendo alianzas estratégicas con comercios lideres”.

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El actual Designado Presidencial de Honduras Ricardo Álvarez asistió a la noche en la que Ficohsa firmo su alianza comercial con el cuestionado ex Presidente de Panamá Ricardo Martinelli.

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El empresario hondureño Luis Kafie fue también un invitado de honor.

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Este es el resultado de la alianza entre Atala y Martinelli, vea sus nombres en la tarjeta.

Televisora panameña revela vínculos de Súper 99 en el escándalo de corrupción

TVN Noticias obtuvo pruebas que revelan las millonarias sumas de dinero que recibió Mario Martinelli e Importadora Ricamar, S.A., razón social de los Súper 99 en cheques a nombre de la cuenta bancaria de la compañía, tras negocios realizados con el PAN por la venta de los granos.

Mario Martinelli Berrocal, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, estaría detrás de la empresa Hialing Corporation, S.A., que negoció con el Programa de Ayuda Nacional (PAN) no solo la venta de granos, pero también las mochilas escolares con sobrecostos durante la pasada administración gubernamental

Hialing Corporation, S.A. fue creada el 11 de agosto de 2009 por Eloy Grimaldo Paredes y Adolfo Grimaldo Paredes.

Así consta en la declaración indagatoria que rindiera el empresario colombiano, responsable de Hialing Corporation, Pablo Ruiz Obregón por el caso de las mochilas escolares.

La investigación por la compra de mochilas escolares se encuentra suspendida. Sin embargo, Ruiz Obregón vinculó a Mario Martinelli y contó cómo se gestionaban los contratos que se adjudicó esa compañía por la venta de varios productos.

Martinelli Berrocal enfrenta cargos por los supuestos delitos de corrupción y estafa, formulados por la Fiscalía Primera Anticorrupción en el caso de la compra de los granos.

CUANTIOSAS SUMAS EN CHEQUES

En general, los cheques a los que tuvo acceso TVN Noticias, están relacionados con el caso de la compra de granos a través del PAN.

Entre septiembre de 2011 y agosto de 2014 Hialing Corporation, S.A., de Ruiz Obregón giró siete cheques a favor del empresario Martinelli, que suman 5.3 millones de dólares.

En el expediente por este caso hay cheques varios por diferentes sumas, uno por 1.9 millón de dólares por venta de arroz a Hialing Corporation S.A, otro de 728 mil dólares por venta de lentejas, otro de 100 mil dólares en concepto de las ganancias que recibía por financiar el proyecto, uno por 310 mil dólares por la venta de porotos. Además, se giró otro cheque por 542 mil dólares que no se especificó el concepto.

En el sumario también hay un cheque pagado a Mario Martinelli por 1 millón 440 mil dólares por 32 mil quintales de arroz, eso significa que compraron el quintal de granos a 45 dólares, pero en el expediente consta que Hialing Corporation le vendió cada quintal de arroz al Estado en 80 dólares, lo que implica la duplicación del precio.

Importadora Ricamar, en tanto, recibió 7 cheques, que suman unos3 millones 42 mil 943 dólares.

HIALING CORPORATION Y LAS MOCHILAS ESCOLARES

La creación de la empresa Hialing Corporation, S.A., habría sido una iniciativa de Mario Martinelli Berrocal.

Así lo reveló en la declaración indagatoria el empresario Ruiz Obregón, quien definió a Mario Martinelli como “socio accionista” de la compañía.

Ruiz Obregón indicó además, que su padre, Jaime Ruiz, figuraba como socio accionista de la empresa.

Tres hombres claves están ligados a los negocios que se hacían a través de esa compañía con el PAN: Mario Martinelli Berrocal, Roberto Brin y Roberto Luzcando, estos dos últimos empleados de Importadora Ricamar, S.A.

Estas tres personas, denominados los “socios de proyectos”, según Ruiz Obregón, se encargaban del financiamiento, contacto con los proveedores, adquirir los productos y asesorarlo a él.

En recientes declaraciones el abogado José Nelson Brandao, defensa de Mario Martinelli, indicó que su cliente no era el dueño de Hialing Corporation, S.A.

Sobre el caso de las mochilas escolares, Ruiz Obregón indicó en su indagatoria que los socios de proyectos, le indicaban quién era el proveedor de mochilas en China y a cuál debía hacer la compra.

Una vez tenían las especificaciones requeridas para las mochilas, se le enviaba una muestra a China y los “socios de proyectos” se encargaban de negociar el costo de las mochilas y le indicaban a qué lugar y el monto que se debía girar, según Ruiz Obregón.


La Prensa de Panamá revela más pruebas

Pariente

Fuentes judiciales revelaron que en la diligencia de ampliación de indagatoria realizada en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli hizo mención del nombre del empresario Javier Pariente, actual gerente de Ensa y exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar (razón social del Súper 99).

Y no es la primera vez que el nombre de Pariente sale a relucir en el tema de la compra que hizo el PAN de comida deshidratada y por la que es investigado Tamburrelli. Pariente ya fue señalado por una fuente vinculada a las negociaciones de dos contratos por la suma de $60 millones para adquirir estos alimentos para el PAN.

“[Javier] Pariente es amigo personal de Rubén De Ycaza, que vendió la comida, y a través de él, se llevó la muestra del producto a la Presidencia”, afirmó el informante, tras indicar que poco después el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, promovía la comida que en menos de tres meses se distribuía en las escuelas.

Cuestionado Pariente sobre estos señalamientos, afirmó escuetamente que “eso no es tan así”. “[De Ycaza] es amigo mío. Lo conozco desde hace más de 40 y pico de años, crecimos juntos”, dijo, pero negó tener algún vínculo con la empresa proveedora de la comida deshidratada –Lerkshore International Limited– que recibió pagos del PAN a través de giros internacionales por sumas millonarias refrendadas por la excontralora Gioconda Torres de Bianchini.

Gonzalo Moncada, abogado de Tamburrelli, no confirmó ni negó la vinculación que hizo su cliente de Pariente en este escándalo para no perjudicar las investigaciones.

VÍNCULOS Y CONEXIONES

Pariente está estrechamente relacionado con los negocios del expresidente Ricardo Martinelli: es dignatario, junto con familiares del exmandatario, en al menos 40 sociedades anónimas.

Una de esas sociedades es Airmax, S.A., que se dedica a la venta al por mayor de acondicionadores de aire. En esta compañía figuran como directores el expresidente Martinelli; su esposa, Marta Linares, y su hijo Luis Enrique Martinelli Linares.

También aparece Roberto Brin, empleado de Martinelli, y a quien la Fiscalía Segunda Anticorrupción le formuló cargos la semana pasada, luego de que el exdirector del PAN Rafael Guardia –en su declaración indagatoria– reveló que tenía que beneficiarlo con jugosos contratos por instrucciones de Ricardo Martinelli y de su secretario privado, Adolfo Chichi De Obarrio.

Brin se limitó a responder ayer que no es dueño o accionistas de empresas relacionadas con el escándalo del PAN, como Hialing Corporation, S.A. que vendió juguetes y bolsas con comida al despacho de la ex primera dama Marta Linares de Martinelli.

Pariente, además, comparte directiva en sociedades anónimas con Mario Martinelli, hermano del expresidente, que Guardia delató como uno de los empresarios que vendió al PAN arroz con sobreprecios.

Esa cercanía de Pariente con el expresidente también lo llevó a ocupar, en agosto de 2009, el cargo de director ante la junta directiva de la Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico en representación del Ejecutivo.

CONCESIONES

Pero no fue todo. Pariente fue beneficiado con contratos directos en el aeropuerto de Tocumen bajo la administración de Martinelli.

Por ejemplo, su compañía Propinsa, S.A. recibió más de 4 millones de dólares en contratos, la mayoría relacionados con el suministro, mano de obra e instalación de repuestos de máquinas rayos X, por ser el proveedor exclusivo de la marca Smith Detection, fabricante de las máquinas de rayos X que usa el aeropuerto de Tocumen.

Esta misma compañía también vendió en marzo de 2010 a Tocumen un incinerador, procedente de Estados Unidos, a un precio de 217 mil dólares para darle tratamiento a la basura internacional. Pero ese equipo fue importado a un costo de tan solo 65 mil dólares.

Propinsa, S.A. está relacionada con la compañía Ingenierías y Gestiones, S.A. (Ingesa), creada en marzo de 2010, para dar servicio de mantenimiento en general y especializado, construcción de apartamentos, remodelaciones e inspecciones a construcciones.

Nada dice de recoger desechos sólidos internacionales. Pero, a pesar de ello, fue contratada por Tocumen para ofrecer ese servicio durante seis meses.

En tanto, la asistente que tiene Pariente en Ensa también aparece como directiva de una compañía de reciente constitución, que recibió una concesión directa en la terminal aérea de Tocumen para vender snacks, bebidas y pizzas. Se trata de Zelideth Tello, quien labora en Ensa y que evitó hablar del tema.

La sociedad es Travel Services Pro, S.A., entre cuyos directivos figura Pedro Martez, cuñado de Pariente; mientras que la abogada que protocolizó el acta de la sociedad es Mariel Jované, abogada de Ensa.

En su momento, Pariente se distanció de estas relaciones y coincidencias. “No tengo nada que ver ni como administrador ni director ni accionista de esa sociedad“. “Sí era de mi conocimiento que un hermano de mi esposa es director, condición que es de su total incumbencia”, dijo.

 

Acusan a ejecutivo de Súper 99 de extorsión para cobrar 10 millones de dólares

Sociedades Panama

El empresario venezolano Luis Aular Peralta –dueño de la compañía Outsourcing de Venezuela, S.A., a cargo de la construcción de la Cadena de Frío, por $75 millones– acusó a Javier Pariente –exvicepresidente de Importadora Ricamar, razón social de los Súper 99, cuyo dueño es el expresidente Ricardo Martinelli– de haberlo “extorsionado” para que firmara un contrato de “comisión” por unos $10 millones.

Aular Peralta suscribió el contrato con el abogado Amado Arjona Duque, el tercero en menos de dos años, firmado con empresas que recibieron, a su vez, contratos por $135 millones, a través de dependencias del Ministerio de la Presidencia, bajo la gestión de Jimmy Papadimitriu.

En suma, Arjona Duque firmó contratos privados por $22 millones: $12 millones por supuestas “asesorías” al proveedor de la comida deshidratada: Lerkshore International Limited, cuyo representante es Rubén De Ycaza, amigo personal de Pariente; y casi $10 millones por supuestos “honorarios” en la Cadena de Frío, que construyó Aular Peralta.

Este último dijo a La Prensa que, tras ganar la licitación, Pariente le advirtió de que si no firmaba el contrato de “comisión”, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza del proyecto, que ascendía a unos $50 millones. “Eso sería un duro golpe económico para mí y tuve que firmar”. Pariente decía que representaba al “tiburón blanco”, refiriéndose a Martinelli, subrayó, al tiempo que mostró otro contrato que a la postre dijo haber anulado el pago de “comisiones”.

Pariente también es señalado como el “artífice” del negociado de la comida deshidratada, que comieron cientos de miles de niños.

La Prensa trató de ubicar a Pariente ayer a su celular y a través de sus abogados, pero no respondió.

FACTURACIÓN

Que un abogado poco conocido en Panamá facture en menos de dos años 22 millones de dólares por dar “asesoría” es una hazaña que pocos de sus colegas –incluyendo los de grandes firmas– pueden presumir. Sin embargo, parece posible, en especial, si el dinero proviene del Estado.

El abogado Amado Arjona Duque puede dar fe de ello. Su nombre aparece en dos contratos privados celebrados con la empresa que obtuvo los contratos de comida deshidratada: Lerkshore International Limited, a la que el Programa de Ayuda Nacional (PAN) le pagó la suma de 60 millones de dólares, bajo la gestión de Giacomo Tamburrelli.

Pero estos dos no fueron los únicos. Arjona Duque también fue pieza clave en el multimillonario contrato de la Cadena de Frío, que firmó el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu.

Los contratos de “asesoría” con Lerkshore International Limited –representada por Rubén De Ycaza– que firmó Arjona Duque por la comida dehidratada, sumaron casi 12 millones de dólares.

Lerkshore vendió al PAN los alimentos deshidratados que fueron distribuidos entre niños de escuelas públicas de las zonas más pobres y que, tanto el Ministerio de Salud como el Hospital del Niño, coinciden en que nunca debieron haberse entregados ni consumidos por su alto contenido de sodio.

‘GRAN LABOR’

Arjona Duque, en sus contratos de comisionista, se obligaba a funciones que no requerían mayor esfuerzo: “inscribir la empresa como proponente ante el PAN; adquirir el pliego de cargos y asistir y representar a la compañía en el acto público” y “asesorar a la empresa en los aspectos técnicos, económicos, administrativos y financieros de la propuesta y revisar el informe de evaluación y verificación del acto público objeto del contrato”.

A cambio, el abogado cobró honorarios multimillonarios –a través de la firma Arjona, Figueroa, Arrocha y Díaz– dinero que fue a parar a cuentas bancarias de sociedades locales y off shore en Islas Vírgenes Británicas.

Las autoridades le siguen el rastro al dinero para identificar a los beneficiarios finales, para lo cual giraron oficios a bancos locales solicitando copia de las aperturas de cuentas de esas compañías, transferencias recibidas y enviadas, y copias de los depósitos.

Dos sociedades investigadas son Apollo International Services, Inc. y Starlington Holdings, Ltd. –registradas en Islas Vírgenes Británicas– a las que se les envió dinero de los contratos de comisión de Arjona Duque. Y tras una operación de triangulación, recalaba nuevamente en la banca local.

Pero en este caso hay, al menos, otras 20 sociedades que recibieron fondos de compañías de Arjona Duque, entre cuyos directores figuran nombres como Ariel Arjona, Yulissa Ortega, Idaliz Guiraud, Juana Carrasco, Ana Verónica Rojas y Cecibel Carrasco, todos vinculados a este abogado.

LA SONRISA DE LA FORTUNA

Menos de un año después de firmar los contratos privados en la compra-venta de la comida deshidratada, Arjona Duque volvió a pactar honorarios profesionales con un nuevo proveedor estatal.

Esta vez debía “asesorar” a Outsourcing de Venezuela, S.A. que, en consorcio con la empresa panameña Mejores Acabados, S.A., firmó un contrato con el ministro Papadimitriu para construir la Cadena de Frío, a un costo de 75 millones de dólares, de los cuales, Arjona Duque recibió 9.5 millones de dólares.

Outsourcing de Venezuela, S.A., fue el único consorcio que participó en la licitación. Quizás por ello, el “agente comisionista” no tenía dudas de que su cliente se alzaría con la millonaria contratación.

La pregunta de los 10 millones de dólares es ¿por qué Outsourcing Venezuela, S.A., –representada por Luis Aular Peralta– necesitó de una empresa panameña para ganar la “licitación”? La pregunta

es pertinente porque Outsourcing Venezuela es dueña del 99.5% del consorcio, mientras Mejores Acabados –su socia panameña, representada por Juan Gabriel Pérez Silva– tenía apenas el 0.5%.

‘EXTORSIÓN’

El empresario Aular Peralta habló con La Prensa y admitió que firmó el contrato de “honorarios profesionales” porque fue “extorsionado” por Javier Pariente, exvicepresidente ejecutivo de Importadora Ricamar, razón social de los Súper 99 (Importadora Ricamar, S.A.).

Contó que Pariente hablaba en nombre del entonces presidente Martinelli y que le advirtió que tenía que firmar el contrato con Arjona Duque; de lo contrario, el gobierno de Martinelli ejecutaría la fianza de cumplimiento del proyecto Cadena de Frío, que ascendía a unos 50 millones de dólares.

Curiosamente, el contrato de 9.5 millones de dólares por “honorarios profesionales” de Arjona Duque se firmó tres meses después de que Papadimitriu adjudicó el proyecto de la Cadena de Frío al consorcio. Las preguntas vinculadas a estos y otros contratos no fueron respondidas ni por Pariente ni por su abogado.

Arjona Duque tiene más historias. Fue mencionado en el escándalo del colombiano David Muria Guzmán, a quien le creó múltiples sociedades anónimas.

Origen: Ficohsa vinculada a Súper 99, una empresa cuestionada por corrupción y cuyo presidente es Ricardo Martinelli – Noticias Cholusat Sur

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“Rey del Porno” canadiense comparece en audiencia acusado de usurpación del territorio Garífuna

ambo Creek, 13 de noviembre de 2015.- Después de varios años de espera, finalmente el canadiense Randy Jorgensen comparecerá el día de hoy ante el Juzgado de Trujillo, sindicado de usurpar tierras pertenecientes a la comunidad Garífuna de Cristales y Río negro en Trujillo

El 20 de julio del año 2007l los señores Simeón Gonzales Laboriel y Omar Loredo David, fiscal y presidente de la comunidad Garífuna de Cistales y Río Negro, vendieron de forma  ilegal a la Sra Orleis Reneand Cubas, un lote de terreno de 76 manzanas pertenecientes a la comunidad Garífuna por la cantidad de 100 mil lempiras. la Sra Reneand posteriormente venido al canadiense Randy Jurgensen por la cifra de 400 mil lempiras.

A pesar del precio irrisorio que pagó el rey del Porno -nombre con el cual se le conoce a Jurgensen en su país de origen- se apropió ademas de vaias manzanas de tierra  del territorio comunitario, las que finalmente utilizó para la construcción de un proyecto de villas de lujo que ha venido vendiendo a extranjeros.

A pesar de las denuncias interpuestas, Jorgensen ignoró la usurpación, demostrando un enorme desdén tanto por la comunidad Garìfuna, como por el sistema de justicia, el cual hasta la fecha pretende manejar.

El feudalismo existente en el país, se incrementó después del golpe de estado  del año 2009, cuando la elite de poder se fusionó con el crimen organizado, siendo más dramática la situación con el golpe del poder legislativo al judicial (12-12-12), como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de las ciudades modelo.

Jurgensen desde hace años se encuentra asociado al clan de los Lobo, específicamente de Ramón Lobo, siniestro personaje de una enorme influencia en el departamento de Colón. Ademas de contar con el apoyo incondicional de los alcaldes de la bahía de Trujillo, que se han prestado a los turbios negocios del rey porno, bajo el pretexto de que paga sus impuesto y provee una fuente de empleo para la deprimida área.

Desafortunadamente la estrategia de vender una imagen de empresario exitoso y con el anzuelo de convertir a Trujillo en un nuevo destino para los cruceros en el caribe, logró convencer a muchos que la apropiación territorial  y la demolición de la comunidad de Río Negro era en beneficio de toda la población. La inauguración del Banana  Coast se llevó a efecto con una enorme fanfarria, donde figuras de la política nacional y la farándula asistieron a la llegada del primer crucero a la ciudad.

Con el fiasco de la suspensión de la llegada de los cruceros, ha quedado clara la estafa perpetrada al pueblo de Trujillo, al que le hicieron creer tanto la Municipalidad como el Banana Coast que existiría una derrama de beneficios, la cual nunca se dio.
Uno de lo grandes engaños al que ha inducido al pueblo hondureño, es el del turismo como una panacea económica que redimirá la pobreza estructural consecuencia del feudalismo imperante.

Desde el año 2012 el Juzgadod e Trujillo citó a Jurgensen a comparecer a los tribunales para dilucidar la acusación de usurpación. El rey del porno optó por no presentarse, sin embargo  este año la Fiscalía de las Etnias presionó para que se le dictara orden de captura, situación que derivó en la audiencia programada para el día de hoy.

Resta esperar el milagro de la aplicación de justicia en un país donde el sistema judicial ha perdido su independencia y buena parte de los operadores de justicia se comportan como meretrices al servicio del capital y sus amos de turno.

Origen: “Rey del Porno” canadiense comparece en audiencia acusado de usurpación del territorio Garífuna

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