L.30 millones del “Tasón” guardados en bancos mientras masacres arreciaron

Escrito por Equipo de Investigación | Diciembre 16 del 2014

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).  – Desde 2008 hasta 2013 la norteña ciudad de San Pedro Sula sufrió 5,854 homicidios por arma de fuego, el gobierno local se da el lujo de tener  treinta millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, guardados en bancos.
Desde septiembre de 2013, la municipalidad de San Pedro Sula recibió del gobierno central la primera transferencia de la Tasa por quince millones de lempiras y un monto igual en octubre del mismo año para sumar treinta millones.

Solicitud de información en el archivo de la

municipalidad de San Pedro Sula.

Estos treinta millones permanecían hasta mayo pasado en el Fideicomiso MSPS/Seguridad de Banco del País, en la cuenta 21-001-037558-9. A partir de junio de 2014, este fideicomiso es administrado por Banco Ficohsa.

Hasta ahora, diferentes sectores consultados durante la investigación periodística, realizada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), coincidieron en que la alcaldía no ha ejecutado dinero correspondiente al fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
Ni un centavo se ha ejecutado aunque entre 2012 y 2013 los meses de mayor incidencia de crímenes fueron: abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. La ciudad sufrió 1,458 muertes homicidas en 2013, un aumento de 13 por ciento en comparación con 2012, de acuerdo con los análisis académicos del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (Iudpas).
Forcejeo político 
Aún con la emergencia de seguridad, el dinero permaneció guardado porque el año anterior hubo cambio político y la Corporación Municipal no quiso aprobar la ejecución de fondos ya que el alcalde Juan Carlos Zúniga se quería reelegir.
Además, no se podía ejecutar estos fondos mientras no se estructuren las tres organizaciones civiles que auditarán la Tasa, conformadas según el Plan de Seguridad Local: el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Comité de prevención y Comité de Seguridad; y en tercer lugar, la Unidad Técnica de Seguridad (Utseg).
Esos órganos de participación ciudadana empezaron a consolidarse hasta mayo de este año y desde el año pasado estaban en una fase de organización.
El año pasado no se pudieron tocar (los fondos de la Tasa de Seguridad) aunque presentamos necesidades. Desgraciadamente, por cuestiones políticas porque el alcalde se quería reelegir. No hubo apoyo por parte de la corporación para hacer desembolso”, confirmó el Representante de la Cámara de Industrias de Cortés (CCIC) en la Secretaría de la Utseg, German Pérez.
Asimismo, Ernesto Lazarus, representante de la CCIC, confirmó que hubo varias solicitudes puntuales de apoyo en el tema de seguridad, pero ninguna fue aprobada porque no se había conformado la Utseg.
“Tomamos la determinación de no disponer de un centavo porque no era prudente, al término de nuestro gobierno, hacer una erogación y creímos que lo más correcto es que la nueva corporación hiciera uso del recurso”, reconoció el ex regidor municipal (2010-2014), Wilfredo Flores.
Más de treinta administrados en secreto

Fachada del Obispado donde permanece Rómulo Emilliani.

En febrero de 2012 aparecía por concepto de Tasa de Seguridad local la suma de 572, 522.98 lempiras. De tal forma que sumando tanto la transferencia hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) –encargado de administrar la Tasa de Seguridad-, más la tasa local que se cobraba por el mismo concepto, la Corporación Municipal anterior dejó 30, 572, 522.98, según la ayuda memoria elaborada por el ex regidor Flores.

En la mencionada Ayuda Memoria de los fondos que ingresaron al fideicomiso de Banpaís, hasta el 30 de noviembre de 2013 aparecen intereses por la cantidad de 26, 909.25 lempiras.
No obstante, este fideicomiso es manejado como información reservada y se desconoce la cantidad precisa de intereses devengados.
El 12 de mayo de 2014 se solicitó a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) información sobre los fideicomisos abiertos en las diferentes municipalidades del país para conocer cómo la  banca está administrando el de San Pedro Sula. La información fue negada el 20 de mayo de 2014. En consecuencia, se interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La transparencia en el uso de estos fondos que tiene la municipalidad se garantizará si hay adecuada participación ciudadana, por eso, el 17 de marzo de 2013, se celebró la sesión  Extraordinaria de Cabildo Abierto para aprobar el Plan de Seguridad Local y Convivencia Ciudadana, mediante el Acta No. 145.
Con la aprobación del Plan de Seguridad Local y con el fideicomiso que la municipalidad de San Pedro Sula tenía en 2013 en Banpais, el municipio pudo obtener los desembolsos de la Tasa de Seguridad. Sin embargo, la desarticulación que se produce entre los funcionarios entrantes y salientes se evidencia en que a cinco meses de estar fungiendo como regidores, algunos desconocían el Plan de Seguridad Local.
El regidor Samuel Madrid reconoció que “no hay una política de la corporación hasta ahorita para poder hablar en qué se va a gastar, se cree que la Tasa de Seguridad – le digo se cree porque todavía no es algo que se ha ordenado-  lo que está en la Tasa de Seguridad, podría ser dinero que se invierta en la prevención del delito o en área de esparcimiento para los jóvenes, pero todavía no hay planeación con respecto a esto”.

Claudio Rojas, gerente financiero de la municipalidad.

A pesar de ser el comisionado del tema de seguridad en la alcaldía, aún en mayo de este año Madrid desconocía los indicadores del Plan de Seguridad Local, aprobado en cabildo abierto, con vigencia de 2013 a 2018. Eso significa que el plan llevaría desfase de un año pues en junio de 2014 se habían incumplido indicadores y una lista de actividades de prevención.  El plan establece estrategias de prevención social, prevención situacional  y disuasión/control.

Controles sin aplicación 
Si se aplica tal como está concebida en el plan, la Tasa de Seguridad tendrá controles de verificación estrictos. Por ahora, los ciudadanos ya conformaron el Consejo y su primera reunión  se llevó a cabo en junio.
El Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana cuyo espíritu es ser un órgano para potenciar la participación ciudadana, es presidido por el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio y el vice presidente es el representante de la CCIC, Ernesto Lazarus, como representante de la sociedad civil.
Se tiene planificado que la primera inversión de la Tasa de Seguridad, transferida a la municipalidad, será para la compra de 30 vehículos para la policía, que se hará mediante licitación, indicó German Pérez de la CCIC.
En la tercera reunión del Consejo, realizada en agosto de este año, se aprobó un proyecto de reinserción penitenciaria con la Pastoral de la Iglesia Católica que consiste en dotar de equipo a los 14 talleres del Centro Penal de San Pedro Sula, a un costo de 10 millones de lempiras en período de dos años.
Asimismo, se aprobó la inversión en programas de prevención de violencia contra mujeres y otros programas sociales con menor inversión.  El consejo siguió los lineamientos de participación ciudadana que establece el Plan de Seguridad Local para decidir esta inversión. También, se está solicitando acompañamiento al Tribunal Superior de Cuentas para garantizar transparencia en la ejecución de estos fondos.

Fachada de la municipalidad de San Pedro Sula.

Según el funcionario municipal, Luis Cardona, se trabajará sobre todo en el tema de prevención, con la participación de patronatos, barrios, colonias, organizaciones no gubernamentales, cooperantes internacionales e iglesias.  El 4 de septiembre pasado se constituyó el Comité de prevención y en los próximos días se conformará el Comité de Seguridad.

Origen de la Tasa 
La Tasa de Seguridad nació en junio de 2011 que el  Congreso Nacional aprobó la Ley de Seguridad Poblacional.  En su motivación legal para aprobar la Ley de Seguridad Poblacional, “el Poder Legislativo consideró que la desproporcionalidad de recursos económicos entre la criminalidad común y organizada, y las instituciones del sector Seguridad y justicia hace imperiosa la necesidad de ampliar de manera urgente las disponibilidades presupuestarias de los entes encargados de la prevención y el combate del delito”. Ese mismo año los homicidios alcanzaron una tasa nacional de homicidios de 86.5 por cada 100,000 habitantes, según el Boletín del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.
La ciudad de San Pedro Sula pagaba este tributo desde 1998 y era administrada por la CCIC para apoyar a la policía, mejorar sus instalaciones, calidad de vida, dormitorios, baños, servicios sanitarios y compra de patrulla.
“El problema surge cuando el ministro  Oscar Álvarez y el vice ministro Armando Calidonio, actual alcalde de San Pedro Sula, empiezan a pelear con el alcalde Zúñiga por la Tasa de Seguridad, porque la Tasa de Seguridad de San Pedro Sula fácil andaba en unos 70 millones de lempiras al año. Cuando entra el pleito entre Zúñiga y los de Seguridad, empiezan ellos a mover teclas para centralizar la Tasa de Seguridad porque querían agarrarla y es cuando comienza el pleito y surge la nueva ley en la que la generalizan”, relató Coordinador del programa de Seguridad Ciudadana denominado “Ciudad Segura” de Puerto Cortés, Cesar Zaldívar.

 

 

 

Vehículo de la Policía Militar en las  instalaciones de la CCIC.

Las secuelas en San Pedro Sula no se han hecho esperar, mientras la Policía Nacional dice que redujo la incidencia delictiva porque implementó en el municipio entre 2012 y 2013, 19 planes preventivos;  la otra realidad de las estadísticas independientes y académicas es que la de violencia ha ido creciendo y al mismo tiempo aumentó la intervención del Estado nacional junto a gobiernos extranjeros para contrarrestar la escalada de criminalidad.

Desde 2012, se implementa un proyecto de la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica de USAID (CARSI/USAID) cuyos principios son establecer alianza entre el gobierno,  las municipalidades, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

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