Tegucigalpa, Honduras
No solo los responsables del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) rendirán cuentas por el manejo irregular de los recursos del Estado.
El Poder Ejecutivo anunció que en los próximos días se procederá a judicializar otros casos de corrupción que han sido investigados en varias instituciones de la administración pública.
Caerán los involucrados en la corrupción de instituciones como el Instituto de la Propiedad (IP), la Dirección General de Transporte (DGT), Instituto Nacional de Migración, aduanas, entre otras.
Estos entes fueron intervenidos por el gobierno desde el año anterior y ya se tiene información sustentada para proceder en contra de los responsables de irregularidades en dichas oficinas. El presidente Juan Orlando Hernández anunció que el Ministerio Público (MP) conoce bajo qué parámetros va a proceder en contra de las personas involucradas en estos casos.
“De todas estas intervenciones habrá casos que el Ministerio Público va a judicializar, ellos saben bajo qué parámetros lo van a hacer”, advirtió el titular del Poder Ejecutivo.
Corrupción IP
En el caso del IP, Hernández designó el año anterior al asesor presidencial Ebal Díaz para investigar la histórica podredumbre que ha existido en esta institución. EL HERALDO documentó en 2014 varios casos de corrupción al interior del IP, el cual estaba sumido en una escandalosa corrupción que venía generando una gran inseguridad sobre los derechos de propiedad de la tierra.
Entre las irregularidades figuraron aspectos como la emisión fraudulenta de títulos de propiedad, extravío de expedientes, adulteración de folios, falsificación de firmas y hasta la realización de cobros indebidos para agilizar trámites.
Entre los responsables se señalaron empleados, directores y hasta miembros del consejo directivo de las administraciones pasadas.
Cabe señalar que por este caso la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ya ejecutó, meses atrás, varias capturas de empleados del IP en cumplimiento a requerimientos presentados por la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública. Otro de los casos es el relacionado a las irregularidades en la Dirección General de Transporte, en donde han venido operando mafias que trafican con números de taxis, permisos de operación, pago de subsidios, entre otras.
Fue a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que encabeza el Presidente de Honduras, que se giraron instrucciones precisas para iniciar una intervención en el sector transporte.
Al inicio de este proceso se anunciaron cambios en los procedimientos para la extensión de los permisos de operación de las unidades, así como la revisión de las rutas de transporte urbano e interurbano. El CNDS integró una comisión interventora para ahondar sobre la corrupción al interior de esta institución actualmente dirigida por su director, Yovani Dubón.
La comisión la integran el subcomisionado de Policía, Danilo Mejía; el teniente coronel Elías Antonio Melgar y el general en condición de retiro, Miguel Ángel García Padget.
Asumieron la responsabilidad con instrucciones de poner a la orden de los tribunales de justicia a todos aquellos funcionarios que estén vinculados en actos de corrupción en esta dependencia.
Migración
También se comenzará a citar a los responsables de la corrupción detectada al interior de la desaparecida Dirección General de Migración y Extranjería ahora Instituto Nacional de Migración. La institución fue intervenida el año anterior luego de comprobarse la existencia de redes que traficaban con personas y además con documentos poniendo en peligro la seguridad nacional del Estado.
El proceso de intervención fue conducido por el secretario de Defensa, Samuel Reyes, mediante un proceso de certificación de todo el personal que se venía desempeñando al interior de esta institución.
En la intervención también participaron el secretario de la Presidencia, Reynaldo Sánchez, el secretario del Interior, Rigoberto Chang Castillo, y miembros de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado.
En noviembre del año anterior el presidente Hernández recibió el informe final sobre el proceso de intervención sin darse a conocer detalles sobre acciones legales contra los responsables de la corrupción.
“Muchas personas ingresaban al país con un pasaporte y querían salir con otro, había muchas personas con pasaportes falsos, vencidos y con cuentas pendientes con la ley… Entre otros aspectos”, destacó Reyes en la entrega del documento.
El informe reveló hallazgos como una deficiente gestión administrativa, baja escolaridad del personal, graves deficiencias en controles migratorios, carencia de equipo, entre otros.
Además estableció una serie de acciones emprendidas a fin de recuperar la institución, como la aplicación de pruebas de confianza a todo el personal y la implementación de un nuevo sistema biométrico en los puertos de entrada y salida.
Aduanas
En marzo del año anterior el Poder Ejecutivo también ordenó intervenir todo el sistema aduanero del país en una medida que representó el inicio del combate frontal a la evasión y el contrabando de productos y mercaderías. Esta disposición también fue adoptada en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tras la confirmación de irregularidades en los procedimientos que se realizan en cada una de las aduanas.
La intervención incluyó las aduanas terrestres, aéreas y marítimas que operan en al menos 17 puntos del territorio nacional y contó con la participación de la Policía Militar, el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esta medida fue sustentada en una serie de hallazgos en los procedimientos aduaneros como posibles hechos constitutivos de delitos de evasión, contrabando y conexos.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/847366-331/ejecutivo-anuncia-judicializaci%C3%B3n-de-nuevos-casos-de-corrupci%C3%B3n
Honduprensa 