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Diálogos mentirosos promueven que Honduras sea un estado fallido

Jun 19, 2015

Un mes ha pasado desde que la gente se volcó masivamente a las calles indignada por los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que suman 7 mil millones de lempiras robados y casi 3 mil vidas arrebatadas. El movimiento de indignados e indignadas sigue pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández mientras ya se comienza a hablar de un posible diálogo.

Hernández por su parte sigue diciendo al mundo que Honduras es un ejemplo de lucha contra la corrupción. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea lo escuchan con atención mientras la población hondureña sigue pidiendo su renuncia y la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción como la instalada en Guatemala.

Esta semana, la vicepresidenta del Congreso Nacional Lena Gutiérrez y tres miembros de su familia recibieron requerimiento fiscal por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y estafa en el caso de venta de medicamentos adulterados al IHSS por parte de la empresa Astropharma de la cual era directiva. Esto y la orden de captura contra el empresario Shucry Kafie pueden traducirse como aceleramiento de la aplicación de justicia para responder al clamor popular. Sin embargo forma parte de otro tipo de estrategia, según algunos analistas.

Lea también: Sin participación activa, Astropharma logra millonarios contratos por medicamentos 

El analista y miembro de la Coalición contra la Impunidad, Víctor Fernández dijo en entrevista a Radio Progreso que es una forma en que el gobierno debe demostrar que hay mano dura y la antesala al llamado de un diálogo que desde ya es acuerpado por grupos de sociedad civil afines al mismo, cúpulas de iglesia evangélica y católica y sectores de cooperación internacional más ligados a la Embajada de Estados Unidos.

Es un plan, que de mano de los medios de comunicación corporativos, busca ir “normalizando” las cosas en el país.

Nueva comisión: ¿solución intermedia?

Una propuesta que surgió esta semana fue la creación de una Comisión Ciudadana Contra la Corrupción en Honduras (CCCCH), dirigido por un Comité Coordinador conformado, por organizaciones de sociedad civil, iglesias, instituciones académicas y plataforma ciudadanas que le hace contrapeso a la exigencia popular de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH).

Esta es una propuesta de la Alianza por la Paz y la Justicia y grupo de Sociedad Civil. Esta comisión es parte de un plan de tres ejes: 1. El Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción que trabajarán de manera directa en combatir la impunidad. 2. Comisión Ciudadana dará especial énfasis al seguimiento y monitoreo de las acciones judiciales realizadas a los responsables de actos de corrupción presentados como emblemáticos por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional de la República; y 3. Un Paquete Integral de Reformas de toda la normativa legal que regula, rige y es vinculada con el tema de corrupción e impunidad (Ley Electoral, Ley de Contratación del Estado, Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, y proceder a revisar –para su mejoramiento- la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).

Lea la propuesta completa aquí. 

Esta propuesta no ha sido vista con buenos ojos por parte del movimiento en las calles. El abogado y ex fiscal Félix Ávila en entrevista para el programa Más que dos de Radio Progreso argumentó que aunque la CICIH no debería ser la única solución que el movimiento debe proponer, ésta tiene mayor credibilidad porque tiene respaldo internacional y es externa, mientras que la CCCH es promovida y sería representativa de grupos e instituciones que no tienen la confianza de la gente.

“Para que en Honduras se tenga que solicitar la CICIH, el deterioro de las instituciones jurídicas, el quebrantamiento del estado de derecho y la desconfianza que la sociedad tiene en las instituciones ha llegado a niveles muy altos. Para que un estado sea soberano e independiente tiene que tener la capacidad de gobernarse a sí mismo, de poder dar a la sociedad el bien común, la felicidad y esto no se puede alcanzar si no es por medio del impartimiento de justicia.

Cuando la sociedad pide una CICIH es porque el fenómeno de la impunidad ha rebasado los límites y el Estado no lo ha dicho pero todo apunta a que es incapaz de dar seguridad y satisfacer esas necesidades”, dijo Ávila.

Y es que en Honduras, según el ex fiscal general Edmundo Orellana Mercado, hay un 80% de impunidad que va generando cada vez más crimen, ya que al no haber castigo para los delincuentes y corruptos da la sensación de que en Honduras se puede cometer cualquier ilícito sin consecuencias y con la mayor facilidad.

“Se tienen los cuerpos de investigación, los órganos, pero no funcionan porque no hay voluntad política, pareciera que el mandato es que no funcionen. Ya no solo es la policía nacional, el MP, sino que ahora es la Policía militar, tenemos cuerpos especiales de investigación pero los frutos no se ven”, dijo Avila. Y es que la comisión propuesta por la APJ podría correr el mismo riesgo que la gran cantidad de comisiones creadas en Honduras con un mandato que tal parece fuera que no funcionaran.

Por su parte el abogado y periodista Saúl Bueso dijo en Radio Progreso que él estaba de acuerdo con la nueva propuesta porque  las reglas se deben poner en casa. “Si comenzamos a pedir ayuda internacional estamos aceptando que somos un país fallido, y puede que lo seamos pero estamos obligados como hondureños a buscar la solución. La CICIG en Guatemala, sí estaba justificada porque fue parte de los acuerdos de paz después de una guerra interna. Y hasta 10 años después logran concretar la petición que ha tenido un gran resultado en Guatemala. Creemos que la CICIH nos va a solucionar todo pero el trabajo de ellos solo es investigar de forma muy científica y eso se pasa a las fiscalías nuestras para actuar con datos bien fundamentados” dijo.

En Honduras nunca hemos vivido una guerra interna declarada, sin embargo cada día estamos produciendo 20 asesinatos. El país ha llegado a un punto de crisis en el que los cambios deben involucrar nuevos actores.

Las comisiones en Honduras no han tenido grandes éxitos. Ávila nos recuerda.

“Los mejores momentos del Ministerio Púbico fueron en el primer mandato, el de Edmundo Orellana, luego el segundo mandato con Roy Medina. Ya el tercer mandato se produce el deterioro hasta el punto de crear una comisión interventora del MP. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. Si un fiscal general no funciona pues se le destituye. La comisión interventora fue un fracaso porque no tenía legitimidad procesal para presentar requerimientos. Se mandan esas comisiones para que hagan funcionar mal las cosas.

Otro ejemplo es la comisión de reforma a la seguridad pública  que se creó cuando Porfirio Lobo, una comisión que hizo buenas propuestas pero quedó en nada, el mandato que ellos tenían venía de la representación del congreso de la república. El problema es la alta politización”.

El origen de desconfianza en esta nueva propuesta es que viene de un grupo de sociedad civil muy cercano al actual gobierno, mismo gobierno que la gente rechaza en las calles.

La defensora de derechos humanos, Reina Rivera Joya escribió en su artículo “Propuesta de la APJ debilita movimiento de las antorchas” que esta propuesta tiene el objetivo de mantener el status quo, en un momento en que el gobierno quiere apaciguar el movimiento en su contra.

Por su parte Víctor Fernández asegura que hay que tener mucho cuidado con estos actores que están jugando un papel peligroso en la normalización de la situación del país. “Sectores de sociedad civil, que en un momento resortearon los gobiernos para que siguieran saqueando el país. Hay que señalarlos y hay que tener claro que el actual gobierno va a hacer todos los esfuerzos posibles para detener este descontento social. Ya convocó a las iglesias, la estructura piramidal para salir al paso. Estructuras del movimiento obrero aparecerán en ese supuesto diálogo, estos sectores de sociedad que tienen convenios con el gobierno, etc” dijo.

La comisión propuesta por la APJ es vista como un primer paso de un diálogo que podría promover el gobierno en su favor.

Diálogo ¿con quién y para qué? 

Para hablar de diálogo hay que remontarse a la historia de Honduras y preguntarse ¿Qué nos han heredado los diálogos?

Víctor Fernández conoce de diálogo, él mismo participó en uno al más alto nivel con los tres poderes del estado al terminar una huelga de hambre que en 2008 hicieron 5 fiscales protestando por el sistema de justicia fallido y cooptado por intereses políticos. Ese diálogo no paró la crisis que hoy se refleja en un sistema de justicia aún en peores condiciones.

“Todo termina en diálogos. En 2008 hubo un diálogo con los tres poderes del estado, en 2009 también y han sido tendientes a mantener la situación del país. En este momento lo que hay que hacer es romper esa idea de diálogo mentiroso que ha sostenido una institucionalidad generadora de impunidad. No sé quién estaría en condiciones de defender esa institucionalidad. Una institucionalidad que abiertamente rompe cualquier norma legal para nombrar autoridades del más alto nivel del sistema de administración de justicia”, explicó Fernández.

Sin embargo, no es decir NO rotundamente al diálogo. Es saber elegir con quién se dialoga, según este analista. NO se puede dialogar con delincuentes, con quienes saquearon el IHSS y otras empresas del estado, pero sí se debe generar un diálogo entre las fuerzas que hoy indignadas salen a las calles.

Para Fernández hay que converger todo en un punto: el nivel de desconfianza que tiene la sociedad sobre la institucionalidad, el sentirse víctimas directas de la institucionalidad en cuanto a la vulneración de los derechos, es una cosa que va a estar permanente. Y un posible diálogo organizado por quienes han hasta aceptado su participación en el latrocinio del Estado, solo puede disparar aún más la indignación de la gente.

“Si uno revisa el tema de la movilización ciudadana, puede sostenerse o bajar pero el disparador de esa movilización va a estar permanente. La movilización ciudadana se produjo a partir de hechos puntuales, un programa de televisión, una querella, una reacción del gobierno etc. Es normal pensar que el gobierno va a instalar un diálogo,  lo que uno debe preguntarse es si esto es suficiente para contener el reclamo ciudadano ¿cabe el reclamo en un solo diálogo?  Pero es seguro que en una sentada no se va a generar la disminución del reclamo, la ruta del gobierno creo que más bien va a generar mayor indignación en la ciudadanía”, dijo.

Y es que es indignante que un gobierno que ha catalogado de delincuentes vinculados al crimen organizado a la gente en las calles, que dijo que el dinero robado se devolvería de las arcas de su partido, que ha enfrentado al pueblo más empobrecido contra el movimiento sacándolo a las calles a cambio de 50 lempiras, quiera promover un diálogo. Después de un mes de que la consigna es #FueraJOH, aunque son muchas las estrategias gubernamentales para desprestigiar y dividir, la gente sigue convocando a las calles.

“Ahora lo que hace falta es dialogar los que estamos movilizados. El elemento cualitativo es que cualquier discusión que se produzca a futuro debe tener puntos en los que debemos sentarnos a consensuar. Por ejemplo el tema de la renuncia de los fiscales generales no solo por el caso del IHSS sino el universo de corrupción que se han producido, el tema de la remoción del actual presidente de la república, esos son temas que hay que darles ruta. ¿Nos vamos a sentar con los criminales a dialogar o vamos a construir un proceso para dialogar sobre la salida de estos criminales que están en los poderes del estado?  Si volvemos a instalar mesas para fingirnos apariencias, para entender que es normal que este país produzca miles de pobres y miles de muertos, si vamos a olvidar o desconocer que tenemos una clase política que comete actos de corrupción, que reconoce hasta sus vínculos con el crimen organizado perpetuaríamos la crisis de institucionalidad y crisis en materia de dignidad humana que estamos viviendo”, explicó Fernández.

Y es que hay que entender que los procesos llevan tiempo, el gobierno está alarmado por aplacar el clamor popular lo antes posible, sin embargo las condiciones de país indican que la gente seguirá en las calles. Pero ahora habrá que hacer planes de corto, mediano y largo plazo y responderse ¿Cómo el movimiento enfrentaría una renuncia presidencial en este momento? O incluso ¿cómo enfrentaría que el gobierno que rechazan llamara a una CICIH?

Después de casi 200 años de supuesta independencia tenemos muchas lecciones que aprender dice Fernández. “Desde la fundación de este estado el ausente ha sido el pueblo. Por eso debemos ir encontrando una ruta de salida a corto, mediano y largo plazo con participación decisiva de este sector marginado.

Hay puntos de consenso, el nombramiento de la CICIH, la destitución de fiscales y la renuncia de presidente pero luego viene el largo plazo. Se viene la comisión, se destituyen los fiscales, se saca a un presidente, pero ¿cómo recomponer la institucionalidad del país. Debemos ir graduando el proceso de salida y estos temas que no les suenan tan bien a los sectores sofisticados, como la refundación del país, son necesarios. Necesitamos un nuevo pacto de la ciudadanía en el que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a ensanchar el país. La población indignada debe olvidarse de preguntar quienes serán nuestros representantes, todos tenemos participación decisiva y los movimientos sociales históricos debemos hacer propuestas con calor de ese pueblo que está ahora en las calles”, concluyó Fernández.

Fuente: http://www.radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2165-di%C3%A1logos-mentirosos-promueven-que-honduras-sea-un-estado-fallido

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Presentan amparo contra Alden Rivera por explosión en la Feria del Agricultor y el Artesano

victorfrecursoamparoAbogados presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el ministro Alden Rivera por considerarlo responsable del riesgo eminente en contra de los hondureños por la venta del gas usando chimbos de gas que no tienen las mínimas condiciones de seguridad.

“Hay un riesgo eminente en contra de la vida y la integridad de los ciudadanos de Honduras en virtud de que se esta permitiendo la comercialización del gas LPG através de chimbos que no tienen las mínimas condiciones de seguridad” dijo el abogado Víctor Fernández.

El abogado Fernández aseguro que usan como antecedente la reciente tragedia ocurrida en la Feria del agricultor y el artesano en donde murieron ya 11 personas y resultaron cerca de 80 heridos, tras la explosión de un chimbo de gas LPG.

“Según informes preliminares que brindaron las autoridades, (la tragedia) se debió a una manipulación inadecuada de un chimbo de gas” dijo.

La ley de protección al consumidor obliga a la Dirección General de Protección al Consumidor a que productos como el chimbo de gas, que son de alto riesgo, se comercialicen bajo mecanismos de seguridad.

“Nosotros decimos que la Dirección de Protección al Consumidor através del ministro Alden Rivera tienen la obligación de garantizarnos a los ciudadanos el derecho a la vida y la integridad personal que esta en riesgo en virtud que ellos no ejercen la función de control sobre las empresas dedicadas a la comercialización del chimbo de gas LPG” dijo Fernández.

Con esta acción se rompió el silencio y por fin se demando responsabilidad al Estado y a las empresas ya que las victimas del siniestro pudieron haberse evitado.

Aquí las declaraciones del abogado Víctor Fernández

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=10240

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Corte de apelaciones confirma sobreseimiento definitivo para oficiales de policias en caso “15 de septiembre”

Mar 19, 2014

Esta semana la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula ratificó el sobreseimiento definitivo que se les había otorgado a los subcomisionados Héctor Iván Mejía y Daniel Matamoros por  los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, lesiones y detención ilegal.

Recordemos que la fiscalía interpuso denuncia contra estos jefes policiales por los abusos cometidos el 15 de septiembre de 2010, cuando la ciudadanía se movilizaba en rechazo al golpe de Estado y fue brutalmente reprimida en el centro de San Pedro Sula.

La fiscalía de derechos humanos junto a varios abogados interpusieron la denuncia contra estos oficiales por los abuso de maltratos, detención ilegal de personas, destrucción de materiales y equipo de sonido de la agrupación “Café Guancasco”, y de la emisora Radio Unos, y hasta la muerte de un ciudadanía por la inhalación de gases lacrimógenos.

El abogad Víctor Fernández informa que ahora se interpondrá un recurso de reposición ante la sala Constitucional de la Corte suprema de justicia para seguir exigiendo justicia y castigo para estos jefes policiales que cometieron abusos en contra de la ciudadanía.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/801-corte-de-apelaciones-confirma-sobreseimiento-definitivo-para-oficiales-a-policiales-por-caso-%E2%80%9C15-de-septiembre%E2%80%9D

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Tolupanes retornan a sus tierras con promesa de seguridad del Estado hondureño

Feb 28, 2014

“Me siento bien alegre con mi familia, con mis hermanos tolupanes, con todos los amigos y con mi tierra”, expresaba con lágrimas en sus ojos Ramón Matute, uno de los indígenas tolupanes obligado a salir de su comunidad por sufrir persecución judicial, amenazas a muerte, tras el asesinato de los indígenas María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y  Ricardo Soto Fúnez el 25 de agosto de 2013 en la comunidad de San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro, al norte de Honduras.

El pasado sábado 22 de febrero, al igual que Ramón, regresaron  a sus tierras Celso Cabrera, Firmo Matute, Consuelo Soto, Wilibran Chirinos, Ojer Ávila y Olvin Enamorado. Seis meses estuvieron fuera de sus tierras, de sus familias y su retorno se hace bajo la promesa de protección del Estado, bajo la aplicación de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Al acto público preparado para la llegada de los compañeros tolupanes, asistieron funcionarios del Estado, miembros  del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y el acompañamiento y solidaridad de organizaciones como el Foro de Mujeres por la Vida, Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Feministas Universitarias y la Coalición contra la Impunidad.

Promesa de seguridad

El Estado hondureño se comprometió a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los seis compañeros tolupanes y sus familiares, ya que por defender sus tierras y territorio fueron amenazados y criminalizados.

En agosto de 2013, cuando los tres compañeros tolupanes fueron asesinados, los pobladores de San Francisco desarrollaban un ejercicio de soberanía territorial en contra de una empresa minera que pretendía instalarse en la zona sin el consentimiento de los habitantes, pero sí,  con el consentimiento del Estado.

La explotación minera y la deforestación del bosque fue algo que denunciaron los tolupanes de la tribu San Francisco de Locomapa, sin embargo el gobierno se hizo de oídos sordos ante los clamores de estas comunidades.

“El Estado se constituyó para hacer ese equilibrio entre los que tienen mucho poder, entre los que abusan,  y los que no tienen poder y son abusados, y hasta ahora nosotros  podemos dar testimonio de un Estado que lejos de hacer equilibrio, ha contribuido a todos los abusos que se cometen en esta comunidad”, expresó el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

Fernández  demandó al Estado hondureño mayor compromiso con los sectores excluidos, que no siga permitiendo más explotaciones mineras, que no contribuya al  saqueo de nuestros bienes naturales y la venta de los territorios. Agregó que el conflicto, la muerte de los tres indígenas tolupanes y las amenazas a muerte que sufren los compañeros es responsabilidad del Estado.

“Nosotros como autoridades desde el momento en que se recibió la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladamos el mensaje  a la autoridad competente, lamentablemente por el proceso de transición no se dio la respuesta oportuna que se esperaba, pero ahora las autoridades han manifestado su más alta voluntad de cumplir con estos mandatos de la CIDH”, expresó  Kelvin Aguirre, oficial en Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.

Persiste la impunidad

Hace seis meses fueron asesinados los tres indígenas tolupanes y hasta la fecha nada se ha investigado.

Según declaraciones de la abogada Yani del Cid de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural “el Ministerio Público tiene la responsabilidad en primera instancia de dirigir la investigación criminal. En el caso de los tolupanes asesinados el MP instruyó a las diligencias de investigación, se presentó requerimiento fiscal contra los sospechosos del hecho delictivo y se han emitido órdenes de captura contra los sospechosos, también hemos coordinado y dirigido operativos tendientes a lograr la captura de estas personas, sin embargo este cometido no ha podido ejecutar”, expreso la funcionaria.

Aunque sea ha garantizado protección a la comunidad de San Francisco de Locomapa de parte del Estado, la realidad es que esa zona se encuentra en un sector montañoso y alejada de la estación policial.  Y según indica el sub comisario Wilfredo Ventura, jefe policial en el municipio de Yoro, la poca logística y el escaso personal son situaciones que impiden cumplir al pie de la letra las recomendaciones de seguridad dadas por la CIDH.

La Lucha sigue

“La lucha sigue y sigue”, manifestaron los indígenas tolupanes de San Francisco de Locomapa, quienes a pesar de la criminalización, las amenazas y el abandono estatal, resisten en contra el despojo de sus recursos y territorio.

En el marco del retorno de los compañeros tolupanes, se sembraron tres árboles en memoria de María Enriqueta, Armando y Ricardo como símbolo de la lucha y resistencia pacífica.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/763-tolupanes-retornan-a-sus-tierras-con-promesa-de-seguridad-del-estado-hondure%C3%B1o

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Profesionales del derecho se organizan

Friday, 28 February 2014 10:02 Tommy Morales
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Guillermo López Lone

Tegucigalpa.

Algunas organizaciones de profesionales del derecho, se formaron después de la huelga de hambre de los fiscales con el objetivo de incidir en decisiones que afectan a la sociedad.

Cuatro fiscales Jary Dixon, Soraya Morales, Luis Javier Santos y Víctor Fernández (presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, AFH),  se pusieron en huelga de hambre el siete de Abril del 2008, en señal de protesta por las irregularidades que se estaban dando en el Ministerio Publico, además del despido, traslado y rotación de fiscales.

MADJ

Esta acción dio lugar a la organización del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, se fundo el 14 de Mayo del 2008.

Algunas actividades fue el no reconocimiento al gobierno de facto surgido del golpe de Estado del 2009.

La  declaración en resistencia permanente, exigieron la suspensión de proyectos hidroeléctricos, mineros y forestales reñidos con la ley en los departamentos de Atlántida, Yoro y en todos los departamentos del país.

Alertaron la represión en contra de  la tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro han tenido una lucha continua por la defensa de sus bosques, aguas y demás bienes naturales.

Denunciaron que dos jefes policiales han intentado intimidar a las personas que acuerparon la manifestación popular realizada el 26 de marzo en defensa de los recursos naturales que han sido privatizados en la Másica, Atlántida.

Se han convertido en activos defensores de los derechos humanos en las luchas de los pueblos a nivel nacional.

Jueces

La Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, fue creada el 12 de agosto del 2006, agrupa juezas y jueces activos.

Cinco jueces fueron despedidos por haber cuestionado al Poder Judicial en cuanto a su falta de independencia y sus declaraciones políticas, para legitimar el golpe de Estado del 2009, calificándolo como ¨sustitución constitucional¨.

Dos de estos jueces Luis Alonso Chevez de la Rocha y Adán Guillermo López Lone, decidieron iniciar una huelga de hambre el 17 de Mayo del 2010 en la Plaza la Merced, con el fin de poner en evidencia la crisis que vive el sistema judicial.

También participaron José María Pineda, Gerson Medina y Pablo Munguía miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.

Coalición

Guillermo López miembro de la Coalición contra la Impunidad relato que la Coalición Contra la Impunidad surge en Abril del 2013, por todo el movimiento que se dio con la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto de la Republica.

La coalición tuvo una posición muy fuerte en cuanto a la forma de elección, alegaron que era ilegal por el adelanto de la fecha de la elección, consideraron que fue una maniobra del Partido Nacional para evitar que el nuevo Congreso los eligiera.

La conforman 25 organizaciones oficiales, pero con colaboración de otras suman cincuenta, han logrado conjuntar una red de sociedad civil, el MADJ tiene carácter red.

¨La Coalición es ya como un fenómeno dentro de la sociedad, la ventaja de que los profesionales del derecho nos organicemos es que nosotros estamos obligados a asumir un papel de carácter responsable, consiente a la construcción de la institucionalidad, tenemos los conocimientos de carácter legal y jurídico¨, manifestó el abogado.

Los mandatos de la Coalición son la defensa y promoción de los derechos humanos.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2994:profesionales-del-derecho-se-organizan&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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Situación de Honduras en la mira de altos funcionarios de EEUU

Thursday, 06 February 2014 20:04 Sandra Rodríguez
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Tegucigalpa.

Al menos 100 congresistas y 25 senadores estadounidenses están interesados en la situación de Honduras, derivaba por diferentes temas, incluso los ataques contra defensores y defensoras de  derechos humanos como Bertha Oliva, Víctor Fernández, y el ataque del coronel Alfaro contra Annie Bird, de Rights Action.

Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH y Víctor Fernández coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, fueron objeto de una campaña de odio y estigmatización, emitida por funcionarios y políticos, ante el malestar que les ha ocasionado la labor de denuncia realizada por ambos defensores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Congreso de los Estados Unidos en la ciudad de Washington, D.C, en octubre pasado.

Mientras que Annie Bird, co- directora de la organización defensora de derechos humanos, Rigths Action, fue señalada por el ex comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch, en el sector del Bajo Aguán, coronel German Alfaro, como una norteamericana que andaba haciendo algunas labores de desestabilización en el sector, al reunirse con grupos campesinos.

Entre otros temas, “Ellos están preocupados que el Departamento de Estado – de EE.UU.- no quieren hacer lo que quiere el Congreso”, declaró la investigadora de la Universidad de California, Danna Frank, experta en los temas de política exterior de su país, quien estuvo la semana pasada de visita en Honduras.

El año pasado, 94 congresistas solicitaron el cese de la ayuda económica del Departamento de Estado que es dirigida a la policía y al ejército de Honduras.

En una carta enviada el 12 de marzo a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, los congresistas denunciaron que los defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y de la oposición están sujetos a “amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales”.

Estados Unidos debe suspender su asistencia militar a Honduras, ante la ausencia de un serio compromiso para frenar los abusos de los derechos humanos, investigar los crímenes y enjuiciar a los responsables, dijeron en la misiva, encabezada por la legisladora demócrata de Illinois, Jan Schakowsky.

También enviaron otra carta antes de las elecciones, y hubo peticiones de congresistas, acerca de los temas de ataque contra defensores y persecución política, además de la militarización, y que se reflexionará sobre las elecciones en Honduras. Leer más

Sin embargo vimos a la Embajada de los EEUU entrometida en el proceso electoral, mientras unos Senadores y Congresistas denunciaban el miedo, los crímenes contra opositores políticos y liderazgos sociales, fue parte de los comentarios entre el periodista Félix Molina y Danna Frank, durante la entrevista.

Es increíble, expresó la investigadora de Universidad de California, en el sentido de soberanía nacional, el problema es que la embajadora Lisa Kubiski dijo la noche de las elecciones (24 de noviembre del 2013) que parecían transparentes, cuando había tanta evidencia de compra de votos con dinero, tarjetas, e intimidación policial y asesinatos de gente del partido Libertad y Refundación LIBRE, brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, y otros partidos en contienda.

Y más sorprendente, cuando el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, jefe de la embajadora Kubisky, una semana después de las elecciones, dijo, ´queremos saludarles y celebrar sus elecciones pacíficas’, después de tanta evidencia de asesinatos, lo que explicó Danna, fue un patrón de ataque, porque diez semanas después de las elecciones de noviembre pasado, paró el asesinado de gente de LIBRE.

¿Porque paró? Se preguntó la investigadora, cuándo continúan los demás del crimen común, para mí, es una cosa vergonzosa que mi gobierno ha dicho ese tipo de cosas, dijo Frank.

Pueblo debe conocer reformas y nuevas leyes

Danna, dijo que es necesario conocer el contenido de “la hemorragia legislativa”, referente a las  120 reformas y leyes en dos semanas, casi al finalizar el gobierno anterior, aplicadas en la Cámara Legislativa, “parece como animales en un parque, y no quiero insultar al pueblo hondureño, solamente al Congreso Nacional, hay gente que no sabe que hay en las leyes, porque aún no sale en La Gaceta, y no había debate, todavía votó gente de Co- Alianza, es increíble y peligroso”.

(El presidente de la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas, CO-ALIANZA,  Antonio Pineda Cano,  votó por proyectos a concesionar desde los puestos de las diputadas Geraldina González, Welsy Vásquez y German Leitzelar, en enero, durante una sesión extraordinaria del Congreso Nacional, incurriendo además en el delito de usurpación de funciones).

En cuanto a los patrones de militarización, es evidente el carácter constitucional dado a la Policía Militar de Orden Público, que inicialmente sólo era para las ciudades de San Pedro Sula Y Tegucigalpa, y ahora para toda Honduras.

Otro tema que debe interesar a la opinión popular, es la privatización, sub contratar servicios del Estado con empresa privada, eso va a destruir los sindicatos y gremios, pues con la privatización ya no hay bastante dinero para pagar los servicios públicos, y ahora los empresarios van a ser los dueños de estas instituciones tan básicas para cualquier sociedad (energía eléctrica, telefonía y agua).

Además, para sacar ganancias van a subir los precios y seguir varias políticas dentro de las instituciones para que haya más y más ganancias a futuro, explicó Frank, pues no van a querer dar servicios a aldeas lejanas, a modo de elevar el precio para llevar los proyectos de desarrollo social, eso destruirá comunidades donde hay tanta pobreza ¿y cómo va a pagar la gente más para electricidad o agua? Van a morir de hambre, aseguró la investigadora.

Las concesiones, también va ser una amenaza a los derechos de los pueblos indígenas, porque hay tierra indígena que quieren las empresas de minería, represas y habrá mayor represión a los habitantes de esas zonas, ya es horribles y será peor, porque el gobierno está dando derechos a recursos naturales sin consultar a la comunidad, y dará 200 sitios.

Y tenemos otro “gran demonio” es las ciudades modelos, no va a existir estado hondureño, cada vez hay más zopilotes, lugar de pura explotación de empresas transnacionales. Es un interés de los derechistas son unos modelos de Europa y EEUU sólo para la explotación de los trabajadores y del medio ambiente. Es como quieren agarra a su país en pedazos enteros.

En cuanto a militarización, dijo que EE.UU. usa la guerra contra el narcotráfico, como pretexto para intervenir en Honduras de manera militar, porque ha crecido no sólo la ayuda a militares y policías, sino la presencia directa de militares de EEUU y la DEA, todo en el marco de la guerra contra los narcos en América Latina, especialmente en Honduras, y esto puede ser peligroso, porque en esa “guerra” mataron a cuatro personas en Ahuás, a quienes una ley de estados unidos obliga al estado hondureño a indemnizar. Leer mas

Por un lado el gobierno de EE.UU. está muy comprometido en esta  guerra contra los narcos, aunque hay más personas en EE.UU. y América Latina, que no están de acuerdo con esta guerra armada contra los narcos, y dice que el problema está en el consumo marcado en EE.UU.

Incluso mandatarios de Guatemala y Colombia han manifestado que no está de acuerdo con esta manera de combatir el problema de los narcos.

En una entrevista concedida al periodista Félix Molina, la investigadora de la Universidad de california, Danna Frank, experta en los temas de política exterior de su país, quien estuvo la semana pasada de una visita en Honduras habló sobre varios temas y el panorama que le espera al país.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2963:situacion-de-honduras-en-la-mira-de-altos-funcionarios-de-eeuu&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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CIDH: Ordenan proteger a indígenas ambientalistas de Honduras

Domingo, 29 Diciembre 2013 22:24

La protección cautelar incluye  a líderes indígenas de la etnia tolupán que residen en las montañas del departamento de Yoro.

La protección cautelar incluye a líderes indígenas de la etnia tolupán que residen en las montañas del departamento de Yoro.
Tegucigalpa, Honduras

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) de Honduras, así como de sus familiares.

En total, la CIDH ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.
La solicitud de protección fue realizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)  y por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Esta última es una organización que lucha contra la corrupción y por la defensa de los recursos naturales, y está conformada por activistas de distintos sectores, incluyendo a líderes indígenas de la etnia tolupán que residen en la comunidad de San Francisco, Locomapa, ubicada en el departamento de Yoro, Honduras.

Los beneficiarios de las medidas de protección se han destacado por reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en los planes de manejo forestal de las zonas protegidas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF). Además, se han opuesto a la explotación minera indiscriminada en la zona.

Por estas y otras acciones en defensa del medio ambiente, los líderes tolupanes y el coordinador del MADJ, Víctor Fernández Guzmán, han sido víctimas de agresiones.

LLAMADO DE ATENCION
“Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH representan un llamado de atención para las autoridades hondureñas. En Honduras nos sentimos desprotegidos a la hora de defender nuestro derecho a un ambiente sano, y por tanto reclamamos que se nos brinde la seguridad para continuar con la labor de defensa”, manifestó Víctor Fernández Guzmán.

Marcia Aguiluz, directora del programa de CEJIL para Centroamérica y México destacó que “el Estado de Honduras debe atender a los diversos llamados internacionales y tomar acciones inmediatas para minimizar el riesgo que afecta a los defensores y las defensoras en el país”.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/noticias/cidh-ordenan-proteger-a-indigenas-ambientalistas-de-honduras?utm_source=nacionTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Denuncian presunta irregularidad en entrega de premisos de explotación

El subcoordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Víctor Fernández, denunció que se están otorgando permisos de explotación irregularmente.

Manifestó que debido a que existe presunta “irresponsabilidad de la institución en todos los proceso de entrega inmisericorde del territorio y de la riqueza natural del país y las aguas nacionales y los minerales pasan siempre por un proyecto de licenciamiento ambiental”, existe grupo que están analizando “presentar recursos de impugnación a muchas licencias ambientales”.

Al mismo tiempo denunció que “se entregaron esas licencias ambientales bajo mecanismos de corrupción”.

Por su parte, el Secretario General de Recursos Naturales, Rafael Canales, manifestó que no están entregando licencias ambientales.

Enfatizó que en el caso de la impugnación de un proyecto minero en la comunidad de Nueva Esperanza en Tela, departamento de Atlántida, “las concesiones no las da la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, si no que las a Inhgeomin (Instituto Hondureño de Geología y Minas)”.

Remarcó que Serna, únicamente autoriza el licenciamiento ambiental, en relación a la viabilidad o no de las normativas y su reglamento.

En ese sentido, dio que atenderán las peticiones de MADJ, para conocer las razones por las que aducen que se está causando contaminación.

Al mismo tiempo, Canales subrayó que Serna realiza un proceso de socialización de cada uno de los proyectos, tanto hidroeléctricos como mineros y que por lo tanto, “debe estar en su expediente respectivo una socialización, en conjunto con la Alcaldía y de la Comunidad”.

http://proceso.hn/2013/12/10/Nacionales/Denuncian.presunta.irregularidad/79340.html

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Defensores de derechos humanos expuestos a prácticas represivas del Estado

Defensores de derechos humanos expuestos a prácticas represivas del Estado
“El Estado de Honduras ha dicho que  los defensores de derechos humanos creemos que tenemos inmunidad para cometer  delitos y que eso es lo que nosotros le estamos invocando. Eso hay que  rechazarlo rotundamente porque no estamos apelando ninguna inmunidad o a  demandar impunidad. El ejercicio de los defensores de derechos humanos, es una  labor que supera el papel de los ciudadanos y ciudadanas y nos exponemos a las  prácticas represivas del Estado, entre ellas el discurso que nos viene  criminalizando”, dijo el abogado Víctor Fernández, coordinador del Movimiento  Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj.

Agregó que la raíz del problema es  por un conflicto que es generado por el mismo Estado de Honduras, por la  concesión de un rio que está en el pueblo lenca y que fue otorgado a una  empresa privada, violando los derechos del pueblo lenca, entre ellos el derecho  a ser consultados, disposición que está contemplada en instrumentos jurídicos  internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del  Trabajo, OIT.

Para el profesional del derecho, el Ministerio  Público y los Juzgados de Intibucá se acomodan para proteger a la empresa  Desarrollos Energéticos, S.A, pues es evidente que son los documentos de la  empresa y las declaraciones de sus empleados y no se escuchó a ninguno de los  habitantes de la comunidad de Rio Blanco, por lo tanto el Ministerio Público es  un instrumento que solo favorece los intereses de la empresa que criminaliza al  pueblo que se opone a la concesión donde se construye el proyecto  hidroeléctrico Agua Zarca y a los defensores de los bienes naturales.

“El Ministerio Público debería hacer  una investigación seria y rigurosa, que le asegure darle cabida a la denuncia y  saber que los acusados Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño también  tienen derecho en ese proceso orientada a establecer que los tres señalados son  miembros de una organización indígenas. No escuchó a ningún testigo de la  comunidad de Rio Blanco, por qué está opuesta al proyecto. Por tanto nuestra  afirmación, que el Ministerio Público es el instrumento que favorece los  intereses de la empresa, tiene peso porque lo delata su propia investigación”,  explicó Fernández.

Esa misma institución que acusa a  estos tres defensores de derechos humanos tiene una contradicción insalvable,  porque ha determinado que el alcalde de Intibucá,  lugar donde está asentada la comunidad lenca  de rio blanco, otorgó el permiso de operaciones de esta empresa violando el  derecho a la consulta libre, previa e informada de esa comunidad y por eso  acusó al alcalde. Además ese mismo Ministerio Público estableció que el vice  ministro de Recursos Naturales y Ambiente Jonatán Laínez, otorgó el  licenciamiento ambiental de ese proyecto violando el derecho a la consulta que  tiene el pueblo de Rio  Blanco. “Por  tanto, no se entiende como esa institución entra en ese tipo de contradicciones  e  incoherencias que lo evidencia  justamente lo que es, una institución que está al servicio de los grandes  intereses económicos del país”, indicó el abogado.

Las dos  acusaciones que están en contra de los funcionarios públicos por violar el  derecho de los pueblos indígenas están paralizadas. Sin embargo las acusaciones contra Berta, Aureliano y Tomás si tienen un gran nivel de persecución.

También le persiguen
La Coalición contra la impunidad  denunció esta semana que los defensores y defensoras de derechos humanos, entre  ellos el abogado Víctor Fernández y Bertha Oliva del Comité de Familiares y  Desaparecidos en Honduras, Cofadeh también están siendo objeto de una campaña  de odio y estigmatización, y que en  los últimos días varios funcionarios públicos y personajes políticos, a través  de medios de comunicación con líneas editoriales afines al gobierno de turno,  han expresado comentarios peyorativos y estigmatizantes en contra de la labor  de defensa de derechos humanos realizada por Berta Oliva, y Víctor Fernández,  Coordinador General del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Estas declaraciones de funcionarios y  políticos son generadas por el malestar que les ha ocasionado la labor de  denuncia que han realizado recientemente ambos defensores ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos y ante el Congreso de los Estados Unidos en  la ciudad de Washington, D.C, agrega el comunicado de la Coalición contra la  Impunidad.

“Desde la Coalición  Contra la Impunidad, condenamos enérgicamente estas declaraciones que incitan  al odio y colocan en una situación de extrema vulnerabilidad a nuestros  compañeros y exigimos al Estado hondureño que cumpla con su deber de protección  impulsando las acciones necesarias para evitar las posibles consecuencias  derivadas de estas reprochables actuaciones provenientes de funcionarios y políticos  de este país”

Fuente: http://tt.radioprogresohn.net/~rprog/multimedia/boletines_2013/boletin314/plantillacompleta/index.html#ir1

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Aclaración pública sobre las circunstancias del secuestro de dos observadores de PROAH en la comunidad de Nueva Esperanza

 Friday, 15 November 2013 18:05 Administrador

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Expresamos nuestra alta preocupación por declaraciones pronunciadas por representantes del Estado y otras personas participando en el programa de televisión Frente a Frente, en dos ocasiones: el 5 y el 12 de noviembre de 2013, acerca del secuestro de dos observadores del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), ocurrido el 25 de julio de 2013.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) se estableció en el país en septiembre de 2010, en respuesta al deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos después del golpe de estado de 2009. Su mandato es de brindar acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos. Es un proyecto de la ONG estadounidense Oficina de Amistad de las Americas (Friendship Office of the Americas).

El 25 de julio de 2013, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, de nacionalidades francesa y suiza, estaban visitando a la comunidad de La Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Esta comunidad lleva más de un año sufriendo persecución, incluso por parte de la policía y hombres contratados por la empresa Minerales Victoria, por su oposición pacífica a un proyecto de exploración minera otorgado por el Estado sin su consentimiento. Ese día, los observadores fueron raptados por dos horas y media por hombres de la minera, fuertemente armados. Este grave incidente fue denunciado legalmente y públicamente1 por las víctimas del secuestro. Amnistía Internacional emitió una alerta detallando los hechos.2

El 5 de noviembre pasado, el secuestro fue punto de debate público cuando el presentador del programa Frente a Frente se refirió a la reunión de Bertha Oliva del COFADEH3 y Victor Fernández del MADJ con miembros del Congreso de los Estados Unidos, donde ella mencionó el secuestro de observadores internacionales. El presentador del programa y sus invitados insistieron en no haber escuchado nada sobre el mencionado secuestro, y en base de esto y otros puntos, señalaron a Bertha Oliva, de hacer denuncias sin fundamento. El programa provocó un fuerte reclamo por parte de Human Rights Watch4, lo cual instó al gobierno de Honduras a “repudiar públicamente las críticas” y denunció “tácticas de descrédito que ponen en riesgo” a los líderes de la sociedad civil en el país.

Luego, el programa del 12 de noviembre otorgó al MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), organización que apoya a la comunidad de Nueva Esperanza,un espacio para que sus tres representantes, incluso Victor Fernández, pudieran responder a los señalamientos hechos en Frente a Frente la semana anterior, y exponer la situación de la comunidad y las circunstancias del secuestro. Además, fueron invitadas dos representantes del Estado.

Mientras se verificó que el secuestro sí había ocurrido, en vez de disculparse con Bertha Oliva por las acusaciones en su contra, en esta ocasión el presentador buscó justificar su ignorancia del caso declarando que pensaba que se refería a observadores electorales en lugar de observadores de derechos humanos.

Son sumamente preocupantes las declaraciones de Marcela Castañeda, Subsecretaria de Seguridad, aparentemente basadas en informes de la policía, que dan una versión errónea de los hechos. La Subsecretaria alegó públicamente que los observadores internacionales de PROAH, cuando fueron secuestrados, habían entrado “sin autorización” en una propiedad privada (presuntamente de la minera) para tomar fotos. Alegó también que fueron llevados en un carro hasta la posta de policía de Nueva Florida, y luego la policía organizó su viaje seguro a Tegucigalpa, insinuando que el rapto era posiblemente justificado, minimizando la gravedad del delito. Estas declaraciones son totalmente incorrectas. Además, tanto la Subsecretaria de Seguridad como Martha Sabillón, Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, declararon que todavía faltaba investigar los hechos. En realidad:

– Las investigaciones ya son tan avanzadas que la Fiscalía de la Ceiba ha emitido una orden de captura contra uno de los secuestradores, quienes son también responsables del hostigamiento a la comunidad. Lamentablemente, hasta la fecha, esta orden no ha sido ejecutada por la policía.

– Fueron los secuestradores que entraron sin autorización en propiedad privada, no los observadores. El 25 de julio de 2013, los observadores estaban acompañando a la familia de Concepción Gutiérrez, en vista de las amenazas que había recibido por parte de trabajadores de Minerales Victoria por resistirse a vender sus tierras a esta minera. Siete guardias de seguridad, fuertemente armados, llegaron a la propiedad de la familia, sin su permiso, amenazando a los dos observadores internacionales con sus escopetas. Fueron reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera. Tal fue la seriedad de las amenazas que la familia huyó de la comunidad el mismo día, después del secuestro de los observadores.

– Los observadores fueron forzados por los hombres armados a subir en su camioneta, y llevados a la comunidad de la Nueva Florida.

– Durante el rapto, uno de los secuestradores amenazó que si los observadores volvieran, les “perderían en el bosque” y otro que, si denunciaran los hechos, la comunidad “sufriría represalias.”

– Después de dos horas y media de captura, dejaron a los observadores en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am. Los observadores esperaron allí durante una hora hasta que una patrulla de policía los llevara a Tela, como consecuencia de las gestiones de emergencia realizadas por COFADEH y otros defensores de derechos humanos nacionales.

– Durante la entrada no autorizada y forzada a propiedad privada por parte de los hombres armados y en todo el transcurso del secuestro, la policía local no respondió a los llamados de emergencia que le hicieron miembros de la comunidad, a pesar que ambos observadores se habían presentado en la posta policial e informado sobre su presencia y labor en la comunidad el día anterior, cuando llegaron.

Recibimos las palabras de apoyo a defensores de derechos humanos por parte de Martha Sabillón. Sin embargo, observamos con una gran preocupación las declaraciones antes mencionadas sobre el secuestro, con la consecuencia de descalificar el trabajo legítimo de defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Cabe subrayar que hasta la fecha, no ha habido ninguna acción por parte del Estado para que cese el hostigamiento y la persecución a la comunidad de la Nueva Esperanza. Los hombres armados siguen atemorizando diariamente a la población indefensa.

1 Véase, por ejemplo, los artículos de PROAH sobre el asunto – Accion Urgente: Dos miembros de PROAH secuestrados por hombresarmados de la empresa minera en La Nueva Esperanza, La Nueva Esperanza: Hasta ahora una situación de impunidad flagrante y un artículo del periódico nacional El Tiempo Denuncian amenazas contra observadores internacionales

2 Amnistía Internacional Acción Urgente AU: 200/13 Índice: AMR 37/008/2013 Honduras, del 30.7.13

3 Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.

4 Human Rights Watch Comunicado del 8.11.13Honduras: Tácticas de descrédito ponen en riesgo a activistas

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:aclaracion-publica-sobre-las-circunstancias-del-secuestro-de-dos-observadores-de-proah-en-la-comunidad-de-nueva-esperanza&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Honduras: Hostigamiento contra los Sres. Bertha Oliva, Víctor Fernández y Aureliano Molina Villanueva

 Friday, 15 November 2013 17:50 Administrador

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones sobre actos de hostigamiento recientes en contra de la Sra. Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del abogado Víctor Fernández, Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) así como de su cliente, el Sr. Aureliano Molina Villanueva, también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH). Estos hechos ocurrieron días después de la revelación de un posible cable diplomático que habría sido emitido por la embajada de Honduras en Estados Unidos y en el que se desprestigiarían las recientes actividades llevadas a cabo en Washington por el Sr. Víctor Fernández y la Sra. Bertha Oliva.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 5 de noviembre de 2013, la Sra. Bertha Oliva fue objeto de persecución y seguimiento de su rutina. Ese día, cuando salía de las oficinas del COFADEH junto a otros miembros del personal, frente a las instalaciones de la organización circuló en forma sospechosa un vehículo, tipo Jeep, color negro, con vidrios polarizados, que dio varias vueltas a la manzana en una actitud de seguimiento, mientras los automóviles del personal del COFADEH se desplazaban hasta sus destinos. El vehículo regresó a la cuadra minutos después y se estacionó en la esquina, se bajó una persona, observó las instalaciones, abordó el carro nuevamente y se marchó, para regresar una tercera vez. El movimiento quedo grabado en las cámaras de seguridad y registrado por personal de seguridad del COFADEH.

Al día siguiente, el 6 de noviembre, un sujeto con apariencia de agente del Estado observó los movimientos de la Sra. Bertha Oliva mientras ésta estacionaba su vehículo en las inmediaciones de las oficinas del COFADEH. El individuo se trasladaba en una motocicleta sin placas.

Además, el 8 de noviembre de 2013, el automóvil del Sr. Aureliano Molina Villanueva fue seguido por dos coches Toyota Hi-Lux Type 3 sin números de matrícula, que pertenecerían a la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Ambos coches realizaron llamadas de faro incesantes al vehículo del Sr. Villanueva con el presunto objetivo de causar un accidente. El Sr. Villanueva se dirigía a la ciudad de Esperanza en el marco de la causa judicial que se le sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la DESA (ver antecedentes). Anteriormente, el 6 de noviembre, el Sr. Fernández fue seguido de una manera similar por un Toyota de color blanco.

Estos hechos ocurrieron después de que el 5 de noviembre de 2013, el anfitrión del programa televisivo “Frente a Frente” revelara la existencia de un supuesto cable diplomático que habría sido enviado al presidente hondureño por el embajador de Honduras en los Estados Unidos, y que contendría comentarios negativos sobre la Sra. Bertha Oliva y el Sr. Víctor Fernández, quienes realizaron recientemente una serie de actividades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Congreso de los Estados Unidos en Washington, donde criticaron el proceso electoral y la situación de los derechos humanos en Honduras. Además, el anfitrión del programa desacreditó a la Sra. Bertha Oliva, poniendo en duda la veracidad de sus declaraciones y cuestionando el secuestro temporal de dos voluntarios del Programa de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) en la comunidad de la Nueva Esperanza el 25 de julio de 2013, hecho que COFADEH había denunciado en su momento.

El Observatorio condena rotundamente los actos de hostigamiento contra la Sra. Oliva y los Sres. Fernández y Villanueva así como el desprestigio público de las actividades llevadas por la Sra. Oliva y el Sr. Fernández.

Antecedentes:

El 20 de septiembre de 2013, el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá dictó medida cautelar de prisión preventiva contra la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General del COPINH, y medida cautelar sometiendo a régimen de presentación cada quince días a los Sres. Tomás Gómez Membreño, integrante de la misma organización, y Aureliano Molina Villanueva, en la causa que se les sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la DESA. El Juzgado también les prohibió el acercamiento a la zona donde se produjeron los supuestos hechos delictivos. El 25 de septiembre, la defensa apeló esta decisión.

Desde el pasado mes de abril, el pueblo indígena Lenca, organizado por el COPINH, se está oponiendo pacíficamente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, ubicado en sus territorios ancestrales. El proyecto está implementado por las empresas transnacionales DESA, SINOHYDRO y el grupo FICOHSA, sin que se haya procedido a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, en clara violación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Honduras en 1995. La oposición a la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, así como a otros proyectos similares, ha ocasionado que varios integrantes del COPINH sufrieran una serie de amenazas, ataques y actos de hostigamiento, y más recientemente, denuncias judiciales e incluso asesinatos.

En respuesta a la movilización indígena, la zona fue militarizada, y el 15 de julio de 2013 fue asesinado el líder Lenca Tomás García, presuntamente por el ejército hondureño, durante una manifestación frente a las instalaciones de la represa. La empresa DESA y el Ministerio Público acusan ahora a la Sra. Bertha Cáceres y los Sres. Tomás Gómez y Aureliano Molina de haber incitado a los miembros de la comunidad Lenca a cometer los mencionados delitos y causar daños a la empresa. La Sra. Bertha Cáceres, quien es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya está sometida a otro proceso judicial desde el mes de mayo de 2013 por el presunto delito de “porte ilegal de arma”, que habría sido puesta en su vehículo y según afirma, no le pertenecía.

Este hostigamiento judicial se desató tras una reunión sobre el proyecto Agua Zarca, realizada con el Presidente de la República y el entonces Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, en la que no se llegó a ningún acuerdo con las comunidades pues el Gobierno hondureño sostuvo que en este caso, no tenía la obligación de aplicar el proceso de consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT.

Adicionalmente, cabe destacar que el Sr. Víctor Fernández y su hermano el abogado Martín Fernández, también han sido denunciados por instigación a delinquir por parte de la empresa minera La Victoria, tras haber investigado las supuestas irregularidades en su registro legal y actividades en el departamento de La Atlántida. El uso de esta figura penal, además de no estar fundamentado en hechos concretos, crea un precedente grave para los defensores de derechos humanos en el país, en la medida en que parece usarse para perseguir sus actividades de defensa.

Acción solicitada:

Por favor diríjanse a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

i.      Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Bertha Oliva, del Sr. Aureliano Molina Villanueva, del Sr. Víctor Fernández, así como de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
 
ii.     Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los actos de hostigamiento mencionados arriba, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
 
iii.   Velar por que se ponga fin a todo acto de hostigamiento y desprestigio en contra de la Sra. Bertha Oliva, el Sr. Víctor Fernández y el Sr. Aureliano Molina Villanueva, así como de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
 
iv.    Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
–        Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
–          Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente.”
–        Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”
 
v.       De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
 
Direcciones:
 
·       Sr. Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República, Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras. Fax: (+504) 2290 5010. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn; info@presidencia.gob.hn
·       Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa, Honduras. Fax: (+504) 2221 5667; E-mail: suazog@mp.hn; oscarfernando@me.com
·       Sra. Ana Pineda, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. E-mail: iquintanilla@sjdh.gob.hn
·       Sr. Arturo Corrales, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. E-mail: doriselsonity@hotmail.com
·       Sra. Ethel Deras, Procuradora General de la República. Fax: +504 2239 6182. E-mail: ederass@yahoo.com
·       Sr. Ramón Custodio López, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras C.A. Telefax: (+504) 2231 0204 / 2231 0882 / 2235 7697 / 2235 3532. E-mail: custodiolopez@conadeh.hn
·       Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. cedij@poderjudicial.gob.hn
·       Sr. Embajador Efraín Díaz Arrivillaga, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, Avenue de France 23, 1202 Geneva,, Suiza. Fax: (+41) 22 710 07 66. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
·       Embajada de Honduras en Bruselas, 3 av. Des Gaulois, 1040 Etterbeek, Bélgica. Fax: (+32) 2 735 26 26. E-mail: ambassade.honduras@chello.be

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
 
***
París-Ginebra, 15 de noviembre de 2013
 
Por favor infórmenos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de la FIDH, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
 
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
·       E-mail: Appeals@fidh-omct.org
·       Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
·       Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2848:honduras-hostigamiento-contra-los-sres-bertha-oliva-victor-fernandez-y-aureliano-molina-villanueva&catid=54:den&Itemid=171

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Bajo ataque

 Friday, 15 November 2013 17:59 Administrador

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Aunque Bertha Oliva sabe defenderse sola, como lo hizo en los últimos 30 años ante la dictadura civil del Partido Liberal y Nacional, en los últimos días un influyente senador, el jefe de los demócratas en Estados Unidos, habló  por ella.

“En la última semana, la cantidad de los ataques en su contra ha llegado a un nivel tan alto que nos causa mucha preocupación su seguridad”, dijo el senador Eliot Engel refiriéndose a la coordinadora del COFADEH, mientras hablaba ante el pleno de senadores.

Bertha asistió en la última semana a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en la capital estadounidense, y aprovechó para hablar con congresistas sobre la situación en Honduras.

Los pasos de ella fueron seguidos por personal de inteligencia de la embajada del golpismo en Washington, cuyo responsable es Jorge Ramón Hernández Alcerro, del lado oscuro del Partido Nacional.

El reporte confidencial que Alcerro envió a Porfirio Lobo sobre las entrevistas de Oliva en la capital del Imperio fue filtrado al periodista Renato Álvarez, quien ha utilizado el texto como catecismo de terrorismo mediático contra la defensora que le salvó su integridad física.

Renato atacó las supuestas expresiones políticas de Bertha contra la policía militar de Juan Orlando Hernández y de aprobación de la policía comunitaria que propone Xiomara Castro.

El periodista también atacó al abogado Víctor Fernández por denunciar el secuestro a mitad del año de dos observadores internacionales de derechos humanos, un suizo y una francesa, quienes sobrevivieron a los sicarios del minero Lenir Pérez, en Nueva Esperanza, Atlántida.

“Estos ataques que son por decir lo menos, alarmantes, deben parar” exclamó el senador Engel dentro del Senado, el miércoles anterior.

“Demando del gobierno hondureño que garantice la seguridad de Bertha y el personal del COFADEH, la más incansable organización de defensa de los derechos humanos en Honduras, así como la seguridad de todos y todas las defensoras de derechos humanos” dijo el líder demócrata estadounidense.

Bertha sabe defenderse sola, pero lo expresado por el senador es oportuno en tanto aquí en Honduras la campaña electoral en su fase final ha crispado extrañamente a los que son protagonistas del poder y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para impedir que el pueblo los desplace.

El político autor de la amenaza “voy a hacer lo que tenga que hacer para mantener la paz y la tranquilidad de Honduras” es el Presidente del Congreso y candidato a la presidencia del Ejecutivo, el mismo Juan Orlando Hernández quien arengó en la plaza pública contra el Cofadeh el día que pidió rango constitucional para su escuadrón PM.

Honduras no podrá recuperar un equilibrio en la gobernabilidad política y social, mientras sus dirigentes sean  al mismo tiempo integrantes de las mafias  que pervierten las instituciones públicas y utilizan los fondos nacionales para sus propios intereses.

El país ha llegado a un momento de decisión crucial. O se instala una dictadura militar asociada a los carteles del crimen organizado, o comienza la era del pueblo en el poder para redefinir nuevas reglas del juego democrático.

En esa decisión el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Pentágono deberían clarificar una sola posición, porque si persisten en su doble play aquí no habrá manera de seguir tomándolos en serio.

Editorial Voces contra el Olvido, sábado 16 de noviembre de 2013

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2849:bajo-ataque&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Condenan campaña mediática que busca desacreditar a reconocidos defensores de DDHH

 Friday, 15 November 2013 09:18 Marvin Palacios

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Tegucigalpa.

La Coordinadora de la Asociación para Una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA (APUVIMEH), Sandra Zambrano se mostró preocupada del nivel de indefensión en que se  encuentran  defensores y defensoras de derechos humanos a pocos días de las elecciones.

“Que nos queda, solo sumarnos al monitoreo de vigilancia tanto de las elecciones para ver si existen violaciones ese día o días posteriores, nos queda observar si policías y militares actúan con respeto hacia la sociedad, ojalá ellos puedan contribuir a la democracia y que no ocurran violaciones a los derechos humanos, porque de ello vamos a estar vigilantes”, aseguró Zambrano.

En torno al proceso electoral a pocos días de la fecha de las elecciones, la entrevista expresó que siente un ambiente hostil en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. “Nos preocupan los ataques que han hecho los detractores en contra de personas reconocidas del movimiento de derechos humanos”.

El clima mediático hostil de los medios de comunicación se ha manifestado cuando mi compañera Bertha Oliva se presenta junto con el compañero Víctor Fernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando las violaciones reiteradas como raptos, secuestros, amenazas en contra de defensores de derechos humanos
internacionales,  disparos y asesinatos en contra de personas del movimiento social en el Bajo Aguán, así como rapto a hijas de defensores de derechos humanos y tentativas de homicidio en contra de miembros  la comunidad lésbico, gay y transexual”.

Entonces al desnudar todos estos hechos deleznables y repugnantes de violación de derechos humanos hacia los defensores y defensoras en instancias internacionales, lo que se profundiza es un ataque en contra de reconocidos personajes ligados a la defensoría de la sociedad hondureña, destacó Zambrano.

Bertha Oliva y Víctor Fernández son defensores de la vida, con una trayectoria de más de 30 años, recalcó la entrevistada, al tiempo que demandó del Ministerio Público que se haga justicia en  el caso del defensor de derechos humanos Walter Tróchez y otros miembros de la comunidad lésbico, gay y transexual.

Proceso electoral

En torno al proceso electoral  Zambrano dijo que “nos preocupa realmente en el contexto nacional con las elecciones del presente año, porque es un clima en el cual nos sentimos un tanto nerviosas, pero a la vez con esperanzas para que pronto llegue un cambio que mejore la calidad de vida y la situación de inseguridad de la población en general y con énfasis de las poblaciones eternamente excluidas y vulnerables”, expresó la defensora de derechos humanos.

Zambrano mostró su preocupación al afirmar  que durante la actual campaña electoral se ha demostrado  que el bipartidismo está empecinado en continuar en el poder a toda costa.

La entrevistada reveló que Julio Cabrera, personaje que se abroga la representación de la sociedad civil tiene en su poder unas 3 mil acreditaciones para la observación internacional. “La impresión que nos da es que esto se ha politizado y que se está entregando acreditaciones del Tribunal Supremo Electoral a activistas políticos del gobierno de turno”.

Zambrano comentó que ellos como asociación solicitaron credenciales al organismo electoral para desempeñarse como observadores y se sorprendieron cuando fueron remitidos al edificio Orión cerca de la residencial Las Lomas, segundo piso para tramitar el documento.

“Ahí nos reciben y nos entregan un formulario para llenarlo con nuestros datos y vemos la foto del candidato del partido nacional, entonces notamos que no están en igualdad de condiciones el resto de organizaciones de sociedad civil a quienes se le están dando a cuenta-gotas las credenciales, por lo que las organizaciones sociales estamos en desbalance en condiciones desiguales, las organizaciones que representamos al pueblo como asociaciones de base, pero sí al clientelismo político del partido de Gobierno”, explicó.

Zambrano hizo un llamado a la Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público para que investigue esta denuncia. “Queremos que investiguen y que se apersonen al TSE para verificar esta situación que yo estoy denunciando en este momento y que realmente esta persona (Julio Cabrera), utilizando una plataforma dizque de sociedad civil, se esté llevando por encuentro a las organizaciones que realmente queremos hacer la observancia de las elecciones”.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2847:condenan-campana-mediatica-que-busca-desacreditar-a-reconocidos-defensores-de-ddhh&catid=71:def&Itemid=166

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Coalición contra la impunidad: en defensa de Bertha Oliva y Víctor Fernández

Monday, 11 November 2013 14:41 Administrador
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Desde la Coalición contra la Impunidad, instancia que aglutina a  más de veinte organizaciones, entre estas el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (COFADEH) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) a las cuales pertenecen los compañeros Berta Oliva y Víctor Fernández, actualmente objeto de una campaña de odio y estigmatización, al respecto expresamos:

PRIMERO: Según la Declaración sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, los Estados tienen la obligación de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor. Consecuente con este enunciado, Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos expresó, en conferencia de prensa realizada el 7 de febrero de 2012 en la sede de Naciones Unidas, con ocasión de su visita a Honduras lo siguiente:

“Me preocupa que funcionarios públicos, incluyendo altos funcionarios del Estado, han ofrecido declaraciones públicas que estigmatizan a los defensores de derechos Humanos”

SEGUNDO: No obstante lo anterior, en los últimos días varios funcionarios públicos y personajes políticos, a través de medios de comunicación con líneas editoriales afines al gobierno de turno, han expresado comentarios peyorativos y estigmatizantes en contra de la labor de defensa de derechos humanos realizada por la compañera Berta Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y del compañero Víctor Fernández, Coordinador General del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

TERCERO: Estas declaraciones de funcionarios y políticos son generadas por el malestar que les ha ocasionado la labor de denuncia que han realizado recientemente ambos defensores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Congreso de los Estados Unidos en la ciudad de Washington, D.C. Acciones que están enmarcadas dentro del derecho y el deber de nuestros compañeros de promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales por lo que no pueden producirse acciones de represalia en su contra como es el hecho de ser expuestos al repudio popular por las declaraciones antes mencionadas.

CUARTO: Estos hechos no hacen más que evidenciar que lo denunciado por Víctor Fernández y Bertha Oliva, en el sentido de que en Honduras vivimos en un clima de militarización, intimidación y de constantes violaciones de derechos humanos, es totalmente cierto.

QUINTO: Condenamos enérgicamente estas declaraciones que incitan al odio y colocan en una situación de extrema vulnerabilidad a nuestros compañeros y exigimos al Estado hondureño que cumpla con su deber de protección impulsando las acciones necesarias para evitar las posibles consecuencias derivadas de estas reprochables actuaciones provenientes de funcionarios y políticos de este país.

¡!Alto a la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos!!

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris – Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) – Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) – Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) – Centro de Derechos de Mujeres (CDM) – Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) – Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas – Colectivo Unidad Color Rosa – Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Comité por la Libre Expresión C-Libre – Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral – Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva – Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) – Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH – Foro de Mujeres por la Vida – Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) – Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) – Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” – Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” – Red Nacional de Defensoras – Tribuna de Mujeres contra los Femicidios

Fuente: http://ww.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2840:coalicion-contra-la-impunidad-en-defensa-de-bertha-oliva-y-victor-fernandez&catid=71:def&Itemid=166

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HONDURAS: SE PROFUNDIZA PERSECUCIÓN CONTRA VICTOR FERNÁNDEZ COORDINADOR DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

viernes, 8 de noviembre de 2013

El Movimiento Amplio Por La Dignidad y La Justicia (MADJ) denuncia la persecución e intimidaciones de las que está siendo víctima nuestro compañero Víctor Fernández Guzmán, Coordinador General del MADJ. Ya que el día miércoles 6 de noviembre el abogado Fernández viajaba  de Tegucigalpa  hacia San pedro Sula, luego de participar en la conferencia de Prensa del lanzamiento “Honduras Debate”, espacio de varias organizaciones que realizan propuestas de Políticas Públicas para que sean incorporadas por los Partidos Políticos. Asimismo, realizó gestiones ante distintas  Fiscalías del Ministerio Publico relacionadas con las denuncias que El MADJ a interpuesto por concesiones mineras, amenazas e intimidaciones a líderes de Atlántida; en su regreso fue objeto de persecución desde el desvío a Santa cruz de Yojoa hasta delante de Villanueva, Cortés por un vehículo blanco, Hilux, doble cabina y sin placa.
Estas acciones de intimidación no son aisladas, pues Víctor Fernández junto a su hermano Martin Fernández, también miembro de la Coordinación Nacional del MADJ,  ha sido criminalizado mediante  denuncia interpuesta por “La Sociedad Mercantil la Victoria” en la cual, se le acusa de incitar a la población de Nueva Esperanza a oponerse a la explotación minera.
Recientemente, el candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández ha incitado al odio en contra del abogado Víctor Fernández Coordinador del MADJ y Berta Oliva  directora del COFADEH, como reacción a la participación de ambos defensores de los Derechos Humanos en la Conferencia de Prensa y reuniones desarrolladas con Senadores del gobierno de los Estados Unidos, realizadas en el marco del 149 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
Igualmente, el empresario de La Sociedad Mercantil La Victoria que ejecuta explotación minera en Nueva Esperanza Tela, Atlántida habría advertido que si hablaban sobre la violación a Derechos Humanos de la mina en el Sector Nueva Esperanza se las iban a ver con él, refiriéndose a la participación que el abogado Fernández tuvo en la Audiencia sobre Megaproyectos y el Derecho de Consulta  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, el Abogado Víctor  Fernández, es el defensor de Berta Cáceres, Tomas Gómez, Aureliano Molina y Magdalena Morales dirigentes, defensores de los bienes naturales en su lucha por la tierra y contra el concesionmiento de bienes comunitarios, víctimas de la persecución judicial por las empresas hidroeléctrica DESA- SINOHIDRO y empresarios latifundistas.
Por tanto, denunciamos que todas estas acciones de intimidación y amenazas a nuestro compañero son parte de una estrategia orquestada desde el gobierno mediante la inteligencia militar desplegada en el país para la persecución a defensores de Derechos Humanos y denunciamos la operación Libertad desplegada en la zona Centro Occidental del País que esta orientada a defender los intereses de empresas hidroeléctricas y mineras que tienen intereses en los departamentos de Santa Bárbara,  Intibucá, Cortés y Comayagua.
El Movimiento Amplio Por La Dignidad y la Justicia demanda al Estado de Honduras que cumpla con el deber de respetar los Derechos Humanos del pueblo hondureño y que se implementen mecanismos que garanticen la vida de los defensores de los bienes Naturales que hoy están siendo víctima de todo tipo de violaciones a sus derechos.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ratifica su posición de lucha contra la Corrupción en todas sus expresiones y a favor de los pueblos  históricamente oprimidos por el sistema político, económico y social;  desde la participación y el luchar activo y pacífico de la ciudadanía.
Dignidad y Justicia.
“Solo el pueblo Salva al pueblo”
http://www.madj.org
Facebook: movimientoporladignidad@gmail.com

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Honduras: Tácticas de descrédito ponen en riesgo a activistas

Debe garantizarse el derecho a expresar opiniones sobre la situación de derechos humanos y las elecciones

        8 de Noviembre de 2013

Si el cable es genuino, representaría un cínico desprecio por parte de un funcionario hondureño ante los derechos y el bienestar de líderes de comunidades de base en un país afectado por la violencia política.

                    José Miguel Vivanco, director para las Américas

(Nueva York) – Los funcionarios del gobierno hondureño deberían repudiar públicamente las críticas vertidas recientemente contra dos líderes de organizaciones no gubernamentales, señaló hoy Human Rights Watch. Los funcionarios deberían garantizar el derecho a informar abiertamente violaciones de derechos humanos y expresar opiniones e inquietudes con respecto a las elecciones que se celebrarán próximamente en el país.

El 5 de noviembre de 2013, durante una edición del programa de debates de la televisión hondureña “Frente a Frente”, el anfitrión, Renato Álvarez, leyó un supuesto cable diplomático que se había filtrado y que habría sido enviado por el embajador de Honduras en Estados Unidos, Jorge Ramos Hernández Alcerro, al Presidente Porfirio Lobo. El supuesto cable contenía comentarios negativos sobre la participación de estos  líderes en una reunión ante el Congreso en Washington. El gobierno de Lobo no ha negado ni confirmado la autenticidad del cable.

“Si el cable es genuino, representaría un cínico desprecio por parte de un funcionario hondureño ante los derechos y el bienestar de líderes de comunidades de base en un país afectado por la violencia política”, comentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Con independencia de cuál sea su origen, el gobierno debería repudiar de manera inequívoca los comentarios expuestos en el cable y enfatizar que el derecho a la libertad de expresión incluye la manifestación de críticas sobre el proceso electoral y las condiciones de derechos humanos, ya sea en Honduras o ante miembros y personal del Congreso de Estados Unidos”.

En el programa, Álvarez dijo que el presunto cable contenía un análisis de una reunión organizada el 29 de octubre en Washington, que fue copatrocinado por un bloque del congreso estadounidense y en el cual se abordaron temas vinculados con las próximas elecciones en Honduras y El Salvador. Las elecciones en Honduras están programadas para el 24 de noviembre.

Entre los panelistas se encontraban los coordinadores de dos organizaciones no gubernamentales de derechos humanos hondureñas: Bertha Oliva del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), una organización destacada de derechos humanos, y Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una organización que se dedica a combatir la corrupción.

En la transmisión, el anfitrión del programa leyó numerosos párrafos del supuesto cable, incluido el siguiente: “con la participación de Bertha Oliva y Víctor Fernández queda comprobada la conspiración de ONGs y hondureños contra el proceso electoral en Honduras”.
El presunto cable también contenía un resumen de los comentarios formulados por Bertha Oliva en el panel, incluido el señalamiento de que en Honduras las violaciones de derechos humanos, la corrupción y la impunidad eran fenómenos generalizados y que se había perseguido a miembros de un partido político de oposición. El cable también indicaba que en la mencionada reunión Bertha Oliva había expresado la necesidad de que Honduras se apartara del sistema político bipartidista.

Tras leer partes del supuesto cable, el anfitrión pidió que cuatro invitados al programa aportaran sus comentarios. Tres son candidatos que competirán por bancas en el Congreso en las próximas elecciones y el otro ya ocupa actualmente un escaño en el Congreso y se postula a reelección. Los cuatro criticaron severamente los comentarios de Bertha Oliva y la desacreditaron por haber expresado su opinión con respecto a las elecciones.

Es común que defensores de derechos humanos en Honduras sean objeto de persistentes actos de violencia y amenazas. Tras el asesinato en septiembre de 2012 del reconocido defensor de derechos humanos y abogado Antonio Trejo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, indicó: “Existe un clima amenazante de inseguridad y violencia en Honduras, y los defensores de derechos humanos son blanco de amenazas, intimidación, agresiones físicas y asesinatos. La impunidad ante estas violaciones es inaceptable”. La Alta Comisionada también exhortó al gobierno de Honduras a “adoptar urgentemente medidas para hacer frente a la vulnerabilidad que sufren los defensores de derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado en dos oportunidades medidas  “cautelares” de protección en favor de Bertha Oliva.

“Expresar opiniones sobre asuntos de importancia nacional, ya sean las condiciones de derechos humanos o las alternativas políticas, es un aspecto elemental de una sociedad democrática y un derecho que debería ser plenamente garantizado por el gobierno”, opinó Vivanco. “Tergiversar la manifestación de opiniones para sugerir que pretenden atentar contra el proceso electoral, especialmente en un contexto en que los líderes de la sociedad civil están ya expuestos a amenazas y agresiones, no hace más que agravar los riesgos que estos enfrentan”.

Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2013/11/08/honduras-tacticas-de-descredito-ponen-en-riesgo-activistas

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Honduras: Smears Put Activists at Risk

Protect Right to Express Views on Rights, Elections
        November 8, 2013

If the cable is real, it would show a cynical disregard by a senior Honduran official for the rights and welfare of community leaders in a country afflicted by political violence.

                    José Miguel Vivanco, Americas director

(New York) – Honduran government officials should publicly repudiate recent criticism of two leaders of nongovernmental organizations (NGOs), Human Rights Watch said today. The officials should protect the right to speak out about human rights abuses and to express opinions and concerns about the country’s upcoming elections.

On a November 5, 2013 episode of the Honduran television talk show “Frente a Frente,” the host, Renato Álvarez, read from what he said was a leaked diplomatic cable sent by Honduras’s ambassador to the United States, Jorge Ramos Hernández Alcerro, to President Porfirio Lobo. The alleged cable contained negative comments about the leaders’ participation in a panel discussion in Washington. The Lobo administration has neither affirmed nor denied the authenticity of the cable.

“If the cable is real, it would show a cynical disregard by a senior Honduran official for the rights and welfare of community leaders in a country afflicted by political violence,” said Jose Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch. “Whatever its provenance, the government should unequivocally repudiate the views the cable expresses and emphasize that the right to free expression includes criticizing the electoral process and human rights conditions, whether it be in Honduras or before members and staff of the US Congress.”

On the program, Álvarez said that the alleged cable provided analysis of an October 29 panel discussion in Washington co-sponsored by a United States congressional caucus about the upcoming elections in Honduras and El Salvador. The Honduran elections are scheduled for November 24.

Among the panelists were the coordinators of two Honduran NGOs: Bertha Oliva of the Committee of the Relatives of the Disappeared in Honduras (COFADEH), a human rights group, and Victor Fernandez of the Broad Movement for Dignity and Justice (MADJ), an organization dedicated to fighting corruption.

In the broadcast, the show’s host read at length from the alleged cable, including the following sentence: “The participation of Bertha Oliva and Victor Fernandez proves the conspiracy of NGOs and Honduran people against the electoral process in Honduras.”

The alleged cable also summarized Oliva’s comments on the panel, including that human rights violations, corruption, and impunity are widespread in Honduras and that members of an opposition political party had been persecuted. The cable also noted that Oliva had called during the panel for a break from the two-party political system in Honduras.

After reading from the alleged cable, the host asked the four guests on the program for their comments. Three of them are candidates for congressional seats in the upcoming election, and the other is a current member of congress running for re-election. All four strongly criticized Oliva’s comments and disparaged her for expressing her views about the election.

Human rights defenders in Honduras are subject to persistent violence and threats. Following the September 2012 killing of a prominent human rights defender and lawyer, Antonio Trejo, the UN high commissioner for human rights, Navi Pillay, said: “There is a menacing climate of insecurity and violence in Honduras, and human rights defenders have been targets of threats, harassment, physical assault, and murder. The impunity that surrounds these violations is unacceptable.” The high commissioner also called on the government of Honduras to “urgently adopt measures to address the vulnerability of human rights defenders.”

Oliva has twice been granted “precautionary” protection measures by the Inter-American Commission on Human Rights Commission, in 1999 and 2009.

“Voicing opinions on issues of national importance – whether human rights conditions or political choices – is a critical part of a democratic society and a right that should be fully protected by the government,” Vivanco said. “Mischaracterizing the expression of opinions as an effort to undermine the electoral process, particularly in an environment where civil society leaders already face threats and attacks, only puts them at greater risk.”

Fuente: http://www.hrw.org/news/2013/11/08/honduras-smears-put-activists-risk

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HONDURAS / Denuncia Pública: Continua hostigamiento contra el compañero Víctor Fernández.(ayer 06-11-13) // Continua desnudándose las ilegalidades de DESA / Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca:Firmas Falsas Rio Blanco‏

jueves, 7 de noviembre de 2013

El día de ayer 06 de noviembre del 2013 y posterior a una reunión de seguimiento a los casos del COPINH con relación a la situación de Río Blanco y la judicialización de tres dirigentes de la organización: Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño; pasadas las seis de la tarde,  el abogado Víctor Fernández, defensor del COPINH, y su acompañante, fueron perseguidos en la carretera hacia San Pedro Sula, hasta la altura de Villanueva, Cortés, por un carro Toyota hi-lux, blanco, doble cabina, 3.0 sin placa. Este vehículo se mantuvo detrás del carro del abogado apagando y encendiendo las luces durante un sector importante del trayecto desde Santa Cruz de Yojoa, evidenciando claramente su presencia y persecución  detrás del vehículo del abogado Fernández.

Alertamos que estos actos son parte de la campaña sistemática de persecución, intimidación y agresión contra el COPINH y sus miembras y miembros; y otras luchadoras y luchadores sociales. En los últimos días, en los medios de comunicación de la oligarquía se han hecho ataques directos contra Berta Cáceres y  Víctor Fernández, igualmente sectores políticos han atacado públicamente la intervención del abogado ante la CIDH por el caso del Pueblo Lenca de Río Blanco y la persecución política y judicial contra el COPINH, igualmente por los casos del Pueblo Tolupan de Locomapa Yoro y comunidades en lucha contra las mineras en Atlántida, pertenecientes al MADJ.
El compañero Fernández es también  coordinador del MADJ, quien también ha sido acusado y amenazado por defender los bienes de la naturaleza, además representa y ha representado legalmente a varias organizaciones y sus luchas territoriales e indígenas. El día de ayer también estuvo realizando gestiones ante el Ministerio Público de defensoría de causas del COPINH.
¡A mas represión, mas lucha y organización!
¡Condenamos la impunidad,  la política  y sus mecanismos de terror en contra de las luchadoras y luchadores sociales!
Dado en Intibucá, a los 07 del mes de noviembre del 2013.
Coordinación General del  COPINH


escuchenos en vivo:
http://giss.tv:8000/guarajambala.mp3.m3u
web:  copinh.org
blog:  copinhonduras.blogspot.com
fb:     Copinh Intibucá
twitter: @COPINHHONDURAS

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Continua desnudándose las ilegalidades de DESA / Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca:Firmas Falsas Rio Blanco‏

 En Septiembre de 2010 la concesión del río Gualcarque en el departamento de Intibucá, fue otorgada por parte del Congreso Nacional, con el aval de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA, a la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima DESA, inicialmente otorgada por un periodo de 20 años.

La protesta indígena en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la región lenca de Río Blanco Honduras, ha sido criminalizada por parte del estado

Las comunidades indígenas donde se van a desarrollar los proyectos no fueron consultadas, violando el convenio 169 de la OIT que Honduras suscribió . El cual otorga a los pueblos indígenas el derecho a la autodeterminación, información y la consulta previa en los procesos de desarrollo que los afecten. 

El modus operandi estatal, comprende obtener de manera ilegal el consentimiento de las comunidades afectadas, usando sobornos, presiones, amenazas y falsificación de documentos, para simular la obtención de los permisos por las comunidades en cuestión, tal y como es el caso de la comunidad indígena de Rio Blanco.

VER AQUÍ

http://vimeo.com/78375391

escuchenos en vivo:
http://giss.tv:8000/guarajambala.mp3.m3u

web:  copinh.org
blog:  copinhonduras.blogspot.com
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twitter: @COPINHHONDURAS

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Bertha Oliva denuncia a Honduras en Congreso de Estados Unidos

08:17
01
Noviembre
2013
Tegucigalpa/Washington. Una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre los procesos electorales de Honduras y El Salvador fue aprovechada por la titular del Comité de Familiares de detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, para hacer campaña por Libre indicando que lidera las encuestas y es la “esperanza de romper el bipartidismo”.

En la audiencia que fue pública, ante legisladores estadounidenses y activistas de organizaciones no gubernamentales, Oliva afirmó que Honduras es un Estado “corrupto, impune y criminal” y que hay persecución a la oposición, que de acuerdo a su persona la encarna Libre.

 

También participó Víctor Fernández, en nombre del Movimiento por la Dignidad y la Justicia, quien denunció la militarización de la sociedad y criticó la presencia de los militares en las vías públicas, así como cargo contra el candidato presidencial del partido Nacional, Juan Orlando Hernández.

Bertha Oliva

La Señora Oliva expresó que Honduras se encuentra en una emergencia en el tema de Derechos Humanos, una situación que califico de insostenible.

Agregó que Honduras es un país impune y corrupto y califico a las instituciones de deplorables.

Asimismo, dijo que hay una lista de miembros de la oposición que son perseguidos

Según Oliva las casas de los dirigentes opositores son allanadas e indicó que los dirigentes humanitarios con su papel soportan amenazas.

Según Berta Oliva el mensaje del candidato nacionalista “voy hacer lo que tenga que hacer” envía señales de terror y miedo y causa confusión en la población”.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/11/01/Pol%C3%ADtica/Bertha.Oliva.denuncia/77370.html

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