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Honduras a un paso de tres nuevas condenas internacionales

01 Mar 2015 / 10:32 PM / Dagoberto Rodríguez

CIDH dictará próximamente sentencia en juicios por violaciones a derechos humanos.

La CIDH se apresta a dictar sentencia en tres demandas interpuestas contra el Estado de Honduras.
La CIDH se apresta a dictar sentencia en tres demandas interpuestas contra el Estado de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.

Al menos seis demandas enfrenta el Estado de Honduras en diferentes cortes internacionales y en tres de estas está a un paso de recibir nuevas condenas por presuntas transgresiones a los derechos fundamentales de las personas.

Tres de los juicios se ventilan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los tres restantes en tribunales de Estados Unidos, confirmó a LA PRENSA el subprocurador general de la República, Jorge Abilio Serrano.

En uno de los arbitrajes, uno de los demandantes exige una indemnización de más de 300 millones de dólares por violaciones a derechos ancestrales de propiedad desde principios del siglo pasado.

Históricamente, el Estado hondureño tiene en su haber un rosario de juicios por contravenciones a los derechos fundamentales que en la mayoría de los casos han resultado desfavorables, condenándolo al pago de millonarias indemnizaciones.

Uno de los seis juicios activos en este momento está relacionado con la separación en 2009 de cuatro jueces de los tribunales de justicia; pero también existe una denuncia en curso en el sistema interamericano por la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El primero de los casos se refiere al supuesto despido arbitrario de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la exmagistrada Tirza Flores Lanza, hermana del exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, en 2009.

Los funcionarios judiciales fueron despedidos por manifestarse en contra de la destitución del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, en junio de 2009.

A principios de febrero de este año, la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, concluyó el juicio y convocó para este 3 de marzo a las partes para presentar sus conclusiones por escrito y luego dictar su fallo.

El otro caso que se ventila en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, es la separación en 2012 de los magistrados de la Sala Constitucional Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz por parte del Congreso Nacional.

Los afectados acudieron al Sistema Interamericano alegando una serie de violaciones a derechos humanos y preceptos constitucionales. Este asunto se encuentra en proceso de admisibilidad en la CIDH y es casi un hecho que pasará a juicio ante la Corte Interamericana.

La exmagistrada Rosalinda Cruz detalló que su demanda se encuentra en proceso de estudio en la Comisión y posteriormente se procederá a solicitar un informe al Estado de Honduras de los motivos que dieron lugar a su destitución y la de sus tres compañeros. Dijo que el caso lleva más de dos años de haberse presentado. No obstante, indicó que la demanda tiene amplias posibilidades de prosperar en vista que existe jurisprudencia sobrada en casos similares llevados ante la Corte Interamericana y otras cortes europeas.
Puso como ejemplo el caso de los cuatro jueces destituidos en 2009 y dijo que si este juicio es resuelto favorablemente a los demandantes, es casi un hecho que ocurrirá lo mismo con ellos porque aquellos fueron nombrados, mientras que los magistrados de la Sala Constitucional destituidos surgieron de una elección de segundo grado.

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Otras demandas

También la CIDH se pronunciará próximamente sobre las demandas interpuestas por las comunidades garífunas del Triunfo de la Cruz y Punta de Piedra en el departamento de Atlántida.

En el año 2003, la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) interpuso una denuncia ante la CIDH en relación con los despojos de propiedad y violaciones a los derechos humanos en detrimento del territorio y pueblo afrodescendiente, específicamente en las dos poblaciones.

El subprocurador indicó que las demandas de las comunidades garífunas están pendientes de sentencia, pues ya concluyó la etapa de presentación de alegatos por escrito y la Corte solicitó las aclaraciones, observaciones y autos para proceder a dictar su fallo.

En el caso de los jueces destituidos, indicó que esta semana están convocados para formular los alegatos por escrito y luego se pasará a dictar la sentencia.

Probabilidades

Serrano reconoció que históricamente las sentencias de la CIDH han sido desfavorables al Estado, por lo que puede ocurrir lo mismo en estos casos, aunque la Procuraduría ha hecho todo lo que compete para evitar que sean negativos.

“La experiencia en el sistema interamericano es que los casos que llegan a la CIDH son muy remotas las probabilidades de ganarlos y hasta la fecha los Estados solo han ganado dos casos desde 1979, año en el que se creó la Corte”, refirió.

Los juicios que se ventilan en cortes de EUA están activos y uno de ellos resultó favorable al Estado de Honduras.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/816281-417/honduras-a-un-paso-de-tres-nuevas-condenas-internacionales

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Derechos humanos Honduras: Recuerdan que gobierno no ha cumplido a Consejo de la ONU

lunes, 16 de febrero de 2015

Miembros de la comunidad LGTB asistieron a escuchar la conferencia de los representantes de la Plataforma EPU Honduras.
Tiempo.hn/  Domingo, 15 Febrero 2015 – 22:15 SAN PEDRO SULA-
Más de cincuenta organizaciones, agrupadas en la Plataforma EPU Honduras, denunciaron que las violaciones a los derechos humanos, la impunidad y la violencia “se han agravado” y el gobierno, en lugar de fortalecerlas, ha degradado a las instituciones defensoras.
La denuncia la formularon a ocho días de haber terminado el plazo que el gobierno de Honduras tenía para enviar a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la situación en el país.
“Terminó el plazo  para que gobierno hiciera consultas y presentara el informe. Hasta la fecha, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, no conocemos el informe”, dijo Tirza Flores, miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) quien participó en una conferencia de prensa, la semana anterior.

Flores, Juan Mejía, representante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Mario Chichilla, miembro de Caritas, y Javier Tejada, presidente de la comunidad LGTB y personas con VIH, y Carolina Sierra, coordinadora del Foro Mujeres por la Vida, denunciaron “la gravedad” en una conferencia de prensa realizada en el Hotel Sula.

Las organizaciones hacen las críticas y las advertencias porque el Estado de Honduras, representado por funcionarios del gobierno, deberá comparecer el próximo 8 de mayo al segundo Examen Periódico Universal  (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.

Flores aclaró que las organizaciones reconocen que el actual gobierno ha creado instituciones y ha reformado leyes, no obstante, estas acciones no han surtido el efecto esperado para cumplir las 129 recomendaciones que el 4 de noviembre de 2010 le formularon para disminuir las violaciones a los derechos humanos.

En mayo, según los miembros de esas organizaciones, al comparecer en Ginebra, los representantes del gobierno de Honduras llevarán como temas la aprobación del femicidio, la creación del Consejo de la Judicatura, la reducción de la tasa homicidios por cada 100 mil habitantes, y acusarán a los activistas de derechos humanos de denigrar la imagen del país.

“El Estado ha comenzado a enfilar las baterías en contra de nuestras organizaciones, dice que estamos manchando la integridad del país. La lucha de los derechos humanos es a favor de la vida y contra la muerte”, dijo Juan Mejía en la conferencia.

Según los miembros de esa plataforma, la administración actual, para el caso, degradó el estatus de la Secretaría de Derechos Humanos al convertirla en subsecretaría. Igualmente sucedió al eliminar el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa) y abrir la Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

AMENAZA A LA SALUD
Javier Tejada, presidente de la comunidad LGTB y personas con VIH, dijo en la conferencia que el nuevo sistema de salud que promueve el gobierno amenaza los derechos humanos porque limita el acceso a la medicina a pacientes de ciertos tipos de enfermedades.

“Nos da temor la estructura de salud que viene. Afectará a los pacientes con VIH, diabetes, a los enfermos renales y con cáncer porque habrá un encarecimiento de los medicamentos”, dijo.
El 14 y 15 de enero, según Tejada, al visitar Honduras, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, “vio los destrozos que hay en el país y las violaciones a los derechos humanos que se están dando”.

http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/19463-derechos-humanos-recuerdan-que-gobierno-no-ha-cumplido-a-consejo-de-la-onu

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Corte IDH podría condenar a Honduras y sentar un verdadero precedente de independencia judicial

Feb 06, 2015

La Corte Suprema en Honduras, CSJ abusó de su poder, trasgredió obligaciones internacionales y de su propia legislación, para dejar un precedente: si desafían al poder, si actúan de forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados porque en el poder judicial no hay cabida para la crítica.

Así describió el accionar del Poder Judicial en Honduras, Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), en el caso de los tres jueces y una magistrada destituidos luego de denunciar las violaciones y arbitrariedades ocurridas en el marco del golpe de Estado de 2009.

Los días 2 y 3 de febrero, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llamaron al Estado de Honduras, a través de la audiencia del caso López Lone y otros vs. Honduras,  a adoptar medidas prontas que garanticen jueces y juezas independientes y así lograr que todas las personas en el país tengan acceso a la justicia.

El juicio se abrió escuchando a las víctimas y peritos, quienes dieron sus opiniones en estos despidos que tienen una vinculación  directa con la aplicación de justicia en Honduras. En la comparecencia el abogado Guillermo López Lone, una de las víctimas del caso, se refirió a los despidos arbitrarios que sufrieron él y los jueces Luis Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios, así como también la magistrada Tirza Flores.

Ese primer día la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió la opinión experta de tres peritos. El señor Antonio Maldonado, abogado y ex asesor en materia de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, habló sobre el contexto de restricción de derechos humanos que caracterizó el golpe de Estado y sobre el rol que jugaron las máximas autoridades de diversas instituciones responsables de garantizar derechos humanos en dicho escenario.

Otra de las opiniones que recibieron los siete jueces que conforman  la Corte IDH, fue la de Leandro Despouy, ex Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, quien explicó que los despidos de los jueces y la magistradas están ligados a la violación al derecho de la libertad de expresión, ya que se les sancionó por la denuncia y las opiniones vertidas, lo que se convierte en caso de censura indirecta.

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El Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España, declaró ante la Corte sobre las garantías que deben cumplir los procesos contra jueces y juezas y sobre los derechos y libertades que poseen. En particular, el perito Ibáñez realizó un exhaustivo análisis de la legislación vigente en Honduras y recomendó reformas para fortalecer la independencia en este país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representada, entre otros, por el Comisionado Jesús Orozco y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza, apoyaron la tesis de las víctimas y solicitaron a la Corte declarar la responsabilidad del Estado por los hechos.

“La decisión que esta Corte adopte en este caso  sentará un precedente en el resguardo de la democracia en la región y la salvaguarda del derecho de expresión, derecho de reunión, derecho de asociación y  derecho de participación, manifestó el relator para la libertad de expresión, quien además solicitó un pronunciamiento de la Corte IDH en este tema por su relevancia en términos de orden público interamericano.

El Estado ocupó su tiempo principalmente en alegar una falta de agotamiento de los recursos internos además afirmó que sí existían garantías internas de protección para las víctimas, postura que fue refutada por la Asociación de Jueces por la Democracia, CEJIL y los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En representación del Estado hondureño, acudió el Sub Procurador General de la República, el abogado Jorge Abilio Serrano, quien dijo en su defensa que las motivaciones del Estado para terminar la relación laboral con los jueces y la magistradas están contenidas en la legislación nacional y que no afecta la Convención Interamericana de Derechos Humanos y leyes internacionales.

Marcia Aguiluz, directora del programa de CEJIL para Centroamérica y México, recalcó durante la audiencia que  “la Corte Suprema hondureña abusó de su poder, transgredió las obligaciones internacionales del Estado y su propia legislación. Para sentar un precedente, la Corte escogió a estas cuatro personas, todas integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia, y envió un mensaje claro: si desafían al poder, si actúan en forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados. No hay cabida para la crítica. Ahora está en manos de los jueces de la Corte Interamericana cambiar este desafortunado precedente y establecerlo en favor de la independencia judicial”.

Proceso 

Este es el primer caso que conoce la Corte IDH sobre hechos relacionados con el golpe de Estado y también es el primer caso sobre independencia judicial de un país centroamericano.

Luego de finalizar el juicio, la magistrada Tirza Flores Lanza manifestó, “después de tocar tantas puertas solo estar en la Corte Interamericana de DDHH ya es reparador. A nivel personal la presencia de mis hijos es importante. También lo es que se acredite en el juicio el contexto de un golpe de Estado. Y que muchas víctimas sientan que vamos abriendo camino.”

En su comparecencia el abogado Alfredo Ortega, defensor de los jueces y la magistrada, dijo que las víctimas actuaron como auténticos defensores de derechos humanos ya que realizaron una serie de acciones para reclamar la restauración del orden constitucional.

“En abogado Guillermo López Lone participó en una marcha donde 200 mil de personas pedían la restauración del orden constitucional. Él actuó no solo con el derecho de ser ciudadano sino como su deber. La magistrada Flores Lanza acudió al sistema de justicia hondureño a denunciar a los presuntos responsables del golpe de Estado y amparar al presidente que había sido violentamente expulsado. En el caso del juez  Luis Chévez de la Rocha fue hasta detenido por defender a un grupo de habitantes que protestaban y fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad nacional. Y finalmente el abogado Barrios dictó una conferencia en su condición de catedrático universitario, donde manifestó que lo ocurrido en Honduras no era una sucesión constitucional, posteriormente se publicó un resumen de su comparecencia. Por estas acciones los jueces y la magistrada fueron destituidos arbitrariamente en un proceso en que entre otras violaciones, no garantizó el acceso a recursos  adecuados y efectivo”, dijo Ortega.

Aguiluz agregó que la reparación es integral. “La restitución no únicamente es importante para la vida de los jueces y la magistrada, sino por el mensaje que se enviaría al poder judicial y la judicatura hondureña, en cuanto a que si ejercen su libertad de expresión, si son críticos y son arbitrariamente despedidos esas actualizaciones eventualmente tendrán un acto de justicia y eventualmente van hacer reparados. Es importante que la Corte IDH deje claro que el reintegro no admite una justificación alguna. El reintegro no es sinónimo de perder la indemnización que les corresponde y que deben quedar en condiciones iguales a las que ellos tenían al momento del despido”, dijo la abogada defensora de los jueces y la magistrada.

El procedimiento aplicado a las víctimas carecía de normativas claras, eran ambiguas, no se contaba con la garantía del juez natural, no garantizaba el debido proceso. Esto estaba establecido en la ley de la carrera judicial y su reglamento, aunque a ellos se les aplicó 8 distintos instrumentos jurídicos.

¿Por qué es importante este caso?

Lo ocurrido a los jueces y la magistrada no es un caso aislado. En Honduras persiste un grave problema en cuanto al uso de procesos disciplinarios para sancionar, estos han servido como instrumento de control político e ideológico.

Desde Cejil han señalado que la Asociación de Jueces ya había ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear sus preocupaciones mucho antes de que hubiese ocurrido este caso. Luego en el 2012 el Congreso Nacional destituyó a 4 magistrados de la Sala Constitucional  sin ningún tipo de proceso porque se atrevieron, en ese momento, a desafiar al poder Ejecutivo.

Marcia Aguiluz recordó que “recientemente cuando se instaló el Consejo de la Judicatura y la Carrera judicial, entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, se anunció una depuración basada en la ley del Consejo que no tenía ninguna regulación disciplinaria y creando una directriz temporal y producto de ese régimen ad hoc, podríamos señalar que se han suspendido aproximadamente 28 jueces y se han destituido 29, vale llamar la atención que en esta nueva camada de arbitrariedades fue despedido el abogado Barrios”.

La Corte no debería permitir que los Estados de alguna manera realicen reformas que son meramente formales y que persisten en la incompatibilidad con las obligaciones internacionales como una forma de evadir el examen de esta honorable Corte, dijo la represente de Cejil.

Para el perito Andrés Ibañez es un tema de la ejecutividad de las resoluciones de la Corte y enviar de alguna manera ese mensaje de que tiene sentido venir a la Corte IDH para efecto de obtener justicia, y más aún en un caso como aquí corresponde.

“El presente juicio representa un hito histórico para los jueces y juezas de Honduras, así como para la sociedad hondureña que clama justicia y respeto a los derechos humanos. Estamos  convencidos que la resolución que tome la Corte Interamericana responderá a nuestras peticiones y servirá para reorientar tanto el régimen disciplinario en el poder judicial de Honduras, así como los derechos a la libertad de expresión, de organización y de asociación que tenemos los jueces de Honduras. Así como el derecho que tenemos de opinar en los diferentes temas que conciernen a la sociedad hondureña”, Mario Díaz, presidente de la AJD.

En sus comparecencias tanto los jueces como los peritos expresaron que la decisión de la Corte es trascendental pues permitirá establecer con mayor claridad las garantías al debido proceso y limitar así el uso arbitrario de los procesos disciplinarios para sancionar jueces que actúen en forma independiente.

Lea también: RESARCIR EL GOLPE AL CORAZÓN DEL ESTADO DE DERECH

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1586-corte-idh-podr%C3%ADa-condenar-a-honduras-y-sentar-un-verdadero-precedente-de-independencia-judicial

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In 2nd day of trial , Honduran judges say they acted in defense of human rights

Honduras

George Rodríguez

3 days ago

Lawyers for the four judges dismissed in Honduras for objecting to the country’s 2009 coup clashed with adversaries from the government on Tuesday at the closing of a hearing at the Costa Rica-based Inter-American Court of Human Rights.

The jurists sought the court’s help in restoring the constitutional order that had been broken in Honduras, said attorney Alfredo Ortega, with the Washington-based Center for Justice and International Law (Cejil), which is representing the former judges in the legal proceedings.

But an attorney for the Honduran government, Jorge Serrano, said the group’s lawsuit is inadmissible because the judges’ dismissal is based on national legislation.

In 2009, “the victims, acting as authentic defenders of democracy and human rights, carried out a series of actions to demand constitutional order be restored,” Ortega told the court in Cejil’s closing arguments for the two-day hearing.

The plaintiffs, Guillermo López, Luis Alonso Chévez, Ramón Enrique Barrios and Tirza Flores, are all members of the Asociación de Jueces por la Democracia (Judges’ Association for Democracy, or AJD).

The AJD voiced opposition to the bloody coup, which toppled Honduran President Manuel “Mel” Zelaya, who was sent into exile.

López “took part in a march in which more than 200,000 people demanded the return to the rule of law,” something that “for him was not only his right as a citizen, but also his duty,” Ortega said.

Chévez “was arbitrarily arrested for defending a group of demonstrators against the excessive use of force. At the same time, he questioned the Supreme Court’s response” to the coup, he added.

The Honduran Supreme Court backed the coup, calling it a “constitutional succession,” rather than a coup.

As a university professor, Barrios held a conference during which he stated that what had happened had not been a constitutional succession, Ortega said, adding that, “a summary of the conference was later published by local newspapers.”

Flores “resorted to the justice system to denounce those allegedly responsible for the coup d’etat, and to protect the president who had been violently expelled,” he added.

“For these actions, the judges and the magistrate were arbitrarily dismissed in a process that, among other violations, did not guarantee access to adequate and effective [legal] resources,” Ortega said.

“Their acts, which generated disciplinary processes and their ultimate dismissals, were protected by the right to freedom of expression,” he added.

“The exercise of freedom of expression also can be a duty for judges, due to their role as guarantors of the rule of law,” he said.

Marcia Aguiluz, also a lawyer with Cejil, told the court that the Supreme Court “abused its power, violated the state’s international obligations and its own legislation.”

She said, “In order to set a precedent, the Supreme Court chose these four people – all members of the Asociación de Jueces por la Democracia – to send … a clear message: If you challenge power, if you act independently, if you think differently, you’ll be expelled.”

She asked the seven human rights court justices to set a precedent by favoring judicial independence.

Serrano, representing the government, cited legislation that justified the judges’ dismissal.

“We believe it doesn’t violate … precedents set by the Inter-American System,” he said.

He added that Honduran legislation provides for a legal process for the protection of the rights that allegedly had been violated.

Serrano asserted that, “the lawsuit should be considered inadmissible.”

Colombian Justice Humberto Antonio Sierra, president of the Inter-American Court, said the parties have until March to file closing statements in writing.

Fuente: http://www.ticotimes.net/2015/02/04/in-2nd-day-of-trial-honduran-judges-say-they-acted-in-defense-of-human-rights?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Daily%20RSS%20Newsletter&utm_medium=email

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CIDH: Hasta después del 3 de marzo se conocerá fallo a Honduras

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ha concluido el juicio contra el Estado de Honduras por el despido de Los ex jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, quienes manifestaron públicamente su oposición al derrocamiento del ex presidente Manuel Zelaya Rosales en 2009.

La Corte dio plazo hasta el 3 de marzo próximo para que las partes presenten sus conclusiones por escrito y posteriormente se dictará fallo al respecto.

Durante el proceso, los 7 jueces que conforman el tribunal continental escucharon los alegatos de peritos expertos internacionales que sirvieron como testigos de la supuesta violación de los derechos humanos a los que fueron sometidos los ex funcionarios judiciales.

En defensa del Estado de Honduras, expuso el sub procurador de la republica, Jorge Abilio Cerrano, quien trató de convencer a los jueces que el país no debía ser juzgado aun internacionalmente ya que el proceso judicial interno todavía no se ha agotado, e insistió en que en Honduras se respeta el debido proceso y que se estaba pre-juzgando al país.

También, en representación del Estado viajó la magistrada de apelaciones María Luisa Ramos quien alegó la imperfección del sistema.

Posteriormente le tocó al turno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en presentar sus conclusiones orales.

Los demandantes piden el reintegro a sus puestos de trabajo, indemnización laboral que asciende a 14 millones de lempiras y una manifestación de parte de la CIDH para que en la legislatura hondureña se incluyan apartados que permitan a los jueces el respeto de sus opiniones.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/cidh-hasta-despues-del-3-de-marzo-se-conocera-fallo-contra-honduras/

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Llega a Corte IDH primer caso vinculado a golpe de Estado en Honduras

Ene 30, 2015

Será el próximo 2 y 3 de febrero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá una audiencia pública sobre el caso Guillermo López Lone y otros vs. Honduras, el cual se refiere a los despidos ilegales y arbitrarios de tres jueces y una magistrada en el marco del golpe de Estado en Honduras en el año 2009.

Este es el primer caso conocido por la Corte IDH vinculado con el golpe de Estado de 2009, por lo que el mismo constituye una oportunidad  trascendental para que el Estado de Honduras tome medidas que fortalezcan la institucionalidad del Poder Judicial y aseguren que la ciudadanía cuenten con jueces y juezas independientes.

Las víctimas directas de esta decisión del poder judicial fueron la magistrada de la Corte de Apelaciones en San Pedro Sula, Tirza Flores, los jueces de sentencia Guillermo López Lone y Ramón Enrique Barrios, y el juez de violencia doméstica Luís Chévez de la Rocha.

Para el doctor en derechos humanos, el abogado Joaquín Mejía, es un juicio histórico porque representa el primer caso que la Corte conocerá sobre el golpe de Estado y analizará la independencia judicial que es uno de los elementos más importantes que definen a un Estado de derecho.

Antecedentes

La Asociación de Jueces por la Democracia y el Centro por la Justicia Internacional (Cejil) presentó el caso inicialmente en julio del año 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se analizara no sólo los despidos ilegales y arbitrarios de las víctimas efectuadas por la Corte Suprema de Justicia hondureña, sino también las graves deficiencias que menoscaban la independencia judicial.

“Como consecuencia del golpe de Estado, un grupo de jueces y ciudadanos decidimos tomar acciones para la restauración del orden constitucional, interponiendo denuncias en el Ministerio Público que buscaban la repatriación del ex presidente Zelaya”, dijo Tirza Flores, en entrevista con Radio Progreso.

Según la ex magistrada desde que comenzó la persecución y hostigamiento en el poder judicial,  como Asociación de Jueces realizaron una estrategia de defensa, pero en Honduras no se le garantizó ese derecho. Agotaron todas las instancias nacionales y el 5 de julio de 2010 enviaron expediente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Proceso que ahora está en manos de la Corte IDH.

-En el 2010, CEJIL y AJD presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declare la responsabilidad del Estado de Honduras por los hechos antes citados.

-En marzo del 2011 la CIDH decidió admitir la petición presentada en contra del Estado de Honduras. En marzo de 2012 hubo otra audiencia ante la CIDH para analizar el fondo del caso.

 

-El 17 de marzo del 2014 ante el incumplimiento del Estado de Honduras a las recomendaciones dadas por la CIDH, este órgano sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver comunicado de la CIDH.

La audiencia se realizará los primeros dos días de febrero en San José, Costa Rica sede la Corte IDH, y se espera que teniendo en cuenta la celeridad que ha caracterizado el caso desde que fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es posible que la sentencia se conozca en el primer semestre de este 2015.

“Creo que a nivel personal para los jueces y magistrada despedida, si la Corte les da la razón y ordena al Estado su reintegro, representará una confirmación de que frente al golpe de Estado actuaron con independencia y dejará en evidencia a todos aquellos jueces y juezas que se plegaron a las órdenes de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que apoyaron el rompimiento del orden constitucional”, confirmó Joaquín Mejía cuando se le consultó el significado de la resolución que podría dar esta instancia internacional.

Sobre las implicaciones para el país, se espera que la Corte IDH podría ordenar la reforma o creación de procedimientos que garanticen la independencia judicial, desde la elección de las altas magistraturas hasta la selección, remoción o suspensión de los jueces y juezas de todos los niveles, lo cual es fundamental ahora que existe un Consejo de la Judicatura que se ha convertido en una especie de cazador de jueces y juezas independientes para someterlos.

“Este caso podría influir en la pronta elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ya que la Corte IDH podría analizar la forma en que son elegidos los magistrados y magistradas. Evidentemente una posible sentencia favorable no es una varita mágica para lograr de un día para otro la independencia judicial en el país, pero sí será una herramienta fundamental para que los jueces y juezas, y los distintos sectores de la sociedad civil comprometidos con la democracia y el Estado de derecho, lleven a cabo un trabajo de incidencia y presión frente a quienes toman las decisiones políticas.

En la historia de Honduras nunca ha existido un sistema judicial independiente que se entienda y que actúe como tal, sino que hemos tenido —con algunas excepciones de funcionarios judiciales honestos—un “servicio judicial” influenciado por los poderes institucionales y fácticos que operan entremezclados y, por ende, al servicio de los sectores económicos, políticos y religiosos más reaccionarios del país”, concluyó Joaquín Mejía.

La audiencia se llevará a cabo en la sala de audiencias de la Corte IDH y estará accesible al público vía streaming en la página oficial de la Corte IDH o http://www.corteidh.or.cr/sitios/stream/

Jueces y magistrada destituida:

Adán Guillermo López Lone (Juez de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula): se le despide por participar en una marcha pacífica que denunciaba el rompimiento del orden constitucional y exigía el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras el 5 de julio del 2009.

Luis Alonso Chévez de la Rocha (Juez Especial contra la Violencia Doméstica del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula): se le despide por interceder por la integridad de varios manifestantes que estaban siendo agredidos por los policías durante una marcha en oposición al golpe de Estado. El juez fue detenido arbitrariamente y luego la CSJ lo acusó de haber participado en la supuesta alteración del orden público y también por haber comentado con compañeros de trabajo su rechazo al golpe.

Ramón Barrios Maldonado (Juez de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula): se le despide por dictar una conferencia académica sobre las circunstancias relacionadas con el Golpe de Estado ante un grupo de profesores y trabajadores el 19 de agosto del 2009, un extracto de dicha conferencia fue publicado en un medio de prensa escrito.

Tirza Flores Lanza (Magistrada Propietaria de la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula): se le despide por presentar como ciudadana un recurso de amparo a favor del ciudadano Manuel Zelaya Rosales, a quien se le había expatriado del territorio nacional el 30 de junio de 2009, así como una denuncia penal contra diversos funcionarios públicos por su participación en el golpe de Estado.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1575-llega-a-la-corte-idh-primer-caso-vinculado-al-golpe-de-estado-en-honduras

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En 2015 Estado hondureño será nuevamente condenado por violaciones a DDHH

Dic 19, 2014

El estado de Honduras será nuevamente condenado en el mes de febrero de 2015 por haber separado arbitrariamente a tres jueces y a una magistrada luego del golpe de Estado de 2009. Las denuncias fueron llevadas a instancias internacionales y ya está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), quien será la encargada de someter al Estado hondureño ante la justicia.

La  Corte-IDH resolverá el caso contra Honduras relacionado con la destitución de tres jueces y una magistrada hondureña en el 2010 por no estar de acuerdo con el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales. Así lo asegura el abogado Guillermo López Lone, uno de los jueces despedidos y que participará en esta audiencia.

Además del abogado Guillermo López estarán presentes los ex jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Chévez de la Rocha y la ex magistrada Tirza Flores Lanza, los cuatro despedidos injustificadamente luego de la ruptura institucional.

El abogado Ramón Enrique Barrios, explica que la audiencia en contra del Estado de Honduras será los días 2,3 y 4 de febrero  por el despido de los jueces. El proceso ya tiene 4 o 5 años, le dio lugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, finalmente ha sido emplazado el Estado de Honduras y llega finalmente el juicio en el mes de febrero ante la Corte.

“Los tres jueces y la magistrada estamos altamente positivos en que se nos van a restituir los derechos que perdimos en ese momento (golpe de Estado de 2009), lamentable para el Estado hondureño porque será nuevamente condenado en un foro internacional como un violador de los derechos humanos, en este caso, por el despido a los tres jueces y la magistrada,” expresó Barrios.

Barrios añade que la situación actual del sistema de justicia hondureño es lamentable a 5 años del golpe de Estado, afirma que hay una militarización en el país y que la justicia del país ya no es justicia; el Consejo de la Judicatura tiene casi en amenaza a los jueces del país, por lo tanto, han perdido independencia.

El poder judicial en Honduras está en una de sus etapas más dudosas en cuanto a su independencia, tanto así que en su reciente visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación y advirtió que los jueces y fiscales en Honduras “podrían carecer de suficientes garantías de independencia e imparcialidad para conocer de las violaciones a derechos humanos cometidas por los miembros de la policía militar”.

Jueces y juezas continuarán pasando por polígrafo

La Sala de lo Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo en contra de la prueba del polígrafo que se aplica a los jueces y juezas del país. Dicha prueba viola varios derechos y es inconstitucional, según la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

Para el abogado Guillermo López Lone, integrante de AJD, la prueba del polígrafo, entre otras cosas, viola el derecho a la intimidad.

“Esa decisión nos ha causado mucho desaliento, porque es un gran retroceso a los derechos y libertades de los jueces ya que eso traería como consecuencia que ya estaría allanado el camino, podemos decir, para que se practique a los jueces y a las juezas la prueba del polígrafo, lo cual nosotros seguimos estimando que es inconstitucional,” dijo Lone.

Admiten recurso de nulidad contra Reglamento del Consejo de la Judicatura

Por otra parte, el abogado López Lone, confirma que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de nulidad en contra del reglamento del Consejo de la Judicatura. López Lone asegura que varios de los jueces suspendidos por el Consejo de la Judicatura han acudido ante la CIDH para quejarse por el mal procedimiento de esta dependencia del Estado.

Hasta el momento, alrededor de cuatro amparos han sido resueltos favorablemente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de jueces que han sido sacados sin seguir el debido proceso a través del Consejo de la Judicatura.

Caso de magistrados de la Sala de lo Constitucional ya está en la CIDH

Los integrantes de la Sala Constitucional que fueron destituidos injustificadamente de sus puestos ya presentaron su queja internacionalmente. Será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la que decida qué hacer en torno a otra acción despótica por parte del Estado de Honduras.

A mediados de diciembre de 2012, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una acción calificada como ilegal y atentatoria contra el Estado de derecho. Los magistrados destituidos habían rechazado el proyecto de Ciudades Modelo que violan la soberanía nacional y que es impulsado por el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1526-en-2015-estado-hondure%C3%B1o-ser%C3%A1-nuevamente-condenado-por-violaciones-a-ddhh

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Exigen condena para Estado hondureño en caso de despido de jueces y magistrada

Jul 04, 2014

Esta semana, los representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron en la capital de la república los avances del caso de los jueces despedidos: Ramón Enrique Barrios, Guillermo López Lone, Luis Chévez y la magistrada Tirza Flores, por el cual el Estado Hondureño está próximo a ser sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

El objetivo de esta demanda que hace dos años fue interpuesta en el Sistema Interamericano, es que las personas en Honduras que enfrenten procesos ante la justicia cuenten con jueces y juezas independientes e imparciales que les garanticen y respeten sus derechos humanos.

Ante la inminente sentencia contra el Estado de Honduras, la independencia judicial se presenta como uno de los principales retos para las distintas organizaciones que luchan en contra de la impunidad y el restablecimiento del estado de derecho.

Marcia Aguiluz representante de Cejil para México y Centroamérica, expresa que el despido de los jueces, refleja que hay una Corte Suprema de Justicia que actuó con intereses particulares, muestra que las normativas facilitan la arbitrariedad y que los procesos disciplinarios se están utilizando para sancionar a jueces que opinen diferente políticamente.

“Lo que nosotros buscamos es fortalecer el Estado de Derecho, que los jueces tengan claridad del porqué se les puede sancionar, que tengan información de cuáles son las consecuencias, que tengan derecho a la defensa, derecho a expresarse siempre y cuando no comprometan su independencia; y buscamos de alguna manera, que se hagan reformas necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas que acudan a la justicia del país, sepan que van a contar con jueces independientes e imparciales,” expresó Aguiluz.

Tirza Flores es una magistrada despedida en el 2010 por reconocer que en Honduras había ocurrido un golpe de Estado, y haber interpuesto, en su condición de ciudadana, una denuncia en contra de varios funcionarios del gobierno por violaciones a los derechos humanos durante este periodo. Ella asegura que interpusieron esta demanda  para que el Estado reaccione y se comience una despolitización del sistema judicial.

“Decidimos llevar este caso a instancias internacionales, y no lo hicimos desde un punto de vista personal. Nosotros antes de ser despedidos militábamos en la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), una organización que hasta la fecha está muy activa exigiendo justicia y señalando falencias dentro del sistema judicial,” dijo Flores.

La ex magistrada concluyó que lo que pretenden es llamar la atención del Estado, porque a pesar que hay un Consejo de la Judicatura que no existía cuando los despidieron, éste no está realizando sus labores de acuerdo a la ley.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1151-exigen-condena-para-estado-hondure%C3%B1o-en-caso-de-despido-de-jueces-y-magistrada

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Se presentará nueva acusación ante la Corte-IDH contra el estado de Honduras

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Tegucigalpa.

A inicios del próximo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH conocerá la denuncia sobre cuatro jueces hondureños destituidos por tener una opinión contraria en el contexto del golpe de estado del 2009, manifestó Ana Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

Se ha tenido que ir a instancias internacionales porque en el país no existen recursos efectivos de revisar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, tras despedir a los funcionarios, es por ello que al agotar el proceso interno, los afectados acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y siguiendo el proceso, presentarán el caso ante la Corte-IDH, en Washington, DC.

Este es el caso No. 12.816, y está relacionado con los procesos disciplinarios a los cuales fueron sometidos los jueces Adán Guillermo López Lone, Luís Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, el mayo del 2010.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, concluyó que los procesos disciplinarios fueron instaurados con el objeto de sancionar los actos o expresiones que las víctimas realizaron en contra del golpe de Estado y fueron sustanciados en desconocimiento del procedimiento previsto en la Constitución, el cual establecía que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, era la autoridad competente para decidir la destitución de los jueces “previa propuesta del Consejo de la Carrera Judicial”, según un comunicado de la CIDH, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Contrario a ello, la destitución se llevó a cabo mediante acuerdos de la CSJ, de tal forma que el Consejo de Carrera actuó con posterioridad como una instancia de apelación, no obstante ser un órgano dependiente de la propia Corte.

Con este caso, en el que la CIDH  encontró que el procedimiento estuvo plagado de múltiples irregularidades que afectaron el debido proceso de las víctimas, se pretende fortalecer la independencia judicial de Honduras; además que se establezcan leyes claras para la sanción de jueces y juezas, de manera que ellos conozcan con certeza cuales conductas son sancionables y las consecuencias correspondientes, de manera que no se utilicen los procesos disciplinarios como represalias por no acatar órdenes de superiores o de intereses eternos, y que las personas que enfrenten procesos ante la justicia hondureña cuenten con jueces y juezas independientes e imparciales que les garanticen y respeten sus derechos humanos.

La abogada Tirza Flores, dijo que “pretendemos que se levante precedentes en cuanto a la aplicación de justicia en Honduras, queremos llamar la atención del Estado, porque desafortunadamente aunque ahora existe un consejo de la Judicatura, no está apegada a Ley, para el caso se suspende a jueces sin darle un debido proceso, y sin que el Consejo tenga esa atribución de suspensión inmediata para investigar”.

Guillermo López Lone

Además dentro del Consejo, no existen normas claras para una sanción administrativa, tampoco está contemplada las conductas que constituyen faltas,  con lo cual el proceso se vuelve muy ambiguo, discrecional y puede ser utilizado para “deshacerse” de jueces que estén suspendiendo, no porque estén actuando mal, sino porque pueden ser jueces que les resulten incomodos porque no obedecen órdenes superiores, explicó Flores.

Se condenará al Estado de Honduras por violar DDHH

Por su parte el abogado Guillermo López, aseguró que están prácticamente agotando todo el procedimiento que iniciamos ante la CIDH, y que esto va a traer como consecuencia una sentencia definitiva, una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras”.

Creemos que la Corte-IDH centrará sus argumentos en que se violó el derecho a la independencia judicial, es decir que los jueces despedidos contáramos con un tribunal independiente e imparcial que conociera la investigación y el juzgamiento que se hizo para nuestros despidos.

Pero también va a condenar al Estado de Honduras por violaciones a la libertad de asociación, libertad de reunión, expresión y debido proceso.

La CSJ alega que nosotros hicimos pronunciamientos que no correspondían que hiciéramos, que participamos en reuniones que no debía estar y por otro lado esa decisión de la Corte de despedirnos para limitarnos en nuestro derecho a participar en la  Asociación de Jueces por la Democracia.

Según declaraciones de las víctimas, el gobierno de Honduras no se ha pronunciado al respecto, tampoco la CSJ, de donde eran parte los jueces y Magistrada destituida. La CSJ ha sido intransigente e intolerable en todo el procedimiento que lleva ya cuatro años, lo fue desde que presentamos alegatos y pruebas, aun así violándonos el debido proceso, la Corte nos despidió, hasta ahora esa entidad no ha querido reconocer los hechos.

La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 17 de marzo de 2014 ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado de Honduras.

La Comisión había recomendado al Estado: reincorporar a las víctimas al Poder Judicial, en un cargo similar al que desempeñaban, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día de hoy si no hubieran sido destituidos, por el plazo de tiempo que quedaba pendiente de su mandato, o si por razones fundadas no era posible la reincorporación, el Estado debía pagar una indemnización alternativa.

Asimismo, la CIDH recomendó reparar las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos establecidas en el caso, incluyendo tanto el daño material como el daño inmaterial.

Adicionalmente, se recomendó al Estado de Honduras disponer las modificaciones normativas necesarias para asegurar que los procesos disciplinarios contra jueces y juezas sean realizados por autoridades competentes y con garantías suficientes de independencia e imparcialidad; y disponer las modificaciones normativas necesarias para asegurar que las causales disciplinarias de jueces y juezas y las sanciones aplicables, sean compatibles con el principio de legalidad.

Este caso permitirá a la Corte profundizar su jurisprudencia sobre el principio de independencia judicial y sus implicaciones en las garantías reforzadas de legalidad y debido proceso en el marco de un proceso sancionatorio en perjuicio de un juez o jueza.

Particularmente, el presente caso ofrece a la Corte Interamericana la posibilidad de analizar la importancia que tiene el respeto de tales garantías a la luz del principio de independencia judicial en un contexto de una crisis democrática resultante de un golpe de Estado. Por otra parte, la Corte podrá profundizar su jurisprudencia en materia de responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de expresión, específicamente en cuanto al requisito de estricta legalidad cuando se trata de causales disciplinaria, así como a la manera en que deben aplicarse los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Causas de despido:

Adán Guillermo López Lone: por participar en una marcha pacífica que denunciaba el rompimiento del orden constitucional y exigía el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras el domingo 5 de julio del 2009.

Luís Alonso Chévez de la Rocha: por interceder por la integridad de varios manifestantes que estaban siendo agredidos por los policías durante una marcha en oposición al golpe de Estado. Chévez fue detenido arbitrariamente y luego la CSJ lo acusó de haber participado en la supuesta alteración del orden público.

Ramón Barrios Maldonado: por dictar una conferencia sobre las circunstancias relacionadas con el Golpe de Estado ante un grupo de profesores y trabajadores el 19 de agosto del 2009.

Tirza Flores Lanza: por presentar como ciudadana un recurso de amparo a favor del ciudadano Manuel Zelaya Rosales, a quien se le había expatriado del territorio nacional, el 30 de junio del 2009, así como una denuncia penal contra diferentes funcionarios públicos por su participación en el golpe de Estado.

 

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3213:se-presentara-nueva-acusacion-ante-la-corte-idh-contra-el-estado-de-honduras&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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