Entradas etiquetadas como reforma del Codigo Penal

Articulación 611 demanda suspensión de la aprobación de Nuevo Código Penal por vulnerar derechos fundamentales

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Un grupo de organizaciones de la Sociedad Civil se auto convocaron para integrar el espacio “Articulación 611” y auscultar los artículos del Nuevo Código Penal que está en discusión en el Congreso Nacional, ya que contiene una serie de figuras penales atentatorias contra los derechos y libertades de las y los […]

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Presidente veta polémica reforma al código procesal penal de Honduras 

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Retroceso en DDHH:Nuevo Código Penal contiene ingredientes de seguridad nacional y de política criminal

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Hasta cinco mil reos se defenderían en libertad si el Ejecutivo sanciona reforma al Código Procesal Penal

Tegucigalpa – El comisionado presidente del Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Orle Aníbal Solís, anunció este lunes que al menos cinco mil reos recobrarían su libertad en caso que el Poder Ejecutivo sancione la reforma al Artículo 184 del Código Procesal Penal.

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Honduras: Discursos que “atemoricen” al pueblo serán criminalizados en nuevo Código Penal, advierten expertos

Tegucigalpa – Un grupo de expertos internacionales advirtió en el marco de un conversatorio que sostuvieron con el relator para la libertad de expresión de la OEA, el uruguayo Edison Lanza, que el nuevo Código Penal que se discute en el parlamento contiene una serie de figuras que son restrictivas para la libertad de expresión, la prensa y el periodismo en Honduras.
Citaron, por ejemplo, que el artículo 574 referente a los Desórdenes Públicos, penaliza los discursos y los comentarios que “atemoricen” a la población, lo cual constituye una grave violación a la libertad de expresión.
Asimismo, consideran preocupante y hasta peligroso la forma en que se encuentran redactadas figuras como la Asociación Ilícita, pues da lugar a entender que si alguien hace reivindicaciones sociales en la calle puede ser objeto de criminalización y en materia de libertad de expresión hay algunos aspectos que incluso casi lindan con el terrorismo.
Alejandro Rodríguez, de la organización Impunity Watch, desmenuzó uno a uno los artículos del nuevo código que atentan no solo contra la libertad de expresión, sino que también contra los derechos humanos, al tiempo que reconoció que existen algunas figuras positivas como las inhabilitaciones especiales y los servicios a la comunidad, entre otros.
Pero en materia de libertad de expresión dijo que existen una serie de problemas relacionados incluso con la intencionalidad de excluir de responsabilidad penal a los funcionarios púbicos que atenten contra este derecho. Los funcionarios públicos en la redacción de este Código Penal que se debate en el congreso, se les atenúa de responsabilidades y más parece una herramienta legal con privilegios para los funcionarios, se explicó.
En cuanto a la criminalización de la protesta, preocupa la figura del delito de secuestro agravado al contemplar penas de 10 a 15 años de cárcel, una penalización grave no solo en materia de libertad de expresión, también en el avance y progresividad de los derechos humanos.
Por su parte, el relator de la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, dijo haber tomado nota de las observaciones hechas en el conversatorio y mostró su anuencia a ofrecer un dictamen técnico a la luz de los principios que rigen la relatoría, si el parlamento así se lo solicita para una socialización más amplia del proceso.
Lanza dijo que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA puede emitir una opinión técnica sobre el proyecto en vista de sus competencias y de ser el Estado de Honduras suscriptor de la misma y de una serie de convenios internacionales.
Lanza llegó al país para participar de un evento académico sobre libertad de expresión que organizó el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), y en el caso del conversatorio con los diputados contó con la facilitación y apoyo de la fundación alemana Friederich Ebert.
En el conversatorio con los parlamentarios estuvieron presentes también miembros de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, así como de la organización internacional Open Society, última que alertó sobre las contradicciones de la Ley de Secretos en Honduras, misma que indicó se caracteriza por potenciar la opacidad en detrimento de la transparencia.
El nuevo Código Penal que se discute en el parlamento consta de más de 600 artículos y su presentación en algunos sectores sociales ha sido fragmentada.

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Honduras: Presidente de jueces denuncia que no participaron en elaboración de nuevo Código Penal

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Entre gritos y grillos

CRÓNICA PARLAMENTARIA. Tegucigalpa, 5 agosto de 2016. Una larga semana legislativa de ocho horas sobrellevaron los honorables padres de la patria que pudieron estar presentes en las tres sesiones del Congreso Nacional de Honduras. Catorce fueron los proyectos propuestos, en su mayoría por diputados del Partido Nacional y cuatro los proyectos y mociones aprobados incluyendo […]

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Con formas sustitutivas a la pena, CN retoma aprobación del nuevo Código Penal

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

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Contrarreforma al Artículo 184, entre dudas y la buena fe

TEGUCIGALPA.- La contrarreforma al Artículo 184 del Código Procesal Penal, que devuelve la posibilidad de evitar la prisión preventiva a imputados por delitos como el lavado de activos, terrorismo, contrabando y defraudación fiscal, mantiene abierta una discusión entre quienes dudan de la sorpresiva decisión del Congreso Nacional y los que defienden la buena fe del […]

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Ciberterrorismo: nueva figura en reformas en el Código Penal hondureño

Algunos profesionales del derecho mantienen la teoría que la introducción de la figura de “Ciber terrorismo” en el Proyecto de las reformas al Código Penal de Honduras, pueden llegar a ser un instrumento de censura para la población que manifiesta su inconformismo  por la corrupción, la impunidad y la arbitrariedad de funcionarios públicos.

congreso nacional reformas

Las reformas al Código Penal están por aprobarse totalmente en el Parlamento

hondureño.                                                          Foto: http://www.latrinuna.hn

No descartan del todo que puede ser beneficioso el apartado que tiene por título “Ciber terrorismo o terrorismo electrónico” que cita: el que por cualquier medio o procedimiento, y sin autorización, accede a un sistema informativo de la Administración Pública, del Estado o que preste servicios de carácter estatal, impide el acceso al mismo o altera o daña datos en los contenidos con la intención de impedir el correcto funcionamiento de un servicio para causar terror o miedo en la población, será castigado con penas de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a mil (1000) días.

Esto considerando que sin existir una Ley dirigida al uso de los comentarios o publicaciones en redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsaap, Instagram y otros. En Honduras se ha echado mano del sistema jurídico para querellar a periodistas o ciudadanos que hacen uso de estas redes sociales para denunciar a funcionarios públicos.

Sin embargo hay muchas alergias para tolerar lo que se dice por las redes sociales, en especial si hay críticas para la forma cómo se conducen los destinos del país. Así hay denuncias de altos funcionarios que se enojan porque se habla de su gestión, hay periodistas que incluso han sido amenazados, como es el caso de Marvin Ortíz, a quien el ministro de Educación Marlon Escoto le anunció que cuando saliera del gobierno se iban a ver las caras, solamente porque el comunicador hizo algunas  críticas sobre el desempeño  de Escoto en su cargo.

El 20 de enero de este año fue capturado Elvin Molina, ex empleado de Alimentos Continental y líder de las demandas por el pago de prestaciones laborales que el gobierno a través de la  Oficina Administradora de Bienes Incautados, (OABI), se había comprometido. Las constantes protestas de los cesanteados evidenció la violación a sus derechos laborales y la irresponsabilidad de la administración de Juan Orlando Hernández que liquidó forzosamente al Banco Continental de la Familia Rosenthal, acusada de lavado de activos.

Elvin Molina quien era la figura más visible de las protestas de los afectados fue detenido por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA, acusado de filtrar información falsa por las redes sociales sobre problemas en el sistema financiera y que había afectado a dos bancos de mucho poder político y económico en el país. Sus teléfonos celulares fueron decomisados y su facebook fue intervenido. La defensa logró un sobreseimiento en el caso y el Ministerio Público que no pudo probar nada,  interpuso un recurso de Apelación a la decisión del juzgado de primera instancia.

abogada ivania

Abogada Ivania Galeno

Al respecto la abogada Ivania Galeano manifestó que el gobierno se ha visto en la necesidad de actualizar el Código Penal debido a la evolución de los delitos y que como las redes sociales se han vuelto una herramienta de difusión a nivel nacional e internacional,  el régimen ha tenido la observancia del papel fundamental que éste que  como medio de comunicación ha jugado en los diferentes momentos políticos en la historia del país.

Señaló que en las movilizaciones de los indignados las redes ser convirtieron en el medio predilecto de convocatorias y la fluidez de la información, las denuncias y las actividades a realizar se posteaban en las rápidamente.

“Evidentemente el legislador logró ver este escenario y percibió la necesidad de limitar el ejercicio de derechos como  la libertad de expresión, la protesta social  generando figuras penales que ahora van a criminalizar también el uso de las redes sociales con diferentes finalidades, encaminadas a distintos sentidos” analizó la jurista.

Para la profesional del derecho coexiste otro actor en la ecuación y son las compañías que tienen acceso a la información que se transmite por las redes sociales, dijo que “si observamos las compañías ya dan la información, en las investigaciones el Ministerio Público solicita a las diferentes empresas de telecomunicaciones que se hagan los vaciados de números de teléfonos o mensajes”.

En consecuencia  no es necesario que le pidan información a las empresas ya que lo que se sube a las redes es público, a diferencia de  la variante que con la implementación del nuevo código existe la posibilidad que si se define que la información publicada “causa terror o miedo en la población” se puede requerir a cualquier ciudadano de manera judicial,  que generalmente las personas divulgan información con su nombre, fotografía, de manera que es fácil identificarlas o acosarlas. “Cualquier información que puedan incorporar en algunos tipos penales, la pueden perseguir”, agregó.

La entrevistada  recordó el caso de Elvin Molina que fue criminalizado por una circulación que hizo en el Facebook, “vemos como la criminalización se va orientando en ese sentido, son utilizadas nuevas figuras penales, ya no tanto las tradicionales, sino la difusión en redes sociales que pueden conllevar a este tipo de penalidad”.

Para ella el derecho penal se usa por los que tienen el poder para criminalizar a los más desposeídos, a los más vulnerables y en situación de desventaja en el ejercicio del poder. “En todos los países la función del derecho penal es esa, descargar toda la fuerza bruta y desmesurada que tiene  el sistema penal para controlar, neutralizar y mantener cierto orden entre comillas, que es la que le interesa a los grupos gobernantes, entre ellos la clase política que es la que decide en este país, evidentemente tiene a su disposición la mayoría del poder justicia para poder hacerlo”.

Querellas por usar redes sociales
penalizados por fb

          Elvin Molina                                                      Jennifer Padilla                                         Gilberto Gálvez

Algunos ejemplos de la utilización del Sistema de Justicia Penal hondureño en contra de periodistas y ciudadanos que hicieron uso de sus cuentas de Facebook para postear información, la que se consideró nociva a funcionarios públicos o el gobierno de la República.

Gilberto Gálvez, corresponsal de canal 10 y de HRN, dirige un programa de debate en el canal MultiTV de La Paz, fue querellado el 29 de septiembre de 2014, por injurias y difamación, por la alcaldesa de La Paz, Gilma Ondina Castillo, ella lo acusó de publicar en su cuenta de Facebook supuestas que un puente era muy costos y eso molestó a la funcionaria.

Sin embargo la Iniciativa Periodismo y Democracia a través de su abogada Kenia Oliva, que es la apoderada legal del comunicador social, logró desvirtuar la acusación y que el Tribunal de Sentencia de Comayagua declarara inadmisible la querellael 06 de agosto de 2015.

Siempre por el uso del Facebook encontramos el caso de la joven Jennifer Padilla, empleada del Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, fue citada el 23 de junio de 2015 por la Oficina de Relaciones Laborales del IHSS,  a una audiencia de porque escribió en su muro privado de Facebook su posición en relación a la falta de justicia en el caso del desfalco de miles de millones de los fondos del Seguro Social. El acompañamiento de organizaciones como el Movimiento Visitación Padilla y la Iniciativa Periodismo y Democracia evitó que se concretara la acción, a la fecha ella sigue siendo objeto de hostigamiento laboral.

De aprobarse estas reformas por el Congreso Nacional se conculcarían derechos fundamentales. Los casos anteriores son un claro ejemplo de persecución política e intolerancia al pensamiento disidente.

El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”, y que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

El Estado debe garantizar la vigencia de este derecho en el entorno digital y promover la existencia de espacios en línea libres de observación o documentación de la actividad e identidad de los ciudadanos. Esto incluye, por ejemplo, la preservación de plataformas anónimas para el intercambio de contenidos y el uso de servicios de autenticación proporcionales, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Libertad de Expresión e Internet, publicado el 31 de diciembre de 2013.

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¿Qué es ciber terrorismo?

El ciber terrorismo o terrorismo electrónico es el uso de medios de tecnologías de información, comunicación, informática, electrónica o similar con el propósito de generar terror o miedo generalizado en una población, clase dirigente o gobierno.

En los 80 se empezó a acuñar el término con definiciones simples como: “la convergencia del ciberespacio con el terrorismo” o en los 90  “el ciber terrorismo es el ataque premeditado y políticamente motivado contra  la información , sistemas, programas y datos informatizados no combatientes, por parte de grupos terroristas o agentes encubiertos de potencias extranjeras”.

En la actualidad el concepto está definido diferente: “el ciber terrorismo es la ejecución de un ataque sorpresa por parte de un grupo (o persona) terrorista, extranjero, sub nacional, con objetivo político, utilizando tecnología informática e internet para desactivar las infraestructuras electrónicas y físicas de una nación, provocando de este modo la pérdida de servicios críticos, como energía eléctrica, sistemas de emergencia telefónica, sistemas bancarios, internet y otros muchos.

Origen: Ciberterrorismo: nueva figura en reformas en el Código Penal hondureño

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Honduras considera la sedición en nuevo Código Penal

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). –  En la quinta jornada de consultas temáticas para elaborar el dictamen del nuevo Código Penal, diferentes sectores analizaron el delito de sedición en la legislación hondureña.

A través de un boletín de prensa del 14 de enero, se informó que la “asesora de la gerencia legislativa del Congreso Nacional, Pamela Tronconi, explicó que la nueva ley incorporará la figura de conspiración y provocación como un delito aplicable de seis a un año de prisión, a quienes con violencia impidan el ejercicio de las funciones del Estado”.

Asimismo, indicó que en la nueva normativa se incluirá el delito de asesinato, secuestro o lesiones al presidente de la República.

En ese sentido, Tronconi detalló que a quienes cometan ese delito que se conoce como sedición, se aplicará una pena de 10 a 20 años de prisión y se tratará por la gravedad y perjuicio que le causen al jefe de Estado, dice el boletín.

El boletín agrega que la discusión y análisis de esos temas fue encabezada por las expertas internacionales en materia de derecho penal, doctora María del Mar Carrasco, catedrática de la Universidad de Alicante y María Aracely Manjón Cabeza Olmeda, catedrática en derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid, España.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-considera-la-sedici%C3%B3n-en-nuevo-c%C3%B3digo-penal

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Culminan jornada de consultas para elaborar dictamen de nuevo Código Penal

TEGUCIGALPA. Con la conferencia magistral sobre los “Delitos Informáticos”, el Congreso Nacional culminó este viernes la cuarta jornadas de consultas temáticas para elaborar el dictamen del nuevo Código Penal para

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Libre presenta proyecto de ley para despenalizar la injuria y la calumnia –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-

El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, presentó un proyecto de ley para despenalizar los delitos  contra el honor que comprenden la calumnia, injuria y difamación y que implica una reforma al Código Penal.

La bancada de Libre ha acusado al gobierno de Juan Hernández de aprovechar la penalización de la injuria y la calumnia para incoar acciones en contra de los periodistas que critican su gestión, específicamente al director de Radio y TV Globo, David Romero Ellner, quien enfrenta una querella por dichos delitos interpuesta por la Sonia Gálvez, esposa del fiscal general adjunto, Rigoberto Chinchilla.

Los diputados de la bancada de Libre cuestionan cosntantemente la intolrencia del actual gobierno a las críticas de la prensa.

Según los parlamentarios el trasfondo de la acción legal contra Romero Ellner, es porque éste reveló el escandaloso saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y a otras instituciones del gobierno, que involucran a funcionarios del presente y pasado gobierno, incluyendo al presidente Hernández.

El proyecto de la despenalización de la calumnia y difamación, fue introducido el jueves y se fundamenta en el derecho comparado y en las recomendaciones hechas al Estado de Honduras por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión.

POLÉMICA Y OPOSICIÓN

Es casi seguro que la propuesta del Partido Libre generará controversia y polémica, como ocurrió en el 2012 cuando el entonces presidente Porfirio Lobo, anunció enviar al Congreso un proyecto para despenalizar los delitos contra el honor.

En aquel entonces, uno de los primeros en oponerse a la iniciativa del Poder Ejecutivo, fue el entonces presidente del Congreso y ahora presidente de la República, Juan Hernández.

Hernández, circunscribió su oposición a una débil teoría que despenalizar los delitos contra el honor era una “aberración” porque la misma en algún momento busca proteger a los dueños de los medios de comunicación.

La teoría de Hernández—que de prosperar debe ser probada en los tribunales—es que “desde una computadora se orquestan campañas en contra de alguien” y que aquí “hay dueños de medios de comunicación acostumbrados a gestar campañas contra el honor”.

Mientras, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, otro de los opositores, expuso que llevar esos delitos al ámbito de los juicios civiles es “perdonar, olvidar” y por ende generar impunidad contra quienes cometen delitos contra el honor. Dijo que la Iglesia ha sido calumniada, injuriada y difamada, pero se desconoce si existen querellas en los tribunales interpuestas por la iglesia en contra de terceros.

 

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