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Honduras: Hostigamiento contra los Sres. Bertha Oliva, Víctor Fernández y Aureliano Molina Villanueva

 Friday, 15 November 2013 17:50 Administrador

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones sobre actos de hostigamiento recientes en contra de la Sra. Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del abogado Víctor Fernández, Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) así como de su cliente, el Sr. Aureliano Molina Villanueva, también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH). Estos hechos ocurrieron días después de la revelación de un posible cable diplomático que habría sido emitido por la embajada de Honduras en Estados Unidos y en el que se desprestigiarían las recientes actividades llevadas a cabo en Washington por el Sr. Víctor Fernández y la Sra. Bertha Oliva.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 5 de noviembre de 2013, la Sra. Bertha Oliva fue objeto de persecución y seguimiento de su rutina. Ese día, cuando salía de las oficinas del COFADEH junto a otros miembros del personal, frente a las instalaciones de la organización circuló en forma sospechosa un vehículo, tipo Jeep, color negro, con vidrios polarizados, que dio varias vueltas a la manzana en una actitud de seguimiento, mientras los automóviles del personal del COFADEH se desplazaban hasta sus destinos. El vehículo regresó a la cuadra minutos después y se estacionó en la esquina, se bajó una persona, observó las instalaciones, abordó el carro nuevamente y se marchó, para regresar una tercera vez. El movimiento quedo grabado en las cámaras de seguridad y registrado por personal de seguridad del COFADEH.

Al día siguiente, el 6 de noviembre, un sujeto con apariencia de agente del Estado observó los movimientos de la Sra. Bertha Oliva mientras ésta estacionaba su vehículo en las inmediaciones de las oficinas del COFADEH. El individuo se trasladaba en una motocicleta sin placas.

Además, el 8 de noviembre de 2013, el automóvil del Sr. Aureliano Molina Villanueva fue seguido por dos coches Toyota Hi-Lux Type 3 sin números de matrícula, que pertenecerían a la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Ambos coches realizaron llamadas de faro incesantes al vehículo del Sr. Villanueva con el presunto objetivo de causar un accidente. El Sr. Villanueva se dirigía a la ciudad de Esperanza en el marco de la causa judicial que se le sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la DESA (ver antecedentes). Anteriormente, el 6 de noviembre, el Sr. Fernández fue seguido de una manera similar por un Toyota de color blanco.

Estos hechos ocurrieron después de que el 5 de noviembre de 2013, el anfitrión del programa televisivo “Frente a Frente” revelara la existencia de un supuesto cable diplomático que habría sido enviado al presidente hondureño por el embajador de Honduras en los Estados Unidos, y que contendría comentarios negativos sobre la Sra. Bertha Oliva y el Sr. Víctor Fernández, quienes realizaron recientemente una serie de actividades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Congreso de los Estados Unidos en Washington, donde criticaron el proceso electoral y la situación de los derechos humanos en Honduras. Además, el anfitrión del programa desacreditó a la Sra. Bertha Oliva, poniendo en duda la veracidad de sus declaraciones y cuestionando el secuestro temporal de dos voluntarios del Programa de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) en la comunidad de la Nueva Esperanza el 25 de julio de 2013, hecho que COFADEH había denunciado en su momento.

El Observatorio condena rotundamente los actos de hostigamiento contra la Sra. Oliva y los Sres. Fernández y Villanueva así como el desprestigio público de las actividades llevadas por la Sra. Oliva y el Sr. Fernández.

Antecedentes:

El 20 de septiembre de 2013, el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá dictó medida cautelar de prisión preventiva contra la Sra. Bertha Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General del COPINH, y medida cautelar sometiendo a régimen de presentación cada quince días a los Sres. Tomás Gómez Membreño, integrante de la misma organización, y Aureliano Molina Villanueva, en la causa que se les sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la DESA. El Juzgado también les prohibió el acercamiento a la zona donde se produjeron los supuestos hechos delictivos. El 25 de septiembre, la defensa apeló esta decisión.

Desde el pasado mes de abril, el pueblo indígena Lenca, organizado por el COPINH, se está oponiendo pacíficamente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, ubicado en sus territorios ancestrales. El proyecto está implementado por las empresas transnacionales DESA, SINOHYDRO y el grupo FICOHSA, sin que se haya procedido a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, en clara violación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Honduras en 1995. La oposición a la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, así como a otros proyectos similares, ha ocasionado que varios integrantes del COPINH sufrieran una serie de amenazas, ataques y actos de hostigamiento, y más recientemente, denuncias judiciales e incluso asesinatos.

En respuesta a la movilización indígena, la zona fue militarizada, y el 15 de julio de 2013 fue asesinado el líder Lenca Tomás García, presuntamente por el ejército hondureño, durante una manifestación frente a las instalaciones de la represa. La empresa DESA y el Ministerio Público acusan ahora a la Sra. Bertha Cáceres y los Sres. Tomás Gómez y Aureliano Molina de haber incitado a los miembros de la comunidad Lenca a cometer los mencionados delitos y causar daños a la empresa. La Sra. Bertha Cáceres, quien es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya está sometida a otro proceso judicial desde el mes de mayo de 2013 por el presunto delito de “porte ilegal de arma”, que habría sido puesta en su vehículo y según afirma, no le pertenecía.

Este hostigamiento judicial se desató tras una reunión sobre el proyecto Agua Zarca, realizada con el Presidente de la República y el entonces Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, en la que no se llegó a ningún acuerdo con las comunidades pues el Gobierno hondureño sostuvo que en este caso, no tenía la obligación de aplicar el proceso de consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT.

Adicionalmente, cabe destacar que el Sr. Víctor Fernández y su hermano el abogado Martín Fernández, también han sido denunciados por instigación a delinquir por parte de la empresa minera La Victoria, tras haber investigado las supuestas irregularidades en su registro legal y actividades en el departamento de La Atlántida. El uso de esta figura penal, además de no estar fundamentado en hechos concretos, crea un precedente grave para los defensores de derechos humanos en el país, en la medida en que parece usarse para perseguir sus actividades de defensa.

Acción solicitada:

Por favor diríjanse a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:

i.      Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Bertha Oliva, del Sr. Aureliano Molina Villanueva, del Sr. Víctor Fernández, así como de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
 
ii.     Realizar una investigación inmediata, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los actos de hostigamiento mencionados arriba, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
 
iii.   Velar por que se ponga fin a todo acto de hostigamiento y desprestigio en contra de la Sra. Bertha Oliva, el Sr. Víctor Fernández y el Sr. Aureliano Molina Villanueva, así como de todos los defensores de derechos humanos en Honduras;
 
iv.    Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:
–        Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”
–          Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente.”
–        Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”
 
v.       De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
 
Direcciones:
 
·       Sr. Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República, Casa Presidencial, Boulevard Juan Pablo Segundo, Palacio José Cecilio del Valle, Tegucigalpa, Honduras. Fax: (+504) 2290 5010. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn; info@presidencia.gob.hn
·       Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Edificio Lomas Plaza II, Tegucigalpa, Honduras. Fax: (+504) 2221 5667; E-mail: suazog@mp.hn; oscarfernando@me.com
·       Sra. Ana Pineda, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. E-mail: iquintanilla@sjdh.gob.hn
·       Sr. Arturo Corrales, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. E-mail: doriselsonity@hotmail.com
·       Sra. Ethel Deras, Procuradora General de la República. Fax: +504 2239 6182. E-mail: ederass@yahoo.com
·       Sr. Ramón Custodio López, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras C.A. Telefax: (+504) 2231 0204 / 2231 0882 / 2235 7697 / 2235 3532. E-mail: custodiolopez@conadeh.hn
·       Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. cedij@poderjudicial.gob.hn
·       Sr. Embajador Efraín Díaz Arrivillaga, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra, Avenue de France 23, 1202 Geneva,, Suiza. Fax: (+41) 22 710 07 66. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
·       Embajada de Honduras en Bruselas, 3 av. Des Gaulois, 1040 Etterbeek, Bélgica. Fax: (+32) 2 735 26 26. E-mail: ambassade.honduras@chello.be

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
 
***
París-Ginebra, 15 de noviembre de 2013
 
Por favor infórmenos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la OMCT y de la FIDH, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
 
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
·       E-mail: Appeals@fidh-omct.org
·       Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
·       Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2848:honduras-hostigamiento-contra-los-sres-bertha-oliva-victor-fernandez-y-aureliano-molina-villanueva&catid=54:den&Itemid=171

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Condenan campaña mediática que busca desacreditar a reconocidos defensores de DDHH

 Friday, 15 November 2013 09:18 Marvin Palacios

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Tegucigalpa.

La Coordinadora de la Asociación para Una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA (APUVIMEH), Sandra Zambrano se mostró preocupada del nivel de indefensión en que se  encuentran  defensores y defensoras de derechos humanos a pocos días de las elecciones.

“Que nos queda, solo sumarnos al monitoreo de vigilancia tanto de las elecciones para ver si existen violaciones ese día o días posteriores, nos queda observar si policías y militares actúan con respeto hacia la sociedad, ojalá ellos puedan contribuir a la democracia y que no ocurran violaciones a los derechos humanos, porque de ello vamos a estar vigilantes”, aseguró Zambrano.

En torno al proceso electoral a pocos días de la fecha de las elecciones, la entrevista expresó que siente un ambiente hostil en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. “Nos preocupan los ataques que han hecho los detractores en contra de personas reconocidas del movimiento de derechos humanos”.

El clima mediático hostil de los medios de comunicación se ha manifestado cuando mi compañera Bertha Oliva se presenta junto con el compañero Víctor Fernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando las violaciones reiteradas como raptos, secuestros, amenazas en contra de defensores de derechos humanos
internacionales,  disparos y asesinatos en contra de personas del movimiento social en el Bajo Aguán, así como rapto a hijas de defensores de derechos humanos y tentativas de homicidio en contra de miembros  la comunidad lésbico, gay y transexual”.

Entonces al desnudar todos estos hechos deleznables y repugnantes de violación de derechos humanos hacia los defensores y defensoras en instancias internacionales, lo que se profundiza es un ataque en contra de reconocidos personajes ligados a la defensoría de la sociedad hondureña, destacó Zambrano.

Bertha Oliva y Víctor Fernández son defensores de la vida, con una trayectoria de más de 30 años, recalcó la entrevistada, al tiempo que demandó del Ministerio Público que se haga justicia en  el caso del defensor de derechos humanos Walter Tróchez y otros miembros de la comunidad lésbico, gay y transexual.

Proceso electoral

En torno al proceso electoral  Zambrano dijo que “nos preocupa realmente en el contexto nacional con las elecciones del presente año, porque es un clima en el cual nos sentimos un tanto nerviosas, pero a la vez con esperanzas para que pronto llegue un cambio que mejore la calidad de vida y la situación de inseguridad de la población en general y con énfasis de las poblaciones eternamente excluidas y vulnerables”, expresó la defensora de derechos humanos.

Zambrano mostró su preocupación al afirmar  que durante la actual campaña electoral se ha demostrado  que el bipartidismo está empecinado en continuar en el poder a toda costa.

La entrevistada reveló que Julio Cabrera, personaje que se abroga la representación de la sociedad civil tiene en su poder unas 3 mil acreditaciones para la observación internacional. “La impresión que nos da es que esto se ha politizado y que se está entregando acreditaciones del Tribunal Supremo Electoral a activistas políticos del gobierno de turno”.

Zambrano comentó que ellos como asociación solicitaron credenciales al organismo electoral para desempeñarse como observadores y se sorprendieron cuando fueron remitidos al edificio Orión cerca de la residencial Las Lomas, segundo piso para tramitar el documento.

“Ahí nos reciben y nos entregan un formulario para llenarlo con nuestros datos y vemos la foto del candidato del partido nacional, entonces notamos que no están en igualdad de condiciones el resto de organizaciones de sociedad civil a quienes se le están dando a cuenta-gotas las credenciales, por lo que las organizaciones sociales estamos en desbalance en condiciones desiguales, las organizaciones que representamos al pueblo como asociaciones de base, pero sí al clientelismo político del partido de Gobierno”, explicó.

Zambrano hizo un llamado a la Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público para que investigue esta denuncia. “Queremos que investiguen y que se apersonen al TSE para verificar esta situación que yo estoy denunciando en este momento y que realmente esta persona (Julio Cabrera), utilizando una plataforma dizque de sociedad civil, se esté llevando por encuentro a las organizaciones que realmente queremos hacer la observancia de las elecciones”.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2847:condenan-campana-mediatica-que-busca-desacreditar-a-reconocidos-defensores-de-ddhh&catid=71:def&Itemid=166

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Conforman Red Nacional de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia

            Escrito por Redacción en Mié, 11/13/2013 – 17:42
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Conforman Red Nacional de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia

Secciones:

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Las organizaciones y personas participantes en el II Encuentro Nacional de las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, realizado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras los días 12 y 13 de noviembre de 2013, ante el incremento sistemático de la represión y la criminalización contra los y las Defensores de Derechos Humanos, a la comunidad nacional e internacional comunica lo siguiente:
1.- Que nos hemos articulado en la Red Nacional de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, como un mecanismo de denuncia, protección y defensa de la vida y la integridad física y psicológica de las y los defensores de derechos humanos que por el ejercicio noble de su actividad han sido y son objeto de agresiones.
 2.- Que la RED es una instancia incluyente, plural, no discriminativa, solidaria y democrática, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, orientación sexual e identidad de género, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición humana.
3.- Que repudiamos la política sistemática de criminalización en contra de defensores y defensoras de derechos humanos a quienes no se les ha respetado sus derechos constitucionales. Existiendo casos emblemáticos en los sectores de diversidad sexual, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, ambientalistas, operadores de justicia, jóvenes, mujeres y periodistas.

4.- Que condenamos la desarticulación planificada y mal intencionada del proceso de investigación y judicialización de los casos de graves violaciones a los Derechos Humanos realizado por los fiscales: John Cesar Mejía,Edy Tabora y Rosa Seaman, extitulares de la Fiscalía de los Derechos Humanos, tras ser rotados sin causa justificada de sus puestos de trabajo, por parte del nuevo Fiscal General, Oscar Chinchilla y el Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuellar, penosamente amparados en el Estatuto de la Ley del Ministerio Publico que permite la discrecionalidad del titular.
5.- Que Instamos al Congreso Nacional de la República de Honduras a discutir y aprobar la Ley de Protección para  las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, como una de las primeras medidas para mitigar las agresiones.
4.- Que nos adherimos a las actividades de observadores del proceso electoral del domingo 24 de noviembre que impulsa el Centro de Promoción e Investigación en Derechos Humanos de Honduras, CIPRODEH, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares, CPTRT, Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, Codeh, El Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE, La Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN)y el Grupo Sociedad Civil, GSC.
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre de 2013.


Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), Jóvenes de  Honduras, Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras en Francisco Morazán (FOMH-FM), AMA, Visión Mundial, Alianza de Abogados, Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Unión de Mujeres Campesinas de Honduras (UMCAH), Vía Campesina, Articulación –Vía Campesina (ARCA), Movimiento Ambientalista de Campamento Olancho (CAM), Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), FUNDACAM, Foro Social del Valle de Sula (FSVS), Oficina Municipal de la Mujer (OMM), Grupo de Auto Apoyo Amor y Paz (GAA Amor y Paz), Sitraterco, Red de Alertas y Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), Crisálida, GAA Triunfando con VIH, Casa Hogar Pro y Vida, Red de Derechos Humanos, ANDAMH, Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande(Adepza), Colectivo Unidad Color Rosa, Federación Nacional de Personas con Discapacidad en Honduras (FENOPDIH), Grupo de Sociedad Civil (GSC), Defensores y Defensores de Derechos Humanos de SOPTRAVI, Comité por la Libre Expresión (C-Libre), CIPRODEH, Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia Ceiba (UDIMUF), Barra de Abogados, Coalición de Barrios, CPTRT, ODECO, GEMELOS de Honduras, OFRANEH, FUNDAMBIENTE, Federación de Organizaciones Indígenas Lencas (FHONDIL), Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), Proyecto de Vida, ASONAPVSIDAH, Asociación de Prensa Hondureña (APH), Proyecto de Vida (PDV), Mujeres Indígenas Misquitas de Gracias a Dios Honduras (MINASGADH), Asociación Compartir, Hazte Notar, ONILH, Federación de Cooperativas de Reforma Agraria de Honduras (FECORAH), Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales (FENIX), Fiscales Edy Tabora y John Cesar Mejía, APUVIMEH, Jóvenes Desplazados por la Violencia, Red de Mujeres de la Colonia Ramón Amaya Amador, Asociación Centro de Prevención y Educación en Salud Sexualidad y SIDA (CEPRES), Comunidad Gay Sampedrana- Ilusión y Fantasía, Asociación Nacional de los Adultos Mayores de Honduras (ANAMH), Asociación Mujeres Productoras Libres de Marcala (APROLMA), Lucha Joven, Comité LGTBI del Valle de Sula, Alianza de Abogadas por la Justicia de Honduras (AAJH), Coalición de Barrios y Colonias de Tegucigalpa, Federación de Patronatos de Islas de la Islas de la Bahía (FEPAIB), Asociación de personas viviendo con VIH en Honduras (ASONAPVSIDAH).

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/conforman-red-nacional-de-protecci%C3%B3n-de-las-y-los-defensores-de

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Coalición contra la impunidad: en defensa de Bertha Oliva y Víctor Fernández

Monday, 11 November 2013 14:41 Administrador
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Desde la Coalición contra la Impunidad, instancia que aglutina a  más de veinte organizaciones, entre estas el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (COFADEH) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) a las cuales pertenecen los compañeros Berta Oliva y Víctor Fernández, actualmente objeto de una campaña de odio y estigmatización, al respecto expresamos:

PRIMERO: Según la Declaración sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, los Estados tienen la obligación de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor. Consecuente con este enunciado, Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos expresó, en conferencia de prensa realizada el 7 de febrero de 2012 en la sede de Naciones Unidas, con ocasión de su visita a Honduras lo siguiente:

“Me preocupa que funcionarios públicos, incluyendo altos funcionarios del Estado, han ofrecido declaraciones públicas que estigmatizan a los defensores de derechos Humanos”

SEGUNDO: No obstante lo anterior, en los últimos días varios funcionarios públicos y personajes políticos, a través de medios de comunicación con líneas editoriales afines al gobierno de turno, han expresado comentarios peyorativos y estigmatizantes en contra de la labor de defensa de derechos humanos realizada por la compañera Berta Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y del compañero Víctor Fernández, Coordinador General del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

TERCERO: Estas declaraciones de funcionarios y políticos son generadas por el malestar que les ha ocasionado la labor de denuncia que han realizado recientemente ambos defensores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Congreso de los Estados Unidos en la ciudad de Washington, D.C. Acciones que están enmarcadas dentro del derecho y el deber de nuestros compañeros de promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales por lo que no pueden producirse acciones de represalia en su contra como es el hecho de ser expuestos al repudio popular por las declaraciones antes mencionadas.

CUARTO: Estos hechos no hacen más que evidenciar que lo denunciado por Víctor Fernández y Bertha Oliva, en el sentido de que en Honduras vivimos en un clima de militarización, intimidación y de constantes violaciones de derechos humanos, es totalmente cierto.

QUINTO: Condenamos enérgicamente estas declaraciones que incitan al odio y colocan en una situación de extrema vulnerabilidad a nuestros compañeros y exigimos al Estado hondureño que cumpla con su deber de protección impulsando las acciones necesarias para evitar las posibles consecuencias derivadas de estas reprochables actuaciones provenientes de funcionarios y políticos de este país.

¡!Alto a la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos!!

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris – Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) – Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) – Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) – Centro de Derechos de Mujeres (CDM) – Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) – Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas – Colectivo Unidad Color Rosa – Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Comité por la Libre Expresión C-Libre – Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral – Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva – Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) – Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH – Foro de Mujeres por la Vida – Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) – Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) – Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” – Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” – Red Nacional de Defensoras – Tribuna de Mujeres contra los Femicidios

Fuente: http://ww.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2840:coalicion-contra-la-impunidad-en-defensa-de-bertha-oliva-y-victor-fernandez&catid=71:def&Itemid=166

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No descartan escenarios de persecución política y violencia el día de elecciones

 Monday, 11 November 2013 14:48 Marvin Palacios

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Tegucigalpa.

Analistas de los temas de seguridad y  la libertad de expresión manifestaron que en las próxmas elecciones generales,  podría producirse un escenario de conflictividad social que desencadenaría acciones violentas, represión y persecución política.

Así lo dejó entrever la abogada y analista del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Arabezka Sánchez quien expuso ante 22 periodistas de diferentes medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión y prensa digital) que se reunieron el sábado 9 de noviembre, en uno de los salones de la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina para analizar la militarización y  la inseguridad  en el marco del proceso electoral.

Sánchez expuso que en el marco del proceso electoral cuyo fecha culminante será el 24 de noviembre de este año podrán producirse 5 posibles escenarios: El primero que el  actual gobierno controlado por el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández convoque  a una” constituyente” para evitar que el partido Libertad y Refundación (LIBRE) alcance el poder, es decir de concretarse esta posibilidad, no habría elecciones.

Segundo, que el  partido LIBRE gana las elecciones del 24 de noviembre, pero los poderes fácticos, asestan otro golpe de Estado en poco tiempo. Tercero, puede producirse un  triunfo de LIBRE respaldado por el acompañamiento internacional, con margen para llevar a cabo la refundación del país.

Cuarto escenario posible, es que gana el partido Nacional con estrecho margen, causando descontento a la mitad de la población, que se rebela causando conflictividad social, en donde podría darse nuevamente persecución, represión y crímenes políticos. Los resultados serán tan reñidos que harán a la población a entrar en desconfianza y que ocurra lo que pasó en Venezuela, “una sociedad altamente polarizada”, sostuvo Arabezka Sánchez.

Y por último que  LIBRE gana las elecciones, pero no podrá brindar respuesta a todas las promesas de campaña y no podrá atender la gran cantidad de demandas sociales.

La experta en temas de seguridad señaló que durante los operativos e incautaciones realizadas por fuerzas policiales y militares a propiedades, empresas ganaderas y agrícolas y hasta un zoológico, la cúpula policial y otras autoridades permanecieron en situación de bajo perfil y que la embajada de Estados Unidos en Honduras a través de la embajadora Lisa Kubiske, fue la que dio la cara ante los medios de comunicación. Kubiske identificó a dicho grupo delictivo como “Los Cachiros (que se cree están protegidos por el capo de la droga más buscado por Estados Unidos, el Chapo Guzmán)”.

¿Por qué cuando se dan las incautaciones se invisibiliza al  director de la Policía, los altos mandos militares?, ¿Por qué habló la embajadora Kubiske sobre los operativos?, se preguntó Arabezka Sánchez. La respuesta de algunos comunicadores reunidos en el taller, fue que la nación norteamerica opera en Honduras con sus propios equipos de investigación y seguridad, es decir un grupo paralelo opera en Honduras porque no le tienen confianza a la policía nacional ni a las Fuerzas Armadas. “Mientras esto sucedía el presidente Porfirio Lobo Sosa, le andaba besando la mano al Papa Francisco en el Vaticano”, sostuvo Sánchez.

Añadió que 24.5 millones de dólares que estaban destinados para las operaciones de la Policia Nacional fueron finalmente canalizados para las Fuerzas Armadas, en lo que parece ser un debilitamiento a propósito que se estaría dando en contra de las fuerza policial hondureña.

La expositora aseguró que llama la atención que el grueso de las muertes violentas ocurra en la zona central y norte del país, franjas de territorio en el que operan el narcotráfico y crimen organizado.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Para el tema Derechos Fundamentales, Libertad de Expresión, Pensamiento e Información en el contexto electoral, RAPCOS invitó al escritor, dramaturgo y docente universitario de Literatura Eduardo Bahr.

Bahr  hizo una breve reseña histórica de lo que él llamó la democratización del conocimiento, al comentar que en el siglo XV solo el clero, los monarcas y un grupo élite tenían acceso al conocimiento. No fue si no hasta 1450 que Juan Guthemberg con su invento de la imprenta, permitió la divulgación de las ideas.

Más adelante Bahr expresó que después del golpe de Estado de 2009, el pueblo decidió no olvidar y mantener fresca en la memoria que el bipartidismo después de 100 años de gobernar Honduras, han sumido en la pobreza, la intolerancia, la inseguridad y la polarización a la sociedad hondureña.
“El pueblo decidió no olvidar, investigar, recopilar y mantener la memoria”, subrayó Eduardo Bahr.

En torno al contexto electoral, Bahr anticipó que durante años las instituciones del Estado han permanecido bajo el control del bipartidismo y que en las próximas elecciones la clase dominante no estará dispuesta a dejar el poder, porque también han visto que perderán sus privilegios.

Al referirse a la frase del candidato oficialista Juan Orlando Hernández: “Voy a hacer lo que tenga que hacer”, el expositor dijo que dicho slogan fue creado por el equipo de asesores del candidato del partido Nacional y que implica que aunque se vea imposible, se estaría fraguando otro golpe de Estado en Honduras.

Eduardo Bahr criticó a algunos medios de comunicación y periodistas que respaldaron el rompimiento del orden constitucional el pasado 28 de junio de 2009 como los causantes de la polarización de la sociedad hondureña.

De igual manera el académico señaló a la clase política y económica dominante ,de permanecer anclada en el milenio pasado y resistirse a los cambios que demanda el pueblo hondureño encaminados a la instalación de una  Asamblea Nacional Constituyente. Para el caso Bahr mostró su enojo y rechazo al referirse a un anuncio propagandístico en el que se invita al electorado a votar por “el candidato de los chocoyos”, porque aseguró “ese mensaje es un insulto  a la inteligencia colectiva, el pueblo no es pendejo”.

En la última fase del taller,  los periodistas disertaron en relación a tres aspectos: Dejarse llevar  por el discurso de la construcción del miedo, manejar optimismo e instar al electorado a votar o recomendar ejercer el sufragio, pero con cautela.

Al respecto, la idea constante delos comentarios giró en torno a promover que los comicios se desarrollen con tranquilidad, pero ejerciendo el voto con mucha cautela: no exacerbar los ánimos partidistas, no incitar a la violencia y respetar a los periodistas y comunicadores que trabajan para aquellos medios de comunicación que apoyaron el golpe de Estado y que respaldan el statu quo.

También los participantes criticaron el accionar de varios de sus colegas que por un lado ejercer su actividad profesional y por otra van por un puesto de elección popular, para lo cual la mitad del tiempo se visten con la camisa de activista político y la otra mitad con el saco y corbata de periodista.

El Taller Militarización, Inseguridad y  Libertad de Expresión en el Contexto Electoral fue organizado por la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS) del departamento de Francisco Morazán con el apoyo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE).

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2841:no-descartan-escenarios-de-persecucion-politica-y-violencia-el-dia-de-elecciones&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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DENUNCIA PÚBLICA: Nuevamente los esbirros dan persecución vehicular, esta vez al compañero Aureliano Molina Villanueva, miembro del COPINH. (08-11-2013)

    Por lo visto los esbirros de las empresas privadas, trasnacionales y los aparatos represivos están dedicados a tiempo completo a vigilar, perseguir y hacer acciones con la intención de imponer terror como ya lo hemos denunciado reiteradamente; esta vez la acción delictiva estilo sicariato  fue perpetrada  contra el compañero Aureliano Molina Viilanueva, miembro de base del COPINH y comunicador indígena, quien cuando se desplazaba el día de hoy en horas de la  tarde desde la ciudad de Tegucigalpa,  con destino a la Esperanza con el fin de acudir al juzgado para cumplir con la imposición injusta de las medidas sustitutivas consistentes en firmar cada 15 días reportándose a los Juzgados de esa ciudad, fue objeto de persecución desde el desvío de Siguatepeque hacia la Esperanza, por parte de individuos que se conducían  en  dos vehículos sin placa, Toyota hi-lux, tipo 3.0,  uno color blanco y el otro color gris, vidrios polarizados, que seguramente le pertenecen a la Empresa DESA y a la logística de la operación de las  fuerzas  represivas combinadas llamada irónicamente  “Operación Libertad”, las cuales están  instaladas   en el Plantel del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca/DESA. Estos vehículos se mantuvieron todo el tiempo  detrás del vehículo del compañero Aureliano, encendiendo las luces intermitentes,  evidenciando el seguimiento.

    La pretensión de los cipayos sin duda  era  causar intimidación, y provocar que el compañero Aureliano sufriera un accidente, la persecución se prolongó hasta casi 10 minutos antes de la Esperanza, poniendo claramente en riesgo la vida del compañero Aureliano.

    Denunciamos este hecho, que se suma a las reiteradas amenazas a muerte, persecución vehicular con hombres armados, a la persecución judicial, a las campañas que pretenden  intimidación y desprestigio en contra del compañero Molina Villanueva y contra el COPINH a causa de la lucha justa y por los derechos de los Pueblos Indígenas y particularmente de Río Blanco. Vale la pena mencionar, que también el  día de anteayer, miércoles 06 del presente mes, el abogado Víctor Fernández  apoderado legal del COPINH y también defensor en la causa que se le persigue judicialmente a Aureliano y  a los otros dos compañeros del COPINH por parte de DESA-Ministerio Publico, también fue objeto de persecución vehicular por un vehículo Toyota blanco, con las mismas características que persiguió  hoy al compañero Aureliano.

    Hacemos un llamado a los organismos defensores de derechos humanos tanto nacionales como internacionales a sumar mas esfuerzos en defensa de la vida, de los luchadores y luchadoras sociales e indígenas, por  la lucha contra la impunidad y la violación sistemática de derechos humanos, que cada vez se realizan con mayor cinismo, impunidad, recursos, técnicas y logística apoyada por los sectores del poder factico golpista, por la derecha  internacional y los grandes capitales, quienes buscan neutralizar y acabar con las organizaciones que enfrentamos la agresión de los heraldos de la muerte y la codicia. ¡NO NOS PARALIZARAN! ¡AVANZAMOS CON LA CONVICCIÓN QUE NOS DA EL EJEMPLO DE LEMPIRA Y TODOS LOS MÁRTIRES DE AYER Y HOY, QUE SERÁN POR SIEMPRE! ¡EL COPINH PRESENTE EN LA LUCHAS DEL PUEBLO POR LA DESCOLONIZACIÓN, CAMINANDO A LA EMANCIPACIÓN Y REFUNDACIÓN DE HONDURAS! ¡A más represión, mas lucha y organización! Dado en Intibucá, a los 08 del mes de noviembre del 2013. Coordinación General del  COPINH

    Fuente: http://www.copinh.org/article/denuncia-publica-nuevamente-los-esbirros-dan-perse/

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    Honduras: Qué hay tras el linchamiento judicial y mediático contra Berta Cáceres

    Publicado en noviembre 11, 2013 de

     

    “Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos,
    como la entraña obscura de oscuro pedernal” 

                                                                               Porfirio Barba Jacob

    El linchamiento judicial y mediático que se viene dando contra Berta Cáceres, forma parte de la ofensiva contra los pueblos indígenas del istmo y la apropiación de sus territorios ancestrales para la construcción de hidroeléctricas, minería, mega proyectos turísticos, biopiratería, y algunos negocios mas, instigados por inversionistas extranjeros, organismos financieros y la elite de poder regional.

    La campaña de linchamiento judicial desatada contra Berta Caceres, desde el pasado 24 de mayo en Agua caliente, cuando supuestamente elementos del ejercito aseguran haber encontrado un arma de fuego en el carro que se conducía la Coordinadora  del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Intibucá (COPINH), culminó con una orden de prisión preventiva en su contra, dictada el 20 de septiembre por la Jueza Alicia Lizeth Naigh, del Juzgado Primero de Letras, departamento de Intibucá.

    El caso contra Berta Caceres tiene todas las características de la justicia de “Alicia en el Pais de  las Maravillas”,  donde la sentencia es primero y el veredicto es después. Sin que se presentarán pruebas dactilares que conectaran a la sindicada con el arma y haciendo alarde de la sistemática incapacidad que caracteriza al sistema de justicia en Honduras, la jueza Lizeth Naigh, azuzada por los empresarios de la empresa DESA y los burócratas de la Secretaria de Recursos Naturale (SERNA) procedió a emitir la orden de captura.

    Desafortunadamente la aplicación de justicia en Honduras deja mucho que desear. Nuestra organización libró una enorme batalla jurídica para lograr la libertad de Alfredo López, miembro de nuestra organización y acérrimo defensor del territorio ancestral de la comunidad de Triunfo de la Cruz. Alfredo estuvo preso siete años acusado de narcotráfico, hasta cuando su caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ente que en el caso incoado en contra del Estado de Honduras  dictamino en su sentencia “Reformar la legislación interna que vulnIndera los derechos consagrados en la Convención Americana, en especial aquellas normas que limitan o restringen el derecho a la libertad provisional de los procesados”, además de: “Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro no se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los hechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana”

    El desplome jurídico causado por la ausencia de independencia de poderes en el país, fue ratificado por el golpe del Congreso a la Corte Suprema (12-12-12);  y en fecha reciente, el  abordaje estilo pirata al MinCOHEPisterio Público, reconfirma el caos jurídico y la subsecuente violencia imperante en el país.

    El Lamento del Sórdido Juan Ramón Martinez

    Una de las voces de la caverna apologista del golpe del año 2009 en Honduras, el Sr. Juan Ramón Martinez, publicó una columna el pasado 22 de octubre, intitulada “Entendiendo a Berta”, en la cual tergiversa las problemáticas inducidas por las represas en río San Juan, una de ellas propiedad de Freddy Nasser. Las comunidades de la cuenca de San Juan se han opuesto desde el inicio y hasta la fecha, a la construcción de represas y de la explotación de minerales.

    Según Martinez, la defensa del territorio Lenca y la protección de sus ríos, acción encaminada por Berta Caceres, “tienen su origen en posiciones ideológicas, emparentadas con las estrategias de mantener en dificultades al país, oponiéndose a cualquier fórmula para salir adelante”. La visión de progreso decimonónico en que se encuentran anclados muchos de los ideólogos de la derecha hondureña, los conlleva a ignorar la información en relación al cambio climático y los abruptos cambios en los patrones de precipitación pluvial que padece el istmo centroamericano, situación que afectará severamente la producción de energía hidroeléctrica . Ademas de existir hasta la fecha una visón sórdida por parte de la derecha fascista de satanizar a los defensores de los bienes comunes, como si fueran agentes de un complot internacional.

    La incapacidad de Martines de entender el significado de res communis (bienes comunes) y el dolor que embarga a las comunidades, el ver los  ríos y bosques que han cuidado con esmero, convertidos en desiertos o riachuelos sin vida alguna, demuestra una enorme falta de sensibildiad social. Sencillamente se limita a mirar el “desarrollo” desde el punto de vista de la acumulación de capital, sin tomar en cuenta los impactos sociales y ecológicos de los proyectos. El cambio climático coloca en duda las proyecciones energéticas, en especial en ríos que han visto sus caudales disminuir como consecuencia de la deforestación sistemática que padece y los severos cambios en los ciclos pluviales.

    La imposición de un esquema de “desarrollo” neoliberal, bajo el marco de alianza publica privadas, viene excluyendo deliberadamente a las poblaciones locales. Bosque y ríos en Honduras vienen siendo siendo destruidos por sórdidos personajes emparentados con empresarios y políticos. Mientras que las comunidades que han cuidado de su habitad funcional son actualmente excluidos de las tomas de decisiones sobre sus entornos.

    Casualmente la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores, casi al unísono con Martinez, señaló a Berta Caceres como parte de “los grupos interesados en impedir el desarrollo de los proyectos de energía renovable en el país”.  Según Flores se ha dado la socialización de los proyectos de energía responsable. Pero parece que la presidenta del COHEP al igual que muchos funcionarios, pretenden desconocer el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), consignada en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La “ignorancia” de los funcionarios públicos que han estado asignados a SERNA, ha conllevado a comprometer al Estado de Honduras como transgresor  de la Convención de Viena sobre Tratados (1969).

    Es interesante como el ultra conservador de  Juan Ramón Martinez, autor de un ditirambo sobre el poeta maldito Porfirio Barba Jacob, ensayo con el cual logró ingresar como miembro de la Academia Hondureña de la Lengua, haya logrado entender a uno de los iconoclastas de la literatura latinoamericana; mientras la defensa de los territorios de los pueblos  indígenas, ríos y bosques, no es mas que una manifestación de ludismo trasnochado, con el único objetivo de frenar el “desarrollo” que en este caso beneficia exclusivamente a los individuos asociados con la sórdida elite de poder hondureña.

    Comunidad Garifuna Sambo Creek, 11 de Noviembre 2013

    Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

    Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2013/11/11/honduras-que-hay-tras-el-linchamiento-judicial-y-mediatico-contra-berta-caceres/

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    HONDURAS: SE PROFUNDIZA PERSECUCIÓN CONTRA VICTOR FERNÁNDEZ COORDINADOR DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

    viernes, 8 de noviembre de 2013

    El Movimiento Amplio Por La Dignidad y La Justicia (MADJ) denuncia la persecución e intimidaciones de las que está siendo víctima nuestro compañero Víctor Fernández Guzmán, Coordinador General del MADJ. Ya que el día miércoles 6 de noviembre el abogado Fernández viajaba  de Tegucigalpa  hacia San pedro Sula, luego de participar en la conferencia de Prensa del lanzamiento “Honduras Debate”, espacio de varias organizaciones que realizan propuestas de Políticas Públicas para que sean incorporadas por los Partidos Políticos. Asimismo, realizó gestiones ante distintas  Fiscalías del Ministerio Publico relacionadas con las denuncias que El MADJ a interpuesto por concesiones mineras, amenazas e intimidaciones a líderes de Atlántida; en su regreso fue objeto de persecución desde el desvío a Santa cruz de Yojoa hasta delante de Villanueva, Cortés por un vehículo blanco, Hilux, doble cabina y sin placa.
    Estas acciones de intimidación no son aisladas, pues Víctor Fernández junto a su hermano Martin Fernández, también miembro de la Coordinación Nacional del MADJ,  ha sido criminalizado mediante  denuncia interpuesta por “La Sociedad Mercantil la Victoria” en la cual, se le acusa de incitar a la población de Nueva Esperanza a oponerse a la explotación minera.
    Recientemente, el candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández ha incitado al odio en contra del abogado Víctor Fernández Coordinador del MADJ y Berta Oliva  directora del COFADEH, como reacción a la participación de ambos defensores de los Derechos Humanos en la Conferencia de Prensa y reuniones desarrolladas con Senadores del gobierno de los Estados Unidos, realizadas en el marco del 149 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
    Igualmente, el empresario de La Sociedad Mercantil La Victoria que ejecuta explotación minera en Nueva Esperanza Tela, Atlántida habría advertido que si hablaban sobre la violación a Derechos Humanos de la mina en el Sector Nueva Esperanza se las iban a ver con él, refiriéndose a la participación que el abogado Fernández tuvo en la Audiencia sobre Megaproyectos y el Derecho de Consulta  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
    Además, el Abogado Víctor  Fernández, es el defensor de Berta Cáceres, Tomas Gómez, Aureliano Molina y Magdalena Morales dirigentes, defensores de los bienes naturales en su lucha por la tierra y contra el concesionmiento de bienes comunitarios, víctimas de la persecución judicial por las empresas hidroeléctrica DESA- SINOHIDRO y empresarios latifundistas.
    Por tanto, denunciamos que todas estas acciones de intimidación y amenazas a nuestro compañero son parte de una estrategia orquestada desde el gobierno mediante la inteligencia militar desplegada en el país para la persecución a defensores de Derechos Humanos y denunciamos la operación Libertad desplegada en la zona Centro Occidental del País que esta orientada a defender los intereses de empresas hidroeléctricas y mineras que tienen intereses en los departamentos de Santa Bárbara,  Intibucá, Cortés y Comayagua.
    El Movimiento Amplio Por La Dignidad y la Justicia demanda al Estado de Honduras que cumpla con el deber de respetar los Derechos Humanos del pueblo hondureño y que se implementen mecanismos que garanticen la vida de los defensores de los bienes Naturales que hoy están siendo víctima de todo tipo de violaciones a sus derechos.
    El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ratifica su posición de lucha contra la Corrupción en todas sus expresiones y a favor de los pueblos  históricamente oprimidos por el sistema político, económico y social;  desde la participación y el luchar activo y pacífico de la ciudadanía.
    Dignidad y Justicia.
    “Solo el pueblo Salva al pueblo”
    http://www.madj.org
    Facebook: movimientoporladignidad@gmail.com

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    Alerta Honduras: Defensora de Derechos Humanos, Bertha Oliva y Director de Radio Globo David Romero se sienten amenazados

    El periodista y director de Radio Globo, David Romero, responsabilizó durante la transmisión del programa radial “Interpretando la Noticia” en la emisión del día 6 de noviembre a la cúpula de las FFAA y del Partido Nacional así como a la empresa Latincom de origen estadounidense, por cualquier sabotaje en las trasmisiones de Radio Globo y de Globo TV.

    Artículo |     November 7, 2013 – 5:11pm
         

    Edición Central / EL LIBERTADOR

    Tegucigalpa. La Defensora de Derechos Humanos, Bertha Oliva-Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y el Periodista David Romero Director de Radio Globo, responsabilizan públicamente al Partido Nacional y a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) por cualquier agresión en su contra.

    El Comité por la Libre Expresión de Honduras (C-Libre) envía una alerta nacional e internacional e indica que Bertha Oliva, responsabilizó, el día 5 de noviembre, en el programa radial “Resistencia Popular”, que dirige el periodista Felix Molina, al presidenciable oficialista Juan Orlando Hernández, por cualquier daño a su persona, a sus familiares y a su equipo de trabajo.

    Según Oliva, el candidato a la presidencia se ha encargado de emitir un mensaje de odio en su contra, debido a la audiencia  pública que el pasado 28 de octubre se tuviera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se denunció la emergencia insostenible en el tema de Derechos Humanos, las constantes amenazas a dirigentes humanitarios y la persecución a líderes de la oposición por parte de la Policía Militar de Orden Publico bajo la egida del ejército de Honduras.

    Oliva además aseguró que el mensaje del candidato nacionalista “voy hacer lo que tenga que hacer” envía señales de terror y miedo y causa confusión en la población”.

    Por otra parte el periodista y director de Radio Globo, David Romero, responsabilizó durante la transmisión del programa radial “Interpretando la Noticia” en la emisión del día 6 de noviembre a la cúpula de las FFAA y del Partido Nacional así como a la empresa Latincom de origen estadounidense, por cualquier sabotaje en las trasmisiones de Radio Globo y de Globo TV.

    “Tengo información fidedigna que las Fuerzas Armadas de Honduras contrataron a la empresa estadounidense Latincom para obstaculizar las trasmisión de Radio Globo y Globo TV,  durante el proceso electoral”. También denunció que existe un plan para instalar un scanner paralelo para cambiar los resultados del proceso electoral.

    Este plan incluye, según el  periodista, la intercepción de llamadas telefónicas, la interferencia de cadenas de radio y televisión y la alteración del cable submarino para trastocar las comunicaciones, razón por la cual desde hace dos semanas ya están operando en un hotel cercano a Casa Presidencial.
    Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

    C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

    Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/alerta-honduras-defensora-de-derechos-humanos-bertha-oliva-y-director-de-radio-globo-david-0

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    Oligarquía echa a andan las mismas estrategias previas al golpe de Estado contra movimiento de derechos humanos

     Thursday, 07 November 2013 17:23 Dina Meza

    E-mail Print PDF

    Tegucigalpa.

    La utilización del mismo guión que se usó unos meses previos al golpe de junio de 2009 se está implementando en los  últimos 15 días previos a las elecciones generales del 24 de noviembre de este año, contra dirigentes de derechos humanos, de los movimientos sociales y del Partido Libertad y Refundación, LIBRE.

    Entre estas estrategias que están  en diferentes medios corporativos, se han llevado a cabo programas exclusivos para desprestigiar la figura de la Coordinadora General del COFADEH como defensora de derechos humanos, descalificando una denuncia que interpuso ante un grupo de representantes del Senado de los Estados Unidos, la cual se llevó a cabo en Washington y donde señaló que Honduras vive una emergencia en derechos humanos por las constantes violaciones que se llevan a cabo y donde están involucrados agentes del Estado que no han sido llevados ante la justicia.

    En un programa televisivo llevado a cabo este 05 de noviembre con la presencia de cuatro candidatos a las diputaciones por varios partidos políticos, entre ellos Olban Valladares, Mario Rivera Vásquez, Felícito Ávila y Amílcar Bulnes,  que mostraron su afinidad con la ruta de descalificación que impulsó un periodista en una de las cadenas televisivas, se orientó todo el programa de más de una hora para presentar a Oliva como alguien que no es defensora de derechos humanos sino activista del Partido LIBRE.

    Previo a lanzar una serie de epítetos descalificativos contra la Coordinadora del COFADEH el conductor del Programa señaló que “tengo información que inteligencia que las FFAA le sigue la pista a arsenales creen que en Olancho, Colón y Santa Bárbara, hay armas”.

    Después todo el contenido del programa giró en torno a la  Coordinadora del COFADEH quien  fue objeto de una campaña similar en los seis meses previos al golpe de Estado.

    Oliva fue hace una semana a una gira a Washington donde habló con diferentes sectores de ese país sobre la grave situación de los derechos humanos que enfrenta Honduras en el preámbulo de las elecciones entre ellos estaban representantes del Congreso de los Estados Unidos.

    En el programa televisivo Frente a Frente, se debatió alrededor de este accionar y se presentó sustento del debate una carta enviada por Jorge Hernández Alcerro, Embajador de Honduras en Washington, envió una carta al presidente del régimen Porfirio Lobo Sosa donde le destaca que   “queda demostrada la conspiración de ONGS y personas hondureñas contra el proceso electoral en Honduras”.

    Defensores de DDHH, Observadores Internacionales y dirigentes políticos han sido víctimas de persecución y amenazas

    Olban Valladares dijo que “yo la miraba en los ochenta cuando era muy joven defender a las personas perseguidas y desaparecidas porque sí efectivamente habían desaparecidos, pero posteriormente se acabó el mercado de los desaparecidos y que después tuvo que incursionar en otros campos y yo a veces me pregunto será campo adecuado para ella o no?”.

    Agregó que “lamentablemente entran estas declaraciones una información muy sensible para Honduras en una reunión de una sección del Congreso de los estados Unidos con una comisión especial que por lo general son comisiones de cuarta o quinta categoría de interés político que no dejan de hacer mella, uno tiene como hondureño que preocuparse, yo sería del criterio que si Bertha tiene alguna información que no se  ha extendido al público , yo quisiera saber cuáles son los observadores que han sido secuestrados y a punto de ser secuestrados”.

    Esto hace referencia a la denuncia que Oliva hizo personalmente ante los congresistas sobre el secuestro el  25 de julio de 2013, de los defensores internacionales Daniel Langmeier (25), de nacionalidad suiza y Orlane Vidal (26), francesa, se encontraban en la vivienda de Concepción Gutiérrez en la comunidad atlántica de Nueva Esperanza, donde habían llegado el día anterior para acompañar a las comunidades de Nueva esperanza y el Zapote que enfrentan amenaza de desplazamiento y destrucción de sus recursos naturales, por la empresa Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez.

    Esta denuncia se hizo públicamente en Honduras a través de una conferencia de prensa realizada el 30 de julio anterior y donde también se señaló la persecución que están siendo víctimas varios candidatos de partido LIBRE entre ellos Juan Ramón Flores y  Anselmo Romero, de Comayagua; y dirigentes sociales como Rafael Alegría, Coordinador d Vía Campesina-Honduras y Bertha Cáceres, Coordinadora del Cosnejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. Vea contenido de la conferencia de prensa.

    Sin embargo los detractores de la defensora de derechos humanos  manifestaron que no se daban cuenta de este hecho ni de los allanamientos de casas de la disidencia política en Honduras donde la Policía Militar ha participado y que entran a las casas en ausencia de sus habitantes.

    Se refería a los casos de Edwin Robelo Espinal, un miembro de la resistencia desde el golpe de Estado que ha sido víctima de reiterados ataques por la policía, detenciones ilegales y amenazas y que el 23 de octubre  pasado con una orden del Juez Claudio Aguilar llegó un sargenteo raso de las Fuerzas Armadas como Juez Ejecutor , un Fiscal asignado por el Ministerio Público y uhna Técnica de Inspecciones Oculares de la DNIC, que procedieron a hacer destrozos en su vivienda aduciendo que buscaban armas y drogas y en la orden se identificaba a la víctima como miembro de LIBRE y que en su casa había una bandera de ese partido, según la orden de allanamiento. Vea datos de este caso

    Otra de las denuncias presentada por la Coordinadora del COFADEH fue la persecución contra el Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, SITRAPANI. Acá se destaca el allanamiento a la vivienda de Marco Antonio Rodríguez, vicepresidente de esa organización el pasado 10 de octubre que la Policía Militar también fue protagonista de esta arbitrariedad al extremo de apuntar a la cabeza de su hijo menor, de esposarlo, y a su hija también y esposa objeto de crueles vejámenes.  Además de la persecución y amenazas contra Pedro Elvir, también miembro de este sindicato a quien hombres armados le atravesaron un vehículo cuando se conducía por el anillo periférico en la capital. Vea noticia de esta caso.

    Bertha Oliva, coordinadora del Cofadeh

    Por su parte Felícito Ávila señaló que “en estos momentos es bueno demandar a estos organismos de derechos humanos que presenten pruebas habló de seis casos de persecución política y no los detalló  y además que desde los últimos seis meses han contado con el acompañamiento de observadores de derechos humanos”.

    Mientras el presentador del programa profundizó sobre la figura de la coordinadora del COFADEH en un afán de deslegitimar su labor como defensora de derechos humanos, “en esto hay que asumir posturas por Honduras, es COFADEH un organismo de Derechos Humanos o se nos transformó en un partido político? , desgraciadamente nunca preguntarme eso, yo he admirado a COFADEH porque cuántas veces me protegió, pero yo me pregunto ahora , sigue siendo COFADEH lo que era o se convirtió en un partido político”. Vea el video  del programa

    Bertha Oliva: No me van a apartar de las víctimas, soy una defensora de derechos humanos

    Ante esta campaña de desprestigio y estigmatización por su labor de defensa de derechos humanos, la Coordinadora del COFADEH señaló en un programa en el canal 36 donde fue invitada en día siguiente, junto a otros dirigentes sociales, dijo que ya ha logrado sobrevivir a otra fuerte campaña de desprestigio antes del golpe de Estado y que esta vez también lo logrará, al tiempo que llamó al pueblo a no tener miedo y a seguir adelante con su proyecto de refundación del país.

    “Soy una defensora que voy a estar al lado de una persona que sufre violaciones a derechos humanos pero no me van a apartar. No me atemoriza en lo absoluto, no voy a mentir pues he tenido como principio  decir la verdad sin temor a equivocarnos”, advirtió.

    En relación al blindaje que desde el presidente del Congreso Nacional le pretende dar a la Policía Militar a través de la reforma a la Constitución de la República, Oliva expresó “que no creía que a escasos 15 días de las elecciones  iban a consolidar un acto público de poder eso solo se hace cuando se tiene poder, más tarde van a ser usar los rifles para quienes nos oponemos, estamos en el momento más difícil de cambios históricos”.

    Hizo un llamado al pueblo de Honduras para que se mantenga atento a lo que está pasando alrededor de este tema para poder identificar los patrones de represión que se legalizan a través del Poder Legislativo con la intención de favorecer a  un candidato que se siente derrotado.

    Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2836:oligarquia-echa-a-andan-las-mismas-estrategias-previas-al-golpe-de-estado-contra-movimiento-de-derechos-humanos&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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    COPINH: Pospuesta la audiencia

    COPINH:La “Audiencia de Conciliación” ha sido pospuesta para el lunes 18 de noviembre a las 02:00pm en el Juzgado 1ro. de Letras de Santa Barbará. Informamos que después que el Estado de Honduras injustamente ha acusado a la compañera Bertha Cáceres a través de un montaje perpetrado por sus instituciones entre ellas el Ejército de Honduras, luego de sembrar evidencias, de que no ha dilucidado la pertenencia del arma que supuestamente encontraron en el vehículo del COPINH, y no bastándole todo lo anterior, ahora pretende que la compañera indemnice al Estado, cuando debería de ser lo contrario ante los daños y la persecución judicial de la que ha sido objeto la Coordinadora del COPINH.

    Fuente: http://www.copinh.org/article/copinh-pospuesta-la-audiencia/

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    HONDURAS / Denuncia Pública: Continua hostigamiento contra el compañero Víctor Fernández.(ayer 06-11-13) // Continua desnudándose las ilegalidades de DESA / Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca:Firmas Falsas Rio Blanco‏

    jueves, 7 de noviembre de 2013

    El día de ayer 06 de noviembre del 2013 y posterior a una reunión de seguimiento a los casos del COPINH con relación a la situación de Río Blanco y la judicialización de tres dirigentes de la organización: Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño; pasadas las seis de la tarde,  el abogado Víctor Fernández, defensor del COPINH, y su acompañante, fueron perseguidos en la carretera hacia San Pedro Sula, hasta la altura de Villanueva, Cortés, por un carro Toyota hi-lux, blanco, doble cabina, 3.0 sin placa. Este vehículo se mantuvo detrás del carro del abogado apagando y encendiendo las luces durante un sector importante del trayecto desde Santa Cruz de Yojoa, evidenciando claramente su presencia y persecución  detrás del vehículo del abogado Fernández.

    Alertamos que estos actos son parte de la campaña sistemática de persecución, intimidación y agresión contra el COPINH y sus miembras y miembros; y otras luchadoras y luchadores sociales. En los últimos días, en los medios de comunicación de la oligarquía se han hecho ataques directos contra Berta Cáceres y  Víctor Fernández, igualmente sectores políticos han atacado públicamente la intervención del abogado ante la CIDH por el caso del Pueblo Lenca de Río Blanco y la persecución política y judicial contra el COPINH, igualmente por los casos del Pueblo Tolupan de Locomapa Yoro y comunidades en lucha contra las mineras en Atlántida, pertenecientes al MADJ.
    El compañero Fernández es también  coordinador del MADJ, quien también ha sido acusado y amenazado por defender los bienes de la naturaleza, además representa y ha representado legalmente a varias organizaciones y sus luchas territoriales e indígenas. El día de ayer también estuvo realizando gestiones ante el Ministerio Público de defensoría de causas del COPINH.
    ¡A mas represión, mas lucha y organización!
    ¡Condenamos la impunidad,  la política  y sus mecanismos de terror en contra de las luchadoras y luchadores sociales!
    Dado en Intibucá, a los 07 del mes de noviembre del 2013.
    Coordinación General del  COPINH


    escuchenos en vivo:
    http://giss.tv:8000/guarajambala.mp3.m3u
    web:  copinh.org
    blog:  copinhonduras.blogspot.com
    fb:     Copinh Intibucá
    twitter: @COPINHHONDURAS

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    Continua desnudándose las ilegalidades de DESA / Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca:Firmas Falsas Rio Blanco‏

     En Septiembre de 2010 la concesión del río Gualcarque en el departamento de Intibucá, fue otorgada por parte del Congreso Nacional, con el aval de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA, a la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima DESA, inicialmente otorgada por un periodo de 20 años.

    La protesta indígena en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la región lenca de Río Blanco Honduras, ha sido criminalizada por parte del estado

    Las comunidades indígenas donde se van a desarrollar los proyectos no fueron consultadas, violando el convenio 169 de la OIT que Honduras suscribió . El cual otorga a los pueblos indígenas el derecho a la autodeterminación, información y la consulta previa en los procesos de desarrollo que los afecten. 

    El modus operandi estatal, comprende obtener de manera ilegal el consentimiento de las comunidades afectadas, usando sobornos, presiones, amenazas y falsificación de documentos, para simular la obtención de los permisos por las comunidades en cuestión, tal y como es el caso de la comunidad indígena de Rio Blanco.

    VER AQUÍ

    http://vimeo.com/78375391

    escuchenos en vivo:
    http://giss.tv:8000/guarajambala.mp3.m3u

    web:  copinh.org
    blog:  copinhonduras.blogspot.com
    fb:     Copinh Intibucá
    twitter: @COPINHHONDURAS

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    Honduras Votes

    Published on The Nation (http://www.thenation.com)

    Honduras Votes

    Dana Frank | November 6, 2013

    Four years after a military coup deposed democratically elected President Manuel Zelaya, Hondurans have a chance with their November 24 elections to restore a measure of democracy. The stakes are high: either Honduras will plunge deeper into its vortex of violence and repression, or it will have a fighting chance to begin to re-establish the rule of law and construct a viable economy. On a broader level, the Honduran elections will test whether Latin America’s transition to democracy and social justice will be permitted to advance—in what Secretary of State John Kerry still refers to as “our backyard.”

    For the past nine months, the consistent presidential front-runner in the polls has been Xiomara Castro de Zelaya, the ex-president’s wife, who has emerged as a charismatic leader in her own right. She is the candidate of LIBRE (Libertad y Refundación), a new party formed out of the post-coup resistance movement that unites a broad coalition including labor, LGBTI activists, campesino leaders, consumer rights activists, human rights defenders, former members of the Liberal Party who opposed the coup and others mobilized in an enormous grassroots base. If nothing else, the traditional two-party system has been shattered.

    In second place for many months sits Salvador Nasralla, an ultraconservative sportscaster with no political experience, running on his own new Anti-Corruption Party; but he has been lagging recently. The man to watch is Juan Orlando Hernández, the candidate of the ruling National Party, ahead in some recent polls. Hernández has proven adept at undermining the rule of law. As a leader in the Honduran Congress, he enthusiastically promoted the 2009 coup. In December 2012, as its president, he led the “technical coup” in which Congress illegally deposed four of the fifteen justices on the Supreme Court and named replacements the next day. In August, Congress illegally named a new attorney general for a five-year term. As a result, Hernández and his party control all the key reins of state power, including the electoral machinery and the military.

    Most chilling, Hernández has built his candidacy around the promise of “a soldier on every corner.” It’s well established that the country’s police, judiciary and prosecutor are corrupt, interlaced with drug traffickers and organized crime. The police are directed by Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, an alleged death squad leader. Lacking the political will to clean this up, current President Porfirio Lobo and the Congress are instead sending in the military to take over police functions—supposedly to protect Hondurans from the very dangers the government is responsible, in part, for creating. Yet the military itself has a track record of repression and corruption. On July 15, for example, the Engineers’ Battalion shot and killed an indigenous activist, Tomás García, as he peacefully protested construction of a dam. In the Aguán Valley, the Fifteenth Battalion has committed widespread human rights abuses. Constitutionally, the military oversees the balloting process.

    In this context, prospects for a free and fair contest are grim. According to Rights Action, at least eighteen LIBRE activists and candidates have been killed since May 2012—more than from all the other parties combined. At least sixty-seven lawyers and twenty-nine journalists have been murdered during the Lobo administration, but only in four cases was anyone convicted. Meanwhile, the Honduran government is increasingly criminalizing peaceful protest. It is aggressively prosecuting indigenous leader Bertha Cáceres, for example, on trumped-up charges.

    Although Ambassador Lisa Kubiske has stated that the United States is not taking sides and that it is important the elections “are carried out in a free, just and transparent manner,” the indications so far suggest that the embassy may legitimate a fraudulent victory. It has not spoken forcefully against the illegal naming of the attorney general, the militarization of the police or the technical coup. It has never publicly protested the killings of LIBRE activists and candidates. It is promoting election observation but continuing to work closely with Bonilla, the corrupt police and the dangerous military.

    The US Congress, however, is watching Honduras carefully. In June, twenty-one senators, including top leaders, co-signed a letter from Senator Benjamin Cardin questioning US support for Honduran state security forces and raising concerns about the elections. In the House on October 15, several members, led by Representative Raúl Grijalva of Arizona, expressed similar concerns.

    Will the State Department engineer what used to be called a “demonstration election,” managing the illusion of democracy in Honduras so that Hernández can win and the United States can continue to pour tens of millions of dollars into the security forces in the name of the “war on drugs”? Or will Hondurans be allowed to take a small step forward? That’s what the world should be asking.

    Last year, Dana Frank detailed [2] the repressive nature of Honduras’s post-coup government.


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    Where Will the Children Play? Neoliberal Militarization in Pre-Election Honduras

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    Written by Adrienne Pine, Photos by Jesse Freeston
    Tuesday, 05 November 2013 09:31
    Pro-Corporate State Violence

    On Thursday, October 24th I attended the late-night wake for 32-year-old journalist Manuel Murillo, whose body had been dumped in an alleyway the previous day with three gunshots to the face. I was with two international journalists and Honduran activist Edwin Espinal. As we walked past the truckload of military police outside the hall, one of them said “tienen huevos.”

    In the months leading up to the first national elections since the 2009 coup in which members of the Resistance movement will participate, state-led terror and the criminalization of social protest have intensified. Juan Orlando Hernández, the presidential candidate for current president Porfirio “Pepe” Lobo’s National Party, has made the promise of security through militarization his central campaign theme. “Voy a hacer lo que tenga que hacer para derrotar a la delincuencia y recuperar la paz,” [“I will do whatever I have to do to crush criminality and bring back peace”] Hernández’s voice intones on his omnipresent campaign spots. The new military police force is an initiative of Hernández, which has significant support among the Honduran population. This is due in part to a complete lack of trust in the Honduran national police force which is widely seen as irremediably corrupt and murderous. In this context, the military appears to many to be a more reliable force to confront rampant criminality in the most murderous country in the world.

    However, Honduran soldiers have also murdered several civilians in recent years. In one case that gained international attention last year, 15-year-old student Ebed Jassiel Janes was shot dead by soldiers while riding his motorcycle to meet a girl he had befriended on Facebook. Most of victims of the military have been engaged in grassroots struggle against national and international corporations exploiting lands, water, and subsoil resources of which their communities claim ownership. On July 15th of this year, Tomás García, a leader of the National Council of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), was shot and killed by soldiers who also seriously wounded García’s son in the same attack. The soldiers who killed García were protecting the Chinese-owned DESA corporation against the indigenous Lenca population who oppose DESA’a construction of a hydroelectric dam on their ancestral territory.

    Honduran soldiers are also linked to murders of numerous campesino land rights activists in the Aguán. Just last Wednesday, following numerous death threats, Osbin Nahum Caballero Santamaria was allegedly killed by an operation of approximately 70 soldiers, who then abducted his body along with his still-alive wife and two small daughters by helicopter. Caballero’s mother, campesina leader Maria Digna Santamaria, denounced the murder and kidnapping on Radio Globo the following morning, holding the commander of the regional operation, former battalion 3-16 death squad member and School of the Americas graduate Col. German Alfaro Escalante, personally responsible. For his part, Colonel Alfaro—also on Radio Globo—asserted that Caballero himself had been involved in criminal activity and denied any military involvement in Caballero’s death. Instead, he repeated the commonly-employed refrain (used also by police) that criminals—not soldiers—often don army uniforms in order to carry out crimes.

    Overall, in the Bajo Aguán region, more than 110 campesinos have been killed since the coup, primarily by security guards and soldiers employed by Miguel Facussé and three other large regional landowners. Facussé owns Dinant corporation, which specializes in products derived from his mono-cropped African Palm plantations, many of which are planted on ill-gotten, disputed agricultural reform lands. Like AZUNOSA, Dinant flaunts its ties with World Wildlife Fund in promotional materials while downplaying its role in the criminalization and murder of social activists.

    The Honduran military and the judiciary both were primary institutional state actors in the 2009 coup against president Manuel Zelaya, whose wife Xiomara Castro is running for president against Hernández on the Resistance-affiliated LIBRE (Liberty and Refoundation) Party ticket. The two institutions have joined forces in the repression and criminalization of social movement leaders. Trumped-up charges including usurpation, coercion, and continued damages against DESA (which Tomás García was killed while opposing) have been leveled against COPINH leaders Berta Cáceres, Aureliano Molina and Tomás Gómez. The judge on the case ordered Cáceres to jail while the decision is pending; Cáceres has stated that the charges against her amount to political persecution and is currently in hiding. A similar case is pending against National Committee for Agricultural Workers (CNTC) leader Magdalena Morales, who has fought to reclaim agrarian reform lands from the British-owned sugar corporation AZUNOSA. The Honduran military has joined AZUNOSA’s private security guards in violently evicting campesinos on land disputed by AZUNOSA, and there has been no police investigation of campesinos murdered by AZUNOSA guards.

    Military and judicial violence are necessary and central components of the imposition of neoliberal economic policies in post-coup Honduras. In order to legitimate and secure the economic violence effected against Honduran citizens by corporations like AZUNOSA, Dinant, and DESA, the judiciary actively criminalizes opposition to them while the military (along with other state security forces) goes after citizen-“criminals” with an iron fist.

    Patterns of Political Violence

    In a country where so-called “random,” “street,” “gang,” and “terrorist” violence is rampant and used to justify the criminalization of social activism and the corresponding militarization of public space, it is crucial to keep careful track of the patterns of political violence (keeping in mind that all violence in in some sense political). Following the coup, reports published by Amnesty International and the Inter-American Human Rights Commission found over 4,000 human rights abuses, including arbitrary detentions, torture and targeted assassinations that had been carried out between the June 28th coup and August of the same year by military and police forces against coup opponents. The Resistance movement, for its part, staunchly rejected in theory and practice the use of any violence that could have resulted in bodily harm to the enforcers or supporters of the coup.

    Despite the incendiary labeling of social justice and human rights campaigners as “terrorists” and “insurgents” by Honduran armed forces, police, and their allies in the media, no credible evidence has emerged to substantiate claims of armed leftists using violence to destabilize the country. There have been very few instances of violence perpetrated against members of the military, police, or private security companies in recent years. In the Bajo Aguán region, where some such cases have occurred, no investigations have taken place. As such it is impossible to say who was responsible for the killings. Campesino communities, meanwhile, are under siege—terrorized by state and private security forces’ campaigns of systematic rape, harassment and targeted assassinations, and criminalized by a corrupt judiciary. A February 20, 2013 report by Annie Bird of Rights Action includes a exhaustive tally of murders in the Bajo Aguán region carried out between January 2010 and the date of the report’s publication. Bird counts a total of 89 campesinos, their supporters and neighbors killed during that period, whereas only 16 members of security forces were killed in the region during the same period.

    Similarly, journalism is one of the most dangerous professions in Honduras. But according to Hector Becerra, director of the Honduran press freedom organization C-Libre, it is more dangerous for journalists whose reporting is critical of state abuses and police corruption than for those whose reporting is complicit with the same. Proving this in individual cases is complicated because of the levels of generalized violence and the context of impunity. Becerra states that of the 31 actively-employed journalists murdered since the coup, it is possible to demonstrate in 15 cases that the murders were directly related to the journalists’ exercise of freedom of expression. In each of the cases where enough evidence exists to determine that a journalist was killed in direct relation to his or her reporting, the reporting in question was critical of the coup, the Lobo administration, government corruption on the local or national level, or police ties to organized crime. On the other hand, there are no known cases of journalist murders that have been linked to reporting critical of social movements or coup opponents.

    Numerous local candidates from the LIBRE political party have been killed in targeted assassinations in recent months. As Karen Spring of Rights Action notes in a recent report analyzing an exhaustively-researched list of pre-election violence, 18 LIBRE candidates and immediate family members of candidates were murdered between May 2012 and October 19, 2013, and 15 more suffered armed attacks. Spring writes:

    “According to the list…LIBRE party…pre-candidates, candidates, their families and campaign leaders have suffered more killings and armed attacks than all other political parties combined. The disproportionate number of killings of LIBRE candidates seems a clear indication that many of the killings have been politically motivated.”

    Many more non-candidate LIBRE activists have been killed in targeted assassinations, the most recent being photojournalist Manuel Murillo, who was working for LIBRE congressional candidate Rasel Tomé at the time of his murder. On Thursday, October 31st, LIBRE congressional candidate Beatriz Valle announced she was leaving the country after receiving numerous death threats. LIBRE leaders have told me that in an effort to maintain a positive message to attract voters, they until recently avoided politicizing what other party members have referred to as the “extermination campaign” against them.

    In pre-election Honduras, the numbers make clear that overtly political violence is predominantly uni-directional, carried out by State security forces and death squads on behalf of powerful individuals and corporations, and against those who stand in their way, or appear to do so. And as the November 24th elections approach, that violence is intensifying.

     

    The Case of Edwin Espinal

    At 7 a.m. on Wednesday, October 23rd (the day before I attended Manuel Murillo’s wake) I received a call from a human rights activist. She told me that Edwin Espinal’s house in the Flor del Campo neighborhood of Tegucigalpa had been broken into and was being ransacked by military police. Five minutes later, I was racing across town in a car with her, Edwin, one of his family members, and Canadian journalist Jesse Freeston.

    I first met Edwin on July 1st, 2010, in the offices of the Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras (COFADEH). He arrived after having been tortured by police officers from his neighborhood, his eyes swollen from the pepper gas they had sprayed directly into them 12 hours earlier after dragging him out of his parked car with no explanation. He had been refused medical attention and tortured with tasers (on his back, stomach, and ears) throughout the night, which he spent in a prison cell. I knew of Edwin at the time from his public statements following the death of his partner, Wendy Ávila, from tear gas inhalation nearly a year earlier. Since our first meeting Edwin has been continuously harassed by his neighborhood police who, he states, oppose his Resistance and community organizing activities. The same police have violently assaulted and arbitrarily detained him on multiple occasions.

    Following local police officers’ repeated use of arbitrary detentions and torture against Edwin, the World Organization Against Torture and the OAS’s Inter-American Commission on Human Rights both requested that the Honduran government provide him precautionary measures. But the Honduran state response has been far from satisfactory. In a judgment declaring the officers involved in Edwin’s torture innocent, judge Marta Marlene Murillo Castro claimed his torture represented a “legitimate use of force” and accepted the police claim that spraying pepper gas in Edwin’s eyes had been an accident (Judge Murillo is the same judge who determined that the military had acted legally in violently raiding two radio station and one television stations on the day of the 2009 coup against Zelaya confiscating and/or destroying nearly all their equipment in the process).

    Two of the Flor del Campo police officers who repeatedly harassed and tortured Edwin, José Luís Alemán Pérez and Walter Isaías Burgos Vargas, have since been implicated in different crimes. Alemán is currently serving a jail sentence for illegal arms possession and extortion. Burgos was named by the Police Reform Commission (formed in 2012) for his involvement in corruption. However, the commission—formed largely in response to the police murder of the son of powerful National University Rector Julieta Castellanos—has failed to tie Burgos’s “corruption” to (or hold him accountable for) Edwin’s torture.

    After receiving numerous death threats, Edwin and his family fled their Flor del Campo home on October 9th and went into hiding. Human rights workers involved with the case and Edwin’s neighbors suspect that the threats, which were delivered by local gang members, originated from National Party activists in the community. When National Party candidate Hernández rolled out his military police with great fanfare days later on October 14th, Flor de Campo (infamous for its violence and gang activity) was the new state security force’s first and primary target. Driving into Flor del Campo on the morning of October 23rd, we took detours around several roadblocks that had been set up throughout the neighborhood. Dozens of heavily-armed balaclava-wearing military police stood around each one.

    The largest concentration of military police we saw was outside Edwin’s house. In addition to the troops storming his house (which sustained significant structural damage in the raid), between 50 and 60 heavily armed troops were assigned to different strategic tasks. Some blocked off vehicle and pedestrian traffic to Edwin’s dead-end street; others sat facing out on either side of the converted pickup beds of several military vehicles, guns ready; others directed traffic on the street perpendicular to Edwin’s alley; others guarded each of the neighbors’ homes and businesses and walked back and forth patrolling the block; and still others took video and pictures of everyone who came to the scene, in particular those of us who arrived with Edwin. The military police were accompanied by a contingent of embedded television, radio and print journalists. At one point a group of journalists and military police officers worked themselves into hearty laughter imitating Juan Orlando Hernández’s campaign refrain, “Voy a hacer lo que tenga que hacer para derrotar a la delincuencia y recuperar la paz.

    Military Police directing local traffic away from the area where the raid of activist Edwin Espinal’s Flor del Campo home was taking place.

     

    Military Police arriving to Edwin Espinal’s house in one of several pickup trucks. In the background is aluminum fencing surrounding the newly-privatized Flor del Campo community soccer field, and another military police truck with three dog cages. Two other military police vehicles also came loaded with dogs.

     

    Members of the the military police used video and still cameras to record neighbors, friends, and human rights workers who arrived at the scene.

     

    Militarized Neoliberal Sport

    On the far side of the street where we stood, blocked by military police from entering the alleyway to Edwin’s house, sits an enormous gated construction site slated to become a private soccer field. This soccer field—the “campo” in Flor del Campo—was until recently the only open, public green space for neighborhood residents. But earlier this year, CONAPID, a Honduran public-private government commission, was brought on to redesign the field as part of its privatization. CONAPID receives funds from the Inter-American Development Bank and the controversial Honduran “tasa de seguridad”—a tax on businesses created after the coup to pay for public security initiatives. Many neighborhood residents argue that the privatization of the field is illegal. Since the field is collectively maintained, paid for and administered by the community, Honduran law requires that the community be consulted in the event of a transfer of administration or ownership. No such consultation ever took place; instead, neighbors say, two Flor del Campo residents who had no authority to do so signed away the development rights to the field. One of the signatories is a National Party member who assumed de facto leadership of a defunct community council after its elected president was murdered for what neighbors claim are political reasons.

    The president of CONAPID is Reinaldo Sánchez, currently a Congressional candidate with Juan Orlando Hernández’s National Party, the party behind the military police. Part of CONAPID’s public relations strategy (in keeping with its tasa de seguridad funding) is that the organization’s work is central to crime and violence prevention in Honduras. A March 2010 article celebrating the inauguration of a privatized soccer field (replacing another public one) states (my translation):

    Reinaldo Sánchez, head of CONAPID, said he felt proud to collaborate in something that will keep young people away from vices.

     

    Sánchez reiterated this sentiment in a press release the following year:

    [Sánchez] noted that society as a whole should take an active role in the processes of change developed by the Government, in order to create an atmosphere of peace among the citizenry. “These works create progress, development and opportunities for children and youths, since they enable us to distance them from taking on bad habits,” he stated.

     

    Community members in Flor del Campo take a markedly different view of CONAPID’s involvement, and of the privatization of their communal land. Neighborhood residents, including Edwin, began organizing to oppose the venture and to maintain the public space that has defined their neighborhood as soon as they heard about the irregular transfer, even as the field was being dug up in preparation for the installation of artificial turf. Today, the site is only visible through small gaps in the approximately 8-foot high aluminum fence erected around the entire field. Once community members began to engage in actions that included the attempted removal of the fence and spray painting it with slogans protesting the venture, the military was brought in to protect the field. Slogans visible on the morning of the raid included:

    ●      “We the poor also have a right to public spaces”

    ●      “La Flor Sin Campo” (“Flower Without a Field” a play on the neighborhood’s name Flor del Campo)

    ●      “+Profit, -Sports, =Crime”

    ●      “Primero los Pobres?” (The slogan of the National Party mayor of Tegucigalpa and strong CONAPID ally, Ricardo Álvarez, “The Poor Come First,” framed sarcastically as a question)

    Graffiti opposing the privatization of the Flor de Campo community soccer field, sprayed on the aluminum fencing surrounding the field. The field has been guarded by members of the Honduran military since the graffiti appeared. More recently, the newly-formed military police have been patrolling the area.

     

    Since members of the community began organizing against the privatization of their field, several of them have received direct and credible death threats from the same few neighborhood residents who signed away the community’s rights and who stand to profit from the field under its new management. On the weekend after Edwin fled his home in Flor del Campo, a public report-back of the activities of community members opposing the CONAPID venture had been planned. It was canceled because the neighborhood activists feared for their lives.

     

    Impunity and Elections

    The terrorizing of activists like Edwin Espinal falls within the context of criminalization of social movement leaders like Berta Cáceres and Magdalena Morales. It is also part of a recent pattern of apparently politically-motivated military police-led home invasions. In the past two weeks, military police “allanamientos” (technically, forcible home raids) have been carried out against union leader Marco Antonio Rodríguez, Vice-President of the National Child Welfare Agency Workers’ Union and an international journalist who chose not to publicize their case. According to Rodríguez, when he asked the military police ransacking his home to show him their warrant, their response directly reflected the impunity they enjoy. “What search warrant?” they answered, “We can do whatever we want here.”

    In Edwin’s case, there was in fact a search warrant, administered on site by public prosecutor Ricardo Adolfo Núñez (cited in the same document as having requested a search warrant), who wore a ski mask and a bulletproof vest. In the days following the raid, Edwin attempted to locate Núñez, a public figure who works for the Public Ministry and has been assigned to the Military Police. He was told that there was no phone number or office at which Núñez could be located. The signature on the search warrant was that of “juez ejecutor” (judge executor) Santos Alberto Reyes Castillo, a sergeant working directly for the military police. According to COFADEH journalist Dina Meza (herself a victim of ongoing harassment and death threats directly related to her work), who arrived at the scene later in the morning, Reyes Castillo was also present at the raid.

    COFADEH journalist Dina Meza leaving the scene of the military police raid of activist Edwin Espinal’s home.

     

    When a journalist from the Honduran newspaper El Tiempo later questioned the legality of allowing a judge executor within the military police to authorize the same military police to raid a citizen’s home, the president of the Honduran Supreme Court stated it was perfectly legal (though this interpretation was disputed by the Attorney General). On the eve of Honduran elections, what is in effect a parallel security force with its own internal legal structure has been created. And it appears to be entirely unaccountable to Honduran citizens.

    Outside Edwin Espinal’s home (Espinal is in the foreground), public prosecutor Ricardo Adolfo Núñez, wearing a blue plaid shirt, balaclava and bulletproof vest, confers with members of the military police in charge of the raid. One carries on his back a large mallet used in the operation.

     

    The search warrant itself highlighted Edwin’s alleged LIBRE activism, and authorized the raid in order to confiscate “Objects related to Illegal Drug Trafficking, Prohibited Weapons, and Cash from Crimes of Theft and Extortion.” While we waited down the street from his house, the military police broke down Edwin’s doors (external and internal) and illegally remained inside the house for two hours before the evidence-gathering inspection team went inside with three large drug-sniffing dogs, giving them ample time to contaminate the scene. Edwin photographed the search warrant of his house and gave a brief statement to the press denouncing the political nature of the raid.

    Edwin Espinal giving a declaration to the press, in which he stated that the destruction of his home by military police was part of an ongoing campaign of harassment and political persecution meant to terrorize his family and political activists.

     

    The following day, Manuel Murillo’s body was identified. Murillo, like Edwin, had been granted precautionary measures after suffering arbitrary detention, torture, and death threats against himself and his family at the hands of police. I joined Edwin and the same group of colleagues who had accompanied him to his house the previous day to Murillo’s service in a community hall in the Kennedy neighborhood, right next to a police station. We arrived late, close to 11 p.m. A LIBRE flag hung from Murillo’s coffin, and a couple prominent party members stood around in the aisle, their expressions unreadable to me. Family members walked around offering us coffee and cake. I only glanced momentarily at the young man’s face, which was crudely sewn together with black thread in an attempt to mask the disfigurement caused by his murderers.

    Part of the nature of living in a context of state repression and impunity coupled with the highest homicide rate in the world is that it is difficult to assert political motives for state violence in any given case with certainty. Is there proof that Murillo’s murder was carried out by the police who tortured and threatened him with death three years ago, or by the new military police force comprised of former members of the national police and military, who now enjoy even greater power and impunity than before? Not at the moment. Is there proof that that the military police’s raid of Edwin’s home was an act of individual and collective intimidation tied to his resistance activities, and most recently to his fight to retain a public green space where neighborhood children could play? His multiple experiences of arbitrary detention and torture at the hands of police who enjoy full impunity for the harm they have caused him, and the inclusion of his alleged LIBRE affiliation in the search warrant indicate the possibility of a political motive, but do not qualify as definitive proof. The military police saying “tienen huevos” as we passed them on the way to pay our respects to Manuel Murillo and his family seemed to us to be a clear message. But can we prove that? Absolutely not.

    For community organizers, democracy activists, LIBRE candidates, and potential LIBRE voters, the pre-election context in Honduras is one of extreme everyday violence amplified by a campaign of state terror carried out in the service of neoliberal policies and politicians. The criminalization and persecution of individuals and groups who oppose Honduran state policies—while difficult to prove in any individual case thanks to the near total impunity that exists for human rights violators—is nonetheless in the aggregate a clear example of what sociologist Emile Durkheim called a social fact. As 20 senators recently pointed out in a letter to Secretary of State John Kerry, this persecution is being carried out by police and military (and now military police) forces that receive funding and training from the United States. These are the conditions under which Honduran elections will take place later this month, and only the most cynical of observers could call those conditions “free and fair.”

    Many thanks to Karen Spring for her extensive research help on this article.

    Adrienne Pine is Assistant Professor of Anthropology at American University, and author of Working Hard, Drinking Hard: On Violence and Survival in Honduras. She is currently on leave to teach at the National Autonomous University of Honduras, and blogs at http://quotha.net.

     

    Fuente: http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/4542-where-will-the-children-play-neoliberal-militarization-in-pre-election-honduras

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    Honduras: Movimiento social y popular llama a una Constituyente

    Escrito por Redacción en Mar, 11/05/2013 – 07:20

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    Siguatepeque, Comayagua (Conexihon).- Más de 50 organizaciones populares del movimiento social hondureño, entre campesinos, indígenas, negros, jóvenes, artistas, de la diversidad sexual llamaron este fin de semana a autoconvocarse para conformar una nueva Asamblea Nacional Constituyente “originaria, popular e incluyente”, a pocos días de celebrarse las elecciones generales en Honduras.
    Como parte de un proceso de integración de las organizaciones, más de 500 participantes se dieron cita este fin de semana en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua (región central), donde se abordaron entre temas como la unidad, la situación económica y política, el extractivismo y buenas prácticas de activismo solidario entre otros. Para el director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), padre Ismael Moreno, “la necesidad de unidad en un momento como el que vive en Honduras es evidente”. “En sí misma la unidad cuando tenemos elementos comunes es una enorme ganancia, pero además porque cada vez más los poderes en contra de las personas más humildes en Honduras son cada vez mucho más fuertes y concentran más poder, riqueza y recursos en sus manos”.
    El Padre “Melo” como se le conoce asegura además que “los sectores sociales no pueden quedar más dispersos, porque cada quien está haciendo cosas muy buenas, desde sus propias capacidades, pero lo que alguien hace en el Aguán es muy similar a lo que se hace en el Valle de Sula, o lo que se hace en Tegucigalpa es muy parecido a lo de San Pedro Sula, pero cada quien en lo suyo, por lo que vivimos una lógica de ensimismamiento, o bien de bastedad. Por esto la articulación fortalece nuestras propuestas y nos lleva a ser más fuertes, delante de los fuertes y a que nuestra propuesta pueda ir avanzando”.
    El religioso asegura que pese a la polarización de la sociedad hondureña, es importante “politizar” en la luchas comunes, “debemos convertir la partidización en una esfera y dejar abierta la lucha popular política para debatir de los temas como la tierra, el agua, la lucha por defender nuestros bienes y con ello definir una propuesta común del movimiento popular”. “Espero que este Encuentro sea el primer paso para alcanzar una propuesta unitaria”, insistió.
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    Berta Cáceres: quieren presentar como normal la criminalización
    “Vivimos un momento muy importante es darnos fuerzas, sumarnos, integrarnos pues una de las cosas que más pretenden los grupos de poder es aislarnos totalmente, que seamos todos y todas las luchadores y luchadoras muertos políticos, por eso los movimientos sociales estamos llamados a desafiar el poder y desafiar lo impuesto”, consideró Berta Cáceres, la Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
    De acuerdo con Cáceres “quieren presentar como normal la criminalización de la que son objeto los movimientos sociales, por lo que no se puede aceptar la señalización de la lucha legítima del pueblo hondureño, de los grupos indígenas, de las mujeres, barriales, feministas o la resistencia en general, los artistas, el mercado, las comunidades o las calles, los movimientos ecuménicos, los medios de comunicación. No podemos permitir que criminalicen los movimientos, como si el derecho a luchar por la vida, los territorios, el agua y nuestros hábitat sea un crimen”.
    La dirigente Lenca, quien enfrentará este miércoles una nueva Audiencia de Conciliación en el Juzgado 1ro. de Letras de Santa Barbará, explicó que, “partiendo de la realidad cruda que viven los movimientos sociales, sentimos la necesidad de juntarnos, para hacer avanzar hacia un proceso liberador que eche para atrás todas estas estrategias de opresión”.
    A su criterio se debe “definir claramente la articulación para el movimiento social a nivel nacional, afinar la estrategia concreta para la solidaridad como mecanismo a nivel nacional e internacional, definición constante del análisis del contexto y el establecimiento de mecanismos para parar la represión y el terrorismo de Estado, sin dejar de un lado el fortalecimiento de esa resistencia, porque no hemos parado”.
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    Enfrentamos un proyecto de muerte: Miriam Miranda
    En el mismo sentido se pronunció Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña, (OFRANEH), para quien en Honduras “estamos enfrentando un proyecto de muerte, un proyecto neoliberal, un modelo de vida que nos está llevando al borde, pues las organizaciones y los movimientos sociales han estado cada día más dispersos, cada uno en su agenda, sin darnos cuenta de que la suma de las agendas es la que nos puede hacer salir adelante, porque podemos compartir capacidades y espacios, lo que serviría para fortalecer las luchas emancipatorias, de liberación”.
    De acuerdo con Miranda, esta articulación permitiría además crear un “nuevo modelo de lucha en el que todos quepamos, con el que puedan vivir todos y todas”, en ese sentido subrayó que “el tema de la unidad es importante, especialmente después del fraccionamiento que se vivió con el golpe de Estado del 2009. La dirigente garífuna también instó a “fortalecer la lucha y el trabajo como nuevos sujetos y sujetas políticas”.
    “Esperamos fortalecer algunas bases para articular el movimiento social, -expresó-, viendo a futuro como una alianza que nos permita fortalecer ese tejido y la acumulación de fuerzas desde las bases, el pueblo y las comunidades”. Finalmente el encuentro culminó el domingo con la firma de una declaratoria del movimiento.

     



    Declaración de la Plataforma del movimiento social y popular de Honduras

    Los días 2 y 3 de noviembre del 2013, 58 organizaciones indígenas, negras, campesinas, ambientalistas, estudiantiles, artísticas, feministas, de la diversidad sexual, de pobladoras y pobladores, políticas, juveniles, internacionalistas y gremiales, con la participación de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA; nos auto convocamos para, desde nuestras sabidurías y poderes ancestrales, reflexionar y debatir sobre nuestras estrategias de lucha frente a la profundización del modelo de destrucción y despojo patriarcal, capitalista y neoliberal.
    Con la dignidad y la fuerza de nuestros pueblos, declaramos: Que nos hemos constituido en una plataforma que aglutina los movimientos sociales y populares de Honduras, alrededor de los principios de unidad, solidaridad y de lucha por la vida. Siguiendo estos principios y en el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos demandamos el respeto a la autonomía de nuestras organizaciones y comunidades por lo tanto, rechazamos y  denunciamos:
    El proyecto militarista y represivo del gobierno y que el candidato oficialista a la presidencia de la Republica se ha dedicado a promover y a profundizar la violencia y pobreza,  impulsando desde el congreso nacional la aprobación de nuevas leyes, acciones ilegales encaminadas a terminar con la escaza  institucionalidad formal y la creación de nuevos cuerpos armados y  entrenados para intimidar y reprimir a dirigentes,  luchadores-luchadoras, comunidades y organizaciones populares en general.
    La profundización del despojo y saqueo de los bienes comunes y recursos de nuestras comunidades, promovida por las grandes corporaciones nacionales y transnacionales coludidas con el gobierno, con el argumento de impulsar un desarrollo que desconocemos porque solo enriquece a unos pocos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población, el incremento de las desigualdades sociales y el deterioro de la vida en el planeta.
    La violencia generalizada que este modelo promueve y que pretende combatir con  medidas que solo generan más violencia. De manera especial rechazamos la violencia contra las mujeres que ha elevado dramáticamente la cifra de femicidios; contra  líderes y luchadores sociales, jóvenes, comunicadores sociales y compañeras y compañeros de la diversidad sexual, crímenes que permanecen en total impunidad.
    El hostigamiento y la persecución en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y la constante descalificación del trabajo que estas organizaciones realizan en defensa de la vida. Especialmente en contra de las defensoras Magdalena Morales y Berta Cáceres.
    La precarización de la vida expresada en la eliminación de las mínimas condiciones y leyes de protección social que costo décadas de lucha al movimiento popular hondureño.
    Las políticas neoliberales encaminadas a la privatización y mercantilización de la educación pública que significa cada vez un mayor número de jóvenes que quedan fuera del sistema educativo, violentando su derecho a una educación de calidad.
    La impunidad que incentiva y genera una elevada corrupción que impide la inversión social y políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza y la desigualdad social
    La demagogia que tradicionalmente hace un uso perverso de las necesidades de la población para promover campañas electorales vacías tendientes a mantener los privilegios de unos pocos que inclusive llegan a promover y ejecutar prácticas violentas en contra de quienes piensan diferente.
    Promovemos y reafirmamos nuestro compromiso con:
    Una Asamblea Nacional Constituyente, originaria, popular, incluyente y auto convocada, condición indispensable para la  refundación del país. La defensa de los derechos territoriales, culturales y espirituales de las comunidades y pueblos originarios. Derechos reconocidos en convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado de Honduras (convenio 169 OIT, sobre todo en lo relacionado a la autonomía y el derecho a la consulta libre, previa e informada actualmente violentados por el Estado hondureño que actúa en favor del capital transnacional.
     La  denuncia de la persecución y criminalización de las luchadoras y luchadores y los movimientos sociales y populares a los que pertenecen. La construcción colectiva y unitaria del movimiento social y popular hondureño que trasciende la política formal en todas sus manifestaciones e intereses.  La búsqueda y construcción de un nuevo modelo económico alternativo al modelo neoliberal que en vez del lucro ya la competencia promueva la solidaridad, la cooperación  y el respeto a la vida y a la naturaleza.
    El rescate de lo público y del Estado, para construir un nuevo Estado al servicio del ser humano, no del capital, laico y garante de los derechos fundamentales de los hondureños y hondureñas. Una verdadera Cultura de paz, construida desde el respeto a las diversidades de las personas y a las diferentes cosmovisiones de los pueblos que elimine las prácticas racistas, discriminatorias y sexistas.
    La construcción de nuevos sujetas y sujetos políticos, proceso dirigido fundamentalmente a las y los jóvenes que hoy constituyen el 52% de la población hondureña. El derecho a contar con nuestros propios medios de comunicación comunitarios fundamentales para avanzar en la construcción de un proyecto de nación desde el movimiento social y popular hondureño.
    El arte y la cultura popular como legítima expresión de los pueblos. Nuestra resistencia y la construcción de prácticas y formas de pensar anti-neoliberales, anti-capitalistas y anti-patriarcales. La solidaridad entre los pueblos del mundo como pilar fundamental para avanzar en nuestras luchas.
    Siguatepeque, 3 de noviembre de 2013.

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    Nueva audiencia sobre el caso de Bertha Cáceres este miércoles 06 de noviembre en Santa Barbará.

    El COPINH por este medio informa sobre el desarrollo de los procesos que se le imputan a la compañera Bertha Cáceres Flores, Coordinadora General del COPINH y a los compañeros Aureliano Molina y Tomas Gómez, particularmente en esta ocasión, sobre el caso de persecución y montaje judicial gestado en Santa Barbará contra la compañera Coordinadora General: 1.- Que a solicitud de una de las partes acusadoras como es la Procuraduría General de la República se ha fijado una “Audiencia de Conciliación” para este próximo miércoles 06 de noviembre a las 10 de la mañana en el Juzgado 1ro. de Letras de Santa Barbará, en donde la compañera Bertha Cáceres estará representada en esta audiencia por el Abogado Marcelino Martínez. 2.- Aclaramos, que por decisión personal y de la organización en general, y porque nos asiste la verdad y la dignidad, la compañera Bertha Cáceres y el COPINH, NO ACEPTA CHANTAJES NI PRESIONES en el sentido de que se pretenda en esta Audiencia de Conciliación por parte de los acusadores, que ella acepte que el arma supuestamente encontrada en el vehículo del COPINH le pertenece, o que pida perdón o que se pretenda que indemnice al Estado de Honduras por esta acusación perversa.

    3.- Demandamos al Estado de Honduras que desautorice al Ministerio Publico y que éste retire la injusta acusación fundada en prueba prohibida. 4.- Al respecto de este caso, recordamos lo planteado en el recién comunicado emitido por el COPINH el pasado 28 de octubre del presente año: “3.- Que en el caso del montaje judicial con la acusación de “posesión ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras”, perpetrado contra la compañera Bertha Cáceres, por parte del Ejército, Ministerio Publico y Procuraduría General de la República, la Corte de Apelaciones de Santa Barbará está dando total privilegio y credibilidad a los testimonios de los mismos militares del Batallón de Ingenieros. Además, no se ha permitido ni se han hecho diligencias para dilucidar quién o quiénes son los verdaderos dueños del arma sembrada en el vehículo del COPINH, usada como evidencia para inculpar a la compañera, sin haber pruebas, ni actas de registros, ni peritajes, haciendo legal la ilegalidad del Ejercito, para criminalizar aún más la lucha del COPINH y de los Pueblos Indígenas. La multiplicación de causas contra la compañera Bertha Cáceres, habla de la mala fe y de la saña racista y patriarcal de una Justicia al servicio de las empresas coloniales.” 5. Convocamos a la solidaridad de los movimientos populares de Honduras, a la solidaridad nacional e internacional, para que nos sigan acompañando. Agradecemos todo el apoyo recibido, y lo reconocemos manteniendo la dignidad en cada uno de nuestros gestos. Aprovechamos igualmente para expresar nuestra solidaridad con la población de San Juan y San Miguelito Intibucá que han sido reprimidos brutalmente por las fuerzas represivas del Estado y exigimos justicia en el caso del asesinato del ciudadano Antonio Benítez Gómez.

    COPINH – Coordinación General. Dado en Intibucá a los 04 días del mes de noviembre del 2013. ¡Basta de persecución política y judicial contra Bertha Cáceres, Aureliano Molina, Tomas Gómez y contra el COPINH! ¡A MAS REPRESIÓN, MAS LUCHA Y ORGANIZACIÓN! ¡LOS RÍOS NO SE VENDEN, SE CUIDAN Y SE DEFIENDEN!

    Fuente: http://www.copinh.org/article/nueva-audiencia-sobre-el-caso-de-bertha-caceres-es/

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    Alianza por los Derechos Humanos: Crean un ambiente de terror para justificar la Policía Militar

    Escrito por Luis Vallecillo en Lun, 11/04/2013 – 14:37

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    Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Alianza por los Derechos Humanos convocó a conferencia de prensa para manifestar su preocupación en contra de las amenazas   en contra de los Derechos Humanos en el país. “Hemos tenido muchas denuncias en las últimas dos semanas sobre amenazas, hostigamientos, de líderes políticos, líderes sociales, líderes sindicales, incluso hasta dueños de medios de comunicación, y en ese sentido se han desarrollado hasta allanamientos de personas de la oposición política”, destacó Wilfredo Méndez Director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos.

    El pronunciamiento  de la Alianza por los Derechos Humanos (ADH) señala que se ha creado un ambiente de terror y crimen en barrios y colonias para justificar la presencia de la Policía Militar del Orden Público y hacerlos ver como los salvadores. “Es inaceptable las pretensiones de emitir disposiciones”, destaca.   Por otra parte, la ADH anunció que tiene en su poder denuncias sobre la creación de “ambientes de terror y crimen” en barrios “para justificar la presencia de la Policía Militar”. “Hace cuatro meses barrios pacíficos se convirtieron en zonas de terror donde hoy la Policía Militar se hace ver como la salvadora”, indicaron.
    “Condenamos la aplicación de la estrategia de fortalecimiento militar y advertimos de una escalada de violencia desproporcional, de violaciones de Derechos Humanos por parte de los militares en caso de darse movilizaciones sociales. Son inaceptable las pretensiones de emitir disposiciones constitucionales para fortalecer la policía militar”, ha advertido constitucionales para fortalecer la Policía Militar”.
    El director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Juan Almendares Bonilla  señaló que “la fiscal Rosa Seaman una fiscal que no estaba de acuerdo con la policía militar fue trasladada y los otros fiscales que han mantenido una posición respetuosa de los Derechos Humanos todo esto pareciera indicar que pareciera que se está militarizando el Ministerio Publico para decirlo así de una forma más categórica y por ello es importante el dialogo y si es necesario el debate con el fiscal general y con el fiscal adjunto”.
    La organización ha criticado además “la rotación de los fiscales Rosa Seaman, Edy Tábora y John César Mejía”. “Pareciera ser una desarticulación del trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, instancia ya de por si mermada por las condiciones adversas con las que trabaja”, sostuvo. “Es importante dejar constancia que hemos solicitado medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los fiscales mencionados”, al tiempo que ha solicitado al fiscal general que “reconsidere” su decisión.
    Igualmente la ADH denuncia “la confabulación de algunos funcionarios del actual gobierno con el crimen común y organizado, al no depurar la Policía y mantener en las direcciones de toma de decisión a funcionarios que protegen el crimen”. Por lo anterior, es importante que se garantice la trasparencia del proceso permitiendo la observación ciudadana del conteo, porque preocupa la venta de credenciales y la manipulación del sistema informático.
    Los dirigentes del Alianza de los Derechos Humanos miran con buenos ojos la presencia de observadores internacionales y defensores de derechos humanos, llamando a la población para que no se deje intimidar y acuda a las urnas para evitar la consolidación de un fraude. El comunicado ha sido firmado por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT) y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH).

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    Pre-Election Persecution Increases In Honduras:

    New Military Police and State Forces Persecute FNRP and LIBRE activists Weeks Before the General Elections

    November 3, 2013, By Karen Spring (spring.kj@gmail.com)

     

    In the early hours on the morning of October 23, the newly created Honduran Military Police broke down the doors of the residence of Edwin Robelo Espinal, a long-time National Front of Popular Resistance (FNRP) activist. Heavily armed Military Police accompanied by a military judge and public prosecutor, with their faces entirely covered by balaclavas, carried out a thorough search of Edwin’s house looking for “weapons and a rocket-propelled launcher” (1)

     

     

     

    (Upon arriving at Edwin Espinal’s house, Military Police blocked the entrance to the shared driveway. Initially, they refused to provide the name of the person in charge and the search warrant. October 23, 2013. Photo by: Karen Spring)

     

     

     

    (On the left is Espinal’s house where a Resistance flag has been hung since June 2009. Military Police stand outside, as officers inside the house break down over 15 bathroom, bedroom and entrance/exit doors. Every drawer and corner of the house was opened, pulled out and searched. There was significant damage to the house for which the Espinal family is unlikely to be reimbursed for. October 23, 2013. Photo by: Karen Spring)

     

    The search warrant, authorized by a military judge, read: “Robelo [as he is known by his community] belongs to the LIBRE party and is one of the leaders of that area.” Along with GPS coordinates of the location of his house, the warrant also noted that: “outside, [the house] has a LIBRE flag.”(2)

     

    Since the 2009 military coup, Edwin has been an active member of the Honduran resistance, the FNRP. Since the formation of its political arm – the Liberty and Refoundation Party –, Edwin has been supporting LIBRE organizing efforts along with his community group, “Collective en Resistencia Wendy E. Avila” in the neighbourhood Flor del Campo in Tegucigalpa.

     

     

     

    (Edwin Robelo Espinal speaks to journalists suspected of being embedded in the operations of the Military Police as they raided his house. October 23, 2013. Photo by: Karen Spring)

     

    The Killing of Edwin’s Partner Wendy Avila

    Edwin’s partner, Wendy Avila was killed in September 2009, when military and police violently evicted the Honduran resistance who had gathered around the Brazilian embassy to welcome overthrown President Zelaya, back to the country. Edwin was also disappeared for 5 hours and tortured by police officers in Flor del Campo in June 2010 (3).

     

    Most recently and likely directly related to the current persecution against him, Edwin is involved in organizing his community against efforts by National Party activists in the Flor del Campo ‘Patronato’ (community leadership) to privatize the community soccer field. In 2010, after he was tortured by Honduran poice, Edwin was given protective measures from the Inter-American Commission on Human Rights (4).

     

     

     

    (One morning, the Flor del Campo community woke up to find the community soccer field had been blocked off. The ‘Wendy E. Avila Collective in Resistance’, in Flor del Campo, began organizing against the privatization of the community space by gathering signatures and investigating the fate of the soccer field. October 23, 2013. Photo by: Karen Spring)

     

    Not An Isolated Incident: Raids, Death Threats, Killings and Disappearances

    According to a recent Rights Action report, political candidates, their families and campaign leaders of the LIBRE party have suffered a disproportionate number of attacks and killings since May 2012 than all other political parties combined (5).

     

     

    Not included in the attacks and killings listed in the report are the countless cases of political persecution, death threats and kidnappings of FNRP and LIBRE leaders that continue to occur on almost a weekly basis. Investigations are rarely conducted and impunity continues to reign in Honduras.

     

    The raid on Espinal’s house has not been the only Military Police operation directed against FNRP and LIBRE activists nor is it an isolated example of political violence in the context of the elections.

     

    In the first week the Military Police were on the street (October 14-21, 2013), the residence of Dassaev Aguilar, an ex-correspondent for Telesur was raided for an unknown reason by Military Police (6).

     

    On October 10 at 5:00 am, the Military Police broke in and raided the house of Marco Antonio Rodriguez, the Vice President of the National Child Welfare Worker’s Trade Union (SITRAPANI by its Spanish acronym). With a gun pointed at Antonio Rodriguez and his youngest son, the Military Police forced them out of the house, made them lie chest down on the street and handcuffed them while they searched the house. When Antonio Rodriguez asked to see the search warrant, the officers responded: “what search warrant, here we can do whatever we want.” (7)

     

     

     

    (Military Police. Some are dressed in uniform and some in civilian clothes wearing bulletproof vests, all with their faces completely covered. “Justice without a face” as Honduran journalist, Felix Molina says. Photo by: Karen Spring)

     

    Another Killing of a Former Journalist and LIBRE Activist

    In another incident of suspected state involvement, the body of Manuel Murillo Varela, a journalist, a former cameraman for Globo TV and LIBRE activist was found in Tegucigalpa on October 24 (8).

     

    Murillo Varela had suffered years of political persecution for his involvement with the FNRP and the LIBRE party. In 2010, the Inter-American Commission on Human Rights issued protection measures for Murillo Varela after he and his colleague were disappeared and tortured for over 24 hours by police dressed as civilians on February 2, 2010.

     

    Murillo Varela is also well known for his coverage of overthrown President Zelaya’s militarized house in the early hours of June 28, 2009 as Hondurans woke up to find that President Zelaya had been overthrown and taken out of the country (9). Since 2010 over 30 journalists have been killed and very few cases have been investigated and brought to trial (10).

     

     

     

    (In the early morning of June 28, 2009, Manuel Murillo was one of the first journalists on site to document the overthrow of President Manuel Zelaya. Photographer unknown.)

     

    Death Threats Against a LIBRE Congressional Candidate

    On October 30, Beatriz Valle, a LIBRE Congressional candidate in the department of Francisco Morazan and ex-Vice Foreign Minister under Manuel Zelaya’s government, announced that she had received death threats. It is unknown where the death threats originate from but Valle decided, in consultation with human rights organizations, to leave the country (11).

     

    Repression And Persecution Of Lenca Indigenous Communities And COPINH Leaders

    Since April 1, 2013, the Lenca communities of Rio Blanco supported by the Council of Indigenous and Popular Organizations of Honduras (COPINH) have maintained a roadblock preventing the construction of the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Rio Blanco region continues to be heavily militarized and security forces are utilizing various tactics to attempt to divide and discourage the communities in resistance including pressing charges against community members, threats, persecution and negotiating projects with groups of community members in an attempt to bribe and to weaken the resistance. Berta Caceres, a COPINH indigenous leader was sent to jail on September 20th, 2013 while two other COPINH leaders, Tomas Garcias and Aureliano Molina are required to sign before a judge on a regular basis. The three COPINH leaders are unable to visit the Rio Blanco area – one of many attempts to weaken the resistance and unity of the Lenca struggle.

     

    Further Criminalization of the Campesino Movements in the Aguan Valley

    According to Honduran human rights organization, COFADEH (Committee of the Relatives of the Detained and Disappeared of Honduras), a group of 6 individuals in Samaria in La Moskitia region were disappeared by approximately 80 military traveling in helicopters and boats on October 30. Josbin Nahúm Caballero and his family including his wife, Rosa Florinda Alvarenga Lara and their two children, Nesly Rosibel Caballero Alvarenga (2 years-old) along with Javier Castillo (25 years-old) and Justo Castillo (27 year-old) and were disappeared after the military raided Nahúm Caballero’s house and shooting him during the operation.

     

    Nahúm Cabellero’s mother, Maria Digna Santamaría lives in the campesino community ‘La Confianza’ and is a member of the United Campesino Movement of the Aguan (MUCA). Digna Santamaria spoke to COFADEH and to the press regarding her son’s disappearance and suspected assassination. She denounced that the Commander of the Xatruch Military Operation in the department of Colon, Germán Alfaro Escalante, had directly threatened her son accusing him of being an assassin in an interview on a local radio in Colon, Honduras (12). Commander Alfaro also mentioned in the interview that the campesino community ‘La Confianza’ was hiding an assassin named ‘Caballero’, as part of his repeated effort to criminalize campesino movements and justify the continued militarization of the Valley that has contributed to the killings of over 100 campesinos in the Aguan Valley since 2010(13).

     

     

     

    (Operation Xatruch II. Aguan Valley. October 2011. Photo by: Karen Spring)

     

    The human rights situation in Honduras is grave. The creation of new security forces like the Military Police that in less than two weeks of being on the street, have been accused of targeting political opponents of the current Pepe Lobo government.

     

    These raids, like other violations by Honduran police and military, raise serious concern regarding the context of the November 24th General Elections. Suffering a disproportionately higher number of killings and attacks than all other political parties combined, LIBRE political candidates participating in the campaigning process are very vulnerable to political violence.

     

    However, persecution, attacks, disappearances and killings of community-based Resistance activists such as Manuel Murillo Varela, Marco Antonio Rodriguez, Edwin Robelo Espinal and other cases discussed above, are a less visible form of political violence that often escapes the watchful eyes of the ‘international community’.

     

    The mood in Honduras is undoubtedly intense as the elections approach in less than 3 weeks.

     

    (Karen Spring has worked with Rights Action since 2009.  She is currently living in Honduras.  Spring.kj@gmail.com)

     

    Footnotes:

    [1] Quoted directly from the search warrant signed by Executing judge, Santos Alberto Reyes Castillo and Adjunct Secretary, Lesbia Verenice Vallejo Sanchez. The Executing judge was appointed by Claudio Daniel Aguilar Elvir and the fiscal present at the raid was Ricardo Adolfo Nuñez.

    [2] Same as above.

    [3] “One More Day of Repression in Honduras/Edwin Espinal At Risk” Rights Action. March 18, 2011. http://www.rightsaction.org/articles/Edwin_Espinal_and_Honduras_repression_031811.html. and “En peligro la cuidanía hondureña: Jueza sobresee juicio contra politicas torturadoras”. Defensores En Linea. COFADEH. June 29, 2011. http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1460%3Aen-peligro-la-ciudadania-hondurena-jueza-sobresee-juicio-contra-policias-torturadores&Itemid=171

    [4] “CIDH solicita al Estado de Honduras garantizar la vida de Edwin Espinal” Defensores en Linea. COFADEH. July 27, 2013. http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=892%3Acidh-solicita-al-estado-de-honduras-garantizar-la-vida-de-edwin-espinal&Itemid=150

    [5] Spring, Karen. “Context of the Honduran Electoral Process 2012-2013: Incomplete List of Killings and Armed Attacks Related to Political Campaigning in Honduras, May 2012-October 19, 2013” Rights Action. http://rightsaction.org/sites/default/files//Honduras-Violence-Political-Campaign.pdf

    [6] Emanuelsson, Dick. “Honduras sangra: Ejecutan a Camarógrafo beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.” October 25, 2013. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/72052-siguen-derramando-la-sangre-de-los-periodistas-y-camarógrafos-en-honduras.html?tmpl=component&print=1

    [7] “Policia Militar: Cual orden de allanamiento aca nosotros podemos hacer lo que queramos” Defensores en Linea. COFADEH. October 28, 2013. http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2821:policia-militar-cual-orden-de-allanamiento-aca-nosotros-podemos-hacer-lo-que-queramos&catid=54:den&Itemid=171

    [8] “Another journalist murdered a month before general elections” Reporters without Borders. October 25, 2013. http://en.rsf.org/honduras-another-journalist-murdered-a-25-10-2013,45384.html

    [9] See (8) or “Asesinan a un periodista a un mes antes de las elecciones: cuando acabara la violencia?” Reporters without borders. October 25, 2013. http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2815:asesinan-a-un-periodista-a-un-mes-de-las-elecciones-icuando-acabara-la-violencia&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

    [10] “Honduras: Special force to solve murders of journalists, lawyers” Rene Novoa, Infosurhoy. http://infosurhoy.com/en_GB/articles/saii/features/main/2013/11/01/feature-01

    [11] “Candidata de LIBRE denuncia amenazas a su vida” El Heraldo. October 31, 2013. http://m.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Candidata-de-Libre-denuncia-amenazas-a-su-vida

    [12] “Militares raptan a familia completa en la Moskitia” Defensores en linea. COFADEH. November 3, 2013. http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2826:militares-raptan-a-familia-completa-en-la-mosquitia-&catid=54:den&Itemid=171

    [13] Bird, Annie. “Human Rights violations attributed to Military Forces in the Bajo Aguan Valley in Honduras”. Rights Action. February 20, 2013. http://rightsaction.org/sites/default/files/Rpt_130220_Aguan_Final.pdf; and Bird, Annie. “103rd and 104th Campesinos killed in the ‘Murder Capital of the World’, As Presidential Elections Loom in November 2013: Aguan Campesino Movement leader and son killed, wife injured” Rights Action. June 4, 2013. http://rightsaction.org/action-content/103rd-104th-campesinos-killed-‘murder-capital-world’-presidential-elections-loom

     

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    *La Alianza por los Derechos Humanos*

     *Ante la escalada de los últimos días contra los derechos humanos en
    Honduras.*
    
     El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH),
    El Centro de Prevención ,Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de
    Tortura y sus Familiares (CPTRT) y el Comité para la Defensa de los
    Derechos Humanos (CODEH). Ante la escalada de amenazas contra los derechos
    humanos, a la comunidad nacional e internacional manifestamos lo siguiente.
    
       -
    
       *Las amenazas, hostigamiento e intimidación de que están siendo objeto
       opositores políticos,* al allanárseles las casas a personas que son
       víctimas y familiares de víctimas de los ataques durante el Golpe de
       Estado; amenazas a muerte de candidatos a diputados y candidatas a
       diputadas, agresiones contra beneficiaros de mediadas de protección por la
       Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asesinatos de hijos de líderes
       políticos que al no ser investigados quedan bajo la sospecha de ser
       asesinatos políticos; persecución y hostigamiento contra dirigentes
       sindicales, campesinos, magisteriales, comunidad LGTBI, indígenas entre
       otros.
    
        -
    
       *El ataque a defensores y defensoras de derechos humanos en
    Honduras,*defensores encarcelado por el ejercicio de su trabajo o
    prófugas como la
       lideresa Bertha Cáceres por la defensa del territorio.
    
        -
    
       *Condenamos la rotación de los fiscales* Rosa Seaman, Edy Tàbora y John
       César Mejía. Pareciera ser una desarticulación del trabajo de la Fiscalía
       Especial de Derechos Humanas, instancia ya de por si mermada por las
       condiciones adversas con las que trabaja.
    
      Es importante dejar constancia que hemos solicitado medidas de protección
    a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Fiscales
    mencionados.
    
     *Solicitamos al Fiscal General de la República* reconsidere esta decisión
    y que nosotros las organizaciones de derechos humanos que accionamos ante
    el sistema podemos dar fe del buen ejercitico de estos Fiscales, mismos que
    han sido calificados en el extranjero en materia de derechos humanos.
    
       -
    
       Tenemos denuncias de que *se han creado ambientes de terror y crimen en
       barrios y colonias para justificar la presencia de la Policía
    Militar,*hace cuatro meses barrios pacíficos se convirtieron en zonas
    de terror
       donde hoy la Policía Militar se hace ver como la salvadora.
    
       -
    
       *Condenamos la aplicación de la estrategia de fortalecimiento militar* y
       advertimos de una escalda de violencia desproporcional, de violaciones de
       derechos humanos por parte de los militares en caso de darse movilizaciones
       sociales. *Es inaceptable pretensiones de emitir disposiciones
       constitucionales para fortalecer la policía militar. *
    
        -
    
       *Denunciamos la confabulación de algunos funcionarios del actual
       gobierno con el crimen común y organizado*, al no depurar la policial y
       mantener en las direcciones de toma de decisión a funcionarios que protegen
       el crimen y delito. Porque se estancó el proceso de depuración y
       fortalecimiento policial y se le destruye desplazándola por la policía
       militar.
    
        -
    
       *Expresamos nuestro temor por la implementación de una campaña del
       terror previo y el día de las elecciones *para evitar la concurrencia
       del electorado a las urnas.
    
        -
    
       Es importante recordarle al Tribunal Supremo Electoral que en las
       elecciones primarias del año pasado, *se mintió a la obligación de
       acceso a presenciar el conteo de las Mesas Electorales
    Receptoras*(MER), puesto que los militares cerraron los portones de
    los Centros de
       Votación después de las 5:00pm. Por ello, es importante que *garanticen
       la trasparencia del proceso permitiendo la observación ciudadana del conteo
       *. No solo son preocupación la *venta de credenciales y la manipulación
       del sistema informático sobre la cual la Fiscalía General debe
    procesar*a quien sea por delitos electorales.
    
      *Celebramos la presencia de observadores(as) internacionales*, lo que
    creemos ayudará a disuadir a quienes pretendan burlar la voluntad del
    pueblo.
    
    *Celebramos la venida de los observadores(as) de derechos Humanos* en el
    marco del proceso electoral, que permitirá encausar acciones que violenten
    derechos civiles y políticos.
    
    *Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta a los
    acontecimientos en Honduras. *
    
    *Finalmente llamamos a la población para que no se deje intimidar y acuda a
    las urnas y así contrarrestar estas pretensiones de temor y fraude. *
    
     Tegucigalpa, M.D.C. 31 de octubre del 2013- Alianza por los Derechos
    Humanos.
    
    

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    Honduras: Características del proceso electoral 2013

    jueves, 31 de octubre de 2013

    Foto G. Trucchi | Rel-UITA

    Por Carlos H Reyes

    1.    El proceso electoral se da cuando la pérdida de valores morales, el irrespeto a la vida, los derechos humanos y la impunidad han llegado a niveles nunca vistos, todo en el marco  de un  golpe de Estado que agravó la crisis económica, social y política del país, achicando el poder del Estado y trasladándoselo al capital, todo para imponernos una mayor intervención extranjera,  pérdida de soberanía y un  Estado que no cumpla con sus funciones sociales ni regule el desarrollo del país.

    2.    Las elecciones buscan recomponer el Estado oligárquico y, por lo tanto, son otro paso más para lavar el golpe de Estado.
    3.    Se espera que el abstencionismo electoral disminuya por la constitución de nuevas opciones partidarias y la disposición de la mayor parte del pueblo de “sacarse el clavo” con el poder oligárquico que dio el golpe de Estado. Sin embargo, la proliferación de partidos conlleva a la dispersión del voto con múltiples consecuencias.
    4.    Un proceso electoral con más partidos y más candidatos no necesariamente conduce a la eliminación del bipartidismo.
    5.    El proceso electoral se da dentro del mismo marco legal y con la institucionalidad secuestrada, lo que permite controlar las elecciones, sus resultados y manejar cualquier elemento de crisis que pueda producirse respaldándose en la fuerza militar.
    6.    Será el proceso electoral más observado de la historia electoral en Honduras, tanto por las dudas respecto a la histórica falta de transparencia de las elecciones, como  por los intereses geopolíticos en juego.
    7.    Por primera vez se presenta una mujer como candidata con reales posibilidades de triunfo. También por primera vez en el siglo XXI, se presenta una fuerza política de origen militar, que lleva como candidato a la Presidencia de la República al ejecutor material del golpe de Estado y como aspirante a diputado, a un oficial responsable de crímenes tipificados por organismos internacionales de Derechos Humanos, como  de lesa humanidad. Esto es una clara evidencia de la impunidad que aún padecemos.
    8.    Un proceso electoral desarrollado en un ambiente de militarización creciente, con más bases militares de los EEUU y nuevas unidades élites (tigres y policía militar) conlleva a continuar con la criminalización y judicialización de la protesta social, mayor represión y constantes violaciones a los derechos humanos. Como la policía militar es inconstitucional, ya anuncian, blindarla reformando la Constitución como hicieron con las inconstitucionales “ciudades modelo”.
    9.    En lo que va del año, 20 personas entre activistas y miembros del partido LIBRE han sido amenazados a muerte en distintos departamentos del país. También en las últimas semanas, encubriéndose en el creciente clima de inseguridad, violencia e impunidad, han lanzado la llamada policía militar de orden público contra opositores aglutinados en el FNRP y el partido LIBRE,  quienes  han sido víctimas de amenazas, persecución, allanamiento, entre estos están los compañeros  Pedro Vicente Elvir, Marco Antonio Rodríguez, Edwin Robelo Espinal y el asesinato de  Terencio Paz y Manuel Murillo Varela. Este último y el compañero Robelo con medidas cautelares vigentes.
    10.    EL proceso electoral también encuentra las finanzas públicas colapsadas como consecuencia de la creciente corrupción,  el desvío de fondos para las campañas electorales, los ingresos públicos disminuidos porque al gran capital le han eliminado o disminuido los impuestos, y porque el proceso de privatización de los servicios públicos,  acabo con las transferencias  que de ellos recibía el Estado, que hoy sumarian varios cientos de miles de millones de lempiras anuales, que también se quedan en la bolsa del gran capital y le dan más poder.
    11.    EL candidato del partido oficial, ha abusado de los  recursos del Estado y tiene el apoyo de la mayor parte de los  medios de comunicación corporativos, que le permite desarrollar una campaña sucia e intimidatoria contra sus adversarios.
    12.    Un país tan pobre sufre de una campaña electoral multimillonaria, que se desarrolla bajo fuertes sospechas de participación del crimen organizado en la financiación de candidaturas a cargos de elección municipal y nacional.
    13.    La crisis institucional de 2009 fue creada para dar el Golpe de Estado, y de este surge, como respuesta necesaria, la Resistencia Popular y luego el partido LIBRE. Con el golpe de Estado se agudizó la crisis social, económica e institucional al profundizar el neoliberalismo y militarizar la sociedad. Aumentó la criminalidad a niveles nunca vistos, privilegiándola como el único problema y haciendo olvidar la importancia del desarrollo de las fuerzas productivas, para superar el atraso y la dependencia que padecemos. La inseguridad ciudadana está siendo capitalizada  por el candidato oficialista, quien  predica que solo se resuelve con el ejército en las calles. De esa campaña que solo ataca efectos y no causas, todos saldremos perdiendo.
    14.    En el trasfondo del proceso electoral está la contradicción entre: mantener el Statu quo profundizando el neoliberalismo; o, detener su avance y revertirlo.
    15.    Estamos pues abocados a un proceso electoral complejo,  de cuyos resultados también podrá surgir un gobierno con serios problemas de gobernabilidad ya sea: para mantener el actual estado de cosas; o, para implementar los cambios radicales que el país necesita.
    “Por eso para construir una muralla que contribuya con el pueblo hondureño a defender la Vida y la Democratización de Honduras, es necesaria y urgente  la presencia de misiones profesionales de observación y acompañamiento, antes, durante y después de las elecciones”.

    Pubblicato da a 07:33

    Fuente: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.ar/2013/10/honduras-caracteristicas-del-proceso.html

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    Translation and images of search warrant issued against activist Edwin Espinal

          Fri, 10/25/2013 – 22:48 — AP

    The following are pictures and a translation of the search warrant issued permitting FNRP activist Edwin Robelo Espinal’s house to be violently ransacked in an operation involving 50-60 heavily armed military police officers wearing ski masks, around 6 dogs, at least one high-ranking officer of the national police, and 3 or 4 embedded reporters. This is a clear-cut case of criminalization of social activism, as is evident from the fact that the primary evidence cited against him is LIBRE membership. This is ironic given that Edwin Espinal is an FNRP—not LIBRE—activist, and the flag in front of his house is actually an FNRP flag, but goes to demonstrate again the extent to which resistance leaders (like Berta Cáceres and Magdalena Morales) are being targeted in the run-up to the elections, and how LIBRE has been criminalized by Juan Orlando Hernández and his National Party to the extent that MP violence can be legally legitimated merely by the claim that the target is a LIBRE leader (even when they are not).

    Edwin has been a constant victim of police harassment, torture and death threats and his partner Wendy Avila was killed by police following the 2009 coup; in recent months he has led a struggle against the illegal sale and privatization of the neighborhood soccer field and had to flee the neighborhood following death threats. His targeting is one more example of how the theater of the National Party’s new military police is being used to increase the pre-election climate of terror.


    Judge #1
    Document 02-2013

    CRIMINAL COURT WITH NATIONAL JURISDICTION, on the twenty-second day of the month of October of two thousand thirteen.

    The lawyer and judge CLAUDIO DANIEL AGUILAR ELVIR, responding to the personal request of the public prosecutor, lawyer RICARDO ADOLFO NÚÑEZ, in his capacity of agent of the courts of the Attorney General’s office, that he authorize the procedure of a House Search to carry out the procedure of Search, Inspection and Confiscation of Objects related to Illegal Drug Trafficking, Prohibited Weapons, and Cash from Crimes of Theft and Extortion, requesting the procedure and signaling the date and time for the Approval of the Presiding Judges.


    […]
    FOURTH HOUSE: It is of cement-block construction, two floors finished with stone, it is painted with green and yellow trim, in the second floor it has details of seahorses painted in green in the front of the house it has a flag of the libre party [it is at] the coordinates [?]4 04’17.79″ N latitude, 87 13’27.85″ W longitude, in this house lives ROBELO, it must be noted that he belongs to the libre party and is one of the leaders in this area, according to [our] information this person possesses weapons and grenade launchers in his house.
    […]

    Fuente: http://quotha.net/node/2587

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    Proceso electoral: Un peligroso contexto para los derechos humanos

    Las organizaciones que integramos la Mesa de Análisis Político de la Situación de Violaciones a los Derechos Humanos en el Proceso Electoral, denunciamos que la situación extremadamente peligrosa en que se desenvuelve el proceso electoral en el país,  impacta directamente en los derechos humanos, de acuerdo a los siguientes hechos:

    En la última semana, prevaliéndose de la emergencia nacional generada por la inseguridad y violencia, el Partido Nacional a través de la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández ha lanzado la Policía Militar de Orden Público contra los opositores políticos.

    Además de usar esta dinámica de fuerza para generar voluntad electoral a 30 días de la competencia general, Hernández usa el Ministerio Público y los tribunales para fortalecer  su campaña.

    Hasta ahora es el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, el más impactado por los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra sus miembros, procedentes de instituciones públicas generadoras de un ambiente tenso con terror, que beneficiaría al candidato nacionalista y presidente del Legislativo, a la vez.

    Asesinatos políticos

    El Camarógrafo Manuel Murillo Varela, quien gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, fue encontrado muerto de tres impactos de bala en el rostro, este 23 de octubre  en la Colonia Independencia, de la ciudad de Comayagüela. El se desempeñó en el año 2008  como camarógrafo oficial del presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales. Cuando laboró para Globo TV , el 02 de febrero de 2010 fue secuestrado y torturado, y en los últimos años trabajo directamente con Rasel Tomé, aspirante a diputado  por parte del partido político Libertad y Refundación (LIBRE).

    A comienzos del mes de octubre, el 03, hombres fuertemente armados asesinaron en su labranza a Terencio Paz, Subcoordinador de LIBRE en el Norte del Municipio de La Iguala, en el departamento de Lempira; una semana antes encapuchados lo habían buscado afanosamente en la zona.

    Allanamientos

    El 23 de octubre de este año fue allanada  la casa de Edwin Robelo Espinal, miembro activo de la resistencia contra el golpe de Estado y simpatizante de LIBRE, en la colonia Flor del Campo, de Tegucigalpa, se utilizó como actor principal a la Policía Militar recién creada y ésta, a su vez, utilizó al Poder Judicial, Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección de Inspecciones Oculares, Cuerpo Antibombas, Unidad Canina, Policía Preventiva y Ejército.

    Según el acta del allanamiento que autoriza como juez ejecutor a un sargento del Ejército, el Estado buscaba un lanzagranadas, armas automáticas y drogas en la residencia de Espinal, al estilo de los comandos de la policía política de Álvaro Uribe en Colombia, país con el que el régimen suscribió uno de sus primeros convenios en 2010 para interceptar a la resistencia anti golpista.

    Con su rostro encapuchado, el sargento raso que ejecutó el atraco y todo el personal bajo su mando, actuaron por orden del Juez Claudio Aguilar, pieza clave del golpismo para usar el sicariato judicial contra la resistencia hondureña.

    Otro allanamiento con las mismas características se produjo el 07 de mayo anterior en la vivienda de María Concepción Ortega Lanza. Unos 50 militares encapuchados, con perros amaestrados asaltaron su casa encañonando a toda su familia directamente en su rostro y generando el terror en todos los alrededores del sector de la colonia Kennedy donde habita la afectada quien es activista de LIBRE y hermana de Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Estos militares son parte de la Operación Libertad,  que fue aprobada su existencia en Concejo de Ministros, el 02 de abril de este año.

    El 11 de octubre pasado, a las 5:00 am, la Policía Militar también entró a la casa de Marco Antonio Rodríguez, Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, SITRAPANI, sin orden de allanamiento y saltando las paredes, diciendo que buscaba armas.

    Después, el 12 de octubre, el sindicalista Pedro Elvir, también del SITRAPANI, fue objeto de persecución en el anillo periférico hasta interceptarlo con un vehículo, cuyos ocupantes lo amenazaron.

    Amenazados a muerte y supuestos asaltos

    En lo que va del año 20 personas entre activistas y miembros del Partido LIBRE ha sido amenazados a muerte en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Lempira, Olancho y Santa Bárbara.

    También se han documentado unos seis casos de supuestos asaltos contra personas vinculadas al activismo de este mismo partido político, en especial en Comayagua y Danlí.

    Coinciden estas acciones de terror con una campaña hostil que incita el odio contra la membrecía de LIBRE a través de los periódicos, la televisión, la radio, redes sociales y grafitis, que el Tribunal Supremo Electoral no ha detenido.  Esta campaña es manejada por expertos en guerra sucia, secuestros y torturas en la década de los ochenta, algunos de ellos son candidatos a cargos de elección popular,  que están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y aplicaron a sus víctimas la Ley Fuga y les sacaron sus uñas en largas sesiones de tortura.

    Paralelamente a este accionar, los “magistrados” del TSE afirman que la de 2013 es “una de las mejores campañas de todos los tiempos desde que se implementó la democracia en 1982 en Honduras”.

    Hemos abierto un expediente para juntar y relacionar las acciones violentas e ilegales cometidas por las tropas militares electorales creadas para influir la campaña del candidato Juan Orlando Hernández y suplantar las instituciones de derecho.

    Por este medio, advertimos a las misiones de observación electoral y de acompañamiento de derechos humanos que también el golpismo pretende cerrar las fronteras para impedir el ingreso de nuevas misiones y vigilar de cerca las que ya se encuentran dentro del territorio nacional.

    El uso de fiscales y jueces sin rostro, encapuchados, actuando al margen de la legalidad instituida, es práctica de los ejércitos de ocupación en Irak y otros países sometidos a conflictos por influencias hegemónicas.

    Tegucigalpa M.D.C. 25 de octubre de 2013

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    Diez directores de colegios pueden ser destituidos

                  Miércoles 16 de octubre de 2013
                               09:59 pm                            – Agustín Lagos N. 

    Escoto dice que muchos directores han asumido que los centros educativos les pertenecen, creando un mercado y una mafia en torno a los que les aplauden.
    El ministro de Educación investiga a directores de centros educativos.

    El ministro de Educación investiga a directores de centros educativos. (El Heraldo)
                                        Tegucigalpa,Honduras

    Directores de centros educativos que tienen un perfil similar al destituido del Instituto Central Vicente Cáceres, correrán la misma suerte de Roberto Armando Ordóñez.

    El titular de la secretaría de Educación, Marlon Escoto Valerio, aseguró: “estamos investigando a diez directores más que tienen un perfil como el del exdirector del Central”.

    “Esas investigaciones se realizan porque muchos directores han asumido que los centros educativos les pertenecen, cobrando ilegalmente valores a estudiantes que no les corresponde, adueñándose de las cafeterías, de los centros educativos, vendiendo libros, vendiendo uniformes, creando un mercado en los centros educativos y una mafia, en torno a las personas que les aplauden”, puntualizó el funcionario.

    Escoto les recuerda a los maestros y en especial a los directores que “los centros educativos son del Estado de Honduras y son potestad de la Secretaría de Educación, y no le pertenece de manera individual a ningún director y por eso separamos al director del Instituto Departamental de Oriente (IDO) en Danlí y estamos separando al director del Central”, prosiguió.

    Por si eso fuera poco, las investigaciones se han extendido por los cuatro puntos cardinales del país, por lo que “vamos a revisar al director del Instituto José Cecilio del Valle en Choluteca, del José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, al director de la Escuela Normal de Olancho y otros casos que tenemos en proceso de investigación”.

    El Central es el más grande

    Al consultarle si ya se inició el procedimiento en contra de estos trabajadores del sistema educativo, fue enfático al decir: “Hace mucho tiempo se inició, lo que pasa es que como el caso del director del Instituto Central, que es el colegio más grande y es el más conocido, parece que es más noticia, pero es un procedimiento normal como cualquier empleado de la Secretaría de Educación”.

    En relación al caso de Roberto Ordóñez, el ministro de Educación considera que se va a seguir el procedimiento normal.

    “Lo que nosotros hacemos es tomar decisiones y asumir los riesgos de las decisiones que tomamos y si terceros determinan algo diferente, también lo acatamos como lo hemos hecho en otros momentos”, dijo.

    Cuestionó que en Honduras “las cosas se resuelven con quién grita más, quién insulta más, quién intimida y ellos (los directores de centros educativos) están acostumbrados a intimidar a los estudiantes, a los profesores, a la población misma, a intimidar a los medios de comunicación, incluso, han agredido a periodistas, pero silencio total”.

    Escoto envía un mensaje claro a los maestros y en especial a los directores que están siendo investigados: “nosotros no tenemos temor de las decisiones que tomamos, porque lo hacemos en función de los estudiantes, porque son los beneficiarios”.

    En cuanto a que Valentín Canales ha dicho que no acepta el puesto de director del Central Vicente Cáceres, explicó que para no aceptar el cargo tiene que devolver la notificación de nombramiento.

    “Ese es el procedimiento legal y cuando yo o la departamental tenga la devolución del nombramiento que se le dio y dice que no, se nombra a otra persona y se sanciona al subdirector por no haber acatado”. “Cuando alguien asume un puesto sabe que debe suceder a alguien. Y si es subdirector, sabe que va a suceder al director. Si el director no está porque se jubiló, lo debe suceder; porque lo despidieron, lo debe suceder; porque se le pidió, lo debe suceder y esa es una obligación, por lo que al que no cumple con sus obligaciones, también se les sanciona”, se le sanciona.

    Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Diez-directores-de-colegios-pueden-ser-destituidos

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    Campesinas hondureñas exigen alto a la criminalización por pedir derechos a la tierra y defensa de los recursos naturales

     

    Artículo |     October 15, 2013 – 5:26pm
         

    Tegucigalpa. Hoy 15 de octubre, establecido por las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, las campesinas hondureñas exigimos un freno a la criminalización que autoridades judiciales del Estado llevan a cabo en contra de nosotras.

    Solo en los últimos 3 años hay más de 700 mujeres con órdenes de captura y medidas sustitutivas, cuyo único delito ha sido  exigir su legítimo derecho a la tierra y defender los recursos naturales de sus comunidades.

    El día de hoy se reconoce internacionalmente la función y contribución decisiva de la mujer rural e indígena en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Pero en Honduras más allá de incentivar nuestra contribución, se nos discrimina, ejemplo de ello es esta criminalización.

    La criminalización se realiza en un contexto difícil para nosotras. En nuestro país somos 2 millones de mujeres que vivimos en el área rural, de las cuales 1.3 millones afrontan condiciones de pobreza, producto de las desigualdades y la brecha de género en el acceso a la tierra, asistencia técnica y crediticia para producir alimentos.

    El 86% de las mujeres rurales no poseemos títulos de tierras, aun así desempeñamos un papel fundamental en la economía de Honduras cuando participamos en la producción de cultivos y cuidado del ganado, además de realizar otras actividades para diversificar los medios de subsistencia de nuestras familias.

    El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, enfatiza al mencionar que «el empoderamiento de las mujeres rurales es crucial para poner fin al hambre y la pobreza. Al negar derechos y oportunidades a las mujeres, negamos a sus hijos y a las sociedades un futuro mejor». Nos preguntamos si ¿acaso no lo han escuchado nuestros gobernantes?

    Les recordamos a las candidatas y candidatos políticos que somos 1.4 millones de mujeres habilitadas para ejercer el sufragio en las elecciones generales del 24 de Noviembre de 2013, representando el 30% del electorado en el país, una fuerza electoral decisiva pero ignorada en las propuestas de gobierno de los 8 partidos políticos en contienda.

    Nos dirigimos a cada uno de las y los candidatos para demandarles:
    Reformar el artículo 79 de la ley de modernización agrícola que permita la titulación de tierras a nombre de las mujeres

    Crear un fondo de crédito agrario con bajos intereses para las mujeres rurales
    Promover el enfoque de género en los presupuestos de las instituciones agrícolas del Estado y fortalecer sus unidades de género.

    Freno a la criminalización de las campesinas hondureñas.

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    Campaña de persecución contra defensores de los recursos naturales en Honduras

    Escrito por en Lun, 09/16/2013 – 11:01

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    Campaña de persecución contra defensores de los recursos naturales en Honduras
    Campaña de persecución contra defensores de los recursos naturales en Honduras

    Secciones:

    Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Movimiento Amplio Por La Dignidad y La Justicia, MADJ, a través de un comunicado difundido el 13 de septiembre, denunció que existe una campaña de persecución, por parte de sociedades mercantilistas explotadoras del medio ambiente, instauradas en el municipio de Tela, departamento de Atlántida en contra de defensores/as de los recursos naturales y que se oponen a la instauración de mineras en sus comunidades.
    En el comunicado el MADJ expresa que: la Sociedad Mercantil La Victoria (de accionistas desconocidos), quien pretende explotar varias minas de óxido de hierro, ha interpuesto una acusación ante el Ministerio Público de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, en contra de dirigentes del Patronato Regional de la comunidad de la Florida en Tela.
    En la acusación la empresa también incluye a Víctor Fernández Coordinador General Del Movimiento Amplio Por La Dignidad y la Justicia y a su hermano Martín Fernández. “Denunciamos el alto riesgo en que se sitúan las vidas de nuestros compañeros y compañeras ya que se desconocen quienes son los accionistas de dicha empresa”, resalta el documento.
    Según el Movimiento Amplio Por La Dignidad y La Justicia, esta acción responde a una campaña de persecución en contra de quienes defienden los Bienes Naturales de las avorazadas intenciones de las compañías mineras, los dueños de proyectos hidroeléctricos y los madereros quienes se han coludido con instituciones gubernamentales.
    Finalmente el Movimiento Amplio Por La Dignidad y La Justicia, demandó del  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y de los organismos de Derechos Humanos, que garanticen la protección de las personas que se exponen a la represión de poderosos intereses económicos basados en el exterminio de los bienes naturales./Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
    Fuente:

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