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Este 25 de mayo: PEN Canadá / Pen Honduras entregarán Premio Periodístico “Escribir Sin Miedo”-2016

Origen: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/1362-este-25-de-mayo-pen-canada-honduras-entregaran-premio-periodistico-escribir-sin-miedo

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Presidente de Escritores en Prisión Pen Internacional: Esperamos que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales

El presidente del Comité de Escritores en Prisión, Salil Tripathi, al conocer de la notificación de la suspensión de la restricción del ejercicio periodistico a Julio Ernesto Alvarado dijo que ” Esperamos que esto sea un indicio de que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales en lo que respecta a derechos humanos”, sus declaraciones fueron difundidas la semana anterior en un comunicado de Pen Internacional.

Este es el comunicado íntegro de Pen Internacional:

Honduras: Después de 13 meses, el estado hondureño finalmente cumple con la orden de la CIDH de suspender la inhabilitación del ejercicio periodístico de Julio Ernesto Alvarado

El estado hondureño ha suspendido finalmente la inhabilitación profesional impuesta por la corte que ha impedido que el periodista de Globo TV y miembro de PEN Honduras, Julio Ernesto Alvarado, presentara su noticiero nocturno desde el 30 de octubre de 2015, según ha declarado hoy PEN International, con lo que finalmente reconoce su obligación de cumplir con unfallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre de 2014.

Convencer al gobierno de Honduras de que cumpla con la sentencia de la CIDH ha llevado más de 13 meses, y supone el último paso en una batalla legal de nueve años que partía de una demanda por difamación penal contra Alvarado en 2006 por parte de un funcionario público acusado de irregularidades.

‘Estamos muy contentos de que Julio Ernesto Alvarado sea ahora libre para volver a las ondas y a sus espectadores después de un período de seis semanas de hiato —aunque nunca se le debió impedir que trabajase como periodista,’ dijo Jennifer Clement, Presidenta de PEN International.

‘A pesar de que PEN International acoge con satisfacción la suspensión de la inhabilitación profesional de Alvarado, es inaceptable que le hayan hecho pasar 13 meses de incertidumbre y estrés innecesario. Esperamos que esto sea un indicio de que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales en lo que respecta a derechos humanos,’ agregó Salil Tripathi, Presidente del Comité de Escritores en Prisión de PEN International.

La inhabilitación del ejercicio periodístico de 16 meses, impuesta formalmente a Alvarado el 29 de octubre como parte de una condena penal de 2013 por supuesta difamación, ha sido suspendida formalmente tras una audiencia en el juzgado de la capital de Honduras, Tegucigalpa, el 11 de diciembre de 2015. Estaba previsto que la audiencia tuviera lugar el 17 de noviembre, pero se retrasó, al parecer, debido a una muerte en la familia del juez. El tribunal también dictaminó que se informara de la suspensión de la prohibición a todos los organismos estatales y profesionales pertinentes. Alvarado volvió a presentar su programa Mi Nación el 13 de diciembre.

De acuerdo con documentos del tribunal, todas las partes en la audiencia celebrada el 11 de diciembre reconocieron plenamente el carácter jurídicamente vinculante en derecho interno de los compromisos internacionales de Honduras con los derechos humanos, y, por lo tanto, de la orden de la CIDH de suspender la inhabilitación del ejercicio periodístico de Alvarado como parte de las ‘medidas cautelares’ del 5 de noviembre de 2014. En consecuencia, tanto el Ministerio Público como el abogado de la demandante aceptaron la solicitud del 2 de noviembre de la Procuraduría General de suspender la inhabilitación profesional. A la Procuraduría General no le quedó más remedio que actuar de esa forma después de una reunión convocada por la CIDH el 21 de octubre a petición del PEN —una reunión a la que se negó asistir al mismo Julio Ernesto Alvarado.

‘Si la voluntad política mostrada en la audiencia del 11 de diciembre se hubiera producido desde antes de la suspensión del ejercicio profesional a Julio Ernesto Alvarado, se hubiera evitado que el Estado hondureño quedara evidenciado internacionalmente como irrespetuoso de los compromisos internacionales, y la arbitrariedad de suspenderlo no sería un hecho consumado,’ dijo Dina Meza, presidenta de PEN Honduras, que ha acompañado a Alvarado a lo largo de su experiencia penosa.

‘Desafortunadamente ante la falta de justicia en Honduras, debemos seguir este caso en el sistema interamericano, esperamos que se siente un precedente para que nunca más se repita este episodio lesivo a la libertad de expresión.’

La suspensión de la inhabilitación profesional es temporal, hasta que la CIDH haya investigado una petición hecha por Alvarado en julio de 2014 alegando violaciones de sus derechos a la libertad de expresión, un juicio justo y a la protección judicial a raíz de su condena por el delito de difamación. Se espera que la CIDH decida sobre la admisibilidad de la petición de Alvarado a principios de 2016.

‘El sistema judicial de Honduras tiene que darse cuenta de que no puede violar los derechos fundamentales y descuidar sus compromisos internacionales de derechos humanos,’ dijo Kenia Oliva, abogada de Alvarado y miembro de PEN Honduras. ‘El caso de Julio Ernesto Alvarado es solo uno de los cientos de casos en los que el poder político y económico prevalece y donde los jueces usan sus resoluciones para favorecer a sus “amigos” y olvidan su deber de hacer justicia.’

PEN International acoge con satisfacción la aplicación por parte del Estado de Honduras de las medidas cautelares y le insta a que coopere de forma plena con la CIDH en su investigación sobre la petición de Alvarado.

Antecedentes

Director y presentador del noticiero Mi Nación en la cadena independiente Globo TV, Alvarado fue condenado originalmente en apelación en diciembre de 2013 a 16 meses de prisión y a la inhabilitación del ejercicio periodístico durante el mismo período, como resultado de una demanda penal por difamación interpuesta por Belinda Flores, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Alvarado había cubierto la presunta implicación de Flores en el tráfico de influencias y falsificación de títulos universitarios en tres ediciones de Mi Nación en 2006.

Alvarado y dos profesores universitarios que habían aparecido en su programa para discutir las acusaciones fueron absueltos de los cargos en marzo de 2011. Sin embargo, Flores apeló la decisión y en diciembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa condenó a Alvarado por difamación penal —a pesar de que a los dos profesores confirmaron el veredicto de no culpabilidad y de que la Corte aceptó por probado que Flores estaba implicada en algún delito.

Tras su condena, Alvarado fue objeto de hostigamiento y amenazas a principios de 2014, incluyendo una amenaza de muerte contra él y su familia realizada a través de las redes sociales. Previamente, había soportado meses de amenazas y hostigamiento que culminaron en un presunto atentado contra su vida, lo que lo llevó a suspender su programa de radio en Radio Globo en marzo de 2013. Estos ataques aún no han sido investigados, y mucho menos procesados.

Como resultado de esta intimidación y falta de fe en la imparcialidad del sistema de justicia, Alvarado decidió no apelar su condena, optando en su lugar por pagar una multa para evitar el encarcelamiento. Como resultado de esto también se suspendió la inhabilitación del ejercicio periodístico en abril de 2014. Sin embargo, el abogado de Flores apeló con éxito contra la suspensión de la inhabilitación profesional.

A mediados de 2014, PEN Honduras y PEN International acudieron a la CIDH para solicitar la protección de Alvarado. El 5 de noviembre de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares que obligaban al Estado de Honduras a suspender la aplicación de la inhabilitación profesional hasta que la CIDH hubiera investigado la petición de Alvarado, que alegaba la violación de sus derechos por parte del Estado.

Sin embargo, a pesar del fallo de la CIDH, la prohibición de trabajo entró en vigor el 30 de octubre 2015, después de que Alvarado perdiera su última apelación ante la Corte Suprema de Honduras en septiembre.

Vea el comunicado en la página de Pen Internacional.

Origen: Pasos de Animal Grande – Presidente de Escritores en Prisión Pen Internacional: Esperamos que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales

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Caso Julio Ernesto Alvarado: un serio revés para la libertad de información y la CIDH

Publicado el Miércoles 9 de septiembre de 2015.

RSF y PEN International condenan que la Corte Suprema de Justicia de Honduras no haya respetado las directivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que protegen el derecho de Julio Ernesto Alvarado de seguir ejerciendo el periodismo. El viernes 4 de septiembre la justicia hondureña rechazó el último recurso legal del periodista de Radio Globo y Globo TV, lo que crea un precedente funesto para la libertad de expresión en el país.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras rechazó el recurso de amparo presentado por Julio Ernesto Alvarado en octubre de 2014 –última injusticia en un largo proceso por difamación contra el periodista de Radio Globo y TV–. Esto, pese a que en noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas cautelares para el periodista, así como suspender la ejecución de la sentencia condenatoria dictada por la justicia hondureña mientras que la CIDH estudiaba su caso. Es la primera vez que la CIDH solicita suspender una sentencia que prohíbe ejercer su profesión a un periodista, lo que constituye un fuerte mensaje para los gobiernos de la región.

Estas medidas cautelares no fueron respetadas por la justicia hondureña, pues semanas más tarde confirmó la condena que prohíbe a Alvarado desempeñar cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses. No obstante, estas medidas permitían al periodista continuar desempeñando su labor profesional el tiempo que la CIDH examinaba su dossier. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya decidido confirmar la sentencia este 4 de septiembre constituye una nueva burla a la organización del pacto de San José. Ya no existe ningún recurso en el país para luchar contra la prohibición de que ejerza su oficio y ahora concierne a la CIDH actuar para que el gobierno hondureño respete las medidas cautelares.

Reporteros sin Fronteras (RSF) protesta contra esta decisión de la Corte Suprema de Justicia”, expresó Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “Pedimos que se retiren todos los cargos presentados contra Julio Ernesto Alvarado. Esta decisión judicial crea un precedente funesto para la libertad de expresión en el país y va en contra de las solicitudes de la CIDH, que las autoridades hondureñas deberían respetar. Este largo proceso es una farsa y una herramienta de represión contra el periodista, que pertenece a uno de los medios de comunicación críticos con más audiencia en el país”, añadió.

Desde 2013 Alvarado es juzgado por difamación debido a una denuncia presentada por Belinda Flores Mendoza, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ésta le reclama haber difundido en 2006 en su programa “Mi Nación”, de Globo TV, información sobre los cargos presentados por la Corte Suprema de Justicia contra ella (por la falsificación de títulos universitarios). Este proceso legal se suma a numerosos actos de intimidación contra el periodista. Víctima de preocupantes medidas de vigilancia desde 2012, Alvarado decidió en 2013 suspender su programa “Medianoche” debido a las constantes amenazas que había padecido durante más de un año.

Seamos claros. Honduras se comprometió legalmente a tratar las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como su última corte de apelaciones. Así que debe respetar su compromiso jurídico. Por ello, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en el caso de Julio Ernesto Alvarado no es válida“, aseveró John Ralston Saul, Presidente Internacional de PEN International.

El encarnizamiento judicial contra Julio Alvarado refleja las presiones que padecen todos los periodistas críticos y los medios de comunicación de oposición en el país. Radio Globo y TV se encuentra en el punto de mira de las autoridades desde el golpe de Estado de 2009. Desde 2011 han sido asesinados cinco colaboradores de la radio sin que las autoridades lleven a cabo ninguna investigación a fondo.

Honduras se encuentra en el lugar 132, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF publicada en febrero de 2015.

Fuente: http://es.rsf.org/honduras-caso-julio-ernesto-alvarado-un-09-09-2015,48325.html

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PEN Internacional pide protección de periodista y líder estudiantil hondureño

Monday, 17 August 2015 21:58 Written by  Agencia EFE Published in Amenazas a la Libertad de Expresión Read 39 times

PEN Internacional pide protección de periodista y líder estudiantil hondureño Agencia EFE – El presidente del PEN Club Internacional, John Ralston Saul. EFE/Archivo

Toronto (Canadá), 17 ago (EFE).- El presidente de PEN Internacional, el escritor canadiense John Ralston Saul, envió una carta urgente a autoridades gubernamentales, judiciales y académicas deHonduras para pedir protección para el periodista y líder estudiantil Cesario Padilla, quien denunció que ha sido amenazado.

En un comunicado hecho público hoy, PEN Internacional, una organización fundada en 1921 y que reúne a escritores de todo el mundo, afirmó que “está preocupada porque Padilla está siendo atacado por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión”.

El grupo señaló que Padilla, que es miembro de PEN Honduras, “está siendo perseguido junto con otras dos” personas a raíz de su participación en protestas estudiantiles en favor de la “democratización de los órganos de Gobierno” de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La misiva de Saul, enviada la noche del domingo y a la que ha tenido acceso hoy Efe, está dirigida al procurador general de Honduras, Abraham Alvarenga Urbina, a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera.

En la carta, marcada como “urgente”, Saul solicita a los tres que “utilicen su autoridad e intervengan para asegurar la protección del bienestar de este ciudadano y estudiante suyo”.

Según el escritor y pensador canadiense, Padilla está siendo amenazado por hombres armados que han acudido al barrio donde reside “para atentar en su contra”.

“La situación está siendo seguida con gran preocupación por nuestros miembros de PEN en todo el mundo”, añade.

Padilla, periodista y dirigente estudiantil, se ha mostrado muy crítico en los últimos años con la gestión de las autoridades de la UNAH.

Padilla ha denunciado, además, que desde diciembre de 2014 ha sido víctima, junto con otros líderes estudiantiles, de una campaña de amenazas y expulsiones.

El líder estudiantil ha acusado a la rectora Julieta Castellanos, al vicerrector de Asuntos Estudiantiles Ajax Irías y a la secretaria del Consejo Universitario, Belinda Flores, de “ser los personajes responsables de la estigmatización, criminalización y descalificación contra los dirigentes universitarios”.

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Organizaciones de DD.HH. piden protección para periodista y líder estudiantil hondureño

Motociclistas armados rondaron la vivienda.
Alerta 137-2015
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).-  Tres organizaciones de derechos humanos de Honduras urgieron este lunes al estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) por la protección para el periodista y líder estudiantil Cesario Alejando Félix Padilla Figueroa, quien denunció ser víctima del hostigamiento por parte de hombres armados a bordo de una motocicleta.
Según la narración de los hechos “el día jueves 6 de agosto un hombre se hizo presente a la colonia donde el joven reside, en evidente acción de vigilancia y reconocimiento de su vivienda. El individuo se conducía en una motocicleta y estaba armado”.
Seguidamente, indica, “el día domingo 9 de agosto el mismo hombre junto a otro que también se conducía en motocicleta, llegaron a realizar vigilancia de la vivienda de Padilla Figueroa”.
De acuerdo con la información recabada, la vigilancia se está realizando por parte de supuestos empleados de la Seguridad de la Universidad, indicó la nota pública entregada además a la rectora Julieta Castellanos. La denuncia fue interpuesta, además, este lunes al Ministerio Público.
Padilla, quien también es miembro de PEN Honduras, “está siendo perseguido junto con otras dos” personas a raíz de su participación en protestas estudiantiles en favor de la “democratización de los órganos de Gobierno” de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), subrayó el escrito divulgado a la prensa nacional.
El documento firmado por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de La Tortura y sus Familiares (CPTRT), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), y el Centro Pen Honduras fue enviado al Alto Comisionado de las Nacional Unidas para los Derechos Humanos, la Misión del a Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el G-16 y otras organizaciones de derechos humanos en Honduras.
El  Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ha emitido en lo que va del 2015, siete alertas en contra del hostigamiento, seguimiento y amenazas contra Cesario Padilla, Moisés David Cáceres Velásquez y Sergio Luis Ulloa Rivera quienes entre otros 26 estudiantes habían sido acusados por el supuesto delito de usurpación.
En diciembre de 2014, Padilla, también fue sido víctima, junto con otros líderes estudiantiles, de una campaña de amenazas y expulsiones.
Der su lado, el presidente de PEN Internacional, el escritor canadiense John Ralston Saul, envió una carta urgente a autoridades gubernamentales, judiciales y académicas de Honduras para pedir la protección urgente del joven estudiante de periodismo.
En un comunicado hecho público hoy, PEN Internacional, afirmó que “está preocupada porque Padilla está siendo atacado por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión”.

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John Ralston presidente mundial de Pen Internacional le pidió a rectora de la UNAH incluir a estudiantes en Consejo Universitario

Wednesday, 15 July 2015 21:54 Written by  Published in Contexto Read 94 times

 Foto: debate.com.mx

John Ralston Saul, presidente Mundial de Pen Internacional, le recordó a la rectora Julieta Castellanos la plática que mantuvieron en febrero pasado durante su visita a Honduras y donde hablaron de varios temas, entre ellos, la participación estudiantil en la toma de decisiones dentro del Consejo Directivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, lo  que demostraría cómo personas con diversas opiniones pueden trabajar juntas.

Otro aspecto fue sobre la importancia de que los estudiantes de periodismo puedan tener acceso a los medios de comunicación  de la universidad para hacer sus prácticas, tanto el canal de televisión como el periódico Presencia Universitaria.

Del 14 al 17 de febrero de este año una misión de alto nivel de Pen Internacional y Pen Canadá llegó al país como parte del acompañamiento al Centro Pen Honduras y llamar la atención del Estado de Honduras sobre la grave situación de la libertad de expresión en el país. En esa oportunidad se lanzó el premio periodístico “Escribir sin Miedo”.

Estudiantes denunciaron la crítica situación sobre la libertad de expresión en la UNAH, ante Pen Internacional, en reuniones sostenidas con esta misión. Describieron cómo fueron nombrados de dedo estudiantes que no les representan en el Consejo Universitario, pero que hacen la comparsa a las autoridades de la UNAH.

Fue en ese con texto que Ralston se reunió con Castellanos y en una carta enviada el 20 de abril de este año le hace referencia a la plática sostenida y le recuerda los puntos abordados.

pasosdeanimalgrande.com publica a continuación el texto literal de la carta, dado el contexto de amenazas y estigmatización contra los estudiantes desde las autoridades universitarias, llegando al extremo de descalificar sus demandas de democratización en la UNAH, argumentando que son estudiantes con índices acádemicos bajos, pero alumnos de excelencia académica que participan en las tomas han desmentido esa versión y señalaron que se les pretende echar una culpa que pesa pero en las espaldas de la administración central que no da el ancho para sacar adelante esta importante institución educativa pública.

Esta es el texto de la misiva:

“Me dio un gran gusto el tener la oportunidad de hablar con usted ya que se encuentra en una posición idónea en la universidad la cual puede tener efectos positivos en muchos de los problemas de su país”.

“Como lo discutimos, el involucrar a los estudiantes en la televisora y en el periódico de la universidad, sería una manera admirable y una oportunidad de aportar a la profesionalización del periodismo digno”.

“Asimismo, los estudiantes pueden tener la oportunidad de entrenarse laboralmente previo a su graduación. Esto es una práctica que se realiza en todas las universidades que conozco. Tengo que confesarle, que he estado en muchas universidades, en muchos países. Si los estudiantes de periodismo llegasen a formar parte de la televisora y del periódico de la universidad de manera abierta e incluyente, esto crearía una atmósfera sólida y positiva dentro de la facultad de periodismo y a través de la universidad”.

 

Foto: presencia.unah.edu.hn

“El otro tema importante que discutimos durante nuestra reunión fue el del papel de los estudiantes en el consejo directivo de la universidad. La elección de estudiantes en su consejo directivo demostraría como personas con posibles diversas opiniones pueden trabajar en conjunto. Sin duda será complicado organizar tales elecciones, pero mis sentidos me dicen que el éxito daría un ejemplo de buen liderazgo, en el sentido más amplio, a las demás instituciones del país”.

“Durante mi estadía en Tegucigalpa me reuní con muchos estudiantes. Sin ninguna excepción, todos me expresaron su deseo de formar parte de un proceso democrático transparente. Los estudiantes sin duda sienten un gran nivel de pertenencia a la universidad como institución y se encuentran ansiosos de trabajar con la universidad para implementar sistemas de transparencia, junto a usted”.

“Finalmente, la creación de un sólido e independiente centro PEN hondureño con vínculos cercanos al movimiento internacional de PEN en 110 países será una poderosa herramienta de protección a la libertad de expresión en Honduras. Por lo mismo, esto también representará un apoyo a las instituciones autónomas como las universidades”.

Esta es la carta original:

 

 

 

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Honduras debe demostrar genuino compromiso con la libertad de expresión en la revisión de la ONU

Viernes, 08 Mayo 2015 04:13 Written by  Published in Monitoreo de compromisos internacionales Read 14 times

El Estado de Honduras debe cumplir sus promesas a la comunidad internacional para proteger a los periodistas, combatir la impunidad de los ataques y proteger la libertad de expresión, dando un relato honesto de los avances y deficiencias en las Naciones Unidas en Ginebra el viernes, dijo PEN Internacional este 07 de mayo, a pocas horas de que Honduras sea sometido al Examen Periódico Universal, EPU, en Ginebra, Suiza.

El segundo Examen Periódico Universal (EPU) del historial de derechos humanos de Honduras se llevará a cabo en el contexto de la espiral de la violencia contra periodistas en el país y la creciente restricciones en su capacidad para trabajar con libertad, a pesar de las promesas hechas en sentido contrario en la revisión anterior en noviembre de 2010.

“El EPU de Honduras el 8 de mayo no debe ser sólo de hacer discursos para masajear la imagen internacional del país”, dijo Dina Meza, presidente de PEN Honduras. “Exigimos la acción y no palabras”.

“Además de la aceptación de las recomendaciones, el Estado hondureño debe presentar un cronograma de acciones planificadas que pueden ser monitoreados por la comunidad internacional con el objetivo de dar una respuesta rápida a las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto.”

Opinión de mañana es probable que incluya la discusión de la aprobación del Congreso de Honduras ‘el 15 de abril 2015 una ley para proteger a los periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos y profesionales de la justicia, después de casi dos años en la tubería. La aprobación de una ley destinada a proteger a los periodistas es un paso positivo que PEN ha pedido en el pasado.

Sin embargo, el mecanismo oficial de protección establecido por la presente ley sólo se puede implementar de manera significativa si se asigna suficientes recursos financieros, humanos y técnicos, e incluye la plena participación de periodistas y otros organismos representativos de la sociedad civil.

Por otra parte, ningún mecanismo de protección puede mejorar la seguridad si se permite la impunidad de los ataques a los periodistas a persistir.

A pesar de los compromisos asumidos por el Estado de Honduras en el último UPR, las administraciones actuales y anteriores han mostrado una falta de voluntad política para investigar violaciónes de la libertad de expresión y proteger a periodistas, mientras que numerosas iniciativas para luchar contra la impunidad han dado escasos resultados concretos.

Al menos 30 periodistas han sido asesinados en Honduras desde el último examen periódico universal y al menos 48 desde 2003. Las condenas sólo se han obtenido para cuatro de estos asesinatos, con el 44 restante sin resolver – una tasa de impunidad de casi el 92 por ciento. Incluso en los casos de condenas, la justicia es sólo parcial y ninguno de los autores intelectuales han sido procesados.

Mientras tanto, nuevas leyes y prácticas introducidas desde la última UPR restringen cada vez más la capacidad de los periodistas e investigadores para trabajar libremente en Honduras.

La Ley Especial de 2011 sobre la interceptación de comunicaciones privadas ha sido criticado por ser contraria al derecho a la privacidad y potencialmente permitir la vigilancia arbitraria por el Estado.

La Ley 2014 de Secretos Oficiales y clasificación de la información abroga efectivamente el acceso de 2006 a la ley de información, prestación de dicho acceso arbitraria y depende del capricho de los funcionarios individuales.

Es preocupante que el actual gobierno ha priorizado también-des una promesa hecha por la administración anterior para despenalizar parcialmente la difamación, que todavía se castiga con hasta cinco años de prisión. Esto tiene un efecto amedrentador sobre periodistas, contra los cuales dichas demandas a veces son llevados con la intención de silenciar a ellos – como lo ilustra el caso de la periodista de TV Globo, Julio Ernesto Alvarado, miembro fundador del PEN Honduras.

Alvarado fue condenado a prisión y trabajos prohibición de 16 meses ‘en diciembre de 2013 para informar sobre las denuncias de corrupción por un decano de una universidad estatal. El Estado de Honduras ha ignorado hasta la fecha una sentencia noviembre 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la sentencia mientras se investiga el caso. El caso fue destacado por el Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión de World Press Freedom Day en 03 de mayo 2015 que subraya la importancia de la despenalización de la difamación en las Américas.

A pesar de los compromisos internacionales del Estado de Honduras a respetar y promover los derechos culturales, escritores en el país han lamentado la falta de inversión en el sector cultural y de una política a largo plazo para promover la formación, la producción y la investigación, sobre todo desde el golpe.

El estado también ha fallado en cumplir su promesa de 2010 para firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y, lo que daría hondureños el derecho a presentar quejas individuales ante la ONU acerca de la violación de estos derechos.

PEN Internacional pide a las autoridades hondureñas a:

· Mejorar las investigaciones de los crímenes contra periodistas mediante el desarrollo de recursos adecuados, protocolos especializados dentro de la Oficina del Fiscal Público (Ministerio Público) que priorizan cualquier vínculo con su profesión, y garantizando que todos los fiscales y policías que participan en este tipo de investigaciones tienen un conocimiento profundo de la labor periodística y los derechos humanos

· Asegúrese de que la nueva ley de protección al periodista se aplique con eficacia a través de suficientes recursos financieros, humanos y técnicos y la participación significativa de los periodistas y otros organismos representativos de la sociedad civil

· Despenalizar la difamación y que sea un delito civil

· Revisar la Ley de Secretos Oficiales y clasificación de la información para asegurarse de que no se puede utilizar para restringir ilegalmente el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir información

· Derogar la Ley Especial de Interceptación de Comunicaciones Privadas y asegurar que se revisan que todas las prácticas actuales de vigilancia para garantizar que se cumplen las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión

· Desarrollar e implementar una política nacional adecuadamente financiado y no discriminatorio para fomentar la formación, la producción y la investigación en la cultura y las artes en plena consulta con todos los sectores de la sociedad civil

· Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Para leer las recomendaciones completas del PEN, haga clic aquí

 

Para firmar una petición al Estado hondureño a suspender la sentencia de Julio Ernesto Alvarado en línea con la decisión de la CIDH, haga clic aquí (sólo en español)

 

Para leer una declaración del PEN Honduras, haga clic aquí.

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HONDURAS: ENTREVISTA A CARLES TORNER, DIRECTOR EJECUTIVO PEN-INTERNACIONAL

domingo, 15 de febrero de 2015

Escritor catalán, ha participado activamente en el trabajo de PEN Internacional a lo largo de más de 20 años, durante los cuales se ha desempeñado como miembro del Consejo y Presidente del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos. Intervino además en varias comisiones vinculadas con escritores encarcelados. Ha publicado ensayos y poemas sobre la defensa que lleva adelante PEN de la libertad de expresión en todo el mundo. Antes de sumarse a PEN como Director Ejecutivo Interino, actuó como Director del Departamento de Literatura y Humanidades del InstitutRamonLlull, donde se ocupó de asegurar la presencia de la literatura catalana como invitado de honor en la Feria del Libro en Frankfurt y la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Obtuvo un doctorado en la Universidad París VIII y enseña cátedra de Comunicación y Relaciones Internacionales en la Facultad de Blanquerna, UniversitatRamonLlull en Barcelona.

Jorge Miralda: ¿Su nombre es Carlos o Carles?

 
Carles Torner: Charles, Carlet, Carlas, Carlen, Carlés o Carles, como quieras Jorge, porque soy de los catalanes que no quieren la letra o del Carlos ¡Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja!
 
Jorge Miralda: Esta es una visita histórica, porque es la primera vez que un Presidente de PEN-Internacional visita Centroamérica y específicamente a nuestro país Honduras ¿Qué expectativas buscan con ello?
Carles Torner: Es la respuesta lógica al esfuerzo que han hecho todos los escritores y periodistas hondureños en asociarse a PEN-Internacional. Buscamos con nuestra visita luchar en forma conjunta por la libertad de expresión en Honduras, consolidar el centro PEN; aquí debo dejar claro algo, la petición que hizo Honduras al Congreso Internacional fue una decisión histórica, ya que manera unánimemente los 150 Centros PEN del mundo le dieron la bienvenida a este Centro PEN-Hondureño; por otro lado, nuestra visita es de mucha esperanza para la libertad de expresión en este país tan castigado, en una situación extrema durísima, de persecución de la libertad de palabra, en la cual el hecho de que los escritores y periodistas que se reunieron como una forma de resistencia colectiva para enfrentar una realidad muy concreta, como el asesinato de periodistas en la impunidad y sus resultados, muestra que hay una voz fuerte que llega clara de la comunidad de PEN aquí en Honduras.
 
Nuestra presencia aquí es para apoyar esa fuerte voz hondureña y también en una actuación latinoamericana para apoyar el resurgir de PEN en el concurso de América Latina, en donde el caso de Honduras no es aislado; en estos momentos en Argentina, Chile, y lugares muy especiales como en México, en donde hay una nueva fuerza de PEN capaz de denunciar las violaciones y estar presentes en esta resistencia activa y colectiva frente a las violaciones de la libertad de expresión.
  
Jorge Miralda: Mañana se reúnen con personalidades representativas del actual gobierno hondureño ¿Qué esperan obtener con este acercamiento?
 
Carles Torner: De manera muy concreta esperamos que la sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para levantar esa condena al periodista Julio Ernesto Alvarado sea puesta en práctica, que sea finalmente levantada. Estamos pidiendo que los distintos asesinatos a periodistas sean investigados, que sean llevados a juicio los culpables, que sean sacados de la impunidad, y eso lo hacemos, primero mostrando a las autoridades que los periodistas hondureños no están aislados, que somos escritores del mundo entero que conocemos la realidad, esa realidad y que en solidaridad con nuestros compañeros y colegas hondureños estamos aquí haciendo campaña, y no solo aquí, si no que a nivel internacional en las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de hecho les recordamos a las autoridades que el sistema judicial hondureño no es un sistema aislado, si no que forma parte del entramado de leyes de instituciones a nivel continental y a nivel internacional, y que por lo tanto, tienen que velar por el respeto de los derechos humanos, de la libertad de expresión que son universales y que por lo tanto se tienen que velar en este país.
 
Jorge Miralda: ¿Qué mecánica sigue ahora con relación a PEN-Honduras por parte de PEN-Internacional y cómo se va a continuar ese proceso?
 
Carles Torner: A través del intercambio muy activo y en temas muy distintos. Vamos a promover la integración de PEN-Honduras en todos los distintos niveles de trabajo de PEN-Internacional, y de hecho, de manera muy activa ya se está trabajando por la libertad de expresión en los comités, en los que están plenamente integrados a través de su Presidente Dina Meza y de la Abogada Kenia Oliva; pero en los acercamientos de estos últimos días hemos concluido que también PEN-Honduras va a estar activo en el Comité de las Mujeres Escritoras a nivel internacional, también vamos a promover programas para que los jóvenes especialmente universitarios, puedan participar de esta conciencia de que la discusión es un derecho fundamental, en la cual se apoyan todo el resto de los derechos sociales y civiles, y por lo tanto vamos a ver de qué manera los escritores, los periodistas hondureños se puedan integrar a las comisiones de trabajo internacional, para que la voz de Honduras sea cada vez más importante en nuestra organización.
 
Jorge Miralda: ¿Quién es Carles en el ámbito de literatura, cuáles son algunas de sus producciones?
Carles Torner: Fundamentalmente soy poeta y ensayista, recientemente el año pasado se han publicado dos antologías de poesía Catalana en México y allí me han traducido al español algunas de mis poemas. También he escrito sobre diversos temas como ensayos sobre el adelanto cultural, sobre la presencia de organizaciones  a nivel de las Naciones Unidas, sobre como las personas en el mundo actual vivimos la realidad internacional, que invita a residir al extranjero y a formar parte de la misma comunidad; por eso, me siento tan cómodo trabajando como Director Ejecutivo de PEN-Internacional.
 
Jorge Miralda: Sus palabras de despedida Carles.
 
Carles Torner: Siento una inmensa alegría de estar aquí en Honduras, contento por dar la bienvenida en forma personal a este nuevo Centro, porque esta vez hemos sido nosotros los que hemos venido a Honduras, pero sobre todo, la hermosa hospitalidad de este Centro PEN que ha sido magnífica, las conversaciones sostenidas, el intercambio mutuo de ideas, el compartir las vivencias con algunos periodistas en el clima de represión que vive este país, han hecho lo que, en un principio que era un trabajo de apoyo, de solidaridad en las últimas horas se vayan convirtiendo en lazos de verdadera amistad entre los escritores, periodistas hondureños y su persona, ya que para mí también es muy importe esa amistad porque me apoyan, me dan energía positiva en este trabajo de PEN-Internacional.
 
No es una opción, Venceremos Digital es una realidad

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Honduras: Estado de Honduras debe implementar medida cautelar otorgada por la CIDH a favor del periodista Julio Ernesto AlvarPeriodista ado

martes, 18 de noviembre de 2014

Periodista Julio Ernesto Alvarado 
PEN Honduras se congratula por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de otorgar medidas cautelares a favor del periodista Julio Ernesto Alvarado, pero demanda del Estado de Honduras que proceda sin dilaciones a implementarla y proceder a suspender la Sentencia Penal en su contra que que lo condena a prisión y a las penas de accesorias  que le dejaría fuera del periodismo por un año y cuatro meses.

Alvarado enfrenta desde hace ocho años un proceso judicial por una querella por difamación y expresiones constitutivas de injurias, iniciado desde el año 2006 por Belinda Flores, decana de la Facultad de Ciencias  Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, por el único hecho de permitir que se denunciaran irregularidades cometidas por esta funcionaria, en el programa de televisión “Mi Nación”, proceso que ha durado más del doble de la pena.

Esta resolución de la CIDH fue emitida el 05 de noviembre pasado y expresa en una de sus partes importantes:
“27.-En tal sentido, la Comisión estima que, dada la gravedad y la censura que conlleva,  la ejecución de esta condena no solo impide el derecho a la libertad de expresión del propuesto beneficiario, sino que tiene la capacidad de tornar ilusorio el ejercicio del derecho a expresarse y a difundir información sobre asuntos de interés público en Honduras. En efecto, esta condena podría provocar un efecto silenciador respecto de todas las personas y particularmente los periodistas y comunicadores, quienes estarán sometidos a una constante autocensura antes de informar algo que pueda ofender el honor de quienes detentan cargos públicos. Con ello, se podría comprometer la libertad de expresión de la sociedad hondureña en su conjunto”
En relación a esta Resolución, la CIDH le dio un plazo de diez días al Estado de Honduras contados a partir del 05 de noviembre, para que informe de la adopción de esta medida  y dé detalles periódicamente sobre el caso.
En relación a esta Resolución, la CIDH le dio un plazo de diez días al Estado de Honduras contados a partir del 05 de noviembre, para que informe de la adopción de esta medida  y dé detalles periódicamente sobre el caso.
El incumplimiento a esta resolución de la CIDH dejaría mal parado al Estado de Honduras y abriría el camino a una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es hora de rectificar, ESO ESPERAMOS!!!
Hacemos un llamado a los periodistas y comunicadores sociales para que se unan a una demanda ciudadana de respeto a la libertad de expresión poniendo como punto de partida esta resolución, segunda en América Latina y la primera de este tipo en  Honduras.
Tegucigalpa M.D.C. 18 de noviembre de 2014
PEN HONDURAS

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Conferencia de Prensa de PEN Honduras: URGENTE QUE ESTADO DE HONDURAS GARANTICE LA PLURALIDAD Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

viernes, 7 de noviembre de 2014

Este jueves 06 de noviembre Pen Honduras realzió una conferencia de prensa para dar a conocer el contenido del informe que Pen Internacional envió para el Examen Periódico Universal, EPU, que el ERstado de Honduras deberá comparecer en los primero meses de 2015, este es el contenido del comunicado que se difundió ante periodistas de distintos medios de comunicación en un hotel capitalino:

En la Foto de derecha a izquierda:Victor Ramos, Dina Meza, Lety Elvir y Eduardo Bahr en representación de Pen Honduras,  hablaron ante los periodistas.

(Tegucigalpa, 06 de noviembre, 2014).-El surgimiento de PEN Honduras, una organización sin fines de lucro  que nace para promover la literatura y la Libertad de Expresión en el país, se da en un momento crucial, donde la impunidad es el orden del día y la  inseguridad contra para quienes hacen uso de su pensamiento crítico para demandar una sociedad plural, está a la vuelta de la esquina.
PEN Honduras es respaldado por Pen Internacional, una institución que nació en 1921, y que tiene iguales objetivos que los de nuestra organización la cual fue aprobada por unanimidad el pasado 01 de octubre de este año, en el 80 Congreso de PEN Internacional, desarrollado en Biskek, Kirguistán, Asia Central.
PEN Honduras está  conformado en la actualidad  23 miembros fundadores entre ellos escritores, periodistas y artistas, y sigue abierto a todas aquellas personas que a través de su producción literaria hagan uso del derecho a la libertad de expresión.
El lanzamiento de un nuevo Centro PEN en Honduras encargado de promover la literatura y la defensa de la libertad de expresión es una iniciativa muy necesaria. En un momento en que los periodistas y escritores hondureños están trabajando en un clima de creciente violencia y temor, el Centro reunirá a periodistas y escritores del país con el objetivo común de luchar contra la persistente impunidad de la que gozan los ataques contra periodistas, así como de fortalecer el lugar de la literatura en el sector cultural del país, dijo PEN International, en  Londres, el 29 de octubre recién pasado.
El 02 de noviembre se conmemoró el Día Mundial contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas (IDEI), según resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2013.
En ese marco, el Estado de Honduras tiene una gran deuda con este gremio debido a que no ha demostrado voluntad política para poner fin a los asesinatos contra periodistas y sus familiares llevando a la justicia a los autores materiales e intelectuales.
En septiembre de este año PEN Internacional, PEN Canadá y el Programa de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto (IHRP), enviaron un informe al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, para que se incluya en el Examen Periódico Universal, EPU, a Honduras el próximo año.
En este documento las tres organizaciones concluyen que a pesar de que el Estado ha adoptado algunas medidas positivas, la mayor parte de las preocupaciones relativas a la libertad de expresión puestas de relieve en la última revisión de la ONU de 2010 relativa a los antecedentes del país en lo que respecta a derechos humanos, persisten o han empeorado significativamente.
Los ataques contra periodistas van en aumento, los autores de los homicidios y otros delitos violentos rara vez son llevados ante la justicia y las instituciones responsables de la salvaguarda de los derechos humanos siguen demostrándose ineficaces en gran medida. Los esfuerzos para reformar estas instituciones han servido de poco o nada.
Pero es necesario destacar que no solamente hay violencia contra los periodistas como una afrenta a la libertad de expresión sino que hace falta una política de Estado para la cultura y las artes, de allí la necesidad de nuestro surgimiento para impulsar acciones encaminadas a  defender la libertad de expresión, sin que se pongan de por medio las opiniones ideológicas o  políticas y las creencias religiosas, eso es urgente para  que  el país cambie de rumbo y se respete integralmente  este derecho fundamental.

Invitamos a escritores y escritoras, artistas, periodistas, blogueros, twitteros, que hacen uso de su derecho a la libertad de expresión, para que se integren a las actividades de Pen Honduras en defensa de la Libertad de Expresión y la promoción del arte y la cultura.
Tegucigalpa, M.D.C. 06 de octubre de 2014
PEN Honduras

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Honduras: ‘El golpe fue un fracaso total – pero estoy más satisfecho con la sociedad ahora’ – PEN Internacional habla con Victor Meza de CEDOH

5 de noviembre de 2014

Victor Meza (derecha) con el ex Presidente José Manuel Zelaya

PEN Internacional habla con el escritor hondureño y ex ministro del Interior, Víctor Meza acerca de las ganancias imprevistas del golpe de Estado de 2009 para la cultura, la creatividad y la resistencia en Honduras.

Actualmente Director del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH http://www.cedoh.org), un think tank con sede en la capital de Honduras, Tegucigalpa, Meza fue Ministro del Interior durante la presidencia de José Manuel Zelaya, quien fue depuesto y forzosamente deportado en un golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Más recientemente, Meza fue coordinador de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), encargada de eliminar la corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema de administración de justicia, que fue disuelta en marzo de 2014, un año y medio antes de cumplir su mandato mínimo de tres años.

Meza habló con Tamsin Mitchell, Investigadora para Américas de PEN International, sobre los corrientes inconscientes de cambio en el entorno cultural y político de Honduras tras el golpe.

Para leer el informe alternativo de PEN Internacional a las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión y el sector cultural en Honduras, haga clic aquí.

Para leer sobre el nuevo Centro PEN en Honduras haga clic aquí.

“La cultura es la Cenicienta del presupuesto nacional de Honduras. Ningún gobierno en los últimos años se ha interesado realmente en el mundo de la cultura —es un tema secundario aquí. La cultura tiene menos recursos que todos los demás ministerios y ahora ha sido degradada a nivel de simple Dirección. El Estado y la clase política no valoran la cultura; no es un elemento importante en la vida pública nacional. Es triste, pero así es. La importancia de la vida cultural depende mucho de la persona que sea nombrada ministro, de si es alguien sensible, inteligente. Si es así, las cosas son mejores —pero aún queda el problema del presupuesto.

“De 1994 a 1998, el Ministro de la Cultura fue Rodolfo Pastor Fasquelle y éste fue un período positivo para la política cultural de Honduras. Volvió a este trabajo de nuevo cuando fue nombrado Ministro de Cultura por segunda vez por [el ex presidente] Zelaya [en 2006]. Pero esta mejora fue más el resultado del ministro y su personalidad, que de la política del gobierno. Casi ningún gobierno se ha preocupado realmente por diseñar una “política cultural”. La cultura debe tener más importancia en una sociedad moderna y democrática. La clase política no se interesa, la cultura es [vista como algo] más [por] los intelectuales.

“Hasta hace cinco años la intelectualidad hondureña estaba menos involucrada en la política que en cualquier otra parte de América Central. Esto no es cierto ahora. El período transcurrido desde el golpe de Estado ha sido uno de los más importantes en términos culturales. Cada vez más, los intelectuales se han involucrado en el movimiento de resistencia al golpe de Estado; han aceptado un compromiso con la necesidad de un cambio social.

“Honduras nunca ha sido tan vigorosa intelectualmente hablando, en comparación con el resto de América Central; el país no tuvo los movimientos revolucionarios que los demás países conformaron; no tuvo una izquierda fuerte e independiente como Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Entre los mejores intelectuales de Honduras en el siglo XX, apenas uno o dos estuvieron comprometidos a fondo con causas políticas revolucionarias. Sólo un intelectual hondureño fue encarcelado en el transcurso del siglo 20 a causa de sus ideas: el poeta Pompeyo del Valle, que fue el director de un periódico clandestino y un militante comunista. Por el contrario, fueron encarcelados, asesinados y exiliados numerosos intelectuales en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

“Así que la importancia del golpe de Estado en Honduras viene del hecho de que se ha producido un cambio en esta situación y ha abierto las puertas a los intelectuales, poetas, pintores y músicos en términos de resistencia. Me sorprendí cuando después del golpe vi a jóvenes pintores estampando grafitis en las paredes, músicos cantando canciones con la población, poetas escribiendo sobre la resistencia. Era la primera vez que veía algo así en mi país.

“Yo comparo la resistencia [posgolpe] con la rebelión espontánea del mayo francés en 1968; por supuesto, guardando las diferencias del caso y del tiempo histórico. El liderazgo del movimiento, atrapado todavía en la telaraña de la guerra fría, no acababa de entender a fondo la nueva naturaleza del movimiento social, su imaginación creadora, su espontaneidad maravillosa, su pluralismo y antidogmatismo ideológico. El golpe de Estado fue la confluencia de un punto de llegada y un punto de salida. Aquí [en el Centro de Documentación de Honduras] hemos analizado el impacto político, social y económico del golpe de Estado en Honduras —pero no su impacto en la cultura. Este es un déficit de la investigación científica. Tenemos que mirar el impacto en la mente de la gente —este es un reto que tenemos que cumplir.

“El golpe de Estado se produjo porque las élites tenían miedo de la convocatoria a la movilización social que el presidente Zelaya había hecho en la última fase de su mandato gubernamental. Zelaya quería una nueva arquitectura constitucional porque la actual Ley Fundamental, diseñada en otro tiempo histórico, hace más de tres décadas, ya no respondía a las urgencias de la actual sociedad hondureña ni facilitaba los flujos de la nueva dinámica política y social en la Honduras de hoy. Se ha convertido en un obstáculo para los cambios que el país necesita. Las élites empresariales, políticas, religiosas y militares tuvieron miedo de las nuevas corrientes de autoinclusión social que Zelaya, voluntaria o involuntariamente, despertaba y estimulaba en la comunidad nacional.

“En el momento del golpe de Estado yo era Ministro de Gobernación y Justicia (hoy Ministro del Interior) y tenía acceso a información privilegiada. Así que puedo decir que el golpe fue preparado muy improvisadamente, no estaba muy bien organizado y no había capacidad de predecir sus consecuencias. Era lo que llamamos un “golpe light”, ya que no se esperaba que sus resultados se tradujeran en un dominio prolongado del poder por parte de los militares. El ejército sólo fue un instrumento, no fue un planificador ni un organizador. Los verdaderos conspiradores se escondían dentro de las élites políticas y empresariales del país.

“Pero ese golpe, mal preparado y peor ejecutado, en la práctica, permitió paradójicamente que el país diera un salto hacia adelante, al catapultar la conciencia de la población en contra del militarismo y a favor del cambio y la transformación. El golpe de Estado produjo importantes cambios culturales, positivos y necesarios, en la mente colectiva de gran parte de los hondureños, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres.

1. Los golpistas dicen que derrocaron al gobierno constitucional para salvar la democracia. Pero, de hecho, destruyeron la poca democracia que habíamos construido en 30 años. El sistema bipartidista que había existido durante 100 años funcionaba por el bien de la tranquilidad de las elites. El golpe rompió el equilibrio bipartidista e introdujo un saludable caos en el sistema político y en el sistema de partidos.

2. Los golpistas dicen que lo hicieron para salvar a los partidos políticos, ya que Zelaya quería destruirlos. Pero, de hecho, el golpe de Estado debilitó los viejos partidos y creó condiciones para que surgieran nuevas opciones como Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Anticorrupción (PAC), hoy convertidos en la segunda y cuarta fuerzas políticas del país, respectivamente. Sucedió lo contrario de lo que los golpistas perseguían.

3. Dijeron que lo hicieron para proteger a los grandes medios de comunicación, porque Zelaya quería debilitarlos. Pero ha ocurrido lo contrario: la migración de las audiencias de los grandes medios de comunicación radial y televisiva hacia medios de carácter alternativo. Muchos medios considerados pequeños o regionales tienen hoy más audiencia que los grandes.

4. Dijeron que lo hicieron para detener a [Hugo] Chávez, que se proponían “pelear” abiertamente con él. Terminaron peleando con el mundo entero, hasta con Barack Obama, quien personalmente condenó la ruptura del orden constitucional.

“Así que el golpe fue un fracaso total. Yo participé como representante del Presidente Zelaya en las negociaciones con los golpistas para revertir el golpe y buscar una salida política adecuada ante la crisis. Solía preguntar a mis interlocutores golpistas sobre el fiasco histórico que representaba el golpe en términos de resultados concretos. No alcanzó ninguno de sus objetivos estratégicos. Al final, lo que produjo fue una población menos controlable, más crítica y más demandante. Produjo también lo que tenemos hoy: el país con los peores índices de inseguridad en América, con más pobreza y menos democracia. Estas son las lecciones del golpe de Estado.

“En cierta ocasión escribí que Honduras necesita, y tiene el derecho a una nueva derecha, porque la que actualmente tenemos, o padecemos, es arcaica y troglodita, es una derecha tradicional, decimonónica. No pertenece a nuestro tiempo, está atrapada en el pasado. Carece de ilustración y de modernidad. Es una derecha cavernaria, incapaz del diálogo positivo y el entendimiento mutuo. No tiene tolerancia ni flexibilidad. También hay una cierta izquierda igualmente atrasada y encasillada en antiguos dogmas y prejuicios. El país requiere nuevos aires, un nuevo aliento que traiga frescura ideológica y pensamiento renovado. El golpe, sin quererlo, generó corrientes de cambio en el mundo cultural y político de Honduras.

“Estoy más satisfecho con la sociedad de lo que lo estaba antes del golpe: hay un espíritu más crítico, energía política, participación social y un interés renovado en la política. Éste es un fenómeno nuevo en Honduras (no en América Latina): el rechazo a los políticos tradicionales pero no a la actividad política en sí misma.

“En cuanto a la libertad de expresión, la gente en Honduras es ahora crítica, pero el Estado está más interesado en controlar la libertad de pensamiento. El golpe de Estado reforzó las tendencias autoritarias dentro del Estado. Ha habido un resurgimiento de la militarización en Honduras que ha provocado un deterioro de la situación de los derechos humanos y que ha limitado la libertad de expresión.

“O sea que, como en un extraño círculo dialéctico, nuestro país ha avanzado cultural y políticamente después del golpe de Estado pero, al mismo tiempo, ha retrocedido en cuanto a derechos humanos, libertades cívicas y expresión libre del pensamiento. Avances y retrocesos, ésa es la dinámica contradictoria generada en la Honduras posgolpe.”

Para leer esto en inglés haga clic aquí.

Para leer el informe alternativo de PEN Internacional a las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión y el sector cultural en Honduras, haga clic aquí.

Para leer sobre el nuevo Centro PEN en Honduras haga clic aquí.

Fuente: http://www.pen-international.org/11/2014/entrevista-con-victor-meza-director-del-centro-de-documentacion-de-honduras/?lang=es

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Honduras: Nuevo Centro PEN para hacer campaña contra la impunidad persistente de ataques contra periodistas

viernes, 31 de octubre de 2014

(Londres, 29 de octubre de 2014) — El lanzamiento de un nuevo Centro PEN en Honduras encargado de promover la literatura y la defensa de la libertad de expresión es una iniciativa muy necesaria, dijo hoy PEN International. En un momento en que los periodistas y escritores hondureños están trabajando en un clima de creciente violencia y miedo, el Centro reunirá a periodistas y escritores del país con el objetivo común de luchar contra la persistente impunidad de la que gozan los ataques contra periodistas, así como de fortalecer el lugar de la literatura en el sector cultural del país.
 “Una democracia no puede construirse sin un pensamiento crítico, respeto de la libertad de expresión y castigo para quienes atentan contra este derecho,” dijo Dina Meza, Presidenta de PEN Honduras. “La ruta fatídica que lleva Honduras por crímenes contra periodistas podría empeorar si no se investigan oportunamente y no se procede a proteger a quienes ejercen la profesión en completa inseguridad. Igual suerte corren los escritores, escritoras y artistas que plasman su pensamiento desde cualquier espacio para criticar el estado de cosas. Por eso son necesarias acciones contundentes desde el Estado de Honduras en cumplimiento con sus compromisos internacionales.”

Con al menos 44 periodistas asesinados desde el año 2003 y un registro de impunidad casi total para estos crímenes, Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

La puesta en marcha del Centro PEN de Honduras se produjo poco después de que PEN Internacional presentara un informe alternativo a las Naciones Unidas sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras, que se centraba en la impunidad de los crímenes contra periodistas.

El informe, escrito en colaboración con PEN Canadá y el Programa de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto (IHRP), en cooperación con los miembros del nuevo centro, concluye que a pesar de que el Estado ha adoptado algunas medidas positivas, la mayor parte de las preocupaciones relativas a la libertad de expresión puestas de relieve en la última revisión de la ONU de 2010 relativa a los antecedentes del país en lo que respecta a derechos humanos, persisten o han empeorado significativamente.

Los ataques contra periodistas van en aumento, los autores de los homicidios y otros delitos violentos rara vez son llevados ante la justicia y las instituciones responsables de la salvaguarda de los derechos humanos siguen demostrándose ineficaces en gran medida. Los esfuerzos para reformar estas instituciones han servido de poco o nada.

Del mismo modo, las instituciones culturales se han estancado debido a la falta de políticas o inversión a largo plazo, lo que contribuye a la crisis de la libertad de expresión que existe a mayor escala.

“Mientras el mundo celebra el primer día mundial contra la impunidad de los crímenes contra periodistas el 2 de noviembre, vemos que Honduras está atrapada en un ciclo mortal de violencia e impunidad, con los periodistas particularmente vulnerables al ataque”, dijo Carles Torner, director ejecutivo de PEN International “

Sin embargo, los desafíos planteados a la libertad de expresión en Honduras van más allá de la violencia contra los periodistas. La falta de una política para —y una inversión en— la cultura y las artes están limitando enormemente la libertad de expresión. Es esencial que un centro tan fuerte como el recién organizado PEN Honduras exista como organismo protector y como marcador de la importancia de la libertad creativa. Espero con interés la indispensable contribución que sus miembros harán en defensa de la libertad de expresión y la promoción de la literatura.”

El Centro PEN Honduras —representado por los miembros fundadores Eduardo Bähr y Kenia Olivia— fue establecido oficialmente en el 80º Congreso de PEN International en Bishkek, Kirguistán, el 1 de octubre de 2014. De acuerdo con los estatutos de PEN, el trabajo de PEN Honduras se centrará en la promoción del papel de la literatura en el desarrollo de la comprensión mutua y la cooperación, tanto dentro del país como en el extranjero. Uno de los objetivos clave de los Centros PEN de todo el mundo es defender y promover la libertad de expresión, independientemente de las opiniones ideológicas o políticas o de las creencias religiosas, tal como está consagrada en el derecho internacional.

PEN International ha estado trabajando estrechamente con PEN Honduras tanto en el informe de la ONU como en una campaña para el periodista y miembro fundador, Julio Ernesto Alvarado. Alvarado se enfrenta actualmente a la restitución de una prohibición para trabajar durante 16 meses impuesta en diciembre de 2013 por su cobertura de una presunta trama de corrupción de un decano universitario. PEN considera que la condena de Alvarado y la prohibición de trabajo que se le impuso tienen una motivación política y son una clara violación de su derecho a la libertad de expresión.

El trabajo de PEN Honduras en defensa de la libertad de expresión es particularmente esencial dado que tanto los gobiernos del país actuales como los anteriores han mostrado una falta de voluntad política para investigar el asesinato de periodistas y otros ataques contra ellos. De los 44 periodistas asesinados en Honduras desde 2003, sólo cuatro casos han sido condenados por la ley, lo que da una tasa de impunidad del 91 por ciento.

Las instituciones del Estado se ven empañadas por la corrupción y el abuso, y rara vez llevan a los responsables de crímenes contra escritores y periodistas ante la justicia. En los ataques contra la libertad de expresión de 2013 en los que los autores pudieron ser identificados, ha habido agentes del estado implicados hasta en un 50 por ciento de los casos.

Como resultado, PEN International ha intensificado su campaña a favor de la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en Honduras en los últimos años. En octubre de 2014 en su 80º Congreso, la Asamblea de Delegados de PEN aprobó una resolución instando al gobierno de Honduras a proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos, a apoyar mejor las artes y las humanidades y a despenalizar la difamación. En enero de 2014, PEN International publicó el informe Honduras: Periodismo en la sombra de la impunidad, conjuntamente con PEN Canadá e IHRP, gracias al cual testificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2012, Honduras fue un foco principal de la campaña y la antología de PEN Escribe contra la impunidad.

El informe alternativo de PEN para la ONU recomienda que Honduras adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad de sus periodistas y escritores, incluyendo éstas la implementación de una nueva ley de protección y cumplimiento de las medidas de protección existentes. Se debe garantizar la investigación rápida y exhaustiva de todos los crímenes contra este grupo, aumentar los recursos para las instituciones de derechos humanos y revisar las leyes que restringen la libertad de expresión. Por último, se debe desarrollar una política nacional integral e incluyente para la cultura y las artes. (Para leer las recomendaciones, ver el resumen ejecutivo o el informe completo.)

Fuente en español:http://www.pen-international.org/newsitems/honduras-nuevo-centro-pen-para-hacer-campana-contra-la-impunidad-persistente-de-ataques-contra-periodistas/?lang=es

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80 Congreso de PEN Internacional da el sí al Centro PEN Honduras

miércoles, 1 de octubre de 2014

Otro mapa del mundo tendrá un nuevo Centro Pen, se trata de Honduras, el tercero en Centroamérica.
Honduras es un país con graves problemas para ejercer el derecho a la libre expresión, artistas, escritores y escritoras y periodistas han sido atacados, asesinados y otros se fueron al exilio, desde el golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009.

Centro Pen Honduras aprobado por unanimidad en el 80 Congreso de Pen Internaciona.

A las 13 horas con 06 minutos hora de Asia Central, del dia de hoy miercoles 01 de octubre del 2014, fue aprobado el Centro PEN HONDURAS, por parte de la asamblea general del 80 Congreso del PEN INTERNACIONAL que se realiza en BISKEK, KIRGUISTAN.

El Centro Pen Honduras se convierte en el centro 149 de 150 paises que conforman la comunidad PEN..
La aprobacion se produjo por unaminidad y aclamacion de todos los miembros del Congreso donde se encuentran miembros de los centros Pen de todo el mundo, donde funciona un centro.

Quiénes están en Kirguistán del Centro Pen Honduras?

Representan a Centro Pen Honduras allá en Biskek, Kirguistán Eduadrdo Bahr, y la abogada Kenia Oliva, el primero Secretario General y la segunda Fiscal, de la Junta provisional del Centro Pen Honduras.

El Centro Pen Honduras apoyará a escritores, escritoras, artistas y periodistas que tienen problemas por el ejercicio de su libertad de expresión y demandará aciones concretas del Estado de Honduras, en acompañamiento con Pen Internacional.

Más de 20 personas son miembros y miembras fundadoras del Centro Pen Honduras.

Pen Honduras aceptó la Carta Pen, cuyo contenido pueden encontrar abajo.

Hacemos un llamamiento a artistas, escritores, escritoras y periodistas para que se integren a este esfuerzo que vendrá a constituirse en un hito en la historia del país.

Se incluye el mapa donde se encuentran los centros Pen en el mundo, de ahora en adelante el mapa de Honduras estará allí y tendrá los ojos de todos estos centros Pen ya constituidos.

Vea el mapa aquí:
http://www.pen-international.org/mapa-mundial-de-pen/?lang=es

Abajo fotos de algunos miembros y mimebras fundadores de Pen Honduras

Esta es la carta Pen:

1. La literatura no conoce fronteras y debe mantenerse como una divisa común entre los pueblos, a pesar de las convulsiones internationales o políticas.
2. En todas las circunstancias, y sobre todo en tiempos de guerra, las obras artísticas, que constituyen el patrimonio de la humanidad en general, no deben ser afectadas por las pasiones nacionalistas o políticas.
3. Los miembros de PEN siempre deben usar las infl uencias que tengan a su disposición en benefi cio de la comprensión y el respecto mutuo entre las naciones; se comprometen a hacer el mayor esfuerzo posible para disipar los odios raciales, clasistas y nacionalistas, y a defender el ideal de una sola humanidad viviendo pacífi camente en un solo mundo.
4. PEN aboga por el principio de la libre transmisión de pensamiento dentro de cada país y entre todos los países; sus miembros se comprometen a oponerse a cualquier forma de supresión de la libertad de expresión en el país y en la comunidad donde viven, así como en el mundo, cuando sea posible. PEN proclama su apoyo a favor de una prensa libre y se opone a la censura arbitraria en tiempos de paz; cree que el progreso indispensable del mundo, hacia un régimen mundial político y económico más organizado, hace imperativa la critica libre de los gobiernos, administraciones e instituciones; y puesto que la libertad supone la moderación voluntaria, los miembros se comprometen a oponerse a los males inherentes de una prensa libre, tales como las publicaciones mendaces, la falsedad intencional y la distorsión de los hachos para fi nes políticos o personales.

¿De dónde proviene nuestra Acta Constitutiva?

El Acta Constitutiva de PEN International ha guiado, unificado e inspirado a sus miembros por más de 60 años. Sus principios estaban implícitos en la fundación de la organización en 1921. Sin embargo, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Acta Constitutiva de PEN ha forjado entre las duras realidades de la Segunda Guerra Mundial. Fue aprobada en el Congreso de PEN de 1948 en Copenhague.

Inspiración de Galsworthy

El primer presidente de PEN, el novelista y dramaturgo británico John Galsworthy escribió los primeros tres artículos del Acta Constitutiva después del Congreso de 1926, en Berlín, luego habían aparecido tensiones entre los escritores reunidos y el debate había estallado sobre la naturaleza política y no-política de PEN. Cuando regresó a Londres Galsworthy se instaló en el salón de la fundadora de PEN Catharine Amy Dawson Scott para trabajar sobre una declaración formal para “servir como punto de partida de la acción de PEN”. La resolución de Galsworthy fue aprobada fácilmente en el Congreso de 1927 en Bruselas y estos artículos siguen formando parte del Acta Constitutiva de PEN.

El inicio de la guerra

PEN se puso a prueba con el surgimiento del nazismo en Alemania, en especial en el Congreso de 1933 en Dubrovnik. Unos meses antes, en incendios en Alemania, el Partido Nazi había quemado miles de libros antes de que se considerara “impuro”, lo que significa, inconsistente con, u hostil con su ideología. En el Congreso de Dubrovnik, dirigido por el presidente de PEN H. G. Wells, la Asamblea de delegados reafirmó la resolución de Galsworthy como una respuesta a dichos acontecimientos. Al día siguiente la delegación alemana intentó evitar que Ernst Toller, un dramaturgo judío-alemán hablara. Si bien algunos miembros respaldaban este esfuerzo, una impresionante mayoría rechazaba la postura de Alemania y reafirmó los principios que precisamente habían votado. La delegación alemana se retiró del Congreso y esencialmente, fuera de PEN, hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

En el primer Congreso después de la guerra en Estocolmo en 1946, el PEN estadounidense, respaldado por el PEN inglés presentó dos resoluciones. Una instaba a los miembros de PEN a “defender los ideales de una humanidad que vive en paz en un mundo; la otra abordaba el tema de censura. El debate sobre la redacción y el alcance de la resolución continuó en el Congreso de 1947 en Zurich, sin embargo finalmente los delegados llegaron a un acuerdo. La resolución se convirtió en el fundamento del artículo cuarto del Acta Constitutiva de PEN.

Desde 1948 hasta el presente

Finalmente, en el Congreso de 1948, la Asamblea de Delegados aprobó el Acta Constitutiva de PEN en su totalidad. Sus principios continúan guiando y unificando nuestros Centros PEN, ahora en más de 100 países en todo el mundo.

Joanne Leedom-Ackerman
Ex Secretario Internacional y Vicepresidente de PEN International

– See more at: http://www.pen-international.org/el-acta-constitutiva-de-pen-international/?lang=es#sthash.Mw34UVS4.dpuf

Vea el mapa de donde se encuentran los centros pen en el mundo:

Dina Meza  01/10/2014

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/10/80-congreso-de-pen-internacional-da-el.html

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Honduras: PEN member barred from journalism after covering corruption in state university

1 October 2014

The 16-month ban on practising journalism imposed on Globo TV news anchor and PEN member Julio Ernesto Alvarado as a result of his coverage of alleged corruption by a dean at a state-run university in 2006 is a deeply disturbing development,  PEN International said today.

Julio Ernesto Alvarado has been banned from working as a journalist for 16 months. The Penal Appeals Court in the capital Tegucigalpa has ruled that the journalism ban, originally handed down in December 2013 as a part of a sentence for criminal defamation, should be reinstated. The ruling – made on 22 August 2014 but only communicated to Alvarado’s lawyer on 26 September – was made despite the fact that Alvarado paid a fine in April in order to lift the prohibition along with a prison sentence of the same length.

PEN is also concerned by reports that Alvarado has been followed on two occasions since he was notified that the work ban has been reinstated, heightening concerns for his safety.

For eight years, Mr Alvarado has been trapped in a web of judicial harassment and un-investigated threats,” said Marian Botsford Fraser, chair of PEN International’s Writers in Prison Committee. “His case is a mockery of justice, and part of an alarming climate of violence, impunity and fear in Honduras.”

PEN considers Alvarado’s conviction to be politically motivated and urges the Honduran authorities to review his case as a matter of urgency, and to ensure that he is not imprisoned. PEN also calls on the authorities to investigate the threats and intimidation faced by the journalist and to provide him with immediate protection.

Alvarado is a founding member of PEN Honduras, formally welcomed today as a PEN Centre at the 80th PEN International Congress in Bishkek, Kyrgyzstan.

Case details

Director and presenter of the news programme ‘Mi Nación’ on the opposition station Globo TV, Alvarado was originally sentenced on appeal in December 2013 to 16 months in prison and a ban on practising journalism for the same period as a result of a criminal defamation lawsuit brought by Belinda Flores, dean of the Economic Science Faculty of the National Autonomous University of Honduras (Universidad Autónoma de Honduras – UNAH). Alvarado had covered Flores’ alleged involvement in influence peddling and falsification of university degrees in three editions of ‘Mi Nación’ in 2006.

Alvarado and two university teachers who had appeared on his show to discuss the allegations were cleared of the charges in March 2011. However Flores appealed the decision and in December 2013 the Supreme Court of Justice in Tegucigalpa convicted Alvarado of criminal defamation – despite the fact that the non-guilty verdict was upheld for the two teachers and that the Court took as proven that Flores was in fact implicated in some wrongdoing.

Following his conviction, Alvarado was subject to harassment and threats in early 2014 via both his Facebook page and that of journalist and human rights defender Dina Meza, who made various posts protesting Alvarado’s sentence. One post to Alvarado’s Facebook account dated 7 February threatened him and his family members with death.

PEN International protested Alvarado’s conviction as politically motivated and called on the authorities to investigate the threats against him. Alvarado previously endured months of threats and harassment which culminated in a suspected attempt on his life, and led him to suspend his radio programme on Radio Globo in March 2013. He briefly restarted the programme in October 2013 but had to suspend it again after a few months due to escalating threats. These attacks have not been investigated, let alone prosecuted.

As a result of this intimidation and a lack of faith in the impartiality of the justice system, Alvarado decided not to appeal his conviction, opting instead to pay a fine of 10 lempiras per day of his sentence (around US$250 in total) in April in order to avoid imprisonment. As a result the ban on practising journalism was also lifted.. However, on 2 May Flores’ lawyer appealed the judge’s decision to overturn the work ban imposed on Alvarado.

Following the reinstatement of the work ban on 26 September, Alvarado, via his lawyer Kenia Oliva Cardona, requested the court to reconsider its decision. This represents the final stage of appeal.

Flores reportedly intends to launch civil defamation proceedings against Alvarado once the criminal case is finalised. If such a law suit is successful, she could be awarded large damages which could ultimately lead to Alvarado’s imprisonment, should he fail to pay them.

Renewed security concerns

Alvarado reports being followed on two occasions since his journalism ban was reinstated, heightening concerns for his safety. The first incident took place on 26 September: as Alvarado was driving towards the ring road near the airport in Tegucigalpa mid-afternoon a white car overtook him on a curve, forcing him to slow down. The next day, around the same time in the afternoon and again near the airport, the journalist realised that a black car without licence plates was following him. He stopped to let the car pass; a few minutes later the same car reappeared and drove past him at great speed.

International appeal

PEN International, in conjunction with Kenia Oliva and Dina Meza – who like Alvarado, are founding members of PEN Honduras – has requested the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to require Honduras to adopt precautionary measures to protect Alvarado’s right to freedom of expression. PEN’s submission, presented to the IACHR on 29 May 2014, argues that Alvarado is at risk of suffering irreparable harm to his right to freedom of expression via criminal proceedings that have lasted eight years and now threaten to strip him of both his right to work as a journalist and his property.

PEN and its co-petitioners call on the IACHR to request the Honduran state to adopt precautionary measures to avoid such irreparable harm to the rights of Alvarado and society in general. The Honduran state should carry out an effective investigation into Alvarado’s case and prevent the implementation of his sentence, argues the petition, which also calls on the state to provide the journalist with police bodyguards in order to protect his life and physical integrity.

The Honduran state has to date failed to respond to the IACHR’s requests for information about Alvarado’s case.

A violent reality

A recent joint PEN shadow report to the United Nations Human Rights Council ahead of the 2015 Universal Periodic Review (UPR) of Honduras’ human rights record highlights how many of the areas of concern in relation to freedom of expression highlighted at the last UPR in 2010 persist or have worsened, while a large number of the advances praised at that time have been seriously undermined.

The shadow report, submitted jointly with PEN Canada and University of Toronto’s International Human Rights Program (IHRP), finds that both murders and non-fatal, violent attacks on journalists have risen sharply in the last few years, despite the state’s pledges to protect journalists and combat impunity. At least 44 journalists have been murdered since 2003, 38 of them since the coup d’état in June 2009 – and six of them this year alone. Convictions have only been obtained in four of these murder cases – an impunity rate of 91 per cent – and even in these, justice is only partial. The vast majority of non-fatal, violent attacks on journalists also go unpunished.

PEN’s shadow report builds on the findings and recommendations of a previous joint report by PEN International, PEN Canada and IHRP, Honduras: Journalism in the Shadow of Impunity, published in January 2014.  In their most recent report the three organisations found that numerous initiatives by the Honduran state to combat impunity have resulted in scant concrete results, and the current and previous administrations have displayed a lack of political will to investigate violations of freedom of expression and to protect journalists.

PEN International condemns this staggering violence and impunity and calls on the Honduran authorities to do everything in their power to safeguard all journalists working in the country. The state must carry out a prompt and thorough investigation into all murders of journalists and ensure that all those responsible – including those who order the killings – are brought to justice. It must develop as a matter of urgency specialised protocols to ensure that any possible links between journalists’ deaths and their professional work are promptly and fully investigated. It should also expedite the approval of a law to create a journalist protection mechanism which is currently before Congress, taking into account civil society concerns, and ensuring adequate resources for meaningful implementation (see report for full recommendations).

For further details please contact Tamsin Mitchell at the Writers in Prison Committee London Office: PEN International, Brownlow House, 50-51 High Holborn, London WC1V 6ER Tel: +44 (0) 207 405 0338 Fax +44 (0) 207 405 0339 email: tamsin.mitchell@pen-international.org

Fuente: http://www.pen-international.org/newsitems/honduras-pen-member-barred-from-journalism-after-covering-corruption-in-state-university/

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Five Years After the Coup – Solidarity networks in Honduras

Erik Ruin

Ceferina Sánchez García stands in front of the doorway to her kitchen. Inside, a kitten sleeps curled in a ball at the edge of the earthen stove, where the last of the tortillas are cooking over the fire. It has just stopped raining, and the lush, forested mountains surrounding the community of La Tejera seem especially green.

This is exactly where the 73-year-old grandmother stood when the police came looking for her son in November 2013, seven months into an ongoing Indigenous Lenca blockade against the construction of a hydroelectric dam in western Honduras. Tomás García, an outspoken blockade participant like her son, had previously been shot and killed by a soldier. Others have been attacked this year.

Sánchez García grabs a large wooden stick and holds it diagonally against her slight frame. “They aimed their guns at me from over there,” she says, indicating a spot 20 feet away. Unable to find her son, the police insulted Sánchez García’s grandson, kicked him several times, and left. “I wasn’t afraid,” she says. “We’re against the dam, for the land.”

Criminalization of, attacks against, and murders of Indigenous land defenders, LGBTQ organizers, journalists, human rights activists, and politic­al opponents have become the norm in Honduras, and many have fled for their lives. Militarization, violence, and repression have risen dramatically since the June 28, 2009, coup d’état. To cope with increasing threats and attacks, human rights defenders and media workers have been developing networks and alert systems.

Bertha Oliva takes a moment to find the words to describe her alarm at the unfolding reality. She sees an increasing resurgence of the policies and death squad activities of the ’80s, and it’s not a comparison she makes lightly. In 1981, her husband was abducted from their home by six men, presumably from the state death squad, Battalion 3-16. He was never heard from again. Oliva co-founded the Committee of Relatives of the Detained-Disappeared in Honduras and is currently the organization’s general coordinator.

“Since 2009, one can see how the situation in the country has suffered a profound setback in terms of the protection of human rights,” says Oliva. “I didn’t think we were going to live through this again because we had continuously worked so that we wouldn’t have to.”

Honduras holds the notorious distinction of having the highest per capita homicide rate in the world. It also ranks as one of the most dangerous countries for journalists. LGBTQ organizations have documented more than 100 murders of transgender, lesbian, and gay Hondurans since the 2009 coup. In the same time frame, more than 100 farmworker movement activists and land occupation participants have been killed in the lower Aguan valley region alone. Indigenous land defenders and community leaders struggling against natural resource extraction and energy projects have also been targeted.

Canada, the U.S., and international financial institutions are pouring millions into security programming in the region, in part to bolster the investigative capacity of police forces and the judicial system, but only an estimated one per cent of crimes are ever investigated in Honduras. Journalism in the Shadow of Impunity, a 2014 report by the international human rights program at the University of Toronto’s faculty of law, PEN Canada, and PEN International, points to the historical legacy of impun­ity as a principal determinant of today’s abuses and lack of investigation.

“The roots of the crisis lie further back in Honduras’ history, notably in its failure during the demilitarization process that began in the 1980s to hold those who had committed serious human rights violations accountable for their actions,” wrote the report’s authors. The conclusion is echoed by Oliva, whose words grace the cover of the report: “When we allow impunity for human rights violations, we see the crimes of the past translated into the crimes of the future.”

Despite this record of impunity, an initiative to protect today’s human rights defenders and journalists is moving forward. In June, the Law on Protection of Human Rights Defenders, Journalists, Social Communicators and Operators of Justice was passed by the Honduran Congress. The law was initially a joint project of three national human rights organizations, but work on the proposed legislation was cut short by the coup in 2009. When a government agency picked up the initiative after the coup, the Committee of Relatives of the Detained-Disappeared in Honduras declined to participate. The situation has changed, says Oliva, and a human rights law isn’t going to repair a broken democracy or spark a return to rule of law.

“Laws aren’t what are needed in Honduras. I don’t think the answer is more laws because at the same time this law to protect human rights is approved, other laws that restrict rights and violate human rights are being passed,” says Oliva. “If there’s no political will to respect human rights in practice, the most amazing laws can be created but the results will still be against those of us who defend human rights, against those of us who defend life.”

Faced with the state’s practical intransigence, media workers and human rights defenders have been developing networks and other strategies. The Committee for Free Expression has been building the RAPCOS project, a web of local networks around the country. The initiative brings together journalists, local organizations, and others to develop capacity for an immediate response and alert system if a media worker is threatened or attacked.

Dina Meza is an independent journalist who knows all too well what it’s like to be targeted. She has been threatened and followed due to her work reporting on human rights issues. Phone calls and text messages have included threats of sexual violence and allusions to the disappearance of her teenage daughter. Meza spent several months abroad for the safety of herself and her family.

These days, Meza is organizing PEN Honduras as a national branch of PEN International, a worldwide writers’ organization dedicated to freedom of expression and to speaking out on behalf of writers who are threatened, jailed, or killed for their views. The initiative was inspired in large part by the 2014 Journalism in the Shadow of Impunity report, which concluded that journalists in Honduras needed to organize themselves in the face of continued threats.

“It seemed like a really interesting in­itiative,” says Meza, who was interviewed for the report and is now the president of the provisional board of directors for the proposed PEN Honduras. The initiative is bringing together writers, journalists, artists, human rights defenders, lawyers, and others working for freedom of expression in the realms of art and culture as well as literature and journalism.

For now, the incipient organization is focused on spreading awareness about its existence and getting more people and organizations on board. “Our goal isn’t to replicate the work being done by other organizations but to organize different actions,” Meza says, explaining that cultural and artistic freedom of expression isn’t something addressed by existing organizations in the country. The provisional board has developed a three-year work plan, but the next hurdle will be approval of PEN Honduras as a national branch at the 80th PEN International Congress being held in Kyrgyzstan from September 29 to October 2. “We’re making progress,” she says.

Like journalists, human rights organ­izations are working to link human rights defenders around the country. “Human rights have always been an issue debated in the big cities like Tegucigalpa and San Pedro Sula,” says Oliva. But defenders in rural and Indigenous communities fighting land grabs, mining, and energy projects – like Sánchez García and her son in La Tejera – are increasingly at risk, she says. “We see the need to empower and make visible those who are struggling on the ground.”

For now, hard times are here to stay in Honduras, says Oliva, and things will probably get worse before they get better. But she remains hopeful that the road to justice and a return to democracy can be constructed from below, one step at a time.

“If we wait for the state or the government to solve the problems of inequality, social injustice, and human rights violations, we’re not going to see it happen, even in the long term,” she says. “It’s the people who have to organize themselves, to rise up.”

Sandra Cuffe is a freelance journalist reporting on Indigenous, environmental, and human rights issues in Canada and Central America.

Fuente: http://briarpatchmagazine.com/articles/view/five-years-after-the-coup

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Honduras: Poco progreso en acabar con la impunidad en el asesinato de periodistas

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Honduras: Poco progreso en acabar con la impunidad en el asesinato de periodistas
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- )El 9 de julio de 2013, el cuerpo mutilado y quemado del presentador de noticias de Globo TV, Anibal Barrow, fue encontrado dos semanas después de que hubiera sido secuestrado. Un año después, a pesar de que hubo algunos bien recibidos avances por parte de las autoridades, un alarmante clima de terror, persecución e impunidad prevale para los periodistas en Honduras.
PEN International pidió a las autoridades hondureñas que hagan todo lo que esté en su poder para salvaguardar a todos los periodistas trabajando en el país. PEN hace una llamada a las autoridades hondureñas para que lleven a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre todos los asesinatos de periodistas, y para que garanticen que todos los responsables, incluidos los autores intelectuales, sean llevados ante la justicia.
Los periodistas siguen siendo asesinados a un ritmo alarmante – más recientemente, el presentador de radio Luis Alonso Fúnez Duarte fue muerto a tiros por asaltantes desconocidos el 23 de junio de 2014- mientras que otros se enfrentan a acosos regulares y amenazas de muerte por su ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión. Alrededor del 90 por ciento de asesinatos de periodistas permanece completamente sin resolver. Aunque se hayan dictado algunas condenas por el caso de asesinato de periodistas, sobre todo en casos de alto perfil – uno de los asesinos de Barrow ha sido condenado y encarcelado hasta la fecha -, la mayoría deben ser considerados sólo parcialmente resueltos debido al fracaso de las autoridades para enjuiciar a los responsables que ordenaron el crimen- los autores intelectuales.
Luis Alonso Fúnez Duarte (La Prensa, Honduras)El presentador de radio Luis Alonso Fúnez Duarte se convirtió en el tercer periodista asesinado en Honduras desde que el presidente Juan Orlando Hernández llegó al poder en enero de 2014. Según un testimonio presente, los asesinos dispararon a Fúnez como mínimo cinco veces cuando llegaba a casa en su motocicleta con su hijo. Murió en el lugar de los hechos. Fúnez era el conductor de un programa de música en la estación de radio local Súper 10 y un programa de sátira política llamada “Barriendo y Trapeando ” en Catacamas, departamento de Olancho.
Quién también fue asesinado en el departamento de Olancho hace menos de un mes fue Óscar Anthony Torres Martínez, muerto a tiros el 1 de junio. Cuatro días anteriores, el 28 de mayo, el periodista de radio comunitaria Hernán Cruz Barnica era asesinado en el departamento de Copán. Según la información de PEN, la noche antes de que le dispararan, Cruz había hablado en su programa sobre problemas de derechos humanos en la región y sobre las amenazas que había recibido recientemente. Otros trabajadores de los medios que no son periodistas han sido también asesinados – el 11 de abril, el trabajador de los medios Carlos Hilario Mejía Orellana fue asesinado a puñaladas en su casa, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiese ordenado al gobierno hondureño que lo protegiera.
Dos condenas han sido dictadas en los meses recientes por el asesinato de periodistas reconocidos, incluyendo Aníbal Barrow. Presentador del telenoticias ‘Aníbal Barrow y Nada Más,’ Barrow fue secuestrado el 24 de junio de 2013; su cuerpo fue descubierto mutilado y quemado, 16 días después, el 9 de julio. Aún así, un año después sólo uno de los seis sospechosos fue condenado. El 14 de marzo de 2014, el tribunal de menores declaró Gabriel Armando Castellanos Pérez, de 18 años, culpable del asesinato de Barrow; según los informes, se enfrenta a un máximo de ocho años en la cárcel ya que era menor de edad cuando cometió el crimen. Los otros sospechosos aún tienen que ser procesados, mientras que aquellos sospechosos de contratar a los asesinos de Barrow siguen aún en libertad.
Lo mismo sucede con los autores intelectuales del asesinato del director de Radio HRN Alfredo Villatoro Rivera. Villatoro, uno de los periodistas más conocidos del país y un amigo del ex presidente Porfirio Lobo, fue encontrado muerto el 15 de mayo de 2012, seis días después de que hubiese sido secuestrado en su coche en plena luz del día. Su cuerpo fue encontrado en una acera vestido con el uniforme de una unidad de operaciones especiales de la policía y con un pañuelo rojo que cubría su rostro, según informes de prensa. Lo habían matado a tiros. PEN acoge con satisfacción la noticia de que los tres hombres condenados por secuestro agravado y asesinato de Villatoro recibieron cadena perpetua el 11 de junio de 2014, tras una serie de retrasos en la sentencia; pero reitera la petición del hijo de Villatoro de que no se cierre el caso para permitir que los autores intelectuales también sean llevados ante la justicia.
Antecedentes
Según la información de PEN, como mínimo 41 periodistas han sido asesinados desde 2003 – 35 desde el golpe de Estado de junio de 2009 – mientras que otros trabajadores de los medios como Carlos Hilario Mejía Orellana han sido también asesinados. De estos 41, sólo 10 casos han sido procesados y sólo cuatro han dado lugar a una condena, según las cifras proporcionadas por el gobierno durante una audiencia en la CIDH del 25 de marzo de 2014 en la que PEN International, PEN Canadá y el Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto presentaron su informe conjunto – Honduras: Periodismo en la sombra de la impunidad. Por tanto, la impunidad sigue siendo la norma en más del 90 por ciento de los casos de periodistas asesinados, una tasa sorprendentemente elevada también confirmada por un informe elaborado por el nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para conmemorar el Día del Periodista Hondureño (25 de mayo).
PEN acoge con satisfacción noticias sobre el proyecto de ley largamente esperado para legislar la protección de los periodistas y de los defensores de derechos humanos en Honduras. Según la información de PEN, el 3 de junio el parlamento de Honduras aprobó una propuesta para promulgar una Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales [una categoría que incluye a periodistas y blogueros de radios comunitarias] y especialistas legales  (Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia). El texto del proyecto de ley no será, aparentemente, hecho público hasta que se convierta en ley; sin embargo, se cree que incluye medidas tanto de prevención como de protección para aquellos en peligro.
PEN instó al Estado de Honduras que establezca mecanismos de protección efectiva para periodistas y defensores de derechos humanos en plena consulta con la sociedad civil, además de que mejore la implementación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. PEN también insta al Gobierno a garantizar que estos y los nuevos mecanismos jurídicos destinados a mejorar la seguridad de los periodistas, entren en vigor con los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados, así como con la voluntad política, a fin de garantizar una implementación efectiva./ Fuente: Para más información, por favor contacte Tamsin Mitchell en PEN Internacional WiPC, Brownlow House, 50-51 High Holborn, Londres WC1V 6ER. Tel: +44 (0) 2074050338, Fax:. +44 (0) 2074050339 Email: tamsin.mitchell @ pen-international.org

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-poco-progreso-en-acabar-con-la-impunidad-en-el-asesinato-de

 

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Honduras: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a proteger al periodista Julio Ernesto Alvarado // Inter-American Commission on Human Rights urged to protect journalist Julio Ernesto Alvarado

miércoles, 4 de junio de 2014

Junio  4. 2014 – 2:08 pm

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería requerir a Honduras que adoptara medidas cautelares para proteger el derecho a la libertad de expresión del periodista Julio Ernesto Alvarado, ha declarado hoy PEN International.

El 29 de mayo de 2014, la organización mundial de escritores presentó una petición ante la CIDH, conjuntamente con la abogada hondureña Kenia Oliva Cardona y la periodista hondureña y activista pro derechos Dina Meza. La petición argumenta que una sentencia de prisión y 16 meses de prohibición para ejercer el periodismo, impuesta a Julio Ernesto Alvarado, director y presentador del programa de noticias “Mi Nación” en Globo TV, por cubrir las denuncias de corrupción en una universidad local en 2006, viola su derecho a la libertad de expresión por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

‘Julio Ernesto Alvarado —como muchos otros periodistas en Honduras— ha sido objeto de amenazas y hostigamiento judicial durante años‘, dijo Marian Botsford Fraser, Presidenta del Comité de Escritores en Prisión de PEN International.

Hacemos una llamada a la CIDH para que adopte una actitud firme hacia el apoyo a los periodistas en Honduras que se enfrentan a un ataque multilateral en la práctica de su profesión, exigiendo al Estado que tome medidas cautelares.’
Al menos 40 periodistas han sido asesinados en el país desde 2003 —35 desde el golpe de Estado de junio de 2009—, otros son objeto de amenazas, demandas y otros ataques en un intento de evitar que prosigan con su vital labor de denunciar y hacer responsables a los funcionarios.
La sentencia de diciembre de 2013 de Alvarado, impuesta en segunda instancia, en relación con una denuncia presentada por Belinda Flores, decana de la universidad, cuya presunta implicación en el tráfico de influencias y falsificación de títulos universitarios había sido cubierta por tres ediciones de “Mi Nación” en 2006.
A Alvarado y a otros dos profesores universitarios que habían aparecido en el programa de Alvarado para discutir las acusaciones, se les retiraron los cargos en marzo de 2011. Sin embargo Flores apeló la decisión y en diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia en la capital, Tegucigalpa, condenó a Alvarado por difamación criminal —a pesar de que el veredicto de no culpabilidad fue confirmado por los dos profesores y de que el Tribunal dio por probado que Flores estaba implicada en algún delito.
Tras su condena, Alvarado fue objeto de hostigamiento y amenazas a principios de 2014 a través de su página de Facebook y de la de la periodista y defensora de los derechos humanos Dina Meza, que hizo varias publicaciones protestando por la sentencia de Alvarado. Un mensaje a la cuenta de Facebook de Alvarado, con fecha de 7 de febrero, lo amenazaba de muerte a él y a miembros de su familia. PEN International protestó por considerar que la condena de Alvarado tenía motivaciones políticas y pidió a las autoridades que investigaran las amenazas. Previamente, Alvarado había sufrido meses de amenazas y hostigamientos que culminaron en un presunto atentado contra su vida que lo llevó a suspender su programa de en Radio Globo en marzo 2013.
Como resultado de esta intimidación y la falta de fe en la imparcialidad del sistema de justicia, Alvarado decidió no apelar su condena y optó por pagar una multa de 10 lempiras por cada día de condena (unos 250 dólares estadounidenses) con el fin de evitar el encarcelamiento. El 28 de abril de 2014, en una audiencia, el juez levantó también la prohibición de ejercer el periodismo. Después de la audiencia, Alvarado agradeció a la prensa por seguir su caso y apeló a la unidad entre los periodistas afirmando: “No debemos pensar en nosotros mismos como periodistas de diferentes ideologías, ya que estamos unidos por la lucha para defender nuestro derecho a expresarnos libremente. Si estamos aislados, las cosas irán a peor y todos podríamos ser encarcelados”.
Sin embargo, el 2 de mayo de 2014, el abogado de Flores apeló la decisión del juez de anular la prohibición de trabajo impuesta a Alvarado. Flores también ha indicado que pretende iniciar procedimientos civiles contra el periodista por difamación. Si dicha demanda tiene éxito, se le podría otorgar el derecho al cobro por grandes daños, lo que en última instancia podría llevar al encarcelamiento de Alvarado si no pudiera pagar.
La petición de PEN sostiene que Alvarado se encuentra en riesgo de sufrir un daño irreparable a su derecho a la libertad de expresión a causa los procesos penales, que han durado casi ocho años y que ahora amenazan con retirarle su derecho a trabajar como periodista y sus propiedades.
PEN y sus co-demandantes piden a la CIDH que solicite al Estado de Honduras que adopte medidas cautelares para evitar el daño irreparable a los derechos de Alvarado y la sociedad en general. El Estado de Honduras debe llevar a cabo una investigación sobre el caso de Alvarado y evitar la ejecución de la sentencia, afirma la petición, que también hace un llamamiento al estado para que proporcione al periodista guardaespaldas de la policía para proteger su vida e integridad física.
En virtud del Reglamento de la CIDH, en situaciones graves o de urgencia, la Comisión puede solicitar a un estado que adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas que están bajo la jurisdicción de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La CIDH ha establecido previamente que la sentencia que prohíbe la práctica de la profesión de periodista no sólo limita el derecho a la libertad de expresión, sino que también causa un daño irreparable al honor de la persona condenada.
Estas medidas han protegido a miles de personas en toda América desde que el mecanismo fue introducido en 1967.
En un informe de enero de 2014 Honduras: periodismo a la sombra de la impunidad, PEN International, PEN Canadá y el Programa International de Derechos Humanos (International Human Rights Program, IHRP) de la Universidad de Toronto, destacaron el empeoramiento de la situación de los periodistas y otros escritores en Honduras.
Para más información, póngase en contacto con Tamsin Mitchell, Investigador/Activista de América, en PEN International, Brownlow House, 50/51 High Holborn, Londres WC1V 6ER, Tel: +44 (0) 20 7405 0338; Fax: +44 (0) 20 7405 0339; email: tamsin.mitchell@pen-international.org

Note to editors:
PEN International promueve la literatura y la libertad de expresión y desarrolla sus actividades conforme al Acta Constitutiva de PEN y los principios allí consagrados: la libre transmisión de pensamiento dentro de cada país y entre todos los países. Fundada en Londres en 1921, PEN International —la Secretaría de PEN— establece vínculos entre la comunidad internacional de escritores. Ofrece un foro donde los escritores pueden reunirse para debatir libremente sobre su trabajo; y es además una voz que se alza en nombre de autores que han sido silenciados en sus propios países. Por medio de Centros en más de 100 países, PEN tiene presencia en los cinco continentes. PEN International es una organización de naturaleza apolítica, que tiene carácter consultivo ante la ONU y condición de Asociada en la UNESCO. PEN International es una entidad benéfica constituida en Inglaterra y Gales con el número de inscripción 1117088. www.pen-international.org

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Honduras: Inter-American Commission on Human Rights urged to protect journalist Julio Ernesto Alvarado

The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) should require Honduras to adopt precautionary measures to protect journalist Julio Ernesto Alvarado’s right to freedom of expression, PEN International said today.
The worldwide organisation of writers submitted a request to the IACHR in conjunction with Honduran lawyer Kenia Oliva Cardona and Honduran journalist and rights activist Dina Meza on 29 May 2014. The submission argues that a 16-month prison sentence and ban on practising journalism for covering allegations of corruption at a local university in 2006 imposed on Julio Ernesto Alvarado, director and presenter of the news programme ‘Mi Nación’ on Globo TV, violates his right to freedom of expression under the American Convention on Human Rights.
Julio Ernesto Alvarado – like many other journalists in Honduras – has been subjected to threats and judicial harassment for years,’ Marian Botsford Fraser, Chair of PEN International’s Writers in Prison Committee. 
We are calling on the IACHR to take a strong stand to support journalists in Honduras who are facing an onslaught from all sides in their practice of their profession by requiring the state to issue precautionary measures.’
At least 40 journalists have been killed in the country since 2003 – 35 since the coup d’état in June 2009 – while others are facing threats, law suits and other attacks in an attempt to restrict them from continuing their vital work to report and hold officials accountable.
Alvarado’s December 2013 sentence, imposed on appeal, related to a complaint lodged by university deacon Belinda Flores, whose alleged involvement in influence peddling and falsification of university degrees had been covered by three editions of ‘Mi Nación’ in 2006.
Alvarado and two university teachers who had appeared on Alvarado’s show to discuss the allegations had been cleared of the charges in March 2011. However Flores appealed the decision and in December 2013 the Supreme Court of Justice in the capital Tegucigalpa convicted Alvarado of criminal defamation – despite the fact that the non-guilty verdict was upheld for the two teachers and that the Court took as proven that Flores was in fact implicated in some wrongdoing.
Following his conviction, Alvarado was subject to harassment and threats in early 2014 via his Facebook page and that of journalist and human rights defender Dina Meza, who made various posts protesting Alvarado’s sentence. One post to Alvarado’s Facebook account dated 7 February threatened him and his family members with death. PEN International protested Alvarado’s conviction as politically motivated and called on the authorities to investigate the threats against him. Alvarado previously endured months of threats and harassment which culminated in a suspected attempt on his life, and led him to suspend his radio programme on Radio Globo in March 2013.
As a result of this intimidation and a lack of faith in the impartiality of the justice system, Alvarado decided not to appeal his conviction, opting instead to pay a fine of 10 lempiras per day of his sentence (around US$250 in total) in order to avoid imprisonment. At a hearing on 28 April 2014, the judge also lifted the ban on practising journalism. Following the hearing, Alvarado thanked the press for following his case and appealed for unity among journalists, stating: ‘We must not think of ourselves as journalists of different ideologies, since we are united by the fight to defend our right to express ourselves freely. If we are isolated things will be worse and we could all be imprisoned.’
However, on 2 May 2014 Flores’ lawyer appealed the judge’s decision to overturn the work ban imposed on Alvarado. Flores has also reportedly indicated that she intends to launch civil defamation proceedings against the journalist. If such a law suit is successful, she could be awarded large damages which could ultimately lead to Alvarado’s imprisonment, should he fail to pay them.
PEN’s submission argues that Alvarado is at risk of suffering irreparable harm to his right to freedom of expression via criminal proceedings that have lasted almost eight years and now threaten to strip him of both his right to work as a journalist and his property.
PEN and its co-petitioners call on the IACHR to request the Honduran state to adopt precautionary measures to avoid such irreparable harm to the rights of Alvarado and society in general. The Honduran state should carry out an effective investigation into Alvarado’s case an d prevent the implementation of his sentence, argues the petition, which also calls on the state to provide the journalist with police bodyguards in order to protect his life and physical integrity.
Under the Rules of Procedure of the IACHR, the Commission may, in urgent or serious situation request that a state adopt precautionary measures to prevent irreparable harm to individuals who are under the jurisdiction of member states of the Organisation of American States.  The IACHR has previously ruled that a judgment prohibiting the practice of the profession of journalism not only limits the right to freedom of expression, but also causes irreparable damage to the honour of the convicted individual.
Thousands of individuals have been protected under such measures throughout the Americas since the mechanism was introduced in 1967.
In a January 2014 report Honduras: Journalism in the Shadow of Impunity, PEN International, PEN Canada and the University of Toronto’s International Human Rights Program (IHRP) highlighted the worsening situation for journalists and other writers in Honduras.
To read this in Spanish click here.
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Continuing Impunity for Journalist Murders and Attacks in Honduras
Impunity in Honduras: PEN writers testify before IACHR
Honduras: Journalism in the Shadow of Impunity
Dina Meza: El violento oficio de escribir en Honduras
For further information, please contact Tamsin Mitchell, Americas Researcher/ Campaigner, at PEN International, Brownlow House, 50/51 High Holborn, London WC1V 6ER, Tel: +44 (0) 20 7405 0338; Fax: +44 (0) 20 7405 0339; email: tamsin.mitchell@pen-international.org

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/06/honduras-la-comision-interamericana-de.html

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Murderous violence against Honduran journalists is on the rise

Research from Faculty of Law, PEN Canada and PEN International
photo of Gladys Lanza Ochao, human rights defender, in Tegucigalpa, Honduras

Journalists who cover organized crime, government corruption and other sensitive issues are increasingly facing threats and lethal attacks in Honduras with almost complete impunity for perpetrators, a new study reports.

Honduras: Journalism in the Shadow of Impunity was produced by the International Human Rights Program at the University of Toronto Faculty of Law (IHRP), PEN Canada and PEN International. The report documents the rise in violence against journalists following the coup d’état that ousted President José Manuel Zelaya in June 2009, and the failure of both state and international mechanisms to investigate and punish those responsible.The report was authored by IHRP Summer Fellow Kaitlin Owens, who was part of a joint IHRP-PEN delegation conducting research in Honduras last summer. IHRP clinic students Liani Caban and Bhuvana Sankaranarayanan also contributed preliminary research.

Since June 2009 at least 32 Honduran journalists – most working for the broadcast media – have been killed and many more continue to work in a climate of fear and self-censorship.

“Honduras is in extreme crisis. This ground-breaking, incisive PEN report details the deadly coupling of corruption and impunity that is destroying Honduras. It is urgent that Honduras and the international community work together to strengthen the rule of law in the country,” said Marian Botsford Fraser, chair of PEN’s Writers in Prison Committee.

Increasing levels of violence and widespread impunity has made Honduras one of the most dangerous countries in the world. While transnational drug cartels are, in part, responsible for the rising homicide rate, much of the current crisis of violence is produced by state authorities, according to the new report.

Corruption within the police force is alarmingly high, simultaneously undermining trust among state agencies, damaging public confidence in key institutions and ultimately hampering the institutional capacity of the justice system, researchers said. Their study found there are too many agencies that notionally address the problem of violence and impunity, resulting in a situation where no one is accountable for ensuring justice for victims and their families. (Image at right: the offices of the Committee of Relatives of the Detained and Disappeared, in Tegucigalpa, Honduras.)

“The current climate of pervasive impunity in Honduras is the result of failures in accountability for serious human rights abuses spanning decades,” said Carmen Cheung, acting director of the International Human Rights Program at U of T’s Faculty of Law.

“Violence thrives where impunity prevails,” Cheung said. “Honduras will continue to be locked in a cycle of impunity and violence until there is meaningful accountability.”

The recent wave of murderous violence against journalists has been met with a familiar mixture of inadequate resources, bureaucratic ineptitude, blame-shifting and denial, said Cheung. She added journalists’ murders are rarely adequately investigated or solved.

Of the 38 journalists murdered since 2003, only two convictions have been obtained. (Image at right: detail of a poster of murdered journalists.)

PEN International, PEN Canada and the International Human Rights Program at U of T’s Faculty of Law are together calling on the Honduran government to fully investigate all cases of murdered journalists. They are asking the government to empower existing state institutions and mechanisms and establish new ones where needed, to ensure that all members of the media are afforded the full protection of the law.

The three organizations’ key recommendations to the Honduran government are:

  • Ensure that appropriate investigative bodies and protocols for crimes committed against journalists are established
  • Empower the Special Prosecutor for Human Rights to investigate and prosecute the murders of journalists and human rights defenders and ensure that its office receives sufficient financial, human and technical resources to carry out its work
  • Ensure that any new legal mechanisms intended to improve journalist security, such as the proposed Bill for the Protection of Human Rights Defenders, Journalists,  Social Communicators and Justice Operators, come into effect with adequate financial, human and technical resources, as well as political will, in order to guarantee effective implementation.

The report also makes a series of recommendations to the Honduran media and the international community for the protection of journalists in the country, including a call for donor states such as the UK and Canada to work with Honduras on the issues. Canada, having signed a free-trade agreement with Honduras in November 2013, has important economic ties to the country, and may have particular influence.

“No change will come from the Honduran government acting alone,” said Tasleem Thawar, executive director of PEN Canada, “Every country and international organization with interests in Honduras – whether economic, security-related, social or cultural – must tie their support to Honduras meeting its human rights obligations.”

Posted Wednesday, January 29, 2014

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Periodismo en Honduras, una profesión de alto riesgo

Viernes 24 de enero de 2014

11:07 am  – Agencia AFP 

Desde junio de 2009, al menos 32 periodistas hondureños han muerto, señala el informe “Honduras: el periodismo a la sombra de la impunidad”.

Solamente dos de las 38 muertes de periodistas ocurridas desde 2003 en el país fueron resueltas y sus autores castigados, indica el informe de la oorganización internacional.

Solamente dos de las 38 muertes de periodistas ocurridas desde 2003 en el país fueron resueltas y sus autores castigados, indica el informe de la oorganización internacional. (AP)

Ottawa,

Canadá

Los periodistas que cubren asuntos sobre el crimen organizado o la corrupción del gobierno en Honduras, pueden pagar con sus vidas, ya que al menos 32 reporteros resultaron muertos desde 2009, según un informe publicado el jueves.

La rama canadiense de la Asociación Internacional de Defensa de Escritores (PEN), aborda el aumento de la violencia contra periodistas en Honduras desde el golpe de Estado contra el presidente izquierdista José Manuel Zelaya en junio de 2009 y a la impunidad que parecen disfrutar sus presuntos autores.

“Desde junio de 2009, al menos 32 periodistas hondureños han muerto y un número aún mayor continúa trabajando en un clima de temor y autocensura”, señala el informe titulado “Honduras: el periodismo a la sombra de la impunidad”.

“Honduras vive una crisis extrema. Es urgente que Honduras y la comunidad internacional trabajen en conjunto para fortalecer el estado de derecho en este país”, dijo Marian Botsford Fraser, una de las líderes de la asociación.

Solamente dos de las 38 muertes de periodistas ocurridas desde 2003 en el país fueron resueltas y sus autores castigados, subraya el reporte.

“El aumento de la violencia y la impunidad generalizada han hecho de Honduras uno de los países más peligrosos del mundo” para los periodistas, se acotó.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Sucesos/Periodismo-en-Honduras-una-profesion-de-alto-riesgo

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Honduras debe poner fin a la violencia letal contra periodistas y al clima de impunidad

Thursday, 23 January 2014 13:41 Administrador
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Londres.

Cada vez es más común que periodistas que publican noticias sobre delincuencia organizada, corrupción gubernamental y otros temas sensibles sean objeto de amenazas y agresiones letales en Honduras, mientras que los responsables gozan de impunidad casi absoluta, señaló PEN International en un nuevo informe divulgado hoy en colaboración con PEN Canadá y el Programa Internacional de Derechos Humanos (International Human Rights Program, IHRP) de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto.

El informe, denominado Honduras: periodismo bajo la sombra de la impunidad, documenta el agravamiento de la violencia contra periodistas tras el golpe de estado que depuso al presidente José Manuel Zelaya en junio de 2009, y el fracaso de los mecanismos estatales e internacionales encargados de investigar y sancionar a los responsables. Desde junio de 2009, al menos 32 periodistas hondureños —que en su mayoría trabajaban en medios de radio y televisión— han sido asesinados, y muchos más continúan llevando a cabo su trabajo en un contexto de temor y autocensura.

“Honduras se encuentra sumido en una profunda crisis. Este informe paradigmático e incisivo elaborado por PEN describe en detalle la fatal combinación de corrupción e impunidad que está destruyendo a Honduras. El país y la comunidad internacional deben tomar con urgencia la decisión de trabajar conjuntamente para fortalecer el estado de derecho en Honduras”, observó Marian Botsford Fraser, Presidenta del Comité de Escritores en Prisión de PEN.

La profundización de la violencia y la impunidad generalizada han convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo. Según señala el nuevo informe, si bien los carteles transnacionales del narcotráfico son en parte responsables por los altos índices de homicidios, la crisis de violencia actual es provocada en gran medida por autoridades del Estado.

El grado de corrupción entre las fuerzas policiales es absolutamente alarmante, y socava además la confianza entre los organismos del Estado, debilita el respeto del público a instituciones clave y, en definitiva, obstaculiza la capacidad institucional del sistema judicial. Existen demasiados organismos que supuestamente se ocupan del problema de la violencia y la impunidad, lo cual provoca que finalmente ninguno se encargue verdaderamente de asegurar justicia a víctimas y familiares.

Como era de esperar, la reciente ola de muertes violentas de periodistas ha tenido como respuesta una combinación de recursos insuficientes, ineptitud burocrática, señalamientos recíprocos y negación. Es poco habitual que se investiguen adecuadamente o se esclarezcan los homicidios de periodistas: de los 38 periodistas asesinados desde 2003, solamente en dos casos se obtuvieron condenas.

“El clima actual de impunidad generalizada que prevalece en Honduras es el resultado de la falta de justicia por graves violaciones de derechos humanos que se han cometido durante décadas. La impunidad es un campo fértil para la violencia. Honduras continuará inmersa en un círculo de impunidad y violencia hasta tanto haya medidas genuinas de justicia”, señaló Carmen Cheung, directora interina del Programa Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto.

PEN International, PEN Canadá y el Programa Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto desean instar al gobierno hondureño a investigar de manera exhaustiva todos los casos de periodistas asesinados, y a dotar a las instituciones y mecanismos del Estado existentes de los recursos necesarios —además de crear otros nuevos— a fin de asegurar que todos los miembros de los medios de comunicación reciban plena protección de la ley.

Principales recomendaciones formuladas por estas tres organizaciones al gobierno hondureño:

El gobierno hondureño debería:

•Asegurar que se establezcan organismos y protocolos de investigación adecuados para delitos cometidos contra periodistas.
•Empoderar al Fiscal Especial de Derechos Humanos para que investigue y juzgue a los homicidas de periodistas y defensores de derechos humanos, y asegurar que su fiscalía reciba suficientes recursos financieros, humanos y técnicos para llevar a cabo su labor.
•Asegurar que cualquier nuevo mecanismo legal destinado a mejorar la seguridad de periodistas, como el Proyecto de Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, comience a operar con suficientes recursos financieros, humanos y técnicos, además de la necesaria voluntad política, para garantizar su implementación efectiva.

El informe también expresa diversas recomendaciones a medios de comunicación hondureños y la comunidad internacional para la protección de periodistas en el país, incluido un llamado a los estados donantes, como el Reino Unido y Canadá, para que trabajen conjuntamente con Honduras en estos temas.

“El gobierno hondureño, por sí solo, no implementará ningún cambio”, manifestó Tasleem Thawar, Directora Ejecutiva de PEN Canadá. “Cada país y organización internacional con intereses en Honduras —ya sea en materia económica, de seguridad, social o cultural— deberá supeditar su apoyo al cumplimiento, por parte de Honduras, de sus obligaciones de derechos humanos”.

Para obtener más información y programar entrevistas, deberán comunicarse con:
Sahar Halaimzai: sahar.halaimzai@pen-international.org| t. +44 (0)20 7405 0338

Disponibles para entrevistas:

•Dina Meza, periodista hondureña y activista de derechos humanos
•Eduardo Bähr, escritor hondureño y director de la Biblioteca Nacional de Tegucigalpa
•Julio Alvarado, periodista hondureño
•Brendan de Caires, PEN Canadá, Programas y Comunicaciones
•Carmen Cheung, directora interina del Programa Internacional de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Toronto.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2929:honduras-debe-poner-fin-a-la-violencia-letal-contra-periodistas-y-al-clima-de-impunidad&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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Luis Horacio Nájera: In Honduras, it’s open season on journalists

Luis Horacio Nájera, National Post | January 23, 2014 | Last Updated: Jan 22 4:26 PM ET
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Honduran police director Juan Carlos Bonilla, centre, works in the site where human remains allegedly corresponding to Honduran journalist Anibal Barrow were found on July 9, in a lagoon at Villanueva muicipality, Cortes department, 220 km north of Tegucigalpa.

In 2009, when PEN International, the worldwide association of writers, launched a campaign to highlight the dangers faced by journalists in the Americas, Honduras wasn’t a primary concern. It wasn’t a place where reporters routinely faced threats, attacks or death for covering sensitive stories. Five years and dozens of murders later, that is no longer true. Today, Honduran journalists work in constant fear.

“Assassins come in the form of two men on a motorcycle,” says one broadcast journalist, “one is fine; two means death.”

A sobering report released today by PEN International, PEN Canada and the International Human Rights Program (IHRP) at the University of Toronto Faculty of Law details how the violence that has gripped Honduras since the ouster of President Jose Manuel Zelaya in June, 2009, has resulted in serious restrictions on freedom of expression. Honduras: Journalism in the Shadow of Impunity finds that threats to journalists are rarely investigated or punished, and that these failures in accountability are of a piece with the country’s larger struggle to address weak institutions and widespread corruption.

Since 2003, 38 journalists have been killed, with accountability in only two of those cases. Most of the lethal violence has focused on radio and television reporters — journalists whose voices and faces are known to the public, and whose deaths are more likely to be noticed, to create a climate of fear.

The sources of this violence are varied, and often involve the transnational drug cartels that have infiltrated Central America in recent years. But violence is produced by the state, too, most notably by a corrupt police force. Successive failures to reform key institutions and to purge the police force have undermined most efforts to tackle the crisis of impunity. Attempts by international bodies such as the Inter-American Commission on Human Rights to protect journalists via “precautionary measures” directed at the government of Honduras have met with little success.

Journalists have learned to steer clear of sensitive topics such as corruption and drug trafficking. This has distorted the role of the press in much the same way that similar violence silenced my colleagues in Mexico, where attacks against journalists that originate with the state, or organized crime groups, are becoming the rule rather than the exception.

‘Assassins come in the form of two men on a motorcycle,’ says one broadcaster. ‘One is fine; two means death’

In 2013, according to the Committee to Protect Journalists, Mexico’s impunity rate for violence against journalists was one of the highest in the world. Despite the government’s triumphalism about crime reduction, press freedom is still under siege in the northern state of Tamaulipas, where after seven years of armed conflict, self-censorship is rife among local journalists due to the fear of assassination. Though crimes against reporters were made a federal offence in 2012, this legislation was passed without accompanying resources for effective enforcement.

Some of Honduras’ systemic flaws seem obvious enough: In 2012, the 16 prosecutors at the understaffed and underfunded Special Prosecutor for Human Rights were “nominally responsible” for 7,000 cases. On the other hand, there are several agencies whose overlapping responsibilities have created a situation where institutional responsibility “has been so widely diffused that no one is ultimately accountable.” Some of these problems could be solved with better funding and limited institutional reforms. Greater transparency about current investigations into the cases of murdered journalists, for example, would be a helpful start.

Canada has important economic and political ties to Honduras. In November 2013, Canada and Honduras signed a free-trade agreement, and Canada provides significant monetary and technical assistance to Honduras every year. We have a valuable role to play in calling for greater accountability for human rights violations in Honduras, and for the protection of freedom of expression and working journalists.

When President Juan Orlando Hernandez takes office on Jan. 27, the Canadian government should make clear that we stand in support of at-risk journalists and activists, and all those who no longer wish to see the crimes of the past translated into the crimes of the future.

National Post

Luis Horacio Nájera is a Mexican journalist who came to Canada as a refugee in 2008. In 2010, he received the International Press Freedom Award from the Canadian Journalists for Free Expression. He is currently a masters student at the Munk School of Global Affairs.

Fuente: http://fullcomment.nationalpost.com/2014/01/23/luis-horacio-najera-in-honduras-its-open-season-on-journalists/

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Caso de Honduras destaca en el Día del Escritor en Prisión

Escrito por Redacción en Lun, 11/18/2013 – 07:47

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Caso de Honduras destaca en el Día del Escritor en Prisión

Secciones:

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Día del Escritor en Prisión es un día internacional de campaña dirigida al reconocimiento y apoyo de escritores que han sufrido la represión de su derecho humano básico a la libertad de expresión. Este año, el 15 de noviembre de 2013, Centros PEN por todo el mundo conmemorarán a sus amigos y colegas que resisten la represión de su derecho humano básico a la libertad de expresión con la organización de eventos. Este año PEN Internacional se enfocará en particular en los casos de los siguientes escritores y periodistas que representan el tipo de ataques y amenazas que se enfrentan nuestros colegas:
Los casos del 2013 son: 

Dina Meza – periodista premiada, defensora de derechos humanos y autora en Honduras. Ha sido desde 2006 víctima de persecución y amenazas que no fueron debidamente investigadas, en un contexto en que los mecanismos nacionales de protección destinados a periodistas no son efectivos. PEN International considera que Meza es perseguida por reivindicar su derecho a la libertad de expresión y que su seguridad física se encuentra en riesgo.
Fazil Say – escritor, compositor y músico turco. Recibió una pena en suspenso de 10 meses de prisión por “difamación religiosa”, confirmada el 20 de septiembre de 2013. La condena se impuso por una serie de tweets y retweets efectuados en abril de 2012, que incluyeron un verso atribuido al poeta persa del siglo XII Omar Khayyam.
Zahra Rahnavard – académica, escritora y política Iraní. Ha permanecido extraoficialmente bajo arresto domiciliario en su vivienda en Teherán desde febrero de 2011 debido al activismo desarrollado por ella y su esposo.
Kunchok Tsephel Gopey Tsang – escritor tibetano que ha publicado su trabajo regularmente en Internet y es cofundador y editor del sitio web en idioma tibetano Chomei (La Lámpara) http://www.tibetcm.com. Fue condenado el 12 de noviembre de 2009 por “divulgar secretos de Estado” y actualmente cumple una pena de 15 años de prisión./http://ifex.org/international/2013/11/15/day_imprisoned_writers/es/

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