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Cónclave minero se ha convertido en un nuevo delito de traición a la patria

Viernes, 14 Agosto 2015 23:04

Ante el Primer Cónclave Mundial de Minería, que se realiza en la Ciudad de San Pedro Sula, los días 12 y 13 de Agosto de 2015, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, integrada por organizaciones comunitarias y territoriales de diversas partes del país, organizaciones indígenas, negras, ambientalistas, feministas, defensoras de Derechos Humanos, radios comunitarias, artistas en resistencia, entre otras, nos pronunciamos en los siguientes términos:

Por Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras
1- Este Cónclave mundial de minería se realiza en el marco de una de las más profundas crisis de legitimidad del gobierno hondureño, el cual, a través de altos funcionarios y dirigentes del Partido Nacional, incluyendo al propio presidente Juan Orlando Hernández, han estado implicados en graves procesos de corrupción, entre los que destacan: el atraco al Instituto Hondureño del Seguro Social, el uso de fondos públicos para financiamiento de campañas políticas y la aceptación de sobornos para la evasión de la justicia.

2- Rechazamos de manera absoluta este evento que expresa la corrupción política patrimonial del gobierno al poner en manos de compañías explotadoras extranjeras la venta de nuestros bienes naturales, la soberanía de nuestro territorio y el destrozo del presente y el futuro de nuestras comunidades.

3- Denunciamos que este cónclave minero se ha convertido en un nuevo delito de traición a la patria cometido por el señor Juan Orlando Hernández y demás funcionarios públicos involucrados, quienes en alianza con empresarios nacionales, Instituciones de Financiamiento Internacional y corporaciones transnacionales, se han dado cita en la ciudad de San Pedro Sula para repartirse, como un botín, las riquezas de nuestro territorio nacional, hecho que lejos de generar desarrollo y bienestar, estaría acelerando una nueva fase de conflictos socio ambientales a nivel nacional.

4- Revelamos que muchas de las empresas originarias de los países que participan en este cónclave han sido denunciadas y condenadas mundialmente por su recurrente práctica de reiteradas y graves violaciones a los Derechos Humanos fundamentales de las comunidades que son víctimas del despojo de sus territorios y sus Bienes Comunes, así como también, víctimas de diversos tipos de vulneraciones a los Derechos de los defensores y defensoras que acompañamos a las comunidades que ejercen su legítimo derecho a la protesta y a su autodeterminación, al rechazar esta nueva invasión colonialista que significa el extractivismo.

5- Denunciamos que los últimos dos gobiernos han aprobado un paquete de leyes ofensivas para la vida, como la Ley de Minería, la Ley para los Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, La ley de las Alianzas Publico Privadas y la Ley para la Promoción y la Protección de las Inversiones, entre otras. Todas estas leyes además de tener vicios de nulidad por su impacto en la negación de derechos básicos a la población, implican la construcción de un marco legal que genera un blindaje de corrupción e impunidad para las industrias mineras.

6- Esta subasta del Territorio y los Bienes Naturales, es la continuidad de graves violaciones a Derechos Humanos impulsadas desde el gobierno Hernández, que se traducen en la destrucción y contaminación del ambiente, en daños a la salud, en divisiones comunitarias, en la fragmentación de territorios ancestrales, generando daños irreversibles a las poblaciones originarias, enfermedades, pérdida de la cultura, aumento de la prostitución, alcoholismo y drogadicción, el incremento a la violencia hacia las mujeres, niñas y niños, aumento de los Femicidios, la pérdida de la economía propia y los vínculos con el crimen organizado que son generados por la industria minera.

7- Exigimos un juicio político a Juan Orlando Hernández, así como el enjuiciamiento al Fiscal General de la República y al Fiscal General Adjunto, reiteradamente denunciado por su vinculación en la entrega de Bienes Naturales al empresariado extranjero.

8- Exigimos que se suspendan indefinidamente todos los proyectos y decretos relacionados con la explotación de minas, la concesión de Bienes Naturales, las ZEDEs y el Plan de la Alianza para la Prosperidad.

9- Desde ya responsabilizamos al Señor Juan Orlando Hernández por todos los conflictos que se deriven de esta política extractivista, ya que como pueblo que ama la Vida, el Derecho y la Justicia, advertimos que no cesaremos en nuestra lucha por la defensa de nuestros Bienes Naturales, nuestra vida y nuestro futuro.

“La Madre Tierra No se Vende, No a la Minería en Honduras”

San Pedro Sula, 12 de Agosto de 2015.

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/honduras/item/14508-conclave-minero-se-ha-convertido-en-un-nuevo-delito-de-traicion-a-la-patria

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Proponen derogar la “Ley Hipotecas”

6 septiembre, 2014 – 10:09 PM

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Una iniciativa de ley destinada a derogar la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública, popularmente conocida como la “Ley Hipoteca”, contenida en el decreto 145-2013, fue promovida en el Congreso Nacional.

La congresista Beatriz Valle expuso la necesidad de derogar esta ley ante el crecimiento de la deuda pública para “pagar empréstitos anteriores y para financiar campañas políticas, repartiendo regalos a la población para compensar la ausencia de programas que verdaderamente disminuyan la pobreza”, acotó.

Critica que los recursos gestionados por el actual gobierno sean destinados al fomento del “populismo y clientelismo político, al despilfarro de recursos en bienes de lujo, como es el caso de un ostentoso avión de 800 millones de lempiras para la Presidencia de la República”.

Explica que todo esto tiene que ver con que la “Ley Hipotecas” sea un instrumento que autoriza al gobierno central a hipotecar los bienes nacionales para adquirir mayores prestamos, enajenando así los recursos del Estados, nacionales, ociosos, reservas forestales, ríos, playas montañas y más.

A pesar de la oposición, el 20 de diciembre del 2013 en la “diarrea legislativa” –después de las elecciones—el Congreso Nacional anterior aprobó este decreto 145-2013, que fue publicado en el diario oficial La Gaceta y uno de los últimos decretos promulgados por el último gobernante.

Esta ley es considerada un “cheque en blanco” que podría utilizar el gobierno actual para adquirir mayor nivel de endeudamiento, poniendo en precario los recursos del Estado, “por eso considero importante derogar la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la deuda pública”, apuntó la legisladora. (NA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/09/06/proponen-derogar-la-ley-hipotecas/

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Honduras: Administración Lobo y el despojo a los pueblos Indígenas

sábado, 1 de febrero de 2014

ODHPINH, 31 de enero, 2014

A partir del golpe de estado del 2009, comenzó una ofensiva neoliberal en Honduras, teniendo como uno de sus objetivos primordiales  a los pueblos indígenas del país. La ofensiva ha sido destinada a apropiarse de nuestros territorios, biodiversidad y culturas; para lo cual el estado de Honduras ha venido emitiendo una serie serie de leyes y decretos inconsultos, que colocan en peligro nuestra sobrevivencia como culturas diferenciadas
 Desde la masacre perpetrada por la DEA y  la Policía Nacional de Honduras de indígenas Miskitos en Ahuas, pasando  a la construcción de represas inconsultas, la entrega de la plataforma marítima para la explotación petróleo, hasta la disolución de los títulos comunitarios expedidos; es parte del legado de la recién finalizada administración “nacionalista” de Porfirio Lobo

La administración Lobo, a través de la creación de  instancias con rango ministerial, se consagró a la venta de una imagen trastocada de apoyo paternalista a las comunidades indígenas, ademas de una supuesta aplicación de justicia,  en uno de los países más violentos y corruptos del planeta.

La puesta en marcha del Proyecto Mesoamérica y sus múltiples facetas de intervención, viene afectando a los pueblos indígenas en Honduras y al resto del istmo centroamericano. La apropiación de los bienes comunes y el desconocimiento del derecho a la consulta-consentimiento previo, libre e informado, se ha convertido en una amenaza de muerte para los 59 pueblos que habitamos desde Guatemala a Panamá.

La dictadura civil en Honduras durante los últimos cuatro años, ha venido entregando los bienes comunes por retazos, no precisamente a los mejores postores. El poder Legislativo emitió una serie de leyes de corte entregista, algunas de ellas diseñadas para socavar la de ya por sí debilitada soberanía nacional. La declarada inconstitucional Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) y su sustituta La Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) la Ley de Reconversión de la Deuda Pública (Ley Hipoteca), permiten la entrega de franjas del Territorio Nacional al capital extranjero y el saqueo de los denominados “recursos naturales”

La Ley de Propiedad y la disolución de los títulos comunitarios 
La Ley de Propiedad (2004) fue creada a instancias del Banco Mundial y está encaminada a avalar el desmembramiento de los títulos comunitarios emitidos en las ultimas décadas a favor de los pueblos indígenas. La ley permite la individualización de la propiedad comunitaria, a través de su artículo 100, el cual ha sido invocado para desmembrar terrenos de los territorios comunitarios. Entre uno de los casos mas sonados, se encuentra el de un terreno en la Laguna Negra en Triunfo de la Cruz, desmembrado a través de un patronato paralelo creado por la municipalidad de Tela.
En el caso del desmembramiento de la Laguna Negra el Instituto de la Propiedad emitió en octubre del 2010, un dictamen a favor de dicho procedimiento, alegando que no existía impedimento legal alguno, y se encontraba enmarcado en  el Art 69 y 100 de la Ley de Propiedad.
El Capitulo III de la Ley de propiedad, ha sido diseñado para finiquitar la propiedad comunitaria y proceder a diluir las salvaguardas existentes en los títulos de no permitir la transacciones de tierras a foráneos, condición que había permitido hasta la fecha salvaguardar nuestros territorios
El Instituto de la Propiedad,  ente financiado durante mas de una década por el Proyecto de Administración de Tierras de Honduras PATH del Banco Mundial se encuentra apunto de ser privatizado, situación que pone en peligro aun más la propiedad comunitaria reconocida en los títulos expedidos  a los pueblos indígenas por el Instituto Nacional Agrario (INA).
Las Leyes ZEDE e Hipoteca y los futuros despojos.
Desde el inicio de la administración Lobo, el poder legislativo comenzó a emitir una serie de leyes y decretos supuestamente destinados a promover  “desarrollo y generación de empleo”. No obstante el supuesto desarrollo que se promueve es a costa de nuestros bienes comunes, los que se han convertido en objetivos de empresas extractivas, proyectos de “energía limpia” y megaturismo.
La destrucción de la independencia de poderes, a través de la defenestración de la Corte de lo constitucional (12-12-2012), consumada por el Congreso Nacional como represalia ante la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), ratifica la condición de indefensión en que nos encontramos los pueblos indígenas.
Con el nuevo cambio de administración gubernamental efectuado en días pasados, es de esperar que el expresidente del Congreso Nacional, ungido como nuevo mandatario, acelere la subasta del país, tal como lo promovió desde el poder legislativo, donde apadrinó las Leyes RED, ZEDE e Hipoteca.

Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, ODHPINH

 

Publicado por Américo Roca Dalton en 0:05

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/02/honduras-administracion-lobo-y-el.html

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Political Promises in Honduras

Sunday, January 26, 2014

They say you can tell when a lawyer is lying because his lips are moving.

Well, in Honduras, the same should be said of politicians.

Back on July 20, Congress passed a controversial law called the Ley de promoción del desarrollo y reconversion de deuda publica (Decreto 145-2013) by which Honduras seeks to monetize its income stream from its national resources.  We wrote about it, and the controversy surrounding the sudden introduction and passage of the law back on July 29, and you should reread it for details about the law.

The law was then sent to Porfirio Lobo Sosa for action on July 23.

Now in theory, Honduran law says Lobo Sosa had 10 days to either sign or veto the law.  He signs the law by writing an order that says “Por Tanto Ejecutese” or vetos it by writing “Vuelva al Congreso” with a letter explaining what he thinks is wrong with it.  If he takes no action, it enters limbo.  It becomes law, but it is not in effect or enforceable until its printed in La Gaceta.

Porfirio Lobo Sosa initially defended the law, saying :

To veto this law would be to go against the interests of the nation.

But the law provoked a lot of opposition, both from business( the Associacion Nacional de Industriales de Honduras (ANDI) and the Asociacion Nacional de Minería Metálica, and even COHEP), unions (like Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares), and campesino groups.

On August 15, 2013, after Lobo Sosa had to have acted one way or another, he announced he would not sign the law, not because he didn’t believe in it, but rather because it might hurt Juan Orlando Hernandez’s chances of getting elected:

I’m not going to convert this into a campaign issue.  When the new president arrives he can decide to approve it or not; it will stay in the desk for him.

Now he was very clear to say he’s not going to veto the law, but just put it in his desk.  That meant the law was already law, just not in effect because it hadn’t been published.

And the law wasn’t a campaign issue.

Then the Presidential campaign concluded, with Juan Orlando Hernandez declared  President. When it could no longer influence the results of the election, Porfirio Lobo Sosa signed the law on December 18, and ordered its publication in La Gaceta where it appeared in the December 20, 2013 issue, which came out this week (they’re slow to publish).

It is now in effect, and the government of Juan Orlando Hernandez, who championed the law, will have 90 days to implement the administrative structure and regulations that will govern the issuance  securities backed by  natural resources income streams.

Honduras wants to sell the net present value of its wind, its rivers, and its mineral rights.  Who will buy them?

Posted by at 8:03 AM

Fuente: http://hondurasculturepolitics.blogspot.ch/2014/01/political-promises-worthless-in-honduras.html

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Honduras en venta: se publicó Ley de Hipoteca

voselsoberano.com | Viernes 24 de Enero de 2014 10:22

 

 

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– La Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, mejor conocida como “Ley Hipoteca”, fue publicada desde el pasado 20 de diciembre en el diario oficial La Gaceta, pese a que el presidente Porfirio Lobo prometió engavetarla y dejársela a la gestión entrante que encabeza su correligionario Juan Hernández.

– Inexplicablemente la norma se publicó en La Gaceta sin hacer tanto ruido.

La denuncia fue hecha por el diputado Liberal, Alfredo Saavedra, quien lamentó que la Ley Hipoteca se publicara incumpliendo la promesa del gobernante Lobo.

El pasado 14 de agosto, el mandatario Lobo confirmó que dejaría en su escritorio la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública por recursos naturales ociosos, para que sea su sucesor el que tome la decisión si la sanciona o la veta.

El proyecto de ley fue presentado en el Congreso Móvil, el pasado 19 de julio, donde se contó con la presencia del ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato. La norma fue aprobada ese mismo día en el municipio de Gracias.

Ante esa situación, el congresista Saavedra afirmó que “para sorpresa nuestra el día 20 de diciembre fue publicada en el diario oficial La Gaceta y ya es ley de la República. Es lamentable, nosotros oportunamente hicimos las observaciones porque creemos que esa ley no debió haber sido aprobada debido a que atenta contra principios constitucionales”.

Agregó que la denominada Ley Hipoteca violenta conceptos como la territorialidad y la soberanía del país.

Saavedra recomendó derogar la controvertida ley.

La norma utiliza la figura del fideicomiso para entregar en concesión a inversionistas privados, en su mayoría transnacionales, los recursos naturales del país que se consideran ociosos para ser explotados, a cambio el gobierno tendrá recursos líquidos para cubrir parte de la deuda interna.

La ley fue duramente criticada por diversos sectores al considerar que la misma afecta y violenta decretos constitucionales.

http://www.proceso.hn/2014/01/23/Nacionales/Pese.a.promesa/81244.html

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En vigencia ley que entrega bienes del Estado para pagar deuda interna y externa de Honduras

Artículo | January 24, 2014 – 9:55am

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. En el total silencio fue publicada la ley que vende los activos del Estado como “garantía” en caso que no pueda pagar las deudas que contrajo con la banca nacional y organismos internacionales de crédito.

La publicación de la normativa en el diario oficial La Gaceta el pasado 20 de diciembre, un día después de culminada las sesiones del Poder Legislativo; el presidente Porfirio Lobo prometió que no ratificaría esa ley.

Además, aseguró en su momento que sería el nuevo gobernante Juan Hernández quien decidiría si le daba el visto bueno o no a ésta.

Hasta ayer, algunos legisladores protestaron por la entrada en vigencia del instrumento jurídico.

El diputado liberal José Saavedra, lamentó que el gobierno haya incumplido la promesa de no promulgar la venta de los activos del Estado.

“Para sorpresa nuestra, el día 20 de diciembre fue publicada en el diario oficial La Gaceta y ya es ley de la República. Es lamentable, nosotros oportunamente hicimos las observaciones porque creemos que esa ley no debió haber sido aprobada debido a que atenta contra principios constitucionales”, cuestionó.

Advirtió que ese instrumento jurídico apuesta por la venta de la soberanía por lo que exigió que se derogue de inmediato.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/en-vigencia-ley-que-entrega-bienes-del-estado-para-pagar-deuda-interna-y-externa-de-honduras

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Honduras a la venta: ‘Ley Hipoteca’ refuerza paquete de privatizaciones post-golpe

Escrito por en Jue, 08/22/2013 – 10:14

Honduras a la venta: ‘Ley Hipoteca’ refuerza paquete de privatizaciones post-golpe

Honduras a la venta: ‘Ley Hipoteca’ refuerza paquete de privatizaciones post-golpe
Después de la idea de privatizar territorios enteros con la justificación de la lucha contra la desigualdad social, otra iniciativa del gobierno del presidente Porfirio Lobo fue aprobada en Honduras: la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública, más conocida como “Ley Hipoteca”. Para los movimientos sociales y otros sectores de la sociedad hondureña, se trata de un elemento más de un amplio proceso de privatización del país, hundido en deudas.
La sesión parlamentaria del pasado 20 de julio se realizó en el retirado municipio de Gracias, Departamento de Lempira, con la participación de una cantidad muy reducida de diputados propietarios, sin la posibilidad de discusión y debate, y sin contar con el registro electrónico de los asistentes, para hacer constar cómo votó cada congresista.
La ley, cuya aprobación fue sucesivamente ratificada por el plenario del Congreso Nacional en Tegucigalpa y que ahora está siendo vetada por su principal impulsor y defensor, el presidente Porfirio Lobo, utiliza la figura del fideicomiso para entregar en concesión a inversionistas privados, en su mayoría transnacionales, los recursos naturales del país que se consideran ‘ociosos’, para proyecto de explotación. A cambio, el gobierno tendrá acceso a recursos líquidos para cubrir parte de la gigantesca deuda interna, que ha venido aumentando principalmente a raíz de la crisis originada por el golpe de Estado, que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya.
Después de fuertes protestas y grandes manifestaciones y a menos de 100 días de las elecciones, el presidente decidió devolver la ley al Congreso Nacional con varias observaciones. “Cuando llegue la ley, la voy a vetar, para que ya quitemos ese tema de las campañas políticas”, afirmó Lobo. Sin embargo, para varios analistas la aprobación fue postergada con la idea de no afectar la candidatura oficialista del actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández.
De acuerdo con datos brindados por el FOSDEH (Foro Social de la Deuda Externa de Honduras) a Opera Mundi, la deuda pública total, entre consolidada y flotante, está calculada en unos 14 mil millones de dólares y ha superado el 70% del PIB (Producto Interno Bruto). De ese monto total, más de la mitad corresponde a deuda interna.
“En el caso de un cerro, por ejemplo, donde se ha detectado la presencia de minerales metálicos, o de un río cuyas aguas se van a utilizar para generar energía hidroeléctrica, el gobierno emite un título valor por una cantidad calculada en base a una estimación del flujo de caja que se generaría en un plazo de tiempo definido, y lo coloca en los mercados financieros”, explicó Gabriel Perdomo, técnico analista del FOSDEH. De esa manera, el inversor que adquiere dicho título valor tendrá el dominio absoluto sobre el bien y gozará de amplios beneficios fiscales. A cambio, entregará al gobierno la cantidad de dinero que deriva de la estimación realizada.
Según Perdomo, este mecanismo de titularización de flujo de caja futuro no sólo refleja la grave situación económico-financiera en que se encuentra el Estado hondureño, sino que genera muchas dudas sobre la transparencia de todo el proceso. “Con esta ley, que fue aprobada a la carrera y sin ninguna socialización ni discusión previa, el gobierno obvia todas las disposiciones y mecanismos legales contenidos en las leyes que regulan los procesos de contratación pública, la transparencia, el acceso a la información y la explotación de recursos naturales”, argumentó.
Además, el analista del FOSDEH expresó una profunda preocupación por la introducción, en estas operaciones, del tema del fideicomiso, “que es el mecanismo con menor transparencia que existe”, así como por los graves impactos que tendrá sobre los recursos naturales del país y sobre las poblaciones que viven en los territorios que serán objeto de concesión y explotación. “El verdadero objetivo de esta ley es puramente político. Van a vender los bienes del Estado de forma barata y no transparente y, de esa manera, tendrán acceso a nuevos fondos para mejorar la imagen del Ejecutivo y de los candidatos del partido de gobierno, en vista de las elecciones”, concluyó Perdomo.
Honduras a la venta
Para el abogado constitucionalista Oscar Cruz, detrás de la aprobación de la ‘Ley Hipoteca’ se ocultan fines mucho más estratégicos, que tienen que ver con el proceso de afianzamiento de los grupos de poder y las oligarquías nacionales.
“Hay un proyecto en marcha que apunta a sustituir la gestión y el poder público con la gestión privada, y lo han puesto en práctica con la aprobación de leyes y reformas constitucionales que, de hecho, alteran las relaciones de poder existentes”, dijo a Opera Mundi.
Entre las leyes y reformas aprobadas, el jurista mencionó la Ley de Alianza Público Privada, que dio vida a Coalianza, el conjunto de decretos y reformas constitucionales que crearon las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), mejor conocidas como Ciudades Modelo, así como la Ley de Empleo por Hora.
“La nueva ley viene a cerrar un círculo de esta estrategia, y el uso del instrumento mercantil del fideicomiso, controlado y manejado por los tres principales bancos del país – Banco Atlántida, Banco Ficohsa y Banco Continental – pone en riesgo el futuro de la nación”, alertó Cruz. Según él, con esta operación de entrega de los bienes del pueblo, “están creando las condiciones para que las generaciones futuras tengan únicamente obligaciones y deudas que pagar, una enorme mora de carácter social , más marginalidad y empobrecimiento”.
El abogado constitucionalista subrayó también que existirían varios elementos de inconstitucionalidad que caracterizan la Ley Hipoteca, que son muy similares a los que se detectaron en la ley que creó las ZEDE. “Aunque sepamos que el sistema judicial responde a los intereses de los grupos de poder, vamos a presentar los debidos recursos de inconstitucionalidad”, alertó Cruz.
Subasta y violencia
Las organizaciones que, desde hace décadas, defienden los territorios y los bienes comunes del país, aseguran que esta nueva ley no sólo aumentará los fenómenos de explotación y saqueo, sino que profundizará también la represión.
El caso dramático del conflicto agrario en el Bajo Aguán y el asesinato de no menos de 60 campesinos organizados, la represión desatada contra las comunidades indígenas Lenca que protestan contra el desarrollo del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en la zona de Río Blanco, así como la lucha del pueblo garífuna en defensa de sus territorios y costas, que son invadidas por megaproyecto turísticos, hidroeléctricos y monocultivos, son solamente algunos ejemplos de la grave situación que ya está viviendo Honduras.
“Hay una entrega absoluta del territorio y de la soberanía del país. Además, se pretende inculcar la idea de que nuestros recursos son ociosos porque no se están explotando. Esto violenta nuestra cosmovisión de que la tierra hay que cuidarla, y que es parte del habitad funcional de los pueblos”, dijo Miriam Miranda, presidenta de la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña).
La dirigente garífuna recordó, también, que el fuerte debilitamiento institucional derivado del golpe de 2009, profundizó la entrega de los recursos naturales al mejor postor, e inició una ofensiva mediático-cultural para acrecentar la lógica individualista en el país. “Hoy la apuesta del sistema neoliberal es romper y acabar con la visión colectiva y comunitaria de los pueblos, donde el derecho y el bien colectivo son más importantes del derecho individual y la competitividad”, explicó Miranda.
Para ella, este sistema “voraz y depredador en que vivimos” considera el tema de los derechos colectivos  como “una afrenta y un peligro que hay que combatir”. En este sentido, Miranda convocó la sociedad hondureña y los movimientos sociales, a seguir con la lucha de resistencia en los territorios.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/honduras-la-venta-%E2%80%98ley-hipoteca%E2%80%99-refuerza-paquete-de

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“Ley hipoteca” regresará al Congreso Nacional

              Martes 20 de agosto de 2013

01:55 pm                            – Redacción 

El presidente hondureño dijo que se quitará el tema de las campañas políticas para evitar que los candidatos presidenciales tengan argumentos para pelear.
El presidente Porfirio Lobo anunció en Consejo de Ministros que regresará la "ley hipoteca" al Congreso Nacional con las observaciones hechas por el Ejecutivo.

El presidente Porfirio Lobo anunció en Consejo de Ministros que regresará la “ley hipoteca” al Congreso Nacional con las observaciones hechas por el Ejecutivo. (Redacción)
                                    Tegucigalpa,Honduras

El presidente Porfirio Lobo anució en Consejo de Ministros que vetará la Ley de Reconvención de la Deuda Pública más conocida como “ley hipoteca”, para “quitar ese tema de la campañas políticas”.

“Hemos revisado el tema de la Ley de Reconvención de la Deuda que tanto se habla y que tanto problema da, lo que vamos a hacer, lo hablé con el ministro de Finanzas, vamos a vetar la ley y la devolveremos al Congreso con las observaciones que consideramos nosotros”.

Lobo insistió en que no quiere convertir el tema en un debate político, como el que se ha suscitado en los últimas días, especialmente entre los candidatos presidenciales.

Sin embargo, reveló que desde hace ocho años las empresas mineras no han pagado las regalías correspondientes al Estado, ya que hubo una derogación de varios artículos de la Ley de Minería.

Agregó que con la “ley obligaba a las empresas a pagar estas regalías, con lo que se evitaba que solo el Estado arriesgará porque por adelantado se pagarían”.

“Cuando el Estado les da un concesión, debe haber una responsabilidasd compartida”, reflexionó el mandatario.

Y es que el principal rubro del que se pretendía obtener estos fondos para pagar la deuda intera, era de las concesiones mineras que se han otorgado, que ascienden a 280 , según Lobo.

En ese sentido, aseguró que se está por publicar el reglamento de la Ley de Minería, pero espera que el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar y representantes de la Direccion Ejecutiva del Fomento a la Minería (Defomin), le diera otra revisión.

“Cuando llegue la ley, la voy a vetar, para que ya quitemos ese tema de las campañas políticas, ya van a tener ahí un argumento menos de pleito, tenemos que evitar los pleitos Anita”, dijo el presidente a la ministra Ana Pineda de Justicia y Derechos Humanos.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Ley-hipoteca-regresara-al-Congreso-Nacional

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FMI viene a revisar el déficit fiscal y deslizamiento monetario

19 agosto, 2013   –   12:39 AM

Personeros del Fondo Monetario Internacional (FMI) revisarán la política fiscal y monetaria del gobierno, en su visita programada para finales de este mes, informaron ayer autoridades de la Secretaría de Finanzas.

La misión del FMI sostendrá diversas reuniones con miembros del Gabinete Económico, empresarios y los candidatos presidenciales.

La misión del FMI sostendrá diversas reuniones con miembros del Gabinete Económico, empresarios y los candidatos presidenciales.

Trascendió que los delegados del organismo también se estarían reuniendo con los candidatos presidenciales, justamente a menos de 100 días para que los hondureños concurran a las octavas elecciones generales ininterrumpidas, después de 30 años de procesos democráticos.

En ese sentido, el titular de Finanzas, Wilfredo Cerrato, indicó que los funcionarios del FMI “estarán a finales de agosto y es para seguir conversando y revisando los resultados de la política fiscal y monetaria”.

El Banco Central de Honduras (BCH), en la revisión del Programa Monetario 2013-2014 en julio pasado, ajustó los principales indicadores económicos y la proyección del déficit fiscal fue elevada de 4.5 a seis por ciento.

Lo anterior conforme a lo programado por Finanzas, entidad que en mayo pasado admitió que el gasto corriente se elevaría por encima de las estimaciones de abril, particularmente por el costo del proceso eleccionario.

POCO MARGEN
Distintos sectores consideran que la visita es más de rutina que de otra cosa, ya que en materia de cumplimiento de metas económicas, a la presente administración le queda poco margen de maniobra.

Las diligencias de la misión del FMI se centrarán en conocer “in situ” el panorama económico para el próximo año y preparar el terreno para las futuras negociaciones.

Según analistas, otro tema que interesa al ente multilateral de supervisión financiera es el deslizamiento de la moneda, que en las últimas semanas ha mostrado una especie de estabilización.

No obstante, economistas independientes consideran irrisorio que el lempira se esté valorando frente al dólar, ya que los indicadores económicos más bien revelan todo lo contrario.

Como argumento central exponen que las exportaciones han caído en más del 12 por ciento, tomando como base las proyecciones del BCH, así como los envíos de remesas no son lo suficientemente altos para apuntalar una posible revalorización de la moneda.

Es más, creen que se debe a una medida de corte político, por lo que piden una explicación científica al respecto, porque de lo contrario se estaría cometiendo un error, ya que la economía se ajusta sola y eso podría registrarse bruscamente el próximo año. (JB)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/08/19/fmi-viene-a-revisar-el-deficit-fiscal-y-deslizamiento-monetario/

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“Ley hipoteca” aún está en el Congreso Nacional

              Jueves 15 de agosto de 2013
                           11:17 pm                            – Redacción 

Ejecutivo continúa en la defensa de la iniciativa que ya no será sancionada para no afectar al candidato oficialista, Juan Orlando Hernández
El presidente Porfirio Lobo defendió ayer la “ley hipoteca”.

El presidente Porfirio Lobo defendió ayer la “ley hipoteca”. (Carmen  Godoy)
                                    Tegucigalpa,Honduras

El presidente Porfirio Lobo volvió a defender ayer la fallida Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública que ya no será sancionada por el Ejecutivo para no afectar la campaña del candidato presidencial oficialista, Juan Orlando Hernández.

Lobo sostuvo que mediante la llamada “ley hipoteca” se pretendía recuperar los recursos naturales y de esta manera permitir al próximo gobierno mejorar la situación financiera del país, deteriorada por el enorme endeudamiento originado por el excesivo gasto público de este y el anterior gobierno liberal de Manuel Zelaya.

El gobernante anunció que hablará con los candidatos presidenciales sobre los alcances de la ley que contempla la venta de los recursos del Estado que están “ociosos”, es decir, proyectos que tienen que ver con recursos naturales, telecomunicaciones, energía y otros.

“Es un procedimiento importante para que Honduras pueda recuperar sus recursos naturales, es importantísimo, entonces lo que voy a hacer es hablar con cada candidato y hacerlo bien porque esa ley no es para mí, esa ley es para el futuro, claro, es mi deber buscar alternativas que signifiquen beneficio para el pueblo hondureño”, dijo.

El titular del Ejecutivo anunció el fin de semana que ya no continuará socializando la ley y prácticamente dio por sentado que no sancionará la iniciativa para no afectar la campaña del candidato presidencial del Partido Nacional.

Consultado sobre si vetará la polémica norma, Lobo reiteró que la “ley hipoteca” no ha sido enviada por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo, por lo que aseveró que no han corrido los 10 días que establece la ley para la sanción o veto de una iniciativa aprobada por el CN.

“Esa ley hace que cualquier empresa que gane una concesión, voy a publicar, son 280 concesiones que se han dado y van a ver ustedes cuántos años hace que se dieron y no se están ejecutando, entonces con esa ley, si no se ejecuta en cierto período se pierde el derecho”.

El mandatario sostuvo que la “ley hipoteca” obligaba a las empresas favorecidas con un proyecto o una concesión a pagar una cantidad al

Estado antes de que iniciara el proyecto y si esta fracasaba o no se ejecutaba, los fondos se quedaban en las arcas públicas.

Con estos recursos se pretendía cubrir parte de la deuda interna del país que se estima en unos 60 mil millones de lempiras, aunque sectores expresaron su preocupación de que los recursos fueran a dar al gasto corriente (pago de salarios).

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Ley-hipoteca-aun-esta-en-el-Congreso-Nacional

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“Ley hipoteca” no era bien intencionada

              Miércoles 14 de agosto de 2013
                           07:41 pm                            – Redacción 

Lobo Sosa no la sancionará porque sabe  que eso afectaría a su partido y al candidato

 

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Lobo Sosa ha reconocido que no quiere afectar a su partido (Nacional) ni a su candidato.

Lobo Sosa ha reconocido que no quiere afectar a su partido (Nacional) ni a su candidato. (Redacción)
                                    Tegucigalpa,Honduras

Lo ideal es que el presidente Porfirio Lobo Sosa engavete -para bien del país- la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública (“ley hipoteca”) y que se abstenga de darle un tinte político, según algunos candidatos presidenciales entrevistados por EL HERALDO.

El gobernante reveló que no sancionará ni vetará la polémica ley para no afectar los intereses políticos de ningún candidato, en clara alusión a Juan Orlando Hernández, del oficialismo.

“Yo no voy a meter a mi partido o al candidato en un problema político antes de las elecciones, de ninguna manera”, afirmó textualmente.

La decisión de engavetar, por lo menos por ahora, la cuestionada ley es un signo positivo porque beneficia al país, a criterio del candidato presidencial del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Jorge Aguilar Paredes.

“La vemos positivamente en el sentido de que la presión nuestra como partido y de otros sectores le ha alertado al señor Presidente que este no es el camino a seguir para el país”, expresó.

“Esta ley tiene muchas implicaciones que viene prácticamente a hipotecar el país”, añadió.

Si la ley fuera sana, bien intencionada, Lobo Sosa ya la hubiera sancionado, pero como sabe que es dañina para el país y vulnera los intereses políticos de Hernández, se abstiene de darle trámite legal.

“Si fuese una ley sana inmediatamente la sancionaría porque eso beneficiaría al candidato. El hecho es que la ley tiene sus debilidades y sus fallas, inclusive vicios de inconstitucionalidad”, apuntó Aguilar.

Lamentó que sean “razones políticas” las que motiven a Lobo Sosa a no sancionar la ley.

El gobernante debería de estar convencido “de las debilidades”.

“Afortunadamente estamos en la campaña política que ha permitido ponerle un freno a esta ley”, dijo el candidato del Pinu.

Entre tanto, el candidato del partido Alianza, Romeo Vásquez, pidió al mandatario impulsar una verdadera concertación sobre este tema “sobre todo porque estamos por finalizar este gobierno y cualquier ley que se aplique, o medida que se tome, normalmente da lugar a las malas interpretaciones”.

“No debemos apresurarnos a hipotecar los bienes del Estado, hay que recordar que no podemos gastarnos en el presente todos los recursos que también van a servir para las futuras generaciones, hay que tener cuidado en todo eso”, expresó el general retirado.

La Ley hipoteca pretende vender los recursos ociosos del Estado y con el dinero que genera amortizar la elevada deuda interna que tiene el país.

La ley ha creado mucha polémica, varios sectores han dicho que lesiona los intereses del país y podría haber en el fondo un acto de corrupción.
Orle Solís, de la Democracia Cristiana, defendió la ley y pidió al presidente Lobo no pensarlo dos veces para sancionarla.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Ley-hipoteca-no-era-bien-intencionada

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Lobo anuncia que revelará nombres de 280 empresas que tienen concesiones sin operar

17:05
14
Agosto
2013
Tegucigalpa – El presidente Porfirio Lobo, reveló este miércoles, en San José de Colinas, Santa Bárbara, que dará a conocer los nombres de las 280 empresas que poseen concesiones, sin operar.

En ese sentido, refirió que la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, es un instrumento que no hipoteca ningún bien del Estado, lo que permite que el proyecto de la empresa que gane la concesión tenga seis meses para ejecutarla y además de eso, dar la garantía de pagar por adelantado o en su defecto que una institución financiera sea el garante del pago.

“Yo entiendo que muchos estén en desacuerdo, muchos porque están en campaña política, otros porque están en la hebra, y otros no conocen bien esa ley. No voy a convertir esto en tema de campaña política. No voy hacer nada con esa ley”, afirmó Lobo.

Asimismo, indicó que en el fideicomiso se pueden incluir la presencia de las municipalidades, empresarios y trabajadores. “Yo sé que para algunos es un problema, porque están acostumbrados que les den concesiones, nunca las trabajan y esperan que alguien se las compre como un peaje, con esta ley no hay chance”, aseguró el gobernante.

“Yo voy a dar el detalle de las 280 concesiones que no se están operando, ustedes sigan la hebra de los que se oponen, unos porque están en campaña, otros por actitud natural y unos que están acostumbrados a recibir beneficios sin entregar nada a las comunidades”, añadió.

Referente a las aseveraciones vertidas por el candidato presidencial del Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla, que la iniciativa de aprobar la conformación de la Policía Militar, era con la intención de reprimir al pueblo hondureño, luego de finalizar las elecciones generales del 24 de noviembre próximo, afirmó que “yo no participo de las campañas políticas, pero les voy a contar que cuando llegué a la Presidencia de la República, recibí un incremento del 12 al 13 por ciento de la tasa de homicidios, nada se averiguaba de los crímenes, en el segundo año se logró detener la tendencia, en el tercero se ha bajado un poco y en 2013, se podrá reducir aún más esos índices”.

“¿Cómo se ha hecho esto?, enfatizando en la prevención, e incluso con la iniciativa del ministro de Seguridad, Arturo Corrales, en la creación de una Policía Comunitaria; pues se ha logrado que en 2012, 13 municipios con cero homicidios, y en 2013, 56 municipios con cero homicidios, que ese es un esfuerzo local”.

Añadió que lo fundamental en la obtención de esos resultados es el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en las tareas policiales. “Sé que a muchos no les gusta desde el punto de visto esquemático o doctrinario, yo les digo, que sin la participación del Ejército, no se podría continuar con el proceso de reducción de pérdidas humanas. Ellos están listos para hacer esas funciones, han demostrado que tienen capacidad, pues el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), tiene previsto que se reducirán los homicidios al finalizar el 2013 en cinco por ciento y si lo contrastan esto que el incremento de antes, era entre un 12 y 13 por ciento, la reducción estimada es de un 18 por ciento, lo que significa salvar vidas”.

“Respeto la opinión de Salvador Nasralla, pero no la comparto y está equivocado, si él sueña que va a seguir reduciendo la tasa de homicidios sin la participación de las Fuerzas Armadas, está equivocado”, remarcó el mandatario.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/08/14/Term%C3%B3metro/Lobo.anuncia.que/73396.html

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Presidente Lobo declina continuar socialización de “ley hipoteca”

              Martes 13 de agosto de 2013
                           10:29 pm                            – Redacción 

Presidente dijo el fin de semana que “no voy a meter a mi partido o al candidato en un problema político” y casi descartó la sanción de la ley
La semana anterior, Lobo discutió la ley con las centrales obreras en Casa Presidencial.

La semana anterior, Lobo discutió la ley con las centrales obreras en Casa Presidencial. (Redacción)
                                    Tegucigalpa,Honduras

Todo apunta a que la razón se impondrá y que el Ejecutivo no sancionará la polémica Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública, también llamada “ley hipoteca”.

El presidente Porfirio Lobo declinó de continuar socializando la controversial iniciativa, según afirmó en las últimas horas, para no afectar la campaña del candidato presidencial oficialista Juan Orlando Hernández.

Incluso, el gobernante canceló una reunión entre el Consejo Económico Social (CES), la dirigencia obrera y la empresa privada, que había sido programada para el pasado lunes en la sede del Poder Ejecutivo.

Esto luego de haber iniciado una ronda de reuniones con diversos sectores que rechazan la ley mediante la cual se pretende poner en venta los recursos del Estado que están “ociosos” para hacerle frente a la elevada deuda interna.

El propio gobernante prácticamente dio por sentado el fin de semana que no continuará la socialización y que la ley quedará para que el próximo gobierno analice si conviene o no al país.

Lobo afirmó que no hará nada que afecte a su partido (Nacional) ante la ola de críticas y cuestionamientos desatados por la aprobación de la Ley en una sesión viciada del Congreso Nacional (CN) semanas atrás en Gracias, Lempira.

“Ahí va a estar, al final yo le digo una cosa, esa ley que tanto ha sido satanizada y yo entiendo, algunos porque han estado acostumbrados a que el Estado les dé concesiones y las tienen para negociar con cualquiera”, dijo.

“Yo lo que le digo que en esto tal vez hay que mejorar el tema de la veeduría social, que es lo más importante, pero la ley es sana, es noble… Yo no voy a meter a mi partido o al candidato en un problema político antes de las elecciones, de ninguna manera”, afirmó el gobernante.
Recursos

El gobierno asegura que mediante esta iniciativa se podrá ofrecer a inversionistas recursos ociosos en materia de energía, telecomunicaciones y recursos naturales, entre otros, para hacerle frente a los compromisos que representa el pago de la deuda interna.

Dicha deuda se estima en unos 60 mil millones de lempiras, según informes de la Secretaría de Finanzas.

“Yo no voy a enredar la campaña política del candidato con una ley que tiene la mejor intención, yo lo que les garantizo es lo siguiente, que el día de mañana el que gobierne y haya entorpecido esa ley se va a dar cuenta por qué era necesaria”, indicó Lobo.

Según el mandatario “la ley hipoteca” aún no es enviada al Poder Ejecutivo por parte del Congreso Nacional.

“Yo he dicho que no voy a enredar la campaña, ahí que la manden cuando quieran, cuando consideren, yo no voy a mover nada ya, es que mire yo me reúno a socializar pero como estamos en la campaña por mucho que hablemos ahí adentro cuando salen afuera dicen otra cosa, entonces no tiene sentido”.

La semana anterior la dirigencia obrera demandó al Poder Ejecutivo vetar la ley e iniciar un amplio proceso de socialización con las diferentes comunidades en el interior del país al considerar que la misma pone el peligro el futuro de los recursos que actualmente posee la nación.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, los fondos que genere dicha ley no serán para cubrir el gasto corriente (salarios), sino para el pago de la deuda interna.

El gobierno sostiene que la iniciativa garantiza que el Estado no aumentará su deuda ni contratará más préstamos, sino que contempla la búsqueda de inversionistas interesados en iniciar negocios con los recursos naturales ociosos.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Presidente-Lobo-declina-continuar-socializacion-de-ley-hipoteca

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Gobierno reafirma que existen recursos para garantizar las elecciones generales

11:36
12
Agosto
2013
Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Guillén, reafirmó este lunes, que existen los recursos necesarios para garantizar las próximas elecciones generales que se celebrarán el 24 noviembre.

La funcionaria afirmó que el financiamiento adicionalmente ofrecido el jueves pasado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Registro Nacional de las Personas (RNP), de 272 millones de lempiras, permitirá que el pueblo hondureño elija a sus nuevas autoridades en los comicios generales.

Sobre la calificación que la firma Standard and Poor´s hizo sobre Honduras al pasar de B más a B, manifestó que el ministro de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Wilfredo Cerrato, explicó que esas cifras no están validadas correctamente.

Subrayó que en la actualidad, el Estado cuenta con recursos de parte de organismos financieros internacionales y de la cooperación internacional, para desarrollar distintos proyectos sociales a nivel nacional.

Añadió que lo que no ha tenido Honduras, después de estar trabajando para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), son recursos de apoyo presupuestario, pero no obstante, manifestó que ese organismo multilateral, continúa ofreciendo su aporte en distintos programas de gobierno.

Entorno a la llegada de una misión del FMI al país a finales de este mes, refirió que aunque Honduras no ha logrado por los momentos un nuevo acuerdo con ese organismo financiero mundial, la visita de esos personeros es con el propósito de conocer el trabajo que está ejecutando el gobierno para mejorar los indicadores macroeconómicos.

“Nuestra relación con el Fondo es permanente, pese a que no hemos suscrito un nuevo acuerdo”, subrayó.

Recalcó que ningún país cooperante se ha retirado del país, pues siguen apoyando al Gobierno, en especial en programas sociales orientados a mejorar la alimentación y la seguridad ciudadana. “No hay ningún país que ha retirado su apoyo a Honduras”, reiteró.

Referente al proyecto de la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, afirmó que esa es una ley que no ha sido sancionada y se encuentra en proceso de socialización con los distintos gremios, por lo tanto no se puede evaluar la capacidad de reconversión, puesto que esa iniciativa no ha entrado en vigencia.

Añadió que el Presidente Pepe Lobo está en diálogo abierto con distintos sectores, a fin de dar a conocer el impacto que esa ley podría lograr para el país.

Referente al paro de transporte urbano y pesado convocado para mañana martes, manifestó que espera que los responsables del sector transporte se puedan sentar a la mesa para conversar y se logre un acuerdo.

La funcionaria exhortó al gremio del transporte para que desistan del paro, ya que afectan al sector público y privado que representan una parte de la fuerza laboral.

En el tema de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), informó que el presidente Porfirio Lobo, nombró una nueva Comisión Interventora que brindará un informe sobre la situación de esa institución, en base a la búsqueda de un socio estratégico, con el fin de sacarla a flote técnica y financieramente.

Concluyó que en ese sentido, el gobierno ha autorizado a Hondutel vender sus activos a la par de tomar acciones colaterales que serán revisadas por el Congreso Nacional, a fin de que la estatal de telecomunicaciones se vuelva una empresa rentable para el Estado.

Fuente;http://www.proceso.hn/2013/08/12/Pol%C3%ADtica/Gobierno.reafirma.que/73273.html

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Ley de Reconversión es igual a las concesiones que otorga Ley de Minería: diputado Dubón

09:18
10
Agosto
2013
Tegucigalpa – A criterio del diputado Rolando Dubón Bueso, la Ley de Reconversión de la Deuda Pública no contradice la Ley de Minería, porque lo mismo ocurre cuando se otorga una concesión a favor de una empresa particular para que explote recursos por varios años.

El congresista quien también fue dictaminador de la Ley de Minería, fue indagado por periodistas en relación al tema, por lo que el diputado aseguró que “no, de ninguna manera”, al aseverar que lo que buscan es reservar zonas con potencial para explotación minera y que las mismas pasen a ser parte de negociación público privadas.

“En la ley (de Reconversión) se prevé que el Estado pueda reservar zonas de potencial minero a efecto de poder hacer algunas negociaciones público-privadas, ya sea con empresas o con otros Estados”, expresó.

Añadió que esta determinación obedece a que “se ha criticado de que los recursos han venido, empresas a tributarlos y no dejan nada”.

Igualmente, dijo que con la normativa de implementar las negociaciones publico-privadas en la Ley de Reconversión, el Estado sería el intermediario directo de la explotación de los recursos del país.

“El objetivo que busca la Ley con esa normativa es tratar de que el Estado sea el intermediario directo de la explotación de los recursos y naturalmente pues y por el pago el Régimen de Ley que ya está vigente”, indicó.

Por lo cual reiteró que la Ley de Reconversión “no entra en contradicción” con la Ley de Minería.

Según el congresista, con la Ley de Reconversión no se están “hipotecando o vendiendo” los recursos naturales del país, porque la acción tendrá la misma naturaleza que las concesiones.

“Algunos hablan de que estamos hipotecando, que vendiendo, eso no es cierto, lo mismito ocurre cuando de conformidad a la ley (de Minería) se otorga una concesión a favor de una empresa particular, se le está dando una concesión para que explote esos recursos por una cantidad de 15, 20 o 30 años, en vez de que se haga eso, es mejor que el Estado haga la negociación directa con una empresa o con otro Estado”, puntualizó.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/08/10/Econom%C3%ADa/Ley.de.Reconversi/73174.html

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Ley Hipoteca, un saqueo por dos vías

En las últimas semanas la opinión pública nacional ha estado inmersa en el debate en torno a las consecuencias de la aprobación de la llamada “Ley Hipoteca”, o Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública. Ley presentada y aprobada el 20 de julio pasado, en tan solo un debate por el Congreso Nacional, en la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira.A pesar de las declaraciones emitidas por candidatos presidenciales denunciando la intención de vender el país [1] , y la clara intencionalidad que existe de parte del gobierno de facilitar los procesos de explotación indiscriminada de los recursos naturales, es preciso hacer un análisis que pueda extraer las características generales de esta ley en relación con el proceso de aplicación del modelo neoliberal en el país. Es evidente que la línea central de las acciones del gobierno Lobo-Hernández han ido dirigidas a contraer el rol del estado, en esta ley en especial; a reducir sus capacidades productivas y de inversión. En este proceso, se releva como el actor principal en la inversión al sector privado, lo que genera la profundización de la lógica mercantil en la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, es también importante señalar que más allá del estado, hay un proceso de acumulación de capital subyacente en la ley y que se da principalmente en 2 vías; la primera vía a través de la explotación de los recursos naturales y la segunda a través del pago de la deuda interna. Por último proponemos como necesario relevar la importancia que tiene el tema de la deuda interna en la promulgación de ésta ley; la deuda interna es el problema de fondo.

En este artículo se pretende en primer lugar, realizar una caracterización general de la Ley. A partir de esto, en segundo lugar, se procederá a identificar la lógica neoliberal subyacente en este proceso. En tercer lugar, se hace un breve esbozo de la deuda interna y el pago de ésta como un elemento fundamental para el análisis. En cuarto lugar, se reflexiona sobre la explotación “racional” de los recursos en el modelo neoliberal y su impacto ambiental. En quinto lugar, se argumenta, de forma general, cómo esta Ley expresa un proceso de ganancias para los capitalistas mediante dos vías: explotación de recursos y pago de deuda interna. Y por último, se evalúan algunas implicaciones políticas de la Ley en relación al contexto electoral.

Características generales.

La ley comprende 14 artículos que expresan las características generales del programa de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado. Si bien la redacción tiende a ser confusa en varias secciones, hay algunos elementos identificables. En términos generales esta ley expresa que el Estado podrá concesionar los recursos naturales ociosos para su explotación por medio de una licitación, en la cual se recibirá un valor por el potencial que podría producir la explotación de determinado recurso natural o infraestructura, ya sea minero, bosque, agua, comunicaciones etc. El pago por la explotación de estos recursos será orientado exclusivamente al pago de la deuda interna que han contraído los gobiernos hondureños.

Para darle forma a este programa se establece, como apunta el artículo 2 de esta Ley, una autorización para estructurar un fideicomiso en el Banco Central de Honduras, el cual funcionará como supervisor de los activos previstos en el programa, los que incluyen los proyectos de explotación de recursos naturales e infraestructura.

Para identificar los proyectos que podrían formar parte del programa se establece en el artículo 3 la obligación a todas las secretarías de Estado de realizar un inventario sobre los proyectos y activos ociosos que podrían ser susceptibles de explotación. Cada inventario deberá ser entregado a la Secretaría de Finanzas.

El proceso de selección de los proyectos a desarrollar estará a cargo de un comité técnico integrado por El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas; un titular de Coalianza; El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y un representante de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba).

Como se ha mencionado; la redacción de este proyecto de Ley deja muchas dudas e incógnitas en lo que referente a la explicación detallada del funcionamiento del proceso. No existe una descripción de lo que significan algunos términos técnicos utilizados; los 14 artículos están redactados de manera confusa y ambigua, lo que da lugar a múltiples interpretaciones.

Sin embargo, a raíz de la información obtenida y de los componentes de la ley puede realizarse un esfuerzo de explicación a nivel general. Para una ilustración sobre cómo funciona este proceso de concesión de activos ociosos del Estado podemos valernos del siguiente ejemplo: Una empresa desea explotar una mina y para ello realiza un estudio de factibilidad y, por tanto, realiza una estimación de ganancias alrededor de unos 30-40 millones de dólares, contando los costos producidos por la inversión entre otros. Luego de evaluar las posibilidades de obtener una ganancia la empresa decide participar en la licitación para invertir en la explotación de la mina. Se presenta una oferta a las instancias correspondientes las cuales lo remiten al Banco Central, el cual busca un banco privado que actué como fiduciario para realizar el proceso de licitación. Mientras se realiza este proceso, el Estado establece un pago de 8 millones de dólares por la concesión de explotación. Este pago pasa directamente hacia el fideicomiso que donde se decidirá la forma de pago de la deuda pública interna.

Lógica neoliberal

Bajo la anterior descripción puede comprenderse la estructura general de la Ley de reconversión. Así mismo pueden identificarse algunas características generales en relación con cuestiones económicas y políticas:

A) El débil rol del Estado como inversor en proyectos de desarrollo y explotación de los recursos naturales.

B) La visión de la inversión privada como eje fundamental para la explotación de los recursos naturales.

C) Una mercantilización de los recursos naturales.

D) La orientación unilateral de utilizar los fondos captados por el fideicomiso en el pago de la deuda interna.

E) El papel que juega la banca privada como beneficiaria de este proceso.

Algunos funcionarios del gobierno y congresistas han salido en defensa de la ley aduciendo la necesidad de poner orden a las finanzas públicas. Así mismo, justifican la adopción de estas medidas a la herencia de un “desorden fiscal” producto del incremento de la deuda interna durante el gobierno de Manuel Zelaya y durante los 8 meses del gobierno de Michelletti luego del golpe de Estado del 28 de Junio de 2009, tal y como expresó Lobo Sosa hace algunos días [2] .

Precisamente, las características descritas expresan la lógica neoliberal subyacente en esta Ley. En primer lugar, la mercantilización de los recursos naturales es una expresión concreta del proceso de concentración de la riqueza ampliada que defiende el modelo. En este caso, no solo la tierra ya es objeto de venta y mercantilización (como lo fue la Ley de Modernización Agrícola) sino que también se mercantilizan los bosques, fuentes de agua, servicios públicos y minas en proceso de profundización del modelo neoliberal.

En segundo lugar, el Estado se retira como un actor relevante y decisivo de la inversión tanto productiva, infraestructural y de servicios. Y, en tercer lugar, esta mercantilización, no disocia al Estado de sus capacidades para establecer las bases legales, institucionales y formales en el proceso. La lógica neoliberal exige del Estado todas sus capacidades institucionales para potenciar la penetración del capital nacional y transnacional en los bienes públicos mientras se retira como inversor en estas esferas. De esta forma, no adquiere ni siquiera un papel de co-inversor con las empresas privadas, no se propone una inversión mixta de carácter público-privada donde pueda extraerse mayores ganancias a partir de la explotación de los recursos naturales.

El pago de la deuda interna; el problema de fondo.

A partir del golpe de Estado en el 2009 y en el sucesivo gobierno de Lobo Sosa la deuda interna ha experimentado un crecimiento que actualmente, se sitúa en 56,719.7 millones de lempiras (según el primer informe trimestral del 2013 realizado por la Secretaría de Finanzas). Es indudable que la deuda interna se ha incrementado sostenidamente con el gobierno de Lobo y más con la emisión de bonos para cubrir los gastos del Estado.

En los tres primeros años de gestión gubernamental (2010-2012) el saldo del endeudamiento interno pasó de 22,988.3 (cifra aproximada de acuerdo al cuarto informe trimestral del 2009) a 54,522.6 millones de lempiras (cifra aproximada de acuerdo al cuarto informe trimestral del 2012), con un incremento de 31,534.3 millones, equivalentes a un 137.2%, según cifras del Banco Central de Honduras (BCH).

Sin embargo, es necesario identificar que durante la administración de facto del gobierno de Micheletti se inicia el descontrolado incremento de la deuda interna. Como puede verse en la siguiente gráfica la composición de la deuda pública tuvo un cambio en su estructura debido a que a partir del 2009 la deuda interna cobra un mayor porcentaje del total de la deuda.

Deuda Pública en Honduras de 2007 – 2012

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Deuda Interna (Millones de US$) 352.0 684.3 1,224.8 1,985.7 2,543.8 2,731.2
Deuda Externa 2,027.5 2,358.9 2,483.8 2,847.4 3,223.0 3,665.7
Deuda Pública Total 2,379.5 3,043.2 3,708.6 4,833.1 5,766.8 3,665.7
Deuda Pública Total / PIB 19.2% 21.9% 25.4% 30.5% 32.6% 34.8%

Fuente: Secretaría de Finanzas (SEFIN – Honduras)

Entre el 2008 y 2009 la deuda interna incrementa pasando de 684.3 millones de dólares a 1,224.3, lo que significó un incremento de aproximadamente un 79% en menos de un año. En consecuencia, la deuda interna pasó de representar el 23% de la deuda pública total a un 34% en menos de un año. Este colosal endeudamiento se produjo en su mayoría durante el gobierno de facto de Micheletti, el cual procedió al endeudamiento interno como recurso frente al aislamiento internacional y las repercusiones financieras que ésta trajo consigo. En todo caso este endeudamiento representó una oportunidad inmejorable para el capital financiero para procurar enormes ganancias a raíz de la crisis producida por el golpe de Estado.

De esta forma la deuda interna y el pago de intereses y capital de la misma se ha convertido en una fuente de acumulación de capital para los grandes empresarios asociados al capital financiero, quienes han aprovechado la necesidad de fondos de parte del Estado para prestar dinero. Por tanto, este proceso tiene una orientación de beneficio orientado hacia la capital financiero, el cual ha acumulado capital a expensas de préstamos con el Estado de Honduras.

¿Explotación racional? Una cuestión de impacto medioambiental

En este contexto es preciso preguntarse ¿Es posible la explotación racional de los recursos naturales dentro de esta lógica neoliberal? Esta pregunta tiene implicaciones tanto económicas como ambientales.

Para responder a esta pregunta nos valdremos de 2 argumentos. En primer lugar, como puede documentarse a través de algunos ejemplos, Honduras ha sufrido una explotación sin control de sus recursos naturales tanto de forma legal como ilegal. Y, en segundo lugar, las débiles capacidades institucionales del Estado hondureño, en su forma neoliberal, sientan las bases para la explotación sin control de los recursos en la medida en tanto que su rol como inversor disminuye, al mismo tiempo establece el marco legal e institucional para la mercantilización de los recursos.

1.- Es absurdo hablar de explotación “racional” cuando la historia de la explotación de los recursos en Honduras ha seguido un patrón más bien descontrolado e irracional. Numerosos ejemplos en los sectores de minería, bosque y tierra demuestran los efectos desastrosos de la introducción de la lógica mercantilista en estos procesos.

2.- Teniendo en cuenta las características institucionales del Estado hondureño es difícil no poner en cuestionamiento los efectos medioambientales que tendrían estas concesiones sobre los recursos naturales, en especial por las pocas o nulas capacidades de control, regulación y seguimiento que se podrían tener. Ninguna empresa nacional o extranjera invertirá en una concesión a corto plazo donde la rentabilidad de la inversión será mínima, por tanto, es lógico pensar que las explotaciones de los recursos serán concesiones en términos de largo plazo para maximizar las ganancias de estas empresas.

En definitiva, es difícil controlar la explotación racional de los recursos cuando se sigue una lógica de explotación capitalista, orientada hacia la maximización de la ganancia. Por otra parte, es complicado pretender regular estos procesos si el Estado actúa simplemente como un facilitador de la mercantilización de los recursos naturales.

Un proceso de ganancias capitalistas por dos vías

En la medida de que la Ley adquiera un carácter más concreto -en tanto el Estado logre concesionar algunos de los activos ociosos- se inicia un proceso de acumulación de capital. Es decir, este proceso, en tanto se logre desarrollar, significa mayores ganancias para los grandes capitalistas. Al analizar los posibles efectos de la promulgación de la ley podemos concluir que las ganancias para los capitalistas se expresan por dos vías:

La primera vía es por medio de la mercantilización y apropiación de activos públicos mediante concesiones a un determinado plazo (en este caso infraestructura, recursos naturales y servicios) hacia su explotación por parte del capital transnacional y/o nacional. Este tipo de apropiación de los recursos va en detrimento de las comunidades quienes sufrirán los efectos ambientales y económicos de la explotación de los recursos.

Las comunidades no serán las mayores beneficiadas de esta explotación, en cambio recibirán un impacto a nivel de degradación medio ambiental, además de un probable proceso de desplazamiento territorial dependiendo del tipo de inversión a realizar (en el caso de carreteras o construcciones hidroeléctricas). Los mayores beneficiados serán las empresas transnacionales, quienes tendrán una mayor ventaja para poder ofertar para la explotación de recursos y con un poco o nulo control tributario sobre las ganancias percibidas.

La segunda vía es mediante el pago de la deuda interna a través de los fondos recibidos a partir del fideicomiso. El pago de los altos intereses a lo que el Estado se somete a través del endeudamiento interno es una fuente de acumulación para el capital financiero. En este caso son los grupos financieros que han financiado la deuda interna, la cual se disparó durante el gobierno de Michelletti y Lobo Sosa.

En resumen, los activos públicos, es decir, bosques, carreteras, telecomunicaciones, minas entre otros recursos naturales, son subastados mediante concesiones a un determinado plazo de tiempo; por concepto de explotación de estos activos el Estado recibe un monto económico que va directamente hacia las manos de los banqueros que han prestado dinero al Estado en los últimos 4 años. Todas estas formas de acumulación son respaldadas por el Estado quien con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos.

En ningún momento el receptor de beneficios es el pueblo o las “futuras generaciones”. Es en este sentido donde mencionamos que existe un saqueo al pueblo por dos vías, por la explotación de sus recursos en manos de grandes empresas y por el pago, a partir de esta explotación, de una deuda adquirida en los últimos años.

Contexto político

Indudablemente, existen determinantes políticas para la promulgación de esta ley; en este año electoral el panorama político se muestra difícil para el Partido Nacional debido a las múltiples debilidades de su administración; para tomar algunos ejemplos el incremento de la violencia así como la precaria situación económica dejan muchas críticas para la gestión gubernamental. Además, deben mencionarse las diversas acciones del Congreso Nacional que profundizan el daño al sistema político nacional así como el Estado de Derecho. La gestión de Lobo y las acciones del Congreso Nacional ha dañado en alguna medida la popularidad del candidato Juan Orlando Hernández (presidente del Congreso) de cara a las elecciones de Noviembre.

En términos generales, el análisis efectuado de esta ley revela que existe una clara intencionalidad de blindar el pago de la deuda interna ante un contexto político incierto en donde el Partido Nacional puede perder las elecciones. Todos los fondos que se reciban irán para el pago de la deuda interna, además como establece el artículo 11 de la ley, tampoco podrán ser empleados para pagar la deuda pública contraída después de la entrada de vigencia del decreto. En todo caso, se deja al próximo gobierno con una pesada deuda interna y con la obligación de pagarla con los proyectos de explotación de los recursos que venda este gobierno en sus últimos meses. Este gobierno deja una situación financiera delicada donde se deja un espacio limitadísimo para la renegociación de la deuda interna, y paralelamente se recibe un Estado ya comprometido mediante las concesiones de explotación de los recursos.

¿Qué opciones quedan? La primera opción sería tratar de buscar una solución dentro de las alternativas que ofrece la lógica neoliberal y que ha aplicado en otros países: disciplina fiscal y recortes públicos. Esto significa entrar en la dinámica de los dictados de los organismos de financiamiento internacional quienes exigirán duras medidas económicas para “salir” del problema de la deuda interna. En este sentido algunos sectores abogan por un rescate financiero respaldado por estos organismos. El gran resultado sería un gran sacrificio del pueblo hondureño quien sufriría las mayores consecuencias de un proceso de profundización del modelo neoliberal.

Otra opción es considerar la posibilidad de una renegociación de la deuda interna. Esta posibilidad parece remota en tanto el capital financiero no estaría dispuesto a renegociar las condiciones de pago y de interés de la deuda que contrajo el Estado (además, gran parte de la deuda interna está negociada a tasas de interés variable). En todo caso, intentarían sabotear cualquier intento orientado a perjudicar estas enormes ganancias que han obtenido por medio de préstamos a altas tasas de interés. Esta cuestión expresa una decisión política que debe tomar el próximo gobierno en la medida de que el pago de la deuda sea cada vez más asfixiante para las finanzas del Estado. Renegociar la deuda significa entrar en clara confrontación con el capital financiero y, por consecuencia, con un importante sector de la oligarquía nacional que posee un gran peso económico y político.

La decisión que adopte el próximo gobierno expresará una importante cuestión en términos de políticos: Si se usarán las capacidades del Estado para defender los procesos de profundización del modelo neoliberal o para iniciar un proceso de construcción alternativa a este modelo.

CONCLUSIONES

La redacción de la Ley de Reconversión deja ambigua algunas cuestiones relativas a la definición de conceptos y explicación sobre cómo funciona este proceso de titulación de activos ociosos. Sin embargo, es posible señalar que su pretensión principal es la concesión de recursos ociosos del Estado para su explotación por parte del capital transnacional y/o nacional, por lo cual se recibirá un monto económico orientado al pago exclusivo de la deuda interna.

En esta Ley subyace la lógica neoliberal orientada hacia la mercantilización de los recursos en manos del Estado, al tiempo que este proceso profundiza el desplazamiento de éste como un inversor en la explotación de estos recursos. Esto tiene profundas consecuencias ambientales en relación con la destrucción del ambiente y económicas en términos de captación de recursos económicos.

El problema esencial está referido al pago de la deuda interna. Este proceso de concesión de los recursos expresa la necesidad que tienen los grupos financieros de asegurarse, de alguna forma, el pago de la deuda interna que ha contraído el Estado en los últimos años. Ante el incremento sostenido de la deuda pública es necesario establecer mecanismos que permitan el pago de los plazos de la deuda en el contexto político actual del país.

Es en este sentido que hablamos de un saqueo por dos vías. La primera vía es mediante la facilitación de la penetración de capital transnacional y/o nacional sobre la explotación de recursos no explotados todavía para beneficio de los capitalistas. Y la segunda se expresa mediante el abusivo pago de la deuda interna a altas tasas de interés y, por tanto, el sometimiento de las finanzas públicas al interés del capital financiero.

Notas:

[1] Pueden verse estos enlaces para conocer algunas de las distintas posturas a nivel de medios de comunicación http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/Escepticismo-genera-dialogo-para-revisar-ley-hipotecahttp://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Economia/Se-esta-liquidando-a-Honduras-Fosdeh

http://www.proceso.hn/2013/07/28/Term%C3%B3metro/Ex.embajador.en/72529.html

http://proceso.hn/2013/07/28/Pol%C3%ADtica/Villeda.sobre.Ley/72532.html

[2] Estos son algunas posiciones sobre la defensa de la Ley de Reconversión de la deuda:

http://www.latribuna.hn/2013/07/26/ley-de-reconversion-de-deuda-publica-desata-dudas-entre-diversos-sectores/

http://www.latribuna.hn/2013/07/26/ley-de-reconversion-es-por-caos-que-hubo-en-gobierno-anterior/

http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Con-nueva-ley-no-solo-el-Estado-se-arriesga

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172179

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Lluvia de alternativas para prescindir de ley “prepago”

Lo más reciente  9 agosto, 2013   –   12:35 AM 

 

Concesionar solo un recurso natural o implementar un pacto fiscal son algunas ideas que aportaron ayer representantes de distintos sectores, en el marco de la discusión de la polémica Ley de Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública.

Calculan que al final de este gobierno el endeudamiento público, interno y externo, superará los 180,000 millones de lempiras.

Calculan que al final de este gobierno el endeudamiento público, interno y externo, superará los 180,000 millones de lempiras.

También crear una comisión multisectorial para estudiar otras opciones viables y legales, que no comprometan en su totalidad los recursos del país, explicaron expertos que asistieron al conversatorio sobre dicha ley, que se realizó en uno de los salones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Por ejemplo, el sector minero sugiere vetar el proyecto tal como lo aprobaron los diputados el 25 de julio pasado, y en su lugar, implementar un proyecto similar al que acaba de suscribir Bolivia con una empresa minera de Suiza, que le permitirá acceder a fondos frescos sin comprometer el resto de los recursos naturales.

Argumentan que este tipo de licencias han tenido éxito en otros países latinoamericanos como México, Perú y Colombia.

El novedoso programa de obtención de recursos implementado por el país suramericano no lesiona la autonomía del Estado, argumentaron los expositores.

De esa manera, la presente administración accedería a recursos para terminar el año aliviando la deuda pública que calculan en más de 180,000 millones de lempiras.

Otra idea que plantearon es la puesta en marcha de un pacto fiscal, integral, en el que todos los sectores pongan una parte de sacrificio; sin embargo, fueron conscientes que la idea fue estructurada en enero de este año, pero se quedó en teoría.

UNA IDEA DESCABELLADA

Una de las opciones que dan es otorgar solo una parcela ociosa, no todas las que tiene el Estado.

Una de las opciones que dan es otorgar solo una parcela ociosa, no todas las que tiene el Estado.

La mayoría de asistentes coincidieron en que esta ley es una de las ideas más descabelladas que se le ha ocurrido a la clase política del país, porque no es transparente.

De igual forma porque se entregan los recursos naturales, tanto mineros, hídricos y bosques a empresas privadas nacionales o del exterior, mediante la venta de bonos calculados a futuro de los proyectos que se podrían explotar.

Asimismo, estiman que consiste en una evidente confiscación de los bienes de Honduras, pues serían traspasados a manos privadas y a lo único a que podría tener derecho el Estado es a unos pírricos impuestos o cánones.

De esta manera, el país perdería independencia económica y, por ende, dejaría de atender las demandas sociales, como salud, educación, entre otras obligaciones que tiene con el conglomerado.

A modo de ilustración mencionaron que el gobierno ha concesionado obras viales, portuarias y de energía ya construidas por medio de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas, añadieron.

GOBIERNO CRECIÓ 14% Y LA ECONOMÍA APENAS EL 3%

No obstante, concuerdan en que la situación de las finanzas públicas es complicada, en parte porque el gobierno ha crecido en más del 14 por ciento, mientras la economía apenas lo hace a ritmos inferiores al 3 por ciento.

Calculan que al final de este gobierno el endeudamiento público, interno y externo, superará los 180,000 millones de lempiras, pero los índices de pobreza más bien han crecido, por la reducida inversión social y en infraestructura.

Asimismo, que los funcionarios que entreguen los bienes del país mediante la ley en cuestión se estarían exponiendo a ser reparados civil y penalmente, porque estarían violando disposiciones expresas en la Constitución de la República y leyes secundarias.

En resumen, explicaron que la crisis se debe al gasto desmesurado que ha hecho este gobierno, pero que de todas maneras hay que salvar el país, pero evitar que administraciones futuras vuelvan a poner en riesgo las finanzas públicas.

De igual manera, las opciones para salir del bache no deben incluir comprometer los bienes que dispone la nación. (JB)

Argumentos del Cohep
**Oposición a la Ley de Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública.

 

**Presentar al Poder Ejecutivo los resultados de los estudios realizados por las comisiones de la cúpula empresarial, que no deben de entenderse como observaciones, sino como razonamientos analíticos que fundamentan la posición de la empresa privada.

**Proponer respetuosamente al Presidente Porfirio Lobo Sosa, al menos, una alternativa que le permita al Estado de manera inmediata impulsar un programa viable y legal para la obtención de recursos económicos para el alivio de la deuda pública.

**Crear una comisión presidencial para analizar las alternativas sobre bienes públicos determinados, con participación de varias entidades estatales relacionadas con las finanzas del país.

Opiniones:
SANTOS-GABINO-CARBAJAL--Sector minero Transgreden varias leyes
El representante de la industria extractiva, Santos Gabino Carbajal, explicó que la Ley de Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública pone al Estado como fiduciario, fideicomitente y concesionario, transgrediendo varias normativas vigentes.

 

Asimismo, que de ser sancionada, el país estaría despojándose de valiosos recursos naturales a cambio de ínfimos cánones o tributos, lo que pondría en riesgo la existencia del mismo Estado.

No obstante, mencionó que existe una variada gama de opciones para aliviar la carga de la deuda pública sin tener que comprometer el total de los bienes nacionales considerados ociosos.

EDWIN-ARAQUEExpresidente del BCH El déficit superará los 25,000 millones de lempiras
Para el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Edwin Araque, los apuros del gobierno se deben al aumento del gasto corriente, lo que ha puesto en riesgo la economía del país.

 

El exfuncionario calcula que este gobierno terminará con un déficit fiscal que en valores absolutos podría llegar a 25,000 millones de lempiras.

Asimismo, que la debacle se ha originado desde el Congreso Nacional, desde donde se han creado compromisos económicos sin imputación financiera, creando así más deuda flotante.

Gabriel-PerdomoSociedad civil Ley debe ser vetada
El representante del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Gabriel Perdomo, expresó que la posición de la sociedad civil y el sector privado es que se vete esa ley.

 

También, que la implementación de la misma provocará incertidumbre financiera, llevando al Estado a una situación de quiebra plena o default.

Igualmente, que este tipo de leyes solo se pueden utilizar en casos extremos y la situación de Honduras no está para aplicar medidas feroces, se debe de tomar como la última carta de salvación.

Además, que el gobierno se encuentra en condiciones económicas complicadas, porque aplicó políticas desacertadas, sin escuchar el clamor de la empresa privada y demás agentes económicos.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/08/09/lluvia-de-alternativas-para-prescindir-de-ley-prepago/

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Amid Repression, Honduran Congress Fast Tracks Resource Development

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Written by Dan Beeton
Friday, 02 August 2013 13:30

A contentious new law on “development promotion” that quickly passed the Honduran congress last month has provoked alarm in communities already trying to halt projects that could roll over indigenous rights and damage the environment. The “Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública” (Development Promotion and Public Debt Restructuring Act) – passed under unusual and controversial congressional rules – will facilitate the sale of various public and natural resources for development purposes.
Legislators promoting the bill cited Honduras’ fiscal woes, saying revenue generated through the sale of concessions and of public assets would help the government pay off its debt. A new report [PDF] from the Congressional Research Service notes:

Honduras suffered an economic contraction of 2.4% in 2009 as a result of the combined impact of the global financial crisis and domestic political crisis. Although the economy has partially recovered, with estimated growth of 3.3% in 2012, the Honduran government continues to face serious fiscal challenges. The central government’s deficit has been growing in recent years. As it has struggled to obtain financing for the budget, public employees and contractors occasionally have gone unpaid and basic government services have been interrupted. Honduras also continues to face significant social disparities, with over two-thirds of the population living in poverty.

The CRS report goes on to state that “President Lobo also inherited a weak economy with high levels of poverty and inequality.” But as we described in a November 2009 report, “poverty and inequality decreased significantly during the Zelaya administration, with rapid growth of more than 6 percent during the first two years,” and “Some expansionary monetary policy was used to counter-act the global downturn in 2008.” This was interrupted by the coup – the “domestic political crisis” referred to by CRS — to which we noted the Honduran economy was “especially vulnerable,” as well as to the global economic downturn.

If the Honduran government now has a fiscal deficit problem, that would seem to be the result of policies of the post-coup governments and their response to the global recession. As we also noted in November 2009:

The Zelaya administration reduced the fiscal deficit, as a percent of GDP, from 3.35 in 2005 to 2.34 in 2008. In 2006 and 2007, the deficit was held at 1.12 and 2.9 percent of GDP, respectively.

In contrast, the fiscal deficit was  4.62 percent of GDP in 2011 and 6.06 percent in 2012.
Our 2009 report added, “It is also worth noticing the important decrease in public debt, as a percent of GDP…” Using revised ECLAC numbers, we can see this went from nearly 45 percent in 2005 down to 18.3 and 19.1 percent in 2007 and 2008, respectively. Following the coup, the public debt has steadily increased year after year, reaching 29.2 percent of GDP last year.

Some observers both inside Honduras and out see the new legislative move as being perhaps at least partly motivated by politics as the November elections draw closer, and polls continue to show LIBRE party candidate and former first lady Xiomara Castro de Zelaya with a lead over her opponents. The idea that Lobo government-allied legislators may be trying to accomplish some big goals while they still can is given credence by remarks such as this one from National Congress Secretary Chang Castillo:

[W]e are not handing over the country to foreign interests; what we are doing is to make national assets serve as collateral to alleviate the financial crisis that plagues this government and that will overwhelm the next government even more, regardless of which party it comes from. We now only have six months in office to hand over power and we do not know who will win because we don’t have a crystal ball to know who will win. [Emphasis added.]

The law could have far-reaching implications for several areas of the country where local communities have opposed new development projects. Its passage came just a week following the shooting death of Tomás García in Río Blanco, where members of the indigenous Lenca community are opposing the construction of a series of new hydro-power dams by the Honduran company DESA and the Chinese SINOHYDRO.
As Rick Kearns reported in Indian Country Today, Honduran soldiers fired on García, a leader of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations (COPINH), “in front of the contested Agua Zarca hydroelectric project headquarters in the town of Achotal,” killing him. They also shot his 17-year-old son, Alan, who was seriously injured. (Observers from School of the Americas Watch documented Alan’s injuries and Tomás García’s funeral in this photo essay, and provided their own account of the events here.) The incident was denounced by Amnesty International, which issued an alert expressing “grave concerns for the safety of protesters” in the area.

Tomas García’s murder follows an escalation of harassment against COPINH General Coordinator Berta Caceres. Caceres was recently hauled before a judge on bogus weapon charges, which were subsequently provisionally dismissed. COPINH and its supporters note that there was significant local and international outrage to this persecution against Caceres, but even so, the prosecutor has appealed the dismissal, and COPINH and its supporters remain greatly concerned that the authorities may continue to go after Caceres and other leaders of the movement.

Another area where a local community is concerned about the impact of resource exploitation is Nueva Esperanza in the department of Atlántida. According to the Honduras Accompaniment Project, “armed men have been…terrorizing the villagers and threatening those who refuse to sell their land to the mining company [Minerales Victoria].” In an incident that alarmed human rights organizations (and which was also condemned by Amnesty International [PDF]), on July 25 two foreign human rights observers, Daniel Langmeier, a Swiss national, and Orlane Vidal, from France, were abducted by armed men who forced them into a truck. The men warned “not to come back to the community because something bad might happen to us,” Vidal recounted in an interview with Honduras Laboral that was translated by Clayton Conn and posted on Upside Down World.

Caceres, Langmeier, and Vidal recounted their recent experiences – along with other rights activists, political party members and others – in a recent press conference organized by the Committee of the Detained and Disappeared in Honduras, which is summarized here (in Spanish).

Fuente: http://www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/amid-repression-honduran-congress-fast-tracks-resource-development

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“Ley hipoteca” no aplicará a 180 concesiones

              Miércoles 31 de julio de 2013
                           11:02 pm                            – RedacciónTodas fueron adjudicadas de manera “indefinida” entre 1960 y 2002. Aunque están ociosas, el Estado deberá indemnizar.

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                                    Tegucigalpa,HondurasLa Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Interna, que la oposición llamada “ley hipoteca”, no podrá ser aplicada a unas 180 concesiones mineras ociosas salvo que el Estado indemnice con sumas millonarias a las compañías beneficiadas.

El problema es que estas concesiones fueron tramitadas por el mismo Estado hondureño de manera “indefinida” y no han sido aprovechadas por los beneficiarios por razones de capital, según fuentes consultadas por EL HERALDO en organizaciones mineras.

Las concesiones fueron otorgadas entre 1960 y 2002, primero bajo la Dirección General de Minas e Hidrocarburos y posteriormente con la recién desaparecida Dirección General de Fomento de la Minería (Defomin).

Fueron los gobiernos de Ramón Villeda Morales, Oswaldo López Arellano, Juan Alberto Melgar Castro, Policarpo Paz García, Roberto Suazo Córdova, José Azcona, Rafael Leonardo Callejas, Carlos Roberto Reina y parte del dirigido por Ricardo Maduro los responsables de haber extendido concesiones mineras con carácter de indefinido porque fueron los que dirigieron el país entre 1960 y 2002.

La cuestionada “ley hipoteca” procura vender los bienes ociosos del Estado y que ese dinero sirva, según las explicaciones oficiales, para pagar la deuda interna.

Sin embargo, los críticos dicen que se está vendiendo el país en pedazos.

Las concesiones sumaron 300, entre metálicas, no metálicas y piedras preciosas pero la gran mayoría no están operando porque las empresas se quedaron sin recursos.

Según las fuentes consultadas por EL HERALDO, hubo empresas que invirtieron hasta cinco millones de lempiras en estudios de factibilidad y otra cantidad similar en el proceso de gestión de licencias ambientales, y no continuaron con la fase de explotación.

De las 300 concesiones, hay un poco más de cien empresas, bajo la modalidad de no metálicas, que están extrayendo arena, graba, piedra, canteras y piedras de adorno o decorativas, entre otras.

La mayoría de estas empresas son de capital hondureño.

De las metálicas, que son la mayoría, solo tres están operando y todas son de capital extranjero: Minerales de Occidente está explotando la mina San Andrés, en La Unión, Copán donde explota oro y plata. En El Mochito, Santa Bárbara, la Nystar (antes Apac), extrae, gracias a la concesión, plomo, plata y zinc.

La mina Clavo Rico, ubicada en El Corpus, Choluteca, rica en oro y plata, es aprovechada por la firma Cerro del Sur.

Hay otras tres empresas, bajo la modalidad de no metálicas, que están sacándole provecho a la concesión.

Estas empresas de capital extranjero son Finestar, ubicada en Monterredondo, Cedros, Francisco Morazán. Explota óxido de hierro.

En Puerto Cortés, por su parte, opera Sapadril/Agrecasa, que extrae piedra calisa, mientras que en La Entrada, Copán, explota óxido de hierro la empresa Minas y Canteras.

Si el gobierno de Lobo Sosa quiere aplicar la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Interna a las empresas dueñas de concesiones, o expropiarlas en todo caso, “hay que indemnizar a esas personas, si expropia está expuesto a demandas en lo contencioso administrativo. Son empresas que aunque no las están trabajando el Estado les dio un derecho”, dijo la fuente .

“Si lo vemos desde la óptica de lo contencioso administrativo, para el Estado sería una demanda potencial si se arrebata sin una justa causa y sin buena justificación derechos que ya les reconoció el mismo Estado”, añadió.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Ley-hipoteca-no-aplicara-a-180-concesiones

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La Ley de Reconversión es un adefesio jurídico tramposo

Lo más reciente  31 julio, 2013   –   12:35 AM

El presidente de la Comisión Jurídica de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y especialista en Derecho Minero, Santos Gabino Carbajal, es del criterio que la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, es un verdadero adefesio jurídico tramposo.

Santos Gabino Carbajal

Santos Gabino Carbajal

Según indicó, el decreto aprobado el 20 de julio por el Congreso Nacional, es incoherente y hasta el propio nombre que se le dio es una trampa, pues su redacción en lenguaje retórico se presta para la discrecionalidad e interpretaciones y usos interesados.

LA TRIBUNA entrevistó al reconocido abogado, quien expresó que definitivamente esta ley es inconstitucional y se contrapone a la Ley de Minería, Ley de Contratación del Estado, Ley de la Administración Pública y tratados internacionales en materia financiera, suscritos por Honduras.

LA TRIBUNA (LT): ¿Qué opina de la decisión del Presidente, Porfirio Lobo, de sancionar la Ley de Promoción de Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública?

Santos Gabino Carbajal (SGC): A nuestro juicio la riqueza que representan los recursos naturales de un país son posiblemente el eje y motor para el crecimiento económico, y quizá el más importante potencial para el desarrollo y para la reducción de la pobreza, de tal forma que si los recursos naturales, son un patrimonio de la humanidad y por tanto pertenecen al pueblo, quien los administra debe actuar, con el celo y la prudencia de un buen padre de familia, y todas sus ejecutorias deben ser adecuadas para evitar que se produzcan efectos económicos y sociales negativos.

En mi criterio, si el Presidente de la República, como administrador de los bienes del Estado, sanciona esta ley, estará cometiendo un atentado contra el futuro del país, porque esta ley promueve la venta e hipoteca de nuestros recursos y permite la apropiación de los ingresos que las finanzas públicas deben recibir en el futuro.

LT: ¿Esta Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública otorga al Estado y a los inversionistas, seguridad jurídica?

SGC: Definitivamente no, si se analiza en contexto toda la ley, encontramos que ni el Estado adquiere certeza jurídica, ni los supuestos inversionistas tienen seguridad jurídica, en primer lugar el Estado conforme a estas disposiciones pondrá los recursos naturales y los proyectos de infraestructura en un fideicomiso, en el cual el propio Estado es fiduciario, fideicomitente y fideicomisario, es decir titular, sedente y beneficiario de los productos de esos recursos, pero estos recursos son la garantía única de pago de los títulos de inversión y se declaran patrimonio autónomo del fideicomiso: Esto significa que en caso de conflicto, si se llegase a ejecutar la garantía, el Estado tendría que entregar al comprador de los títulos, los proyectos afectos al fideicomiso, esto tendría como resultado que Honduras podría quedar en manos de decenas de dueños privados.

En cuanto al adquirente de los títulos, no tiene seguridad jurídica, porque ni siquiera parte del fideicomiso, sino parte de una nueva figura denominada subfideicomiso, en donde los subfiduciarios son empresas y bancos privados, que son los que emitirán los títulos, los pondrán en el mercado y por medio de un comité técnico se encargarán de las contrataciones respectivas, y de seleccionar a los desarrolladores de los proyectos y otra cosa más grave aún, es que las garantías están constituidas por flujos financieros futuros proyectados por la explotación, la cual viene a ser un valor inexistente, para el caso en la minería, un flujo proyectado para el día de hoy, puede ser totalmente distinto para el día de mañana e imposible de calcular para varios años, porque no se consideran en esta ley las variables que determinan tales flujos financieros, que en minería son tres: Precio en el mercado, producción del mineral y ley del metal.

Estas tres variables son exógenas al Estado, al fideicomiso y empresario, lo cual significa que es difícil, casi imposible establecer o proyectar un flujo financiero real.

LT: ¿Choca la Ley de Conversión con la Ley de Minería?

SGC: Efectivamente esta ley es contradictoria con los principios y postulados que se establecieron en la Ley General de Minería, que entró en vigencia el 23 de abril del corriente año, porque la Ley General estableció los procedimientos, la clasificación, los controles ambientales, la forma de obtener legítimamente en derecho minero y determinó las obligaciones, los derechos de los propietarios del predio superficial y la participación ciudadana de los pobladores del lugar donde se va a desarrollar un proyecto de explotación y fundamentalmente estableció un régimen tributario especial para minería. Esta Ley de Reconversión al poner en venta títulos que afectan y garantizan directamente los proyectos mineros, deja sin aplicación real puesto que los impuestos y cánones se cobrarán por adelantado y la Ley de Minería establece pagos mensuales y anuales en porcentajes de pago de acuerdo a las exportaciones.

Lo cual determina que pueden ser un negocio para el actual gobierno, recibir una cantidad de dinero, pero muy mal negocio para el país, puesto que ni el Estado, ni las municipalidades ni INGEOMIN, recibirán valor alguno en concepto de cánones e impuestos, durante muchos años, esto se puede calificar como una trampa legal escondida, en este adefesio jurídico de difícil interpretación.

LT: ¿El ministro de Finanzas habló que a la hora de concesionar un activo fijo ocioso, la misma será regulada por la Ley de Minería?

SGC: Estas expresiones del señor ministro, me suenan más a distracciones que a realidades y a una falta de estudio de la Ley de Minería actual, porque conforme a la Ley de Minería un proyecto minero se realiza por etapas, la primera etapa es la prospección, lo segundo es la exploración y la tercera la explotación minera, además hay proyectos mineros que no son concesiones, cuando el ministro habla que se aplicará la Ley de Minería, no aclara cómo se cumplirán los requisitos legales frente al adquirente de títulos de inversión, cuya garantía y patrimonio autónomo es el mismo proyecto, que le ha sido entregado al adquirir los títulos y por tanto puede operar o desarrollar el proyecto que ya el Estado cedió, a un fideicomiso, el fideicomiso cedió, al subfideicomiso y el subfideicomiso ha contratado la colocación de los títulos de inversión correspondientes en un mercado libre y el subcomité ya determinó quién operará y desarrollará dicho activo.

LT: ¿Por qué diversos sectores consideran que a través de esta ley se está hipotecando el país?

SGC: En primer lugar. Debe considerarse que en el artículo No. 1 de la Ley de Reconversión, habla de constituir un programa de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado, pero en un giro engañoso, el artículo No. 9 al constituir la garantía de pago de los títulos de inversión, habla de recursos naturales ociosos, esto significa que todos los recursos naturales del país calificados como ociosos, por parte de la Secretaría de Finanzas, previo inventario de los entes descentralizados, pueden ser cedidos al fideicomiso como patrimonio, habiéndose fijado por parte del comité técnico la contratación de los operadores y el desarrollo del proyecto corresponderá a estos determinar la actividad operativa y en el caso de las finanzas públicas durante 20 a 30 años que pudiera ser el término de relación, el pueblo de Honduras no recibirá un tan solo centavo, proveniente de los impuestos, cánones, tasas, asimismo si se presentara un conflicto entre el fideicomiso y los tenedores de los títulos y se llegara a ejecutar la garantía, las empresas titulares de los bonos pasarán a ser propietarios de los recursos naturales comprometidos.

LT: ¿El gobierno de la República puede ceder los bienes nacionales a un fideicomiso?

SGC: La Constitución de la República declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales y corresponde al Estado reglamentar su aprovechamiento y sus condiciones de otorgamiento a los particulares.

Entonces en función de esta administración se puede crear, como gobierno soberano, licencias y contratos en beneficio de los ciudadanos de sus países, pero todo ello debe hacerse en el marco de la Constitución y de la ley. En la Ley de Reconversión se comete un grave error que puede volver nulo el contrato celebrado para el desarrollo de los proyectos, en el sentido que este adefesio jurídico, señala que con la sola elaboración de un inventario, la secretaría de Estado y los entes descentralizados deberán hacer la cesión al fideicomiso y ni las secretarías del Estado ni los entes descentralizados y desconcentrados tienen la atribución de hacer cesión de los bienes nacionales.

Esta labor de cesión corresponde a la Procuraduría General de la República.

LT: ¿Después del análisis que usted ha hecho a la Ley de Reconversión, a su criterio, cuál es la razón oculta que hay detrás de ese decreto?

SGC: Yo creo que las razones no están ocultas, sino que son evidentes y son a mi juicio la desorbitante deuda pública tanto interna como externa, el descontrol total del gasto corriente y la pésima administración financiera del actual gobierno, que lo obliga a buscar dinero donde sea, como sea, y de quien sea, para cubrir los déficits que ha generado la ineficiente administración.

LT: ¿Al final de todo, si se hace un análisis y un estudio más profundo de esa ley, es viable la misma para recuperar el país de la tremenda deuda pública que tiene?

SGC: En la forma que está redactada, con la incoherencia de su contexto y con la intención subyacente de hipotecar o vender bienes nacionales al mejor postor, no es viable, mejor debe de considerarse que existen y están en vigencia la Ley de Promoción de la Alianza Pública – Privada, la Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones, la Ley General de Minería y es seguro que con la aplicación correcta, transparente, efectiva de ellas y con un ataque frontal a la corrupción, Honduras puede resolver la crisis económica, sin violentar los derechos que corresponden a todo el pueblo de Honduras.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/07/31/la-ley-de-reconversion-es-un-adefesio-juridico-tramposo/

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Selling the Wind, or How Honduras Will Finance Its Debt

Monday, July 29, 2013

The government of Honduras wants to sell you the wind. Literally.

The proposal is for a new kind of investment instrument.

On July 20, the Honduran Congress passed a law called the Ley de promocón del desarrollo y reconversion de deuda publica, which can be read here in its entirety.

The newly passed law, proposed by the Executive Branch, creates a special commission of trustees sited in the Central Bank of Honduras.  That commission, which includes the Minister of Natural Resources, will identify “idle” assets.  It will also create a technical committee to analyze the financial potential and return on such assets, and oversee the concession of assets to private parties.

So what are these “idle resources” that Honduras proposes selling?  The wind, for wind power; the rivers and the land for hydroelectric power; and mineral rights – gold, silver, and iron in particular, though it also just sold petroleum exploration rights. They can be pretty much anything not already under the control of the Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA).

Once the resource is identified as idle, the government will seek to lease it in concession to a third party. The lease process will involve estimating the income-producing potential of the asset, both for the party leasing it, and for the government.

The lease will produce, among other things, a future income stream for the government for the length of the lease. The leasing part of the law merely makes references to the processes used by COALIANZA for its concessions.  The same rules will apply.

Normally income from a lease would trickle in to the government coffers over the length of a lease, producing income for both the present and future governments of Honduras.

But the new law empowers the Central Bank, or someone delegated by it, to securitize this future income stream and sell it to others, based on the discounted present value of that future income stream.

This discounted present value of the future income stream will come to the government in a lump sum, rather than as several smaller payments over the lease duration.

The law specifies that it must be used to pay down the Honduran government’s debt.

The Financial Minister, Wilfredo Cerrato, argued that the state would be getting the future income that this resource would generate over longer periods, like 20 years, but getting it all now instead of year by year over the 20 years, and that the money would then be used to pay down the national debt, because at least for now, the law prohibits it to be used to pay current expenses.

Cerrato added:

What we want is to pay the internal debt, which is short term at high interest rates, to achieve what the law’s title says, “reconversion of the debt”.

Cerrato characterized the “idle resources” that are covered by the new law as not generating wealth but rather producing poverty.  He suggested that Honduran pension plans would be likely purchasers of the assets.

The law, which originated with Lobo Sosa’s executive branch, was introduced and passed during a Congressional session held in Lempira rather than the capital of Tegucigalpa.

The bill had not previously been disclosed or put through committee.  Its content was unknown to most at the start of this Congressional session.

Because the session was held outside the capital, fewer members attended, and those who did attend were primarily National Party members.

During the Congressional session, Congress voted to suspend the requirement for three debates and to hold only one debate on this law.  It then passed the law in a single debate. This has brought about much grousing from almost all sectors.

The law, by not going through the committee review, passed pretty much as it was submitted by the Executive Branch.  It was not publicly disclosed, so there was no discussion about what Congress was enacting. That seems to have been by design.

As Ralph Flores, an executive of the Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) stated, the people should have been consulted.  FOSDEH is one place where the Honduran public gets to comment on proposed government policy.

Flores said that he thought the law probably was a good financial move, but that the government of Honduras shouldn’t be managed like a private company.  As these are resources belonging to all the citizens, he said, probably they should have been consulted before the law was approved:

Unfortunately here they only talk about this type of activity as beneficial.  There needs to be an objective balance.  There are methodologies to analyze if an investment is positive or negative for the economy or for a society.  Here we only look at the financial stream as a positive element.

Mauricio Oliva, the new head of Congress, says that such lease arrangements are nothing new, that the approach has been used successfully by many other countries, and points to Costa Rica and Colombia.

Cerrato vehemently defends the law, claiming that without it Honduras won’t make payroll for government employees in November.  That in turn suggests they already have assets identified and potential buyers of concessions lined up and presume they can bring securities on these assets to market before November.

Hugo Noé Pino, who represents the  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) in Honduras, told La Prensa that the law was suspicious because not only of the rapidity with which it was proposed and passed, but for the lateness in Lobo Sosa’s term.  This made him suspect that there were some ulterior motives.  He said the law sells Honduras in pieces:

“The most worrying part of this affair, given that the government has not shown itself to be trustworthy, is that  through this hurried law, just as with the model cities, [it has] committed all the resources of the state of Honduras without leaving to the next government any possibility of structuring its own recovery and investment plan for the country.  The next government will have its hands tied by these decisions.”

Lobo Sosa says the law helps, not hinders, future governments.  Lobo Sosa goes on to claim this will not benefit his government one bit, a statement seemly contradicted by his Finance Minister’s statement that without this law the government will not be able to meet the November payroll, implying income to this government, surely a benefit.

By using the processes specific to COALIANZA, the government avoids its own contracting law which would impose a greater transparency on the process.  It was this process that resulted in COALIANZA signing an MOU with Michael Strong for a model city somewhere other than where Congress had stated it wanted model cities (eg, San Pedro Sula instead of Puerto Cortes).

COALIANZA’s processes are not transparent nor do they always work towards the same goals as the government, as the model cities bungle demonstrated.  Civil society has no input into what the new commission decides to license.

All resource-based projects involve expropriation (with long delays in payment in cases like the Patuca III dam project now underway). They may involve the dislocation of populations living on the concession, without any compensation.

There are no controls on either the number of employees, or the budget of the oversight commission set up in the new law.  It is unconstrained, and at this time, unfunded. Future governments will have to allocate it a budget for salaries and operations.

Civil society should pause at the statements of the Finance Minister that employee pension funds should invest in these financial instruments, which are effectively unsecured bets where a payment to the government up front gives the lease holder the “right” to profits from exploitation of a resources that may or may not be successful.

It has been an expressed goal of Honduran governments since at least 2009 to use the large government employee pension funds to improve the liquidity of the central government. It sounds like Cerrato sees this as one such mechanism.

This is just the latest of a series of laws passed by this administration that takes control of national assets and turns them over to private parties.

These include the original model cities law, and the COALIANZA law that has sold concessions to airports, roadways, and railways. It includes the ZEDE law (aka model cities 2) which creates private economic development zones that can have their own laws, as well as the new mining law, which pretty much gives mining companies permission to do what they want on their concession.

There apparently is nothing that the Lobo Sosa government won’t privatize.

Even the wind.

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Diputados ratifican acta para que gobierno empeñe bienes ociosos

El Congreso Nacional ratificó ayer el acta que consigna la polémica Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública que le da luz verde al gobierno para que “empeñe” bienes del Estado que sean calificados como ociosos.

La ley, según el gobierno, ayudará a la reconversión de la “asfixiante” deuda interna”, poniendo en garantía esos bienes del Estado, sean estos tangibles o intangibles. El Estado podrá poner en garantías esos bienes ante los bancos para obtener recursos que permitan pagar parte de la pesada deuda interna o reducir el monto de los intereses.

Un ejemplo citado por los diputados es que el Estado puede poner en garantía ante un banco o firma, un terreno a una tasa de interés más baja de lo que paga por los bonos de deuda interna. Otra vía que tendrá el Estado es poner en garantía una licencia de concesión minera o petrolera, o un estudio de un proyecto de inversión pública como una represa, para que el banco se cobre con el dinero que genere ese permiso.

RECHAZAN CONSIDERACIÓN
El diputado pinuista, German Leitzelar, quien se opuso al decreto aprobado en la sesión celebrada en Gracias, Lempira, pidió mediante reconsideración al acta analizar más a fondo el proyecto con la ayuda de organizaciones especializadas, pero su propuesta fue rechazada.

Leitzelar manifestó que el Congreso ha ido ganándose el respeto de la población en los últimos tres años pero esa decisión pone en duda la institucionalidad. La deuda interna actual, según el gobierno es inferior a los 50 mil millones de lempiras, pero algunos sectores como el Foro Social para el Desarrollo y Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), sostiene que esta suma más de 60 mil millones de lempiras.

El artículo uno del decreto autoriza la constitución de un programa integral de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado, con el fin de que los mismos sean utilizados para el pago o readecuación de la deuda pública, a más largo plazo y en mejores condiciones financieras que las actuales.

http://www.tiempo.hn/portada/noticias/diputados-ratifican-acta-para-que-gobierno-empene-bienes-ociosos

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Honduras “On Sale” : Los bienes comunes convertidos en recursos ociosos

Publicado en julio 24, 2013 de

La reciente ratificación en el Congreso Nacional de la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Interna, apertura la subasta de los bienes comunes, como un medio para poder remediar el desastre financiero al que ha sido condenado Honduras.

La actual administración pasará a la historia, como un gobierno espurio surgido bajo la sombra del Golpe de Estado del año 2009, y afligido por una espiral de violencia que nos ha conducido a vivir en el país mas violento del mundo. Mientras Honduras sucumbe en un mar de sangre, los diputados  -en su gran mayoría veteranos del golpe- han tenido en mas de tres años la oportunidad de reafirmar la famosa sentencia de “Sam the banana man”  Zemurray, el que en 1911 señaló  “en Honduras una mula vale mas que un diputado”.

La subasta de Honduras al capital extranjero por retazos
La Ley en cuestión en su artículo 2, señala: “para la implementación del Programa anteriormente descrito se autoriza a la Secretaría de Finanzas para que estructure un fideicomiso en el Banco Central de Honduras, el cual hará la función de custodio de los activos objeto de este programa, cuyo patrimonio podrá estar constituido por los proyectos de explotación racional de recursos naturales e infraestructura relacionadas en la presente Ley y que no hayan sido concesionados o sujetos a Alianza Publico-Privada de conformidad a la ley respectiva”.

La actual administración, se ha caracterizado por la entrega de territorios y recursos como una súbita solución a la grave crisis financiera en el país. Honduras viene arrastrando durante décadas un impresionante déficit fiscal, producto entre otras de la evasión de impuestos por parte de la elite de poder. El país se encuentra en una subasta de sus bienes al capital extranjero, promovido por un grupúsculo de tecnócratas hondureños y extranjeros, para los cuales el concepto de soberanía nacional es una idea totalmente obsoleta.

Desde hace años se viene fraguando la destrucción de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, la que en el Capítulo II, Art. 100 de la Ley de Propiedad ya recibió su tiro de gracia. Casualmente la autoría de la Ley de Propiedad recae sobre Octavio Sánchez impulsor de la depuesta  Ley de Ciudades Modelo (Ley RED), reencarnada como la Ley ZEDE (la soberanía), en estas leyes se encuentra la huella indeleble de Sanchez, Superintendente de COALIANZA y libertario de ultraderecha.

El Consenso de Washington: privatizaciones y la eliminación de barreras.
Para el Consenso de Washington, el neoliberalismo sirvió de catalizador de las privatizaciones y la “apertura comercial” en Honduras promovidas por el imperio, ingredientes neocoloniales  ratificados con en Plan de País y Visión de País del  actual régimen contradictoriamente nacionalista. Con las leyes emitidas para la flexibilización del mercado laboral y la protección a la inversión extranjera, además de la subasta de ríos y la entrega de los yacimientos de  hidrocarburos de la plataforma continental frente a la Moskitia, la actual dictadura civil se ilusionó con el arribo masivo de capitales extranjeros dispuestos a invertir en el país mas violento del mundo.

El colapso institucional que sufre Honduras va mas allá  de la precariedad ética, existiendo lo que podemos denominar un complot para profundizar la condición de estado fallido. Solo así se explica el hecho de que en nuestro país, se este impulsando la idea de rematar los bienes comunes, bajo el pretexto de refinanciar o pagar la deuda interna. Ciertamente los subastadores – en este caso COALIANZA- desconocen la dimensión y el valor mas allá de lo económico de los bienes, que forman parte de la colectividad y que han sido cuidados con esmero durante siglos: bosques, rios, playas, el mar, semillas, conocimientos tradicionales, entre otros, forman parte del acervo, tanto de los pueblos indígenas como de los hondureños en general.

Proceder a subastar el país con el pretexto de lograr el “desarrollo”, no es mas que la corroboración del fracaso de la doctrina económica impuesta a partir de la segunda guerra mundial por los Estados Unidos y la que se ha convertido en un dogma para todo el espectro político.

El Derecho romano y las categorías de propiedad impersonal.
El garrafal desconocimiento del derecho consuetudinario por parte del Estado de Honduras, nos impulsa a  indagar sobre los diversos orígenes e importancia  del derecho colectivo. Brewster Kneen en un artículo intitulado “Redefiniendo la Propiedad: sobre la propiedad privada, o comunal y el dominio público”, nos señala las diferentes categorías de propiedad comunal entre los romanos: Res Nullius (las cosas que no pertenecen a nadie), Res Communes (las que todos de cierta forma utilizamos (mares, aire,etc), Res publicae (propiedad publica como parques, puentes, represas), Res Universitates (cosas que pertenecen a un grupo público, tales como iglesias, universidades) Res divini juris (bienes que no le pertenecen a nadie por su condición sagrada, algunos incluyen entre estas la semillas, conocimiento tradicional e incluso la tierra).

El papel que ha jugado la propiedad comunitaria a lo largo de la historia nos faculta a señalar que ésta se encuentra ligada a la perpetuación del conocimiento y la cultura, lo contrario de la propiedad privada basada en la acumulación y la denegación del bien común.

En Honduras se suele omitir incluso las grandes diferencias existentes entre propiedad comunitaria y comunal, llegando los promotores de la propiedad privada al extremo de asegurar que la propiedad comunitaria es un impedimento para el “desarrollo”. La conversión de los bienes comunes en recursos ociosos, no es mas que un saqueo de los bienes comunes y una total entrega de la soberanía al capital extranjero.

El Derecho a la Consulta y el Derecho a la Insubordinación
Los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados sobre todas aquellos planes, proyectos o programas que el Estado impulse y que pudiesen afectar o conculcar sus derechos tanto individuales o colectivos, tal como esta consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos instrumentos ratificados por el Estado de Honduras.

Mientras en Honduras la dictadura civil se  apresta a efectuar un listado de los bienes comunes para subastarlos, los pueblos indígenas hemos venido enfrentando en los últimos tres años masivas usurpaciones de nuestros territorios, así como intentos de diluir  nuestra identidad, como en el caso de los Garífunas, cuando se pretende negar nuestra identidad indígena para convertirnos en simples afrodescendientes.

El pueblo hondureño, merece un mejor destino, no podemos aceptar pasivamente ese plan de muerte al que han nos han condenado el  grupúsculo de poder fáctico que controla este país. NUNCA aceptaremos que los Atala, Kafie, Rosenthal, Facusse, Larach, Nasser, Goldstein, Ferrari; tengan supuestamente mas derechos que nosotros.

La entrega de nuestros bienes comunes al mejor postor solo traerá mas: miseria, violencia, desplazamientos, perdida de la identidad cultural, migración, hambre, entrega de la soberanía,

Por eso, hacemos un llamado al pueblo hondureño a insubordinarse contra la confirmación del plan de muerte al que nos tienen sometid@s. EXIJAMOS  CONSULTA, sobre las decisiones que nos afecten, tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a decir NO a la subasta del país.

Sambo Creek, 23 de Julio del 2013

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2013/07/24/honduras-on-sale-los-bienes-comunes-convertidos-en-recursos-ociosos/

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La Patria en Venta

La Patria en Venta La Ley de Reconversión y Desarrollo de la Deuda Pública

“Esa ley es como tomar recursos que ingresarían a futuro para resolver problemas del presente gobierno, que aumenta el gasto público a seis meses de finalizar” su gestión, Hugo Noé Pino, ex Presidente del Banco Central de Honduras.

Por: Carlos Zelaya Herrera Periodista

Tegucigalpa.- Aprovechando la mayoría parlamentaria, una agenda extensa, la distante Ciudad de Gracias, Lempira, y el escamoteo de documentos que discute y aprueba la bancada nacionalista, el Congreso Nacional aprobó el viernes anterior el dictamen a favor de la Ley “Reconversión y Desarrollo de la Deuda Pública”, que crea el “Programa de Titulación de Proyectos de Recursos Naturales no Concesionados” para capital fresco.

En pocas palabras, esta ley, que solo falta su publicación en el Diario Oficial La Gaceta para su aplicabilidad, es el golpe de gracia a lo que queda de Honduras en cuanto a sus riquezas, bienes, valores naturales, estructurales, culturales, e incluso humanos. Aquí se descuartiza lo que no se vendió con las Ciudades Modelo, con la Ley de Minería, empresas públicas y proyectos de inversión a futuro potenciales o en estado vegetativo.

Rayano cinismo el de este gobierno, que para cometer semejante oprobio, uno más contra la patria y el pueblo, escogió el territorio y la celebración de la memoria del primer defensor de lo que hoy es hondureño, el Indio Lempira, para profundizar las leyes del modelo neoliberal que atentan contra la integridad y la soberanía nacional.

Bosques, ríos, minas, lagos, sitios escénicos, playas y todo recursos natural que se considere en condición de ocio, está en a mira del modelo de despojo que el régimen profundiza en Honduras.

Wilfredo Cerrato, Secretario de Estado Despacho de Finanzas, respecto a dicha Ley, alegó que la ley de Reconversión y Desarrollo de la Deuda Pública generará recursos que provendrán de proyectos de recursos naturales no concesionados en ocio; y proyectos importantes infraestructura detenidos por falta de crecimiento.

Abre un fideicomiso en el Banco Central de Honduras (BCH) que constituirá sub fideicomisos con bancos privados, emitirá títulos y flujos futuros de programas de inversión.

Calcula el flujo, titulariza al presente y se recibe un ingreso.

La deuda la contraen los flujos puros de los proyectos para generar explotación nacional de recursos ociosos.

Se refiere a estudios de factibilidad a un activo o recurso que no se explotó y sigue ocioso; hay decenas de estudios de proyectos para generar flujos de proyectos no tocados, declaró ante la cámara legislativa.

“Muy interesados el sector eléctrico y minero”, confirmó el titular de Finanzas hoy ante la prensa nacional.

Luís Berríos, diputado por el Partido Nacional, presentó la moción de dispensa de dos debates, por lo que el proyecto de ley quedó aprobado en un solo debate.

Por su parte, la bancada de Unificación Democrática, votó en contra y sus homólogos pinuistas y liberales se abstuvieron por desconocer el contenido del dictamen.

Esta situación debe de poner a pensar al movimiento campesino, que luchan por recuperar tierras para la reforma agraria en situación de ocio, o que residen en zonas forestales bajo planes de manejo, porque hacia ellos va directamente dirigido ese proyecto de ley.

Este podría ser el fin de la reforma agraria y la seguridad alimentaria del pueblo.

A los obreros sindicalizados que hoy luchan por rescatar sus empleos y las empresas públicas del Estado, a los y las trabajadores/as de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones y Empresa Nacional Portuaria.

Voz autorizada Incorpora una medida específica que tiene que ver con el uso de activos del Estado para garantizar la emisión de títulos y utilizar los ingresos de proyectos con activos del Estado a futuro, tomando como garantía los ingresos que puedan tener, esto se nota que no forma parte de un plan amplio y estratégico.

Llama la atención porque es a seis mese de que termine el Gobierno; no forma parte de una estrategia y contradictoriamente se hace en un momento en que el gobierno aumenta el déficit fiscal, fijado en el Presupuesto General de la República 2013 en 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB), el mismo gobierno reconoce que está en 6% o más.

Porqué en vez de racionalizar el gasto, aprobar medidas que ya están en el Congreso Nacional con las exoneraciones y controlar el aumento del déficit, porque se toman medidas que comprometen los activos del Estado.

Es cierto que son activos ociosos, pero esto es tomar recursos que van ha entrar hacia futuro para que ayuden a resolver un problema que tiene actualmente este Gobierno; lo correcto es reducir el déficit y dejar al nuevo gobierno determinar cómo manejar las finanzas públicas.

Otro zarpazo neoliberal Asimismo, una Comisión Especial emite dictamen a favor de la ley que crea el programa de capacitación y socialización de la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), que también quedó aprobada con suspensión de dos debates y aprobada en uno solo a pedido del diputado Oscar Nájera.

Se opuso al dictamen el diputado Edwin Pavón de Unificación Democrática; se abstuvo Herman Leitzelar, Pinuista y Carlos Martínez, liberal.

El título esconde las verdaderas intenciones de pregonar a nivel nacional e internacional la venta y privatización de áreas territoriales, urbanas o rurales, no importa el dominio ni la titulación de propiedad, a manos privadas, nacionales y extranjeros.

Rigoberto Chang Castillo, alegó que la ley únicamente faculta al presidente de la República nombrar Comisionados Internacionales para socializar las ZEDE. Eval Díaz, Asesor CN: dijo que habilita al presidente nombrar comisionados para promocionar las ZEDE a nivel internacional y nacional, preparar y canalizar posibles propuestas del Ejecutivo al Congreso Nacional.

Gladys Aurora López, Secretaria del Legislativo, exclamó que debe constar en acta que ZEDE no es igual a Ciudades Modelo, a fin supuestamente de evitar el rechazo social.

Orle Solís, diputado y candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano fue más allá, dijo “que cuando la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), requiera crear una ZEDE, que lo hagan donde ellos soliciten, Honduras debe despegar, independientemente de qué manera sea,” apuntó.

 

Última modificación: 23 de julio de 2013 a las 18:07

Fuente: http://www.honduraslaboral.org/article/la-patria-en-venta/

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La Patria en Venta. La Ley de Reconversión y Desarrollo de la Deuda Pública

“Esa ley es como tomar recursos que ingresarían a futuro para resolver problemas del presente gobierno, que aumenta el gasto público a seis meses de finalizar” su gestión, Hugo Noé Pino, ex Presidente del Banco Central de Honduras.

Por: Carlos Zelaya Herrera
Periodista
Tegucigalpa.- Aprovechando la mayoría parlamentaria, una agenda extensa, la distante Ciudad de Gracias, Lempira, y el escamoteo de documentos que discute y aprueba la bancada nacionalista, el Congreso Nacional aprobó el viernes anterior el dictamen a favor de la Ley “Reconversión y Desarrollo de la Deuda Pública”, que crea el “Programa de Titulación de Proyectos de Recursos Naturales no Concesionados” para capital fresco.

En pocas palabras, esta ley, que solo falta su publicación en el Diario Oficial La Gaceta para su aplicabilidad, es el golpe de gracia a lo que queda de Honduras en cuanto a sus riquezas, bienes, valores naturales, estructurales, culturales, e incluso humanos. Aquí se descuartiza lo que no se vendió con las Ciudades Modelo, con la Ley de Minería, empresas públicas y proyectos de inversión a futuro potenciales o en estado vegetativo.

Rayano cinismo el de este gobierno, que para cometer semejante oprobio, uno más contra la patria y el pueblo, escogió el territorio y la celebración de la memoria del primer defensor de lo que hoy es hondureño, el Indio Lempira, para profundizar las leyes del modelo neoliberal que atentan contra la integridad y la soberanía nacional.
Bosques, ríos, minas, lagos, sitios escénicos, playas y todo recursos natural que se considere en condición de ocio, está en a mira del modelo de despojo que el régimen profundiza en Honduras

Wilfredo Cerrato, Secretario de Estado Despacho de Finanzas, respecto a dicha Ley, alegó que la ley de Reconversión y Desarrollo de la Deuda Pública generará recursos que provendrán de proyectos de recursos naturales no concesionados en ocio; y proyectos importantes infraestructura detenidos por falta de crecimiento.

Abre un fideicomiso en el Banco Central de Honduras (BCH) que constituirá sub fideicomisos con bancos privados, emitirá títulos y flujos futuros de programas de inversión.

Calcula el flujo, titulariza al presente y se recibe un ingreso.
La deuda la contraen los flujos puros de los proyectos para generar explotación nacional de recursos ociosos.

Se refiere a estudios de factibilidad a un activo o recurso que no se explotó y sigue ocioso; hay decenas de estudios de proyectos para generar flujos de proyectos no tocados, declaró ante la cámara legislativa.

“Muy interesados el sector eléctrico y minero”, confirmó el titular de Finanzas hoy ante la prensa nacional.
Luís Berríos, diputado por el Partido Nacional, presentó la moción de dispensa de dos debates, por lo que el proyecto de ley quedó aprobado en un solo debate.

Por su parte, la bancada de Unificación Democrática, votó en contra y sus homólogos pinuistas y liberales se abstuvieron por desconocer el contenido del dictamen.

Esta situación debe de poner a pensar al movimiento campesino, que luchan por recuperar tierras para la reforma agraria en situación de ocio, o que residen en zonas forestales bajo planes de manejo, porque hacia ellos va directamente dirigido ese proyecto de ley.

Este podría ser el fin de la reforma agraria y la seguridad alimentaria del pueblo.

A los obreros sindicalizados que hoy luchan por rescatar sus empleos y las empresas públicas del Estado, a los y las trabajadores/as de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones y Empresa Nacional Portuaria.

Voz autorizada
Incorpora una medida específica que tiene que ver con el uso de activos del Estado para garantizar la emisión de títulos y utilizar los ingresos de proyectos con activos del Estado a futuro, tomando como garantía los ingresos que puedan tener, esto se nota que no forma parte de un plan amplio y estratégico.

Llama la atención porque es a seis mese de que termine el Gobierno; no forma parte de una estrategia y contradictoriamente se hace en un momento en que el gobierno aumenta el déficit fiscal, fijado en el Presupuesto General de la República 2013 en 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB), el mismo gobierno reconoce que está en 6% o más.

Porqué en vez de racionalizar el gasto, aprobar medidas que ya están en el Congreso Nacional con las exoneraciones y controlar el aumento del déficit, porque se toman medidas que comprometen los activos del Estado.

Es cierto que son activos ociosos, pero esto es tomar recursos que van ha entrar hacia futuro para que ayuden a resolver un problema que tiene actualmente este Gobierno; lo correcto es reducir el déficit y dejar al nuevo gobierno determinar cómo manejar las finanzas públicas

Otro zarpazo neoliberal
Asimismo, una Comisión Especial emite dictamen a favor de la ley que crea el programa de capacitación y socialización de la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), que también quedó aprobada con suspensión de dos debates y aprobada en uno solo a pedido del diputado Oscar Nájera.

Se opuso al dictamen el diputado Edwin Pavón de Unificación Democrática; se abstuvo Herman Leitzelar, Pinuista y Carlos Martínez, liberal.

El título esconde las verdaderas intenciones de pregonar a nivel nacional e internacional la venta y privatización de áreas territoriales, urbanas o rurales, no importa el dominio ni la titulación de propiedad, a manos privadas, nacionales y extranjeros.

Rigoberto Chang Castillo, alegó que la ley únicamente faculta al presidente de la República nombrar Comisionados Internacionales para socializar las ZEDE. Eval Díaz, Asesor CN: dijo que habilita al presidente nombrar comisionados para promocionar las ZEDE a nivel internacional y nacional, preparar y canalizar posibles propuestas del Ejecutivo al Congreso Nacional.

Gladys Aurora López, Secretaria del Legislativo, exclamó que debe constar en acta que ZEDE no es igual a Ciudades Modelo, a fin supuestamente de evitar el rechazo social.

Orle Solís, diputado y candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano fue más allá, dijo “que cuando la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), requiera crear una ZEDE, que lo hagan donde ellos soliciten, Honduras debe despegar, independientemente de qué manera sea,” apuntó.

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