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Hija de Berta Cáceres exige justicia en Convención Demócrata

La presencia de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres se sintió este lunes en Filadelfia, donde se celebra la Convención Demócrata para nominar al candidato presidencial del partido.

Laura Zúñiga Cáceres, una de sus hijas, marchó junto a inmigrantes en la ciudad y habló en otra concentración para pedir investigaciones independientes en el asesinato de su madre.

También denunció que dólares estadounidenses contribuyen a la militarización del gobierno hondureño que, según ella, silencia y reprime a luchadores sociales, estudiantes y activistas.

“Es necesario que se proponga este debate a los gobernantes y a los estadounidenses. Que sepan que su dinero va a la ayuda militar en Honduras y que esa ayuda militar impacta en la violación de derechos humanos”, dijo Zúñiga, de 23 años, a The Associated Press. Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada a tiros en marzo.

 

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

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Exigir justicia lo permite sentir cansancio

Hace más de cuatro meses la vida de Olivia Marcela Cáceres Zúniga, es un constante ir y venir dentro y fuera del país, aunque llega el agotamiento físico, no así las ganas de continuar exigiendo justicia por el asesinato de su madre la reconocida defensora de derechos humanos Berta Cáceres Flores el pasado 2 de marzo, en La Esperanza Intibucá, al occidente de Honduras.

La semana pasada estuvo disertando en el “Encuentro Mundial de Doctores por la Salud Global”, son personas muy comprometidas con el  proceso de liberación de latinoamericana, han estado dando su aporte con el movimiento zapatista en México y los refugiados y lisiados de la guerra en El Salvador, expresó Marcela.

Recién vuelvo de Minneapolis, Minessota, comentó en su paso por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fue un evento muy productivo donde logramos que otros sectores sociales de Europa y Norteamérica sigan comprometidos con el activismo por la defensa de los derechos humamos y exigir justicia por el caso de mi mamá, así mismo ejercer presión sobre el Estado de Honduras para que exija la aprobación de la ley “Berta Cáceres” en el Senado estadounidense.

El “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”, fue introducido por un grupo de cinco demócratas, encabezados por Georgia Hank Johnson. La iniciativa propone que la asistencia sólo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño sancione a los responsables de los asesinatos de la defensora Berta Cáceres,  activistas en el valle Aguán, Julián Arístides González y Alfredo Landaverde y que se investigue el atentado contra el periodista Félix Molina. Además que se sancione a policías y militares acusados de violar derechos humanos y exima a las fuerzas armadas de labores policiales.

Marcela considera que la oportunidad fue propicia para exponer  la realidad de los y las defensoras de DDHH en Honduras, la gravedad a la que se exponen  y los procesos de resistencia de este pueblo que son muy diversos y deben ser conocidos por espacios que tienen mucha fe y esperanza en los movimientos de lucha en Centro América y movimientos indígenas del mundo desde una perspectiva de la salud que tiene que ver con todo.

“Expusimos la realidad de los ataques contra líderes indígenas lencas”, en esos días de denunció nuevas amenazas contra los líderes del Movimiento Indígena Lenca de La Paz-Honduras, MILPAH, Víctor Vásquez y Martín Gómez, quienes son miembros de la Coordinadora Indígena del Poder Popular que coordina la joven defensora.

“Esta situación preocupa a los médicos extranjeros,  es una realidad generalizada más cuando se desarrollan proyectos extractivitas y la guerra de los bienes naturales para que generen ganancias para unos pocos, empresas multinacionales y países que son potencias económicas”.

Dimensionar todo eso es muy importante para ver cómo se va orientar el trabajo a nivel mundial de los doctores humanitaritas y que tienen mucho respeto para nuestros países, agregó Marcela, hija mayor de Berta Cáceres.

Como lideresa del pueblo indígena, también está presente en las luchas locales, una de las que más afecta es la situación del mercados en la ciudad de La Esperanza, donde habita, “esa es una situación que también pone en riesgo la salud de los indígenas Lencas, quienes no les permiten acceder a un puesto dentro del mercado, sino que exponen sus productos en la vía pública y cercano a un cementerio”.

Detrás del conflicto del mercado ancestral Lenca, incendiado hace varios años  y reconstruido por la municipalidad, hay interés económicos locales de parte de funcionarios públicos de Intibucá, son casos que aún no salen a la luz, pues en el nuevo mercado hay funcionarios que se apropian o alquilan puestos desalojando a los indígenas que desde sus ancestros se ubican en esos puestos de comercio, denunció la defensora.

Y esa problemática de corrupción e impunidad que impera en el país es seguido a nivel internacional, afirma Marcela, pues no solamente por el asesinato de mi mamá, sino por los escándalos recientes de corrupción y la extradiciones, por eso es que se dan estos espacios para  que expongamos la situación que vivimos.

Es por eso, que el pueblo estadounidense tiene derecho a conocer como se invierte el dinero que ellos dan con sus impuestos, el impacto negativo para ellos, los proyectos que se instauran en su país y son financiados por sus Gobierno, eso tiene efecto no sólo en Latinoamérica, en Honduras que es un punto geográfico estratégico  para el imperialismo. Con su dinero se está financiando sangre.

Nosotros hemos expuesto el entrenamiento de tropas extranjeras, la colombianización de la sociedad, el vínculo entre el gobierno de EEUU con funcionarios públicos hondureños, que se ha acrecentado en el marco del golpe de Estado, y ahora con la Invisibilización del papel del gobierno estadounidense en el asesinato de defensores  de DDHH y con el financiamiento que ese gobierno da a estos países, continuó la defensora.

Generalmente cuando llego al extranjero la gente quiere saber ¿Quién era mi mamá? ¿Cuál era la labor que hacía? ¿Cuál es el legado que dejó? ¿Cómo eso ha impactado en la población hondureña? y si hay esfuerzos de articulación en el movimiento social en vista a un camino de lucha más efectivo y contundente frente a todas estas políticas neoliberales de exterminio y  persecución contra nuestros pueblos, compartió.

La juventud es el mejor ejemplo de lucha

Marcela está segura, que en la actualidad su madre estaría junto a los estudiantes universitarios, apoyándolos y preocupada por la situación que enfrentan en la defensa de la autonomía, la educación pública y la desmilitarización.

“Recuerdo que hace años, en el marco del golpe de Estado, no estábamos en las manifestaciones, sino que vimos por las noticias que lo estudiantes se enfrentan contra policías y militares que estaban violentando la autonomía, ella me dijo: pobrecitos estos cipotes, lástimas que tenemos estos adultos que son tan cobardes, ya me voy para Tegucigalpa a acompañarlos” estoy segura que ella estaría involucrada en todas las luchas de resistencia contra las mineras en Azacualpa, en Olancho, Yoro, y en todas las universidades.

Mientras tanto el espíritu de la defensora de los bienes comunes del pueblo Lenca, Berta Cáceres, al igual que su energía y fuerza nos siguen acompañando por lo que es importante tenerla presente y reivindicar su memoria en todas las luchas, manifestó su hija.

Volviendo a la realidad nacional, ella considera que todo lo que se refleja en Honduras, no solo es la violencia capitalista, sino el sistema racista, clasista y patriarcal que se impone sobre nuestras poblaciones y territorios que  nos asesinan, hostigan y persiguen en completa impunidad.

Por lo que el trabajo como activista de derechos humanos, no solo es el extranjero, sino que viene desde la práctica local a cargo de la CINPH, con la que trabaja en las bases indígenas, con jóvenes, mujeres, niños, hombres y el asesoramiento de los mayores.

“Vamos arreciar nuestro esfuerzo en un espacio colectivo, donde cada integrante aporta al proceso de lucha y seguiremos haciendo un trabajo de base muy fuerte porque desde nuestra perspectiva de poder popular indígena Lenca es donde surge el poder del pueblo organizando a la población, no quedarnos solo en la convocatoria y opinando por redes sociales no es suficiente”.

Hay que hacer procesos alternativos de vida, lucha y exigencia, ir construyendo de manera local, transformando el entorno, porque no somos súper héroes, pero como seres humanos organizados empezaremos desde lo local, dando lugar al relevo generacional, con completa tolerancia, un movimiento muy integral y amplio.

Ella considera trascendental aprovechar la energía especial e importante de la juventud, reflejada en estos momentos en la comunidad estudiantil, que se ha unido, llevado, movilizado y crecido con tolerancia, todo eso debe ser un ejemplo a seguir en la diversidad de resistencias de nuestro país, para que algún día logremos ese desafío histórico de movimientos sociales de articularnos en una agenda común.

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, la mayoría de integrantes del CINPH son jóvenes, provenientes de 200 comunidades aglutinadas, ellos dan un aporte valioso”.

Y ese relevo generacional es lo que permitió que Marcela, una mujer joven, represente una institución que lucha por los derechos del pueblo indígena Lenca, como lo hace su padre Salvador Zúniga, y lo hizo hasta el momento de su asesinato Bertita. Iguales pasos de defensoría siguen sus hermanas Bertha Isabel y Laura, además su hermano menor Salvador.

Marcela destaca, que la apuesta en la juventud se refleja en que la sub coordinadora de la CIPNH, y miembros de la comisión de tesorería, comunicaciones y otros representantes son jóvenes, quienes cuentan con el apoyo de un concejo de ancianos y un grupo asesor político.

¿A quiénes se enfrentan los defensores de los bienes comunes? Nos enfrentamos a los empresarios nacionales y locales, funcionarios públicos alcaldes, diputados, representantes sumamente agresivos del presidente de la República, ellos hostigan y amenazan, mandan a sus turbas para que agredan a las personas que luchan por sus derechos, respondió la joven.

Agregó que, se enfrentan a las multinacionales y transnacionales que están saqueando nuestros territorios. La banca internacional e instituciones financieras que no manifiestan su nombre, pero aparecen funcionarios públicos dando la cara por ellos; detrás de ellos hay monstruos de poder económico.

“Ante ellos tenemos que dar una batalla, inteligente, organizada, coherente y cercana a las exigencias, necesidades e intereses del pueblo”.

De mi parte, expresó la defensora de DDHH, a pesar del cansancio físico muy exhaustivo desde del asesinato de mi mamá, estoy con toda la disposición, fuerza y energía  de seguir luchando con más convicción, fuerza y más claridad política, por lo que la semilla de Berta sigue presente.

Con estas palabras, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, vuelve a tomar su pequeño equipaje, que la acompañó en su participación en el encuentro mundial con Doctores de la Salud Global, y continuó hacia su próxima estación en Siguatepeque,  donde defensores del COFADEH, la  acercaron a su casa en La Esperanza Intibucá.

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Ley “Bertha Cáceres” camino a la Unión Europea

La Ley “Bertha Cáceres”, aunque difícil de aprobarse en EEUU, ha prendido las alarmas en Honduras donde se habla de una nueva legislación para proteger a defensores de derechos humanos.

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Washington: “Ley Berta”, candados al PPTN y el viaje de JOH

El presidente Juan Orlando Hernández busca con su visita a Washington desactivar el creciente apoyo que está recibiendo la Ley Berta.

SAN PEDRO SULA.- El presidente hondureño Juan Orlando Hernández busca con su visita a Washington desactivar el creciente apoyo que está recibiendo de parte de senadores y congresistas estadounidenses la denominada Ley Berta e intentar bajar la resistencia del Senado de Estados Unidos a aprobar los fondos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte (PPTN).

Washington: "Ley Berta", candados al PPTN y el viaje de JOH.
Washington: “Ley Berta”, candados al PPTN y el viaje de JOH.

Como han informado grupos civiles que impulsan esta normativa, “El 14 de junio de 2016, el representante Henry C Johnson, Jr., de Georgia, introdujo un Proyecto de ley llamado “Ley Berta Caceres para los Derechos Humanos en Honduras”, que de convertirse en ley, restringiría severamente la asistencia financiera que da Estados Unidos a las fuerzas militar y policial” en en nuestro país.

Las autoridades hondureños han tratado de no poner en su verdadero contexto la visita del presidente Juan Orlando Hernández, al afirmar que se trata de una gira enmarcada “en las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos y en el trabajo regional por el desarrollo”.

Antes de llegar a Washington, Juan Orlando Hernández, visitó por varias horas a República Dominicana, el lunes.

Como previa inductoria a la vista a EE.UU., el martes y miércoles, el embajador de Honduras en Estados Unidos, Jorge Milla, dijo a la prensa hondureña ” que la presencia del mandatario hondureño en la capital estadounidense viene a reforzar “el crecimiento y liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández”.

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Honduras: Lucha contra corrupción será afectada si se restringe el apoyo internacional, advierte Conadeh

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2016/07/honduras-lucha-contra-corrupcion-sera.html

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AFL-CIO Supports Suspension of All U.S. Funding for Honduran Security Forces

The AFL-CIO supports the Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act, which would suspend all funding to Honduran security forces. These forces have engaged in well-documented cases of excessive use of deadly force, abuse of power and entrenched corruption. Just this week, another indigenous activist, Yaneth Urquia Urquia, was kidnapped and murdered. The AFL-CIO calls for a suspension of funding from the U.S. Congress and loans from multilateral development banks until abuses by security forces stop and those responsible are prosecuted.

Origen: AFL-CIO Supports Suspension of All U.S. Funding for Honduran Security Forces

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Ley Berta Cáceres podría afectar la seguridad del país

Tegucigalpa, Honduras
La aprobación de la iniciativa de ley denominada Bertha Cáceres que se presentó en el Congreso de Estados Unidos afectaría directamente a la seguridad de Honduras.

Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.

“Al retirar Estados Unidos el apoyo a la Policía Nacional y el apoyo a lasFuerzas Armadas estaríamos hablando que sería debilitar la lucha contra el narcotráfico y estaríamos expuestos a que Honduras se vuelva a convertir en un paso de la droga, como hace cinco años, y se aumentaría la violencia”, declaró Zambrano, quien es también prosecretario del Congreso Nacional.

Agregó que confían que esa iniciativa presentada hace unos días en el congreso estadounidense no sea aprobada por las consecuencias que traería para el país. Lainiciativa fue ingresada por cinco congresistas demócratas.

Zambrano aseguró que para que una iniciativa sea aprobada en el Congreso de Estados Unidos debe contar con la mayoría de votos de los 435 miembros que lo componen y, además, con los de la Cámara del Senado, que la integran 100 senadores.

La ley va orientada a que el gobierno de Estados Unidos limite las ayudas a las instituciones armadas y de seguridad de Honduras.

A su vez, el proyecto propone que el apoyo al país solo pueda restituirse cuando el gobierno hondureño haya penalizado a los responsables de haber asesinado el 3 de marzo a la exdirigente ambientalista Bertha Cáceres.

En el documento también se condena las diferentes muertes de muchos activistas de la zona del Bajo Aguán.

Además, la ley señala que las fuerzas militares hondureñas están viciadas e involucradas en muchos actos de corrupción. A su vez manifestó que el gobierno de Honduras está haciendo todo lo posible para que el crimen de Cáceres no quede en la impunidad y que ya hay personas judicializadas.

Origen: http://www.elheraldo.hn/pais/978300-466/ley-berta-cáceres-podr%C3%ADa-afectar-la-seguridad-del-pa%C3%ADs

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Indignados piden a senadores de EEUU aprobar “Ley Berta”

Un grupo de ciudadanos,facción del grupo 300 Indignados, pidieron a congresistas y senadores de Estados Unidos aprobar la “Ley Berta”.

Origen: Indignados piden a senadores de EEUU aprobar “Ley Berta”

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CONGRESO DE EEUU RECIBE “LEY BERTA” QUE SUSPENDE APOYO POLICIAL Y MILITAR A HONDURAS

Por el impacto que en materia de asistencia tendría en Honduras esta iniciativa de congresistas estadounidenses, EL LIBERTADOR traslada a la nación hondureña una versión en español del proyecto de ley que en la legislación de Estados Unidos podrá ser citado como el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.

En la Sección 2 de esta legislación el Congreso de EE.UU. determina que: “Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato”.

“La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente 18 millones de dólares para la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento del Presidente para el año fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras. El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó 59.8 millones de dólares  a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.”

“El actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la policía nacional a las fuerzas militares, incluyendo la creación de una policía militar de 3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y con resultados desastrosos”.

Se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros funcionarios están relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que contribuye a la casi total impunidad”.

Con relación al asesinato de investigadores de delitos de narcóticos Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, el proyecto de “Ley Berta” dice: “el Times sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos”.

“Los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado”.

TRADUCCIÓN ÍNTEGRA DEL INGLÉS AL ESPAÑOL

Congreso No. 114, Segunda Sesión

La Ley “Berta Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras

Para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a  Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.

EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

14 de junio, 2016

El Sr. Hank Johnson (en representación de sí mismo, el Sr. CONYERS, la Sra. KAPTUR, el Sr. ELLISON, el Sr. SERRANO y la Señora Schakowsky) presentó el siguiente proyecto de ley, que fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores y además al Comité de Servicios Financieros, por un periodo cuya duración luego será determinado por Presidente de la Cámara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de la jurisdicción del comité pertinente.

PROYECTO DE LEY

Para suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y a las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia.

SECCIÓN 1. TÍTULO BREVE.

Este proyecto de ley podrá ser citado como el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.

Sec. 2. DETERMINACIONES.

El Congreso determina que:

(1) Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato.

(2) El New York Times reveló documentos el 15 de abril que indican que altos funcionarios de la policía hondureña ordenaron el asesinato de los investigadores de delitos de narcóticos Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, con el conocimiento posterior de los altos mandos de la policía y, aparentemente, de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el Times sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos;

(3) Integrantes de la policía con antecedentes documentados de haber cometido con impunidad graves violaciones a los derechos humanos siguen siendo nombrados para altos cargos dentro de la policía,

(4) Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, por parte de militares y policía de Honduras. La Associated Press ha documentado la actividad de los escuadrones de la muerte por parte de la policía. Según un informe de Human Rights Watch: “El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde muy poca información al respecto al público y en general prevalece la impunidad”.

(5) Según el informe del 2016 del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Honduras: “La impunidad […] sigue siendo un problema grave, dado que el enjuiciamiento en los casos de los militares y los policías acusados de violaciones de derechos humanos se mueve demasiado lento o termina sin resolución”.

(6) Los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado;

(7) Derechos en Acción ha documentado que el XV Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras presuntamente participó con la policía y las fuerzas de seguridad privadas en algunos de los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán desde el año 2000. Human Rights Watch confirma que los asesinatos de los campesinos del Aguán permanecen en una impunidad total.

(8) Abundan otros ejemplos de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares: en julio de 2013 miembros de las fuerzas armadas mataron a tiros a Tomás García, un activista indígena lenca, e hirieron a su hijo, mientras se manifestaban pacíficamente contra un proyecto hidroeléctrico; en mayo de 2014 se informó que nueve miembros de la novena infantería torturaron y mataron a Amado Maradiaga Quiroz y torturaron a su hijo, Milton Noé Maradiaga Varela. Los casos permanecen en la impunidad. En un caso emblemático reciente, del 27 de diciembre, se informó que la armada hondureña mató a Joel Palacios Lino y a Elvis Armando García, dos hombres garífunas afro-indígenas que se dedicaban a sacar un carro de la arena en una playa;

(9) El actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la policía nacional a las fuerzas militares, incluyendo la creación de una policía militar de 3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y con resultados desastrosos, incluyendo el asesinato de un niño de 15 años, Ebed Yanes, en el año 2012, y de un estudiante, Erlin Misael Carías Moncada, en el 2014, después de que habían pasado desarmados por los puestos de control. Desde la creación de la policía militar “denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares han incrementado de manera significativa”, informa Human Rights Watch.

(10) Se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros funcionarios están relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que contribuye a la casi total impunidad;

(11) El Departamento de Estado en su Informe del 2015 sobre los Derechos Humanos en Honduras relata que “la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema judicial favorece la impunidad generalizada”;

(12) Resumiendo la situación, Human Rights Watch en el 2016 ha informado que “el crimen descontrolado y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos siguen siendo la norma en Honduras […] Los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de proporcionar la seguridad pública han logrado pocos avances. Dañados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran medida ineficaz”;

(13) El 3 de marzo del 2016 asesinaron a la destacada activista indígena y ecologista lenca, Berta Cáceres, de renombre mundial quien fuera galardonada con el Premio Ambiental Goldman el 2015 a raíz de su trabajo en defensa de los derechos indígenas a la tierra en contra de un proyecto para una represa hidroeléctrica, lo cual ilustra la crisis de derechos humanos en Honduras y la profunda complicidad del gobierno de Honduras. Cáceres, la lideresa del COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había informado a las autoridades de 33 amenazas previas a su muerte, pero ninguna había sido investigada, y el gobierno había fallado en proporcionar una protección adecuada exigida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el hecho de que la protección de seguridad hondureña había sido retirada el día de su muerte.

(14) Se han detenido a cinco sospechosos en el asesinato de Cáceres, de los cuales uno es un oficial del ejército y otros dos son militares en retiro. Estas detenciones plantean serias dudas en cuanto al papel de los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato;

(15) A pesar de los llamados de sesenta y dos miembros del Congreso, los familiares de Berta Cáceres, el COPINH, líderes de la Unión Europea, del Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia, entre muchos otros, el gobierno de Honduras no ha permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una investigación independiente del caso;

(16) En este contexto de corrupción y abusos de derechos humanos con impunidad, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas afro-indígenas, indígenas, campesinos y activistas LGBTI, defensores de derechos humanos y gente que crítica al gobierno, permanecen en grave riesgo; y los anteriores abusos de los derechos humanos en contra de ellos permanecen en gran medida en la impunidad;

(17) El 2 de mayo de 2016 fue balaceado el destacado periodista de la oposición Félix Molina y el caso permanece en la impunidad, lo cual ilustra el riesgo continuo para activistas. Horas antes de que le dispararan, Molina había publicado información potencialmente vinculando el caso de Cáceres a un alto funcionario del gobierno, a miembros de una familia de la élite, y a uno de los fiscales en el caso;

(18) La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente $18 millones para la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento del Presidente para el año fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras;

(19) El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó $59.8 millones a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.;

Sección 3. SUSPENSIÓN Y RESTRICCIONES DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD A LA REPÚBLICA DE HONDURAS A MENOS QUE SE CUMPLA CON CIERTAS CONDICIONES.

       (a) LA SUSPENSIÓN DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD — No se pueden destinar fondos a la República de Honduras para la policía y ni las fuerzas armadas, incluyendo fondos para equipo y entrenamiento.

       (b) LOS PRÉSTAMOS DE BANCOS DE DESARROLLO MULTILATERALES — Se instruirá al Departamento del Tesoro para que vote en contra de cualquier préstamo para la policía y las fuerzas armadas de la República de Honduras.

Sección 4. CONDICIONES PARA LEVANTAR LAS SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES.

Las disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique a los comités pertinentes del Congreso que el Gobierno de Honduras —

(1)  ha perseguido todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron —

               (a) el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016;

               (b) el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán

(c) los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de diciembre de 2015; y

               (d) el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo de 2016;

(2) ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure que las fuerzas armadas y la policía están cooperando en estos casos, y que han cesado tales violaciones;

(3)  ha retirado las fuerzas militares de las tareas de la policía nacional, de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil;

(4)  ha establecido que protege de manera efectiva los derechos de los sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos y LGBTI; opositores del gobierno; y otros activistas de la sociedad civil para que actúen sin interferencias; y

(5)  ha tomado medidas efectivas para establecer plenamente el Estado de derecho y para garantizar un sistema judicial que sea capaz de investigar, enjuiciar y llevar a la justicia a miembros de la policía y las fuerzas armadas que han cometido violaciones a los derechos humanos.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/justicia/1545-congreso-de-eeuu-recibe-ley-berta-que-suspende-apoyo-policial-y-militar-a-honduras

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Congreso de EE. UU establece que el Poder Judicial y la policía hondureña están plagados de corrupción

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

El Congreso de los Estados unidos al recibir   la Ley “Berta Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras, destaca en 19 puntos,  que tanto el Poder Judicial y la policía de Honduras están plagados de actos de corrupción y de violación a los derechos humanos sin que el gobierno haga […]

Origen: Congreso de EE. UU establece que el Poder Judicial y la policía hondureña están plagados de corrupción – CRITERIO

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Por violaciones a los DD.HH. y corrupción EE.UU. suspende ayuda militar y policial a Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-En aplicación a la “Ley Berta Cáceres” y porque se ha determinado los altos niveles de corrupción del Poder Judicial y la Policía Nacional, el Congreso de los Estados Unidos determinó en las últimas horas suspender la ayuda militar y policial a Honduras que asciende a varios millones de dólares. El […]

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¿En qué consiste la ley Berta Cáceres presentada en congreso de EE UU?

Washington, Estados Unidos
Con fuertes señalamientos contra la Policía de Honduras y la solicitud del levantamiento de apoyo a Honduras, un proyecto de ley fue presentado en el Congreso de Estados Unidos. 

El proyecto, denominado “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”, fue introducido por un grupo de cinco demócratas, encabezados por Georgia Hank Johnson.

La iniciativa propone que la asistencia sólo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño sancione a los responsables de los asesinatos de Berta Cáceres y de otro centenar de activistas en el valle Aguán.

Además que se sancione a policías y militares acusados de violar derechos humanos y exima a las fuerzas armadas de labores policiales.

“Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato”, establece el documento en la sección 2.

El proyecto de Ley Berta también menciona el asesinato de Julián Arístides González Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente: “el Times sugirió en un artículo posterior que el presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos”.

+EE UU exige se aplique todo el peso de la ley por crimen de Berta Cáceres

A continuación, la transcripción íntegra de la “Ley Berta”

Congreso No. 114, Segunda Sesión

La Ley “Berta Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras

Para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.

EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

14 de junio, 2016

El Sr. Hank Johnson (en representación de sí mismo, el Sr. CONYERS, la Sra. KAPTUR, el Sr. ELLISON, el Sr. SERRANO y la Señora Schakowsky) presentó el siguiente proyecto de ley, que fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores y además al Comité de Servicios Financieros, por un periodo cuya duración luego será determinado por Presidente de la Cámara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de la jurisdicción del comité pertinente.

PROYECTO DE LEY

Para suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y a las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia.

SECCIÓN 1. TÍTULO BREVE.

Este proyecto de ley podrá ser citado como el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.

Sec. 2. DETERMINACIONES.

El Congreso determina que:

(1) Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato.

(2) El New York Times reveló documentos el 15 de abril que indican que altos funcionarios de la policía hondureña ordenaron el asesinato de los investigadores de delitos de narcóticos Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, con el conocimiento posterior de los altos mandos de la policía y, aparentemente, de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el Times sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos;

(3) Integrantes de la policía con antecedentes documentados de haber cometido con impunidad graves violaciones a los derechos humanos siguen siendo nombrados para altos cargos dentro de la policía,

(4) Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, por parte de militares y policía de Honduras. La Associated Press ha documentado la actividad de los escuadrones de la muerte por parte de la policía. Según un informe de Human Rights Watch: “El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde muy poca información al respecto al público y en general prevalece la impunidad”.

(5) Según el informe del 2016 del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Honduras: “La impunidad […] sigue siendo un problema grave, dado que el enjuiciamiento en los casos de los militares y los policías acusados de violaciones de derechos humanos se mueve demasiado lento o termina sin resolución”.

(6) Los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado;

(7) Derechos en Acción ha documentado que el XV Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras presuntamente participó con la policía y las fuerzas de seguridad privadas en algunos de los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán desde el año 2000. Human Rights Watch confirma que los asesinatos de los campesinos del Aguán permanecen en una impunidad total.

(8) Abundan otros ejemplos de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares: en julio de 2013 miembros de las fuerzas armadas mataron a tiros a Tomás García, un activista indígena lenca, e hirieron a su hijo, mientras se manifestaban pacíficamente contra un proyecto hidroeléctrico; en mayo de 2014 se informó que nueve miembros de la novena infantería torturaron y mataron a Amado Maradiaga Quiroz y torturaron a su hijo, Milton Noé Maradiaga Varela. Los casos permanecen en la impunidad. En un caso emblemático reciente, del 27 de diciembre, se informó que la armada hondureña mató a Joel Palacios Lino y a Elvis Armando García, dos hombres garífunas afro-indígenas que se dedicaban a sacar un carro de la arena en una playa;

(9) El actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la policía nacional a las fuerzas militares, incluyendo la creación de una policía militar de 3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y con resultados desastrosos, incluyendo el asesinato de un niño de 15 años, Ebed Yanes, en el año 2012, y de un estudiante, Erlin Misael Carías Moncada, en el 2014, después de que habían pasado desarmados por los puestos de control. Desde la creación de la policía militar “denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares han incrementado de manera significativa”, informa Human Rights Watch.

(10) Se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros funcionarios están relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que contribuye a la casi total impunidad;

(11) El Departamento de Estado en su Informe del 2015 sobre los Derechos Humanos en Honduras relata que “la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema judicial favorece la impunidad generalizada”;

(12) Resumiendo la situación, Human Rights Watch en el 2016 ha informado que “el crimen descontrolado y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos siguen siendo la norma en Honduras […] Los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de proporcionar la seguridad pública han logrado pocos avances. Dañados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran medida ineficaz”;

(13) El 3 de marzo del 2016 asesinaron a la destacada activista indígena y ecologista lenca, Berta Cáceres, de renombre mundial quien fuera galardonada con el Premio Ambiental Goldman el 2015 a raíz de su trabajo en defensa de los derechos indígenas a la tierra en contra de un proyecto para una represa hidroeléctrica, lo cual ilustra la crisis de derechos humanos en Honduras y la profunda complicidad del gobierno de Honduras. Cáceres, la lideresa del COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había informado a las autoridades de 33 amenazas previas a su muerte, pero ninguna había sido investigada, y el gobierno había fallado en proporcionar una protección adecuada exigida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el hecho de que la protección de seguridad hondureña había sido retirada el día de su muerte.

(14) Se han detenido a cinco sospechosos en el asesinato de Cáceres, de los cuales uno es un oficial del ejército y otros dos son militares en retiro. Estas detenciones plantean serias dudas en cuanto al papel de los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato;

(15) A pesar de los llamados de sesenta y dos miembros del Congreso, los familiares de Berta Cáceres, el COPINH, líderes de la Unión Europea, del Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia, entre muchos otros, el gobierno de Honduras no ha permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una investigación independiente del caso;

(16) En este contexto de corrupción y abusos de derechos humanos con impunidad, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas afro-indígenas, indígenas, campesinos y activistas LGBTI, defensores de derechos humanos y gente que crítica al gobierno, permanecen en grave riesgo; y los anteriores abusos de los derechos humanos en contra de ellos permanecen en gran medida en la impunidad;

(17) El 2 de mayo de 2016 fue balaceado el destacado periodista de la oposición Félix Molina y el caso permanece en la impunidad, lo cual ilustra el riesgo continuo para activistas. Horas antes de que le dispararan, Molina había publicado información potencialmente vinculando el caso de Cáceres a un alto funcionario del gobierno, a miembros de una familia de la élite, y a uno de los fiscales en el caso;

(18) La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente $18 millones para la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento del Presidente para el año fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras;

(19) El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó $59.8 millones a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.;

Sección 3. SUSPENSIÓN Y RESTRICCIONES DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD A LA REPÚBLICA DE HONDURAS A MENOS QUE SE CUMPLA CON CIERTAS CONDICIONES.

(a) LA SUSPENSIÓN DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD — No se pueden destinar fondos a la República de Honduras para la policía y ni las fuerzas armadas, incluyendo fondos para equipo y entrenamiento.

(b) LOS PRÉSTAMOS DE BANCOS DE DESARROLLO MULTILATERALES — Se instruirá al Departamento del Tesoro para que vote en contra de cualquier préstamo para la policía y las fuerzas armadas de la República de Honduras.

Sección 4. CONDICIONES PARA LEVANTAR LAS SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES.

Las disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique a los comités pertinentes del Congreso que el Gobierno de Honduras —

(1) ha perseguido todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron —

(a) el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016;

(b) el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán

(c) los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de diciembre de 2015; y

(d) el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo de 2016;

(2) ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure que las fuerzas armadas y la policía están cooperando en estos casos, y que han cesado tales violaciones;

(3) ha retirado las fuerzas militares de las tareas de la policía nacional, de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil;

(4) ha establecido que protege de manera efectiva los derechos de los sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos y LGBTI; opositores del gobierno; y otros activistas de la sociedad civil para que actúen sin interferencias; y

(5) ha tomado medidas efectivas para establecer plenamente el Estado de derecho y para garantizar un sistema judicial que sea capaz de investigar, enjuiciar y llevar a la justicia a miembros de la policía y las fuerzas armadas que han cometido violaciones a los derechos humanos.

Origen: http://www.elheraldo.hn/pais/977475-466/en-qué-consiste-la-ley-berta-cáceres-presentada-en-congreso-de-ee

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