Entradas etiquetadas como Institucionalidad

Militares exigen respeto a la institucionalidad en Honduras

“Hacer un llamado respetuoso,  pero enérgico,  al Señor Presidente de la República para que convoque a un diálogo honesto, sincero y patriótico donde prevalezcan los más altos intereses de la Patria y no el de un grupúsculo de corruptos”

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

chafas

En las redes sociales ha aparecido un comunicado atribuido a las promociones 23, 24, 25,26, 27 y 28 de las Fuerzas Armadas de Honduras,  donde muestran su preocupación por lo que está ocurriendo en el país,  lo que califican como una crisis peor a la del año 2009 cuando se dio el golpe de Estado con la participación de la institución castrense.

Aunque no aparecen firmas en el documento, la ciudadanía lo ha tomado con agrado y los comentarios son de apoyo a las acciones que se enuncian en el mismo,  donde repudian los actos de corrupción que han ocurrido y manifiestan su  preocupación por “la actitud cómplice de la Fiscalía General, del papel timorato y de sometimiento del Poder Judicial, así como también la intransigencia del Presidente del Congreso con las Fuerzas opositoras además de compra de conciencias de algunos diputados”.

En el  comunicado se ordena a la Policía Militar de Orden Público asumir posiciones para control del delito y en ningún caso situaciones donde se involucren civiles en marchas pacíficas.

Solicitan además que la Promoción número 18 cese inmediatamente de sus funciones para que se realice el relevo generacional que ha sido tradición en nuestro cuerpo armado.

Y piden a los miembros de la Guardia de Honor Presidencial realizar el repliegue táctico necesario cuando se les indique.

A continuación reproducimos el comunicado publicado en las redes sociales y que es atribuido a varias promociones de las Fuerzas Armadas

 

Al Pueblo Hondureño
Nosotros, las promociones 23, 24, 25, 26, 27 y 28, egresados de nuestra gloriosa Academia Militar “General Francisco Morazán”, reunidos en algún lugar de la República de Honduras, a todo el pueblo comunicamos lo siguiente:
Expresamos nuestra preocupación por la situación que vivimos actualmente como profesionales de las armas con el más alto espíritu de compromiso y amor a la patria, por una crisis igual o peor a la vivida en el 2009.

Nuestro Alto mando ha demostrado un sometimiento total al poder civil, tal como debe ser. Pero también es nuestro deber advertir los problemas y que estos se solucionen escuchando la voz del pueblo.

Observamos que el Señor Presidente mantiene una actitud de intransigencia convocando a sus parciales pero no en un diálogo abierto con todos los sectores y obviando a los sectores de oposición que son unos de los actores principales de la crisis.

Somos y seremos soldados fieles a nuestra Patria y a nuestro Pueblo que es de donde salimos, pero tampoco estamos dispuestos a sacrificar a las personas que luchan por tratar de esclarecer todos los actos de corrupción y las injusticias que a diario cometen.

Por todo lo anterior y consientes de la responsabilidad histórica que nos toca asumir hemos decidido:

Que la Promoción número 18 cese inmediatamente de sus funciones para que se realice el relevo generacional que ha sido tradición en nuestro cuerpo armado.
Hacer un llamado respetuoso pero enérgico al Señor Presidente de la República para que convoque a un diálogo honesto, sincero y patriótico donde prevalezcan los más altos intereses de la Patria y no el de un grupúsculo de corruptos.

Repudiamos todos los actos de corrupción que han ocurrido y es de nuestra preocupación la actitud cómplice de la Fiscalía General, del papel timorato y de sometimiento del Poder Judicial, así como también la intransigencia del Presidente del Congreso con las Fuerzas opositoras además de compra de conciencias de algunos diputados.

Se ordena a la Policía Militar de Orden Público asumir posiciones para control del delito y en ningún caso situaciones donde se involucren civiles en marchas pacíficas.

A la Policía Nacional mantener una actitud de respeto a la vida y a los derechos humanos.
A nuestros compañeros de la Guardia de Honor Presidencial realizar el repliegue táctico necesario cuando se les indique.

En ningún caso quisiéramos enfrentar situaciones difíciles con nuestro Alto Mando ni con el Poder Civil, pero no vacilaremos en demostrar nuestro amor a la Patria y nuestro único compromiso que es con el Pueblo Hondureño.

Para Dios, Nuestra Patria y Nuestro Pueblo.

Lealtad, Honor,  Sacrificio

Fuente: http://criterio.hn/militares-exigen-respeto-a-la-institucionalidad-en-honduras/

Anuncios

, , , ,

Deja un comentario

Honduras: Falta de separación de poderes del Estado menoscaba la democracia: Icefi

jueves, 25 de junio de 2015

Enviado por Nicolle López,hondudiario.com/ el 24 Junio 2015-4:29pm Tegucigalpa,Honduras.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) manifestó que la falta de separación de los poderes del Estado en Honduras menoscaba el equilibrio y los necesarios pesos y contrapesos, propios de una democracia funcional. Expresó que existen dudas sobre la correcta aplicación de la justicia ante el debilitamiento institucional del Estado. Además que el sistema de administración de justicia ha demostrado incapacidad para prevenir y castigar la comisión de delitos.
Por esta razón, Icefi se suma a la preocupación por los múltiples casos de corrupción en instituciones estatales hondureñas, en los que ya es del conocimiento público la participación de altos funcionarios de la administración gubernamental.
Asimismo, apoya el clamor de la ciudadanía hondureña para la instalación de una comisión internacional contra la impunidad (CICI), similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que ha demostrado altos niveles de efectividad en el país vecino, al desmantelar estructuras criminales en la administración tributaria, el seguro social y el organismo judicial guatemaltecos, las cuales se alimentaban de la acción de funcionarios corruptos.

Por otro lado, a criterio del Instituto, un convenio entre el gobierno de Honduras y la ONU para la creación de un ente independiente y especializado, con capacidades especiales para realizar investigaciones y acusar a los corruptos y corruptores, constituiría una muestra de voluntad política de las autoridades hondureñas.

También, el Icefi propone un diálogo nacional inclusivo, sin precondiciones, con una agenda bien definida y sujeta a la verificación de resultados, que busque recobrar la confianza en el sistema político.

Recomendó que dentro de los acuerdos alcanzados en un diálogo legítimo e inclusivo, se incluyan temas como la equidad tributaria, la transparencia fiscal (ingresos y gastos públicos) la eficiencia y efectividad del gasto público y el fortalecimiento de la capacidad ciudadana para ejercer auditoría social, elementos que coadyuvan a prevenir la corrupción.

Además, instó a detener las acciones gubernamentales orientadas a desmantelar el sector público, como las concesiones o la privatización, las cuales afectan la posibilidad de una administración pública efectiva frente a las demandas de la sociedad.

Finalmente, el Icefi instó al gobierno de Honduras a responder con madurez política a la demanda ciudadana, demostrando apertura, sensatez y buen juicio en la búsqueda de acuerdos nacionales que permitan combatir efectivamente la corrupción y colaborar con la aplicación de la justicia.

Manifiesta que el clamor ciudadano expresado en diferentes manifestaciones debe ser tomando en cuenta, y asumir el reto de reformar el sector público, recuperándolo como un aliado para el desarrollo económico y social de Honduras.

El Instituto espera una aplicación correcta, pronta y objetiva de la justicia, sin distinción de ninguna clase y poniendo igual peso para corruptos y corruptores.

Fuente:hondudiario http://www.hondudiario.com/?q=node/20940

, , ,

Deja un comentario

Consensos con todos los sectores propone población ante crisis institucional

Ene 23, 2015

Como un enorme desafío para el movimiento social y la clase política, se ha visto el clamor de la gente porque se realice un diálogo nacional con todos los sectores de la sociedad en búsqueda de soluciones para los principales problemas del país. Esto se vio reflejado en los resultados del sondeo de opinión pública realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC a finales de 2014, que esta semana se presentaron al público en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El 60% de la población afirmó que le gustaría que los asuntos públicos y los problemas de país se aborden a través de acuerdos y consensos con todos los sectores nacionales. Según la encuesta, casi 9 de cada 10 (87.6 por ciento) hondureños y hondureñas manifiestan estar de acuerdo con la necesidad de convocar a todos los sectores nacionales para buscarle salida a la crisis que vive el país.

Lo curioso es que aunque este deseo de la población es mayoritario, la clase política y el mismo gobierno en el poder están actuando de forma contraria, dijo el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director de este centro de investigación.

Moreno solo lo ratifica, pues los mismos resultados del sondeo reflejan la inconformidad de la gente con la clase política y las mismas instituciones del Estado.

En estos resultados se pueden comparar la asistencia masiva de la ciudadanía a las urnas y el porcentaje de personas que no se sienten representadas o beneficiadas por quienes han votado. El 72.1 por ciento de la población votó en las elecciones pasadas. Sin embargo, el 71.9 por ciento de la población encuestada no se siente representada ni beneficiada por las leyes impulsadas en el Congreso Nacional.

Norma Cruz, promotora social en el tema de niñez en San Pedro Sula, asegura que el pueblo no se siente representado porque el Congreso solo ha hecho leyes antipopulares, en contra del pueblo, así como la creación de las Ciudades Modelo y la policía militar a pesar que lo que el pueblo necesita es trabajo, seguridad y salud. Las leyes no benefician esos aspectos, según esta ciudadana que estuvo en la presentación de resultados en la ciudad norteña.

En la misma línea, la gente ha manifestado un descontento profundo con todo el sistema de partidos políticos, ya que la mayoría considera que los nuevos partidos son más de lo mismo, el 77.7 por ciento de la población encuestada, frente al 19.5 por ciento que opina que sí representan a la gente.

Moreno, en su análisis, explica que la población hondureña percibe que los políticos no están a la altura de sus necesidades y advierte también que los políticos no saben jugar limpio frente a la sociedad.

“Si usted une ese altísimo porcentaje que no se siente identificada con las decisiones que toman los políticos, con el dato del 75% de participación en las urnas, eso significa que la población se siente con el derecho de cuestionar, rechazar a los políticos porque sus cargos son en virtud de esos votos. Sin embargo esos políticos están muy distantes de esas necesidades, la población no se siente tomada en cuenta”, expresó Moreno en una entrevista para Radio Progreso.

El ERIC lleva realizando este sondeo 5 años consecutivos. Cada año la percepción de la gente sobre la realidad hondureña marca claramente la crisis en la que la mayoría de la población sobrevive y en que el Estado de derecho se hunde cada vez más.

Desde que surgieron nuevos partidos políticos, una pregunta que ha causado revuelo tiene que ver con su comportamiento y las tendencias político partidarias de la gente.

“La gente coloca a los partidos nuevos muy por debajo de la votación que recibieron en las elecciones pasadas, hay un desencanto de la ciudadanía con los nuevos partidos políticos”, dijo Moreno ante los resultados que colocan al Partido Nacional como mayoritario en las preferencias de la población encuestada, como segundo lugar ningún partido político, tercer lugar el partido Liberal y en cuarto y quinto lugar a las nuevas fuerzas políticas Libre y PAC respectivamente.

Estos resultados se pueden unir a la inconformidad que demostró la gente con la participación de los diputados en el Congreso Nacional, que es donde la oposición había generado muchas expectativas.

Cinco años de oídos sordos

Este sondeo demuestra que los partidos políticos son una especie de maquinaria electoral nada más. Cada año la población muestra su inconformidad con la manera de gobernar, siente que no se le escucha y en efecto, los partidos políticos no están siendo representativos de esas demandas que la población más empobrecida expresa.

“La necesidad que surjan propuestas desde la base que puedan canalizar las demandas sigue siendo asignatura pendiente, los nuevos partidos políticos no están a la altura de esta realidad, existen para que depositemos los votos, son partidos electoreros, no representativos”, explicó Moreno.

El director de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, Flacso, Rolando Sierra, anotó además que la opinión de los encuestados y encuestadas tiene diversas contradicciones que se deben estudiar más a profundidad. La ciudadanía está clara que tiene esperanzas pero no sabe en qué fundamentarlas. Por ejemplo, pide consensos y un diálogo nacional, sin embargo, a pesar de la baja calificación que sacó el gobierno actual y la baja confianza que expresa tener en los partidos políticos, espera que ese diálogo lo lidere el gobierno, en primer lugar, y en un segundo lugar, el sector campesino.

Moreno dice: “Este pueblo hondureño es pacífico. Las instituciones están aplazadas, sin embargo la gente no dice salgámonos de las elecciones, o busquemos salidas a través de las armas, o busquemos que las respuestas las den las ONGs, los políticos tienen la mayor responsabilidad de canalizar nuestras demandas. Es una gran responsabilidad y reto para los liderazgos hondureños, sin embargo da la impresión que no escuchan la voz de la gente ni les interesa interpretar la voz del pueblo, que se da a través de esta percepción de realidad que podrá ser controlada o estar manipulada, pero eso es lo que piensa la gente”.

Por su parte el analista, Efraín Díaz Arrivillaga es de la opinión que la percepción de la población parece no ser tan negativa sobre el gobierno del presidente Hernández, sin embargo hay insatisfacción por la no resolución de problemas tan agudos como la pobreza y la violencia.

Algunas contradicciones, por ejemplo, son la expresión de desconfianza en los partidos políticos, aun cuando hay una alta participación electoral; aunque la gente se sigue manifestando negativamente sobre los dos grandes partidos, hay un fuerte sector de esa población que no se adhiere a ningún político y fue determinante en las últimas elecciones en Honduras.

Percepción manipulada

Otra línea para entender algunas de las contradicciones en la opinión de la población encuestada es revisar el papel de los medios de comunicación en la formación de esa opinión.

La televisión es el medio preferido por la ciudadanía para informarse, así lo establecen los resultados del sondeo. Cuando se consultó a través de qué medio la población se entera de las noticias, el 76.2 por ciento prefiere informarse a través de la televisión, el 16.2 por ciento por la radio, un 5.1 por ciento lo hace por los medios escritos y el restante 2.4 por ciento lo hace a través de internet.

Bertha Cáceres, dirigente popular, cree que estos resultados abren muchos cuestionamientos y bases para el análisis.

“Si estamos escuchando una guerra ideológica mediática, planificada y muy bien pensada, esta percepción se queda corta con la intensidad de inversión de tiempo y recursos de los grupos de poder y los gobiernos a estas campañas. Por ejemplo en el tema del movimiento social, ¿qué dicen los grandes medios más escuchados? ¿Cuál es el mensaje y la imposición cultural que hacen estos medios sobre el movimiento popular? Dicen que somos criminales, corruptos y violentos”, expresó Cáceres.

También opinó sobre las instituciones que gozan mayor confianza de la ciudadanía, que fueron encabezadas por la iglesia evangélica y en segundo lugar la iglesia católica.  Cáceres atribuye esto a que las iglesias evangélicas, son las que más medios de comunicación tienen hoy. El poder de los medios de comunicación trasciende en varios espacios.

“¿Cuántos canales, radios, medios tienen estas iglesias?, ¿de dónde sacan esta inversión? Es un poder impresionante”, cuestionó la lideresa popular.

Aunque un factor determinante puede ser que la población encuestada en su mayoría había culminado solo sus estudios primarios y el efecto de los medios de comunicación es más invasivo en estas condiciones, Cáceres invitó a que se realice un estudio sobre el tema pues ella considera que no solo tiene que ver con el nivel educativo, sino con toda esta maquinaria mediática y en manos de quién están los medios. “A veces en las áreas rurales hay menos nivel educativo pero mayor movilización y cuestionamiento. Hay mucho para discutir con estos resultados”, concluyó.

El sondeo de 2014 deja establecido el escaso interés de la gente por la política, y a su vez refleja también una débil formación política ciudadana. Según los resultados de las encuestas, un 35.5 por ciento de los hondureños y hondureñas nunca lee noticias sobre política, un 43.5 lo hace a veces, y solo el 20.6 por ciento dijo leer noticias sobre política con frecuencia.

El poco interés sobre la política también se expresa al consultar a la población si ve programas políticos por la televisión, ya que un 39.8 por ciento dijo que nunca, un 41.3 por ciento manifestó que a veces y un 18.4 por ciento contestó que frecuentemente. La realidad de desinterés por la política se agudiza en las redes sociales. El 80.9 por ciento afirmó no seguir temas políticos por las redes sociales como Facebook o Twitter, un 11.9 por ciento afirmó que a veces, y apenas un 5.1 por ciento  manifestó que frecuentemente. La misma tendencia se refleja al preguntar si siguen temas políticos por la radio.

Relación prensa-poder

Por su parte, la periodista Thelma Mejía, quien ha estado al frente de grandes medios de comunicación con mucha influencia en Honduras, cree que el punto es ver estos resultados como un desafío para evaluar cómo se está informando a la población.

“Hay medios que tienen una política definida del morbo, eso enferma a la sociedad, habrá un momento que eso también los hará tener una caída lógica porque la gente se está saturando solo con violencia, se puede informar de la violencia pero el reto es hacerlo adecuadamente. Otra cosa es el distanciamiento con el poder, un acercamiento permanente con el poder incide en la caída de ellos en sus picos de audiencias, son dos desafíos, la relación prensa-poder debe ser cordial pero distante”, dijo Mejía.

Mejía resalta que hay que poner atención a estos resultados, que por 5 años consecutivos mantiene que la gente está pidiendo un consenso, un espacio en el que se les escuche y los medios deben aprender a interpretar esas señales de la gente y deben abrir sus espacios para promover ese tipo de debates y consensos y forzar a un gobierno a que si de verdad quiere gobernar en democracia o evitar que Honduras sea de tiros y palos, debe avanzar a ello. Esta periodista sostiene que los gobiernos se empecinan en permanecer de oídos sordos y no es la población la que está de oídos sordos a la política.

Esperanzas

Mercy Ayala,  del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj) dice que la creación de consensos, superficialmente, es muy bonito pero la realidad es mucho más compleja porque todos los lectores tienen intereses diversos y contrarios. “Para llegar al consenso es necesario el conflicto, primero tiene que haber un conflicto que visibilice esos intereses, no se puede llegar a un consenso cuando un sector quiere sacar provecho de otro. Es necesario que los excluidos de este sistema nos podamos sentar y ponernos de acuerdo en cosas concretas, que hayan acuerdos pero no que todos piensen igual”, dijo esta joven dirigente.

El analista Efraín Díaz Arrivillaga sostiene que es importante ver que a pesar que a través de los medios de comunicación los gobiernos parecen establecer una agenda política nacional, la gente está entendiendo que no es así, sino que cada gobierno tiene una agenda propia y es por eso que revela su necesidad de consensos.

El director del ERIC concluyó diciendo que “la mayor oportunidad que nos da este sondeo está en que la percepción de la gente es que los graves problemas del país son tan hondos que no los puede responder solo el gobierno, que debe ser un líder en el proceso, pero no solo el gobierno sino todos los sectores. A mí me parece que el gobierno actual está actuando al revés de lo que pide el pueblo hondureño, la gente pide consensos y el gobierno responde personalizando y concentrando decisiones”.

Los datos confirman que la población sigue teniendo esperanzas en su país, y que si la migración es alta es porque es un fenómeno forzado. “Si aquí tuviéramos oportunidades de empleo, una reforma agraria que garantice la alimentación a la población, una seguridad jurídica, la gente se quedaría. La gente dice que no quiere irse sin embargo el 2014 fue el año en que más se fue la gente. Esto es urgente, los tomadores de decisiones deben respuesta a esa gente que quiere quedarse en el país. Porque la gente se puede finalmente cansar de ser tan paciente, y puede buscar otros caminos que ojalá nunca lleguemos a ellos”, dijo Moreno.

El analista Rolando Sierra mencionó un título de Flannery O Connor para resumir la importancia de los consensos en Honduras: “Todo lo que asciende debe converger”. La mayoría de la población quiere que Honduras ascienda en las listas que determinan los índices de democracia, desarrollo, respeto a derechos humanos, transparencia y paz.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1563-consensos-con-todos-los-sectores-propone-poblaci%C3%B3n-ante-crisis-institucional

, , ,

Deja un comentario

5 Factores que contribuyen a la violencia en Honduras
por Elizabeth Perkins, APP Equipo Honduras

En Octubre Witness for Peace New England invitó a Padre Ismael Moreno Coto (Padre Melo) para hacer una gira educativa en la región de Nueva Inglaterra. Padre Melo es un sacerdote Jesuita y defensor de los derechos humanos en Honduras. Padre Melo habló con una variedad de personas por todo Rhode Island, Massachusetts, y New Hampshire sobre el asunto de las cifras altas de violencia en su país. 20 personas son asesinadas diariamente en este país pequeño que es el tamaño del estado de Tennessee. Padre Melo articulo 5 factores que ayudan a explicar porque Honduras es el país más violento del mundo entero.
Padre Melo con miembra del Equipo Internacional APP Elizabeth Perkins en Boston College.
1. Las armas. Honduras el país más armado de todo Centroamérica. 
Cuando firmaron los acuerdos de paz en los años 90 en Guatemala, El Salvador, y Nicaragua, un punto de los acuerdos fue que las guerrillas quemaran sus armas. La mayoría de las armas no fueron quemadas pero vendidas a los oficiales del ejército hondureño que luego comenzó a traficarlas. Estas armas se vendieron a narcotraficantes, a empresarios y terratenientes para sus fuerzas privadas y a líderes de las pandillas que en ese momento comenzaban a crecer y fortalecerse.
2. Narcotráfico. Según un informe del Departamento de Estado de este año, 80% de la cocaína destinada por los EEUU pasa por Centroamérica. 87% de los embarques de dogas aterrizan en Honduras. Como resultado, narcotraficantes tienen un poder enorme en el país, con mucha influencia en cada aspecto de la vida hondureña. 
Por ejemplo, el narcotráfico es el empleador más grande del país. Hay pueblos enteros con infraestructura construida y mantenida por grupos de narcotráfico. Algunos residentes hasta prefieren vivir en estas regiones de narcotráfico porque no hay delincuencia común. Cuando ocurre violencia se resuelve a balazos. En la década de los 60 cuando jefes colombianos del narcotráfico empezaron a traficar, sus primeros aliados fueron oficiales del ejército hondureño. Después de que la administración de Bush exigió más control en las costas y fronteras en los años 90, fue mucho más difícil que los embarques llegaran directamente a los EEUU. Narcotraficantes tuvieron que cambiar su estrategia. Se aprovecharon de sus aliados en Honduras y empezaron a utilizar las costas hondureñas para trasladar las drogas más al norte por mar o aire y luego pasarlas de allí a Guatemala o El Salvador, y luego a México para llegar a los Estados Unidos.
3. Debilidad institucional del estado. En el transcurso de 3 años, 32 periodistas han sido asesinadxs en Honduras. 
En capacidad de director de Radio Progeso y ERIC-SJ, Padre Melo junto con su equipo tiene que tomar decisiones difíciles sobre lo que pueden y no pueden publicar para mantener la seguridad de sus periodistas. Actores del estado (policía, jueces, fiscales, oficiales del ejército, alcaldes, por ejemplo) tienen pocas opciones frente el enorme poder del narcotráfico. ¿Cuáles son las opciones de un juez que tiene todas las pruebas para condenar a un narcotraficante? Si le llevan a un juicio y le condenan, el próximo día ese juez le encuentran muertx. Esto ocurre en Honduras con frecuencia. ¿Entonces cuáles son sus opciones? O salir del país, o resunsiar su puesto, o ser cómplice del narcotraficante. Es igual para otrxs funcionarixs públicxs. Muchxs abogadxs han sido asesinadxs en Honduras. Periodistas se auto-censuran y evitan publicar noticias que se tratan del narcotráfico porque el solo hacerlo se condenarán a la muerte.
4. Desigualdad socio-económico. En Honduras hay una distribución sumamente desigual de riqueza y recursos. 0.004% de la población tiene la mayoría de los recursos y la riqueza y siguen enriqueciéndose. 
En 2012 hubo 205 individuos con un capital promedio de $132 millones de dólares. En 2013 ese número subió a 215 personas cada una con una fortuna de $139 millones de dólares. A la par, de 4 millones habitantes (aproximadamente la mitad de la población) que están económicamente activa, 2 millones son desempleadxs, la mayoría siendo menores de 30 años. Solo el 5% del presupuesto nacional es destinado a los sectores rurales. Lxs jóvenes que se crían en el campo por lo general salen a buscar trabajo en sectores urbanos. Van buscando empleos en estos sectores urbanos donde el desempleo prevalece. No encuentran trabajo y luego: ¿cuáles son sus opciones? Migrar.
500 hondureñxs salen del país diariamente con la meta de llegar a los EEUU. De esos 500, 420 regresan — no llegan a la frontera, 20 son mutiladxs y 5 como cadáveres. Esos que logran cruzar la frontera (actualmente hay alrededor de un millón de hondureñxs que viven fuera del país) empiezan a mandar remesas, convirtiéndose en la fuente de ingreso principal de Honduras. Las familias de migrantes reciben ese dinero directamente. Con eso compran comida en el supermercado, materiales de construcción para sus casas, cuadernos y libros para sus hijos. Sin embargo, lxs dueñxs de las tiendas y fábricas que contribuyen a la economía son los mismos 215 personas. Si una familia pone su dinero en el banco, el banco no lo va a prestar a lxs pobres, sino a esas 215 personas. Lxs que no migran buscan trabajo donde puedan. Muchas veces se meten a la delincuencia común o pandillas, crimen organizado (por ejemplo grupos de sicarios que se está haciendo muy común en Honduras) o el narcotráfico.
5. El gobierno de los Estados Unidos. Los EE.UU sigue tratando de comprender a Honduras desde la perspectiva de sus propios intereses de seguridad y militarización del país. Eso significa que no toma en cuenta los deseos e intereses de Honduras. 
Cuando Padre Melo estuvo en Washington, D.C. hace dos años, un alto funcionario del Departamento de Estado le dijo que los EE.UU. está comprometido a asegurarse que no suceda otro golpe de estado en Honduras. Para prevenir eso, explicó, que los EE.UU. se enfocarán en la profesionalización del ejército hondureño y la policía. Así como hicieron en Colombia. Le informaron a Padre Melo que el gobierno estadounidense destina un presupuesto no pública de $3,000 millones de dólares para este fin.
Los actores internos del estado con quienes trabajan el gobierno estadounidense son los mismos aliados que tuvo en la década de los 80. Son los mismos oficiales del ejército y empresarios que se alían con narcotraficantes y que siguen haciéndolo. ¿Los EE.UU. sabe que sus aliados están comprometidos al narcotráfico? ¿Que las mismas personas con quien trabajan en su lucha contra las drogas, también trabajan con narcotraficantes? Con la cantidad de información que tienen a su disposición, asumimos que sí. A lo mejor, los EE.UU. no sabe como encontrar nuevos aliados en Honduras. ¿Peor aún? La lucha contra el narcotráfico (“la guerra contra las drogas”) realmente no se trata de drogas. Si fuera así, lógicamente pondrían el mismo esfuerzo en disminuir la demanda en casa (la mayoría de la cocaína en el mundo se consume en los EE.UU) para disminuir la oferta. Lógicamente, mientras hay demanda y ganancia, existirá una oferta para satisfacer la demanda. ¿Entonces que más pueden ser los motivos detrás de esta lucha contra el narcotráfico y esta estrategia militar? Honduras tiene un lugar estratégico en Latinoamérica. Está en el Caribe, ubicado en el centro de Centroamérica y al norte de Sudamérica.
¿Entonces, enfrentando esta situación, cual es el camino? La respuesta de Padre Melo es la comunidad organizada. Lxs hondureñxs han unido tras movimientos – de diversidad sexual, campesinos, indígenas y étnicas y movimientos juveniles. Todos son grupos que comparten metas y se unen en solidaridad no solo para denunciar abusos de derechos humanos y demandar una transformación, pero también para promover una realidad alternativa en Honduras. Una realidad que no promueve la ley de lxs fuertes sino que una realidad en la cual los derechos humanos y los deseos del pueblo son respetados.
Padre Melo con estudiantes de Brigdewater State University.

¿Y nosotrxs en EE.UU.? Hay que apoyar a estos movimientos en Honduras por demandar que el gobierno estadounidense deja de mandar fondos al ejército y policía hondureña. Mediante el envió de fondos a estas instituciones, el gobierno de EE.UU. solo aumenta la violencia en este país. Les sigue mandando dinero a sus aliados que son los mismos aliados de los narcotraficantes. Lxs estadounidenses pueden influir a la transformación, escribiéndoles a sus representantes en el Congreso y difundiendo la información de cómo se utiliza sus impuestos en Honduras. ¿Imagínese que puede hacer $3,000 millones de dólares si estuviera destinado a la educación, la salud y recreación en vez de la policía y el ejército? Es cuestión de prevenir la violencia por medio de la creación de oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida en vez de luchar con la violencia con más violencia.

 

, , , , , , , , ,

Deja un comentario

Honduras en penúltimo lugar en inclusión social

              Viernes 04 de octubre de 2013
                           05:31 am                            – Redacción 

Según estudio, la eficacia o capacidad de respuesta del gobierno es calificada con 2.72%, en una escala de 1 a 7.

 

Tweet

Honduras es de los países de América que invierte muy pocos recursos en programas sociales, dice estudio sobre inclusión social.

Honduras es de los países de América que invierte muy pocos recursos en programas sociales, dice estudio sobre inclusión social. (Redacción)
                                    Tegucigalpa,Honduras

La pobreza en Honduras es extrema y el acceso al empleo formal es limitado.

A pesar de esto, y de sus bajos puntajes en derechos civiles, políticos, LGBT y de la mujer, además de la baja percepción de la eficacia del gobierno, los hondureños se sienten más empoderados que muchos otros en la región, según refleja el Índice de Inclusión Social 2013.

En su segundo año de ejecución, esta medición, que analizó 21 variables, incluyó en la escala a Costa Rica, El Salvador, Panamá y Honduras; haciendo un total de 16 países de América.

En las conclusiones se comparan también los niveles de inclusión social de cada uno de los países con respecto a sus tasas de violencia.

De acuerdo a este estudio continental, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Honduras (PIB) en el período 2002-2012 fue de 4.17%, y de este, solo el 11.38% fue invertido en programas sociales.

Asimismo, el documento establece que el 49.2% de hombres y el 58.6% de mujeres fue inscrito en la escuela secundaria.

En cuanto a derechos políticos se le dio una calificación de 18%, de un total de 40%.

En lo referente a derechos civiles se le dio un porcentaje de 33% de 60. Y en derechos de la mujer recibió una calificación de 18%. En la investigación se estableció que el 44.6% de hombres y el 44.6% de mujeres viven con más de cuatro dólares al día.

En este estudio, la capacidad de respuesta del gobierno hondureño, o sea su eficacia, es calificada con 2.72% en una medición de 1 a 7.

Por otra parte, se establece que el 65.3% de hombres y el 68.8% de mujeres tienen acceso a una vivienda adecuada.

También menciona que 5.1% de hombres y el 10.8%, con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, tienen acceso a un empleo formal.

En este estudio de inclusión social, de los 16 países evaluados, Honduras aparece en el penúltimo lugar (posición 15), superando únicamente a Guatemala.

A pesar que Honduras tuvo un mayor crecimiento en el PIB en relación con Nicaragua, la investigación muestra que la inversión en los programas sociales fue menor al del país vecino.

Nicaragua tuvo en los últimos diez años un crecimiento de su PIB de 3.47 pero de esta cantidad invirtió el 12.30 en programas sociales, mientras que Honduras solo invirtió el 11.38%.

En el ranquin de inclusión social, Uruguay aparece en primer lugar seguido de Chile, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, Colombia, Bolivia, México, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Honduras y Guatemala.

En lo relativo a la escala de la tasa de homicidios, Honduras aparece en último lugar con un promedio de 82.1 de homicidios por cada cien mil habitantes y luego está El Salvador con 64.7. Estos datos tienen como fuente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2010.

“Nuestro índice refleja el consenso reciente de que la inclusión social abarca un ambiente institucional, social, político y actitudinal que va más allá de la economía, la reducción de la pobreza y la desigualdad, del mismo modo que el “desarrollo sostenible” (otro término moderno) incorpora asuntos tales como el medio ambiente, el cambio climático y el buen gobierno, que van más allá de las nociones tradicionales de desarrollo vigentes en las décadas de los 60 y los 70”, dice el estudio.

Continúa: “en su forma más básica, la inclusión social se refiere a las oportunidades: representa la suma de los factores necesarios para que un individuo disfrute de una vida segura y productiva como un miembro totalmente integrado en la sociedad, independientemente de su raza, origen étnico, género u orientación sexual.

Pero, debido a que los ambientes político y social no se encuentran aislados, cualquier medida de inclusión social también debe incluir aquellos factores que le permiten a un ciudadano expresarse para exigir un cambio y un gobierno responsable que atienda a estas exigencias”.

Un país puede reducir su pobreza y desigualdad solo si crece económicamente, afirma esta investigación.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-en-penultimo-lugar-en-inclusion-social

,

Deja un comentario

Insulza: debilidad institucional y políticas erradas alimentan narcotráfico

18:05
27
Septiembre
2013
México – El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, reconoció hoy en México que a nivel regional hay una debilidad institucional que obstaculiza el combate al narcotráfico, alimentado también por políticas públicas equivocadas.
“Estamos abordando el tema de las drogas desde una perspectiva equivocada, afirmó el diplomático chileno durante su intervención en el foro “La Política de Drogas en el Mundo”, organizado por el Senado de México.    El uso de medios represivos con que se trata el tema de las drogas “es parte medular del problema mismo, y el problema es la forma en que se percibe el consumo, y la forma en que se persigue al tráfico no resuelve el problema, sino que lo agrava”, aseveró.    “La verdad es que en esas condiciones la guerra parece una guerra sin fin, si hemos de atenernos sólo a la lucha contra la oferta”, consideró el titular de la OEA.    Destacó la necesidad de enfrentar el consumo de drogas con un enfoque de salud pública, que considere a los adictos como enfermos y que sean atendidos por médicos en lugar de ser encarcelados.    Durante su exposición, en la que habló del informe de la OEA titulado “Problema de las Drogas en las Américas”, Insulza se pronunció por abrir la discusión sobre la despenalización del consumo de estupefacientes.    “Es ciertamente un asunto que vale la pena examinar; es un tema válido que no afecta el actual estado jurídico internacional respecto de las drogas”, argumentó.    Refirió que el narcotráfico obtiene ganancias anuales estimadas en 154.000 millones de dólares, de los cuales por los menos 77.000 millones se “lavan” en el sistema financiero.    Asimismo, indicó que en las Américas se consume 45 por ciento del total de la cocaína que se trafica en el mundo, así como la mitad de la heroína y la cuarta parte de la marihuana.    Añadió que el problema de las drogas en las Américas es de carácter hemisférico, y “no hay ningún país que esté exento”.    Por otro lado, resaltó que un kilo de pasta base de cocaína, que de origen tiene un valor en las selvas de Bolivia, Colombia y Perú de 585 a 780 dólares, representa para los narcotraficantes réditos finales estimados en 330.000 dólares.    Finalmente, señaló que la mayor violencia no se registra donde se produce la droga sino en los países de paso, donde los cárteles “se disputan el espacio, el tránsito y la posibilidad de llevarse el producto al mercado final”.

, ,

Deja un comentario

EEUU: combatir corrupción requiere fortalecer sistema judicial y comunidades

17:03
27
Septiembre
2013
Nueva York – El combate contra la corrupción y la mejora de la seguridad en América Latina pasan por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, además de una mayor implicación de las comunidades, dijo hoy en entrevista con Efe la secretaria de Estado adjunta para la región, Roberta Jacobson.
“Creemos cada vez más que las cosas más importantes son las instituciones democráticas en los países: cómo funciona la rama judicial, el sistema jurídico, para brindar a la gente justicia y donde las reglas se aplican a todos por igual”, dijo Jacobson, en una entrevista bilingüe realizada en Nueva York.    “Las instituciones judiciales, no solo los policías o los militares, son los elementos más importantes para bajar la situación de corrupción y para dar a la gente la confianza de que pueden operar” en ambiente de seguridad, observó la secretaria, al margen de la 68 Asamblea General de Naciones Unidas.    “Eso va a tomar más tiempo y la gente quizá no tiene paciencia para esperar, pero tenemos que centrarnos en particular en las instituciones”, afirmó.    La segunda parte de su recetario para mejorar la seguridad ciudadana es trabajar a nivel comunitario, y en particular con las mujeres.    “Los líderes de comunidades, especialmente las mujeres, las madres de familia, entienden lo que necesitan: trabajo para (mantener a) sus hijos, educación y una comunidad que tenga la posibilidad de resistir a las maras (pandillas) o los carteles”, destacó Jacobson, al insistir en que la solución a los retos de seguridad no puede quedar solo en manos del Gobierno.   Al hacer un repaso de las relaciones de EE.UU. en la región, Jacobson destacó el diálogo con Cuba sobre el narcotráfico a través de muchos años y la “cooperación en algunos casos”.    Jacobson reconoció que el voto en contra del embargo de EE.UU. contra Cuba el seno de la ONU desde 1991 es un reflejo de que “tenemos distintas perspectivas en el mundo sobre la utilidad de políticas como el embargo”.    Agregó que EE.UU. mantiene un nivel de comercio agrícola con Cuba pero que Washington no ha visto suficientes gestos de La Habana para levantar el embargo impuesto desde 1962.    Si bien hay cambios que ahora facilitan los viajes fuera de Cuba y los cambios económicos, “no hemos visto cambios políticos para la libertad del pueblo cubano, así es que no vamos a cambiar radicalmente la política o la perspectiva en las Naciones Unidas”, continuó.    Asimismo, Jacobson abordó las recientes tensiones de EE.UU. con Venezuela, tras las acusaciones de que Washington “obstruyó” la entrada del presidente Nicolás Maduro y su delegación para su participación en el encuentro de la ONU.    Al negar esas acusaciones, Jacobson consideró que ambos países pueden avanzar en una dirección positiva.    “Al final, se requieren dos (para resolver problemas), y nosotros estamos preparados para hacer nuestra parte, y solo podemos esperar que los venezolanos estén preparados para hacer la suya”, enfatizó.   Sobre el presunto espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en la región, afirmó que la revisión que ha pedido el presidente Barack Obama “ayudará a responder a las preocupaciones de países como Brasil y otros que quieren saber por qué estamos haciendo estas cosas”.   “Es muy claro que tenemos relaciones fuertes con muchos países, incluyendo en la cooperación de inteligencia, y en muchos casos trabajamos con otros Gobiernos y compartimos la información que podamos recopilar, y ellos hacen lo mismo con nosotros”, observó Jacobson.    “Pero eso no siempre significa que en cada caso, aún con algunos de tus aliados más cercanos, compartes todo”, subrayó.    Por último, Jacobson se mostró optimista sobre los resultados que puedan salir de la VI Reunión Ministerial de Caminos hacia la Prosperidad de las Américas en Panamá la próxima semana, que estará centrada en asuntos como el fomento del crecimiento de la pequeña empresa.    Entre los resultados concretos que Jacobson espera es ayudar a que “más mujeres establezcan sus propios negocios o los hagan crecer”, y “la creación de más centros de desarrollo y de redes para la pequeña empresa” como herramienta para la creación de empleos.   Estados Unidos cuenta con más de mil centros de desarrollo de pequeños negocios y ya existen también en México, Perú, El Salvador y Colombia, entre otros, agregó.    Jacobson reiteró la postura de EEUU de que las exportaciones contribuyen a la creación de más empleos, y apoyó la idea de fomentar el intercambio con los pequeños comerciantes en la región.    “Sólo entre el dos y tres por ciento de los pequeños negocios en EEUU exportan, y ese número debería crecer”, afirmó.

, , ,

Deja un comentario

INEXISTENCIA ATRIBUTIVA PARA SUSTITUIR A TITULARES DE LOS PODERES DEL ESTADO EN HONDURAS // Democracia representativa y el impulso hacia una democracia más participativa

viernes, 28 de junio de 2013

Abogado Darlan Esteban Matute López

 Miembro de la Red Internacional “Para un Constitucionalismo Democrático”
          Para que el Congreso, o cualquier otro poder político, puedan sustituir, destituir, separar o retirar al o los titulares de los otros poderes, en juicio debe estar expresamente determinado en la Constitución, generalmente conocido como juicio político[1]. El sistema republicano presidencialista que hemos adoptado como nación, no permite que eso ocurra, principalmente porque el mandato proviene del pueblo soberano cuando elige a los titulares del Poder Ejecutivo y a los diputados en elecciones universales o departamentales, en su caso. La separación de poderes que establece nuestra Constitución tiene las características de que no existe subordinación entre poderes; por lo tanto ninguno se impone a los otros. Tampoco existe mandato soberano que le haya establecido la facultad al Poder Legislativo de destituir; sustituir, separar o retirar al o los titulares de los otros poderes.

            Ausencia coercitiva y falta de claridad para proteger el orden democrático
No existe un procedimiento de prevención para el control institucional a nivel interno. Aunque la Constitución manda que la Sala Constitucional de la Corte Suprema dirima los conflictos que surjan entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y también entre el mismo Poder Judicial, así como los conflictos que surjan con el Tribunal Supremo Electoral (316.2 C), no existe procedimiento alguno de cómo hacerlo, incluso porque ese mismo mandato involucra a la Corte Suprema, y en caso de un conflicto de ese poder con los otros poderes del Estado provocaría un conflicto de intereses.

Auto otorgamiento atributivo
          Lo más macro que se puede considerar como preventivo de protección institucional es la de una definición clara de atribuciones y facultades para cada poder, de modo que ninguno de ellos invada las prerrogativas de los otros. Eso significa que al momento de invasión de sus atribuciones un poder puede acudir a la Sala de lo Constitucional para dirimir el conflicto. Pero, como ya se expresó ¿cómo se puede dirimir un conflicto que surja entre el Poder Judicial y otro poder si la Sala de lo Constitucional es la llamada a solucionar el conflicto, siendo dicha Sala parte de la Corte Suprema?  Otra situación de potencial conflicto son las excesivas atribuciones auto otorgadas por el Poder Legislativo y que ha significado la invasión de las esferas atributivas de los otros poderes, como por ejemplo la de otorgarse el Legislativo la facultad de interpretar la Constitución, que la doctrina y la Constitución le otorgan al Poder Judicial de manera bajo el término de concentrado. La Corte Suprema, como ya lo hemos mencionado, tiene la facultad de interpretar la constitución mediante el impulso particular por un interés legítimo o los juzgados o tribunales de manera difusa al momento de presentarse un recurso frente al asunto que se está tratando, por creerse que se están violentado garantías o derechos.
          En el caso del Legislativo, la interpretación que hace a la Constitución la realiza al momento de emitir las leyes secundarias -incluidas las reformas a la Constitución misma que caen en esa categoría-, y es en ese momento en que el legislador debe utilizar el marco brindado por la norma primaria, para encontrar la congruencia o armonía entre la norma secundaria a aprobar y la que prima por sobre todas; caso contrario es lo que encontramos en Honduras con la colisión normativa actual, con leyes que rebasan el marco de la constitucionalidad (Ley de Modernización Agrícola, Decreto 90-90, etc., etc., etc.).  Hay que enfatizar que en ningún Estado democrático de derecho se le atribuye al Poder Legislativo, que es un poder derivado sujeto a la soberanía popular,  la facultad de interpretar la Constitución. Por lo tanto, hay que reafirmar que el único poder facultado para interpretar directamente la Constitución es el Poder Constituyente y nadie más.
          En cambio, el Poder Ejecutivo realiza su propia interpretación de la Constitución al momento de emitir el VETO a la ley, que es la forma de decir que una ley es inconstitucional.
                                                        Ultimaron la constitución
          A manera de actos ya consumados, lo más que llega a recomendar la Constitución para que se sostenga la integridad institucional es lo que manda el Artículo 375 constitucional, al normar que se subsane el rompimiento del orden constitucional, dirigido a los responsables de los hechos (del rompimiento o violación del orden jurídico) por acto de fuerza, o sea, el gobierno de facto que se instale para contribuir a restablecer inmediatamente el imperio de la Constitución y a las autoridades que habían sido constituidas conforme a la norma.
          El mismo Artículo 375 manda que en el caso de actos de fuerza que rompa el orden constitucional, o cuando la Constitución fuere supuestamente derogada o modificada por medios y procedimientos distintos a los que ella dispone (como es el caso de las reformas hechas vía interpretaciones y las reformas a los artículos pétreos), todos lo ciudadanos investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar para mantener o restablecer la vigencia efectiva de la Constitución.
Una peligrosa tutela del Estado de derecho
          A las Fuerzas Armadas, en una forma muy peligrosa por sus prácticas antidemocráticas, se le faculta para defender la soberanía de la República (el pueblo), mantener el orden público y el imperio de la Constitución, además para defender los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, todo eso de acuerdo al Artículo 272 constitucional. Con ese artículo se le ha entregado el Estado de derecho a una institución en la que sus miembros sólo saben disparar o matar por su formación de defender usando la violencia. Esto es muy peligroso para la vida institucional del país; eso se demuestra con la cantidad de intervenciones de las Fuerzas Armadas en la vida institucional del país, desde que obtuvo su autonomía en 1957, hasta el 2009 cuando nuevamente interrumpen el orden constitucional en nuestra nación.
          A nivel internacional, aunque no han logrado trascender lo de simples declaraciones, existen instrumentos internacionales que llegan a limitar el principio de autodeterminación de los pueblos[2]. Ese ha sido el caso de la aplicabilidad fallida e inocua de la Carta Democrática Interamericana de 2001, que fue exigencia, en el caso de Honduras, por un grupo de personas que en un acto de fuerza provocaron el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y exigieron que a Honduras se le debía respetar su autodeterminación: una forma osada de quienes rompen el orden constitucional, desconociendo a todo un pueblo soberano que sí estaba en el derecho de exigir su propia autodeterminación y es más ese pueblo fue reprimido brutalmente en las calles.
Una ilusa normativa contenida en la Carta democrática Interamericana
          El número IV de la Carta Democrática trata del “Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática” continental, mediante un articulado encaminado a activar el apoyo de la OEA para sostener la estabilidad de los gobierno democráticos.
          Un gobierno miembro puede recurrir al secretariado General o también al Consejo Permanente en solicitud de asistencia para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática cuando considere que su gobierno se encuentra en riesgo político (Art. 17 CDI). Igualmente, tanto el Secretario General o el Consejo Permanente pueden disponer visitas u otras gestiones, siempre y cuando obtenga el consentimiento de un Estado Parte, para analizar alguna situación que consideren puede estar afectando el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder; luego de la visita o gestión el Secretario deberá elevar un informe al Consejo Permanente explicando la situación apreciada en el país visitado y de ser necesario el Consejo Permanente adoptará otras visitas o gestiones, siempre con la autorización del Estado Parte, para que se continúe preservando la institucionalidad democrática y su fortalecimiento (Art. 18 CDI).
          Si se produce la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente a un Estado Miembro, eso se convierte en un obstáculo insuperable para la participación del gobierno antidemocrático instalado de poder participar en los órganos que constituyen la OEA, y mientras persista esa condición no se le dejará participar (Art. 19 CDI).  Ante esa alteración, cualquier Estado Miembro o el mismo Secretario General pueden solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para analizar la situación del país miembro y adoptar las acciones más conveniente, sean gestiones diplomáticas o buenos oficios con la intención de promover la normalización de la institucionalidad democrática; si las gestiones no dan resultados o la urgencia lo aconseja, el Consejo Permanente convocará a sesiones extraordinarias de la Asamblea General para adoptar decisiones, para igualmente gestionar diplomáticamente incluido los buenos oficios, conforme a la Carta OEA, el derecho internacional y la misma Carta Democrática (Art. 20 CDI).
          Cuando la Asamblea General tenga por constatado que se produjo una ruptura del orden democrático y las gestiones han sido infructuosas para reinstaurar el orden, toma la decisión de suspender al Estado Miembro en su derecho de participar en la OEA. El voto para la suspensión debe ser de 2/3 de los votos de los Estados Miembros y su vigor es de inmediato El Estado suspendido siempre debe observar el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la OEA, particularmente lo que corresponde en materia de derechos humanos.  En ese caso, la OEA siempre mantendrá sus gestiones para el restablecimiento democrático (Art. 21 CDI).
          Una vez superados los motivos de la suspensión, cualquiera de los Estados Miembros o el mismo Secretario General pueden proponer a la Asamblea el levantamiento de la suspensión, y la decisión de restablecimiento se tomará con una votación no menor de 2/3 de los votos de sus Miembros, conforme a la carta de la OEA (Art. 21 CDI).
          Todas estas disposiciones reflejan lo ilusorio que significa haber aprobado la Carta Democrática Interamericana, debido a su poca efectividad ante los actos de fuerza de los poderes económicos en una nación forzada que seguir dictados fuera del Estado de derecho. Caen en la simple gestión diplomática y los buenos oficios: no hay fuerza coercitiva, a menos de que se ejecuten actos de imperio (como los producidos en Panamá o en Grenada).
          Se debe presionar a nivel internacional una reformulación del principio de autodeterminación de los pueblos, ya que mismo ha sido usado y aplicado de forma antojadiza cuando convienen a los actos de imperio; a veces se presiona y se intervienen militarmente naciones sin permitirle a los pueblos decidir sobre su destino como nación.  Esos ejemplos los encontramos aquí en Honduras y en todos los movimientos sociales que gestan en naciones que mantienen a sus pueblos oprimidos y dependiendo cual es su ubicación ideológica, así responden a favor o en contra las naciones más poderosas.
          En el ámbito interno, se deben establecer un sistema efectivo para la prevención y protección de la institucionalidad, creando los órganos apropiados para realizar dicha labor y estableciendo instituciones jurídicas que permitan al pueblo soberano decidir sobre las gestiones de los funcionarios públicos cuando estos no están cumpliendo con su labor; como la creación de una Corte Constitucional para que revise la dinámica institucional con la creación normativa y de revisión de actos administrativo públicos que deben tener como marco la Constitución y establecer referéndums revocatorios a nivel nacional (decidir revocar el mandato presidencial y del designado), departamental (decidir revocar el mandato a los diputados) y municipal (decidir revocar el mandato a los alcaldes).

[1]     El Congreso de Honduras realizó reformas al Artículo 205.15 auto otorgándose la atribución de realizar el juicio político, violentando los artículos 2, 4, 5, 374 y 375, relacionados a que la soberanía corresponde al pueblo, autodeterminación, y democracia participativa; la complementariedad, independencia y no subordinación de los poderes del Estado en la forma de gobierno.

[2]      Este principio a veces resulta bizarro en su aplicación, debido a que generalmente grupos dominantes que han actuado mediante actos de fuerza exigen su aplicación a la comunidad internacional para que no se entrometan en sus decisiones. Así ocurrió en Honduras cuando los golpistas solicitaban a los otros Estados agrupados en la ONU y en la OEA que no se entrometieran en los asuntos de Honduras.  Contratando lo anterior con lo que está ocurriendo en algunos países árabes que dependiendo su alineación a algunos de sus gobernantes se les pide que abandonen el poder (Libia, Irán, Siria, etc.), mientras que a otros se les ha tratado de sostener en forma resistente (Jordania, Egipto, Etc.), mediante la política del doble rasero.

**************************************************

     Honduras:democracia representativa y el impulso hacia una democracia más participativa

Abogado Darlan Esteban Matute López
Miembro de la Red Internacional “Para un Constitucionalismo Democrático”
 
                                La soberanía popular se agota en 12 horas cada cuatro años
          El problema principal de la Democracia representativa es que la misma democracia se agota en el momento en que se realiza la declaratoria de los resultados electorales que se producen cada cuatro años. El único momento en que el Soberano –el pueblo- decide en el país, es al momento en que emite su voto, luego de eso, los ciudadanos electos se olvidan de aquellos que los eligieron y gobierna y legislan para particulares o su beneficio personal: eso bien lo sabe el pueblo soberano. Por ello la población recibió de buena manera el que se discutiera y se aprobaran las reformas que le permitían participar en la aprobación de decisiones importantes para la nación con el establecimiento de las figuras del plebiscito, que se convocará solicitando a los ciudadanos se pronuncien sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los poderes constituidos no han tomado ninguna decisión previa, y el referéndum, con el cual se podrá convocar a la población para decidir sobre una ley ordinaria o una norma constitucional o su reforma, aprobadas para su ratificación o improbación por la ciudadanía.  Sin embargo, la frustración llegó al no ratificarse las reformas al Art. 5 constitucional, luego de la publicación del Decreto 295-93, el cual permitía esas formas de participación ciudadana. Para el año 2003, esas figuras de verdadera democracia participativa han sido promovidas mediante el Decreto 242-2003 (ratificado por el 177-2004), llevando con este último a su impracticable ejercicio, debido a los rígidos y altos requerimientos para su aplicación. Previo y durante el ínterin del gobierno de facto -6 años después-, se reglamentó el decreto pero el mismo se aprobó de manera forzada y muy restrictiva para su ejercicio. Para el 2010 se aprobó el Decreto 275- 2010 (ratificado por el Decreto 3-2011), volviendo más flexible el poder presentar iniciativas. Sin embargo, aprobó una reglamentación del Decreto 275-2010 y nuevamente volvieron más confusa el accionar tales iniciativa de participación ciudadana,  por ello no se ha podido presentar ninguna iniciativa.
Se                    
de             Debe escuchar la voz de quien debe mandar si queremos construir democracia
          Respecto a la democracia participativa, debemos enfatizar que el ejercicio pleno de la libertad en una nación se configura en tres tipos de libertades: las civiles, referidas al imperio de la ley, los derechos individuales, humanos y sociales, la de movilización, la de expresión, etc.; las económicas, relacionadas a una sistema financiero autónomo, un mercado regido por la ley de oferta y demanda, de poder enajenar y poseer bienes, etc.; las políticas, referidas a elecciones limpias y transparentes, el derecho al sufragio universal, respeto al voto, división de poderes, autoridades electorales independientes, etc.  La libertad política es la entrada a la democracia plena por ello es necesario que la democracia deje ser puramente formal y representativa, por manera que facilite una mayor participación ciudadana para configurar un sistema de nación más equitativo.
          Con la democracia participativa se pueden crear mecanismos de deliberaciones comunitarias, de manera igualitaria con puntos de vista mayoritarios y minoritarios, descansando en el pleno respeto a las decisiones mayoritarias y en consenso.
          Como sistema democrático, que ha rebasado al sistema representativo, ya que esté agota la democracia en medio día –al momento de emitirse los votos ciudadano- ofrece a las personas la posibilidad de tomar decisiones acerca del desarrollo económico socialmente justo y esencialmente humano en una nación, en un clima de mucha cooperatividad entre todos y todos y cada uno de los individuos de la sociedad.  El hecho de que las comunidades y los individuos sean escuchados de manera enfática ya de por sí es rebasar a un sistema representativo formal.
“H                                                           
                                                              “Hacia dónde sopla el viento”
          Muchas naciones ya han iniciado el proceso de transformación de sus sociedades democráticas, de manera incluyente, con la promoción de mecanismos prácticos de participación, la creación de mecanismos transparentes de información e investigación, y un alto contenido educativo para la transformación individual, en instituciones educativas de nivel técnico de participación, con la garantía de u programa político estable, definido mediante metas claras, con el fin de promover una energética participación social comunitaria, que esté orientada a la elevación de la calidad de vida y en la toma de decisiones comunales, municipales, departamentales y a nivel nacional, mediante la concertación, la tolerancia y la colaboración entre seres humanos.
          Algunas formas de participación en la democracia participativa son:
Toma de decisiones: esta se manifiesta en los procesos de selección de los integrantes de los órganos de Gobierno, a través de ejercicio del voto emitido en los sufragios universales, o mediante los espacios abiertos de consultas para decidir acerca de los contenidos normativos, y de las políticas y programas de gobierno.
Ejecución de decisiones: se desarrolla al momento de desconcentrar y descentralizar la gestión política, permitiendo una participación más activa de los ciudadanos, que llega a reforzar las capacidades de organización de la sociedad civil.
Control de la ejecución: que se opera con mecanismos de verificación del desarrollo de todo proceso o proyecto en implementación, para luego apoyarlo, corregirlo, mejorarlo o rechazarlo.
Aportes: se produce la evaluación de la totalidad del esfuerzo social -en dinero, trabajo y/o ideas-, produciendo la solidaridad de acuerdo a la capacidad y necesidades ciudadanas.
Beneficios: es el producto obtenido y que se utiliza para mejoras sociales, implementado por el Estado como ente regulador económico y de justicia social. Esta forma participativa le permite a los ciudadanos aportar al desarrollo integral comunitario, desde la residencia de la soberanía, por lo cual,  cada residente debe ser sujeto de satisfacción de sus necesidades, así como las de aquellos que fueron electos como sus representantes.
          La democracia participativa logra potenciar a cada uno de los ciudadanos a que  tomen decisiones desde bases comunitarias y municipales; pero al mismo tiempo los manejos administrativos siempre estarán en manos de mandatarios o funcionarios públicos electos por el pueblo soberano, como mandante, para que desempeñen esas funciones ejecutivas. Además, permite que la comunidad supervise de tales funcionarios, con el establecimiento de procesos derogatorios aplicables a quienes incumplan los mandatos soberanos.
Ra                  

                    Razones de peso para dirigirnos hacia una democracia plena participativa

          Hay razones de peso para entender que la democracia participativa funciona: con ella se aprovecha las experiencias y la capacidad de todos los ciudadanos, al entender que la sociedad funciona en forma de red interrelacionada al gobierno, que comunica las diversas comunidades, los grupos de intereses, los sectores y las instituciones y se entiende que los ciudadanos tienen un conocimiento, más íntimo y específico a nivel local, de las necesidades poblacionales, desconocido por los grupos políticos con un gobierno altamente centralizado; igualmente, promueve la legitimidad, al motivar a las instituciones, los organismos sectoriales, las empresas y los gobiernos para que acaben por apreciando que tienen mucho que ganar en confianza, con el apoyo y colaboración de parte de los ciudadanos si los incluyen a ellos, de alguna forma, en sus decisiones, ya que a los ciudadanos se les facilita promover iniciativas que eficienten el medio en que se desenvuelven; también, desarrolla nuevas capacidades, de manera participativa en beneficio de las personas al trabajar en colaboración con los demás, e identifica prioridades para lograr que las cosas se hagan y los proyectos se ejecuten de manera eficiente; de manera que la actividad participativa los convierta en mejores ciudadanos; y, mejora la calidad de vida, al permitir que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, al sentirse responsables de sus propios mejoramientos en la calidad de sus vidas, ayudándoles a ser más eficaces en la capacidad de colaboración comunitaria.
          Honduras tiene una gran oportunidad de llegar a una democracia de participación social, no aquella que se agote ahora en las iniciativas y consultas ciudadanas del plebiscito y el referéndum; debe ir más allá, de manera que cada individuo en su localidad tenga el poder de decidir en los asuntos que competen al desarrollo local, luego, esas decisiones sean retomadas y razonadas a nivel regional o departamental para finalmente abstraerlas a nivel nacional mediante la normatización de las mismas.  Además de ser beneficiados de los productos y capacitados sistemáticamente para que el resultado final sea el beneficio y mejoría de la calidad de vida ciudadana. La puerta está abierta debido a la condición de facto de los gobernantes actuales, de acuerdo a lo que establece el Artículo 375 del cuerpo constitucional, violado por los grupos fácticos y los mandatarios en rebeldía de sus mandantes.
El                                               
De                                                 Derecho fundamental a resistirse e insurreccionarse
          La insurrección es un derecho humano universal considerado a nivel de todas las naciones, cuando se nos dice que nadie está obligado a seguir un gobierno opresor o dictatorial, o que surja de la fuerza, impuesto por grupos de poder económico, político o religioso.
          Los derecho de rebelión, de revolución o de resistencia le son reconocidos a los pueblos, frente a aquellos gobernantes ilegítimo, surgidos de procesos no democrático, fuera de las normas legales que mandan constituir gobiernos luego de realizarse procesos eleccionarios basados en ley, y que les autorizan llegar a la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocar a los regímenes ilegales para reemplazarlos por gobiernos legítimos.
          El derecho a la resistencia está incluido expresamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa y se expresa así:
           “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección[1] es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes.”
          Igualmente los “padres fundadores” que redactaron el acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, incluyeron implícitamente en su preámbulo el derecho a la insurrección en el famoso párrafo siguiente:
          “Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad.[2] La prudencia, claro está, aconsejará que los gobiernos establecidos hace mucho tiempo no se cambien por motivos leves y transitorios; y, de acuerdo con esto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia mediante la abolición de las formas a las que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad.”
          Este párrafo resume el sustrato filosofal que justifica una revolución cuando un gobierno viola y vulnera los derechos naturales. Al mismo tiempo históricamente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es el primer documento en el cual se reconocen derechos humanos fundamentales.
          En tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, implícitamente incluye el derecho a la insurrección en su Preámbulo, de la siguiente manera:
          “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;”
                                                        Lo que tenemos a la vista
 La humanidad ha dado varios ejemplos de procesos de insurrección y de revoluciones, como el momento cuando se firma la Carta Magna en el Siglo XVII, con la cual los señores ingleses, después de un proceso revolucionario, obligan a Juan sin Tierra que la promulgue, en ella se enuncia el reconocimiento de derechos a los ciudadanos (Bill Of Rights), el hábeas corpus y la inviolabilidad de derechos fundamentales y se condiciona la subordinación del rey al Parlamento, considerado desde ese momento como único representante del pueblo; igualmente, después del desarrollo de la Revolución Francesa, los ciudadanos franceses defenestran la monarquía absolutista que imperaba y que no les brindaba el Estado de bienestar deseado, por lo cual decidieron deponerla; otro ejemplo es la Revolución norteamericana, quienes descontentos deciden revelarse contra la monarquía inglesa que les gobernaba. La independencia de las naciones latinoamericana también es un ejemplo de revelarse ante los gobiernos opresores.
          En el Artículo 3 de la Constitución hondureña de 1982 se encuentra expresamente contenido el derecho a la insurrección y la desobediencia ante un régimen ilegal, constituido por la fuerza. La integridad de dicho artículo se incluye en el párrafo siguiente:
          “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen.  Los actos verificados por tales autoridades son nulos.  El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
          El 28 de junio de 2009 un régimen de fuerza se instaló en Honduras, cuando los poderes Legislativo y Judicial, en actual condición de facto, defenestraron al Presidente Constitucional, legítimamente electo por el pueblo, rompieron formalmente el orden constitucional, materializado en horas de la madrugada por miembros del ejército de Honduras.  Ese mismo día la mayoría del pueblo hondureño se consideró en resistencia y desobediencia civil, al no reconocer al régimen de fuerza que se había instalado.  Debido a los actos de fuerza y a las represiones brutales a que fue sometida la población, ante el desequilibrio armamentista que evidenciaban las fuerzas castrenses, el pueblo se llamó a la resistencia pacífica, debido a que si la confrontación crecía las fuerzas militares estaban en la disposición de eliminar físicamente a todo aquel que se opusiere, lo que hubiera sido una enorme masacre de la población que marchaba de manera pacífica y desarmada, a pesar de ser constantemente desafiados para que entraran en choque, mediante la creación de escenarios violentos.  Los ciudadanos hondureños de acuerdo al Artículo 3 estaban completamente legitimados para recurrir a la insurrección armada. Todas aquellas autoridades responsables están obligadas a responder judicialmente por los hechos acaecidos ese 28 de junio de 2009.

[1]      Las negrillas son nuestras.

[2]      Ibídem

Publicado por Américo Roca Dalton en 17:18

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2013/06/inexistencia-atributiva-para-sustituir.html#more

Deja un comentario