Entradas etiquetadas como Human Rights Watch

Report: Mexico Assumes Role of Turning Migrant Children Back

Human Rights Watch has chronicled violent drivers of the continuing child migration crisis, as well as how the US government has stealthily outsourced to Mexico the job of returning these kids to their often perilous homes.

Origen: Report: Mexico Assumes Role of Turning Migrant Children Back

, ,

Deja un comentario

Violaciones de derechos humanos, violencia y asesinatos son parte del diario vivir en Honduras: HRW –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Un informe presentado por la organización Human Rights Watch (HRW), destaca que en Honduras las violaciones a los derechos humanos en todos los sectores continúan en ascenso y en lo que va del año se cuentan seis masacres que suman más de 30 muertos. Señala además que sigue siendo un […]

Origen: Violaciones de derechos humanos, violencia y asesinatos son parte del diario vivir en Honduras: HRW –

, ,

Deja un comentario

Periodistas y campesinos son particularmente vulnerables en Honduras: Informe de HRW

Versión para impresiónVersión PDF

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. En 2014, el índice de homicidios fue, una vez más, el más alto a nivel mundial. La respuesta de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y sigue estando signada por hechos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas sólo han logrado avances menores.
Los periodistas y los activistas campesinos son particularmente vulnerables a la violencia, pero el gobierno por lo general no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo. Tras despedir arbitrariamente de su cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita a este poder a destituir a jueces y al fiscal general, una medida que profundiza el debilitamiento de la independencia judicial y fiscal.
Abusos y corrupción policial
El uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía constituye un problema crónico. Entre 2011 y 2012, 149 personas murieron a manos de policías, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del rector de la Universidad Nacional Autónoma de que informara cuántos de estos asesinatos habían sido investigados o tuvieron como resultado la imposición de condenas.
Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica en la Policía sólo han conseguido avances menores. Si bien se han utilizado pruebas diseñadas para detectar corrupción para evaluar a más de 4.500 policías, apenas una fracción de quienes no superaron la prueba han sido apartados de su cargo. Según la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, la institución que anteriormente se ocupaba de diseñar los reformas de organismos judiciales y de seguridad pública, sólo el 3 por ciento de los 230 funcionarios cuyo despido se recomendó en 2012 fueron finalmente separados de su cargo.
Intervención de militares en operativos de seguridad pública
En noviembre de 2011, el Congreso aprobó un decreto de emergencia que permitió que militares llevaran a cabo funciones de seguridad pública, y que se ha prorrogado periódicamente. En agosto de 2013, se aprobó una ley que autorizó la creación de una policía militar con atribuciones para controlar barrios violentos y efectuar detenciones, entre otras funciones, a pesar de los antecedentes de abusos de militares contra civiles. Esta Policía Militar entró en actividad en enero de 2014.
En agosto, soldados detuvieorn a Marco Medrano Lemus cerca de su casa en La Lima, Cortés. Según medios de prensa locales, Medrano fue hallado muerto poco después, y una autopsia reveló que presentaba signos de haber sido torturado. Ocho soldados fueron arrestados en relación con el incidente, y las investigaciones continuaban al momento de redacción de este informe.
Justicia por los abusos posteriores al golpe
Luego del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió libertades civiles clave, como la libertad de prensa y de reunión. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza y clausuraron medios opositores, lo cual derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. La comisión de la verdad establecida por el entonces Presidente Porfirio Lobo publicó en julio de 2011 un informe que documentó 20 casos de uso excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
En agosto de 2014, el ex militar José Arnulfo Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por la clausura arbitraria del Canal 36, en junio de 2009. Jiménez había liderado el contingente que ocupó la sede del medio, impidiendo que este transmitiera durante varios días. A la fecha de preparación de este informe, se habían producido escasos avances en el juzgamiento de otros abusos cometidos durante el período posterior al golpe de estado.
Independencia judicial
Es común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política. En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que dictaran la inconstitucionalidad de una ley dirigida a abordar la corrupción policial. En enero de 2013 se designaron los reemplazantes, y al mes siguiente la nueva composición de la Corte desestimó un recurso interpuesto por los magistrados destituidos. Desde su destitución, los ex magistrados denuncian haber sufrido reiterados actos de intimidación, incluidas amenazas de muerte y acoso policial.
A través de una reforma constitucional de 2011, se creó el Consejo de la Judicatura, un órgano con potestades para designar y destituir jueces. Según la Comisión Internacional de Juristas, el proceso de selección de los miembros del consejo no contó con garantías que impidan la interferencia política, y ha estado marcado por irregularidades, como la exclusión de representantes de una de las dos asociaciones judiciales hondureñas. Más de 40 jueces han sido suspendidos desde que el consejo comenzó su labor.
Ataques contra periodistas
Periodistas en Honduras siguen sufriendo amenazas, agresiones y asesinatos. Las autoridades no investigan ni juzgan estos delitos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 30 periodistas han sido asesinados desde 2009, aunque el móvil de muchos de estos casos no ha sido esclarecido.
En diciembre de 2013, el periodista de Globo TV Juan Carlos Argeñal Medina fue asesinado a tiros en la ciudad de Danlí, El Progreso, luego de haber recibido amenazas de muerte vinculadas con su investigación sobre corrupción en un hospital local. En el pasado, Globo TV había sufrido una serie de ataques violentos tras su cobertura crítica del golpe de 2009.
Violencia rural
Más de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con controversias por tierras en la región del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009, según un informe publicado en marzo de 2013 por el CONADEH. Muchas otras personas han sido víctimas de ataques y amenazas. Las controversias a menudo enfrentan a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas que reclaman ser legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria del país. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también guardias de seguridad privada fueron asesinados o sufrieron lesiones.
Las autoridades hondureñas no han investigado eficazmente los abusos ni previsto protección para quienes están en riesgo. La investigación de Human Rights Watch de 29 casos de homicidios y dos secuestros ocurridos en el Bajo Aguán concluyó que ninguno de estos casos había sido perseguido penalmente de forma exitosa.
Condiciones en centros de detención
Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y las salubridad deficiente, son sistemáticas en las prisiones hondureñas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2013 había más de 13.000 presos en las cárceles del país, que tienen capacidad máxima para aproximadamente 8.600 presos. La corrupción es generalizada entre los funcionarios penitenciarios.
Defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos continúan sufriendo hechos de violencia, amenazas y asesinatos. En mayo, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, una organización internacional benéfica que trabaja por la niñez y que ha criticado a autoridades por la desprotección de niños frente a la delincuencia organizada, fue detenido arbitrariamente y sometido a una violenta golpiza por miembros de la Policía Militar. Ruelas fue puesto en libertad al día siguiente, luego de que organizaciones locales de derechos humanos intervinieran en representación suya.
En agosto de 2013 el gobierno de Lobo presentó un proyecto legislativo ante el Congreso para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho, pero hasta la fecha de preparación de este informe la ley no había sido aprobada.
Violencia contra menores
Los niños estén expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada mayormente por pandillas y otras formas de delincuencia organizada. En mayo, cinco adolescentes presuntamente vinculados con la Mara Salvatrucha fueron asesinados en el Centro Pedagógico de Rehabilitación El Carmen aparentemente por miembros de pandillas rivales. Según el CONADEH, 458 niños fueron asesinados entre 2010 y 2013. Casa Alianza informa que en los primeros cuatro meses de 2014 270 personas de menos de 23 años fueron asesinadas.
Es probable que la violencia de pandillas haya contribuido al  importante aumento de la migración de jóvenes hacia Estados Unidos en los últimos años. Un informe de 2014 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados determinó que el 34 por ciento de los menores migrantes provenientes de Honduras identificaron la violencia como uno de los motivos por los cuales se fueron de su país.
Actores internacionales clave
Estados Unidos destinó más de US$ 50 millones de asistencia en materia de seguridad en Honduras entre 2010 y 2014, y mantiene esta ayuda a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central America Regional Security Initiative, CARSI). La normativa estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras estipula que el 35 por ciento de los fondos estarán disponibles sólo si el gobierno hondureño satisface varios requisitos importantes de derechos humanos. Hasta febrero de 2013, el Congreso estadounidense estaría  reteniendo cerca de US$ 30 millones de asistencia debido a preocupaciones en materia de derechos humanos.
En febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios expresó que el gobierno no había regulado adecuadamente a las empresas de seguridad privada y manifestó preocupación ante su presunto “involucramiento en violaciones de derechos humanos… incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual”.
En enero de 2014, el Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, determinó que la IFC no había aplicado correctamente mecanismos de debida diligencia ni evaluado y respondido a riesgos conocidos de violencia y desalojos forzados asociados con su inversión en Dinant, una empresa dedicada a la producción de aceite de palma y alimentos que tuvo un rol protagónico en una serie de sucesos violentos y asesinatos en Honduras.
En agosto, el ombudsman también concluyó que la IFC no había identificado ni abordado suficientemente los riesgos asociados con su inversión en Banco Ficohsa, la entidad bancaria más grande de Honduras. Dinant fue uno de los prestatarios más importantes del Banco Ficohsa.

,

Deja un comentario

Informe Mundial 2015 Human Rights Watch capítulo Honduras

viernes, 30 de enero de 2015


Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. En 2014, el índice de homicidios fue, una vez más, el más alto a nivel mundial.

La respuesta de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y sigue estando signada por hechos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas sólo han logrado avances menores.
Los periodistas y los activistas campesinos son particularmente vulnerables a la violencia, pero el gobierno por lo general no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo.
Tras despedir arbitrariamente de su cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita a este poder a destituir a jueces y al fiscal general, una medida que profundiza el debilitamiento de la independencia judicial y fiscal.
Abusos y corrupción policial

El uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía constituye un problema crónico. Entre 2011 y 2012, 149 personas murieron a manos de policías, según un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del rectorado de la Universidad Nacional Autónoma de que informara cuántos de estos asesinatos habían sido investigados o tuvieron como resultado la imposición de condenas.

Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica en la Policía sólo han conseguido avances menores. Si bien se han utilizado pruebas diseñadas para detectar corrupción para evaluar a más de 4.500 policías, apenas una fracción de quienes no superaron la prueba han sido apartados de su cargo. Según la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, la institución que anteriormente se ocupaba de diseñar los reformas de organismos judiciales y de seguridad pública, sólo el 3 por ciento de los 230 funcionarios cuyo despido se recomendó en 2012 fueron finalmente separados de su cargo.

Intervención de militares en operativos de seguridad pública

En noviembre de 2011, el Congreso aprobó un decreto de emergencia que permitió que militares llevaran a cabo funciones de seguridad pública, y que se ha prorrogado periódicamente. En agosto de 2013, se aprobó una ley que autorizó la creación de una policía militar con atribuciones para controlar barrios violentos y efectuar detenciones, entre otras funciones, a pesar de los antecedentes de abusos de militares contra civiles. Esta Policía Militar entró en actividad en enero de 2014.

En agosto, soldados detuvieorn a Marco Medrano Lemus cerca de su casa en La Lima, Cortés. Según medios de prensa locales, Medrano fue hallado muerto poco después, y una autopsia reveló que presentaba signos de haber sido torturado. Ocho soldados fueron arrestados en relación con el incidente, y las investigaciones continuaban al momento de redacción de este informe.

Justicia por los abusos posteriores al golpe

Luego del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió libertades civiles clave, como la libertad de prensa y de reunión. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza y clausuraron medios opositores, lo cual derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. La comisión de la verdad establecida por el entonces Presidente Porfirio Lobo publicó en julio de 2011 un informe que documentó 20 casos de uso excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

En agosto de 2014, el ex militar José Arnulfo Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por la clausura arbitraria del Canal 36, en junio de 2009. Jiménez había liderado el contingente que ocupó la sede del medio, impidiendo que este transmitiera durante varios días. A la fecha de preparación de este informe, se habían producido escasos avances en el juzgamiento de otros abusos cometidos durante el período posterior al golpe de estado.

Independencia judicial

Es común que jueces sufran actos de intimidación e interferencia política. En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que dictaran la inconstitucionalidad de una ley dirigida a abordar la corrupción policial. En enero de 2013 se designaron los reemplazantes, y al mes siguiente la nueva composición de la Corte desestimó un recurso interpuesto por los magistrados destituidos. Desde su destitución, los ex magistrados denuncian haber sufrido reiterados actos de intimidación, incluidas amenazas de muerte y acoso policial.

A través de una reforma constitucional de 2011, se creó el Consejo de la Judicatura, un órgano con potestades para designar y destituir jueces. Según la Comisión Internacional de Juristas, el proceso de selección de los miembros del consejo no contó con garantías que impidan la interferencia política, y ha estado marcado por irregularidades, como la exclusión de representantes de una de las dos asociaciones judiciales hondureñas. Más de 40 jueces han sido suspendidos desde que el consejo comenzó su labor.

Ataques contra periodistas

Periodistas en Honduras siguen sufriendo amenazas, agresiones y asesinatos. Las autoridades no investigan ni juzgan estos delitos. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 30 periodistas han sido asesinados desde 2009, aunque el móvil de muchos de estos casos no ha sido esclarecido.

En diciembre de 2013, el periodista de Globo TV Juan Carlos Argeñal Medina fue asesinado a tiros en la ciudad de Danlí, El Progreso, luego de haber recibido amenazas de muerte vinculadas con su investigación sobre corrupción en un hospital local. En el pasado, Globo TV había sufrido una serie de ataques violentos tras su cobertura crítica del golpe de 2009.

Violencia rural

Más de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con controversias por tierras en la región del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009, según un informe publicado en marzo de 2013 por el CONADEH. Muchas otras personas han sido víctimas de ataques y amenazas. Las controversias a menudo enfrentan a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas que reclaman ser legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria del país. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también guardias de seguridad privada fueron asesinados o sufrieron lesiones.

Las autoridades hondureñas no han investigado eficazmente los abusos ni previsto protección para quienes están en riesgo. La investigación de Human Rights Watch de 29 casos de homicidios y dos secuestros ocurridos en el Bajo Aguán concluyó que ninguno de estos casos había sido perseguido penalmente de forma exitosa.

Condiciones en centros de detención

Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y las salubridad deficiente, son sistemáticas en las prisiones hondureñas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2013 había más de 13.000 presos en las cárceles del país, que tienen capacidad máxima para aproximadamente 8.600 presos. La corrupción es generalizada entre los funcionarios penitenciarios.

Defensores de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos continúan sufriendo hechos de violencia, amenazas y asesinatos. En mayo, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, una organización internacional benéfica que trabaja por la niñez y que ha criticado a autoridades por la desprotección de niños frente a la delincuencia organizada, fue detenido arbitrariamente y sometido a una violenta golpiza por miembros de la Policía Militar. Ruelas fue puesto en libertad al día siguiente, luego de que organizaciones locales de derechos humanos intervinieran en representación suya.

En agosto de 2013 el gobierno de Lobo presentó un proyecto legislativo ante el Congreso para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho, pero hasta la fecha de preparación de este informe la ley no había sido aprobada.

Violencia contra menores

Los niños estén expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada mayormente por pandillas y otras formas de delincuencia organizada. En mayo, cinco adolescentes presuntamente vinculados con la Mara Salvatrucha fueron asesinados en el Centro Pedagógico de Rehabilitación El Carmen aparentemente por miembros de pandillas rivales. Según el CONADEH, 458 niños fueron asesinados entre 2010 y 2013. Casa Alianza informa que en los primeros cuatro meses de 2014 270 personas de menos de 23 años fueron asesinadas.

Es probable que la violencia de pandillas haya contribuido al  importante aumento de la migración de jóvenes hacia Estados Unidos en los últimos años. Un informe de 2014 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados determinó que el 34 por ciento de los menores migrantes provenientes de Honduras identificaron la violencia como uno de los motivos por los cuales se fueron de su país.

Actores internacionales clave

Estados Unidos destinó más de US$ 50 millones de asistencia en materia de seguridad en Honduras entre 2010 y 2014, y mantiene esta ayuda a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central America Regional Security Initiative, CARSI). La normativa estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras estipula que el 35 por ciento de los fondos estarán disponibles sólo si el gobierno hondureño satisface varios requisitos importantes de derechos humanos. Hasta febrero de 2013, el Congreso estadounidense estaría  reteniendo cerca de US$ 30 millones de asistencia debido a preocupaciones en materia de derechos humanos.

En febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios expresó que el gobierno no había regulado adecuadamente a las empresas de seguridad privada y manifestó preocupación ante su presunto “involucramiento en violaciones de derechos humanos… incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual”.

En enero de 2014, el Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, determinó que la IFC no había aplicado correctamente mecanismos de debida diligencia ni evaluado y respondido a riesgos conocidos de violencia y desalojos forzados asociados con su inversión en Dinant, una empresa dedicada a la producción de aceite de palma y alimentos que tuvo un rol protagónico en una serie de sucesos violentos y asesinatos en Honduras.

En agosto, el ombudsman también concluyó que la IFC no había identificado ni abordado suficientemente los riesgos asociados con su inversión en Banco Ficohsa, la entidad bancaria más grande de Honduras. Dinant fue uno de los prestatarios más importantes del Banco Ficohsa.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3393:informe-mundial-2015-human-rights-watch-capitulo-honduras&catid=71:def&Itemid=166

Deja un comentario

World Report 2015 Honduras

Honduras

A relative of slain television journalist Herlyn Espinal mourns over his coffin during a wake at his home in Santa Rita municipality, in the outskirts of San Pedro Sula on July 22, 2014. © 2014 Reuters

Honduras suffers from rampant crime and impunity for human rights abuses. The murder rate was again the highest in the world in 2014. The institutions responsible for providing public security continue to prove largely ineffective and remain marred by corruption and abuse, while efforts to reform them have made little progress.

Journalists and peasant activists are particularly vulnerable to violence, yet the government routinely fails to prosecute those responsible and provide protection for those at risk.

After it arbitrarily dismissed four Supreme Court judges in December 2012, Congress passed legislation empowering itself to remove justices and the attorney general, further undermining judicial and prosecutorial independence.

Police Abuses and Corruption

The unlawful use of force by police is a chronic problem. According to a report by the Observatory on Violence at the National Autonomous University of Honduras, police killed 149 people between 2011 and 2012. Then-Commissioner of the Preventative Police Alex Villanueva affirmed the report’s findings and said there were likely many more killings by police that were never reported. The government did not respond to calls by the National Autonomous University rector asking it to provide information on how many of those killings had been subject to investigations or resulted in criminal convictions.

Efforts to address endemic corruption within the police force have made little progress. While tests designed to identify corruption have been administered to more than 4,500 police officers, only a fraction of those who have failed the test have been removed from their posts. According to the Public Security Reform Commission, the institution formerly responsible for designing reforms to justice and public security organs, just 3 percent of the 230 officers recommended for dismissal in 2012 were ultimately removed from their posts.

Use of Military in Public Security Operations

In November 2011, Congress passed an emergency decree allowing military personnel to carry out public security duties, which has been extended periodically. In August 2013, a law was passed authorizing the creation of a military police force with powers to impose control over violent neighborhoods and carry out arrests, among other duties, despite a history of abuses by the military against civilians. The military police force was deployed in January 2014.

In August, soldiers detained Marco Medrano Lemus close to his home in La Lima, Cortés. According to local press accounts, he was found dead shortly thereafter and an autopsy showed signs he had been tortured. Eight soldiers were arrested in relation to the incident, and investigations were continuing at time of writing.

Accountability for Post-Coup Abuses

Following a military coup in June 2009, the de facto government suspended key civil liberties, including freedom of the press and assembly. In the ensuing days, security forces responded to generally peaceful demonstrations with excessive force and shut down opposition media outlets, causing several deaths, scores of injuries, and thousands of arbitrary detentions. A truth commission established by former President Porfirio Lobo published a report in July 2011 that documented 20 cases of excessive use of force and killings by security forces.

In August 2014, José Arnulfo Jiménez, a former military officer, was sentenced to five years in jail for the arbitrary closure of Channel 36 in June 2009. Jiménez had led a contingent that occupied the premises of the media outlet, preventing broadcasting for several days. At time of writing, there has been little progress in prosecuting other abuses committed during the post-coup period.

Deja un comentario

EE.UU.: Migrantes son deportados al peligro

Existen serias fallas en los controles fronterizos de migrantes que huyen de Centroamérica
16 de Octubre de 2014

(San Pedro Sula) – Los controles fronterizos de vía rápida implementados por el gobierno de Estados Unidos para hacer frente a la migración no autorizada están originando que centroamericanos sean devueltos a sus países de origen, donde su vida corre serio peligro, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 44 páginas, “‘Aquí no tiene derechos’: Los controles fronterizos en EE.UU. y las devoluciones de centroamericanos al riesgo de sufrir graves daños” (“‘You Don’t Have Rights Here’: US Border Screening and Returns of Central Americans to Risk of Serious Harm”), detalla las políticas y prácticas fronterizas de EE.UU. que ponen a los inmigrantes en peligro de sufrir graves daños en sus países de origen. El informe está basado en los testimonios de personas deportadas a Honduras y personas detenidas, así como en un análisis de datos sobre deportaciones obtenidos mediante la Ley de Libre Acceso a la Información. Hondureños que habían huido de la extorsión y las amenazas de pandillas brutales afrontaron procedimientos de control inmigratorio de vía rápida en EE.UU., que dieron lugar a su deportación sin una oportunidad genuina de solicitar asilo. Varias de las personas devueltas aseguraron a Human Rights Watch que luego de su regreso, tenían miedo de salir de sus casas ya que temían por sus vidas.

“Los controles inmigratorios por la vía rápida del gobierno de Estados Unidos están ignorando los temores reales de las personas que llegan a la frontera”, dijo Clara Long, investigadora de EE.UU. de Human Rights Watch y autora del informe. “En su frenesí por detener la ola de inmigrantes procedentes de América Central, EE.UU. está enviando a solicitantes de asilo de vuelta a la amenaza de convertirse en víctimas de asesinato, violación y otros actos de violencia”.

Human Rights Watch entrevistó a 35 inmigrantes, incluidos 25 que fueron recientemente deportados a Honduras, y 10 centroamericanos en centros de detención inmigratoria en Artesia, Nuevo México, y en Karnes, Texas.

En los últimos años, las autoridades estadounidenses han arrestado un número creciente de centroamericanos que cruzan la frontera entre México y EE.UU. sin autorización. Los migrantes están huyendo por muchas razones, entre ellas el aumento de los índices de violencia alimentada por las pandillas y el narcotráfico en Guatemala, El Salvador y Honduras.

La gran mayoría de estos migrantes son detenidos y encarcelados. A continuación, son sometidos a una apresurada evaluación en dos partes por funcionarios estadounidenses. No tienen derecho a comparecer ante un juez de inmigración ni funcionario de asilo, a menos que sean identificados por los agentes de la Patrulla Fronteriza u otros agentes de inmigración que estuvieron a cargo de su detención como migrantes que temen regresar a su país. Los agentes de la Patrulla Fronteriza, encargados del control inicial de los migrantes, están fallando en su misión de identificar a los solicitantes de asilo para que puedan pasar por el proceso, señaló Human Rights Watch.

“Alicia R.”, una hondureña que presenció el asesinato de su madre por una pandilla y fue deportada con sus dos hijos, de 3 y 10 años, en agosto de 2014, dijo que su caso nunca pasó de la Patrulla Fronteriza en EE.UU.: “Les supliqué, llorando, que no podía volver a mi país… pero nos deportaron igualmente”.

Los datos para 2011 y 2012 que Human Rights Watch obtuvo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., bajo la Ley de Libre Acceso a la Información, muestran que muy pocos migrantes centroamericanos son identificados por la Patrulla Fronteriza como personas que teman regresar a su país. Las cifras revelan que la gran mayoría de los hondureños que llegaron durante ese período, al menos el 80 por ciento, fueron colocados en los procesos de expulsión sumaria, y que sólo un 1,9 por ciento fueron identificados como posibles solicitantes de asilo por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los porcentajes de personas de México, El Salvador y Guatemala son similares, variando de 0,1 a 5,5 por ciento. En comparación, la Patrulla Fronteriza identificó a un 21 por ciento de los migrantes de otros países para evaluaciones secundarias en mayor profundidad.

Los métodos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para entrevistar a los migrantes en el proceso de deportación expedita tenían serias fallas, dijo Human Rights Watch. Los agentes uniformados de la Patrulla Fronteriza están generalmente armados cuando detienen a los migrantes; cuando entrevistan a los migrantes unas pocas horas o días después, sus fundas están vacías pero visibles; y las entrevistas se realizan a menudo en espacios muy concurridos y sin confidencialidad. Estos factores parecen obstaculizar la capacidad de los oficiales para identificar a aquellos que necesitan una evaluación más profunda. Numerosos migrantes dijeron a Human Rights Watch que los agentes de la Patrulla Fronteriza parecían mayoritariamente centrados en deportarlos, lo que les impedía expresar sus temores.

“Mateo S.”, un migrante deportado en septiembre de 2014, dijo que cuando le contó a un oficial de la Patrulla Fronteriza el peligro que corría su vida en Honduras, “me dijo que no había nada que pudiera hacer y que no tenía un caso, así que no había razón alguna para poner en duda mi deportación (…) Le dije que estaba violando mi derecho a la vida y él contestó: ‘Usted no tiene derechos aquí’”.

El derecho internacional vinculante en los Estados Unidos prohíbe la devolución de una persona a un país donde su vida o seguridad enfrenten graves riesgos. El derecho internacional también se opone a la detención de los solicitantes de asilo y prohíbe la detención de niños migrantes. Los migrantes que vayan a ser deportados tienen derecho a acceder a un abogado.

El gobierno de Obama y el Congreso de Estados Unidos deberían dejar de acelerar sus procesos de deportación para migrantes centroamericanos y brindarles una oportunidad verdadera para presentar una solicitud de asilo, dijo Human Rights Watch. El gobierno debería revertir su decisión de ampliar la detención de familias migrantes, que ha quedado evidenciada con la próxima construcción en junio de dos nuevos centros de detención de familias y los planes anunciados en septiembre para construir una instalación de 2.400 camas en Dilley, Texas. El gobierno también debería aumentar el acceso de los migrantes a la asistencia jurídica, lo que mejoraría la gestión de las solicitudes de asilo y ayudaría a asegurar que EE.UU. no devuelve a personas a países donde pueden convertirse en víctimas de represión o tortura.

“El gobierno de Obama tiene que reducir inmediatamente su dramática expansión de  detenciones familiares”, dijo Long. “Solicitar asilo en un idioma y país extranjero ya es lo suficientemente difícil como para tener que hacerlo en condiciones de detención, mientras se cuida de niños asustados y ansiosos y sin un abogado”.

Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2014/10/16/eeuu-migrantes-son-deportados-al-peligro

, , ,

Deja un comentario

El caso Tumbador suma en la larga lista de impunidad en el Aguán

E-mail Print PDF

 

El equipo del Cofadeh visitó a Marta Julia López esposa de Ciriaco Muñóz

Tocoa, Colón.

En un sector tan violento donde los defensores y defensoras de derechos humanos arriesgan las vidas para defender los derechos de los campesinos y campesinas, la impunidad gana terreno cada día que pasa.

Se trata de la zona del Aguán localizada en el departamento de Colón al norte de Honduras. El 15 de noviembre de 2010, guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador.

Un fallo emitido por el tribunal de justicia dictó sobreseimiento provisional para los supuestos victimarios, aumentando con ello la desconfianza en la aplicación de justicia y perpetrando la impunidad de los victimarios en el Bajo Aguán.

Un equipo de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que visitó la zona, constató que la Fiscalía no presentó ningún recurso de apelación para contrarrestar la decisión del tribunal, proporcionando libertad para quienes dispararon y mataron a 5 campesinos.

Las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias de las víctimas, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar a sus hijos e hijas que quedaron sin padres.

Uno de esos casos es de María Concepción Membreño, esposa de Teodoro  Acosta. Cuando su compañero de hogar fue asesinado, su hijo menor apenas tenía 10 meses de nacido y ahora después de 4 años lucha por la vida para alimentar a sus 5 hijos.

Membreño dijo a defensoresenlinea.com que los que mataron a su marido fueron guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facussé y que esa muerte junto a la de otros cuatro campesinos, cegó las intenciones de recuperar tierras y los anhelos de cultivar para sobrevivir.

“Uno de pobre, por eso es que necesita las tierras para cultivar, porque yo soy pobre y para mí es difícil todo esto, yo ya no soy como antes como cuando él estaba (Teodoro Acosta), encuentro todo diferente y no tengo amparo de nadie, solo de Dios”, expresó con tristeza Membreño que vive con sus hijos e hijas en una pequeña parcela de tierra en la comunidad Guadalupe Carney, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.

María Concepción Membreño dando declarciones al periodista Marvin Palacios

La situación que vive María Concepción Membreño no difiere mucho de las otras cuatro viudas que demandan justicia al Estado de Honduras, al perder a sus compañeros de hogar en condiciones violentas y a manos de guardias de seguridad, que de acuerdo a denuncias operan con total impunidad en el Aguán.

A cuatro años de los trágicos eventos para estas familias campesinas, el caso se encuentra en un punto muerto, no hay avances y mucho menos, esperanzas de alcanzar justicia.

En febrero de 2014 la organización internacional Human Rights Watch publicó un informe sobre Honduras titulado: “‘Aquí no hay investigaciones’: Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras”.

Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán, señaló Human Rights Watch.

El informe examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigaciones oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.

“Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.

En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: El asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010.
Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado. Se trata del caso conocido como Tumbador, ocurrido en Trujillo, departamento de Colón.

En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos.

Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.

Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente Miguel Facussé.

La IFC, organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos. La Corporación Dinant indicó a Human Rights Watch que realiza investigaciones internas de todas las denuncias de abusos que afectan a su personal y coopera plenamente con las autoridades en relación con cualquier denuncia penal.

El informe del Ombudsman del Banco Mundial, que se difundió en enero de 2014, identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, que incluyeron subestimar los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y no actuar con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. Según concluye el informe, el personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. La IFC ha reconocido públicamente que hubo falencias en la implementación por la IFC de sus propios estándares.

Durante su gobierno, de 2010 a 2013, el presidente Porfirio Lobo adoptó ciertas medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas, sostuvo Human Rights Watch en su informe-

El gobierno del presidente Lobo tampoco adoptó medidas preventivas para proteger a personas que se encontraban en riesgo a causa de conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia. En al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata.

Estas víctimas fueron un periodista y un activista campesino. En un tercer caso, un abogado de derechos humanos a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch.

En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas. Reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán, al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo.

 

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3187:el-caso-tumbador-suma-en-la-larga-lista-de-impunidad-en-el-aguan&catid=71:def&Itemid=166

, , , , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Honduras: Unidad especial investigará crímenes en el Bajo Aguán

Investigaciones transparentes son esenciales para familiares de víctimas
6 de Marzo de 2014

(Washington, DC) — La decisión del Ministerio Público de Honduras de crear una Unidad Especial para investigar asesinatos presuntamente vinculados con conflictos por tierras en la región del Bajo Aguán es un paso importante para combatir la impunidad que allí impera, señaló hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch instó a que se conformara esta unidad en su informe de febrero de 2014 titulado “Aquí no hay investigaciones”. Human Rights Watch había documentado evidencias de que las autoridades hondureñas, en reiteradas instancias, no investigaron la ola de asesinatos y otros abusos que, según se cree, estarían relacionados con conflictos por la tierra en el Bajo Aguán.

“La creación de esta Unidad Especial representa una señal alentadora por parte de las actuales autoridades de la Fiscalía General que está adoptando medidas para combatir la violencia impune que, desde hace tiempo, se instaló en el Bajo Aguán”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La seriedad de los esfuerzos oficiales se medirá por los resultados  que logre esta unidad en el procesamiento de los responsables de asesinatos y abusos, un paso que sus predecesores no concretaron siquiera en un solo caso”.

La unidad, que fue anunciada el 27 de febrero por el Fiscal General Óscar Chinchilla, estará integrada por investigadores expertos, fiscales y miembros de la Policía Nacional. Se ocupará, en un primer momento, de investigar 147 casos de homicidio, y evaluará las denuncias que atribuyen a terratenientes en el Bajo Aguán la responsabilidad por algunos de los delitos, aseveró Chinchilla. El director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, se comprometió a impulsar investigaciones eficientes y lícitas.

La región del Bajo Aguán en el norte de Honduras ha sido escenario de prolongados —y a menudo violentos— conflictos por tierras, muchos de ellos surgidos tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones en la región han sido disputadas entre campesinos y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite.

Human Rights Watch examinó 29 casos de homicidio y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridas en el Bajo Aguán desde 2009, así como presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías, en ninguno de los cuales se había dictado una condena. Se observó que policías y fiscales habían obviado sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos.

Una de las principales recomendaciones formuladas por Human Rights Watch al gobierno fue que dispusiera la creación de una unidad de investigación especial con un mandato de varios años. Se recomendó que la unidad llevara a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de los homicidios, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos graves ocurridos en el Bajo Aguán, en los cuales las evidencias sugieran que existe una conexión con el conflicto por la tierra, así como en todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades en la región.

No resulta claro si la nueva unidad asumirá la investigación de violaciones de derechos humanos en las cuales estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad en el Bajo Aguán, incluidos casos de tortura, uso excesivo de la fuerza y desalojos forzados documentados por Human Rights Watch. Tales investigaciones también han sido en general deficientes, y deberían quedar a cargo de la nueva unidad, indicó Human Rights Watch.

Las víctimas y sus familiares en el Bajo Aguán han mantenido un contacto muy limitado con funcionarios judiciales y reciben escasa información sobre las investigaciones, aseveró Human Rights Watch. Esta falta de transparencia vulnera el derecho de las víctimas —reconocido por la legislación hondureña— a ser informadas sobre los resultados de las investigaciones mientras se encuentran en curso.

“Es esencial que la nueva unidad informe los avances a las familias de las víctimas y permita su participación en las investigaciones, en vez de mantenerlos desinformados, como sucedió anteriormente”, comentó Vivanco.

, , , , , , , , ,

Deja un comentario

Honduras debe elegir a un Comisionado imparcial y creíble: HRW

Escrito por Redacción en Mié, 03/05/2014 – 13:11

Versión para impresiónVersión PDF

Es indispensable que el Congreso elija a un Comisionado con la credibilidad y la voluntad necesarias para abordar los gravísimos problemas de derechos humanos que enfrenta Honduras, y que pueda asegurar que CONADEH cumpla con su mandato de defensor independiente.
Washington, DC (Conexihon).– El Congreso Nacional de Honduras debería implementar un proceso transparente, imparcial y participativo para elegir al próximo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos del país, señaló hoy Human Rights Watch. El 14 de marzo de 2014 culmina el mandato de seis años del actual Comisionado y vence el plazo para designar a su reemplazante. El Comisionado es el funcionario al frente de la Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
“Lamentablemente, en los últimos años, la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha sido ampliamente percibida como un órgano político en lugar de un defensor imparcial de los derechos humanos”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es indispensable que el Congreso elija a un Comisionado con la credibilidad y la voluntad necesarias para abordar los gravísimos problemas de derechos humanos que enfrenta Honduras, y que pueda asegurar que CONADEH cumpla con su mandato de defensor independiente”.
Existen en Honduras altísimos índices de delincuencia e impunidad de violaciones de derechos humanos. Las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública en gran medida no han sido efectivas. CONADEH se estableció en 1982 por mandato constitucional con carácter de institución autónoma dedicada a la protección de los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho. El Comisionado tiene un amplio mandato para investigar todo tipo de violaciones de derechos humanos. También posee la facultad de evaluar si las leyes nacionales cumplen con los compromisos asumidos por Honduras conforme a tratados internacionales de derechos humanos vinculantes.
La Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos contempla requisitos mínimos para los candidatos y estipula que el Comisionado deberá ser aprobado por mayoría en el Congreso Nacional.
El 26 de febrero de 2014, el Congreso anunció que una comisión integrada por 15 de sus miembros se ocuparía de supervisar el proceso de selección. La comisión ha acordado un reglamento donde se establecen las condiciones y los criterios generales para las evaluaciones que realice, incluidas audiencias públicas durante las cuales se formularán preguntas a los candidatos. El reglamento dispone que la comisión presentará a los tres candidatos que considere más idóneos al Congreso, y este seleccionará a uno de ellos mediante el voto de la mayoría.
El Congreso debería asegurar que se apliquen criterios claros y objetivos para evaluar las aptitudes de los candidatos, incluida su independencia y conocimiento de normas internacionales de derechos humanos, observó Human Rights Watch. El examen de posibles candidatos deberá ser totalmente transparente, riguroso y accesible por el público, como se dispone en el reglamento de la comisión.
“Si bien el reglamento adoptado recientemente por el Congreso constituye un paso positivo, habrá que ver si los congresistas cumplen con sus disposiciones y llevan a cabo un proceso de selección transparente y objetivo”, aseveró Vivanco. “Si el próximo Comisionado es elegido a puertas cerradas o designado por razones políticas, esto debilitará seriamente la credibilidad y peso de la CONADEH”.

, , , ,

Deja un comentario

Honduras: Select Impartial, Credible Ombudsman

Transparent, Objective Election Process Needed
March 4, 2014

It is critically important for Congress to choose an ombudsman who is willing and able to tackle Honduras’ daunting human rights problems, and who can make sure the commission fulfills its mandate as an independent watchdog.

Jose Miguel Vivanco, Americas director

(Washington, DC) – The Honduran Congress should conduct a transparent, impartial, and participatory process for electing the country’s next human rights ombudsman, Human Rights Watch said today.

A new ombudsman must be chosen by March 14, 2014, when the current ombudsman’s six-year term ends. The ombudsman directs the National Human Rights Commission (El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, or CONADEH).

“Unfortunately, in recent years the National Human Rights Commission has too often been viewed as a political body rather than an impartial defender of human rights,” said Jose Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch. “It is critically important for Congress to choose an ombudsman who is willing and able to tackle Honduras’ daunting human rights problems, and who can make sure the commission fulfills its mandate as an independent watchdog.”

Honduras suffers from rampant crime and impunity for human rights abuses. The institutions responsible for providing public security have proven largely ineffective.

The National Human Rights Commission was created in 1982 by constitutional mandate as an autonomous institution to protect human rights and advance the rule of law. The commission has a broad mandate to investigate any human rights violation. It also has the power to evaluate whether national laws comply with Honduras’s commitments under binding international human rights treaties.

The law establishing the commission (Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) sets forth minimum requirements for candidates and stipulates that the ombudsman must be approved by a majority of Congress.

On February 26, 2014, Congress announced that a committee of 15 of its members would oversee the selection process. The committee has agreed on regulations setting out prerequisites and general criteria for its evaluations, including public hearings to question top candidates.

Under the regulations, the committee will present the three candidates it determines to be the most qualified to Congress, which will select one of the three by majority vote.

Congress should ensure that clear, objective criteria are used to evaluate the candidates, including their independence and knowledge of international human rights standards, Human Rights Watch said. The vetting of potential candidates should be fully transparent, rigorous, and accessible to the public, as set out in the committee’s regulations.

“While the rules recently set out by Congress are a step in the right direction, the test is whether Congress will follow them and carry out a fully transparent, objective selection process,” Vivanco said. “If the next ombudsman is chosen behind closed doors or picked on political grounds, it will greatly undermine the credibility and effectiveness of CONADEH.”

Fuente: http://www.hrw.org/node/123565

, , ,

Deja un comentario

Gobierno responde a presiones de EEUU y crea unidad investigadora de crímenes en el Aguán

Friday, 28 February 2014 16:01 Marvin Palacios
E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

A pocas semanas de que la organización internacional Human Rigths Watch (HRW), presentará en esta capital, el informe “Aquí no hay investigaciones”, el gobierno designó una unidad especial conformada por policías, militares y fiscales con el mandato de investigar, esclarecer y llevar ante la justicia a los responsables de más de 140 muertes violentas acontecidas en los últimos años por la disputa de tierras en el Bajo Aguán.

Específicamente el fiscal general Oscar Chinchilla expresó el jueves 27 de febrero que se procederá a la investigación de al menos 147 asesinatos que permanecen en la impunidad. La mayoría de muertes corresponden a campesinos, defensores de derechos humanos y un porcentaje a guardias de seguridad.

El jueves 27 de febrero, Chinchilla anunció en conferencia de prensa ( acompañado por el director general de la Policía, comisionado Ramón Sabillón) que “el esquema que llevamos es  ir a resolver estas muertes violentas, establecer cuáles fueron las causas, quiénes son los responsables”.

El funcionario sostuvo que existen varias hipótesis en torno a estas muertes violentas, algunas de ellas que involucran a los terratenientes que poseen extensas plantaciones de palma africana, como los responsables de los crímenes, otra que establece que los múltiples homicidios son generados por disputas entre grupos campesinos y como tercera hipótesis indicaría que hay participación del crimen organizado.

Al tiempo de anunciar que en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón se instalará en los próximos días la unidad investigadora de 147 casos, Chinchilla señaló que “no podemos descartar (ninguna) tenemos que tomarlas todas, investigarlas y al final determinar, independientemente de que una u otra muerte responda a una de estas hipótesis, investigar y enjuiciar al que sea responsable”.

El pasado 13 de febrero el director de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco  expresó en torno al Informe “Aquí no hay investigaciones”, relativo a casi un centenar de muertes violentas perpetradas por agentes del estado y guardias de seguridad en el Bajo Aguán (costa norte) que “la conclusión es devastadora, no hay nadie que haya sido condenado por los homicidios cometidos, torturas, detenciones ilegales y al menos 3 desapariciones de personas”.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha mantenido denuncias permanentes sobre las muertes violentas acontecidas en el  Aguán desde 2009 a 2012, que involucran a terratenientes de la zona, policías, militares y guardias de seguridad de empresas privadas, (de los cuales también hay víctimas mortales) en una dinámica de muerte generada por el conflicto de tierras.

La incidencia a través de sus medios de comunicación, conferencias de prensa con las víctimas y sus familiares, la comparecencia ante foros internacionales, reuniones con congresistas estadounidenses y acciones de búsqueda de desaparecidos hasta la realización de exhumaciones, son entre otras, las acciones emprendidas por el COFADEH en el tema del Bajo Aguán.

La coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva señaló que el informe de Human Rigths Watch lo que hace es ratificar que existe desinterés que priva en los agentes del estado de Honduras para investigar hechos de violaciones graves a los derechos humanos y que no se investiga nada.

“A partir de eso me imagino que han tomado en cuenta que hay que investigar, o por lo menos decir que se va a investigar, pero en el fondo no investigar nada para que las cosas sean inamovibles; pero lo otro es que se deba al trabajo que hemos realizado las organizaciones locales e internacionales de protección y defensa de derechos humanos, en donde hemos hecho esfuerzos articulados por la situación de criminalización, persecución y de barbarie que se ha vivido en el Aguán”, explicó Oliva.

La defensora de derechos humanos resaltó que el anuncio de las autoridades hondureñas “tiene sus efectos en la actualidad, pero no hay que olvidar que hace poco tiempo se produjo la visita del hombre fuerte en materia de seguridad de Estados Unidos (se refiere al zar antidrogas William Brownfield) quien anunció que se iba a suspender la ayuda en materia de seguridad y defensa a nuestro país, si no se hacía por lo menos la reparación (indemnización) a los familiares de las víctimas del Aguán”.

El informe “Aquí no hay investigaciones”, Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras, resalta que policías y fiscales no cumplieron procesos básicos para investigar los delitos y llevar ante la justicia a los responsables.

Además señala que la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa adoptó medidas para tratar de mitigar los conflictos a través de la mediación y compra de tierras, pero la estrategia para abordar la violencia consistió en incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. El gobierno no adoptó medidas preventivas para proteger a personas en riesgo, incluso cuando existían evidencias de que podían ser objeto de ataques.

Vivanco  explicó que existen distintos diagnósticos con respecto a la cantidad de homicidios en el Aguán, “hay cifras que superan los cien casos en los últimos años, hay otras que están inmediatamente inferiores, pero nuestro informe no debate cifras, lo que nos importó más, fue ver cómo había reaccionado hasta ahora la justicia en esos casos, y la conclusión es devastadora, no hay ningún caso, ninguno”.

Y lo decimos con toda responsabilidad porque hemos trabajado con la Fiscalía, tanto en Tegucigalpa como a nivel local y creo que la comunidad internacional se va a sorprender acerca de  que “no hay nadie que haya sido condenado, no hay condena, por ninguno de los homicidios cometidos, ni por los casos de tortura y las detenciones ilegales, aseguró el defensor de derechos humanos.

Añadió que también “en al menos 3 desapariciones de personas, no hay investigaciones, son todas primarias en etapas iniciales y constantemente se les niega a las víctimas y a sus familiares información sobre el estado del proceso, cuando el Código Procesal Penal hondureño, obliga a los fiscales a compartir información e informar a los familiares de cuál es el estado de los procesos”.

Al referirse sobre el por qué Human Rigths Watch enfocó su informe en las muertes violentas ocurridas en medio de una conflictividad generada por la tierra en aquella zona, Vivanco señaló que se hizo sobre el Bajo Aguán “porque de la ayuda en el ámbito militar, el 35 por ciento de esa ayuda que se le da los militares hondureños y a la policía para el combate al narcotráfico, “está condicionada al tema de los derechos humanos”.

Señaló que el Congreso de Estados Unidos le presta colaboración de todo tipo a las fuerzas militares  de Honduras, pero esa cooperación no puede entregarse si no se cumplen con algunos requerimientos en el ámbito de derechos humanos.

“Son tres condiciones: Una que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, otra, con medidas concretas que permitan establecer rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos y hay una en particular, la tercera condición, que habla específicamente del Bajo Aguán…”, detalló José Miguel Vivanco.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2997:gobierno-responde-a-presiones-de-eeuu-y-crea-unidad-investigadora-de-crimenes-en-el-aguan&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

, , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Gladys Lanza: ”Difícilmente se puede hablar de justicia en Honduras”

Tuesday, 18 February 2014 14:28 Marvin Palacios
E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

El Informe de Human Rights Watch (HRW) divulgado el pasado 12 de febrero y titulado  “‘Aquí no hay investigaciones’: Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras”, destaca que pese a la fuerte presencia militar se cometieron más de un centenar de homicidios de campesinos y guardias de seguridad en los últimos años.

Human Rights Watch registra que durante su gobierno, de 2010 a 2013, el presidente Porfirio Lobo adoptó ciertas medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas”.

El informe examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.

“Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”, sentencia la investigación.

Se ha retrocedido en aplicar justicia

Sobre este tema la Coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, Gladys Lanza compartió las conclusiones de Human Rights Watch (HRW) al expresar que “nosotras venimos exigiendo justicia, porque esa aplicación de justicia siempre ha sido difícil, pero después del golpe de Estado la cuestión se agudizó de tal manera que en lugar de avanzar se retrocedió cada vez más”.

Por ejemplo en el caso de la investigación de los femicidios no bajan los niveles de impunidad porque no hay aplicación de la justicia, no hay investigación y los funcionarios públicos, sobre todo los operadores de justicia no están realmente aplicando las leyes como corresponde, entonces todo eso se va acumulando de tal manera que cada vez los índices de impunidad son mayores, sostuvo Lanza.

Gladys Lanza, Coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla

En relación al informe que señala que pese a que existe una fuerte presencia militar en la zona del Aguán, se han cometido más de un centenar de homicidios, en su mayoría de campesinos, Lanza expresó que “realmente este es un país totalmente militarizado, vigilado, porque me sorprende que hay vigilancia y personas realizando labores de “escuchas”, que antes les llamaban orejas y yo digo pero entonces ¿en qué país vivimos?; donde no podemos hablar absolutamente nada en ningún espacio que no le guste al gobierno.

“Entonces para mí no solo estamos militarizados, ocupados militarmente por tropas extranjeras, sino además vigilados, observados, es decir que difícilmente se puede hablar de justicia y de libertad en un país como el nuestro”, advirtió la defensora de derechos humanos.

El Informe de HRW es contundente luego de un año de investigaciones en Honduras, al señalar que “las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán”..

En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rigths Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010. Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado.

La región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, ha sido escenario de prolongadas y a menudo violentos conflictos por la tierra, muchas de ellas surgidas tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite.

Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en el contexto de conflictos por la tierra en el Bajo Aguán entre 2009 y 2012. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también fueron asesinados guardias de seguridad empleados por empresas privadas.

En casos en que la evidencia sugería que soldados y policías del Bajo Aguán cometieron violaciones de derechos humanos, los investigadores no cumplieron pasos básicos para determinar si se habían producido abusos, según comprobó Human Rights Watch.

Frente a hechos en que las evidencias indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en torturas y detenciones arbitrarias, los fiscales no se constituyeron en hasta el lugar de los hechos ni entrevistaron a testigos y presuntos responsables.

En otro párrafo del informe se señala que en 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos. Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.

Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a la Corporación Dinant.

Por otra parte en al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata. Estas víctimas fueron un periodista (Nahún Palacios) y un activista campesino (Gregorio Chávez).

En un tercer caso, un abogado de derechos humanos (Antonio Trejo) a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2979:gladys-lanza-dificilmente-se-puede-hablar-de-justicia-en-honduras&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

, , , , , , ,

Deja un comentario

Ninguno de más de un centenar de homicidios en el Aguán ha sido investigado

Thursday, 13 February 2014 20:57 Marvin Palacios
E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

El director de Human Rigths Watch (HRW), José Miguel Vivanco  expresó en torno al Informe “Aquí no hay investigaciones”, relativo a casi un centenar de muertes violentas perpetradas por agentes del estado y guardias de seguridad en el Bajo Aguán (costa norte) que “la conclusión es devastadora, no hay nadie que haya sido condenado por los homicidios cometidos, torturas, detenciones ilegales y al menos 3 desapariciones de personas”.

Así lo manifestó el representante de (HRW) al dirigirse a defensores y defensoras de derechos humanos de varias organizaciones y a familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos (en su mayoría del departamento de Colón) convocados a un desayuno-conversatorio por la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva y desarrollado en un hotel de esta capital.

El COFADEH ha mantenido denuncias permanentes sobre las muertes violentas acontecidas en el  Aguán desde 2009 a 2012, que involucran a terratenientes de la zona, policías, militares y guardias de seguridad de empresas privadas, (de los cuales también hay víctimas mortales) en una dinámica de muerte generada por el conflicto de tierras.

La incidencia a través de sus medios de comunicación, conferencias de prensa con las víctimas y sus familiares, la comparescencia ante foros internacionales, reuniones con congresistas estadounidenses y acciones de búsqueda de desaparecidos hasta la realización de exhumaciones, son entre otras, las acciones emprendidas por el COFADEH en el tema del Bajo Aguán.

El informe “Aquí no hay investigaciones”, Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras, resalta que policías y fiscales no cumplieron procesos básicos para investigar los delitos y llevar ante la justicia a los responsables.

Además señala que la administración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa adoptó medidas para tratar de mitigar los conflictos a través de la mediación y compra de tierras, pero la estrategia para abordar la violencia consistió en incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. El gobierno no adoptó medidas preventivas para proteger a personas en riesgo, incluso cuando existían evidencias de que podían ser objeto de ataques.

“Conclusión devastadora”

Vivanco  explicó que existen distintos diagnósticos con respecto a la cantidad de homicidios en el Aguán, “hay cifras que superan los cien casos en los últimos años, hay otras que están inmediatamente inferiores, pero nuestro informe no debate cifras, lo que nos importó más, fue ver cómo había reaccionado hasta ahora la justicia en esos casos, y la conclusión es devastadora, no hay ningún caso, ninguno”.

Y lo decimos con toda responsabilidad porque hemos trabajado con la Fiscalía, tanto en Tegucigalpa como a nivel local y creo que la comunidad internacional se va a sorprender acerca de  que “no hay nadie que haya sido condenado, no hay condena, por ninguno de los homicidios cometidos, ni por los casos de tortura y las detenciones ilegales, aseguró el defensor de derechos humanos.

Añadió que también “en al menos 3 desapariciones de personas, no hay investigaciones, son todas primarias en etapas iniciales y constantemente se les niega a las víctimas y a sus familiares información sobre el estado del proceso, cuando el Código Procesal Penal hondureño, obliga a los fiscales a compartir información e informar a los familiares de cuál es el estado de los procesos”.

Al referirse sobre el por qué Human Rigths Watch enfocó su informe en las muertes violentas ocurridas en medio de una conflictividad generada por la tierra en aquella zona, Vivanco señaló que se hizo sobre el Bajo Aguán “porque de la ayuda en el ámbito militar, el 35 por ciento de esa ayuda que se le d a los militares hondureños y a la policía para el combate al narcotráfico, “está condicionada al tema de los derechos humanos”.

Señaló que el Congreso de Estados Unidos le presta colaboración de todo tipo a las fuerzas militares  de Honduras, pero esa cooperación no puede entregarse si no se cumplen con algunos requerimientos en el ámbito de derechos humanos.

“Son tres condiciones: Una que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, otra, con medidas concretas que permitan establecer rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos y hay una en particular, la tercera condición, que habla específicamente del Bajo Aguán…”

“Y dice que se estén investigando esos hechos, que se garantice la protección de los derechos fundamentales en el Bajo Aguán concretamente. Este informe creo que va a ser útil, no solo acá en Honduras, esperamos que sea útil en el Congreso de Estados Unidos, ante las autoridades del Departamento de Estado y la Oficina del embajador Brownsfield, porque justamente habla de la situación en el Bajo Aguán”,  detalló Vivanco.

Vivanco realizó un trabajo extraordinario con familiares de víctimas de la desaparición forzada en la década de los ochenta en Honduras y por esas investigaciones fue declarado non grato por las autoridades de aquel entonces. No fue sino hasta 1994 cuando pudo regresar al país durante la administración del ex presidente Carlos Roberto Reina para continuar documentando los crímenes de lesa humanidad cometidos por escuadrones de la muerte, amparados en la Doctrina de Seguridad Nacional implementada en América Latina por Estados Unidos.

Casos documentados por José Miguel Vivanco se convirtieron en sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras por haberse comprobado que existía una política de persecución, torturas, detenciones y desapariciones forzadas contra dirigentes del movimiento social hondureño. Como ejemplo el caso Manfredo Velásquez y Saúl Godínez del cual existe jurisprudencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto Vivanco apuntó que el trabajo en derechos humanos no tiene fronteras, no tiene ideología, no hace ningún tipo de discriminación o distinciones y para mí la experiencia inicial en mis tareas representando víctimas de desapariciones forzadas acá en Honduras, marcó mi carrera y desde esos años que ya son casi 30, he estado dedicado a esta tarea al igual que muchos de ustedes; porque sin el apoyo de varios de los que están aquí en esta mesa, no habría sido posible avanzar en esas investigaciones y denunciar lo que estaba ocurriendo.

Al desayuno-conversatorio, asistieron representantes del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Diakonia, el COFADEH, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (SITRAPANI), Sindicato de Trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (SITRADEI), Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos y el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), entre otras organizaciones.

Human Rigths Watch es una organización internacional dedicada a la protección de derechos humanos y de acompañamiento a las víctimas de violaciones a los derechos universales, con presencia en más de 40 países y con oficinas en Amsterdam, Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Goma, Johannesburgo, Londres, Los Angeles, Moscú, Nairobi, Nueva York, París, San Francisco, tokio, Toronto, Túnez, Washington D.C. y Zurich.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2972:ninguno-de-mas-de-un-centenar-de-homicidios-en-el-aguan-ha-sido-investigado&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

, , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Honduras: Sin justicia en la ola de homicidios vinculados a conflictos por la tierra

La inacción de las autoridades agrava la impunidad en el Bajo Aguán
February 12, 2014

(Tegucigalpa) – Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy.

El informe de 78 páginas, “‘Aquí no hay investigaciones’: Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras”, examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.

“Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.

En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010. Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado.

La región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras, ha sido escenario de prolongadas y a menudo violentos conflictos por la tierra, muchas de ellas surgidas tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite. Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en el contexto de conflictos por la tierra en el Bajo Aguán entre 2009 y 2012. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también fueron asesinados guardias de seguridad empleados por empresas privadas.

En casos en que la evidencia sugería que soldados y policías del Bajo Aguán cometieron violaciones de derechos humanos, los investigadores no cumplieron pasos básicos para determinar si se habían producido abusos, según comprobó Human Rights Watch. Frente a hechos en que las evidencias indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en torturas y detenciones arbitrarias, los fiscales no se constituyeron en hasta el lugar de los hechos ni entrevistaron a testigos y presuntos responsables. Las autoridades también postergaron la búsqueda de personas que, según indica la evidencia, fueron llevadas contra su voluntad, aun cuando había indicios sobre dónde podrían ser encontradas. En uno de estos casos que fue examinado por Human Rights Watch, la víctima posteriormente fue hallada muerta, y dos aún están desaparecidas.

La falta de transparencia por parte de fiscales y policías con respecto al estado de las investigaciones en curso mantiene desinformados a los familiares y socava la confianza en el sistema judicial, expresó Human Rights Watch. Sumados a la falta de avances en el juzgamiento de estos delitos, estos factores provocan un círculo vicioso que disuade a quienes podrían aportar pruebas que permitan procesar a los responsables.

En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos. Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.

Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a la Corporación Dinant.

La IFC, organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos. La Corporación Dinant indicó a Human Rights Watch que realiza investigaciones internas de todas las denuncias de abusos que afectan a su personal y coopera plenamente con las autoridades en relación con cualquier denuncia penal.

El informe del Ombudsman del Banco Mundial, que se difundió en enero de 2014, identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, que incluyeron subestimar los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y no actuar con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. Según concluye el informe, el personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. La IFC ha reconocido públicamente que hubo falencias en la implementación por la IFC de sus propios estándares.

La falta de progreso en las investigaciones en el Bajo Aguán ha exacerbado la desconfianza en el gobierno y el temor entre la población de la región, sobre todo las organizaciones campesinas.

Durante su gobierno, de 2010 a 2013, el presidente Porfirio Lobo adoptó ciertas medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas.

El gobierno del presidente Lobo tampoco adoptó medidas preventivas para proteger a personas que se encontraban en riesgo a causa de conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia. En al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata. Estas víctimas fueron un periodista y un activista campesino. En un tercer caso, un abogado de derechos humanos a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch.

En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas. Reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán, al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo.

“El nuevo gobierno tiene la oportunidad de superar el fracaso de sus antecesores y, de una vez por todas, sancionar los asesinatos y abusos en el Bajo Aguán”, señaló Vivanco. “Si la actual administración no hace un esfuerzo serio, desde el primer día, para investigar estos crímenes, el gravísimo ciclo de violencia en el Aguán continuará”.

Human Rights Watch instó a las autoridades hondureñas a adoptar las siguientes medidas:

  • Conformar una unidad especial con un mandato de varios años integrada por fiscales, policías e investigadores, que inicie investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de los homicidios, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos graves ocurridos en el Bajo Aguán en los cuales las evidencias sugieran que existe una conexión con el conflicto por la tierra, así como en todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades en el Bajo Aguán.
  • Fortalecer los mecanismos y la legislación conexa para ofrecer protección oportuna y efectiva a personas o grupos en riesgo de sufrir violencia en el marco del conflicto por la tierra, especialmente defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de organizaciones campesinas que hayan recibido reiteradas amenazas.
  • Asegurar que todas las empresas de seguridad privada se inscriban ante el gobierno, y que las listas de personal empleado y armas de fuego en poder de tales empresas estén actualizadas, de conformidad con las leyes nacionales.

Ejemplos de casos tomados del informe sobre falencias en la investigación de homicidios, impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y medidas de protección inadecuadas para personas en riesgo:

  • Cinco miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) fueron asesinados durante un enfrentamiento por tierras en la plantación El Tumbador el 15 de noviembre de 2010. En la causa iniciada por este hecho contra cinco guardias de seguridad privada, se otorgó el sobreseimiento provisional, en un proceso en que los fiscales no recogieron evidencias esenciales, como realizar pruebas de balística en armas presuntamente utilizadas en el incidente y confeccionar un inventario completo de las armas asignadas a los guardias.
  • El agricultor y predicador laico Gregorio Chávez desapareció el 2 de julio de 2012 cerca de su vivienda en la comunidad Panamá. Transcurrieron varios días sin que la policía inspeccionara una plantación cercana a su propiedad, y esto provocó que se perdiera la oportunidad de recabar evidencias cruciales. Cuando la policía finalmente realizó una búsqueda en la plantación el 6 de julio, encontraron el cuerpo sin vida de Chávez. Ninguna persona ha sido imputada por este hecho.
  • Santos Bernabé Cruz —un joven que entonces tenía 16 años y es hijo del líder de una organización campesina— denunció que fue detenido arbitrariamente por policías el 19 de septiembre de 2011 y acusado de participar en un atentado en el cual perdió la vida un policía, si bien Cruz negó estar implicado. Cruz indicó que los policías lo golpearon con sus cascos, lo azotaron con una manguera, saltaron varias veces sobre su cuerpo mientras yacía tendido en el suelo, y luego lo rociaron con gasolina y le advirtieron que lo quemarían vivo si no confesaba. Dijo haber permanecido incomunicado toda la noche bajo custodia policial, y que fue liberado al día siguiente sin que se formularan cargos. La investigación penal sobre estos abusos se encuentra paralizada.
  • El 22 de septiembre de 2012, agresores armados emboscaron y asesinaron al abogado de derechos humanos Antonio Trejo en Tegucigalpa, afuera de una iglesia. Tres días después de su muerte, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda reconoció que Trejo había informado al gobierno que temía por su vida debido a amenazas, e indicó que el gobierno le había otorgado “medidas de seguridad”. Sin embargo, al día siguiente, un vocero de la Secretaría de Seguridad indicó que, según había podido determinar, Trejo no había recibido protección a través de la secretaría. Ninguna persona ha sido acusada en relación con el asesinato de Trejo, que aún está siendo investigado.
Also available in:

Fuente: http://www.hrw.org/node/123189

, , , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Human Rights Watch denuncia inacción autoridades hondureñas agrava impunidad

Artículo | Febrero 12, 2014 – 11:34am

Agencias / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La organización Human Rights Watch denunció hoy que “la inacción” de las autoridades de Honduras agrava la impunidad en el Bajo Aguán, en el Caribe del país centroamericano, donde campesinos reclaman tierras y muchos han sido asesinados.

Las autoridades hondureñas, según indicó la misma organización en Tegucigalpa, “no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán”.

Human Rights Watch también presentó el informe “Aquí no hay investigaciones”, en el que examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías.

El informe añade que Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer los delitos, y que esa omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que “incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia (un promedio de 20 muertes diarias) e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”.

Indicó además que “la ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.

Según organismos locales de derechos humanos y campesinos organizados, más de un centenar de labriegos fueron asesinados en el Bajo Aguán en los últimos cuatro años, crímenes en los que se vieron involucrados guardias de seguridad privada de empresarios agrícolas, policías y militares.

El informe del organismo indica además que guardias de seguridad también han sido asesinados en los enfrentamientos con campesinos.

Human Rights Watch señala que “en ninguno de los 29 homicidios documentados en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales”.

“Solamente un caso llegó a juicio: el asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010”, precisa.

“Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la Justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado”, subraya el informe.

La zona de conflicto, en la que permanece una fuerza militar especial enviada por el expresidente Porfirio Lobo, quien entregó el poder el 27 de enero pasado, es productora en mayor medida de palma africana.

Human Rights Watch indicó que en casos en que la evidencia sugería que soldados y policías del Bajo Aguán cometieron violaciones de derechos humanos, los investigadores no cumplieron pasos básicos para determinar si se habían producido abusos.

“Frente a hechos en que las evidencias indicaban que miembros de las fuerzas de seguridad participaron en torturas y detenciones arbitrarias, los fiscales no se constituyeron en hasta el lugar de los hechos ni entrevistaron a testigos y presuntos responsables”, agrega el informe.

También señala que las autoridades postergaron la búsqueda de personas que, según indica la evidencia, fueron llevadas contra su voluntad, aun cuando había indicios sobre dónde podrían ser encontradas.

“En uno de estos casos que fue examinado por Human Rights Watch, la víctima posteriormente fue hallada muerta, y dos aún están desaparecidas”, agrega.

Human Rights Watch subraya que en 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada, quienes están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y obligados a respetar los derechos de los ciudadanos.

La Administración de Porfirio Lobo intentó solventar el problema con la compra de tierras a empresarios para entregarlas a los campesinos, pero la crisis sigue sin ser resuelta en el Bajo Aguán.

Human Rights Watch espera que el nuevo Gobierno que preside Juan Orlando Hernández busque una solución al conflicto. (Diario Vasco).

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/human-rights-watch-denuncia-inacci%C3%B3n-autoridades-hondure%C3%B1as-agrava-impunidad

, , , , , , ,

Deja un comentario

The Hypocrisy of Human Rights Watch

Feb 5 2014
Keane Bhatt

Over more than a decade, the rise of the left in Latin American governance has led to remarkable advances in poverty alleviation, regional integration, and a reassertion of sovereignty and independence. The United States has been antagonistic toward the new left governments, and has concurrently pursued a bellicose foreign policy, in many cases blithely dismissive of international law.

2390 Jose M. Vivanco at Senate hearing in 2004. Photo by Jeremy Bigwood.So why has Human Rights Watch (HRW)—despite proclaiming itself “one of the world’s leading independent organizations” on human rights—so consistently paralleled U.S. positions and policies? This affinity for the U.S. government agenda is not limited to Latin America. In the summer of 2013, for example, when the prospect of a unilateral U.S. missile strike on Syria—a clear violation of the UN Charter—loomed large, HRW’s executive director Kenneth Roth speculated as to whether a simply “symbolic” bombing would be sufficient. “If Obama decides to strike Syria, will he settle for symbolism or do something that will help protect civilians?” he asked on Twitter. Executive director of MIT’s Center for International Studies John Tirman swiftly denounced the tweet as “possibly the most ignorant and irresponsible statement ever by a major human-rights advocate.”1

HRW’s accommodation to U.S. policy has also extended to renditions—the illegal practice of kidnapping and transporting suspects around the planet to be interrogated and often tortured in allied countries. In early 2009, when it was reported that the newly elected Obama administration was leaving this program intact, HRW’s then Washington advocacy director Tom Malinowski argued that “under limited circumstances, there is a legitimate place” for renditions, and encouraged patience: “they want to design a system that doesn’t result in people being sent to foreign dungeons to be tortured,” he said, “but designing that system is going to take some time.”2

Similar consideration was not extended to de-facto U.S. enemy Venezuela, when, in 2012, HRW’s Americas director José Miguel Vivanco and global advocacy director Peggy Hicks wrote a letter to President Hugo Chávez arguing that his country was unfit to serve on the UN’s Human Rights Council. Councilmembers must uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights, they maintained, but unfortunately, “Venezuela currently falls far short of acceptable standards.”3 Given HRW’s silence regarding U.S. membership in the same council, one wonders precisely what HRW’s acceptable standards are.

One underlying factor for HRW’s general conformity with U.S. policy was clarified on July 8, 2013, when Roth took to Twitter to congratulate his colleague Malinowski on his nomination to be Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor (DRL). Malinowski was poised to further human rights as a senior-level foreign-policy official for an administration that convenes weekly “Terror Tuesday” meetings. In these meetings, Obama and his staffers deliberate the meting out of extrajudicial drone assassinations around the planet, reportedly working from a secret “kill list” that has included several U.S. citizens and a 17-year-old girl.4

Malinowski’s entry into government was actually a re-entry. Prior to HRW, he had served as a speechwriter for Secretary of State Madeline Albright and for the White House’s National Security Council. He was also once a special assistant to President Bill Clinton—all of which he proudly listed in his HRW biography. During his Senate confirmation hearing on September 24, Malinowski promised to “deepen the bipartisan consensus for America’s defense of liberty around the world,” and assured the Foreign Relations Committee that no matter where the U.S. debate on Syria led, “the mere fact that we are having it marks our nation as exceptional.”5

That very day, Obama stood before the UN General Assembly and declared, “some may disagree, but I believe that America is exceptional.” Assuming that by “exceptional” Obama meant exceptionally benevolent, one of those who disagreed was Brazilian president Dilma Rousseff, who had opened the proceedings at the same podium by excoriating Obama’s “global network of electronic espionage,” which she considered a “disrespect to national sovereignty” and a “grave violation of human rights and of civil liberties.” Rousseff contrasted Washington’s rogue behavior with her characterization of Brazil as a country that has “lived in peace with our neighbors for more than 140 years.” Brazil and its neighbors, she argued, were “democratic, pacific and respectful of international law.”6 Rousseff’s speech crystallized Latin America’s broad opposition to U.S. exceptionalism, and therefore shed light on the left’s mutually antagonistic relationship with HRW.

*

Malinowski’s background is but one example of a larger scenario. HRW’s institutional culture is shaped by its leadership’s intimate links to various arms of the U.S. government. In her HRW biography, the vice chair of HRW’s board of directors, Susan Manilow, describes herself as “a longtime friend to Bill Clinton,” and helped manage his campaign finances. (HRW once signed a letter to Clinton advocating the prosecution of Yugoslav President Slobodan Milosevic for war crimes; HRW made no case for holding Clinton accountable for NATO’s civilian-killing bombings despite concluding that they constituted “violations of international humanitarian law.”)7 Bruce Rabb, also on Human Rights Watch’s Board of Directors, advertises in his biography that he “served as staff assistant to President Richard Nixon” from 1969-70—the period in which that administration secretly and illegally carpet bombed Cambodia and Laos.8

The advisory committee for HRW’s Americas Division has even boasted the presence of a former Central Intelligence Agency official, Miguel Díaz. According to his State Department biography, Díaz served as a CIA analyst and also provided “oversight of U.S. intelligence activities in Latin America” for the House Permanent Select Committee on Intelligence.9 As of 2012, Díaz focused, as he once did for the CIA, on Central America for the State Department’s DRL—the same bureau now to be supervised by Malinowski.

Other HRW associates have similarly questionable backgrounds: Myles Frechette, currently an advisory committee member for the Americas Division, served as Assistant U.S. Trade Representative for Latin America and the Caribbean from 1990-93, and then became U.S. Ambassador to Colombia from 1994-97. Frechette subsequently worked as the executive director of a “nonprofit” group called the North American-Peruvian Business Council, and championed the interests of his funders in front of Congress. His organization received financing from companies such as Newmont Mining, Barrick Gold, Caterpillar, Continental Airlines, J.P. Morgan, ExxonMobil, Patton Boggs, and Texaco.10

Michael Shifter, who also currently serves on HRW’s Americas advisory committee, directed the Latin America and Caribbean program for the National Endowment for Democracy (NED), a quasi-governmental entity whose former acting president Allen Weinstein told The Washington Post in 1991 that “a lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA.”11 Shifter, as current president of a policy center called the Inter-American Dialogue, oversees $4 million a year in programming, financed in part through donations from the U.S. Agency for International Development (USAID), the embassies of Canada, Germany, Guatemala, Mexico and Spain, and corporations such as Chevron, ExxonMobil, J.P. Morgan, Microsoft, Coca-Cola, Boeing, and Western Union.

To be sure, not all of the organization’s leadership has been so involved in dubious political activities. Many HRW board members are simply investment bankers, like board co-chairs Joel Motley of Public Capital Advisors, LLC, and Hassan Elmasry, of Independent Franchise Partners, LLP. HRW Vice Chair John Studzinski is a senior managing director at The Blackstone Group, a private equity firm founded by Peter G. Peterson, the billionaire who has passionately sought to eviscerate Social Security and Medicare. And although Julien J. Studley, the Vice Chair of the Americas advisory committee, once served in the U.S. Army’s psychological warfare unit, he is now just another wealthy real-estate tycoon in New York.

That HRW’s advocacy reflects its institutional makeup is unremarkable. Indeed, an examination of its positions on Latin America demonstrates the group’s predictable, general conformity with U.S. interests. Consider, for example, HRW’s reaction to the death of Hugo Chávez. Within hours of his passing on March 5, 2013, HRW published an overview—“Venezuela: Chávez’s Authoritarian Legacy”—to enormous online response. In accordance with its headline’s misleading terminology, HRW never once mentioned Chávez’s democratic bona fides: Since 1998, he had triumphed in 14 of 15 elections or referenda, all of which were deemed free and fair by international monitors. Chávez’s most recent reelection boasted an 81% participation rate; former president Jimmy Carter described the voting process as “the best in the world.”12 The article neglected to cite a single positive aspect of Chávez’s tenure, under which poverty was slashed by half and infant mortality by a third.

In contrast, HRW’s August 21, 2012 statement regarding the death of Ethiopian leader Meles Zenawi was decidedly more muted: “Ethiopia: Transition Should Support Human Rights Reform,” read the headline. Leslie Lefkow, HRW’s deputy Africa director, urged the country’s new leadership to “reassure Ethiopians by building on Meles’s positive legacy while reversing his government’s most pernicious policies.” Regarding a leader whose two-decade rule had none of Chávez’s democratic legitimacy (HRW itself documented Ethiopia’s repressive and unfair elections in both 2005 and 2010), the organization argued only that “Meles leaves a mixed legacy on human rights.”13 Whereas HRW omitted all mention of Chávez-era social improvements, it wrote, “Under [Meles’s] leadership the country has experienced significant, albeit uneven, economic development and progress.”

The explanation for this discrepancy is obvious: as a New York Times obituary reported, Meles was “one of the United States government’s closest African allies.” Although “widely considered one of Africa’s most repressive governments,” wrote the Times, Ethiopia “continues to receive more than $800 million in American aid each year. American officials have said that the Ethiopian military and security services are among the Central Intelligence Agency’s favorite partners.”14

*

HRW has taken its double standard to cartoonish heights throughout Latin America. At a 2009 NED Democracy Award Roundtable, José Miguel Vivanco described Cuba, not the United States, as “one of our countries in the hemisphere that is perhaps the one that has today the worst human-rights record in the region.” As evidence, he listed Cuba’s “long- and short-term detentions with no due process, physical abuse [and] surveillance”—as though these were not commonplace U.S. practices, even (ironically) at Guantánamo Bay.15 Vivanco was also quoted in late 2013, claiming at an Inter-American Dialogue event that the “gravest setbacks to freedom of association and expression in Latin America have taken place in Ecuador”—not in Colombia, the world’s most dangerous country for trade union leaders, or in Honduras, the region’s deadliest country for journalists (both, incidentally, U.S. allies).16

Latin America scholars are sounding the alarm: New York University history professor Greg Grandin recently described HRW as “Washington’s adjunct” in The Nation magazine.17 And when Vivanco publicly stated that “we did [our 2008] report because we wanted to show the world that Venezuela is not a model for anyone,” over 100 academics wrote to the HRW’s directors, lamenting the “great loss to civil society when we can no longer trust a source such as Human Rights Watch to conduct an impartial investigation and draw conclusions based on verifiable facts.”18

HRW’s deep ties to U.S. corporate and state sectors should disqualify the institution from any public pretense of independence. Such a claim is indeed untenable given the U.S.-headquartered organization’s status as a revolving door for high-level governmental bureaucrats. Stripping itself of the “independent” label would allow HRW’s findings and advocacy to be more accurately evaluated, and its biases more clearly recognized.

In Latin America, there is a widespread awareness of Washington’s ability to deflect any outside attempts to constrain its prerogative to use violence and violate international law. The past three decades alone have seen U.S. military invasions of Grenada and Panama, a campaign of international terrorism against Nicaragua, and support for coup governments in countries such as Venezuela, Haiti, Honduras, and Guatemala. If HRW is to retain credibility in the region, it must begin to extricate itself from elite spheres of U.S. decision-making and abandon its institutional internalization of U.S. exceptionalism. Implementing a clear prohibition to retaining staff and advisers who have crafted or executed U.S. foreign policy would be an important first step. At the very least, HRW can institute lengthy “cooling-off” periods—say, five years in duration—before and after its associates move between the organization and the government.

After all, HRW’s Malinowski will be directly subordinate to Secretary of State John Kerry, who conveyed the U.S. attitude toward Latin America in a way that only an administrator of a superpower could. In an April 17, 2013 House Foreign Affairs Committee hearing, a member of Congress asked Kerry whether the United States should prioritize “the entire region as opposed to just focusing on one country, since they seem to be trying to work together closer than ever before.” Kerry reassured him of the administration’s global vision. “Look,” he said. “The Western Hemisphere is our backyard. It is critical to us.”19

 


 

This article has been revised to reflect the following correction: Although Tom Malinowski was confirmed by the Senate Committee on Foreign Relations to serve as Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights, and Labor in September 2013, as of publication, he and 70 other Obama appointees have yet to be approved by the Senate. 

 


 

1. Kenneth Roth, followed by John Tirman’s response, Twitter, August 25, 3013, http://twitter.com/KenRoth/status/371797912210407424.

2. Greg Miller, “Obama preserves renditions as counter-terrorism tool,” Los Angeles Times, February 1, 2009.

3. José Miguel Vivanco and Peggy Hicks, “Letter to President Chavez on Venezuela’s Candidacy to the UN Human Rights Council,” Human Rights Watch, November 9, 2012.

4. Jo Becker and Scott Shane, “Secret ‘Kill List’ Proves a Test of Obama’s Principles and Will,” The New York Times, May 29, 2012.

5. Senate Foreign Relations Committee, “Statement for the Record by Tom Malinowski,” September 24, 2013.

6. “Text of Obama’s Speech at the U.N.,” The New York Times, September 24, 2013. Statement by H.E. Dilma Rousseff, United Nations, September 24, 2013.

7. Human Rights Watch, “Major Rights Groups Oppose Immunity for Milosevic,” October 6, 2000. HRW, “New Figures on Civilian Deaths in Kosovo War,” Februrary 8, 2000.

8. Human Rights Watch, “Board of Directors,” www.hrw.org, accessed November 16, 2013.

9. U.S. Department of State, “Franklin Fellows Alumni,” September 8, 2011, http://careers.state.gov/ff/meet-the-fellows/franklin-fellows/miguel-diaz, accessed November 16, 2013.

10. Ways and Means Committee, “Statement of Myles Frechette, the North American Peruvian Business Council,” U.S. House of Representatives, May 8, 2001.

11. David Ignatius, “Innocence Abroad: The New World of Spyless Coups,” The Washington Post, September 22, 1991.

12. Keane Bhatt, “A Hall of Shame for Venezuelan Elections Coverage,” Manufacturing Contempt (blog), nacla.org, October 8, 2012.

13. Human Rights Watch, “Ethiopia: Government Repression Undermines Poll,” May 24, 2010.

14. Jeffrey Gettleman, “Meles Zenawi, Prime Minister of Ethiopia, Dies at 57,” The New York Times, August 22, 2012.

15. National Endowment for Democracy, “José Miguel Vivanco: 2009 NED Democracy Award Roundtable,” Youtube.com, Jun 29, 2009.

16. Eva Saiz, “Indígenas de Ecuador denuncian en EEUU la norma de libre asociación de Correa,” El Pais, October 28, 2013.

17. Greg Grandin, “The Winner of Venezuela’s Election to Succeed Hugo Chávez Is Hugo Chávez,” The Nation, April 16, 2013.

18. Venezuelanalysis.com, “More Than 100 Latin America Experts Question Human Rights Watch’s Venezuela Report,” December 17, 2008.

19. Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, “Hearing: Securing U.S. Interests Abroad: The FY 2014 Foreign Affairs Budget,” April 17, 2013.

 


 

Keane Bhatt is a regular contributor to the Media Accuracy on Latin America (MALA) section of NACLA Report and the creator of the Manufacturing Contempt blog on nacla.org.

Fuente: https://nacla.org/news/2014/2/4/hypocrisy-human-rights-watch

,

Deja un comentario

Informe Mundial 2014: Honduras

Eventos de 2013

Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad por violaciones de derechos humanos. El índice de homicidios, que aumentó consistentemente en la última década, fue el más alto a nivel mundial durante 2013. Los responsables de asesinatos y otros delitos violentos pocas veces son llevados ante la justicia. La actuación de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y ha estado asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas no han conseguido avances importantes.

Entre las personas más vulnerables a ataques se encuentran periodistas, activistas campesinos y personas LGBTI. Aun así, el gobierno no juzga a los responsables ni brinda protección a quienes se encuentran en riesgo.

Tras despedir arbitrariamente del cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita a este poder a destituir jueces y al fiscal general, una medida que profundiza el debilitamiento de la independencia judicial y fiscal.

Abusos y corrupción policial

La impunidad en casos de graves abusos policiales representa un problema crónico. Entre enero de 2011 y noviembre de 2012, 149 civiles murieron a manos de policías, incluidas 18 personas de menos de 19 años, según surge de un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El gobierno no respondió a reclamos del rector de la universidad de que informara cuántos de estos asesinatos habían sido investigados o permitieron la imposición de condenas.

Evidencias convincentes recabadas por una investigación de Associated Press en mayo de 2013 sugieren la participación policial en al menos cinco ejecuciones extrajudiciales o desapariciones de presuntos miembros de pandillas en Tegucigalpa. Las autoridades han aportado versiones contradictorias con respecto a los avances de iniciativas para erradicar la corrupción policial. La implementación de estos esfuerzos ha sido lenta e ineficaz. En abril de 2013, el entonces jefe de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial comunicó al Congreso que, de 230 policías que fueron evaluados según parámetros sobre corrupción, 33 no superaron la prueba. No obstante, solamente siete de estos fueron suspendidos, y algunos fueron reincorporados posteriormente.

Intervención de militares en operativos de seguridad pública

En noviembre de 2011, el Congreso sancionó un decreto de emergencia que permitió a militares llevar a cabo funciones de seguridad pública, y desde entonces se ha prorrogado periódicamente. En agosto de 2013, el Congreso sancionó una ley que autorizó la creación de una fuerza de policía militar con atribución para controlar barrios donde haya violencia y efectuar detenciones, entre otras funciones, a pesar de los antecedentes de abusos militares contra civiles.

Independencia judicial y fiscal

En diciembre de 2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó la inconstitucionalidad de una ley sobre vigilancia policial, que había conseguido el apoyo de la mayoría en el Congreso y del presidente. Poco después, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco miembros de la sala por “conducta administrativa” impropia. En enero de 2013 se designaron los reemplazantes, y en febrero la Corte Suprema desestimó un recurso interpuesto por los jueces destituidos. El Consejo de la Judicatura, un órgano independiente creado mediante una reforma constitucional en 2001 para designar y destituir jueces, podría contribuir con su trabajo a frenar la interferencia policial en procesos judiciales, pero al momento de la redacción de este documento sus miembros aún no habían sido designados.

En abril de 2013, el Congreso suspendió en funciones al Fiscal General Luis Rubí y a su adjunto, y nombró en reemplazo a una comisión interventora, mientras se encontraba pendiente una investigación sobre la efectividad de esta fiscalía y presuntos actos de corrupción cometidos en su ámbito, una potestad que se confirió al Congreso tras una reforma constitucional en 2002. Rubí y su adjunto renunciaron en junio, antes de que concluyera la investigación.

Impunidad de abusos posteriores al golpe de Estado

Luego del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió varias libertades civiles fundamentales, incluida la libertad de prensa y de reunión. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso excesivo de la fuerza y clausuraron medios opositores, lo cual derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. La comisión de la verdad establecida por el Presidente Porfirio Lobo publicó en julio de 2011 un informe que documentó 20 casos de uso excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Honduras obtuvo avances muy limitados en el juzgamiento de abusos durante 2013.

Ataques contra periodistas

Sigue siendo habitual que periodistas sufran amenazas, agresiones y asesinatos en Honduras. Las autoridades no investigan estos delitos eficazmente. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), 36 periodistas fueron asesinados entre 2003 y mediados de 2013, y otros 29 desde que el Presidente Lobo asumió la presidencia. En junio de 2013, el presentador de noticias de televisión Aníbal Barrow fue llevado por la fuerza mientras circulaba con su vehículo en San Pedro Sula, y restos de su cuerpo desmembrado fueron encontrados varias semanas después. Si bien varias personas han sido acusadas por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Barrow, ninguna ha sido condenada.

Violencia rural

Más de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con controversias de tierras en la región del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009, conforme indica un informe publicado en marzo de 2013 por el CONADEH, y muchas más han sido víctimas de ataques y amenazas. Las controversias a menudo enfrentan a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas que reclaman ser legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria del país. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también guardias de seguridad fueron asesinados o sufrieron lesiones. Ninguna de las investigaciones sobre los asesinatos relevados en el informe del CONADEH ha dado lugar a una condena.

Violencia contra personas LGBTI

Los ataques dirigidos específicamente a personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) constituyen un grave problema en Honduras. Según organizaciones locales de derechos, más de 90 personas LGBTI fueron asesinadas entre 2009 y 2012, y muchas más sufrieron agresiones y hostigamiento. La presunta participación de policías hondureños en algunos de estos violentos abusos constituye un dato particularmente alarmante. En 2011 y 2012, el gobierno creó fiscalías especiales para investigar estos delitos, pero pese a ello en general estos hechos quedan impunes.

Condiciones en centros de detención

Existen en las cárceles hondureñas condiciones inhumanas sistémicas, que incluyen sobrepoblación, nutrición inadecuada y salubridad insuficiente. Según el CONADEH, en mayo de 2013 había más de 12.600 presos en las cárceles del país, que tienen capacidad máxima para aproximadamente 8.200 internos. La corrupción es particularmente pronunciada entre los funcionarios penitenciarios. Un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2013 determinó que el gobierno no había asignado suficientes recursos para abordar estos problemas crónicos, ni tampoco había investigado exhaustivamente distintas tragedias, como el incendio ocurrido en la Penitenciaría Nacional de Comayagua en 2012, durante el cual murieron 362 personas.

Defensores de derechos humanos

Continúan los hechos de violencia y las amenazas contra defensores de derechos humanos. En julio, dos observadores internacionales de derechos humanos que acompañaban a activistas amenazados por oponerse a un proyecto minero en Nueva Esperanza afirmaron haber sido llevados por la fuerza y amenazados por hombres armados, quienes les advirtieron que iban a desaparecer si no se iban de la comunidad.

Si bien en agosto de 2013 el gobierno presentó un proyecto legislativo ante el Congreso para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho, diversas organizaciones de derechos humanos de Honduras indicaron que el proyecto no prevé medidas de protección adecuadas. A la fecha de elaboración de este documento, la ley aún no había sido sancionada. El gobierno tampoco ha cumplido su compromiso de crear un mecanismo nacional de protección para defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, que según informó a la CIDH en febrero de 2013 se encontraba en “proceso de consulta”.

Actores internacionales clave

Estados Unidos destinó más de US$ 50 millones de asistencia a objetivos de seguridad en Honduras entre 2010 y 2012, y mantiene esta ayuda a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central America Regional Security Initiative, CARSI). La normativa estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras indica que el 20 por ciento de los fondos estarán disponibles recién cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos informe que el gobierno hondureño ha cumplido una serie de requisitos de derechos humanos.

En su informe de 2012 sobre tales requisitos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dispuso la entrega de los fondos condicionados, pero estipuló que no se debía destinar asistencia al director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla, ni a otras personas bajo su supervisión directa, debido a una investigación sobre presuntos abusos cometidos en el pasado. No obstante, ha trascendido en la prensa información que indica que continúa llegando asistencia estadounidense a policías que actúan bajo el mando de Bonilla. En una entrevista realizada por Associated Press en noviembre de 2013, Bonilla afirmó que recibía apoyo logístico continuo de la Embajada de Estados Unidos para operativos policiales. Al momento de redacción de este informe, el Congreso de Estados Unidos retenía aproximadamente US$10 millones de los fondos correspondientes a 2012 a la espera de que se resolvieran investigaciones sobre abusos graves.

En enero de 2013, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados expresó que la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema por causas administrativas constituía una violación del derecho internacional y “un grave atentado a la democracia”.

En febrero, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios expresó que el gobierno no había regulado adecuadamente a las empresas de seguridad privada y manifestó preocupación ante su presunto “involucramiento en violaciones de derechos humanos, […] incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual”.

En abril de 2012, la Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC), el organismo de préstamo al sector privado del Grupo del Banco Mundial, inició una investigación sobre un préstamo otorgado en 2008 a Corporación Dinant, una empresa hondureña dedicada a la producción de aceite de palma y alimentos. El informe de la IFC, que aún no se había divulgado al momento de la preparación de este documento, evaluará si la IFC cumplió de manera suficiente sus propias políticas sobre seguridad y derechos humanos en relación con el préstamo, y si respondió adecuadamente al “cada vez más grave conflicto social y político” tras otorgarlo.

Fuente: http://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/122020

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Honduras: acusaciones del Ejército ponen en riesgo a activista

El gobierno debería repudiar señalamientos expresados por un coronel

19 de Diciembre de 2013

(Washington, DC)– El gobierno hondureño expone a activistas de derechos humanos a riesgos al no repudiar los peligrosos comentarios manifestados por un alto funcionario militar, señaló hoy Human Rights Watch. Un coronel del Ejército aseveró recientemente que el trabajo realizado por Annie Bird, codirectora de la organización no gubernamental Rights Action, con sede en Estados Unidos, procuraba desestabilizar la región del Bajo Aguán, donde se han producido hechos de violencia vinculados con conflictos por tierras.

El comandante de la Operación Xatruch III, una fuerza de tarea conjunta integrada por policías y militares en la provincia de Colón, en la región del Bajo Aguán, acusó públicamente a Bird de desestabilizar la zona al “cuestionar el procedimiento de la justicia hondureña” y realizar señalamientos falsos sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. El 12 de diciembre de 2013, el periódico La Tribuna citó declaraciones del coronel Germán Alfaro Escalante, en las cuales presuntamente manifestó: “Estamos en un proceso investigativo de una denuncia sobre una supuesta norteamericana de nombre Annie Bird, quien anda haciendo algunas labores de desestabilización aquí en el sector del Aguán, ya que se está reuniendo con algunos dirigentes de grupos campesinos”. Los comentarios de Alfaro han sido reproducidos por medios de comunicación, simultáneamente con la difusión de fotografías de Bird, de nacionalidad estadounidense.

“En Honduras, donde defensores de derechos humanos y líderes comunitarios han sido agredidos e incluso asesinados por el trabajo que realizan, las acusaciones del coronel demuestran un manifiesto desprecio por la seguridad de una activista con una larga trayectoria”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El Presidente Porfirio Lobo y el secretario de defensa deben dejar en claro que no corresponde a los militares investigar denuncias contra activistas, ni mucho menos difamarlos a través de los medios de comunicación”.

Según informó La Tribuna, el coronel Alfaro indicó que Bird había presionado a campesinos de la región para que se rebelaran contra las fuerzas de seguridad.

La región del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras, ha sido escenario de prolongadas y a menudo violentas controversias por la tierra, muchas de ellas surgidas tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones de territorio en la región han sido disputadas entre organizaciones campesinas y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite. Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en el contexto de controversias por la tierra en el Bajo Aguán entre 2009 y 2012.

Desde hace 12 años, Bird trabaja en la cobertura informativa de la situación de derechos humanos en Honduras, y ha escrito varios informes sobre el país para Rights Action.

Bird dijo a Human Rights Watch que consideraba que las declaraciones del coronel Alfaro se debían a que estaba documentando abusos que supuestamente habrían sido cometidos recientemente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. El 11 de diciembre, Bird acompañó a un grupo de residentes locales hasta la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para denunciar abusos que supuestamente estos habían sufrido a manos de miembros de la fuerza de tarea Xatruch, destinada formalmente al mantenimiento de la seguridad en la región. El 10 de diciembre, había ofrecido una entrevista a una estación de radio local, en la cual explicó que trabajaba en la documentación de abusos, que luego informaba a organismos internacionales.

Un artículo sobre los señalamientos del coronel, que se publicó en Internet, ha recibido comentarios de lectores en los cuales se realizaron amenazas de muerte contra Bird.

Las acusaciones del coronel Alfaro contra Bird se produjeron luego de un comunicado difundido el 18 de febrero por la fuerza de tarea Xatruch que incluía acusaciones similares. En el comunicado se acusó a conocidos líderes campesinos, entre ellos Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, de llevar adelante una “campaña de desinformación bien concebida” con el propósito de “denigrar” al equipo de tarea mediante acusaciones falsas que “deterioran la imagen de la nación hondureña”. En su declaración, la fuerza de tarea instó a la “laboriosa población en general del departamento de Colón” a organizarse contra un “sector minoritario” que, según se afirmó, provocaba inestabilidad e irrespeto a la ley. La declaración se produjo luego de que organizaciones campesinas denunciaran una campaña de violencia en su contra, en el marco de las actuales controversias por tierras.

Es habitual que defensores de derechos humanos en Honduras sean objeto de amenazas y hechos de violencia, observó Human Rights Watch. Tras el asesinato en septiembre de 2012 del destacado abogado y defensor de derechos humanos Antonio Trejo Cabrera, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó: “Existe un clima amenazante de inseguridad y violencia en Honduras, y los defensores de derechos humanos son blanco de amenazas, intimidación, agresiones físicas y asesinatos. La impunidad ante estas violaciones es inaceptable”. La Alta Comisionada exhortó al gobierno de Honduras a “adoptar urgentemente medidas para hacer frente a la vulnerabilidad que sufren los defensores de derechos humanos”.

Estados Unidos destinó más de US$ 50 millones de asistencia a objetivos de seguridad en Honduras entre 2010 y 2012, a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Central America Regional Security Initiative, CARSI)– un programa de asistencia en materia de seguridad a países de la región que aún se encuentra en ejecución– y casi US$ 17 millones de asistencia en materia de seguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos durante 2011 y 2012. La normativa estadounidense que prevé la ayuda militar y policial a Honduras indica que el 20 por ciento de los fondos estarán disponibles recién cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos informe que el gobierno hondureño ha cumplido una serie de requisitos de derechos humanos.

“En vista de su cooperación continua con las fuerzas de seguridad de Honduras, el gobierno estadounidense debería emplear todas las herramientas a su disposición para instar a que cesen las agresiones verbales de altos mandos militares hondureños contra activistas”, manifestó Vivanco. “Independientemente de que sean vertidas contra defensores de derechos humanos o líderes campesinos, tales acusaciones profundizan el clima de temor e intimidación”.

Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2013/12/19/honduras-acusaciones-del-ejercito-ponen-en-riesgo-activista

, , , , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Aclaración pública sobre las circunstancias del secuestro de dos observadores de PROAH en la comunidad de Nueva Esperanza

 Friday, 15 November 2013 18:05 Administrador

E-mail Print PDF

Expresamos nuestra alta preocupación por declaraciones pronunciadas por representantes del Estado y otras personas participando en el programa de televisión Frente a Frente, en dos ocasiones: el 5 y el 12 de noviembre de 2013, acerca del secuestro de dos observadores del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH), ocurrido el 25 de julio de 2013.

El Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras (PROAH) se estableció en el país en septiembre de 2010, en respuesta al deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos después del golpe de estado de 2009. Su mandato es de brindar acompañamiento internacional a defensores de derechos humanos, incluyendo personas u organizaciones del movimiento social y de derechos humanos que se encuentran bajo amenaza u hostigamiento debido a su trabajo a favor de los derechos humanos individuales y colectivos. Es un proyecto de la ONG estadounidense Oficina de Amistad de las Americas (Friendship Office of the Americas).

El 25 de julio de 2013, Orlane Vidal y Daniel Langmeier, de nacionalidades francesa y suiza, estaban visitando a la comunidad de La Nueva Esperanza en el municipio de Tela. Esta comunidad lleva más de un año sufriendo persecución, incluso por parte de la policía y hombres contratados por la empresa Minerales Victoria, por su oposición pacífica a un proyecto de exploración minera otorgado por el Estado sin su consentimiento. Ese día, los observadores fueron raptados por dos horas y media por hombres de la minera, fuertemente armados. Este grave incidente fue denunciado legalmente y públicamente1 por las víctimas del secuestro. Amnistía Internacional emitió una alerta detallando los hechos.2

El 5 de noviembre pasado, el secuestro fue punto de debate público cuando el presentador del programa Frente a Frente se refirió a la reunión de Bertha Oliva del COFADEH3 y Victor Fernández del MADJ con miembros del Congreso de los Estados Unidos, donde ella mencionó el secuestro de observadores internacionales. El presentador del programa y sus invitados insistieron en no haber escuchado nada sobre el mencionado secuestro, y en base de esto y otros puntos, señalaron a Bertha Oliva, de hacer denuncias sin fundamento. El programa provocó un fuerte reclamo por parte de Human Rights Watch4, lo cual instó al gobierno de Honduras a “repudiar públicamente las críticas” y denunció “tácticas de descrédito que ponen en riesgo” a los líderes de la sociedad civil en el país.

Luego, el programa del 12 de noviembre otorgó al MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), organización que apoya a la comunidad de Nueva Esperanza,un espacio para que sus tres representantes, incluso Victor Fernández, pudieran responder a los señalamientos hechos en Frente a Frente la semana anterior, y exponer la situación de la comunidad y las circunstancias del secuestro. Además, fueron invitadas dos representantes del Estado.

Mientras se verificó que el secuestro sí había ocurrido, en vez de disculparse con Bertha Oliva por las acusaciones en su contra, en esta ocasión el presentador buscó justificar su ignorancia del caso declarando que pensaba que se refería a observadores electorales en lugar de observadores de derechos humanos.

Son sumamente preocupantes las declaraciones de Marcela Castañeda, Subsecretaria de Seguridad, aparentemente basadas en informes de la policía, que dan una versión errónea de los hechos. La Subsecretaria alegó públicamente que los observadores internacionales de PROAH, cuando fueron secuestrados, habían entrado “sin autorización” en una propiedad privada (presuntamente de la minera) para tomar fotos. Alegó también que fueron llevados en un carro hasta la posta de policía de Nueva Florida, y luego la policía organizó su viaje seguro a Tegucigalpa, insinuando que el rapto era posiblemente justificado, minimizando la gravedad del delito. Estas declaraciones son totalmente incorrectas. Además, tanto la Subsecretaria de Seguridad como Martha Sabillón, Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, declararon que todavía faltaba investigar los hechos. En realidad:

– Las investigaciones ya son tan avanzadas que la Fiscalía de la Ceiba ha emitido una orden de captura contra uno de los secuestradores, quienes son también responsables del hostigamiento a la comunidad. Lamentablemente, hasta la fecha, esta orden no ha sido ejecutada por la policía.

– Fueron los secuestradores que entraron sin autorización en propiedad privada, no los observadores. El 25 de julio de 2013, los observadores estaban acompañando a la familia de Concepción Gutiérrez, en vista de las amenazas que había recibido por parte de trabajadores de Minerales Victoria por resistirse a vender sus tierras a esta minera. Siete guardias de seguridad, fuertemente armados, llegaron a la propiedad de la familia, sin su permiso, amenazando a los dos observadores internacionales con sus escopetas. Fueron reforzados por entre 25 y 30 hombres con machetes, trabajadores de las obras de exploración minera. Tal fue la seriedad de las amenazas que la familia huyó de la comunidad el mismo día, después del secuestro de los observadores.

– Los observadores fueron forzados por los hombres armados a subir en su camioneta, y llevados a la comunidad de la Nueva Florida.

– Durante el rapto, uno de los secuestradores amenazó que si los observadores volvieran, les “perderían en el bosque” y otro que, si denunciaran los hechos, la comunidad “sufriría represalias.”

– Después de dos horas y media de captura, dejaron a los observadores en la comunidad de Nueva Florida a las 11.30 am. Los observadores esperaron allí durante una hora hasta que una patrulla de policía los llevara a Tela, como consecuencia de las gestiones de emergencia realizadas por COFADEH y otros defensores de derechos humanos nacionales.

– Durante la entrada no autorizada y forzada a propiedad privada por parte de los hombres armados y en todo el transcurso del secuestro, la policía local no respondió a los llamados de emergencia que le hicieron miembros de la comunidad, a pesar que ambos observadores se habían presentado en la posta policial e informado sobre su presencia y labor en la comunidad el día anterior, cuando llegaron.

Recibimos las palabras de apoyo a defensores de derechos humanos por parte de Martha Sabillón. Sin embargo, observamos con una gran preocupación las declaraciones antes mencionadas sobre el secuestro, con la consecuencia de descalificar el trabajo legítimo de defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Cabe subrayar que hasta la fecha, no ha habido ninguna acción por parte del Estado para que cese el hostigamiento y la persecución a la comunidad de la Nueva Esperanza. Los hombres armados siguen atemorizando diariamente a la población indefensa.

1 Véase, por ejemplo, los artículos de PROAH sobre el asunto – Accion Urgente: Dos miembros de PROAH secuestrados por hombresarmados de la empresa minera en La Nueva Esperanza, La Nueva Esperanza: Hasta ahora una situación de impunidad flagrante y un artículo del periódico nacional El Tiempo Denuncian amenazas contra observadores internacionales

2 Amnistía Internacional Acción Urgente AU: 200/13 Índice: AMR 37/008/2013 Honduras, del 30.7.13

3 Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras.

4 Human Rights Watch Comunicado del 8.11.13Honduras: Tácticas de descrédito ponen en riesgo a activistas

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2850:aclaracion-publica-sobre-las-circunstancias-del-secuestro-de-dos-observadores-de-proah-en-la-comunidad-de-nueva-esperanza&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

, , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Honduras: Tácticas de descrédito ponen en riesgo a activistas

Debe garantizarse el derecho a expresar opiniones sobre la situación de derechos humanos y las elecciones

        8 de Noviembre de 2013

Si el cable es genuino, representaría un cínico desprecio por parte de un funcionario hondureño ante los derechos y el bienestar de líderes de comunidades de base en un país afectado por la violencia política.

                    José Miguel Vivanco, director para las Américas

(Nueva York) – Los funcionarios del gobierno hondureño deberían repudiar públicamente las críticas vertidas recientemente contra dos líderes de organizaciones no gubernamentales, señaló hoy Human Rights Watch. Los funcionarios deberían garantizar el derecho a informar abiertamente violaciones de derechos humanos y expresar opiniones e inquietudes con respecto a las elecciones que se celebrarán próximamente en el país.

El 5 de noviembre de 2013, durante una edición del programa de debates de la televisión hondureña “Frente a Frente”, el anfitrión, Renato Álvarez, leyó un supuesto cable diplomático que se había filtrado y que habría sido enviado por el embajador de Honduras en Estados Unidos, Jorge Ramos Hernández Alcerro, al Presidente Porfirio Lobo. El supuesto cable contenía comentarios negativos sobre la participación de estos  líderes en una reunión ante el Congreso en Washington. El gobierno de Lobo no ha negado ni confirmado la autenticidad del cable.

“Si el cable es genuino, representaría un cínico desprecio por parte de un funcionario hondureño ante los derechos y el bienestar de líderes de comunidades de base en un país afectado por la violencia política”, comentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Con independencia de cuál sea su origen, el gobierno debería repudiar de manera inequívoca los comentarios expuestos en el cable y enfatizar que el derecho a la libertad de expresión incluye la manifestación de críticas sobre el proceso electoral y las condiciones de derechos humanos, ya sea en Honduras o ante miembros y personal del Congreso de Estados Unidos”.

En el programa, Álvarez dijo que el presunto cable contenía un análisis de una reunión organizada el 29 de octubre en Washington, que fue copatrocinado por un bloque del congreso estadounidense y en el cual se abordaron temas vinculados con las próximas elecciones en Honduras y El Salvador. Las elecciones en Honduras están programadas para el 24 de noviembre.

Entre los panelistas se encontraban los coordinadores de dos organizaciones no gubernamentales de derechos humanos hondureñas: Bertha Oliva del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), una organización destacada de derechos humanos, y Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una organización que se dedica a combatir la corrupción.

En la transmisión, el anfitrión del programa leyó numerosos párrafos del supuesto cable, incluido el siguiente: “con la participación de Bertha Oliva y Víctor Fernández queda comprobada la conspiración de ONGs y hondureños contra el proceso electoral en Honduras”.
El presunto cable también contenía un resumen de los comentarios formulados por Bertha Oliva en el panel, incluido el señalamiento de que en Honduras las violaciones de derechos humanos, la corrupción y la impunidad eran fenómenos generalizados y que se había perseguido a miembros de un partido político de oposición. El cable también indicaba que en la mencionada reunión Bertha Oliva había expresado la necesidad de que Honduras se apartara del sistema político bipartidista.

Tras leer partes del supuesto cable, el anfitrión pidió que cuatro invitados al programa aportaran sus comentarios. Tres son candidatos que competirán por bancas en el Congreso en las próximas elecciones y el otro ya ocupa actualmente un escaño en el Congreso y se postula a reelección. Los cuatro criticaron severamente los comentarios de Bertha Oliva y la desacreditaron por haber expresado su opinión con respecto a las elecciones.

Es común que defensores de derechos humanos en Honduras sean objeto de persistentes actos de violencia y amenazas. Tras el asesinato en septiembre de 2012 del reconocido defensor de derechos humanos y abogado Antonio Trejo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, indicó: “Existe un clima amenazante de inseguridad y violencia en Honduras, y los defensores de derechos humanos son blanco de amenazas, intimidación, agresiones físicas y asesinatos. La impunidad ante estas violaciones es inaceptable”. La Alta Comisionada también exhortó al gobierno de Honduras a “adoptar urgentemente medidas para hacer frente a la vulnerabilidad que sufren los defensores de derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado en dos oportunidades medidas  “cautelares” de protección en favor de Bertha Oliva.

“Expresar opiniones sobre asuntos de importancia nacional, ya sean las condiciones de derechos humanos o las alternativas políticas, es un aspecto elemental de una sociedad democrática y un derecho que debería ser plenamente garantizado por el gobierno”, opinó Vivanco. “Tergiversar la manifestación de opiniones para sugerir que pretenden atentar contra el proceso electoral, especialmente en un contexto en que los líderes de la sociedad civil están ya expuestos a amenazas y agresiones, no hace más que agravar los riesgos que estos enfrentan”.

Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2013/11/08/honduras-tacticas-de-descredito-ponen-en-riesgo-activistas

, , , , , , , , , ,

Deja un comentario

Honduras: Smears Put Activists at Risk

Protect Right to Express Views on Rights, Elections
        November 8, 2013

If the cable is real, it would show a cynical disregard by a senior Honduran official for the rights and welfare of community leaders in a country afflicted by political violence.

                    José Miguel Vivanco, Americas director

(New York) – Honduran government officials should publicly repudiate recent criticism of two leaders of nongovernmental organizations (NGOs), Human Rights Watch said today. The officials should protect the right to speak out about human rights abuses and to express opinions and concerns about the country’s upcoming elections.

On a November 5, 2013 episode of the Honduran television talk show “Frente a Frente,” the host, Renato Álvarez, read from what he said was a leaked diplomatic cable sent by Honduras’s ambassador to the United States, Jorge Ramos Hernández Alcerro, to President Porfirio Lobo. The alleged cable contained negative comments about the leaders’ participation in a panel discussion in Washington. The Lobo administration has neither affirmed nor denied the authenticity of the cable.

“If the cable is real, it would show a cynical disregard by a senior Honduran official for the rights and welfare of community leaders in a country afflicted by political violence,” said Jose Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch. “Whatever its provenance, the government should unequivocally repudiate the views the cable expresses and emphasize that the right to free expression includes criticizing the electoral process and human rights conditions, whether it be in Honduras or before members and staff of the US Congress.”

On the program, Álvarez said that the alleged cable provided analysis of an October 29 panel discussion in Washington co-sponsored by a United States congressional caucus about the upcoming elections in Honduras and El Salvador. The Honduran elections are scheduled for November 24.

Among the panelists were the coordinators of two Honduran NGOs: Bertha Oliva of the Committee of the Relatives of the Disappeared in Honduras (COFADEH), a human rights group, and Victor Fernandez of the Broad Movement for Dignity and Justice (MADJ), an organization dedicated to fighting corruption.

In the broadcast, the show’s host read at length from the alleged cable, including the following sentence: “The participation of Bertha Oliva and Victor Fernandez proves the conspiracy of NGOs and Honduran people against the electoral process in Honduras.”

The alleged cable also summarized Oliva’s comments on the panel, including that human rights violations, corruption, and impunity are widespread in Honduras and that members of an opposition political party had been persecuted. The cable also noted that Oliva had called during the panel for a break from the two-party political system in Honduras.

After reading from the alleged cable, the host asked the four guests on the program for their comments. Three of them are candidates for congressional seats in the upcoming election, and the other is a current member of congress running for re-election. All four strongly criticized Oliva’s comments and disparaged her for expressing her views about the election.

Human rights defenders in Honduras are subject to persistent violence and threats. Following the September 2012 killing of a prominent human rights defender and lawyer, Antonio Trejo, the UN high commissioner for human rights, Navi Pillay, said: “There is a menacing climate of insecurity and violence in Honduras, and human rights defenders have been targets of threats, harassment, physical assault, and murder. The impunity that surrounds these violations is unacceptable.” The high commissioner also called on the government of Honduras to “urgently adopt measures to address the vulnerability of human rights defenders.”

Oliva has twice been granted “precautionary” protection measures by the Inter-American Commission on Human Rights Commission, in 1999 and 2009.

“Voicing opinions on issues of national importance – whether human rights conditions or political choices – is a critical part of a democratic society and a right that should be fully protected by the government,” Vivanco said. “Mischaracterizing the expression of opinions as an effort to undermine the electoral process, particularly in an environment where civil society leaders already face threats and attacks, only puts them at greater risk.”

Fuente: http://www.hrw.org/news/2013/11/08/honduras-smears-put-activists-risk

, , , , , , , , , ,

Deja un comentario