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A seis meses Poder Judicial hondureño comienza a cumplir mandato de la CIDH en caso López Lone – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió un comunicado donde anuncia que cumplirá con la sentencia en el caso “López Lone y otros versus Honduras”, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordena entre otras cosas,  la restitución de los jueces que fueron despedidos por pronunciarse contra el golpe […]

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CSJ justifica bajo qué argumentos aún no restituye a jueces que ordenó la CorteIDH

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), justificó este jueves las razones por las que aún no restituye a tres jueces hondureños como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso conocido como “López Lone y otros versus Honduras”.

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A Ginebra seis representantes de sociedad civil

6 de Mayo de 2015

03:01PM  –  Redacción  

EL HERALDO conoció que entre las personas que viajan este miércoles a Ginebra para participar en las reuniones de discusión.

La delegación de Honduras que se encuentra en Ginebra, Suiza, para participar en la defensa del Examen Perióodico Universal.
La delegación de Honduras que se encuentra en Ginebra, Suiza, para participar en la defensa del Examen Perióodico Universal.

Tegucigalpa, Honduras

Cuatro representantes de organizaciones de sociedad civil y dos periodistas de radio forman parte de la delegación que hará la contraparte al gobierno de Honduras ante el Examen Periódico Universal (EPU), del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

EL HERALDO conoció que entre las personas que viajan este miércoles a Ginebra para participar en las reuniones de discusión se encuentran: Wilfredo Méndez y Edgardo Colindres en representación del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Guillermo López Lone en representación de Jueces por la Democracia y uno en representación de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).

Mientras que entre los comunicadores sociales se encuentran Ronny Martínez, de Radio Globo, quien viajó el lunes y un representante de Radio Progreso, de quien no se conoció su nombre.

Durante los meses de marzo y abril, las organizaciones de la sociedad civil presentaron en Ginebra el último borrador relacionado a la situación de derechos humanos que se vive en Honduras.

El informe también fue presentado ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ya que el titular de esta institución hizo un llamado público para que dieran a conocer cuáles eran los puntos de vista en relación a la propuesta que harían ante el EPU ya que la ponencia por parte del gobierno de Honduras se llevará a cabo el próximo viernes 8 de mayo.

En un resumen ejecutivo que las organizaciones de sociedad civil presentaron al Conadeh se destaca que desde el primer EPU en 2010, la situación de los derechos humanos se ha agravado y la impunidad y la violencia gobiernan, controlan y amenazan a la sociedad.

En este sentido, “Honduras continúa sufriendo de altos niveles de criminalidad e impunidad, la tasa de homicidios sigue siendo la más alta del mundo y la actuación de las instituciones responsables de brindar seguridad continúa siendo en gran medida ineficaz y ha estado asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar tales instituciones no han logrado avances importantes”.

En tanto, la organización Casa Alianza ha dado a conocer su posición a través de un comunicado donde establece que “en Honduras, en los últimos 17 años, han sido asesinados más de 10,346 niñas, niños y jóvenes menores de 23 años”. Durante el período del actual gobierno se registran 1,232 asesinatos de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, el 90 por ciento de estos delitos quedan en total impunidad.

También establece que el gobierno solo adopta medidas de corte mediático, como la aprobación de leyes y políticas y que en la mayoría de los casos no se materializan en el cumplimiento de los derechos de la niñez y juventud del país.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/inicio/837546-331/a-ginebra-seis-representantes-de-sociedad-civil

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Independencia judicial es materia pendiente en Centroamérica

Mar 06, 2015

A pocas semanas de la audiencia realizada en la CorteIDH en San José, Costa Rica con el caso Guillermo López Lone y otros vs el Estado de Honduras, que conoce el caso de 5 jueces y una magistrada despedidos durante el golpe de Estado, jueces de la región centroamericana se reunieron en Ciudad de Guatemala para debatir sobre la situación de los sistemas de justicia en la región y las amenazas que se están dando a la independencia judicial.

Entre los jueces panelistas en esta conferencia estaba la jueza Yasmín Barrios, parte del Tribunal de alto riesgo que en Guatemala condenó al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por el delito de genocidio, sin embargo este juicio fue anulado y aún sigue en espera de ser reanudado con la juez Barrios fuera del caso.

Barrios también acompañó la audiencia en la CorteIDH y se ha mostrado solidaria con el caso de los jueces hondureños pues aduce que “este no solo es problema de Honduras, sino de toda la región latinoamericana y especialmente de Centroamérica”.

Aunque Barrios no se refiere abiertamente a quienes están amenazando los sistemas de justicia en la región , asegura que estas personas están en contra de la justicia y la libertad en estos países tan vulnerados.

Esta jueza, quien anda escoltada desde 2010 a raíz del juicio en el que condenó a dos militares y un sacerdote por el asesinato del obispo y defensor de derechos humanos Monseñor Gerardi en Guatemala, tres años antes del juicio contra Ríos Montt, asegura que su vida no ha cambiado mucho y que nunca ha pensado en renunciar por miedo a que algo le suceda  pues es su trabajo defender a los ciudadanos y ciudadanas que no tienen siquiera la opción de huir de la realidad violenta en la que se vive en la región.

Para Barrios, aún cuando el juicio de Ríos Montt está prácticamente parado, el sistema de justicia guatemalteco ha dado lecciones de independencia judicial a la región y el mundo al dar una resolución por el delito de genocidio.

Sin embargo, el juez salvadoreño Leonardo Murcia quien también era panelista de esta conferencia, asegura que aunque en Centroamérica las expresiones de amenaza son distintas en cada país, es muy común que poderes fácticos, económicos y políticos quieran torcer la ley en su beneficio utilizando diversas herramientas. Por ejemplo, en muchos casos, pasa en Honduras y Guatemala, la herramienta es el control de la carrera de los jueces a través de regímenes disciplinarios mal utilizados.

“En El Salvador, aunque las cosas se han estabilizado, muchas veces sucedió que los jueces que incomodaban con sus resoluciones a los grupos de poder eran sancionados y hasta se les levantaba procesos judiciales y eso es inaceptable en todos los sentidos”, dijo este juez, quien hace alrededor de 8 años encabezó hasta movilizaciones para exigir independencia judicial en su país.

Un sistema de justicia cooptado por intereses políticos, económicos y hasta criminales solamente genera más impunidad y actualmente que la región centroamericana, especialmente el llamado triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la más violenta del mundo, la administración de justicia es clave en el auge de la criminalidad.

“Los jueces tienen un rol que es solamente el de juzgar pero en torno a esta labor existen policías, fiscales, toda una preparación previa del caso para tener éxito en las resoluciones, pero la criminalidad violenta está superando a las capacidades de los Estados con respecto a la preparación de los casos ya ingresados al sistema de justicia. Otro factor es la deficiencia en la policía y órganos de investigación, El Salvador tiene avances pero hay otros países con limitaciones.

Pero un último factor sumamente importante es lo que tiene que ver con las fronteras, el criminal no tiene fronteras y se fortalece ante la falta de un régimen de control interfronterizo. Nosotros nos ponemos fronteras, los gobiernos nos ponen fronteras cuando somos hermanos y son pocas las diferencias entre los pueblos”, explicó el juez Murcia.

El caso Honduras

Esta semana en Honduras entró en vigencia una reforma del Consejo de la Judicatura que da la tarea a militares de realizar pruebas de confianza a jueces. Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura, dijo a medios de comunicación nacional que si se buscaba una firma internacional para certificar las pruebas de confianza, el Poder Judicial gastaría millones y millones de lempiras. Las pruebas que desarrollarán a los primeros 21 funcionarios incluyen la del polígrafo, psicológica, patrimonial y toxicológica.

Los concejales argumentaron que la Ley del Consejo de la Judicatura establece que son las Fuerzas Armadas las que practicarán las pruebas de confianza tal y como se las aplicaron a todos los miembros del Consejo de la Judicatura.

Sin la aplicación de pruebas de confianza, los concejales ya separaron a 49 funcionarios judiciales de forma definitiva y suspendieron 102 de los cuales seis interpusieron recursos de amparo, mismos que fueron admitidos con suspensión del acto reclamado, es decir los concejales tienen que pagarles los tres meses que fueron suspendidos y así lo prometieron en la conferencia de prensa.

Desde octubre de 2013 que comenzó funciones un nuevo Consejo de la Judicatura, este tipo de medidas se han venido dando en el Poder Judicial, el gobierno asegura que esta es la prueba de que quieren sacar “las manzanas podridas del poder judicial” mientras que jueces asociados creen que es violatorio a sus derechos y no elimina el mal de fondo que es la corrupción en los procesos de selección de jueces.

El abogado Guillermo López Lone, uno de los jueces despedidos durante el golpe de Estado de 2009 aseguró en entrevista a Radio Progreso que “la reforma judicial que se ha propiciado en vez de ser un avance ha venido a dejar una situación de mediatización, no le han dado el desarrollo a la ley de Consejo de la Judicatura en el sentido de regular los ingresos, hacer concursos transparentes, hacer un régimen disciplinario que respete el debido proceso, no han actuado en defensa de la independencia judicial, nada de esto ha sucedido, las nuevas autoridades nos dan un sistema de justicia de viejo cuño, conservador,  rezagado de los grandes cambios que requiere la institucionalidad de Honduras”, explicó Lone.

El ex juez de Sentencia es miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes han llevado al Estado de Honduras ante la CorteIDH y a finales de este año esperan una condena que sea de carácter ejemplar porque le dirá al Estado que sus acciones han sido incorrectas con respecto a la sanción de los jueces, porque le va a señalar las debilidades en la independencia judicial y seguramente le mandará al Estado que ponga en práctica reformas de carácter legislativo a las reformas de carácter judicial, si se cumple la sentencia se marcaría un antes y un después para el poder judicial, una oportunidad para retomar el rumbo que se creía que iban a traer las reformas de 2013.

“Este ha sido un escenario de carácter internacional para debatir los problemas de independencia judicial en Honduras, de falta de avances, y ha quedado al desnudo que no hay una ley que regule adecuadamente la carrera judicial, que regule funcionalmente el desarrollo del poder judicial. A pesar de estar cerca de una condena, el actual gobierno parece no tener voluntad de hacer cambios profundos que propicien la independencia judicial”, según Lone.

“Actualmente no hay voluntad de las autoridades del Estado, una visión de un Estado que se construya alrededor de la división de poderes, autonomía de los poderes, por el contrario, el presidente de la república quiere subordinar los poderes del Estado. Procesos de evaluación de los jueces con pruebas como la del polígrafo que es inaceptable pique esa desconfianza hacia los jueces demuestra que los operadores de justicia  no son seleccionados con procesos transparentes. Además no es igual que se evalúe a un miembro de las instituciones de seguridad que a un juez, es un contrasentido, un populismo que quiere dar publicidad al actual presidente diciendo que se está haciendo algo por transformar el poder judicial cuando sigue siendo un poder corrupto, la mayoría de los jueces son prevaricadores y están alineados con el poder político y económico”, dijo Lone.

Tanto Barrios, como Murcia y Lone coinciden en que es muy importante que la sociedad centroamericana conozca la importancia de tener sistemas de justicia independientes e imparciales ya que los jueces son los que aplican la ley y deben hacerlo siempre en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas buscando el bien común y la justicia.

Además, con el caso Honduras se ha evidenciado que los jueces deben defender sus propios derechos constitucionales, entre ellos,  la libertad de expresión, la libertad de asociación, pues son ellos quienes deben garantizar que estos derechos sean ejercidos por la ciudadanía en general.

“Al respetar el derecho de los jueces, se respeta el derecho de todos los ciudadanos. Es importante que conozcamos nuestros derechos y que los ejercitemos, los tratados sobre derechos humanos, eso ayuda a fortalecer los Estados democráticos. A los jueces que trabajemos con dignidad, prontitud y respeto y que hagamos prevalecer la dignidad de las personas”, dijo la jueza Barrios al respecto.

Lone por su parte instó al pueblo hondureño a propiciar el debate, que haya jueces independientes concierne a todos. “Un poder judicial independiente es garantía para control de los excesos de los otros poderes del Estado. Es un poder que ejerce control sobre los actos ilegales de los otros poderes, sería una gran contribución en la lucha contra la impunidad. Pero el poder judicial es parte de la situación de impunidad que ocurre en el país actualmente, la Policía no cumple sus funciones, el Ministerio Público tampoco y el poder judicial es objeto de presiones e injerencias, entonces tenemos un círculo vicioso que genera mayor crisis para la situación de bienestar y la paz de las personas”, dijo Lone.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1907-independencia-judicial-es-materia-pendiente-en-centroam%C3%A9rica

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Honduras a un paso de tres nuevas condenas internacionales

01 Mar 2015 / 10:32 PM / Dagoberto Rodríguez

CIDH dictará próximamente sentencia en juicios por violaciones a derechos humanos.

La CIDH se apresta a dictar sentencia en tres demandas interpuestas contra el Estado de Honduras.
La CIDH se apresta a dictar sentencia en tres demandas interpuestas contra el Estado de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.

Al menos seis demandas enfrenta el Estado de Honduras en diferentes cortes internacionales y en tres de estas está a un paso de recibir nuevas condenas por presuntas transgresiones a los derechos fundamentales de las personas.

Tres de los juicios se ventilan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los tres restantes en tribunales de Estados Unidos, confirmó a LA PRENSA el subprocurador general de la República, Jorge Abilio Serrano.

En uno de los arbitrajes, uno de los demandantes exige una indemnización de más de 300 millones de dólares por violaciones a derechos ancestrales de propiedad desde principios del siglo pasado.

Históricamente, el Estado hondureño tiene en su haber un rosario de juicios por contravenciones a los derechos fundamentales que en la mayoría de los casos han resultado desfavorables, condenándolo al pago de millonarias indemnizaciones.

Uno de los seis juicios activos en este momento está relacionado con la separación en 2009 de cuatro jueces de los tribunales de justicia; pero también existe una denuncia en curso en el sistema interamericano por la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El primero de los casos se refiere al supuesto despido arbitrario de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la exmagistrada Tirza Flores Lanza, hermana del exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, en 2009.

Los funcionarios judiciales fueron despedidos por manifestarse en contra de la destitución del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, en junio de 2009.

A principios de febrero de este año, la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, concluyó el juicio y convocó para este 3 de marzo a las partes para presentar sus conclusiones por escrito y luego dictar su fallo.

El otro caso que se ventila en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, es la separación en 2012 de los magistrados de la Sala Constitucional Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz por parte del Congreso Nacional.

Los afectados acudieron al Sistema Interamericano alegando una serie de violaciones a derechos humanos y preceptos constitucionales. Este asunto se encuentra en proceso de admisibilidad en la CIDH y es casi un hecho que pasará a juicio ante la Corte Interamericana.

La exmagistrada Rosalinda Cruz detalló que su demanda se encuentra en proceso de estudio en la Comisión y posteriormente se procederá a solicitar un informe al Estado de Honduras de los motivos que dieron lugar a su destitución y la de sus tres compañeros. Dijo que el caso lleva más de dos años de haberse presentado. No obstante, indicó que la demanda tiene amplias posibilidades de prosperar en vista que existe jurisprudencia sobrada en casos similares llevados ante la Corte Interamericana y otras cortes europeas.
Puso como ejemplo el caso de los cuatro jueces destituidos en 2009 y dijo que si este juicio es resuelto favorablemente a los demandantes, es casi un hecho que ocurrirá lo mismo con ellos porque aquellos fueron nombrados, mientras que los magistrados de la Sala Constitucional destituidos surgieron de una elección de segundo grado.

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Otras demandas

También la CIDH se pronunciará próximamente sobre las demandas interpuestas por las comunidades garífunas del Triunfo de la Cruz y Punta de Piedra en el departamento de Atlántida.

En el año 2003, la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) interpuso una denuncia ante la CIDH en relación con los despojos de propiedad y violaciones a los derechos humanos en detrimento del territorio y pueblo afrodescendiente, específicamente en las dos poblaciones.

El subprocurador indicó que las demandas de las comunidades garífunas están pendientes de sentencia, pues ya concluyó la etapa de presentación de alegatos por escrito y la Corte solicitó las aclaraciones, observaciones y autos para proceder a dictar su fallo.

En el caso de los jueces destituidos, indicó que esta semana están convocados para formular los alegatos por escrito y luego se pasará a dictar la sentencia.

Probabilidades

Serrano reconoció que históricamente las sentencias de la CIDH han sido desfavorables al Estado, por lo que puede ocurrir lo mismo en estos casos, aunque la Procuraduría ha hecho todo lo que compete para evitar que sean negativos.

“La experiencia en el sistema interamericano es que los casos que llegan a la CIDH son muy remotas las probabilidades de ganarlos y hasta la fecha los Estados solo han ganado dos casos desde 1979, año en el que se creó la Corte”, refirió.

Los juicios que se ventilan en cortes de EUA están activos y uno de ellos resultó favorable al Estado de Honduras.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/816281-417/honduras-a-un-paso-de-tres-nuevas-condenas-internacionales

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Corte IDH podría condenar a Honduras y sentar un verdadero precedente de independencia judicial

Feb 06, 2015

La Corte Suprema en Honduras, CSJ abusó de su poder, trasgredió obligaciones internacionales y de su propia legislación, para dejar un precedente: si desafían al poder, si actúan de forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados porque en el poder judicial no hay cabida para la crítica.

Así describió el accionar del Poder Judicial en Honduras, Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), en el caso de los tres jueces y una magistrada destituidos luego de denunciar las violaciones y arbitrariedades ocurridas en el marco del golpe de Estado de 2009.

Los días 2 y 3 de febrero, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llamaron al Estado de Honduras, a través de la audiencia del caso López Lone y otros vs. Honduras,  a adoptar medidas prontas que garanticen jueces y juezas independientes y así lograr que todas las personas en el país tengan acceso a la justicia.

El juicio se abrió escuchando a las víctimas y peritos, quienes dieron sus opiniones en estos despidos que tienen una vinculación  directa con la aplicación de justicia en Honduras. En la comparecencia el abogado Guillermo López Lone, una de las víctimas del caso, se refirió a los despidos arbitrarios que sufrieron él y los jueces Luis Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios, así como también la magistrada Tirza Flores.

Ese primer día la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió la opinión experta de tres peritos. El señor Antonio Maldonado, abogado y ex asesor en materia de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, habló sobre el contexto de restricción de derechos humanos que caracterizó el golpe de Estado y sobre el rol que jugaron las máximas autoridades de diversas instituciones responsables de garantizar derechos humanos en dicho escenario.

Otra de las opiniones que recibieron los siete jueces que conforman  la Corte IDH, fue la de Leandro Despouy, ex Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, quien explicó que los despidos de los jueces y la magistradas están ligados a la violación al derecho de la libertad de expresión, ya que se les sancionó por la denuncia y las opiniones vertidas, lo que se convierte en caso de censura indirecta.

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El Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España, declaró ante la Corte sobre las garantías que deben cumplir los procesos contra jueces y juezas y sobre los derechos y libertades que poseen. En particular, el perito Ibáñez realizó un exhaustivo análisis de la legislación vigente en Honduras y recomendó reformas para fortalecer la independencia en este país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representada, entre otros, por el Comisionado Jesús Orozco y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza, apoyaron la tesis de las víctimas y solicitaron a la Corte declarar la responsabilidad del Estado por los hechos.

“La decisión que esta Corte adopte en este caso  sentará un precedente en el resguardo de la democracia en la región y la salvaguarda del derecho de expresión, derecho de reunión, derecho de asociación y  derecho de participación, manifestó el relator para la libertad de expresión, quien además solicitó un pronunciamiento de la Corte IDH en este tema por su relevancia en términos de orden público interamericano.

El Estado ocupó su tiempo principalmente en alegar una falta de agotamiento de los recursos internos además afirmó que sí existían garantías internas de protección para las víctimas, postura que fue refutada por la Asociación de Jueces por la Democracia, CEJIL y los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En representación del Estado hondureño, acudió el Sub Procurador General de la República, el abogado Jorge Abilio Serrano, quien dijo en su defensa que las motivaciones del Estado para terminar la relación laboral con los jueces y la magistradas están contenidas en la legislación nacional y que no afecta la Convención Interamericana de Derechos Humanos y leyes internacionales.

Marcia Aguiluz, directora del programa de CEJIL para Centroamérica y México, recalcó durante la audiencia que  “la Corte Suprema hondureña abusó de su poder, transgredió las obligaciones internacionales del Estado y su propia legislación. Para sentar un precedente, la Corte escogió a estas cuatro personas, todas integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia, y envió un mensaje claro: si desafían al poder, si actúan en forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados. No hay cabida para la crítica. Ahora está en manos de los jueces de la Corte Interamericana cambiar este desafortunado precedente y establecerlo en favor de la independencia judicial”.

Proceso 

Este es el primer caso que conoce la Corte IDH sobre hechos relacionados con el golpe de Estado y también es el primer caso sobre independencia judicial de un país centroamericano.

Luego de finalizar el juicio, la magistrada Tirza Flores Lanza manifestó, “después de tocar tantas puertas solo estar en la Corte Interamericana de DDHH ya es reparador. A nivel personal la presencia de mis hijos es importante. También lo es que se acredite en el juicio el contexto de un golpe de Estado. Y que muchas víctimas sientan que vamos abriendo camino.”

En su comparecencia el abogado Alfredo Ortega, defensor de los jueces y la magistrada, dijo que las víctimas actuaron como auténticos defensores de derechos humanos ya que realizaron una serie de acciones para reclamar la restauración del orden constitucional.

“En abogado Guillermo López Lone participó en una marcha donde 200 mil de personas pedían la restauración del orden constitucional. Él actuó no solo con el derecho de ser ciudadano sino como su deber. La magistrada Flores Lanza acudió al sistema de justicia hondureño a denunciar a los presuntos responsables del golpe de Estado y amparar al presidente que había sido violentamente expulsado. En el caso del juez  Luis Chévez de la Rocha fue hasta detenido por defender a un grupo de habitantes que protestaban y fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad nacional. Y finalmente el abogado Barrios dictó una conferencia en su condición de catedrático universitario, donde manifestó que lo ocurrido en Honduras no era una sucesión constitucional, posteriormente se publicó un resumen de su comparecencia. Por estas acciones los jueces y la magistrada fueron destituidos arbitrariamente en un proceso en que entre otras violaciones, no garantizó el acceso a recursos  adecuados y efectivo”, dijo Ortega.

Aguiluz agregó que la reparación es integral. “La restitución no únicamente es importante para la vida de los jueces y la magistrada, sino por el mensaje que se enviaría al poder judicial y la judicatura hondureña, en cuanto a que si ejercen su libertad de expresión, si son críticos y son arbitrariamente despedidos esas actualizaciones eventualmente tendrán un acto de justicia y eventualmente van hacer reparados. Es importante que la Corte IDH deje claro que el reintegro no admite una justificación alguna. El reintegro no es sinónimo de perder la indemnización que les corresponde y que deben quedar en condiciones iguales a las que ellos tenían al momento del despido”, dijo la abogada defensora de los jueces y la magistrada.

El procedimiento aplicado a las víctimas carecía de normativas claras, eran ambiguas, no se contaba con la garantía del juez natural, no garantizaba el debido proceso. Esto estaba establecido en la ley de la carrera judicial y su reglamento, aunque a ellos se les aplicó 8 distintos instrumentos jurídicos.

¿Por qué es importante este caso?

Lo ocurrido a los jueces y la magistrada no es un caso aislado. En Honduras persiste un grave problema en cuanto al uso de procesos disciplinarios para sancionar, estos han servido como instrumento de control político e ideológico.

Desde Cejil han señalado que la Asociación de Jueces ya había ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear sus preocupaciones mucho antes de que hubiese ocurrido este caso. Luego en el 2012 el Congreso Nacional destituyó a 4 magistrados de la Sala Constitucional  sin ningún tipo de proceso porque se atrevieron, en ese momento, a desafiar al poder Ejecutivo.

Marcia Aguiluz recordó que “recientemente cuando se instaló el Consejo de la Judicatura y la Carrera judicial, entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, se anunció una depuración basada en la ley del Consejo que no tenía ninguna regulación disciplinaria y creando una directriz temporal y producto de ese régimen ad hoc, podríamos señalar que se han suspendido aproximadamente 28 jueces y se han destituido 29, vale llamar la atención que en esta nueva camada de arbitrariedades fue despedido el abogado Barrios”.

La Corte no debería permitir que los Estados de alguna manera realicen reformas que son meramente formales y que persisten en la incompatibilidad con las obligaciones internacionales como una forma de evadir el examen de esta honorable Corte, dijo la represente de Cejil.

Para el perito Andrés Ibañez es un tema de la ejecutividad de las resoluciones de la Corte y enviar de alguna manera ese mensaje de que tiene sentido venir a la Corte IDH para efecto de obtener justicia, y más aún en un caso como aquí corresponde.

“El presente juicio representa un hito histórico para los jueces y juezas de Honduras, así como para la sociedad hondureña que clama justicia y respeto a los derechos humanos. Estamos  convencidos que la resolución que tome la Corte Interamericana responderá a nuestras peticiones y servirá para reorientar tanto el régimen disciplinario en el poder judicial de Honduras, así como los derechos a la libertad de expresión, de organización y de asociación que tenemos los jueces de Honduras. Así como el derecho que tenemos de opinar en los diferentes temas que conciernen a la sociedad hondureña”, Mario Díaz, presidente de la AJD.

En sus comparecencias tanto los jueces como los peritos expresaron que la decisión de la Corte es trascendental pues permitirá establecer con mayor claridad las garantías al debido proceso y limitar así el uso arbitrario de los procesos disciplinarios para sancionar jueces que actúen en forma independiente.

Lea también: RESARCIR EL GOLPE AL CORAZÓN DEL ESTADO DE DERECH

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1586-corte-idh-podr%C3%ADa-condenar-a-honduras-y-sentar-un-verdadero-precedente-de-independencia-judicial

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In 2nd day of trial , Honduran judges say they acted in defense of human rights

Honduras

George Rodríguez

3 days ago

Lawyers for the four judges dismissed in Honduras for objecting to the country’s 2009 coup clashed with adversaries from the government on Tuesday at the closing of a hearing at the Costa Rica-based Inter-American Court of Human Rights.

The jurists sought the court’s help in restoring the constitutional order that had been broken in Honduras, said attorney Alfredo Ortega, with the Washington-based Center for Justice and International Law (Cejil), which is representing the former judges in the legal proceedings.

But an attorney for the Honduran government, Jorge Serrano, said the group’s lawsuit is inadmissible because the judges’ dismissal is based on national legislation.

In 2009, “the victims, acting as authentic defenders of democracy and human rights, carried out a series of actions to demand constitutional order be restored,” Ortega told the court in Cejil’s closing arguments for the two-day hearing.

The plaintiffs, Guillermo López, Luis Alonso Chévez, Ramón Enrique Barrios and Tirza Flores, are all members of the Asociación de Jueces por la Democracia (Judges’ Association for Democracy, or AJD).

The AJD voiced opposition to the bloody coup, which toppled Honduran President Manuel “Mel” Zelaya, who was sent into exile.

López “took part in a march in which more than 200,000 people demanded the return to the rule of law,” something that “for him was not only his right as a citizen, but also his duty,” Ortega said.

Chévez “was arbitrarily arrested for defending a group of demonstrators against the excessive use of force. At the same time, he questioned the Supreme Court’s response” to the coup, he added.

The Honduran Supreme Court backed the coup, calling it a “constitutional succession,” rather than a coup.

As a university professor, Barrios held a conference during which he stated that what had happened had not been a constitutional succession, Ortega said, adding that, “a summary of the conference was later published by local newspapers.”

Flores “resorted to the justice system to denounce those allegedly responsible for the coup d’etat, and to protect the president who had been violently expelled,” he added.

“For these actions, the judges and the magistrate were arbitrarily dismissed in a process that, among other violations, did not guarantee access to adequate and effective [legal] resources,” Ortega said.

“Their acts, which generated disciplinary processes and their ultimate dismissals, were protected by the right to freedom of expression,” he added.

“The exercise of freedom of expression also can be a duty for judges, due to their role as guarantors of the rule of law,” he said.

Marcia Aguiluz, also a lawyer with Cejil, told the court that the Supreme Court “abused its power, violated the state’s international obligations and its own legislation.”

She said, “In order to set a precedent, the Supreme Court chose these four people – all members of the Asociación de Jueces por la Democracia – to send … a clear message: If you challenge power, if you act independently, if you think differently, you’ll be expelled.”

She asked the seven human rights court justices to set a precedent by favoring judicial independence.

Serrano, representing the government, cited legislation that justified the judges’ dismissal.

“We believe it doesn’t violate … precedents set by the Inter-American System,” he said.

He added that Honduran legislation provides for a legal process for the protection of the rights that allegedly had been violated.

Serrano asserted that, “the lawsuit should be considered inadmissible.”

Colombian Justice Humberto Antonio Sierra, president of the Inter-American Court, said the parties have until March to file closing statements in writing.

Fuente: http://www.ticotimes.net/2015/02/04/in-2nd-day-of-trial-honduran-judges-say-they-acted-in-defense-of-human-rights?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Daily%20RSS%20Newsletter&utm_medium=email

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CIDH: Hasta después del 3 de marzo se conocerá fallo a Honduras

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ha concluido el juicio contra el Estado de Honduras por el despido de Los ex jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, quienes manifestaron públicamente su oposición al derrocamiento del ex presidente Manuel Zelaya Rosales en 2009.

La Corte dio plazo hasta el 3 de marzo próximo para que las partes presenten sus conclusiones por escrito y posteriormente se dictará fallo al respecto.

Durante el proceso, los 7 jueces que conforman el tribunal continental escucharon los alegatos de peritos expertos internacionales que sirvieron como testigos de la supuesta violación de los derechos humanos a los que fueron sometidos los ex funcionarios judiciales.

En defensa del Estado de Honduras, expuso el sub procurador de la republica, Jorge Abilio Cerrano, quien trató de convencer a los jueces que el país no debía ser juzgado aun internacionalmente ya que el proceso judicial interno todavía no se ha agotado, e insistió en que en Honduras se respeta el debido proceso y que se estaba pre-juzgando al país.

También, en representación del Estado viajó la magistrada de apelaciones María Luisa Ramos quien alegó la imperfección del sistema.

Posteriormente le tocó al turno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en presentar sus conclusiones orales.

Los demandantes piden el reintegro a sus puestos de trabajo, indemnización laboral que asciende a 14 millones de lempiras y una manifestación de parte de la CIDH para que en la legislatura hondureña se incluyan apartados que permitan a los jueces el respeto de sus opiniones.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/cidh-hasta-despues-del-3-de-marzo-se-conocera-fallo-contra-honduras/

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Llega a Corte IDH primer caso vinculado a golpe de Estado en Honduras

Ene 30, 2015

Será el próximo 2 y 3 de febrero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá una audiencia pública sobre el caso Guillermo López Lone y otros vs. Honduras, el cual se refiere a los despidos ilegales y arbitrarios de tres jueces y una magistrada en el marco del golpe de Estado en Honduras en el año 2009.

Este es el primer caso conocido por la Corte IDH vinculado con el golpe de Estado de 2009, por lo que el mismo constituye una oportunidad  trascendental para que el Estado de Honduras tome medidas que fortalezcan la institucionalidad del Poder Judicial y aseguren que la ciudadanía cuenten con jueces y juezas independientes.

Las víctimas directas de esta decisión del poder judicial fueron la magistrada de la Corte de Apelaciones en San Pedro Sula, Tirza Flores, los jueces de sentencia Guillermo López Lone y Ramón Enrique Barrios, y el juez de violencia doméstica Luís Chévez de la Rocha.

Para el doctor en derechos humanos, el abogado Joaquín Mejía, es un juicio histórico porque representa el primer caso que la Corte conocerá sobre el golpe de Estado y analizará la independencia judicial que es uno de los elementos más importantes que definen a un Estado de derecho.

Antecedentes

La Asociación de Jueces por la Democracia y el Centro por la Justicia Internacional (Cejil) presentó el caso inicialmente en julio del año 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se analizara no sólo los despidos ilegales y arbitrarios de las víctimas efectuadas por la Corte Suprema de Justicia hondureña, sino también las graves deficiencias que menoscaban la independencia judicial.

“Como consecuencia del golpe de Estado, un grupo de jueces y ciudadanos decidimos tomar acciones para la restauración del orden constitucional, interponiendo denuncias en el Ministerio Público que buscaban la repatriación del ex presidente Zelaya”, dijo Tirza Flores, en entrevista con Radio Progreso.

Según la ex magistrada desde que comenzó la persecución y hostigamiento en el poder judicial,  como Asociación de Jueces realizaron una estrategia de defensa, pero en Honduras no se le garantizó ese derecho. Agotaron todas las instancias nacionales y el 5 de julio de 2010 enviaron expediente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Proceso que ahora está en manos de la Corte IDH.

-En el 2010, CEJIL y AJD presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declare la responsabilidad del Estado de Honduras por los hechos antes citados.

-En marzo del 2011 la CIDH decidió admitir la petición presentada en contra del Estado de Honduras. En marzo de 2012 hubo otra audiencia ante la CIDH para analizar el fondo del caso.

 

-El 17 de marzo del 2014 ante el incumplimiento del Estado de Honduras a las recomendaciones dadas por la CIDH, este órgano sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver comunicado de la CIDH.

La audiencia se realizará los primeros dos días de febrero en San José, Costa Rica sede la Corte IDH, y se espera que teniendo en cuenta la celeridad que ha caracterizado el caso desde que fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es posible que la sentencia se conozca en el primer semestre de este 2015.

“Creo que a nivel personal para los jueces y magistrada despedida, si la Corte les da la razón y ordena al Estado su reintegro, representará una confirmación de que frente al golpe de Estado actuaron con independencia y dejará en evidencia a todos aquellos jueces y juezas que se plegaron a las órdenes de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que apoyaron el rompimiento del orden constitucional”, confirmó Joaquín Mejía cuando se le consultó el significado de la resolución que podría dar esta instancia internacional.

Sobre las implicaciones para el país, se espera que la Corte IDH podría ordenar la reforma o creación de procedimientos que garanticen la independencia judicial, desde la elección de las altas magistraturas hasta la selección, remoción o suspensión de los jueces y juezas de todos los niveles, lo cual es fundamental ahora que existe un Consejo de la Judicatura que se ha convertido en una especie de cazador de jueces y juezas independientes para someterlos.

“Este caso podría influir en la pronta elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ya que la Corte IDH podría analizar la forma en que son elegidos los magistrados y magistradas. Evidentemente una posible sentencia favorable no es una varita mágica para lograr de un día para otro la independencia judicial en el país, pero sí será una herramienta fundamental para que los jueces y juezas, y los distintos sectores de la sociedad civil comprometidos con la democracia y el Estado de derecho, lleven a cabo un trabajo de incidencia y presión frente a quienes toman las decisiones políticas.

En la historia de Honduras nunca ha existido un sistema judicial independiente que se entienda y que actúe como tal, sino que hemos tenido —con algunas excepciones de funcionarios judiciales honestos—un “servicio judicial” influenciado por los poderes institucionales y fácticos que operan entremezclados y, por ende, al servicio de los sectores económicos, políticos y religiosos más reaccionarios del país”, concluyó Joaquín Mejía.

La audiencia se llevará a cabo en la sala de audiencias de la Corte IDH y estará accesible al público vía streaming en la página oficial de la Corte IDH o http://www.corteidh.or.cr/sitios/stream/

Jueces y magistrada destituida:

Adán Guillermo López Lone (Juez de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula): se le despide por participar en una marcha pacífica que denunciaba el rompimiento del orden constitucional y exigía el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras el 5 de julio del 2009.

Luis Alonso Chévez de la Rocha (Juez Especial contra la Violencia Doméstica del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula): se le despide por interceder por la integridad de varios manifestantes que estaban siendo agredidos por los policías durante una marcha en oposición al golpe de Estado. El juez fue detenido arbitrariamente y luego la CSJ lo acusó de haber participado en la supuesta alteración del orden público y también por haber comentado con compañeros de trabajo su rechazo al golpe.

Ramón Barrios Maldonado (Juez de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula): se le despide por dictar una conferencia académica sobre las circunstancias relacionadas con el Golpe de Estado ante un grupo de profesores y trabajadores el 19 de agosto del 2009, un extracto de dicha conferencia fue publicado en un medio de prensa escrito.

Tirza Flores Lanza (Magistrada Propietaria de la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula): se le despide por presentar como ciudadana un recurso de amparo a favor del ciudadano Manuel Zelaya Rosales, a quien se le había expatriado del territorio nacional el 30 de junio de 2009, así como una denuncia penal contra diversos funcionarios públicos por su participación en el golpe de Estado.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1575-llega-a-la-corte-idh-primer-caso-vinculado-al-golpe-de-estado-en-honduras

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Corte IDH: Estado hondureño a audiencia por destitución de jueces

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San José, Costa Rica (Conexihon).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará el próximo 2 de febrero la audiencia en el caso de cuatro jueces hondureños destituidos en el marco del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009 en Honduras. El 107 Período Ordinario de Sesiones se celebrarán cuatro audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de sentencia, una audiencia pública sobre medidas provisionales y se estudiará la posibilidad de emitir una Sentencia y diversas Resoluciones, entre otros.
El  Caso López Lone y otros Vs. Honduras
Según se informó, en la audiencia prevista para las 10:00  de la mañana, la Corte escuchará a una presunta víctima y dos peritos propuestos por los representantes. Igualmente, la Corte escuchará los alegatos finales orales de las partes, así como las observaciones finales de la Comisión sobre la excepción preliminar y los eventuales fondo, reparaciones y costas.
El caso se relaciona con la destitución de los jueces: Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, “en el contexto del golpe de Estado ocurrido en Honduras en junio de 2009”.
De acuerdo a la Comisión, las presuntas víctimas eran parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual habría emitido “diversos comunicados públicos calificando los hechos […] como un golpe de Estado en contradicción con la versión oficial de la Corte Suprema de Justicia, la cual sustentaba que se trató de una sucesión constitucional”.
Según la Comisión, “los procesos disciplinarios fueron instaurados con el objeto de sancionar los actos o expresiones que las [presuntas] víctimas realizaron en contra del golpe de Estado y fueron sustanciados en desconocimiento del procedimiento previsto en la Constitución”, ya que la misma establecía que la Corte Suprema de Justicia era competente para decidir la destitución de los jueces “previa propuesta del Consejo de la Carrera Judicial”.
Sin embargo, la Comisión señaló que la destitución “se llevó a cabo mediante acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, de tal forma que el Consejo de Carrera actuó con posterioridad como una instancia de apelación”.
En ese sentido, la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) por este medio informaron que este caso, presentado inicialmente en julio del año 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizará no sólo los despidos ilegales y arbitrarios de las víctimas efectuados por la Corte Suprema de Justicia hondureña, sino también las graves deficiencias que menoscaban la independencia judicial en Honduras.
Este es el primer caso conocido por la Corte IDH vinculado con el golpe de Estado que ocurrió en Honduras en 2009, por lo que el mismo constituye una oportunidad  trascendental para que el Estado de Honduras tome medidas que fortalezcan la institucionalidad del Poder Judicial y aseguren que los habitantes hondureños cuenten con jueces y juezas independientes.
La audiencia se llevará a cabo los días 2 y 3 febrero en la sala de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José Costa Rica y estará accesible al público vía streaming en la página oficial de la Corte IDH o http://www.corteidh.or.cr/sitios/stream/

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En 2015 Estado hondureño será nuevamente condenado por violaciones a DDHH

Dic 19, 2014

El estado de Honduras será nuevamente condenado en el mes de febrero de 2015 por haber separado arbitrariamente a tres jueces y a una magistrada luego del golpe de Estado de 2009. Las denuncias fueron llevadas a instancias internacionales y ya está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), quien será la encargada de someter al Estado hondureño ante la justicia.

La  Corte-IDH resolverá el caso contra Honduras relacionado con la destitución de tres jueces y una magistrada hondureña en el 2010 por no estar de acuerdo con el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales. Así lo asegura el abogado Guillermo López Lone, uno de los jueces despedidos y que participará en esta audiencia.

Además del abogado Guillermo López estarán presentes los ex jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Chévez de la Rocha y la ex magistrada Tirza Flores Lanza, los cuatro despedidos injustificadamente luego de la ruptura institucional.

El abogado Ramón Enrique Barrios, explica que la audiencia en contra del Estado de Honduras será los días 2,3 y 4 de febrero  por el despido de los jueces. El proceso ya tiene 4 o 5 años, le dio lugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, finalmente ha sido emplazado el Estado de Honduras y llega finalmente el juicio en el mes de febrero ante la Corte.

“Los tres jueces y la magistrada estamos altamente positivos en que se nos van a restituir los derechos que perdimos en ese momento (golpe de Estado de 2009), lamentable para el Estado hondureño porque será nuevamente condenado en un foro internacional como un violador de los derechos humanos, en este caso, por el despido a los tres jueces y la magistrada,” expresó Barrios.

Barrios añade que la situación actual del sistema de justicia hondureño es lamentable a 5 años del golpe de Estado, afirma que hay una militarización en el país y que la justicia del país ya no es justicia; el Consejo de la Judicatura tiene casi en amenaza a los jueces del país, por lo tanto, han perdido independencia.

El poder judicial en Honduras está en una de sus etapas más dudosas en cuanto a su independencia, tanto así que en su reciente visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación y advirtió que los jueces y fiscales en Honduras “podrían carecer de suficientes garantías de independencia e imparcialidad para conocer de las violaciones a derechos humanos cometidas por los miembros de la policía militar”.

Jueces y juezas continuarán pasando por polígrafo

La Sala de lo Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo en contra de la prueba del polígrafo que se aplica a los jueces y juezas del país. Dicha prueba viola varios derechos y es inconstitucional, según la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

Para el abogado Guillermo López Lone, integrante de AJD, la prueba del polígrafo, entre otras cosas, viola el derecho a la intimidad.

“Esa decisión nos ha causado mucho desaliento, porque es un gran retroceso a los derechos y libertades de los jueces ya que eso traería como consecuencia que ya estaría allanado el camino, podemos decir, para que se practique a los jueces y a las juezas la prueba del polígrafo, lo cual nosotros seguimos estimando que es inconstitucional,” dijo Lone.

Admiten recurso de nulidad contra Reglamento del Consejo de la Judicatura

Por otra parte, el abogado López Lone, confirma que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el recurso de nulidad en contra del reglamento del Consejo de la Judicatura. López Lone asegura que varios de los jueces suspendidos por el Consejo de la Judicatura han acudido ante la CIDH para quejarse por el mal procedimiento de esta dependencia del Estado.

Hasta el momento, alrededor de cuatro amparos han sido resueltos favorablemente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de jueces que han sido sacados sin seguir el debido proceso a través del Consejo de la Judicatura.

Caso de magistrados de la Sala de lo Constitucional ya está en la CIDH

Los integrantes de la Sala Constitucional que fueron destituidos injustificadamente de sus puestos ya presentaron su queja internacionalmente. Será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la que decida qué hacer en torno a otra acción despótica por parte del Estado de Honduras.

A mediados de diciembre de 2012, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una acción calificada como ilegal y atentatoria contra el Estado de derecho. Los magistrados destituidos habían rechazado el proyecto de Ciudades Modelo que violan la soberanía nacional y que es impulsado por el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1526-en-2015-estado-hondure%C3%B1o-ser%C3%A1-nuevamente-condenado-por-violaciones-a-ddhh

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Realizan foro para abrir debate sobre elección de magistrados de la CSJ

Nov 13, 2014

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) realizó un foro —el miércoles de esta semana— denominado “Elección de Magistrados(as) de Cortes Supremas de Justicia” con el objetivo de abrir el debate antes de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras que se viene el próximo año.

La Corte Suprema de Justicia en Honduras es el máximo órgano jurisdiccional y está conformado por quince 15 magistrados y magistradas que son elegidos por el Congreso Nacional con el voto favorable de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina no menor de tres por cada uno de los Magistrados a elegir.

El Foro Elección de Magistrados contó con la participación de jueces de otros países que relataron sus experiencias sobre la temática, con el objetivo de identificar fortalezas y debilidades que puedan aportar elementos para lograr una elección con transparencia y rendición de cuentas en nuestro país.

Guillermo López Lone de la AJD afirmó que se pretendió juntar experiencias del exterior con la hondureña, para que las organizaciones de sociedad civil y otros entes organizados tengan mayores elementos y mejores propuestas para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Añadió que se están preparando para que ya el próximo año exista un marco de carácter general en el cual se puedan hacer articulaciones para este importante proceso que se viene.

El abogado Mario Díaz, presidente de la Junta Directiva de la AJD, manifestó que la propuesta es que las reglas del juego en la elección cambien, que no sean los criterios políticos-partidarios los que cuenten sino que sean criterios de idoneidad, profesionalidad y ética, de tal forma que tengamos la mejor Corte Suprema de Justicia posible.

Díaz añadió que esperan que haya participación de los sectores sociales y que se establezcan procesos de auditoría, de tal forma, que la elección tenga garantía de que serán escogidas las personas que cuenten con los mejores requisitos éticos y profesionales.

El período de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia en Honduras es de siete años a partir de la fecha en que presenten su promesa de ley, pudiendo ser reelectos y en caso de muerte, incapacidad que le impida el desempeño de su cargo, sustitución por causas legales o de renuncia, el Magistrado o Magistrada que llene la vacante ocupará el cargo por el resto del período y será electo por el Congreso Nacional.

Sin embargo, en Honduras hubo un golpe a este poder del Estado, luego que varios magistrados fallaron en contra de las Ciudades Modelo ahora denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), un proyecto impulsado por el actual presidente Juan Orlando Hernández.

El  12 de Diciembre de 2012, el Congreso Nacional de Honduras, mediante Decreto 191-2012, destituyó a los siguientes magistrados: la abogada Rosalinda Cruz Sequeira; abogado José Francisco Ruiz Gaekel; abogado José Antonio Gutiérrez Navas; y al abogado Gustavo Enrique Bustillo Palma, quienes integraban la  Sala de lo Constitucional del Poder Judicial; nombrando en su sustitución a la Abogada Silvia Trinidad Santos; abogado Víctor Manuel Lozano Urbina; abogado German Vicente García García; y al abogado José Elmer Lizardo Carranza.

Experiencia en otros países

“La ley que ustedes tienen en cuanto a cómo se regulan a los que van a ser electos me parece que está correcta, el punto es siempre cómo eso se aplica, cómo se lleva a la práctica, y ahí me parece que están las diferencias en cuanto a  los problemas que se han generado; justamente lo que se pretende es conocer experiencias de otros países, y ver cuáles pueden ser las propuestas para solventar los problemas que se están planteando,” aseguró Mariana Mota Jueza Letrada de Primera Instancia Civil de Uruguay.

“En Uruguay, no hay una elección en bloque de toda la Corte, se va renovando paulatinamente porque en definitiva no refiere a un receso en grupo, sino que los miembros duran 10 años en sus funciones o hasta que cumplan 70 años de edad; entonces a menos de que les ocurra algo se cambian, sino hasta que cumplan los 10 años establecidos o que cumplan los 70, luego vienen propuestas que son en una abrumadora mayoría de Tribunales de Apelaciones, o sea, otros jueces, que son propuestos a la Asamblea General, y entre ellos, se eligen a otros magistrados” añadió Mota.

Dijo que así como se tienen problemas de injerencia política en Honduras, así también se da en Uruguay, solo que no es tan explícito, es un problema común, involucramiento de los partidos políticos en la designación, lo cual no debería ser,  apuntó la Jueza uruguaya.

Requisitos para optar para Magistrado de la CSJ

De conformidad al artículo 309 de la Constitución de la República, para ser Magistrado o Magistrada de la Corte Suprema de Justicia se requiere:

Ser hondureño por nacimiento;
Ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos
Abogado debidamente Colegiado
Mayor de treinta y cinco (35) años
Haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante cinco (5) años, o ejercido la profesión durante diez (10) años.

En Honduras diversos analistas consideran que el actual gobierno está concentrando cada vez más el poder, como nunca antes en la historia, quedando como última instancia el nombramiento de estos magistrados de la CSJ, de hacerse de la misma manera, el poder será absoluto del presidente actual: Juan Orlando Hernández.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1471-realizan-foro-para-abrir-debate-sobre-elecci%C3%B3n-de-magistrados-de-la-csj

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Exigen condena para Estado hondureño en caso de despido de jueces y magistrada

Jul 04, 2014

Esta semana, los representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron en la capital de la república los avances del caso de los jueces despedidos: Ramón Enrique Barrios, Guillermo López Lone, Luis Chévez y la magistrada Tirza Flores, por el cual el Estado Hondureño está próximo a ser sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

El objetivo de esta demanda que hace dos años fue interpuesta en el Sistema Interamericano, es que las personas en Honduras que enfrenten procesos ante la justicia cuenten con jueces y juezas independientes e imparciales que les garanticen y respeten sus derechos humanos.

Ante la inminente sentencia contra el Estado de Honduras, la independencia judicial se presenta como uno de los principales retos para las distintas organizaciones que luchan en contra de la impunidad y el restablecimiento del estado de derecho.

Marcia Aguiluz representante de Cejil para México y Centroamérica, expresa que el despido de los jueces, refleja que hay una Corte Suprema de Justicia que actuó con intereses particulares, muestra que las normativas facilitan la arbitrariedad y que los procesos disciplinarios se están utilizando para sancionar a jueces que opinen diferente políticamente.

“Lo que nosotros buscamos es fortalecer el Estado de Derecho, que los jueces tengan claridad del porqué se les puede sancionar, que tengan información de cuáles son las consecuencias, que tengan derecho a la defensa, derecho a expresarse siempre y cuando no comprometan su independencia; y buscamos de alguna manera, que se hagan reformas necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas que acudan a la justicia del país, sepan que van a contar con jueces independientes e imparciales,” expresó Aguiluz.

Tirza Flores es una magistrada despedida en el 2010 por reconocer que en Honduras había ocurrido un golpe de Estado, y haber interpuesto, en su condición de ciudadana, una denuncia en contra de varios funcionarios del gobierno por violaciones a los derechos humanos durante este periodo. Ella asegura que interpusieron esta demanda  para que el Estado reaccione y se comience una despolitización del sistema judicial.

“Decidimos llevar este caso a instancias internacionales, y no lo hicimos desde un punto de vista personal. Nosotros antes de ser despedidos militábamos en la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), una organización que hasta la fecha está muy activa exigiendo justicia y señalando falencias dentro del sistema judicial,” dijo Flores.

La ex magistrada concluyó que lo que pretenden es llamar la atención del Estado, porque a pesar que hay un Consejo de la Judicatura que no existía cuando los despidieron, éste no está realizando sus labores de acuerdo a la ley.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1151-exigen-condena-para-estado-hondure%C3%B1o-en-caso-de-despido-de-jueces-y-magistrada

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Se presentará nueva acusación ante la Corte-IDH contra el estado de Honduras

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Tegucigalpa.

A inicios del próximo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH conocerá la denuncia sobre cuatro jueces hondureños destituidos por tener una opinión contraria en el contexto del golpe de estado del 2009, manifestó Ana Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

Se ha tenido que ir a instancias internacionales porque en el país no existen recursos efectivos de revisar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, tras despedir a los funcionarios, es por ello que al agotar el proceso interno, los afectados acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y siguiendo el proceso, presentarán el caso ante la Corte-IDH, en Washington, DC.

Este es el caso No. 12.816, y está relacionado con los procesos disciplinarios a los cuales fueron sometidos los jueces Adán Guillermo López Lone, Luís Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, el mayo del 2010.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, concluyó que los procesos disciplinarios fueron instaurados con el objeto de sancionar los actos o expresiones que las víctimas realizaron en contra del golpe de Estado y fueron sustanciados en desconocimiento del procedimiento previsto en la Constitución, el cual establecía que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, era la autoridad competente para decidir la destitución de los jueces “previa propuesta del Consejo de la Carrera Judicial”, según un comunicado de la CIDH, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Contrario a ello, la destitución se llevó a cabo mediante acuerdos de la CSJ, de tal forma que el Consejo de Carrera actuó con posterioridad como una instancia de apelación, no obstante ser un órgano dependiente de la propia Corte.

Con este caso, en el que la CIDH  encontró que el procedimiento estuvo plagado de múltiples irregularidades que afectaron el debido proceso de las víctimas, se pretende fortalecer la independencia judicial de Honduras; además que se establezcan leyes claras para la sanción de jueces y juezas, de manera que ellos conozcan con certeza cuales conductas son sancionables y las consecuencias correspondientes, de manera que no se utilicen los procesos disciplinarios como represalias por no acatar órdenes de superiores o de intereses eternos, y que las personas que enfrenten procesos ante la justicia hondureña cuenten con jueces y juezas independientes e imparciales que les garanticen y respeten sus derechos humanos.

La abogada Tirza Flores, dijo que “pretendemos que se levante precedentes en cuanto a la aplicación de justicia en Honduras, queremos llamar la atención del Estado, porque desafortunadamente aunque ahora existe un consejo de la Judicatura, no está apegada a Ley, para el caso se suspende a jueces sin darle un debido proceso, y sin que el Consejo tenga esa atribución de suspensión inmediata para investigar”.

Guillermo López Lone

Además dentro del Consejo, no existen normas claras para una sanción administrativa, tampoco está contemplada las conductas que constituyen faltas,  con lo cual el proceso se vuelve muy ambiguo, discrecional y puede ser utilizado para “deshacerse” de jueces que estén suspendiendo, no porque estén actuando mal, sino porque pueden ser jueces que les resulten incomodos porque no obedecen órdenes superiores, explicó Flores.

Se condenará al Estado de Honduras por violar DDHH

Por su parte el abogado Guillermo López, aseguró que están prácticamente agotando todo el procedimiento que iniciamos ante la CIDH, y que esto va a traer como consecuencia una sentencia definitiva, una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras”.

Creemos que la Corte-IDH centrará sus argumentos en que se violó el derecho a la independencia judicial, es decir que los jueces despedidos contáramos con un tribunal independiente e imparcial que conociera la investigación y el juzgamiento que se hizo para nuestros despidos.

Pero también va a condenar al Estado de Honduras por violaciones a la libertad de asociación, libertad de reunión, expresión y debido proceso.

La CSJ alega que nosotros hicimos pronunciamientos que no correspondían que hiciéramos, que participamos en reuniones que no debía estar y por otro lado esa decisión de la Corte de despedirnos para limitarnos en nuestro derecho a participar en la  Asociación de Jueces por la Democracia.

Según declaraciones de las víctimas, el gobierno de Honduras no se ha pronunciado al respecto, tampoco la CSJ, de donde eran parte los jueces y Magistrada destituida. La CSJ ha sido intransigente e intolerable en todo el procedimiento que lleva ya cuatro años, lo fue desde que presentamos alegatos y pruebas, aun así violándonos el debido proceso, la Corte nos despidió, hasta ahora esa entidad no ha querido reconocer los hechos.

La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 17 de marzo de 2014 ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado de Honduras.

La Comisión había recomendado al Estado: reincorporar a las víctimas al Poder Judicial, en un cargo similar al que desempeñaban, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día de hoy si no hubieran sido destituidos, por el plazo de tiempo que quedaba pendiente de su mandato, o si por razones fundadas no era posible la reincorporación, el Estado debía pagar una indemnización alternativa.

Asimismo, la CIDH recomendó reparar las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos establecidas en el caso, incluyendo tanto el daño material como el daño inmaterial.

Adicionalmente, se recomendó al Estado de Honduras disponer las modificaciones normativas necesarias para asegurar que los procesos disciplinarios contra jueces y juezas sean realizados por autoridades competentes y con garantías suficientes de independencia e imparcialidad; y disponer las modificaciones normativas necesarias para asegurar que las causales disciplinarias de jueces y juezas y las sanciones aplicables, sean compatibles con el principio de legalidad.

Este caso permitirá a la Corte profundizar su jurisprudencia sobre el principio de independencia judicial y sus implicaciones en las garantías reforzadas de legalidad y debido proceso en el marco de un proceso sancionatorio en perjuicio de un juez o jueza.

Particularmente, el presente caso ofrece a la Corte Interamericana la posibilidad de analizar la importancia que tiene el respeto de tales garantías a la luz del principio de independencia judicial en un contexto de una crisis democrática resultante de un golpe de Estado. Por otra parte, la Corte podrá profundizar su jurisprudencia en materia de responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de expresión, específicamente en cuanto al requisito de estricta legalidad cuando se trata de causales disciplinaria, así como a la manera en que deben aplicarse los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Causas de despido:

Adán Guillermo López Lone: por participar en una marcha pacífica que denunciaba el rompimiento del orden constitucional y exigía el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Honduras el domingo 5 de julio del 2009.

Luís Alonso Chévez de la Rocha: por interceder por la integridad de varios manifestantes que estaban siendo agredidos por los policías durante una marcha en oposición al golpe de Estado. Chévez fue detenido arbitrariamente y luego la CSJ lo acusó de haber participado en la supuesta alteración del orden público.

Ramón Barrios Maldonado: por dictar una conferencia sobre las circunstancias relacionadas con el Golpe de Estado ante un grupo de profesores y trabajadores el 19 de agosto del 2009.

Tirza Flores Lanza: por presentar como ciudadana un recurso de amparo a favor del ciudadano Manuel Zelaya Rosales, a quien se le había expatriado del territorio nacional, el 30 de junio del 2009, así como una denuncia penal contra diferentes funcionarios públicos por su participación en el golpe de Estado.

 

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3213:se-presentara-nueva-acusacion-ante-la-corte-idh-contra-el-estado-de-honduras&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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“Extradición no ayuda a la institucionalidad del país”

May 06, 2014

A criterio del ex juez Guillermo López Lone, la extradición del hondureño Carlos Lobo, acusado de tráfico de drogas y perseguido por la justicia  estadounidense por el delito de asociación delictuosa por distribuir cocaína en este país, nos da el mensaje de la incapacidad de la justicia hondureña para juzgar a las personas dentro del territorio nacional.

Todo esto refleja que el sistema de justicia muestra incapacidad de las instituciones hondureñas para perseguir, investigar y sancionar a las  personas responsables en delitos de narcotráficos, terrorismo, entre otros.

También considera que muchos jueces y magistrados están completamente capacitados para ejercer bien su labor, el problema es la incapacidad del sistema de justicia, ya que no hay voluntad política del gobierno para juzgar y acabar con la impunidad.

A juicio del abogado, la depuración es un rotundo fracaso, en el sentido que no ha venido a reorganizar ni fortalecer el sistema judicial, porque no se ha notado ningún cambio, no hay mejoras para el acceso a la justicia; al contrario sigue siendo fuertemente cuestionada por su falta de imparcialidad y su falta de independencia. Se necesita una profunda reorganización de las instituciones como ser la Policía, Ministerio Público y el Sistema Judicial.

El gobierno por su parte, anuncia que hay nueve casos pendientes de extradición al interior del país.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/886-%E2%80%9Cextradici%C3%B3n-no-ayuda-a-la-institucionalidad-del-pa%C3%ADs%E2%80%9D

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