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En Iriona no hubo enfrentamiento, lo que hubo fue un ataque militar dice exalcalde

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

Arnulfo Mejía, ex alcalde de Iriona, Colón, dijo que lo sucedido en la barra del municipio de Iriona no fue ningún enfrentamiento, sino que fue un ataque por parte de los militares de la Fuerza Naval.

El vehículo donde se trasladaban los garífunas quedo lleno de perforaciones de las balas militares

El vehículo donde se trasladaban los garífunas quedó lleno de perforaciones de las balas militares

Mejía dijo que lo que sucedió fue que un vehículo de su propiedad se quedó atascado en la arena y entonces personas que venían en otro carro que pasaba por la zona, se aprestaron a ayudarles para empujar y sacar el que estaba “pegado” en la playa.

Todos los días los vehículos 4×4,  salen entre 4 y 4:30 de la mañana desde esas comunidades hacia la ciudad de Tocoa y otras ciudades del departamento de Colón.

De pronto aparecieron los militares que estaban escondidos en los matorrales y sin mediar palabra comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en la playa y destacó que entre los viajeros había hombres,  mujeres y niños que viajaban desde la comunidad de Sangrelaya para la ciudad de Toca.

Las personas viendo que es una playa descubierta y que no había donde refugiarse, se tiraron a la arena unos muchachos al ver que dos de sus compañeros de viaje habían caído, entraron en pánico y salieron corriendo para buscar refugio, pues vieron que estaban disparando a matar.

“El comunicado divulgado por el gobierno aseguraba que en ese momento pasaba una lancha supuestamente de los narco traficantes, puedo asegurar categóricamente que esto es falso”, dijo el exedil.

Mejía dijo que los jóvenes que se conducían en el vehículo no portan ni portaban armas y por lo tanto no iniciaron ni repelieron el ataque de los militares, “en ningún momento se le disparo a los miembros de las fuerzas armadas, ellos fueron quienes dispararon matando a estos muchachos”.

Los pobladores garifunas de los municipios de Iriona y Limón están enardecidos por la acciona militar

Los pobladores garífunas de los municipios de Iriona  están enardecidos por la acciona militar

El exalcalde dijo que el joven Justin Joel Palacios era su empleado y laboraba como ayudante en el vehículo que viaja a Tocoa por la orilla del mar,  ya que no tienen carreteras en sus comunidades.

“Joel Palacios tenía tan solo 24 años, era un joven lleno de vida, con futuro y deja dos niños de pan en mano”, relató el exalcalde.

“El pueblo garífuna es humilde, trabajador y no somos gente que ande metido en tráfico de drogas y los militares conocen bien a los narcotraficantes y como ejemplo citó que se busque cuantos garífunas han extraditado por narcotráfico o cuantos están en las cárceles por ese delito”, dijo Mejía

“Eso de decir que somos narcotraficantes es una burda y acostumbrada maniobra de la fuerza naval de Honduras para justificar sus asesinatos y sus descalabros en las comunidades garífunas y comienzan a decir que hubo enfrentamientos, como el caso de este domingo”, apuntó Mejía.

Esta fotografía muestra lo que estaba sucediendo en la playa donde un vehículo auxiliaba a otro

Esta fotografía muestra lo que estaba sucediendo en la playa donde un vehículo auxiliaba a otro

El exalcalde retó a las fuerzas armadas que presenten las armas con las cuales fueron atacados por los pobladores.

El exedil manifestó que ayer en horas de la tarde llegaron los personeros del ministerio público para hacer las investigaciones pertinentes y de acuerdo a lo expresado por el ex alcalde, nadie les manifestó que hubo enfrentamiento sino que fue un ataque de los militares a los viajeros.

Todo el pueblo de Iriona, indignados por las acciones de los militares, le metieron fuego a uno de los vehículos de los militares.

Mejía informó que ya inició los trámites en los organismos nacionales e internacionales para interponer las denuncias por este incidente y porque uno de los vehículos tiroteados es de su propiedad y era conducido por una de sus hijos y el joven Justin Joel Palacios era su empleado.

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Se le complican los argumentos a las FF.AA. sobre incidente en Colón

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-Luego de asegurar que las dos muertes registradas en la barra de Iriona, en el departamento de Colón, fue producto de un enfrentamiento entre los pobladores de esa zona y elementos de las Fuerzas Armadas, ahora esa misma institución se contradice y asegura que de momento no se puede confirmar dicho escenario sino que se deberá esperar un informe final.

El portavoz del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, José Antonio Sánchez, dijo que las muertes se atribuyen a elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), quienes realizan tareas de combate al narcotráfico en aquel sector del país.

Inicialmente, el gobierno emitió un comunicado en el que aseguraba que el incidente se produjo en medio de un enfrentamiento entre pobladores de la etnia garífuna y los elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, sin embargo Sánchez, apuntó que hay que esperar para dar una versión final.

Sin argumentar nada, el vocero, dejó entrever que hubo un ataque y lo justificó a las tareas de combate al tráfico de drogas. “Todo lo que pasa en ese sector es por el trasiego de drogas, debido al escudo marítimo, al escudo terrestre que está cerrando muchos puntos y abriendo otros”, expresó.

Sobre decomiso de droga y de armas, la madrugada del domingo cuando se produjeron los hechos, respondió que aún no tiene información al respecto.

Esta fotografía muestra lo que estaba sucediendo en la playa donde un vehículo auxiliaba a otro

Esta fotografía muestra lo que estaba sucediendo en la playa, donde un vehículo remolcaba  a otro. Esta versión ha sido expuesta por los garífunas para desvanecer el supuesto enfrentamiento que arguyó inicialmente el gobierno para justificar las muertes.

El entrevistado  lamentó el hecho e indicó que se nombró una comisión dirigida por el inspector general de las Fuerzas Armadas, Otilio Javier Sabillón, que se encargará de investigar la situación en el lugar.

De momento y mientras se realiza la investigación, precisó que se ha suspendido el personal de la patrulla que estaba en el sector.

También apuntó que cuando se anda en algún sector y no se está cometiendo ningún ilícito, lo más recomendable es que los ciudadanos se identifiquen con la autoridad, ya sea ésta Fusina u otra, y así evitar “las cosas que hoy tenemos que lamentar”.

En el ataque a balazos, murió inmediatamente el joven Justin Palacios Lino de (24) y resultó herido el joven Elvis Armando García, que falleció la madrugada de hoy lunes en el Hospital Regional de Atlántida, con sede en la ciudad puerto de La Ceiba.

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Asesinato de Garífunas en Iriona y la farsa de la guerra contra las drogas

Sambo Creek, 28 de diciembre de 2015.- En la madrugada del pasado domingo 27 de diciembre, elementos de la Fuerza Naval atacaron a un grupo de Garífiunas que se encontraban en la barra de Iriona (Departamento de Colón), tratando de remover un carro atascado en la arena. Los elementos de la naval sin mediar palabra dispararon contra los tres vehículos que se encontraban en el lugar.

Como resultado del ataque falleció Joel Palacios Lino (24 años) y resultó herido Elvis Armando García (19 años ) el cual ante la gravedad  de sus heridas fue trasladado por los militares al Hospital de Tocoa, los que sin proporcionar explicación alguna entregaron el herido al personal hospitalario. Posteriormente  García fue remitido al Hospital Atlántida de La Ceiba, donde falleció el día de hoy.

La precipitación con que actuó el grupo de aproximadamente de 20 militares pudo haber tenido un resultado aún más desastroso ya que en los vehículos se encontraban familias que se trasladaban entre las comunidades de Tocamacho y San José de la Punta. La inexistencia de vías de comunicación en la zona, obliga a los habitantes de la región a utilizar balsas para cruzar las barras de los ríos, siendo muy frecuente el desplazamiento nocturnos en vehículos de doble tracción.

Los Garífunas en el municipio de  Iriona han manifestado en los últimos meses un repudio a la militarización que padece la zona, como respuesta a la tardía reacción al crimen organizado que se apoderó de la costa norte de Honduras en las últimas décadas. Existen denuncias de jóvenes Garífunas que han sido interrogados y torturados por los militares en la comunidad de Plaplaya además de la intervención de la comunidad de Limón, la que en varias ocasiones han efectuado manifestaciones públicas de repudio a la presencia militar.

El corredor de la costa norte de Honduras ha sido controlado desde hace décadas por  individuos asociados al narcotráfico, los que contaron con un apoyo irrestricto de las autoridades militares y civiles, hasta el punto que  su influencia abarca alcaldías y juzgados.

A partir del golpe de estado del año 2009, en los departamentos de Gracias a Dios y Colón se recrudeció el arribo de avionetas y lanchas, sin que en ningún momento las fuerzas de seguridad hiceran presencia, demostrando de esta forma el patético contubernio existente entre las “autoridades” y el crimen organizado.

Es a partir del año 2012, cuando los Estados Unidos interviene con su fuerza FAST (Foreign-Deployed Advisory Support Team) compuesta de elementos de la DEA y Policia Nacional, los que comenzaron a efectuar  sobrevuelos nocturnos  a ras, culminando la campaña de guerra psicológica con el ataque del 11 de mayo de ese año en Ahuas, donde fueron masacrados desde los helicópteros del Departamento de Estado. El operativo militar tuvo como resultado cuatro indígenas miskitos muertos además de siete heridos.

Después de cuarenta años de la supuesta guerra contra las drogas librada por los Estados Unidos, parece ser que los resultados son contradictorios. El negocio de las drogas continua siendo próspero, mientras las cárceles se encuentran repletas de las denominadas minorías raciales, siendo particularmente castigada la población negra de ese país. Mientras en Amercia latina se vive un desangre como producto de  la feroz guerra.

El colapso institucional que padece Honduras, forma parte de la ambigua supuesta guerra contra las drogas que predica el gobierno estadounidense, la que ha sido utilizada para afianzar la intervención militar en el continente; mientras tanto los paraísos fiscales prosperan y el movimiento de precursores químicos para la elaboración de las drogas continúa su flujo habitual.

Las comunidades Garífunas de Iriona se han mantenido al margen del narcotráfico, y ciertamente la presencia de los narcotraficantes radica en el régimen de terror que han impuesto, ademas de haberse apropiado de franjas de territorio que han adquirido de forma dolosa y a precios irrisorios. A pesar de las denuncias presentadas por nuestra organización ante las autoridades en relación a las presiones territoriales causadas por el crimen organizado, nunca los operadores de justicia han dado respuesta alguna a las denuncias.

La muerte de los  jóvenes Joel Palacios y de Elvis García es un indicador del estado de indefención que se encuentra la población Garífuna de Iriona. Si bien el día de ayer los garifunas fueron atacados por elementos de la Naval, en un pasado no muy lejano, los militares fueron cómplices en el trasiego. La actitud asumida por las Fuerzas Armadas en un comunicado que supuestamente emitieron, donde señalan que hubo fuego cruzado, no es más que un infundio por parte de las Fuerzas Armadas, la que utiliza esta estrategia para eludir asumir la responsabilidad de los crímenes cometidos.

La farsa denominada guerra contra las drogas seguirá cobrando su cuota de sangre inocente, mientras las drogas seguirán su flujo habitual a través de otras rutas. Lo amos y señores del narcotráfico son los menos afectados, mientras las poblaciones indígenas pagamos tributo tanto a los narcos como a los militares.

La población Garífuna de las comunidades de Iriona se encuentran enardecidas y se tomaron el día de ayer la carretera entre Limón y Bonito Oriental, protestando por los asesinatos en la barra de Iriona y la militarización que padecen los habitantes de esa zona.

La OFRANEH exige una investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos, donde los militares no continúen gozando de la impunidad que han mantenido hasta la fecha. De paso, es hora que los Estados Unidos revisen la fracasada farsa denominada guerra contra las drogas, y se busque soluciones adecuadas para un problema social, al que le han dado una respuesta bélica.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Origen: Asesinato de Garífunas en Iriona y la farsa de la guerra contra las drogas

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Militares de la Fuerza Naval de Honduras asesinan a garífuna y hieren a otro

Una balacera propiciada por militares de la Fuerza Naval dejó como resultado el asesinato del joven garífuna Jostin Palacios Lino de 24 años y herido de bala en el costado derecho a Elvis García de 19 años, quien está en estado grave, en el hospital de Tocoa, Colón. El hecho ocurrió en la comunidad de Barra de Iriona, departamento de  Colón, según  informó la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), la mañana de este domingo 27 de diciembre de 2015.

En menos de un mes han ocurrido dos hechos violentas contra el pueblo garífuna. El 27 de noviembre de 2015, Vidal Leiva, defensor de derechos humanos líder de  OFRANEH fue objeto de un atentado a balazos por parte de sicarios, mientras se conducía a la ciudad de Trujillo. Recibió nueve disparos, de los cuales tres le impactaron en su cuerpo y dos de estos estuvieron a punto de liquidarlo al provocarle daños en un riñón y en el hígado respectivamente. Este acto ocurrió en el marco del juicio contra Randy Jorgensen, empresario canadiense,conocido como “El Rey del Porno”, quien está acusado de acaparar  tierras de los garífunas de la zona de Trujillo.

Asimismo es el segundo crimen en menos de ocho días contra las étnias en Honduras. El lunes  20 de diciembre recién pasado fue asesinado Javier Vásquez Benítez, miembro del  Movimiento Indígena Lenca de La paz, Honduras (MILPAH),cuyo cuerpo  fue encontrado en un barranco en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.Su crimen se vincula por la defensa de los territorios en su comunidad contra la instalación de la Hidroeléctrica Los Encinos.

La discriminación, el racismo y el discurso de odio contra los pueblos originarios y negros en Honduras envuelve de luto constantemente a estos ciudadanos y ciudadanas hondureñas que tienen que resistir ante la violencia generada desde grupos poderosos y del propio Estado de Honduras.

Militares dispararon a mansalva contra garífunas

De acuerdo con la información que proporcionó el vicepresidente de OFRANEH, Alfredo López, el hecho ocurrió este día 27 de diciembre, cuando cerca de las 5:30 de la mañana, una caravana de vehículos de pobladores garífunas se trasladaba a las playas de este municipio y uno de los autos se atascó a la altura de la Barra de Iriona.

Mientras llegaron otros dos vehículos al rescate, una patrulla de la Fuerza Naval se acercó y sin mediar palabra los  militares comenzaron a disparar, lo que dejó como resultado la muerte de Palacios y la herida de bala a García.

“La Fuerza naval lo vino a dejar sin dar detalles y se fueron sin dar explicaciones” relataron familiares de García a un medio de comunicación de la ciudad de Tocoa, al referirse al joven herido.

Esta acción surge unos días después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, sentenciara al Estado hondureño como responsable de la violación de derechos de propiedad colectiva contra las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. En primera se pretendía instalar proyectos de inversión turística sin consulta previa a la comunidad, mientras que en la segunda existía un conflicto de tierras, donde el Instituto Nacional Agraria tenía pleno conocimiento de que eran tierras garífunas.

Militares argumentan que dispararon porque los confundieron con narcotraficantes

Como una forma para justificar el uso de las balas en contra de la población garífuna, el reporte que brinda OFRANEH es que los integrantes de la Fuerza Naval “los confundieron con narcotraficantes y que recibieron una información que existían movimiento de lanchas en la barra”.

La política de combate a las drogas ha dejado miles de muertos, entre ellos de garífunas y miskitos, en  la comunidad de Ahuás, en La Mosquitia hondureña,  en mayo de 2012, una emboscada dirigida por la Agencia Estadounidense de Antinarcóticos (DEA) dejó como resultados cuatro muertos,  Juana  Jakson Ambrosio, en estado de embaraz), Hasked  Brook Wood, menor de 14 años, Candelaria Prats Nelson, en estado de embarazo y Emerson Martínez. El gobierno de Estados Unidos ha tratado por todos los medios de proteger a sus agentes y tergiversado la realidad de los hechos ocurridos ese día, donde el ejército hondureño también tiene su cuota de responsabilidad.

“Nosotros no nos oponemos a que se combata este flagelo, pero con estas acciones se comprueba que la política de combate al narcotráfico ha sido un fracaso porque somos el pueblo inocente al que matan, al que combaten” condenó de forma enérgica López.

En ese sentido, comentó que él participará en la Caravana por la Paz que saldrá de Honduras, pasará por El Salvador, Guatemala  y México, hasta la ciudad de Nueva York , Estados Unidos, en donde se realizará la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas Sobre Drogas (UNGASS), en el mes de abril de 2016.La Caravana tiene como finalidad que se hagan escuchar las voces de las comunidades que han sufrido los embates de la mal direccionada política antidrogas en Centroamérica.

En el mes de octubre, bajo el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, la Iniciativa Periodismo y Democracia y Global Exchange presentaron a diversos grupos de sociedad civil y organizaciones de derechos humanos los detalles de esta caravana, la cual está programada que salga en el mes de marzo de 2016.

Sobre la balacera de este día contra los garífunas no hay un pronunciamiento oficial de las Fuerzas Armadas lo que avizora otra crimen que quedará en la impunidad y los responsables continuarán en sus funciones como si no hubiera pasado nada.

Origen: Pasos de Animal Grande – Militares de la Fuerza Naval de Honduras asesinan a garífuna y hieren a otro

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Honduras: Militares matan a un hombre al confundirlo con narco

Una persona muerta y otra herida es el resultado de un tiroteo protagonizado por militares cuando confundieron a los ciudadanos con narcotraficantes.
El suceso se registró en Iriona, departamento de Colón, Honduras, durante un operativo de rutina.
Según datos preliminares, el incidente ocurrió cuando los ciudadanos intentaban cruzar la playa en una balsa.
Los militares creyeron que se trataba de narcotraficantes intentando trasladar droga, razón por la cual comenzaron a disparar.

En la balacera murió Joel Palacios (24), mientras que Elvis Armando García (19) recibió graves heridas de bala.

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El joven fue trasladado a un centro asistencial para su atención médica.

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Los ciudadanos exigieron justicia e informaron que en las próximas horas realizarán protestas.
Los militares están bajo custodia policial hasta que se investigue el caso.
http://www.latribuna.hn/2015/12/27/militares-matan-a-un-hombre-al-confundirlo-con-narco/

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2015/12/honduras-militares-matan-un-hombre-al.html

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Condenan a Honduras por violar derechos a comunidad garífuna

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Honduras por violar la propiedad privada colectiva en perjuicio de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz.

El caso se relaciona con las distintas problemáticas en torno al territorio de esa comunidad ubicada en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.

La demanda indica que los pobladores de ese lugar no poseen un título de propiedad sobre su territorio ancestral, idóneo y culturalmente adecuado.

Además se refiere a la denegación del derecho de ese pueblo a la participación en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen, así como de sus derechos a las garantías y protección judicial.

La CorteIDH explicó el Estado es responsable por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, así como la duración “más allá de un plazo razonable”, de las acciones judiciales y administrativas frente a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales

También declaró que Honduras es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva por haber incumplido sus obligaciones de delimitar y demarcar unas cientos de hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la comunidad.

El Estado tampoco cumplió con garantizar el uso y goce de los territorios que fueron otorgados ni efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta y participación de la comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación en el caso de proyectos turísticos.

Los jueces también consideraron al Estado responsable por la violación a su deber de adecuar el derecho interno, al no haber dispuesto normas o prácticas que permitieran garantizar el derecho a la consulta al momento de los hechos, lo cual se tradujo en las violaciones hacia la comunidad.

Como medida de reparación, la Corte ordenó al Estado hondureño proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la zona en dominio pleno de la comunidad, así como concederles una garantía de ocupación y un título de propiedad colectiva.

Además, iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, por causas relacionadas con la defensa de la tierra, así como crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

Origen: Condenan a Honduras por violar derechos a comunidad garífuna – Noticias Cholusat Sur

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Corte IDH condena al estado de Honduras por la violación de los derechos colectivos del pueblo Garífuna

Sambo Creek, 21 de diciembre de 2015.- Después de doce años de haber introducido una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones a los derechos de propiedad colectivos de las comunidades garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y Cayos Cochinos, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió dos sentencias en relación a las violaciones de los derechos colectivos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

La Corte IDH entre otras resalto “que el Estado es responsable por haber violado el derecho a la propiedad colectiva contenido en el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo1.1 de la misma, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros” y en el caso de Punta Piedra sobre la tenencia de la tierra indicó “la falta de garantía del uso y goce, a través de la ausencia de saneamiento por parte del Estado del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, durante más de 15 años, así como la falta de ejecución de los acuerdos de 2001 y 2006”.

Ademas agrega la Corte IDH, “Respecto del derecho a la consulta e identidad cultural, la Corte consideró que la consulta debe ser aplicada con anterioridad a cualquier proyecto de exploración que pueda afectar el territorio tradicional de las comunidades indígenas o tribales”.

La Corte señala además como se ha dado la inexistencia de la protección judicial, situación que afecta tanto al pueblo Garifun como los restantes pueblos indígenas del país, los que venimos padeciendo de un proceso sistemático de despojo bajo la visión de un “desarrollo” de corte neoliberal.

En el transcurso de la docena de años que tardaron los procesos, el estado de derecho en Honduras se ha visto cercenado por la politización y corrupción imperantes en el país, el cual a partir del golpe de estado del año 2009 ha entrado en una espiral imparable de violencia. Mientras las comunidades garífunas apoyadas por nuestra organización entablaron un sinnúmero de denuncias en relación a la violación a los derechos colectivos, el crimen organizado pasó a controlar el corredor de la costa norte del país.

El desconocimiento por parte de los operadores de justicia de los de los derechos de los pueblos indígenas y de los convenios internacionales que nos protegen, ha servido para que los juzgados emitan sentencias en contra de los derechos colectivos. En muchas ocasiones los fallos son emitidos con pleno conocimiento de sus falencias bordeando con el prefabricato.

A pesar de la existencia de convenios y tratados que protegen a los pueblos indígenas, además de las diversas sentencias emitidas por la Corte IDH, existe una tendencia en América Latina al saqueo y sometimiento de los pueblos indígenas, los que pagamos una enorme factura por los proyectos de “desarrollo”.

La sentencias obliga al estado de Honduras a la creación de fondos de desarrollo, para supuestamente incrementar el nivel económico de los habitantes de las comunidades. Sin embargo, teniendo en cuenta las características maquiavélicas de la administración gubernamental de turno, esos fondos pueden ser utilizados para suscitar la división y diluir los logros obtenido por las comunidades.

El cumplimiento de las sentencias está ligado a la reinstalación del estado de derecho que ha sido demolido en Honduras. El golpe a la Corte Suprema de Justicia (12-12-12) ha colocado a Honduras a borde del abismo, cimentando la dictadura civil y fomentando un caos jurídico.

A pesar del logro que representa las sentencias de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, las comunidades Garífunas se encuentran bajo la amenaza de la las ciudades modelo (Ley ZEDE) y de la disolución de los títulos comunitarios a través de la Ley de Propiedad impuesta por el Banco Mundial.

El pueblo Garífuna tiene en la actualidad tres casos más ante la CIDH y varias peticiones, en las que las violaciones a los derechos colectivos y humanos perpetradas por el Estado de Honduras, demuestran la existencia de una deliberada expulsión del país de nuestro pueblo.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.

Origen: Corte IDH condena al estado de Honduras por la violación de los derechos colectivos del pueblo Garífuna

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CorteIDH condena al Estado de Honduras por violar derechos territoriales de garífunas del Triunfo de la Cruz

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

San José, Costa Rica.-La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó hoy la sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el caso comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de febrero de 2013.

El texto íntegro de la sentencia y su resumen oficial pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm

Los hechos del caso se relacionan con la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz ubicada en el departamento de Atlántida, municipio de Tela. El Tribunal pudo constatar que se suscitaron distintas problemáticas en torno al territorio de la comunidad, las cuales se refieren a: i) la ampliación del radio urbano del municipio de Tela que abarcaba parte del territorio reclamado como tradicional por la Comunidad; ii) la venta de tierras que habían sido reconocidas como territorio tradicional por parte del Estado; iii) el traspaso por parte de la Corporación Municipal de Tela al Sindicato de Empleados y Trabajadores de esa municipalidad de tierras ubicadas en el territorio reivindicado por la Comunidad; iv) la creación del área protegida “Parque Nacional Punta Izopo” en parte del territorio tradicional de la Comunidad, y v) proyectos turísticos que se desarrollaron en el área reconocida como territorio tradicional de la Comunidad.

Los hechos del caso también se refieren a acciones relacionadas con solicitudes de titulación sobre distintos territorios, a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales, así como a investigaciones relacionadas con las presuntas amenazas y muertes contra cuatro miembros de la Comunidad.

La Corte declaró que el Estado de Honduras es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros.

Esta violación se generó por haber incumplido sus obligaciones de: i) delimitar y demarcar las aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993; ii) demarcar, delimitar y titular un lote de tierra de aproximadamente 408 hectáreas que fue reconocido como territorio tradicional de la Comunidad por el Instituto Nacional Agrario (INA); iii) garantizar el uso y goce de los territorios que fueron otorgados a la Comunidad en garantía de ocupación en el año 1979 y que fueron reconocidos como tierras tradicionales por el INA, y iv) efectuar un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la Comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación, en las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos “Marbella” y “Playa Escondida”, para la adopción del Decreto que estableció el área protegida Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo, y en lo relativo a la parte que se sobrepone con las tierras de la Comunidad sobre las cuales el Estado había otorgado un título de propiedad en el año 1993.

Asimismo, el Tribunal consideró que el Estado es responsable por la violación a su deber de adecuar el derecho interno, establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, por no haber dispuesto a nivel interno, con anterioridad a la adopción de la Ley de Propiedad de 2004, normas o prácticas que permitieran garantizar el derecho a la consulta al momento de los hechos, lo cual se tradujo en las violaciones constatadas en el caso concreto.

Del mismo modo, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, por: i) la resolución de una solicitud de dominio pleno que no contó con una respuesta que tomara en cuenta la naturaleza tradicional de uno de los lotes de su territorio; ii) la duración más allá de un plazo razonable de las acciones judiciales y administrativas frente a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales, y iii) la falta al deber de investigar varios hechos denunciados por la Comunidad y sus miembros y la falta de inicio de oficio de las investigaciones relativas a las muertes de cuatro integrantes de la Comunidad.

Con respecto a las reparaciones, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación: i) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; ii) proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación; iii) otorgar un título de propiedad colectiva, debidamente delimitado y demarcado, sobre un lote de tierra reconocida como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado; iv) iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales; v) garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; vi) crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y vii) crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

La Corte advierte que supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Juez Roberto F. Caldas, VicePresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; presentes, además Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta.

Origen: CorteIDH condena al Estado de Honduras por violar derechos territoriales de garífunas del Triunfo de la Cruz –

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CorteIDH sentencia a Estado de Honduras por violación a derechos de pueblo garífuna

Hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió un comunicado informando su resolución sobre Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras, en la cual encuentran al Estado de Honduras “internacionalmente responsable” por violación a varios derechos de la comunidad garífuna.

La violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el incumplimiento de delimitar y demarcar las aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993 es el primero en resaltar. Este caso además pone en discusión la forma en que los proyectos turísticos o habitacionales se instalan en las comunidades sin consultar a las mismas violando el derecho internacional a la Consulta Previa, libre e informada.

“No se efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la Comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación, en las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos “Marbella” y “Playa Escondida”, para la adopción del Decreto que estableció el área protegida Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo, y en lo relativo a la parte que se sobrepone con las tierras de la Comunidad sobre las cuales el Estado había otorgado un título de propiedad en el año 1993”; reza el comunicado.

Esta comunidad, al igual que todas las que se encuentran en Bahía de Tela han sufrido por años el despojo de su territorio, arrinconados por proyectos turísticos y reservas ambientales privadas en las que también se encuentran miembros del crimen organizado, según denuncias que miembros de la comunidad dieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tribunal compuesto por Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; visitó en agosto de 2015 la comunidad en la que caminaron por todo el territorio para constatar que las denuncias eran reales.

El caso del Triunfo de la Cruz fue interpuesto contra del Estado de Honduras, en relación a violaciones al ejercicio del derecho de la propiedad comunitaria, causados por los proyectos turísticos a manos de la élite de poder del país que además han construido sus mansiones en lo que anteriormente eran los yucales de las ancianas de la comunidad, “adquiridos” de forma dolosa o simplemente arrebatados con el contubernio de la municipalidad. El caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés alguno por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

Las dos comunidades ubicadas en los norteños departamentos de Atlántida y Colón, asistieron el año pasado a audiencias efectuadas en San José Costa Rica y Asunción Paraguay en los meses de mayo y septiembre, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido confrontando durante décadas, las que han colocado en peligro la sobrevivencia de las comunidades, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos a las que se han vistos expuestas.

Con respecto a las reparaciones, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación: i) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; ii) proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación; iii) otorgar un título de propiedad colectiva, debidamente delimitado y demarcado, sobre un lote de tierra reconocida como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado; iv) iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales; v) garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; vi) crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y vii) crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

Implicaciones

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, su 111 Período Ordinario de Sesiones en el que emitió seis sentencias que serán notificadas próximamente.

Entre estas sentencias se encuentran tres relacionadas con Honduras, cuyas implicaciones podrían tener un impacto significativo en temas fundamentales para la democracia y el Estado de derecho, tales como la independencia judicial y el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Una de las sentencias trata sobre el caso López Lone y otros, acerca de los tres jueces y una magistrada que fueron separados por oponerse al golpe de Estado, por denunciar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno de facto y por cumplir con su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Las otras dos sentencias se refieren a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y sus miembros, a quienes el Estado de Honduras a través de megaproyectos turísticos los está despojando de sus territorios ancestrales, violentando de esa manera su derecho a la consulta previa e informada.

“Sin duda alguna, de cumplirse con las expectativas que generan estas sentencias, sus puntos resolutivos podrían convertirse en una herramienta jurídica y política muy importante para promover cambios estructurales que favorezcan el respeto de la independencia judicial y de los derechos del pueblo garífuna y demás pueblos indígenas del país en relación con sus territorios.

A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos envía un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos”, escribió en un editorial el doctor en derecho Internacional Joaquín Mejía.

Origen: CorteIDH sentencia a Estado de Honduras por violación a derechos de pueblo garífuna

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Corte IDH sentencia al Estado hondureño por violar derecho a propiedad colectiva de garífunas

La Corte interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), notificó este viernes 18 de diciembre de 2015 la sentencia al  Estado hondureño por el caso de las comunidades Garífunas de  Triunfo de la Cruz y Punta Piedra , en el cual lo hace responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva.

 Por medio de un comunicado de prensa emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se informó de la notificación de la sentencia a las partes involucradas, tras una serie de de acciones en detrimento de esta comunidad, entre las que destacan la venta de tierras consideradas como territorio tradicional, el traspaso de las mismas a un sindicato del municipio, la creación de un parque nacional y de proyectos turísticos en dicha área reclamada.

Los hechos del caso también se refieren a acciones relacionadas con solicitudes de titulación sobre distintos territorios, a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales, así como a investigaciones relacionadas con las presuntas amenazas y muertes contra cuatro miembros de la Comunidad.

En exclusiva para pasosdeanimalgrande.com, Alfredo López,  vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras,(OFRANEH), reaccionó contento con las sentencias de la Corte y  dijo que seguirán de cerca el cumplimiento que ordena este órgano de justicia al Estado hondureño.

“Nosotros estamos contentos y hasta cierto punto confiados en el cumplimiento de las sentencias, que normalmente son 10 años los que tiene el Estado para el cumplimiento total por lo que revisaremos el fondo de la sentencia”, dijo López.

Además manifestó que plantearán una estrategia de presión para lograr que se cumpla y que no existan excusas ya que “tenemos un Estado irresponsable que hace todo lo posible para no cumplir con sus obligaciones de carácter internacional”.

Calificó como un reto para OFRANEH este nuevo proceso después de la notificación de la Corte IDH y se harán las valoraciones respectivas en reuniones tanto a nivel organizacional  así también  comunal con los pobladores y  pobladoras, y de esta forma realizar un trabajo en conjunto para que haya efectividad en lo sentenciado.

Ambas resoluciones fueron tomadas por la Corte interamericana en su 111 periodo ordinario de sesiones realizado en el mes de octubre de este año, con esta es la segunda sentencia de este órgano contra el Estado de Honduras, ya que anteriormente se notificó sobre caso del despido de tres jueces y una magistrada donde ordenó su reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido..

La comunidad de Triunfo de la Cruz se ubica en el municipio de Tela, departamento de Atlántida igual que Punta Piedra, con la diferencia que esta última se encuentra al este, aproximadamente a 400 kilómetros de Tegucigalpa.

Entrega del territorio a espalda de la comunidad fue la tarea del Estado en dos décadas

En la sentencia la Corte responsabilizó al Estado como responsable de violar el derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al incumplir una serie de obligaciones como delimitar aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad, en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993,  y de 480 hectáreas reconocidas como territorio tradicional.

Seguidamente no garantizó al pueblo garífuna de Triunfo de la Cruz, ante el reconocimiento hecho por el Instituto Nacional Agrario (INA) el uso y goce de los territorios que fueron otorgados, así como efectuar un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta de la Comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación.

Las reparaciones a cumplir por el Estado hacia el pueblo garífuna

Dentro de la sentencia, la Corte ordenó al Estado el cumplimiento de una serie de medidas de reparación como una forma de revertir el daño que por más de una década el Estado en conjunto con terratenientes, autoridades municipales y empresarios extranjeros, provocó en contra de la comunidad garífuna:

Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación.

Otorgar un título de propiedad colectiva, debidamente delimitado y demarcado, sobre un lote de tierra reconocida como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado;

–    Iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de los señores Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales.

–  Garantizar el libre acceso, uso, y goce de la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo.

–  Crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad.

–  Crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.

Corte IDH ordena saneamiento al Estado en territorios de Punta Piedra

Este mismo día el organismo judicial con sede en Costa Rica, notificó al Estado sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra en donde el haber logrado un saneamiento en la ocupación de las tierras por parte de otras personas y que corresponden a la comunidad en mención, ocasionó  un conflicto entre pobladores.

Se entiende como saneamiento el proceso que deriva en la obligación del Estado de remover cualquier tipo de interferencia, en este caso del territorio en cuestión.

Para el año de 1993, el Estado otorgó un título de propiedad a la Comunidad de Punta Piedra, el cual fue posteriormente ampliado en 1999, pero llegado el momento de la titulación una parte del territorio se encontraba ocupado por los pobladores de la Aldea de Río Miel. Esta situación generó diversas acciones de violencia dentro de las cuales se produjo la muerte del señor Félix Ordóñez Suazo, quien fuera un miembro de la Comunidad de Punta Piedra.

En cuanto al reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, la Corte concluyó que la falta de garantía del uso y goce del territorio de la Comunidad de Punta Piedra, debido a la ausencia de saneamiento del mismo por parte del Estado, así como la no ejecución de los acuerdos conciliatorios, impidió a la Comunidad el goce de la posesión y protección efectiva de su territorio frente a terceros.

En esta comunidad se evidenció la falta de consulta cuando fue otorgada una concesión minera sin  tomar en cuenta la opinión de las personas que habitan allí, con esto también el Tribunal internacional cuestionó la normativa interna porque carece de precisión en relación con las etapas previas de la consulta, supeditando su realización a la fase anterior a la explotación, pero no a la exploración.

Dentro de las medidas para la reparación emitidas por la  Corte y que el Estado de Honduras debe cumplir, están garantizar el uso y goce a través del saneamiento de las tierras tradicionales que fueron tituladas a favor de la Comunidad de Punta Piedra, igualmente llevar un proceso de consulta sobre cualquier proyecto de explotación de recurso y que se  adopten medidas a fin de que las disposiciones reglamentarias sobre minería no menoscaben el derecho a la consulta.

También se ordenó la creación de un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad de Punta Piedra, continuar y concluir en un plazo razonable, la investigación por la muerte de Félix Ordóñez Suazo y demás denuncias interpuestas en la jurisdicción interna, y en su caso, sancionar a los responsables.

Origen: Pasos de Animal Grande – Corte IDH sentencia al Estado hondureño por violar derecho a propiedad colectiva de garífunas

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El canadiense: Chronology of Jorgensen’s usurpation of Garifuna land in Honduras

An outline of the background to a court case against Canadian developer Randy Jorgensen for the usurpation of collective Garifuna land, a chronology of proceedings included in the court’s case file, and the basic details of the November 13, 2015 hearing and ruling.

Origen: El canadiense: Chronology of Jorgensen’s usurpation of Garifuna land in Honduras

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Bahía de Tela: el tercer destierro

Origen: Bahía de Tela: el tercer destierro

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Gobierno de Honduras pretende imponer Ley Indígena para diluir el convenio 169 de la OIT

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

Los pueblos indígenas aunados en el observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) denunciaron el pasado 5 de diciembre en la ciudad de El Progreso, Yoro, que el actual gobierno de Juan Hernández, pretende imponer una ley indígena con el propósito de diluir el Convenio 169 de la OIT.

En la reunión participaron los pueblos indígenas Pech, Maya-Chortí, Lencas, Garífunas, Miskitos y Tolupanes.

Un padre Pech junto  a su hija

Un padre Pech junto a su hija

En un comunicado emitido este jueves, han denunciado que la Ley no fue consultada y ha sido rechazado su contenido en múltiples ocasiones, ante su esencia colonialista y la entrega de sus derechos a un Estado cuyas administraciones gubernamentales, se encuentran atrofiadas por la corrupción y el clientelismo político.

La ODHPINH rechaza la violencia con que el Estado y sus secuaces, responde a las demandas de los pueblos indígenas y garífunas, tal como es el caso del atentado contra el defensor del territorio Garífuna de Trujillo, Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre.

También solicitan a los operadores de justicia, específicamente al Juzgado de Letras de Trujillo apegarse a derecho y hacer prevalecer la justicia en el caso del despojo perpetrado por Randy Jorgensen, el que asociado a otros inversionistas canadienses se apoderó de gran parte de los territorios de las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo.

El Observatorio además exige la condena de los militares implicados en el asesinato del compañero Lenca, Tomas García y el intento de homicidio contra el menor Allan García, hecho perpetrado por el Ejército de Honduras en julio del 2013, producto de la represión del gobierno frente a la defensa pacifica del pueblo Lenca del Río Gualcarque contra la empresa DESA y el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en Río Blanco.

Mujeres tolupanes

Mujeres tolupanes

Denunciaron también la militarización que se viene dando en las comunidades indígenas a lo largo del continente en nombre de la supuesta guerra contra las drogas, tras décadas donde las mismas autoridades tanto militares como civiles han estado al servicio del crimen organizado.

En su comunicado además denunciaron la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado desde hace más de 20 años con el pueblo Maya Chorti, quienes hoy día han sido amenazados con la represión si continúan exigiendo la entrega y reconocimiento de sus territorios ancestrales a través de la ocupación pacífica del Centro Ceremonial de Copan.

Rechazaron rotundamente la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidos también como “ciudades modelo”, y la entrega del territorio nacional a inversionistas extranjeros.

Los garifunas han sido desalojados de sus tierras en el caribe hondureño

Los garifunas han sido desalojados de sus tierras en el caribe hondureño

En el caso del pueblo Garífuna, las ZEDE en la Bahía de Trujillo, nunca fueron consultadas con las comunidades, encontrándose los pobladores de Puerto Castilla a punto de ser relocalizados como lo señalan las amenazas proferidas por personajes relacionados con el proyecto neoliberal.

ODHPINH hiso un llamado a los estados participantes en la COP21 para que de una vez por todas emitan una Convención vinculante, en la cual se fije como tope del aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados centígrados, y se logre el financiamiento necesario para la implementación de medidas concretas de mitigación y adaptación que no sean regidas por el mercado.

Finalmente El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas de Honduras, ODHPINH, manifiesta un reconocimiento a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, la que en su informe preliminar sobre su visita a Honduras, señaló la grave situación por la que atravesamos los pueblos indígenas ante la dictadura civil que enfrenta el país.

Origen: Gobierno de Honduras pretende imponer Ley Indígena para diluir el convenio 169 de la OIT –

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Comunicado del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras, ODHPINH

Reunidos representantes de los pueblos indígenas, Pech, Maya-Chorti, Lencas, Garifunas, Miskitos y Tolupanes, para analizar y discutir la situación que enfrentan nuestras comunidades y pueblos en el escenario actual, Concluimos:

La actual administración gubernamental pretende imponer una Ley Indígena la cual se encuentra en el Congreso Nacional, diseñada por el Banco interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de diluir el Convenio 169 de la OIT. La Ley no fue consultada y ha sido rechazado su contenido en múltiples ocasiones, ante su esencia colonialista y la entrega de nuestro derechos a un Estado cuyas administraciones gubernamentales, se encuentran atrofiadas por la corrupción y el clientelismo.

Señalamos que el Capitulo V  de la Ley sobre  Recursos Naturales, sienta las bases para la explotación de los bienes comunes desde una perspectiva neoliberal, atribuyéndose el estado el control, uso y dispensa de concesiones. No obstante mencionar el requerimiento de la Consulta previa, conociendo la corrupción imperante socavará las buenas intenciones, tal como sucedió con la concesión de petróleo de la plataforma continental en la Moskitia.

ODHPINH rechaza la violencia con que el Estado y sus secuaces, responde a las demandas de nuestros pueblos, tal como es el caso del atentado contra el defensor del territorio Garífuna de Trujillo, Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre. De paso solicitamos a los operadores de justicia, específicamente al Juzgado de Letras de Trujillo apegarse a derecho y hacer prevalecer la justicia en el caso del despojo perpetrado por Randy Jorgensen, el que asociado a otros inversionistas canadienses se apoderó de gran parte de los territorios de las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo.

El Observatorio además exige la condena de los militares implicados en el asesinato del compañero Lenca Tomas García y el intento de homicidio contra el menor Allan García, hecho perpetrado por el Ejército de Honduras en julio del 2013, producto de la represión del gobierno frente a la defensa pacifica del pueblo Lenca del Río Gualcarque contra la empresa DESA y el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en Río Blanco.

Denunciamos la persistencia en la destrucción de los ríos del territorio Lenca, promovida por los bancos FICOSAH, DMO, incluyendo los Mecanismos Desarrollo Limpio del Fondo de Carbono de Naciones Unidas, situación que ha generado violencia y represión contra las comunidades indígenas a las que se les ha denegado su derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada.

En relación a la Tribu Locomapa del pueblo Tolupan, exigimos el respeto a las medidas cautelares emitidas a favor de líderes amenazados y perseguidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la aplicación de justicia en relación a los homicidios cometidos por el crimen organizado ante el rechazo a la minería ilegal.

Señalamos la manipulación por parte de la Embajada de los Estados Unidos en cuanto al caso de la masacre de Ahuas (11 mayo de 2011), la que ha permanecido en la impunidad, sin que las autoridades hondureñas o estadounidense hayan asumido ninguna responsabilidad.

Denunciamos la militarización que se viene dando en las comunidades indígenas a lo largo del continente en nombre de la supuestas guerra contra las drogas, tras décadas donde las mismas autoridades tanto militares como civiles han estado al servicio del crimen organizado.

Denunciamos la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado desde hace mas de 20 años con el pueblo Maya Chorti, quienes hoy día han sido amenazados con la represión si continúan exigiendo la entrega y reconocimiento de sus territorios ancestrales a través de la ocupación pacifica del Centro Ceremonial de Copan.

Denunciamos los mapeos en territorios indígenas como una estrategia de contrainteligencia disfrazados de proyectos académicos y ambientalistas, los que además de poner en riesgo los bienes comunes de nuestro pueblos facilitarían la represión dirigida a quienes se oponen a las políticas nacionales e imperiales.

Rechazamos rotundamente la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) conocidos también como “ciudades modelo”, y la entrega del territorio nacional a inversionistas extranjeros. En el caso del pueblo Garífuna, las ZEDE en la Bahía de Trujillo, nunca fueron consultadas con las comunidades, encontrándose los pobladores de Puerto Castilla a punto de ser relocalizados como lo señalan las amenazas proferidas por personajes relacionados con el proyecto neoliberal

Los pueblos indígenas de Honduras somos el segmento poblacional más afectado por el cambio climático y sus severas consecuencias, sin embargo la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, además de no haber sido consultada con nuestros pueblos, su supuesta implementación ha sido municipalizada. De paso denunciamos las falsas soluciones al cambio climático promovidas por Naciones Unidas y el Estado, tales como los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MLD) y el programa de Reducción de la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés).

ODHPINH hace un llamado a los estados participantes en la COP21 para que de una vez por todas emitan una Convención vinculante, en la cual se fije como tope del aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados centígrados, y se logre el financiamiento necesario para la implementación de medidas concretas de mitigación y adaptación que no sean regidas por el mercado.

Finalmente El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas de Honduras, ODHPINH, manifiesta un reconocimiento a la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, la que en su informe preliminar sobre su visita a Honduras, señaló la grave situación por la que atravesamos los pueblos indígenas ante la dictadura civil que enfrenta el país.

Dado en la Ciudad de El Progreso a los cinco días del mes de diciembre del 2015

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The Struggle Continues: Garifuna land defender shot in Honduras

“This is where the first bullet grazed me,” says Vidal Leiva, pointing to the side of his face. Shot three times outside his home on Nov. 27, the Garifuna

Origen: The Struggle Continues: Garifuna land defender shot in Honduras

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El atentado contra Vidal Leiva, y la intervención canadiense en la bahía de Trujillo

Sambo Creek, 3 de Diciembre del 2015.- El atentado sufrido por el líder comunitario Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre en Trujillo, no es más que el resultado de la estrategia estatal para la entrega del territorio Garífuna a inversionistas extranjeros, como parte del experimento neoliberal de las ciudades modelo (ZEDE) en Honduras.

Vidal recibió tres impactos de bala, y aunque se encuentra en condición estable, tememos por su vida, ya que las amenazas en su contra se generaron desde hace meses, cuando el Comité de Defensa de Tierras de las comunidades de Cristales y Río Negro iniciaron una investigación sobre las ventas de tierras ilegales que se han efectuado a espaldas de la comunidad, con la complicidad de las autoridades municipales y el Registro de la Propiedad.

A partir del año 2008, la comunidad de Guadalupe presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Etnias, por las ventas de tierras ilegales que se estaban efectuando, sin que hubiera intervención estatal alguna para frenar las transacciones, ante la terminante prohibición que existe en los títulos comunitarios de vender a foráneos. Esta cláusula es determinante para poder preservar la propiedad comunitaria que ampara a las comunidades indígenas.

El empresario canadiense Randy Jorgensen, conocido como el “rey del Porno” en su país de origen, protegido por el clan de los Lobo, específicamente por el controvertido Ramón Lobo, y asociado con figuras relevantes del partido de gobierno, se apoderó de los hábitat funcionales de las comunidades de Guadalupe, Santa Fe, San Antonio y Trujillo. Posterior al golpe de estado del año 2009, durante la dictadura de Roberto Micheletti, presionó a los habitantes de la comunidad de Río Negro con la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa (1913), obligando a los habitantes a vender sus casas de habitación a precios irrisorios, para posteriormente construir la terminal del muelle de cruceros conocida como Banana Coast.

A partir del año 2010, las administraciones “nacionalistas” de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, han cifrado el éxito de sus gestiones en la imposición de las ciudades modelo, conocidas también en su primera versión como Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), las que fueron declaradas inconstitucionales, y posteriormente reinventadas como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Las dos versiones de las ciudades modelo han convertido al territorio Garífuna en un objetivo de subasta al capital extranjero.

Jorgensen y un grupo de inversionistas canadienses acudieron a la sesion especial del Congreso Nacional en Gracias, Lempira, donde se dio luz verde al reglamento de la Ley RED. Incluso, Paul Romer, supuesto autor intelectual de las ciudades modelo, efectuó una gira en Canadá acompañado de Octavio Sanchez, redactor de la Ley RED, con el propósito de asegurar las inversiones de ese país. Los dos firman un artículo publicado por el Global and Mail, donde hablan de una presunta participación de Canadá en la gobernanza de la ciudad modelo.

Las condiciones semi feudales que imperan en Honduras y el colapso del aparato judicial han permitido que el crimen organizado se apodere de la costa norte de Honduras, dando lugar a múltiples conflictos sociales que son solapados por la campaña permanente del poder ejecutivo ´para intentar revertir la imagen de estado fallido que arrastra la actual administración. Jorgensen se limita descalificar cualquier reclamo aduciendo que estos provienen de “facciones extremistas” dedicadas a crear problemas.

Los miembros del Comité de Defensa territorial de Cristales y Río Negro acusan al encargado de la seguridad del “rey del porno” de haber iniciado un seguimiento permanente a los miembros del Comité, los cuales se incrementaron a raíz del juicio efectuado el pasado 13 de noviembre en contra de Jorgensen, acusado de usurpación de tierras comunitarias.

Conociendo la inclinación a la violencia con que actúa la élite de poder nacional, la implementación de las ZEDE en la bahía de Trujillo, en especial en Puerto Castilla se efectuará a sangre y fuego. Los cuatro mil habitantes de Castilla han sido notificados de forma no oficial que serán relocalizados en Plan Grande, comunidad localizada al oeste de Betulia, fuera de la Bahía de Trujillo.

Las presiones territoriales que enfrenta el pueblo Garífuna cada día se agudizan más. Desde los desalojos en Barra Vieja, Puerto Castilla y Armenia a la persecución sistemática de los defensores del territorio, los que se ven amenazados de muerte al mismo tiempo que presentarse periódicamente a los juzgados ya que muchos de ellos son acusados de ser invasores de sus territorios, demuestran las violaciones a los derechos humanos del pueblo Garifuna, señaladas por la Relatora de Naciones Unidas sobre Pueblos indígenas, la Sra Victoria Tauli-Corpuz y posteriormente por el Relator de Naciones Unidas sobre Desplazados internos el Sr Chaloca Beyani.

La OFRANEH exige una pronta investigación y castigo a los culpables de este atentado contra nuestros compañero Vidal Leiva, así mismo denunciamos la persecución, criminalización, hostigamiento y represión contra los líderes y dirigentes comunitarios de toda la Bahía de Trujillo, quienes vienen desarrollando un trabajo de reivindicación de su territorio ancestral, el cual es necesario para garantizar la sobrevivencia de las futuras generaciones del pueblo Garifuna.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Origen: El atentado contra Vidal Leiva, y la intervención canadiense en la bahía de Trujillo

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Alerta: Atentan contra la vida de defensor del territorio Garífuna en Trujillo

Sambo Creek, 30 de noviembre de 2015.- El pasado viernes 27 de noviembre, en la ciudad de Trujillo nuestro compañero Vidal Leiva, presidente del Comité de Defensa de Tierras de las comunidades Garifunas de Cristales y Río Negro, Trujillo, sufrió un atentado a manos de sicarios.

Leiva recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el pulmón y otro en el hígado. A pesar de la gravedad de las heridas el líder comunitario Garifuna se encuentra en condicione estables. No obstante en la comunidad impera el miedo ante las amenazas existentes en contra de los integrantes del Comité de Defensa de Tierras, los que atestiguan sufrir “seguimientos” realizados por personas ajenas a la comunidad.

Tanto el herido como testigos oculares señalan a dos mestizos como hechores. Cabe mencionar que el lugar de los hechos se encuentra a una cuadra de distancia de lo que es aparentemente una oficina del Quinceavo Batallón de infantería en Trujillo.

El pasado 13 de noviembre se inició el juicio contra el canadiense Randy Jugersesen, acusado de usurpación por el Ministerio Público. La Fiscalía de las Etnias a petición de la OFRANEH, presento un requerimiento fiscal en diciembre del 2011 en contra del rey del Porno -como se le conoce en el país al inversionista- y libró una orden de captura en su contra por desacato al no presentarse en diversas ocasiones al ser citado por las autoridades.

Las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo han sido afectadas por fuertes presiones territoriales promovidas desde el año 2007 por el rey del porno, llegando a su apogeo con la demolición de Río Negro en el año 2010, promovida desde la Municipalidad y lograda a través de la amenaza de “expropiación forzosa”, con el propósito de construir el muelle de cruceros conocido como el Banana Coast.

Miembros de la comunidad afirman que posterior a la audiencia efectuada el 13 de noviembre, comenzó una campaña de hostigamiento en contra de los líderes comunitarios que se han destacado por la lucha en la defensa del territorio. El Comite de Defensa Territorial señala al Sr. Joel Ruiz, conocido como Cayo o el “sicario de Randy”, de haber fotografiado y seguido a Vidal Leiva y a otros defensores de la tierra.

El rey del porno ha contado con el apoyo del funesto clan Lobo, especialmente de Ramón Lobo, e incluso recibió un reconocimiento publico por parte de Porfirio Lobo en el 2011. Además ha contado con el apoyo incondicional de la Municipalidad de Trujillo y Santa Fe donde se apropió del hábitat funcional de las comunidades de Guadalupe, San Antonio y Santa Fe. En el caso incoado en su contra por la apropiación de las tierras de Cristales y Río Negro recibió un sobreseimiento provisional por parte del Juzgado de Letras.

Testigos señalan que la Dirección general de investigaciones Criminales (DGIC) rechazó la denuncia interpuesta por los familiares de Vidal, aduciendo que el mismo se había infringido las heridas. El comportamiento de los operadores de justicia en la Bahía de Trujillo ha sido señalado en múltiples ocasiones como inoperante o en contubernio con los transgresores de la ley.

Una de las mayores problemáticas que confrontamos los hondureños en especial los pueblos indígenas es el aparato judicial y la politización de la aplicación de justicia, situación que se agravó con el golpe a la Corte Constitucional y el control que ha venido ejerciendo el crimen organizado en la costa norte de Honduras.

Las comunidades Garifunas de la Bahía de Trujillo han venido denunciado desde el año 2007 la apropiación de sus territorios, en especial a las intervenciones del rey del porno. Es hasta el 2015 que se inicia los oficios para dilucidar los despojos que se han dado en la Bahía de Trujillo, al mismo tiempo que se pretende instaurar una ciudad modelo desde el río Aguan hasta Betulia, proyecto que implica el desalojo de mas de cuatro mil personas radicadas en Puerto Castilla.

La OFRANEH exige una investigación exhaustiva sobre el atentado, además que de una vez por todas el Ministerio Público investigue las usurpaciones y compras ilegales realizadas por Jorgensen, así mismo el Juzgado de Letras de Trujillo se apegue a derecho evitando el prevaricato como se dio con el caso de las tierras ocupadas por el proyecto Coroza Alta

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para estar atentos a esta problemática de Trujillo que a todas luces se conflictuara mucho mas, porque las comunidades Garifunas de la Bahía de Trujillo, no esta dispuesta a continuar perdiendo su territorio.

La OFRANEH se mantiene en pie de lucha por la defensa de las tierras y territorios del pueblo Garifuna, derecho que nos asiste, tal como está consigna en el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

!!! Con la fuerza de Barauda y Satuye, continuaremos nuestra lucha!!!

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Origen: Alerta: Atentan contra la vida de defensor del territorio Garífuna en Trujillo

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Caso atentado contra dirigente garífuna: DNIC rechazó la denuncia aduciendo que el afectado se disparó nueve veces a sí mismo

La Dirección Nacional de Investigación Criminal, (DNIC), rechazó la denuncia interpuesta por los familiares de Vidal Leiva, bajo el argumento que él mismo se había infringido las heridas, denunció Alfredo López, Vicepresidente de OFRANEH.

La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) denunció por medio de una alerta este lunes 30 de noviembre de 2015 que el defensor de derechos humanos  Vidal Leiva fue objeto de un atentado a balazos por parte de sicarios, el pasado viernes 27 de este mes mientras se conducía en la ciudad de Trujillo.

López  le informó a pasosdeanimalgrande.com que Leiva recibió nueve disparos, de los cuales tres le impactaron en su cuerpo y dos de estos estuvieron a punto de liquidarlo al provocarle daños en un riñón y en el hígado respectivamente. Se encuentra hospitalizado pero su salud es estable agregó.

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Alfredo López, Vice presidente OFRANEH

Vidal Leiva actualmente es Presidente del Comité de Defensa de Tierras de las comunidades Garífunas de Cristales y Rio negro y se está postulando como candidato a la Presidencia de la comunidad para las elecciones a realizarse en enero del próximo año, aseguró López.

De acuerdo con una alerta publicada en el sitio web de OFRANEH, tanto el herido como testigos  sospechan como responsables de este hecho  criminal a dos mestizos que realizan acciones de amedrentamiento contra quienes defienden el territorio de la amenaza de los terratenientes. En la información se detalló que el lugar en donde se efectuó el ataque está a una cuadra aproximadamente de las oficinas del 15avo batallón de infantería en Trujillo.

Estos mismo testigos mencionaron que la Dirección Nacional de Investigación Criminal, (DNIC), rechazó la denuncia interpuesta por los familiares de Vidal, bajo el argumento que “el mismo se había infringido las heridas”. En diversas ocasiones la organización defensora del pueblo garífuna ha denunciado el comportamiento de los operadores de justicia en la Bahía de Trujillo los que son señalados en múltiples ocasiones como inoperante o en contubernio con los transgresores de la ley.

Las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo han sido afectadas por fuertes presiones territoriales promovidas desde el año 2007 por este inversionista, consumando con la demolición de Río Negro en el año 2010, con la venia de la Municipalidad y lograda a través de la amenaza de “expropiación forzosa”, con el propósito de construir el muelle de cruceros conocido como el Banana Coast.

Amenazas aumentan luego de realizarse audiencia contra “Rey del Porno”

“Las amenazas en contra de los defensores del pueblo garífuna son permanentes, pero se han agudizado en los últimos días después de la audiencia que se realizó contra el rey del Porno, Randy Jugersesen”,  detalló Alfredo López en referencia al proceso que se le sigue a este empresario por el delito de usurpación de tierras garífunas.

Señaló que durante la audiencia del pasado 13 de noviembre contra el inversionista norteamericano, hombres contratados por él estuvieron tomando fotografías desde unos automóviles polarizados contra ciudadanos y ciudadanas garífunas, la mayoría representantes de comunidades y defensores de derechos humanos.

Nos enfrentamos a una situación de impunidad e indefensión

Este proceso del cual se deriva la presentación de Jugersesen, de origen canadiense, se logró como resultado de una denuncia presentada por OFRANEH ante la Fiscalía de las Etnias, misma que emitió un requerimiento fiscal en diciembre de 2011. En agosto del año 2013, dos años después, el Juzgado de Letras de Trujillo emitió una constancia de desacato dado que el ciudadano norteamericano ignoró las citaciones.

Finalmente para el mes de junio del presente año, se libró una orden de captura en su contra. Con una enorme renuencia el canadiense optó por presentarse al Juzgado, el cual fijó para  13 de noviembre pasado la audiencia en el juicio que se le sigue.

“Van a tener que matarnos a todos porque no nos vamos  quedar sentados viendo como se apodera de nuestro territorio, somos un pueblo milenario y en resistencia no nos vamos a aguevar. Tenemos problemas porque nos dejan fuera de circulación un compañero pero aún y con la presencia de estos escuadrones de la muerte, asalariados por inversionistas extranjeros, nosotros vamos a responder con determinación de continuar trabajando contra las disposiciones de este actual gobierno” puntualizó López.

Origen: Pasos de Animal Grande – Caso atentado contra dirigente garífuna: DNIC rechazó la denuncia aduciendo que el afectado se disparó nueve veces a sí mismo

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Atentan contra la vida de defensor del territorio Garífuna en Trujillo

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Sambo Creek.  El pasado viernes 27 de noviembre, en la ciudad de Trujillo el defensor del territorio Garifuna, Vidal Leiva, presidente del Comité de Defensa de Tierras de las comunidades Garifunas de Cristales y Río Negro, Trujillo, sufrió un atentado a manos de sicarios. Leiva recibió tres impactos de bala, uno […]

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Según Relatora de la ONU la justicia es una ilusión para los pueblos indígenas en Honduras

Wednesday, 11 November 2015

“En el curso de mi visita y de mi examen de la situación de los pueblos indígenas, he observado la situación crítica a la que se enfrentan” , expresó la Relatora Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, este 10 de noviembre de 2015, al término de  una visita por nueve días en Honduras.

Tauli Corpuz llegó a Honduras el pasado 02 de noviembre y sostuvo reuniones con organizaciones y autoridades municipales de municipios ubicados en cuatro departamentos.

Entre las comunidades que se encontraron  con la Relatora  destacan las representaciones del pueblo indígena Lenca, Maya Chortí, Nahua, Tolupán, Garífuna, Pech, Tawanka y Miskito.

Además de su agenda en capital de la República, estuvo en las comunidades de Rio Blanco, Auka, La esperanza, Puerto Lempira y La Ceiba.

“Un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales” planteó durante el desarrollo de la conferencia de prensa.

Otro de los problemas que identificó durante su reunión  con el pueblo Lenca es la falta de consulta sobre los proyectos hidroeléctricos y de concesiones mineras en sus comunidades, tales como la represa de Agua Zarca en Río Blanco,  Intibucá,  en donde se pone en riesgo sus medios de vida y sus identidades culturales, incluso hay asesinatos, amenazas e intimidación.

La justicia es una ilusión

La Relatora de pueblos indígenas se mostró preocupada por el ambiente de impunidad y violencia que impera en estas comunidades, específicamente hacia miembros de la tribu Tolupán en donde le describieron una situación de “violencia extrema” que tiene como resultado hasta asesinatos de esta tribu.

“Esto va acompañado por la impunidad de los perpetradores de estos crímenes, lo que convierte a la justicia en una ilusión..su capacidad de obtener justicia se ve obstaculizada por diversos factores, que incluyen: la falta de conocimientos de los operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas….el racismo y la discriminación…esto evidencia la urgente necesidad de mecanismos legales, administrativos o de otro tipo que permitan a los pueblos indígenas presentar demandas por violación a sus derechos territoriales y sus derechos humanos fundamentales para obtener reparación   ”, destacó la representante de la ONU.

Subrayó que la falta de los mecanismos antes mencionados ha llevado a los pueblos indígenas a la protesta pacífica, “lo que desgraciadamente ha resultado en la criminalización de quienes defienden sus tierras”.

Aún y cuando mencionó que el Estado hondureño había ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT,  y se declaró a favor de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y negros , sin embargo la violación constante a los derechos de los pueblos indígenas contrasta con  los compromisos firmado.

“Esta Relatoría presentará un informe ante el Consejo de Derechos humanos, (CDH), en 2016 en el que hará observaciones sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas en el país”, dijo Tauli-Corpuz.

Mujeres, niñas y juventudes indígenas sufren problemas graves

En su informe preliminar la relatora incluyó lo concerniente a la situación de las mujeres y las niñas  indígenas que “sufren problemas graves y específicos. La trata y la prostirución de m ujeres y niñas indígenas, como parte de las actividades del crimen organizado fue también una preocupación expresada en mis reuniones. Se me informó también sobre la situación de la juventud en las comunidades indígenas. De acuerdo con algunos testimonios, la desposesión de tierras y recursos en las comunidades ha producido una falta de oportunidades para las generaciones jóvenes que los convierte en presas fáciles del crimen organizado y les obliga a emigrar.

La problemática desde la cosmovisión de las comunidades

alfredo lopez

Alfredo López, Vice Presidente de OFRANEH.

Foto: Honduprensa

Para Alfredo López, Vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH) , es importante que desde Naciones Unidas se haya constatado la violación sistemática de derechos humanos de los pueblos indígenas y afro descendientes.

A criterio de López es “de suma importancia” que la Relatora dé fe de los atropellos contra estas comunidades, mismos que aumentarán con el auge de las “Ciudades Modelo” en los departamentos de Atlántida y Colón, lo que catalogó como “una situación más agresiva” en contra de sus comunidades.

“Ella se manifestó preocupada con la situación de las ZEDES, porque lejos de mejorar esto, es un retroceso enorme que retrata al Estado hondureño como un violador sistemático de los derechos humanos, en especial de nuestro territorio” argumentó el dirigente de OFRANEH.

Calificó que “no existe respeto ni muestras de una voluntad política por  parte del gobierno y de  quienes controlan el sistema político y económico del país para el respeto de nuestro territorio, es mas se allana el camino para usurparlo”.

Actualmente y según datos en poder de la organización defensora del pueblo garífuna, son más de 20 comunidades afectadas por  las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).

Según el informe preliminar presentado por la Relatora Victoria Tauli-Corpuz, quien destacó el papel de empresarios del turismo que se  establecen en territorios garífunas, tal es el caso del complejo Indura Beach Resort que se ubica  en la comunidad de Barra Vieja, municipio de Tela, el cual fue inaugurado en noviembre de 2013, sin consulta previa a los pobladores.

Gobierno con cartas bajo la manga

Como sucede siempre en las visitas de esta naturaleza, el gobierno de Honduras a través de las distintas instituciones se lució con las respectivas cartas bajo la manga para hacer ver que se protegen los derechos de los pueblos indígenas y negros, lo que no dijeron los representantes estatales es que engavetan los juicios contra los perpetradores y agilizan procesos de criminalización de la dirigencia, sin argumentar falta de recursos humanos o financieros sino que el fin último es callar las voces que se levantan.

Ella se reunió con diferentes funcionarios entre ellos con diputados del Congreso Nacional, es muy probable que no le dijeron que han concesionado los ríos en territorios indígenas y zonas donde hay poblaciones garífunas a las que han desplazado a fuerza de balas para establecer proyectos turísticos.

Aunque la Relatora utilizó leguaje diplomático, hizo subrayados importantes como el hecho de reconocer que recomendó al gobierno de Honduras el fortalecimiento de la capacidad institucional y una mayor coordinación interministerial.

Según su opinión tiene esperanzas que estas cosas se resuelvan con el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos en Honduras que podrá ayudar tanto al gobierno como a los pueblos indígenas a conseguir plena aplicación de sus derechos.

 

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Tres sentencias más sobre Honduras – 10 Noviembre 2015

Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, su 111 Período Ordinario de Sesiones en el que emitió seis sentencias que serán notificadas próximamente.

Entre estas sentencias se encuentran tres relacionadas con Honduras, cuyas implicaciones podrían tener un impacto significativo en temas fundamentales para la democracia y el Estado de derecho, tales como la independencia judicial y el respeto a los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Un​a​ de las sentencias trata sobre el caso López Lone y otros, acerca de los tres jueces y una magistrada que fueron separados por oponerse al golpe de Estado, por denunciar la complicidad de la Corte Suprema de Justicia con el gobierno de facto y por cumplir con su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Las otras dos sentencias se refieren a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y sus miembros, a quienes el Estado de Honduras a través de megaproyectos turísticos los está despojando de sus territorios ancestrales, violentando de esa manera su derecho a la consulta previa e informada.

Sin duda alguna, de cumplirse con las expectativas que generan estas sentencias, sus puntos resolutivos podrían convertirse en una herramienta jurídica y política muy importante para promover cambios estructurales que favorezcan el respeto de la independencia judicial y de los derechos del pueblo garífuna y demás pueblos indígenas del país en relación con sus territorios.

A través de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede enviar un mensaje contundente al Estado hondureño y demás Estados de la región que creen que pueden seguir tratando a su ciudadanía como súbditos, y dejar claro que los derechos humanos están por encima del poder público, que está en la obligación de respetarlos, promoverlos y garantizarlos.

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Bahía de Tela: El tercer destierro

Sinopsis: EL proyecto Bahía de Tela, con su nombre visible Indura, es un proyecto turístico instalado en el caribe hondureño desde 2003, en medio de una zona reconocida internacionalmente por su enorme riqueza natural.
Sin embargo, bahía de Tela no se encuentra abandonada. Gran parte de este territorio ha sido hogar de comunidades Garífunas por más de 200 años. Este megaproyecto turístico promete desarrollo, empleo, y parte de las ganancias, en medio de un conflicto que va desarticulando la vida comunitaria de un pueblo que se resiste a un tercer destierro.

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“Rey del Porno” canadiense comparece en audiencia acusado de usurpación del territorio Garífuna

ambo Creek, 13 de noviembre de 2015.- Después de varios años de espera, finalmente el canadiense Randy Jorgensen comparecerá el día de hoy ante el Juzgado de Trujillo, sindicado de usurpar tierras pertenecientes a la comunidad Garífuna de Cristales y Río negro en Trujillo

El 20 de julio del año 2007l los señores Simeón Gonzales Laboriel y Omar Loredo David, fiscal y presidente de la comunidad Garífuna de Cistales y Río Negro, vendieron de forma  ilegal a la Sra Orleis Reneand Cubas, un lote de terreno de 76 manzanas pertenecientes a la comunidad Garífuna por la cantidad de 100 mil lempiras. la Sra Reneand posteriormente venido al canadiense Randy Jurgensen por la cifra de 400 mil lempiras.

A pesar del precio irrisorio que pagó el rey del Porno -nombre con el cual se le conoce a Jurgensen en su país de origen- se apropió ademas de vaias manzanas de tierra  del territorio comunitario, las que finalmente utilizó para la construcción de un proyecto de villas de lujo que ha venido vendiendo a extranjeros.

A pesar de las denuncias interpuestas, Jorgensen ignoró la usurpación, demostrando un enorme desdén tanto por la comunidad Garìfuna, como por el sistema de justicia, el cual hasta la fecha pretende manejar.

El feudalismo existente en el país, se incrementó después del golpe de estado  del año 2009, cuando la elite de poder se fusionó con el crimen organizado, siendo más dramática la situación con el golpe del poder legislativo al judicial (12-12-12), como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de las ciudades modelo.

Jurgensen desde hace años se encuentra asociado al clan de los Lobo, específicamente de Ramón Lobo, siniestro personaje de una enorme influencia en el departamento de Colón. Ademas de contar con el apoyo incondicional de los alcaldes de la bahía de Trujillo, que se han prestado a los turbios negocios del rey porno, bajo el pretexto de que paga sus impuesto y provee una fuente de empleo para la deprimida área.

Desafortunadamente la estrategia de vender una imagen de empresario exitoso y con el anzuelo de convertir a Trujillo en un nuevo destino para los cruceros en el caribe, logró convencer a muchos que la apropiación territorial  y la demolición de la comunidad de Río Negro era en beneficio de toda la población. La inauguración del Banana  Coast se llevó a efecto con una enorme fanfarria, donde figuras de la política nacional y la farándula asistieron a la llegada del primer crucero a la ciudad.

Con el fiasco de la suspensión de la llegada de los cruceros, ha quedado clara la estafa perpetrada al pueblo de Trujillo, al que le hicieron creer tanto la Municipalidad como el Banana Coast que existiría una derrama de beneficios, la cual nunca se dio.
Uno de lo grandes engaños al que ha inducido al pueblo hondureño, es el del turismo como una panacea económica que redimirá la pobreza estructural consecuencia del feudalismo imperante.

Desde el año 2012 el Juzgadod e Trujillo citó a Jurgensen a comparecer a los tribunales para dilucidar la acusación de usurpación. El rey del porno optó por no presentarse, sin embargo  este año la Fiscalía de las Etnias presionó para que se le dictara orden de captura, situación que derivó en la audiencia programada para el día de hoy.

Resta esperar el milagro de la aplicación de justicia en un país donde el sistema judicial ha perdido su independencia y buena parte de los operadores de justicia se comportan como meretrices al servicio del capital y sus amos de turno.

Origen: “Rey del Porno” canadiense comparece en audiencia acusado de usurpación del territorio Garífuna

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La denegación del derecho a la Consulta Previa y la destrucción de los pueblos indígenas en Honduras

Sambo Creek, 4 de Noviembre del 2015.- A partir del golpe de estado en Honduras en el año 2009, se aceleró el declive en materia de derechos humanos en todo el país, situación que afectó severamente a los pueblos indígenas ante un incremento de las políticas económicas neoliberales y el control territorial a manos del crimen organizado, especialmente en la costa norte del país.

El desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se ha convertido en una política de estado, a pesar de su campaña mediática de una supuestas protección de los derechos de los pueblos y nuestros territorios.

El derecho a la Consulta Consentimiento Previ, Libre e Informada, fue obviado o tergiversado en el caso de la construcción de la hidroeléctrica del Patuca III, pasando además a la entrega de 35,000 kilómetros cuadrado de la plataforma continental frente a la Moskitia al Grupo British Gas, incluyendo las concesiones de más de medio centenar de cuencas hidrográficas -muchas de ellas en territorios de los pueblos indígenas- a la iniciativa privada, además de múltiples concesiones mineras en comunidades indígenas.

A pesar del desastre ambiental por el cual atraviesa Honduras, especialmente en relación a las consecuencias del cambio climático, las diferentes administraciones gubernamentales en las últimas décadas, han mostrado una enorme indiferencia ante las problemáticas, sin que existan respuestas concretas más allá de una narrativa de “desarrollo” que podemos considerar obsoleta.

Del narco estado a la masacre en Ahuas

El aumento de la presencia del crimen organizado en Honduras, a partir de julio de 2009, afianzó las estructuras económicas feudales existentes en el país, concentrando aún más la tenencia de la tierra, generando un sinnúmero de despojos y de “ventas de tierra” bajo presión, hasta el hackeo de la base de datos del Instituto de la propiedad, con el objetivo de alterar sus registros.

El incremento del narcotráfico a lo largo de la costa norte de Honduras, fue consolidado mediante el contubernio entre crimen organizado, fuerzas de seguridad y operadores de justicia. La fiesta se agrió, cuando en mayo 11 de 2011, helicópteros portando elementos de la Policía Nacional y de la Drug Enforcement Adminitration (DEA), masacraron a cuatros indígenas Miskitos e hirieron a siete, en un operativo de interdicción que culminó en un baño de sangre de personas inocentes

Hasta esa fecha existió una política de laisse faire por parte de los Estados Unidos, que si bien conocía la problemática existente, nunca realizó mayores esfuerzos para frenar el flujo de drogas de Sudamérica hacia Centroamérica. Es a partir del 2012 cuando la intervención estadounidense supuestamente en contra del narcotráfico se comienza a sentir y el estado de Honduras es presionado para comenzar de forma tardía a desmantelar las bandas de narcotraficantes que prestaban sus servicios a los carteles de México y Colombia.

Las ciudades modelo y desplazamientos territoriales

Como parte del eje de la estrategia económica de la administración de Porfirio Lobo, se dio luz verde a una serie de reformas constitucionales con el objetivo de crear las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), conocidas como ciudades modelo, las que se convertirían supuestamente en ciudades-nación con su propio sistema judicial y fueras de seguridad

La inclusión de más de 24 comunidades Garífunas en la que pretendieron convertir como la primera RED en Honduras, fue totalmente inconsulta, siendo este el punto álgido por el cual nuestra organización denunció, la instalación de el experimento político económico. Las RED fueron declaradas inconstitucionales, situación que provocó un golpe del poder Legislativo al poder judicial, instigado por el actual presidente de Honduras, el Sr Juan Hernandez; el que procedió de inmediato a introducir nuevas reformas constitucionales y una versión maquillada de las RED, bajo el nombre de Zonas de empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada por el Congreso Nacional. Las ZEDE incluyen 20 comunidades Garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital internacional

Ya el pueblo Garífuna, para el período entre el golpe de estado y la conformación del nuevo gobierno “democrático”, sufrió la demolición de Río Negro, la que fuera la primera comunidad Garífuna fundada en Honduras. El inversionista canadiense Randy Jurgensen, conocido como el Rey del Porno, invocando la Ley de Expropiación Forzosa (1913) presionó a la población Garífuna para obtener las tierras donde construyó un puerto de cruceros denominado el Banana Coast. Esta intervención se realizó sin haber efectuado un proceso de Consulta Previa con la comunidad afectada.

La implementación inconsulta de la ZEDE que pretenden realizar en la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, promovida por la actual administración gubernamental, conlleva el desplazamiento de más de los tres mil habitantes de Castilla, lo que nos hace temer un severo conflicto social que desembocará en múltiples violaciones a los derechos humanos.

La construcción de las Represas hidroeléctricas en el río Patuca

Desde la década de los años 90, se viene planificando una serie de represas a lo largo del río Patuca, iniciándose la construcción de la represa de Piedras Amarillas, conocida como Patuca III en el año 2010. Hasta la fecha el proceso de construcción se encuentra paralizado ante los numerosos casos de corrupción que han congelado la obra.

No obstante el fiasco del Patuca III, se pretende dar luz verde al Patuca I y II, situación que convertiría de pueblo fluvial a lacustre a los Tawahakas que han habitado en las riveras del rió desde hace cientos de años.

Entre las falsas soluciones al cambio climático, promovidas por los entes de Naciones Unidas y la cooperación internacional, se encuentras las hidroeléctricas, las que en Honduras con la anuencia del poder Legislativo han sido entregadas mas de 80 cuencas.

Uno de los casos paradigmáticos en los procesos de resistencia indígena, es el de la represa de Río Blanco, en el cual el pueblo Lenca ha demostrado una singular tenacidad al frenar la construcción de la represas, a pesar de la represión que ha causado varios muertos y la persecución incesante a los líderes que han defendido de forma valerosa el territorio ancestral de su pueblo.

Entrega de la Plataforma Continental al Grupo BG y la distorsión del derecho a la consulta.

La entrega de 35,246 kilómetros cuadrados de la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña por un período de cuatro años de exploración, prolongable por dos años mas, y de 20 veinte años de explotación, sin licitación alguna que implicara la presencia de otros postores mas allá del Grupo BG, no desató mayor preocupación en la bancada nacionalista, la cual gracias al golpe de estado del año 2009, posee una mayoría absoluta en el Congreso, situación que les ha permitido aprobar leyes desprotegiendo totalmente al pueblo hondureño a favor de presuntos inversionistas extranjeros.

Las regalías de la entrega de la plataforma al Grupo BG son irrisorias: Según el contrato (abril 2013) BG cancelará “50 mil dólares por la totalidad del área del contrato y en el período de desarrollo y producción un dólar por hectárea de la zona seleccionada para explotación”. Las ganancias se repartirán un 50% para el Estado en caso que la producción no supere los 100 mil barriles por día, y de un 58% para el Estado en caso que la producción supere los 100 mil barriles por día; además de un canon simbólico de seis millones de dólares.

El contrato señala la entrega de $250,000 por año para programas sociales en las comunidades ribereñas del departamento de Gracias a Dios, donde habitamos los pueblos Miskito y Garífuna; los que nunca fuimos consultados de forma previa libre e informada, desconociendo el derecho sobre el territorio marítimo de nuestras comunidades.

El 5 de agosto de 2013, la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) envió a nuestra organización una nota, señalando el interés en efectuar una “socialización del Proyecto de Exploración Petrolera en el Mar Caribe Hondureño, en apoyo a la firma British Gas Group”. En un párrafo adicional de la misiva de SERNA, solicitan “una cita para dialogar en relación al proceso de consulta sobre el proyecto”.

Es claro que SERNA confunde la socialización con la consulta, además que desvirtúa totalmente la condición de previa, para convertirla en un simple acto de aprobación tras la firma del contrato por el poder ejecutivo el pasado 9 de abril de 2013 y la súbita aprobación, el 15 de agosto del mismo año, sin mayor debate por el Congreso Nacional.

El Estado de Honduras demostró con la negociación del petróleo, la sistemática violación al derecho a la Consulta Previa y de forma arbitraria pretendió que aceptáramos una socialización a posteriori como una consulta.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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Pasos de Animal Grande – Nueva invasión a sus tierras y la complicidad del INA preocupan a comunidad garífuna de Vallecito

Friday, 30 October 2015 21:46 Written by 

OFRANEH en uno de los campamentos en defensa de su territorio en defensa de la comunidad de Vallecito, Colón. Foto: PROAH

La incursión de invasores con fines de apropiarse de las tierras de la comunidad de “Vallecito”, en el Departamento de Colón, el pasado 01 de octubre, sumada a la complicidad de las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA), es vista con mucha preocupación por parte de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

La organización denunció que un grupo de 70 personas, ingresaron a dicha comunidad a bordo de dos camiones aduciendo que contaban con un título de propiedad extendido por el INA a nombre de la señora Miriam Elizabeth Mena Burgos.

Alfredo López, Vicepresidente de OFRANEH cuestionó el papel de esa entidad gubernamental, al mismo tiempo catalogó como muy difícil  la situación porque desde el año pasado incursionan personas disfrazadas de campesinos y sabemos que son “auspiciados por narcotraficantes que rondan en la zona”.

“Es una preocupación más porque no puede ser que en  una oficina del Estado estén confabulados con esta gente, es por ello que vamos a continuar con la denuncia de estas arbitrariedades porque se pone riesgo la seguridad jurídica del derecho de propiedad colectiva del pueblo garífuna como pasa en Vallecito”, agregó López.

Si bien es cierto que no se han registrado daños físicos hacia sus miembros, López expresó que es el abuso de entrar a la tierra con fines de apropiación de ella. “Para nosotros es como un reto que nos hacen para que respondamos con violencia, pero queremos resolverlo de forma pacífica”.

Desde los años 90, con el proceso de contrarreforma agraria impulsada por el entonces presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), comienza una serie de obstáculos para arrebatarle las tierras  de los  garífunas, lo que se agudizó  con el auge de la palma africana, de la cual salieron beneficiados terratenientes como el ya fallecido Miguel Facusse.

A nivel internacional sí reconocen lucha por su territorio

Lo que parece curioso es que mientras en Estados Unidos OFRANEH le fue entregado un reconocimiento por parte de por la Alianza Estadounidense para la Soberanía Alimentaria (USFSA), por su lucha contra la invasión de empresarios que pretendían utilizar sus tierras para la siembra de palma africana, se registraba en este comunidad una nueva invasión.

“Es lo que no entendemos y nuestra compañera Miriam Miranda-se mostró contrariada mientras recibía este reconocimiento, no entendemos cómo es que este gobierno habla de políticas de seguridad para las personas cuando se  deberían de apoyar procesos de alimentación para nosotros y los que cultivan la tierra en este comunidad”, aseguró Alfredo López.

alfredo lopez n

Alfredo López: Somos personas que estamos en desigualdad con los

militares y los invasores porque no manejamos armas y queremos

resolver el conflicto de forma pacífica.

Denunció que al contrario, lo que promueven es la criminalización hacia organizaciones como OFRANEH que por lo menos hacemos un esfuerzo grande en materia del derecho a la alimentación.

Dicha organización  ha cuestionado el papel del sistema de justicia del país, sumada a una política de Estado destinada a expulsar al pueblo Garífuna de la costa norte de Honduras, tal como se pretende con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o Ciudades Modelo.

En un pronunciamiento colocado en su página web, OFRANEH hizo un llamado al  Estado de Honduras, específicamente al INA que detenga las agresiones hacia las comunidades garífunas, además no incrementar el racismo, a través de utilizar campesinos mestizos empobrecidos por un Estado que elude realizar una reforma agraria integral.

Actualmente hay dos casos referentes a las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz contra el Estado hondureño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH,  sobre los cuales está pendiente de notificar su respectiva sentencia.

Vea Pronunciamiento de OFRANEH:

https://ofraneh.wordpress.com/2015/10/16/incursiona-un-nuevo-grupo-de-invasores-en-el-territorio-garifuna-de-vallecito/

 

Origen: Pasos de Animal Grande – Nueva invasión a sus tierras y la complicidad del INA preocupan a comunidad garífuna de Vallecito

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