La brutal golpiza que el médico Rolando Medina propició al miembro de la diversidad sexual, Darwin René Reyes, sigue generando en las organizaciones de derechos humanos rechazo y análisis sobre la vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual en Honduras, LGTBI.
Tres horas después de aparecer el video en los medios de comunicación, las organizaciones de la diversidad sexual llegaron al Ministerio Público a interponer la denuncia en contra de este agresor, pero además incluyeron la acusación en contra del Estado hondureño por la negligencia de los militares que viendo la agresión no hicieron lo que la ley les ordena.
Denuncia pública
En conferencia de prensa, el colectivo de diversidad sexual de la zona del Valle de Sula, acompañado de Darwin Reyes, realizó la denuncia pública sobre estas agresiones que atentan directamente en contra de su vida.
Erick Vidal Martínez, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH y del Movimiento de Diversidad en Resistencia dijo que el fiscal general de la república, el abogado Oscar Chinchilla, se comprometió a investigar y llevar el caso ante los tribunales.
Para los miembros de la fuerzas de seguridad que no actuaron bajo mandato de ley, el Ministerio Público los acusa de los delitos de vejámenes, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, dijo a Radio Progreso Elvis Guzmán, vocero de la fiscalía en San Pedro Sula.
Por su parte el coronel German Alfaro, jefe de la Policía Militar en la zona noroccidental agregó que los militares acusados responden a los nombres de: Nelson Rafael López Murillo, Alexis Colindres Gonzales, Santos Iván Maldonado, Marco Rubén Guevara Gonzales, Carlos Antonio Banegas y Misael Jonathan Canales Flores, quienes fueron puestos a la orden de un tribunal militar y suspendidos temporalmente de sus cargos hasta que concluyan las investigaciones.
Erick Vidal agrega que como organizaciones están solicitando protección de la víctima, quien ha recibido constantes amenazas debido a las denuncias interpuestas. Además deja claro que el caso lo llevarán hasta las últimas instancias para dejar un mensaje claro de rechazo a los abusos y agresiones en contra de la diversidad sexual.
Un escalada de agresiones
Desde enero de 1994 hasta noviembre del 2013, ocurrieron 135 asesinatos de personas de la comunidad LGBTI, según investigaciones de la organización Cattrachas, que para el periodo enero 1994 a octubre de 2012 colocaba esta cifra en 107. Datos que generan preocupación por la violencia y la discriminación en contra de estas personas, y las cuales se han agudizado a partir del golpe de Estado de 2009, y por el atropello que comete el Estado al no reconocer sus derechos, ni garantizarles acceso a la salud y a tener a una vida digna y plena.
“Después del golpe de Estado en Honduras se ha comenzado a escribir una nueva historia para todos los sectores de la sociedad hondureña, y más para aquellos que condenaron ese hecho político. Uno de esos sectores es la comunidad de diversidad sexual. Estamos siendo violentados en nuestros derechos y el acceso a la justicia es nulo ante los crímenes de odio”, dice Vidal.
En declaraciones a Noticias Aliadas, Claudia Spellman, una persona transgénero, dijo que le ha tocado ver cómo muchas de sus compañeras han muerto por falta de atención médica y el estigma de una sociedad que las señala. Según el Colectivo Unión Color Rosa, organización a la que pertenece Spellman, actualmente tres de cada diez personas de la comunidad trans (transexual y travesti) en Honduras vive con VIH.
Un caso de los muchos que ocurren
“Para las organizaciones de diversidad sexual, el caso de Darwin René Reyes es solo una muestra de la agresión y brutalidad que se comente en contra de sus miembros, de manos de una sociedad homofóbica respaldada por unas autoridades incompetentes, que lejos de propiciar el respeto de los derechos humanos, son los agresores”, declaró con énfasis Erick Vidal.
Para el 28 de junio del 2009, fecha del golpe de Estado, fue asesinada Vicky Hernández, mujer trans. En el 2010 la organización Cattrachas llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Sin embargo hasta ahora no se ha dictado una sentencia condenatoria en el caso.
La comisión condenó en el 2012 el asesinato de Barbarita, otra mujer trans, cuyo cuerpo sin vida, con impactos de arma de fuego en el rostro y la cabeza, fue hallado el 2 de agosto del 2012 en una vía apartada de la colonia San Martín, en San Pedro Sula. En un comunicado la CIDH señaló que “según medios de comunicación, sus familiares informaron que cuatro personas se habrían presentado en su casa el día anterior, dijeron ser agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y se la llevaron, indicando que estaba detenida”.
La Comisión Interamericana a su vez recordó al Estado que es su obligación “investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a las personas que resulten responsables” e instó a las autoridades “a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de la víctima”.
En un reciente comunicado los representantes de la comunidad LGBT, aseguraron que interpondrán la denuncia a nivel internacional, “ya que no podemos seguir aguantando humillaciones y maltratos de parte de personas como la que agredió a nuestro compañero y ya es tiempo que seamos escuchados”.
El caso de este miembro de la diversidad sexual y de tantos otros asesinatos y agresiones, debe seguir impulsando esa lucha contra la impunidad, la cual debe tener una base fundamental para el éxito si se realizan investigaciones efectivas de los hechos que permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a todos los responsables y reparar los daños que las acciones delictivas ocasionan a las víctimas y sus familiares.
Sólo así es posible garantizar la no repetición de este tipo de hechos y reafirmar la legitimidad del Estado, como consecuencia del aumento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de investigar y sancionar.
