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Asesinato de estudiantes es terrorismo de Estado contra jóvenes, según analista

Abr 17, 2015

Las protestas de estudiantes de secundaria suman cuatro jóvenes asesinados en hechos rodeados de misterio, acusaciones y contra acusaciones. Los estudiantes asesinados respondían a los nombres de Elvin López, Diana Mendoza, Darwin Martínez y Soad Ham.

“Es una situación súper grave que está pasando que antes no ocurría. Siempre ha habido protesta estudiantil pero antes la represión era de tipo académica, los expulsaban, etc., que también era injustificado, pero ahora se les asesina,” expresó el analista Tomás Andino.

Para Andino, el valor de la vida en Honduras se ha perdido y las persecuciones, criminalización y asesinatos contra los estudiantes es una forma de terrorismo de Estado contra los jóvenes.

Las protestas estudiantiles están a la orden del día en Honduras en la que los alumnos y alumnas exigen mejores condiciones en los centros educativos para recibir el pan del saber. Otra acción para desestabilizar la lucha estudiantil fue la decisión de las autoridades educativas de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio de Tegucigalpa de expulsar por ocho días a cuatro de sus estudiantes que participan de las protestas.

Sobre esta realidad de la educación en Honduras, Radio Progreso (RP) dialogó con Tomás Andino (TA), analista hondureño, ex diputado y consultor independiente.

RP. ¿Cuál es la situación actual de la educación?

TA. Es más que evidente que el sistema educativo está en una situación caótica. Las acciones aparentemente caprichosas del ministro no obedecen solamente a su propia voluntad sino que es la voluntad de todo un gobierno. Se trata de toda una estrategia neoliberal que busca beneficiar a grupos de privilegios o de organismos internacionales.

RP. ¿Qué opina usted de los recortes en presupuesto?

TA. Eso es un crimen. Se recortaron 677 millones de lempiras, al igual que en salud sabiendo que tenemos los hospitales públicos en condición calamitosa. ¿Cómo es posible que se haga eso y a la par se incrementan los presupuestos de las Fuerzas Armadas y también de la Policía?

RP. ¿A qué responden estas acciones?

TA. Esto parece no tener un sentido pero realmente sí lo tiene. Es favorecer las grandes estrategias de los organismos financieros internacionales que lo que buscan es disminuir el gasto social en educación, en salud, en todo, para que este país pobre les siga pagando la enorme deuda externa que ellos están exigiendo que se les pague.

RP. ¿Qué se busca con las decisiones en educación?

TA. Es la “elitización” de la educación. Se pueden ver en medidas como la aplicación de los exámenes de admisión en la universidad, la desaparición de las normales como centros de enseñanza media y ahora van a ser menos y van a ser más elitistas. También la reducción del sistema educativo a nivel medio que antes era de cinco o seis años y que ahora se ha reducido a tres, para plegarlo al sistema de educación primaria, ahora le llaman educación básica, prácticamente se está perdiendo el derecho a la educación.

RP. ¿Por qué las protestas estudiantiles?

TA. Yo creo que la juventud que hoy está saliendo a protestar está dando la cara por el pueblo hondureño en la defensa del sector educativo. A mi juicio, la lucha que ellos han emprendido es una lucha totalmente justificada.

RP. ¿Qué piden los estudiantes?

TA. La no aplicación de una cláusula impuesta en la ley fundamental de la educación que es aumentar cinco minutos la hora clase. Esto se debe al tema de la inseguridad y no tanto a los cinco minutos. Aplicarlo en el país más violento del mundo es una acción estúpida, pero tiene una intención y es que busca eliminar la jornada nocturna, es hacer que sea inviable el sistema educativo en la noche y de esa forma ganan los institutos privados.

RP. ¿Hay otras demandas?

TA. Claro. La revisión de la ley fundamental de educación, que sean reformas consensuadas. Están planteando ampliación de oportunidades en la educación superior y ya no plantear los exámenes de admisión. Están demandando dotación de mobiliario y la reconstrucción de la estructura física. Demandan la investigación de los crímenes de los estudiantes y la restitución de las conquistas estudiantiles como el bono escolar destinados a transporte.

RP. ¿Qué piensa usted del asesinato de jóvenes estudiantes?

TA. Es una situación súper grave que está pasando y que antes no ocurría. Siempre ha habido protesta estudiantil pero antes la represión era de tipo académica, los expulsaban, etc., que también era injustificado, pero ahora se les asesina. El valor de la vida en Honduras se ha perdido. Es una forma de terrorismo de Estado contra los jóvenes. Con eso están infundiendo terror en la juventud.

RP. ¿Cómo valora usted que varios jóvenes están a las puertas de ser expulsados del sistema educativo?

TA. Es una forma de decapitar el liderazgo del movimiento estudiantil. Así como en el pasado se hizo con decapitar el liderazgo de los sindicatos, de los maestros, ahora también se hace con los estudiantes. Esto mismo también se vive en la Universidad. Se criminaliza la protesta social.

RP. ¿El objetivo del gobierno son 200 días de clases?

TA. El objetivo no son los 200 días de clases porque sabe el señor ministro que 200 días de clases en sí mismos no garantizan calidad educativa, el objetivo verdadero ha sido doblegar al movimiento magisterial, eliminar sus conquistas sociales, eliminar las conquistas estudiantiles.

RP. ¿Cuáles son los aportes del gobierno a la educación?

TA. Los padres y madres de familia son los que sostienen los centros educativos. El Estado lo único que da son los salarios, y por eso los está reduciendo. De allí tiza, material didáctico y todo lo demás, lo ponen padres de familia y maestros y maestras. Es un absurdo decir que estamos mejorando la educación y a la vez estamos quitando recursos para esa mejoría. Eso es demagogia, lo que está haciendo el gobierno y el ministro es una demagogia.

RP. ¿Cómo valora usted al ministro de educación Marlon Escoto?

TA. Para mí es un títere de los organismos internacionales. Sabemos que el gobierno mismo no quería que continuara en el cargo pero los organismos internacionales se han opuesto. Pero cualquier otro que llegara al cargo estaría aplicando algo similar.

RP. ¿Hubo algún gobierno que se haya preocupado por la educación?

TA. Últimamente no, no ha habido una propuesta democrática. Han venido con recetas de organismos pero no han hecho una propuesta construida con todos los sectores. Sí hemos visto gobiernos que son más sensibles a las protestas que otros.

RP. ¿Hay condiciones para buscar consensos mínimos en educación?

TA. Hay condiciones difíciles porque tenemos un gobierno que no quiere oír. Pero esa posibilidad debe irse construyendo como un proceso en el tiempo.

RP. ¿Qué hacer?

TA. Para poder tener esa posibilidad debemos primer defender lo que tenemos: nuestras conquistas. Debemos defender las conquistas que hemos logrado como el derecho a la educación gratuita, el derecho al empleo y a la estabilidad laboral del docente, el derecho al estudiante a opinar y ser escuchado. Luego debemos recuperar la unidad de la comunidad educativa. Si tenemos esa base, mañana podremos ir avanzando en la construcción de propuestas algo mejor de lo que tenemos hoy en día.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1997-asesinato-de-estudiantes-es-terrorismo-de-estado-contra-j%C3%B3venes-seg%C3%BAn-analista-tom%C3%A1s-andino

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Honduras: Diputado y ex ministro de Seguridad calumnia a C-Libre

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Honduras: Diputado y ex ministro de Seguridad calumnia a C-Libre
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El ex militar de las fuerzas especiales de Honduras, actual jefe de la bancada oficialista en el Congreso Nacional, Óscar Álvarez, y sobrino del fundador del escuadrón de la muerte 3-16, en la década de los 80, Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, advirtió a través del noticiero Mi Nación que “hay que tener un poco de cuidado” al referirse a las denuncias internacionales por violaciones a la libertad de expresión, hechas por C-Libre.
No se puede vincular el asesinato de estudiantes con escuadrones de la muerte, como lo han informado organizaciones de la sociedad civil como C-Libre. Esta versión del diputado Álvarez es totalmente falsa y calumniosa, pues, nuestra organización no ha mencionado que estas supuestas ejecuciones arbitrarias están vinculadas a escuadrones de la muerte.
“He estado viendo las declaraciones internacionales donde dicen ha habido las protestas de estudiantes, involucran la protesta (la muerte) de cuatro estudiantes con escuadrones de la muerte, me parece a mí que es una aberración, o sea que aquí en el país solo porque alguien va a protestar a las calles después se le va a ir a eliminar selectivamente, a otro lugar, o sea que realmente eso es tirado de los cabellos, me parece a mí”, dijo el diputado nacionalista.
Sin embargo, las muertes coincidentes con lugares o circunstancias ligadas a la protesta estudiantil siguen, pues a 24 horas después de las declaraciones de Álvarez, otra persona apareció envuelta en un saco en las cercanías del Instituto Jesús Aguilar Paz, informó El Heraldo el 9 de abril. El cuerpo presentaba señales de ejecución arbitraria.
Ese es el mismo colegio donde asesinaron a tres dirigentes estudiantiles tras participar en protestas, un día después encontraron el cadáver encostalado de otra alumna del Instituto Central que participó en dichas manifestaciones.
Además, el ex Ministro de Seguridad, Óscar Álvarez señaló, “inclusive, tengo la declaración que salió publicada de C-Libre, y de varias organizaciones, donde dicen esto y esto está pasando, como que si ellos son juez y parte, como si ellos estuvieron en el lugar de los hechos. Me parece a mí que hay que tener un poco de cuidado, porque estamos hablando del prestigio de un país, no estamos hablando de Juan Orlando”.
“Leí los artículos de la traducción del manifiesto de C-Libre, y realmente es preocupante porque todo lo que dicen ahí es que dicen, en que nos dijeron, en que creemos, en que no sé qué; me parece que en vez de ayudar más bien daña la imagen del país”.
Las declaraciones de Álvarez trascienden después que C-Libre ha emitido, entre el 18 de marzo y el 8 de abril, nueve alertas relacionadas con las protestas estudiantiles y se ha descrito los acontecimientos ocurridos tras las manifestaciones de estudiantes de secundaria: personas heridas, periodistas amenazados por policías con sus armas de reglamento y la supuesta ejecución arbitraria de cuatro dirigentes estudiantiles en el panorama de una jornada de protestas de más de 12 días. En este momento, C-Libre investiga una alerta por presuntas amenazas a muerte contra una defensora de derechos humanos que ha participado en protestas.
En sus coberturas, C-Libre utiliza fuentes oficiales, secundarias, documentos, registros, versiones de estudiantes, denuncias de otros organismos de derechos humanos y aun cuando no se pudo estar en la escena del crimen, como dice el diputado, se ha tratado de reconstruir las historias con la mayor diversidad de fuentes y datos.
C-Libre es una organización sin política partidista, dedicada a la defensa de la libertad de expresión. La asociación está integrada por personas de diferente pensamiento y no hay nexos institucionales con el ex presidente Zelaya Rosales, al que Álvarez califica como su enemigo político.
Los fantasmas de Álvarez
Sin embargo, la prensa nacional sí ha denunciado escuadrones de ejecución y otras irregularidades. Desde que Álvarez fue ministro de Seguridad, entre 2002 y 2006, en el país se denunció la presunta operación de escuadrones de la muerte dedicados a la “limpieza social”. La entonces jefa de Asuntos Internos de la Policía Nacional, María Luisa Borjas, fue destituida por Álvarez al denunciar la manipulación de evidencia de un juicio de ejecuciones arbitrarias de supuestos secuestradores. Por la inutilización de esa evidencia, Álvarez fue acusado criminalmente junto a la cúpula policial de aquel entonces. Los juzgados penales le dieron carta de libertad.
El 26 de mayo de 2011, el periódico El Libertador retrató al parlamentario como “un secretario de Seguridad que rayando el extremo de lo ridículo exige en la televisión pública nacional a todo color sin ruborizarse, que Organizaciones de Derechos Humanos y el mismo Estado condenen las violaciones a los derechos humanos que sufren policías y militares por parte del pueblo”.
Haciendo referencia a una publicación de AP de fecha 8 de mayo de 1985, El Libertador citó que “un teniente hondureño y sobrino de (Gustavo) Álvarez, Oscar Álvarez, aparece involucrado en otro caso penal, en el que dos boinas verdes norteamericanos son acusados de haber intentado vender explosivos, minas y granadas propiedad del ejército norteamericano a un supuesto agente de los ‘contras’ nicaragüenses, que les había prometido parte del pago en cocaína”.
Más adelante, El Libertador retrata al tío del diputado, al general Álvarez Martínez como el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas que dirigió personalmente el Batallón 3-16.
“El número exacto de personas ejecutadas por el Batallón 3-16 sigue sin conocerse. Por años, cuerpos inidentificados y no reclamados fueron encontrados arrojados en las zonas rurales, a lo largo de ríos y en plantaciones de cítricos”. Las muertes en los 80 se atribuían a peleas por conflictos ideológicos, en la actualidad la versión policial preliminar más escuchada es “ajustes de cuenta del crimen organizado”.
En una entrevista con The Baltimore Sun en junio de 1995, Oscar Álvarez, describió:
«Los argentinos fueron los primeros en llegar, y nos enseñaron cómo hacer desaparecer personas». «Los Estados Unidos añadieron eficiencia. Los americanos (…) trajeron el equipamiento. Nos dieron el entrenamiento en Estados Unidos, y trajeron agentes aquí para proporcionar algún entrenamiento en Honduras. Dijeron: ‘necesitáis alguien que pinche teléfonos, alguien que transcriba las cintas, grupos de vigilancia’. Trajeron cámaras especiales que estaban dentro de termos. Nos enseñaron técnicas de interrogatorio».
Propaganda estatal de estigmatización 
Las declaraciones de Álvarez transcurren en un contexto de país con mayor presencia de estadounidenses, tal como ocurrió en los 80, con el anuncio de la presencia de marines norteamericanos en el territorio situado en el centro de América y en el marco de una estrategia de ” “mercadeo político”  del gobierno para ligar a organizaciones de sociedad civil con partidos polí­ticos de oposición, o con el crimen organizado, con el propósito de restarle credibilidad a la denuncia de violaciones a la soberanía nacional y a los derechos humanos.
Álvarez dio declaraciones para señalar a C-Libre el 7 de abril. Un día después de sus afirmaciones, el 8 de abril, el asesor presidencial Marvin Ponce, dijo a diario La Tribuna, “tenemos información de primera mano que hay sectores del crimen organizado… Que están queriendo utilizar movimientos sociales para poder generar crisis”.
De la misma forma, durante un evento público, el 9 de abril el director del Instituto de la Propiedad, Ebal Díaz, volvió a señalar que sectores sociales y la oposición tienen una campaña de desprestigio contra Juan Orlando Hernández y afectan al país, denunció Radio Globo.
Nuestro compromiso
C-Libre deja constancia histórica de estar integrada por periodistas insobornables, seleccionados por su honestidad y rigurosidad en la recopilación de datos, además hay personas de reconocida honorabilidad en la junta directiva y en la asamblea. Ninguno de los integrantes de C-Libre está ligado a corrupción, sobornos para la prensa, asesinatos, tráfico de drogas o a estrategias de manipulación social.
Como parte del trabajo se exige el equilibrio, pero no siempre los funcionarios denunciados están dispuestos a hablar. Una de las integrantes del equipo de C-Libre intentó hablar con el diputado; luego de varios intentos fallidos, Álvarez respondió que estaba en reunión y al devolverle la llamada, no contestó más su celular. Por segundo día se le llamó para dar oportunidad al legislador de explicar su versión acerca de esta publicación, él por WhatsApp informó que estaba en reunión en el Congreso Nacional.
C-Libre exige al Estado hondureño mecanismos de protección que garanticen el libre ejercicio periodístico de todo su personal, responsabilizamos al gobierno por lo que pueda ocurrir y demandamos al ex ministro de Seguridad una disculpa pública por sus declaraciones en contra de esta organización no estatal fundada por un grupo de periodistas.
Asimismo, solicitamos colaboración de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ante el riesgo que estás amenazas pudieran representar. Nuestra búsqueda es por la libertad de expresión y justicia para quienes ejercían este derecho. Las agresiones para vulnerar el derecho a la libertad de expresión, según cifras de C-Libre, se han triplicado este año. Marzo, abril y mayo son usualmente los meses más mortíferos para la prensa hondureña./Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

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Marvin Ponce: No hay escuadrones de la muerte

No hay escuadrones de la muerte , Así lo ha dicho tajantemente el asesor presidencial y ex diputado de Unificación Democrática, Marvin Ponce.

Así lo ha dicho tajantemente el asesor presidencial y ex diputado de Unificación Democrática, Marvin Ponce, al reaccionar a las afirmaciones del ex presidente, Manuel Zelaya Rosales, respecto a la existencia de escuadrones de la muerte.

Es evidente una campaña sistemática contra el Gobierno que No necesariamente es alentada con el fin preciso de mantener en vigor una línea opositora, sino con el objetivo mal intencionado de desprestigiar las acciones oficiales alrededor de temas cotidianos de la problemática nacional.

Ponce declaró en seguida que sería peligroso que las organizaciones civiles se dejaran utilizar por grupos anarquistas que están con la mira puesta en destruir la imagen de Honduras y poner en peligro su gobernabilidad.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/marvin-ponce-no-hay-escuadrones-de-la-muerte

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“En Honduras hay gente organizada para ejecutar a niños y niñas pobres”

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Honduras vive un contexto de violencia generalizado, y en medio de este escenario, el país ha levantado su voz de alarma por la ejecución de cuatro estudiantes que suceden en un contexto muy especial, jóvenes en las calles exigiendo que el gobierno les escuche, les atienda y que se les proteja mientras cumple con su deber de asistir al colegio.

La noche del martes 24 de marzo, justo el Día Internacional del Derecho a la Verdad contra las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas, fueron asesinados dos estudiantes del Instituto “Dr. Jesús Aguilar Paz” de Comayagüela, y una joven quedó gravemente herida, falleciendo horas después en un centro asistencia público, los hechos fueron después de su jornada de clases.

En la mañana del miércoles 25 de marzo, fue encontrado envuelto en una sábana el  cadáver de una niña de 13 años que cursaba el primer curso de Ciclo Común en el Instituto Central “Vicente Cáceres” de Comayagüela, ella fue vista por última vez la mañana del martes 24 de marzo cuando salió de su casa rumbo al centro educativo al que asistía, relata un comunicado de Casa Alianza- Honduras.

Con respecto a estos hechos, el director de Casa Alianza en Honduras, José Guadalupe Ruelas García, dialogó con defensoresenlinea.com y dijo que no cabe duda que estos jóvenes estuvieron participando y reclamando sus derechos de una manera pública, y eso los ha expuesto.

Detalla que hay un patrón donde los jóvenes reclaman sus derechos, la autoridad responde con amenazas porque no hay un diálogo franco, los medios de comunicación los estigmatiza, la policía los reprime, luego son asesinados. Uno se da cuenta que hay dos actores: los estudiantes y el Estado.

“No hay ninguna forma de eludir que estos estudiantes fueron asesinados por haber participado en las manifestaciones”, afirmó el defensor.

Por lo que resulta que hay una responsabilidad directa de parte del Estado, y que no cumplió previamente son los jóvenes, que es dar una educación de calidad que significa con acceso, oportunidad, y calidad, de tal manera que sea un colegio funcionable.

Hay una responsabilidad que no cumple en la actualidad y es cuando los jóvenes buscan dialogar, no hay apertura, en lugar encontrar de una silla y mesa dónde sentarse, encuentran muchos militares en frente, la militarización de los centros educativos, la estigmatización de los medios de comunicación y las amenazas de las autoridades diciendo que los jóvenes se andan exponiendo.

El Articulo 16 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes manifiesta que “Los Estados Parte reconocen a los jóvenes, con la extensión expresada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a su libertad y al ejercicio de la misma, sin ser coartados ni limitados en las actividades que derivan de ella, prohibiéndose cualquier medida que atente contra la libertad, integridad y seguridad física y mental de los jóvenes”.

Por su parte, el Gobierno  debería de dar la cara y manifestar que es inaceptable que los jóvenes sean asesinados en la forma que sea, y que se siente a solucionar el problema con las partes interesadas, docentes, alumnos, padres de familia y Estado.

Y es que en lugar de dar información de los que sucede en estos actos contra la juventud, se  les hace un prejuicio, incluso cuando van a interponer una denuncia, se les señala antes de escucharles.

Al hacer comparaciones, Ruelas, manifiesta que hay un patrón de asesinato de niños y niñas que mueren en las calles, y es el mismo patrón con el que mataron a estos cuatro estudiantes.

El esquema es que hay personas con recurso económicos, están organizadas, vehículos caros sin placa para movilizarse por donde quieren, armas caras, teléfonos de última generación, impunidad, son conocidos por la autoridad, a veces usan gorros pasamontañas y chalecos antibalas, y van asesinan jóvenes en los barrios y colonias más pobres. Otra característica es que son niños y niñas pobres, y  además que las víctimas no tienen armas ni chalecos antibalas.

“En Honduras hay gente organizada para ejecutar a niños y niñas pobres, siendo un promedio de 83 víctimas en las calles del país, que pierden la vida a manos de gente armada. Por lo que hace pensar que si estos cuatro asesinatos siguen los mismos patrones que los demás, las mismas personas que ejecutaron estos asesinatos, hicieron los otros, solo que con motivos distintos, a unos por generar terror y a estos por desmovilizar y satanizar a la juventud que está reclamando sus derechos”, explicó el defensor de los derechos dela niñez.

La organización lleva a la búsqueda del diálogo

Los jóvenes han vivido tantas situaciones de terror en los barrios y colonias pobres, que es difícil que ellos se asusten por ver policías. Ellos han sido organizados en juntas, gobiernos y directivas, en las que  tienen líderes y lideresas que son las que se ponen de acuerdo, hablan y se comunican.

Ruelas abundó en que, uno se da cuenta que hay un nivel organizativo y ante la necesidad alzan su voz y se movilizan, por lo que desde allí hay que pedir ni un asesinato más de niños y niñas en Honduras por las causas que sean, una investigación clara de los que acontece, y un diálogo con los actores interesados para dar una alternativa a la educación.

Por lo que en ese contexto, donde los estudiantes llevan dos semanas de manifestaciones en contra de los horarios extendidos, no se trata de solucionar si ellos dejan o no las calles, sino que faltan  aulas, pupitres, material didáctico, docentes, apoyo, seguridad para que la educación pueda realizarse, no sólo basta una Ley de Fundamental de Educación, pues casi no está funcionando, casi un millón de hondureños no acceden al sistema, quedan excluidos, continuó Ruelas.

Los jóvenes que gritan y exigen, es que tienen la necesidad de ser escuchados. En personalidades de una de las víctimas, Soad Nicoll Ham, la menor de 13 años, estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres, se ve que hay valentía, audacia, valor e irreverencia, como cualquier otro joven que tiene la desesperación de ser escuchado, porque cuando la persona se siente escuchada, habla en voz baja, es por eso que niños y niñas de educación media han levantado la voz porque no son escuchados, y tratan de llamar la atención de la forma que sea, lamentablemente llamaron la atención de un Estado que no tiene compasión y que escucha solo aquello lo que le conviene escuchar, detalló el director de Casa Alianza.

Quien le esté diciendo a Juan Orlando Hernández, titular del poder Ejecutivo de Honduras,  que sólo cuatro colegios presentan problemas y que todo está bien, le miente. Sino le dicen que en Honduras hay un problema de seguridad no está solucionado y que su estrategia militarista solo le está trayendo muerte  no le está mintiendo, y él tiene que entender eso.

Esta estrategia militarista entra en problemas, porque el régimen militar funciona en un orden jerárquico vertical, el subordinado recibe órdenes y obedece, no hace preguntas. Aquí hay un problema, es que el soldado piensa que somos subordinados de ellos, que somos como la escala más baja en la jerarquía, y si en la calle nos dicen “enséñeme sus papeles” les preguntamos ¿Por qué? Entonces el uniformado no entiende que los civiles tenemos curiosidad, el cree que debemos obedecerle y por lo que somos desobedientes y rebeldes, para ellos es todo “si señor”, entonces cuando la ciudadanía dice “no estamos de acuerdo” ellos dicen “hay que ponerlos en orden.

Ellos piensan de forma militarista, la militarización es un mal que se supera con la civilización, de ahí los términos civil y militar, debemos luchar por la civilización de la hondureñidad, no por la militarización.

Artículo 13 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes expresa que “Los Estados Parte reconocen el derecho a la justicia de los jóvenes. Ello implica el derecho a la denuncia, la audiencia, la defensa, a un trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad ante la ley y a todas las garantías del debido proceso”.

Y es que, cuando los estudiantes salen a las calles a protestar porque no quieren que la jornada nocturna termine a la una de la mañana por obvias razones, entonces los militares dicen ¡ah son unos desobedientes, hay que ponerlos en orden!

Aquí vemos a la fuerza contra la razón, jóvenes dentro de un colegio, amedrentándolos con un cuaderno y lápiz por jóvenes que no pudieron estudiar y no les quedó otra alternativa que portar un fusil en el hombre, jóvenes atemorizando a jóvenes, continuó Ruelas.

“Vemos que por miedo o por interés se estigmatiza las luchas sociales, se hacen cómplices para un futuro nada prometedor, se podría eliminar la jornada nocturna, y después que se va eliminar podemos llegar a un punto en que sea prohibido estudiar, pensar, escribir o cantar, y el arte va ser un acto subversivo, porque todo va ser sospechoso. Estamos gobernados por personas que no tienen talento, pero tampoco la capacidad de escuchar a otros para cambiar de opinión”.

Dijo que los jóvenes que mueren en las calles de Honduras es responsabilidad del Estado por omisión por no hacer lo necesario, por complacencia por decir que lo mataron por andar en algo malo, como que eso está permitido. Hay complicidad cuando se deja pasar las cosas o se hacen y por participación directa hay familias que denuncian que sus hijos son detenidos por supuestos policías y a los días parecen muertos.

En las manifestaciones se conoce de personas que toman fotos y videos a los manifestantes, o que los vigilan desde carros sin placa, y porque la policía no los detiene, más bien los protege. Si fuera de civiles, la policía los detendría.

El estado tiene que darse cuenta que la situación es insostenible para la población y que cada vez gobierna solo para un pequeño grupo. Por ejemplo el programa de militarización infantil Guardianes de la Patria, es tan bueno, porque solo se llevan a los niños pobres, porque el presidente no envía también a sus hijos, si esa fue una idea genial, es que ellos creen que los pobres se pueden hacer delincuentes, que son personas malas, les quieren quietar la riqueza, no los deja explotar los recursos naturales, entonces hay que mantenerlos quietos, porque el 80 por ciento de la población es pobre y hay que controlarla, incluso aplicándole más impuestos.

Y este pago de impuestos que es por tener seguridad, y se paga hasta en cinco veces, en el país se registra unos 15 mil militares, 12 mil policías y unos 120 mil guardias de seguridad privada, por lo que es un gran negocio para unos pocos, porque los vigilantes ganan menos de salario minino y sin ningún beneficio y en turnos de 24 horas, y no se está recibiendo seguridad, hace seis años se ejecutaba a 43 jóvenes al mes, ahora que la seguridad está en manos de militares, se ejecutan 83, con más militares, tasa de seguridad, mas cámaras y patrullas.

“Es un peligro ser jóvenes en la actualidad, también es un reto y una oportunidad. Somos una generación que no tuvo el valor de entregar un país más justo, equitativo, sino un país lleno de muerte  y violencia. Los ahora jóvenes nos contaran en el futuro que les tocó reparar cosas que nosotros no tuvimos el valor de hacer”.

Históricamente somos producto de la violencia, desde la colonización española, que a la fuerza de apoderaban de nuestros bienes y la indígenas, pero con el dialogo debemos cambiar esa mentalidad machista y que las cosas se consiguen a la fuerza.

Para finalizar, Ruelas extiende su admiración a los y las estudiantes, y que cuentan con su apoyo y que no tengan miedo, al fin y al acabo la vida es una lucha, sino se lucha entonces no se vive y al estado parara la represión y la muerte de niños y niñas, tienen que escucharlos y atenderlos, para eso el Estado salga de su burbuja de gravedad cero, sonde al parecer andan flotando y no ponen los pies en el suelo.

Casa Alianza denuncio que el asesinato de estos estudiantes y la represión de que ha sido víctima el movimiento estudiantil, se da también en un contexto de ausencia de dialogo abierto y democrático por parte del gobierno.

Los estudiantes, después de Semana Santa, darán dos semanas de espera al ministro de Educación Marlon Escoto, para que se siente a dialogar directamente con ellos y que los escuchen, porque la medida de extensión de horario, 5 minutos por clase, los pone en peligro en el camino a casa o al colegio.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3451:en-honduras-hay-gente-organizada-para-ejecutar-a-ninos-y-ninas-pobres&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Manuel Zelaya culpa a escuadrones de la muerte por asesinato de estudiantes

26 Mar 2015 / 01:59 PM /

El expresidente de Honduras también pidió la renuncia del Secretario de Educación, Marlon Escoto.

El expresidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales pidió la renuncia del ministro de Educación, Marlon Escoto.
El expresidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales pidió la renuncia del ministro de Educación, Marlon Escoto.

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, señaló que hay escuadrones de la muerte involucrados en el asesinado de estudiantes que participaron en las protestas en los últimos días.

Las declaraciónes son en reacción a las acusaciones del ministro de Educación, Marlon Escoto, que acusó al partido Libertad y Refundación (Libre) de estar organizando las protestas con fines políticos.

Las protestas estudiantiles se han generado en contra de la implementación de la jornada extendida como lo establece la Ley Fundamental de Educación.

“En Honduras hay escuadrones de la muerte, están asesinando a jóvenes”, denunció hoy Zelaya en conferencia de prensa. “Ha visto usted que no matan viejos, bueno yo ya soy de la tercera edad, porqué no me vienen a matar a mi en vez de matar a un joven 17 o 18 años”, cuestionó.

“Ya los hondureños nos hicimos indolentes, aparecen encostalados, descuartizados, tirados en los basureros. Es un patrón de conducta, eso no es delincuencia común, es un crimen organizado por escuadrones de la muerte”, señaló el también diputado de Libre.

Agregó: “Por favor ministros (Marlon Escoto), usted que estuvo en la “resistencia” y que se comportó gallardamente y que ahora está en el fascismo más criminal de la derecha, renuncie señor, eso es lo que mejor le pide el pueblo hondureño”.

Esta semana fueron ultimados cuatro estudiantes que habían participado en las protestas en Tegucigalpa contra la jornada extendida.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/825934-410/manuel-zelaya-culpa-a-escuadrones-de-la-muerte-por-asesinato-de-estudiantes

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Múltiple ejecución arbitraria de niños que habían participado en protestas estudiantiles

Versión para impresiónEnvia a un amigoPDF Alerta 037-15
Honduras, 26 de marzo de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Cuatro colegiales fueron asesinados el 24 de marzo, en Honduras, en el panorama de una jornada de protestas estudiantiles que comenzó hace 12 días. Este múltiple asesinato “es un intento para eliminar la lucha estudiantil”, denunciaron diferentes organizaciones de derechos humanos a través de comunicados de prensa.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras mostró su preocupación y consternación, a la comunidad Nacional e Internacional, “por los hechos acaecidos en las últimas horas en el país en detrimento de la lucha del movimiento estudiantil en el que les fue arrebatada la vida a cuatro estudiantes de educación media, Soad Nicolle Ham Bustillo (13), Elvin Antonio López (19), Darwin Josué Martínez (21), dirigentes estudiantiles y participantes en las recientes manifestaciones que se han dado en exigencia al gobierno de Honduras por mejores condiciones en los centros educativos”.

También Casa Alianza denunció el vil crimen de los cuatro estudiantes de secundaria y la ausencia de diálogo abierto y democrático por parte del gobierno.

El comunicado de Casa Alianza cita que “ante el asesinato de cuatro estudiantes de educación media de Comayagüela y la represión gubernamental a las protestas estudiantiles, Casa Alianza Honduras, a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones de cooperación y sociedad civil hondureña, hace saber: La noche del martes 24 de marzo, fueron asesinados tres estudiantes (dos hombres y una mujer) de la jornada nocturna del Instituto Jesús Aguilar Paz de Comayagüela, quienes acababan de abandonar el centro educativo luego de recibir sus clases”.

“La mañana del miércoles 25 de marzo, fue encontrado envuelto en una sábana el cadáver de una niña de 13 años que cursaba el primer curso de Ciclo Común en el Instituto Central Vicente Cáceres de Comayagüela. La niña fue vista por última vez la mañana del martes 24 de marzo cuando salió de su casa rumbo al centro educativo al que asistía”.

“El asesinato de estos cuatro estudiantes se da en el contexto del movimiento organizado de exigencia de derechos de las y los estudiantes, por lo que estos crímenes difícilmente pueden ser atribuidos solamente a la delincuencia común”.

Asimismo, la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) expresó su consternación y solidaridad a las familias de los estudiantes Elvin Antonio López (19), alumno de la carrera de Comercio en el Instituto Jesús Aguilar Paz y Darwin Josué Martínez (21), dos de las víctimas que murieron en el acto mientras que la otra fue trasladada al Hospital Escuela Universitario (HEU) donde este miércoles falleció, después de que unos sujetos que se trasladaban en un automóvil, les dispararon sin mediar palabra.

“Igualmente, nos solidarizamos con la familia de Soad Nicolle Ham Bustillo, 13 años, que estudiaba en el Instituto Central Vicente Cáceres, la menor habría sido víctima de un secuestro por varias horas y el cadáver fue encontrado esta mañana envuelto en una sábana en el barrio La Granja de Comayagüela”. Radio y TV Globo mostraron fotos de la menor Ham Bustillo participando, unos días antes de su muerte, en una protesta estudiantil.

Más estudiantes asesinados
“También, se denuncia que, hace unas semanas dos estudiantes fueron acribillados en las inmediaciones de la colonia Villa Cristina, de Comayagüela, por unos desconocidos que se trasladaban en un vehículo”, dice el comunicado de ACI-PARTICIPA.

Señala además que “dichos asesinatos se dan en una crisis estudiantil, donde los jóvenes han protestado por la inseguridad, ante la pretensión del señor ministro de Educación, Marlon Escoto, de retrasar la hora de salida de los estudiantes, por el aumento de horas clases, por las condiciones antipedagógicas en que se encuentran los centros educativos, por la falta de mobiliario, por la falta del cumplimiento del bono estudiantil y la falta de material didáctico”.

Gases, chantajes y muerte
Esta serie de pronunciamientos se produjo mientras miembros del movimiento estudiantil de secundaria eran agredidos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Los jóvenes fueron reprimidos violentamente, recibieron golpes, hubo detenidos, golpeados y les lanzaron gases lacrimógenos de manera desproporcionada. Igualmente, hubo levantamiento de perfiles de los protestantes y se registró también una agresión contra el equipo de defensores del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), en la misma instalación educativa, por parte de policías y guardias de seguridad de la UNAH que los acechaban y les tomaban fotos.

Por otra parte, un estudiante del Jesús Aguilar Paz denunció ofertas de beca, amenazas de expulsión y de muerte por parte de autoridades de la Dirección de Educación Departamental como mecanismos para convencerlo de que deje la protesta estudiantil.

Lucha genuina estigmatizada por el oficialismo
La diputada del oficialista Partido Nacional, Lena Gutiérrez, calificó este movimiento como protestas callejeras, con tinte político.

De la misma forma, el titular de Educación Marlon Escoto atribuyó las protestas a injerencias del partido Libertad y Refundación (Libre), señaló directamente al diputado Bartolo Fuentes y a Gilberto Ríos.

El dirigente político de Libre, Gilberto Ríos, aclaró que en ningún momento estuvo en protestas, como lo mencionó Escoto. Relató que cerca de su casa, en la colonia Kennedy, estaban reprimiendo a estudiantes y lo único que hizo fue tomar una imagen y subirla a su perfil de Facebook para denunciar el hecho, mencionó. Ríos comparó el asesinato de estudiantes con lo ocurrido en Ayotzinapa.

Por su parte, el gobierno a través de su propaganda informativa ha alentado la estigmatización de los protestantes que son calificados, en algunos medios de comunicación, como vándalos cuando lo que hacen los niños(as) y jóvenes es ejercer su derecho a la protesta. Este 26 de marzo, diferentes organizaciones de sociedad civil darán conferencias de prensa simultáneas para denunciar esta estrategia de terror.

C-Libre condena estos hechos por considerar que son parte de una política de represión y terror encaminada a eliminar el Movimiento Estudiantil y los espacios de libertad de expresión de la juventud hondureña. A la vez manifestamos a las autoridades educativas que no justifiquen sus errores, intolerancia, incapacidades y autoritarismo, buscando culpables en otros sectores sociales y políticos.

Fuente: http://clibrehonduras.com/main/noticias/m%C3%BAltiple-ejecuci%C3%B3n-arbitraria-de-ni%C3%B1os-que-hab%C3%ADan-participado-en-protestas-estudiantiles

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En el gobierno de Juan Orlando Hernández se dispara el número de hondureños descuartizados

encostaladosjohSegún estadísticas del Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio Publico, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández se ha disparado las cifras de personas descuartizadas que aparecen en diferentes partes del país.

Al interpretar las cifras se llega a la conclusión que cada mes son mutiladas unas cuatro personas.

Todas las víctimas de los descuartizadores por lo general son encontradas envueltas en bolsas plásticas, sábanas blancas o de varios colores, sacos de mezcal blancos y rojos, así como cajas de cartón de todo tipo.

Los lugares de los hallazgos siguen siendo los mismos: calles desoladas, a orillas de carreteras, matorrales, solares baldíos, basureros, “casas locas” e incluso han dejado los cuerpos semienterradas o en zanjas de las “colonias calientes”.

La jefe de Patología Forense del MP, Ethelinda López, advierte quelos cuerpos desmembrados se han convertido en “el diario” en las mesas metálicas forenses, y la característica que más se destaca en estos homicidios, es cómo la mano criminal pretende achicar las evidencias del crimen.

Es decir, que el desmembramiento de personas refleja un horrendo patrón “que permite ocultar un cuerpo en un espacio menor, embolsarlo o introducirlo, ya sea en saco o caja, para posteriormente poder movilizarlo con más facilidad”.

“No es lo mismo trasladar un cuerpo completo, que puede medir más de un metro sesenta centímetros, que mover un saco que está reducido a menos de un metro, en algunas condiciones”.

“No siempre encontramos los cuerpos en las áreas en donde los han descuartizado; sino que los descuartizan en un lugar y los trasladan para tirarlos a otro lugar…”.

La estadística oficial indica que las víctimas más comunes de desmembramientos son hombres, tal y como ocurre con otro tipo de homicidios. En cuanto a las edades, los reportes de la morgue muestran que se trata de personas jóvenes, en etapa reproductiva, entre el rango de 20 a 40 años de edad, con mayor incidencia entre 20 y 30 años.

Otro de los hallazgos en el horrible patrón de estos crímenes es que los descuartizadores han pasado del uso de armas blancas como navaja, puñal, machete o hacha, a la utilización de sierras eléctricas para acabar en minutos con la reducción del cuerpo.

Según las evidencias científicas, los homicidas tienden primero a estrangular a sus víctimas o a dispararles en una o varias ocasiones en la cabeza.

Solo en la primera semana de febrero del 2015 se reportaron cinco hallazgos de cuerpos mutilados, y el descubrimiento de partes corporales sigue, según el monitoreo actual.

Fuente: URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=9888

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Agent Reveals How Honduran Death Squads Operate

Published 19 September 2014
A fromer Honduras National Police agent has revealed gruesome details on numerous cases.

According to Radio Globo Director, David Romero, documents containing a testimony of a former agent of the national police force, shines a light on how death squads operate in Honduras.

The agent, who worked with the police’s  Analysis Unit for several years, says in a sworn statement that he was present at a number of executions that implicate top level commanders of the national security forces.

He gave details of six cases of persecution, kidnapping and death. One of the victims was a 65-year-old person from Copán, in western Honduras.

Officials involved in the case were former police chief Juan Carlos “Tigre” Bonilla, Zavala Vásquez and Turcios Andrade.

Another case involved the kidnapping of a woman in the company of a young boy in Barrio Cabañas, San Pedro Sula, in the north of Honduras. She was intercepted by three vehicles under the command of former police chief Héctor Iván Mejía. Those directly involved included the head of the Special Anti-Kidnapping Group (GEAS) Turcios Andrade, Zavala, and 16 other members. The woman was taken to a security house in the exclusive Trejo neighborhood, interrogated for 48 hours, hanged and disappeared.

To date, family members continue to demand that those responsible for security and justice reveal the whereabouts of the woman`s lifeless body. Her name has never been revealed.

In another case, a group of policemen kidnapped a young girl in the Choloma area to pressure her mother to tell them where to find a person known as “Amílcar El Renco”.

The girl was transferred to the same security house. There she was raped by several members of the Analysis Unit. The mother called to tell them where to find “El Renco,” who was tortured and killed several days later.

The former police agent revealed that those who gave the order were commissioners  Heberto Arias Aguilar, López Flores and Turcios Andrade and stated that they were supported by the National Office of Criminal Investigation (DNIC) and the Analysis Unit.

In yet another case, three members of the “Agua de Mayo” gang were killed after being taken to a security house in San Pedro Sula, where they were tortured and killed. They were then decapitated and their bodies appeared in different parts of the city. A different head was placed on each body to make it more difficult to identify the person killed. The ex agent revealed that the commanders involved in this incident were  Arias Aguilar, Mejía, López Flores, Turcios Andrade and Zavala with the support of GEAS and DNIC.

Fuente: http://www.telesurtv.net/english/news/Agent-Reveals-How-Honduran-Death-Squads-Operate-20140919-0006.html

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Expolicía hondureño revela vinculación de organismos de seguridad con ejecuciones extrajudiciales

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Un exagente de la Policía Nacional de Honduras reveló la manera de cómo trabajan los escuadrones de la muerte en el organismo de seguridad.

Esta denuncia la hizo hoy el director de Radio Globo, David Romero, que tuvo acceso a documentos que comprometen a altos mandos del organismo que vela por la proteccion de la ciudadanía.

La declaración fue ofrecida por el exmiembro de la Policía, que fue contratado en la sección de Análisis donde prestó servicios por varios años y en una declaración que hizo sin coacción, narró que tuvo conocimiento de las ejecuciones porque estuvo en cada una de ellas.

Narró con detalles acerca del secuestro de una persona de 65 años en Copán, zona occidental de Honduras; en el operativo de rescate del rehén estuvo involucrado el exdirector policial Juan Carlos “Tigre” Bonilla, comisario Zavala Vásquez y otro oficial de apellido Turcios Andrade.

También se hizo acompañar de otros oficiales y miembros de la Policía de Colombia, de apellidos Morera, sargento Palomo y otro agente de apellido Gaviria.

En cuanto al secuestro, las llamadas salían de la localidad de El Paraíso y la intercepción fue hecha por los tres agentes colombianos. El equipo antisecuestros se encontró con Bonilla alrededor de las 3:00 de la tarde con base a la información que habían recabado.

En La Entrada, Copán, dijo la fuente, se encontraba el autor intelectual que fue capturado horas después mientras conducía un mototaxi y dio la información del lugar donde tenían al secuestrado, que era resguardado por tres cómplices.

Se planificó llevar la comida en la unidad de transporte, por lo que el jefe de la banda fue esposado al timón; con él se transportaba por Bonilla y Turcios Andrade, dirigiéndose al punto donde se entregaba la comida.

Llegaron dos de los secuestradores que se aproximaron al área donde acordaron encontrarse, lo hicieron con mucha cautela. Al dar con los dos secuestradores, oficiales y agentes de la escala básica los emboscaron, logrando matar a uno y el otro se dio a la fuga.

En tono burlesco, aseguró el informante, los funcionarios se disputaban quién le había hecho el disparo, cuyo casquillo era de calibre 38.

Despues del crimen, pusieron al captor que se contactara a sus compinches para que movilizaran al secuestrado al punto de encuentro, cuando salieron, 30 policías dispararon indiscriminadamente contra el bandido. Bonilla, que portaba un subfusil UZI, le disparó en varias ocasiones hasta causar la muerte al facineroso.

Al segundo caso, según documentación en poder de Romero Ellner, lo llevaron a los bordos de San Pedro Sula para ser asesinado; dos miembros de Análisis fueron encomendados a la misión, los policías lo acribillaron sin reparar que la víctima quedó vivo, este salió a la carretera y fue trasladado al hospital donde declaró que estuvo a punto de ser ejecutado.

Luego que el incidente fuera publicado en los medios, varios policías lo quisieron matar para que no diera más detalles sobre el atentado que padeció.

Uno de los comisionados sugirió que se le podía matar y para eso fue asignada una policía que a su vez es enfermera para realizar la acción; y le dieron permiso cuando surgió el escándalo y fue trasladada de inmediato a la sede del Grupo Especial Antisecuestros (GEAS) donde hizo varias acciones administrativas, incluso de aseadora. La policia encomendada para la mision en el centro hospitalario, cononocida como “la china”, inyecto insulina para acabar con la vida del ciudadano.

El tercer caso –prosigue– es el secuestro de una señora con un niño en el Barrio Cabañas de San Pedro Sula, norte de Honduras y fue interceptada en tres vehículos bajo el aval del exjefe policial, comisionado Héctor Iván Mejía.

En esa acción se estaba el jefe del GEAS, comisionado Turcios Andrade y otro alto oficial de apellido Zavala juntos a 16 miembros más. La señora fue trasladada a una casa de seguridad a la exclusiva colonia Trejo donde fue interrogada por 48 horas y después fue ahorcada y desaparecida.

A la fecha, familiares de la dama siguen exigiendo a los operadores de seguridad y justicia que se dé con el paradero del cuerpo sin vida de la dama, cuyo nombre no ha sido revelado.

En cuanto al cuarto caso, un grupo de policías secuestraron en la localidad de Choloma a una joven, a fin de presionar a su madre para que esta diera con la ubicación de una persona conocida por el mote de “Amílcar El Renco”.

La muchacha fue trasladada a la misma casa de seguridad. En ese lugar fue violada por varios elementos de la unidad de Análisis; la madre los llamó porque dio con la ubicación de “el Renco”…este fue torturado y asesinado días después.

El denunciante reveló que quienes dieron la orden fueron los comisionados Heberto Arias Aguilar, López Flores y Turcios Andrade y contaron con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la unidad de Análisis.

En el quinto caso, añadió, hubo tres muertos de la denominada banda “Agua de Mayo”, a estos los interceptaron en un punto no determinado, trasladados a una casa de seguridad en la colonia Jardines del Valle de la capital industrial donde fueron torturados y ahorcados.

Luego, fueron decapitados y los cuerpos aparecieron en distintos puntos de San Pedro Sula. A cada cadáver le pusieron una cabeza distinta para dificultar la identificación de los fallecidos.

En esta ejecución, reveló el exagente, participaron los comisionados Arias Aguilar, Mejía, López Flores, Turcios Andrade y Zavala con el apoyo de GEAS y DNIC y los matones hicieron fiesta.

En la sexta ejecución extrajudicial, denunció que Arias Aguilar se molestó por la falta de respeto que un policía, conocido como “El chelito”, le hiciera y ordenó que se le asesinara al menor descuido.

Arias encontró al agente del orden ingiriendo bebidas alcohólicas en una cantina del populoso barrio sampedrano Miguel Paz Barahona. El oficial aprovechó la coyuntura y acompañó al policía en la ingesta de alcohol hasta que no tuviera capacidad para reaccionar.

De inmediato, el jefe policial llamó a un grupo de subalternos para que se prepararan para la operación, por lo que interceptaron a “El chelito” y fue trasladado a una casa de seguridad a la marginal colonia San José V donde fue torturado y el cadáver fue tirado en la cañeras ubicadas en la periferia sur de San Pedro Sula.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article%2Fexpolic%C3%ADa-hondure%C3%B1o-revela-vinculaci%C3%B3n-de-organismos-de-seguridad-con-ejecuciones-extrajudic

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“Si no regreso esa droga me van a matar”, suplicó estudiante ejecutado a las autoridades del Central

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Serie 1/3
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El viernes 6 de junio de 2014, Lester Ismael Moncada Ordóñez, de 15 años, salió de su casa de habitación, ubicada en las afueras de la ciudad, vestido con un pantalón de tela color gris y cubayera blanca, el uniforme del emblemático Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC). Así inicia la cuenta regresiva del adolescente que cursaba el primer año de Bachillerato en Contaduría y Finanzas. Esta fue la última vez que los familiares y vecinos vieron con vida al muchacho. 

Un día después, fue  encontrado sin vida envuelto en una cobija estampada roja y lazos azules (sábado 7), en una colonia cercana a su centro de estudio. Unas horas antes de su desaparición. Ese mismo viernes en horas de la tarde compañeros, maestros y personal administrativo también vieron al Lester Ismael Moncada Ordóñez  dentro de las instalaciones del ICVC, pero según los relatos, Lester sabía que lo asesinarían.
¿Qué le pasó a Lester?
La respuesta de lo que sucedió antes del asesinato se transcribe íntegramente de los relatos que las personas que tuvieron contacto con el joven, el último día de su vida, nos revelaron. Por razones de seguridad nos reservamos el nombre de las fuentes.
Testimonio 1
Sus padres ignoraban la expulsión
“Los padres de Lester ignoraban que a él (Lester), lo expulsaron a inicios de esa semana porque se le encontró marihuana en la mochila y además se comprobó que el joven distribuía droga dentro del colegio. Lamentablemente las autoridades del Central no siguieron el debido proceso administrativo en cuanto a la expulsión de un alumno, pero efectivamente a Lester se le separó del colegio por una falta muy grave”.
“Como le repito, no se hizo lo correcto al expulsarlo sin avisarle a los padres de familia y no remitir el caso a las autoridades correspondientes como lo es la Fiscalía del menor, hasta donde yo sé, solamente se le quitó la droga y se le suspendió, con la suspensión me refiero básicamente a  sepáralo definitivamente del colegio”.
“No me corresponde a mí responderle el  por qué se actuó de esa manera, del porqué no se notificó a los padres de esta expulsión, esa respuesta le  corresponde a las autoridades del Central”.

Droga decomisada al estudiante quedó en manos de la Junta Interventora.
Testimonio 2 
Si quiere saber quién tiene la droga, busque al Presidente de la Junta Interventora
“No podemos saber por qué el joven estaba metido en ese problema de drogas, tampoco podemos condenarlo por eso, así como él habrán muchos más,  pero lo que recuerdo fue que ese viernes, este joven ingresó al Central con el único propósito de recuperar la droga que se le había decomisado. Yo sé que buscó a las personas que le retuvieron la droga y les pidió que se la devolvieran”.
“Según me dijeron, Lester les dijo: ‘si no regreso esa droga me van a matar’, pero las suplicas del muchacho no fueron escuchadas por quienes le decomisaron la droga y mire cómo este joven decía la verdad, él sabía que no devolver la droga era su sentencia de muerte”.
“Si quiere saber quién tiene la droga o quién lo expulsó, busque al presidente de la Comisión Interventora, él es una fuente de primera mano en el caso de Lester, yo lo único que le puedo afirmar es que este muchacho sabía que iba a ser asesinado y buscó ayuda ante las autoridades de su centro educativo y estos se desentendieron del caso, pese a la gravedad del asunto”.

Testimonio 3
Lo habrían secuestrado junto a dos niños más
“La bulla es que junto a ese alumno (Lester), también secuestraron a dos más, eso dicen los alumnos y esa teoría no se ha confirmado pero tampoco se ha descartado, ya han pasado dos semanas y pese a que existe este fuerte rumor de otros dos jóvenes aún no se ha podido sacar un inventario de los estudiantes para la tranquilidad de ellos mismos”.
“Ese día (viernes seis), me llamó la atención la mirada de este joven, sus ojos denotaban angustia y miedo al momento de pedir conversar con una persona en particular (maestro), al conocer su caso pensé que se trataba del temor a la represión de sus padres o al causarles decepción a los mismos”.
“Me remuerde la conciencia el no haber seguido mi instinto, yo vi algo diferente en su mirada, sentí su llamado de auxilio, pero fui un cobarde al no preguntarle directamente a él que le sucedía, no tengo excusa que valga y este cargo de conciencia no me deja tranquilo, tal vez por eso quiero que se conozca que paso previo al asesinato de Lester”.
Sentencia de ejecución
Los tres testimonios anónimos coinciden al decir que a Lester Ismael Moncada Ordóñez, del primero de Bachillerato, habría sido expulsado por tenencia de droga (marihuana) y que este joven sabía que de no devolver la droga a sus proveedores era su   sentencia de ejecución.
Por tal razón, durante su último día de vida, Lester trató de convencer a las autoridades del ICVC, que le habían decomisado días antes la droga, para que se la devolvieran, pero sus suplicas no surtieron efecto.
Esta página de un periódico capitalino en la que reclaman por la falta de apoyo e
indignación por la muerte del joven fue distribuída por los estudiantes del Central.
Contradicciones 
El Equipo de Investigación entrevistó a Saúl Enrique Morales, representante de la Comisión Interventora instaurada a finales del año pasado en el ICVC por disposiciones de la Secretaría de Educación, según el Acuerdo 2291-2013. Morales manifestó que el estudiante nunca le dijo que lo iban a matar si no devolvía la droga. Sin embargo admitió,  “él me dijo que estas personas (traficantes) ya sabían que se le había decomisado la droga y que tenía que pagarles el valor de la misma, por esa razón yo le di 100 lempiras, 50 para pagar la marihuana y 50 lempiras para que se fuera en taxi directo a su casa”.
Morales dijo que “lo que nosotros sabemos es que el joven (Lester) fue raptado en las cercanías del colegio, el viernes. Según la información de los mismos alumnos, se dice que este alumno presenció cuando otros jóvenes eran raptados y por eso se lo llevaron a él también, pero no podemos descartar cosas relacionadas con drogas porque a él se le encontró dos días antes de su rapto fumando marihuana en el Colegio y por eso se le suspendió”,  Morales después rectificó que  la fecha en que lo encontraron consumiendo el narcótico fue el viernes 30 de mayo.
“La plática del miércoles (el día de su expulsión) fue muy franca me pidió permiso para quedarse dentro del colegio porque tenía que someterse a un examen y dijo que sería la última vez que estaba involucrado en el tema de drogas. Este muchacho mostraba sinceridad, nobleza y deseos de superación y me convenció, al decir, que quería cambiar”.
El jueves Lester llegó a pedir otra oportunidad en el colegio porque estaba más tranquilo pues supo que habían apresado a quienes lo amenazaban.  “Lester vino a pedir una oportunidad y dijo que iba a cambiar, por eso solamente se le suspendió verbalmente y no se firmó ninguna acta, además se le permitió que se quedara en clases porque él nos dijo que estaba siendo amenazado (obligado) para distribuir droga dentro del colegio y en efecto al joven se le decomisó un paquetito de marihuana aproximadamente de una pulgada de ancho, y de largo, esto fue el miércoles antes de su muerte, de eso puede dar fe su tutora”. 
“En el caso de Lester fue muy rápido y no dio tiempo de actuar, solo fueron dos días por ello no se pudo remitir el caso a las autoridades competentes, pero la droga será remitida en los próximos días para que inicien la investigación”. El abogado Morales consideró que el decomiso de la marihuana era sólo para consumo. Empero en la misma entrevista expresó “a mi criterio al muchacho lo agarraron como mula porque era un consumidor activo” y tampoco esto fue reportado al Ministerio Público, que según el artículo 92 del Código Procesal Penal tiene la potestad de investigar hechos punibles y promover la acción penal pública .
Por otra parte www.conexihon.hn, corroboró a través de una conversación telefónica con el  padre del alumno Lester Ismael Moncada Ordóñez, que él y su esposa desconocían que su hijo habría sido expulsado del ICVC.  Además la versión extraoficial de los alumnos del Central -en cuanto a que junto a Lester también se habrían secuestrado dos alumnos más- fue validada por el gobierno estudiantil del ICVC.
El cadáver de Lester Moncada fue hallado a inmediaciones de Plaza Milenium,
en el sector de Tiloarque en Comayaguela.
Tres centralistas asesinados este año
El gobierno estudiantil agrega que según sus estadísticas en lo que va de este año son tres los estudiantes del Central que han sido asesinados bajo el mismo patrón. El asesinato del estudiante centralista ocurre en un contexto de ejecuciones sumarias contra jóvenes y en el marco de denuncias de Casa Alianza sobre el exterminio contra niños hondureños.
En los primeros cuatro meses del año, Casa Alianza denunció el asesinato extrajudicial de 352 menores de 23 años. Las autoridades competentes del país deberán investigar la responsabilidad civil y administrativa de quienes por acción u omisión no prestaron importancia al llamado de auxilio del menor,  Lester Ismael Moncada Ordóñez porque en ninguna de las acciones realizadas por las autoridades se involucró a la policía ni a la Fiscalía. 
Los patrullajes a inmediaciones de este colegio les corresponden a los integrantes de la Quinta Estación Policial del barrio La Granja, que estuvo en 2011 en el ojo del huracán porque varios de los policías de esta posta participaron en la ejecución de los universitarios Carlos David Pineda y Héctor Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los policías modificaron la escena del crimen y escondieron evidencias para disimular la ejecución de los jóvenes.
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Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-ni%C3%B1ez-y-juventud/%E2%80%9Csi-no-regreso-esa-droga-me-van-matar%E2%80%9D

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Ejecuciones Extrajudiciales y criminalización contra defensores de DDHH

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La Coordinadora General del Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva disertó esta semana ante el foro “Hacer frente a los desafíos de Operaciones de Combate de toleradas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, organizado por la Comisión Europea de Derechos Humanos  en Bruselas, Bégica.

Dicha comisión seleccionó este año a la reconocida defensora de derechos humanos Bertha Oliva, como expositora ante el foro dedicado a la realidad de los derechos humanos, derechos sobre la tierra y en particular, a la aplicación del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos.

A continuación la disertación de Bertha Oliva ante tan importante foro mundial:

Las Desapariciones Forzadas y Las Ejecuciones Extrajudiciales

En Honduras

Por Bertha Oliva de Nativí

Ante el Foro IEDDH 2014

Bruselas del 12 al 14 de mayo de  2014.

Buenas  Tardes Estimada Audiencia  es de mucha satisfacción  compartir esta  jornada con ustedes, pero antes de desarrollar mi tema quiero tomar unos minutos para agradecer a los organizadores del foro  por haber incluido un tema de tanta importancia y actualidad en nuestros países, sobre todo considerar las violaciones históricas a los derechos humanos.  Dicho esto les resumo lo que ocurre en la Honduras Post Golpe de Estado.

Las Desapariciones Forzadas y Las Ejecuciones Extrajudiciales

La impunidad constituye un obstáculo al cual se enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos y sobre todo las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Honduras.

Las ejecuciones extrajudiciales se utilizan de manera sistemática y la mayoría de esos crímenes quedan en impunidad.  Otra consecuencia es que los familiares dejan de creer en la transparencia de  las instituciones del Estado. Nadie hace nada por ellos, se vuelven procedimientos legales y burocráticos, entre otros.  Las comunidades y las víctimas recurren a otras organizaciones sociales o personas independientes que puedan ofrecerles el acompañamiento, originándose un desplazamiento de la responsabilidad que debería recaer en el Estado. Hay una desconfianza total.

Las ejecuciones extrajudiciales no son  nada nuevo en  el país, las  familias  y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos llevan años denunciando  estos hechos.

Desafortunadamente, hemos visto que se han venido expandiendo.  Incrementando el número de victimas disminuyendo la edad  y  aumentando la crueldad y la saña de los crímenes. Los casos son  muy dolorosos y a eso se suma la imposibilidad de lograr  que efectivamente haya justicia. Además, es preocupante que las  denuncias generen  efectos en cuanto a seguridad, puesto que el gobierno, en vez de reconocer  las debilidades de la institucionalidad ha hecho  declaraciones muy fuertes  descalificando la labor de las organizaciones  y afirmando  que están  desarrollando una estrategia de seguridad.

Previo a salir de mi país para asistir a esta tribuna, fui testigo de la detención ilegal y tratos crueles e inhumanos perpetrados contra un colega defensor de los derechos de la niñez y la adolescencia, se trata del director de Casa Alianza-Honduras, José Guadalupe Ruelas.

Una semana antes, Ruelas había presentado un informe sobre  los primeros tres meses del año 2014, el informe aseguraba que en Honduras han muerto en condiciones violentas 270 jóvenes menores de 23 años, lo que indica un promedio de 90 muertes por mes.

El informe mensual de la situación de derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes destacó que en enero murieron 93 jóvenes, en febrero la cifra se ubicó en 84 muertes violentas y en marzo la cantidad se elevó a 94 jóvenes. En el período que va de febrero de 1998 a marzo de 2014, fueron asesinados en Honduras 9 mil 291 jóvenes menores de 23 años.

Mientras El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reporta que en los primeros tres meses del presente año, en Honduras ha habido 19 masacres, donde perdieron la vida 68 ciudadanos – en su mayoría menores de 30 años.

Estas Ejecuciones Extrajudiciales que se han presentado, han sido ya sea por  la comisión por acción y omisión de funcionarios públicos del actual gobierno y del anterior, al igual que en la responsabilidad de comisión por acción de particulares, que actúan a través Grupos de Seguridad Privada[1], con la aquiescencia y amparo legal del Gobierno de Honduras.

La mayoría  de los casos de ejecuciones extrajudiciales,  han sido de conocimiento público y, ante los cuales se mantiene la impunidad en materia penal, disciplinaria y administrativa.

Las cifras observadas de homicidios cometidos en el 2012, expresan un aumento persistente de muertes violentas en Honduras, con una tasa nacional actual de 85.5 por cada 100.000 habitantes, lo que significa la comisión de 7.172 homicidios al año, 598 al mes, en un promedio de 20 diarios, donde el 83.4% de los homicidios se produjeron con arma de fuego y en un 23.5% en la modalidad de sicariato.

A esta tasa de homicidios se debe agregar las que son categorizadas como muertes indeterminadas, que en el año 2012 aumentaron en un 48.2%, principalmente en la ocurrencia de 352 casos, la mayoría de ellos presentados en la Granja Penal de Comayagua, según información de Medicina Forense.

El registro realizado por el Observatorio de la Violencia en Honduras, muestra la ocurrencia de Homicidios con una aumento en los últimos 9 años del 232.8%  representados en 41.105 homicidios, de un total de 64.578 muertes violentas. Honduras pasó de 2.155 Homicidios en el 2004 a 7.172 Homicidios en el 2012.

Se observa además, que a partir del año 2009 aumenta la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes y se presentan nuevas modalidades como la del uso de sicarios en la comisión de crímenes, el aumento del número de víctimas por hecho en la modalidad de masacres y el perfil u ocupación de las víctimas está ligado a labores campesinas, de liderazgo social, de oposición política y defensa de los derechos humanos.

En el 2009 se produjeron 105 masacres, con 373 víctimas. En el 2010 se presentaron 147 hechos con muertes colectivas de más de tres personas, con un total de 457 víctimas en estas masacres. En el 2011 se registraron 133 hechos con más de tres homicidios colectivos. En el 2012, en 128 hechos se presentaron masacres, con un aumento de 308 escenarios donde las víctimas fueron dos personas simultáneamente, y presentándose 1.817 escenarios de muertes individuales.

El discurso para intentar explicar el aumento de la tasa de homicidios en Honduras, está ligado a justificarlo por el incremento del narcotráfico, la delincuencia común, la inestabilidad social e institucional, ajuste de cuentas entre los ciudadanos y en algunos casos se reconoce la existencia de motivaciones políticas o de persecución social, en especial las relacionadas con el escenario del golpe de Estado y escenarios de conflicto agrario.

Con relación a la ocurrencia de homicidios ligados a contextos de conflictos agrarios, el escenario más preocupante es el de la región conocida como el Bajo Aguán, departamento de Colón. Donde se registra un total de 1.532 homicidios entre el 2005 al 2012, con un aumento significativo entre los años 2009 a 2012.

Teniendo el departamento de Colón, región del Bajo Aguán, una población de 304.603 habitantes, se presentaron aumentos de la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes entre el año 2005 al 2012, en la siguiente frecuencia:

Mientras se presentaba en el 2005 la ocurrencia de 62 homicidios, en el 2009 aumentó a 242, seguido de 260 homicidios en el 2010, 307 homicidios en 2011 y 275 homicidios en el 2012. Con un total de 1.532 homicidios en los últimos 8 años.

No existe una estadística clara de cuántos de estos crímenes corresponde a delincuencia común, persecución política, conflictos agrarios, entre otros contextos. Pero, desde las organizaciones del Movimiento Campesino del Bajo Aguán, se ha manifestado la ocurrencia de alrededor de un centenar de homicidios (registrados entre 2008 a 2013) ligados al conflicto agrario, de los cuales en su mayoría tienen la presunta responsabilidad en su comisión por parte de miembros de Empresas de Seguridad Privada y agentes del estado.

La situación es de mayor preocupación cuando en la mayoría de los casos no existe información sobre la autoría del homicidio, cuando aun existiendo no se adelanta investigación penal sobre los responsables y cuando en las pocas causas penales abiertas, sobre todo en las relacionadas con escenarios de comisión de masacres, la impunidad es el resultado más ordinario.

Asimismo, no existe registro de la responsabilidad de la comisión de los homicidios por parte de miembros de la Fuerza Pública o de miembros de Empresas de Seguridad Privada, y en la mayoría de los casos se identifica a sus víctimas como “delincuentes” o como “muertos en enfrentamientos”.

Este sub-registro hace que no exista una estadística de ejecuciones extrajudiciales confiable desde el Observatorio de la Violencia o desde alguna de las instancias de control del Estado[2].

Entre los patrones que se logran evidenciar se encuentran:

·       Autoría de ejecuciones extrajudiciales con participación de miembros de Empresas de Seguridad Privada, que ejercen control sobre  barrios colonias y predios de grandes plantaciones de plan africana en posesión de terratenientes agroindustriales.

·       Autoría de ejecuciones extrajudiciales en coordinación de unidad de acción y por omisión de organismos de seguridad del Estado de Honduras.

·       Autoría de ejecuciones extrajudiciales por actuación directa de miembros del ejército y la policía en acciones de abuso de autoridad y represión violenta de manifestaciones y protestas sociales. Donde el uso de la fuerza letal se argumenta  como “legítima defensa”.

·       Las escasas investigaciones de los hechos evidencia la precariedad de la actuación del Ministerio Público desde el inicio de la investigación hasta el sustento del Requerimiento Fiscal. Al tiempo que se evidencia, en los pocos casos que han llegado a ser presentados ante la justicia, la decisión de archivo de los mismos, a través de la figura recurrente de “sobreseimiento” como decisión de los jueces de primera instancia de los Juzgados de Letras.

·       Finalmente, la ausencia de garantías del debido proceso y sana crítica sobre las pruebas que se presentan para determinar la responsabilidad de la autoría de las ejecuciones extrajudiciales. Los vacíos en la legislación existente frente a la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, normas afines a la protección de la vida, en especial sobre la tipificación de los delitos de asesinato y homicidio en el código penal hondureño.

·       Habitualmente el levantamiento del cadáver se realiza por los mismos miembros de la

Fuerza Pública que previamente han  sido denunciados.

·       No se preservan la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes.

·       Se aprecia superficialidad en la práctica de necropsias.

·       Frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortura. Varios testimonios

Evidencian la práctica de tortura.

·       Los cuerpos son despojados de objetos personales y se hace desaparecer sus documentos de identidad.

·       Los cuerpos aparecen desmembrados, envueltos en sabanas o dentro de sacos  lo que la prensa denomina encostalados.

·       Existe un ambiente general de intimidación que dificulta el acceso de los familiares a la justicia, tales como amenazas a familiares y testigos de los hechos.

·        Se han observado casos de testigos asesinados o forzados a desplazarse, lo que coloca a las víctimas en una situación de especial vulnerabilidad.

·       Existe intimidación y amenazas a defensores de Derechos Humanos  y profesionales relacionados con la investigación y enjuiciamiento de los hechos.

·       En la mayoría de los casos los funcionarios de la Fuerza Pública imputados en los hechos, no quedan suspendidos cautelarmente del servicio, manteniendo su actividad habitual.

·       Existe un porcentaje ínfimo de condenas a responsables de ejecuciones extrajudiciales, lo que supone una situación de impunidad generalizada.

·       Imposibilidad de comprobar tanto el cumplimiento de medidas cautelares como de penas en los casos donde existe condena judiciales.

·       Se ha constado el desplazamiento forzado de familias numerosas y vecinos, a raíz del temor provocado por las ejecuciones extrajudiciales

El año 2013: Un año electoral que se inicia con la sombra de las Ejecuciones Extrajudiciales

El partido  de gobierno (partido Nacional)  tras el golpe de estado mostró su interés en seguir en el poder al buscar la posibilidad  de la reelección candidateando al presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández (actual presidente de Honduras).

En  este contexto fue   importante hacer seguimiento al lugar que tendría  el tema de los Derechos humanos, así como la situación particular de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en la agenda política. Después del proceso Electoral, han sido asesinados 9 miembros del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en circunstancias poco claras

Resumiendo  podemos asegurar que en el marco de las campañas electorales interna y general  murieron  38  personas,  22 fueron victimas de atentados, 38 reportaron amenazas a muerte,  y cuatro sedes de movimientos políticos fueron incendiadas.  

Numero de Victimas Partido al que pertenecen
25 Libre
1 Partido Socialista
1 FAPER
3 Partido Liberal
5 Partido nacional
2 Unificación Democrática
1 Partido Anti Corrupción

Otros sectores Victimas de Violencia 

Abogados en el ejercicio de la profesión  ( 76)

Periodistas   (28)

Miembros de la Comunidad de la Diversidad Sexual, LGTBI  ( 117)

Defensores de Derechos Humanos(10) y dos desaparecidas

Campesinos  (117)

3, 051  personas criminalizadas  por  defensa del derecho a la tierra

93   Defensores criminalizados

3.923  mujeres  victimas de muerte  violenta entre 2002 y 2013 y el 90 % de los casos están impunes,

50asesinatos en el 2014, según reporte de la Tribuna de mujeres contra Los Femicidios. La Tasa de homicidios fue de 85.5 por cada 100 mil habitantes
Peticiones :

1.- Exigir condicionamientos  a la ayuda militar, a una  efectividad demostrada en no-violación de derechos humanos, especialmente la intolerancia absoluta con la producción de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de líderes sindicales, ataques a violaciones de derechos humanos y ataques a comunidades victimas de la explotación de sus recursos naturales.

2.- La comunidad internacional debe resaltar la gravedad de la problemática de las Ejecuciones Extrajudiciales e insistir para que el Estado  implemente las recomendaciones realizadas por los organismos de protección de derechos humanos, como  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas  y  las Relatorías Especiales como la de Libertad de Expresión, la de Defensores de DDHH y los Privados de Libertad.

Desaparición Forzada en Honduras

Mi exposición  presenta algunos de los problemas más acuciantes relacionados con la desaparición forzada de personas en  Honduras, particularmente en lo que respecta a los temas y materias derivadas del mandato del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas. Haremos una referencia sucinta sobre  la temática, por ejemplo el que tiene que ver con:

I.                   El marco normativo  hondureño  en materia de desaparición forzada de personas;

II.                 El contexto histórico de la desaparición forzada en Honduras;

III.              El contexto actual de la desaparición forzada en  Honduras

 

I  El Marco Normativo

Honduras no ha cumplido con su obligación internacional de  armonizar su derecho interno a la normativa internacional de derechos humanos  para ofrecer protección a las personas contra las desapariciones forzadas.

En el año 2012, se reformó el Código Penal  y se incorporó la figura en el ARTÍCULO 333-A. que dice: “Cometen el delito de Desaparición Forzada y serán sancionados con pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años, y multa de veinticinco (25) a cincuenta (50) salarios mínimos, quienes actuando con autorización, apoyo o la aquiescencia de uno o más funcionarios o empleados públicos, prive de su libertad a una o más personas cualquiera que fuere su forma, con lo cual se le limite o niegue el ejercicio de las garantías Constitucionales y las Garantías Procesales Pertinentes, siempre que concurran cualquiera de las circunstancias siguientes:

Falta de información con la negativa a reconocer la privación de libertad; oculten o nieguen el paradero de la persona o personas detenidas; cuando él o los imputados sean funcionarios o empleados públicos la pena se incrementará en un tercio. La tipificación del delito en las legislaciones locales. Pese a lo anterior, en el derecho interno la  tipificación se encuentra  con lagunas y deficiencias en la determinación de los sujetos activos.

Los legisladores, obviaron incorporar el concepto de desaparición forzada y la continuidad del delito en el tiempo, para,  a partir de ahí,  definir  a los sujetos activos de la conducta típica, antijurídica y culpable, la sanción que la misma debe tener, así como establecer su fundamento  constitucional y su regulación en el derecho internacional de los derechos humanos.

Para  reclamar el derecho solo existe en la normativa el recurso de Hábeas Corpus y esta reforma penal es de reciente data. El Hábeas Corpus ha demostrado ser ineficiente para recuperar a las víctimas, aunque ahora el Estado no deniega el recurso,  el Habeas  Corpus como en el pasado, se ha vuelto inefectivo en su forma de aplicación.

II. El contexto histórico de la desaparición forzada en Honduras

Durante la década de los años ochenta, se produjeron un número considerable de víctimas de la tortura, de ejecuciones arbitrarias o sumarias y de desapariciones forzadas sistemáticas. En definitiva, se violaron los Derechos Humanos  en nombre de la lucha contra el avance del comunismo.  De acuerdo a un documento desclasificado por el gobierno norteamericano., ya en febrero de  1.981, Jack Binns, embajador  americano en Honduras , informó al Departamento de Estado de su país, que el Coronel Gustavo Álvarez Martínez, para ese tiempo Comandante de la Fuerza  de Seguridad Pública (FUSEP), le había dicho que iba a aplicar en Honduras como medio  efectivo para detener la subversión comunista procedente de los países limítrofes, el mismo método represivo aplicado en Argentina.

La advertencia del embajador Binns, no sólo fue ignorada, sino que por el contrario fue removido de su cargo. El nuevo embajador de Estados Unidos designado para Honduras, John Dimitri Negroponte lograría la obediencia absoluta de  los militares y civiles del gobierno hondureño, a fin de permitir el entrenamiento de la “contra” nicaragüense y  organizar el llamado  “Batallón de Inteligencia 3 – 16, que se conocería como Escuadrón de la Muerte.

Este batallón sería el encargado de cometer las violaciones de los Derechos Humanos en Honduras. De esta manera surgiría una verdadera guerra interna no declarada, denominada por los historiadores “guerra sucia” que tuvo como resultado mas de 200 ejecuciones extrajudiciales, miles de torturados y 142 denuncias formales de desapariciones forzadas.

Pero Honduras tiene una “distinción” importante en cualquier estudio que se haga en materia de Derechos Humanos, y es que fue el primer Estado en ser condenado en el Sistema Interamericano por desaparecer personas.

Entre 1987 y 1989 fueron juzgados los casos de las desapariciones forzadas de los ciudadanos hondureños Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez  y Saúl Godínez Cruz, en procesos que concluyeron con sendas sentencias condenatorias  emitidas el 29 de julio de 1988 y el 20 de enero de 1989, respectivamente .

En sus resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró la existencia  de delitos contra la vida al afirmar que “la práctica (de las desapariciones) ha implicado con  frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver (…) lo que significa una brutal violación del derecho a la vida  (…)”.

En cuanto a la integridad física  y psicológica, consideró que “…el aislamiento  prolongado y la incomunicación coactiva (…)  representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (…)” .

Sobre el derecho a la libertad, la Corte dijo  que “La desaparición forzada de seres humanos  constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetarlos y garantizarlos.

El  secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además el  derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto (…)”

Para emitir la sentencia señalada, como todavía no existía la Convención Interamericana  Sobre Desaparición Forzada de Personas, la Corte Interamericana se basó en la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, que era el instrumento legal vigente para la época en el Sistema Interamericano de defensa y protección de los derechos humanos.

No obstante esta sentencia y una tercera del año 2003, por el Caso Juan Humberto Sánchez, el Estado  de Honduras  sigue en deuda con las victimas, no ha investigado los hechos, no ha sancionado a los responsables,  no ha reparado los daños causados a los familiares de las victimas ni ha desmantelado las estructuras de inteligencia; por el contrario, continúan  bajo otros nombres pero siempre dirigidos por las personas formadas en los escuadrones de la muerte. Los actuales rostros de la represión y de la labor de inteligencia son  sobrevivientes del escuadrón de la  muerte 3-16, como el coronel Gérman Alfaro, señalado como el autor de la represión contra los campesinos del Bajo Aguan y  Julián Pacheco Tinoco, que es el Director de la  Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, encargada de dictar las políticas públicas en materia de defensa y seguridad.

Los casos presentados a las instancias judiciales  se encuentran paralizados, a las instituciones a cargo de su procesamiento no les interesa darles seguimiento. Algunos expedientes, no tienen fiscal ni jueces asignados.  En otros, se dicta sobreseimiento por falta de pruebas.

A pesar de que en la década de los noventas, se avanzó en la identificación de cementerios clandestinos, se abrieron juicios a militares de alto rango, se presentaron de informes estatales sobre las graves y sistemáticas prácticas de desapariciones, y que el tema se discute abiertamente, esto no se tradujo en justicia para las víctimas.

III  El contexto actual de la desaparición forzada en  Honduras

Tal como lo  mencioné  al inicio de esta exposición, la práctica de la Desaparición Forzada de Personas cambió en  Honduras , luego de la caída  de la Doctrina de Seguridad  Nacional  y que los militares  regresaron a sus  cuarteles . La  incipiente democracia trajo consigo la libertad de información y con ella el conocimiento de muchas de las violaciones de  los Derechos Humanos ocurridas durante  la década de los ochenta.

Sin embargo, aún resulta complejo explicar que siguen todavía consumándose un número considerable de desapariciones forzadas en Honduras, la práctica no se erradicó,  bajó su numero, la sistematicidad, la autoría y las motivaciones, pero la conducta arraigada y la impunidad permanente, demuestran que todavía las formas jurídicas del derecho,  son puestas al servicio del mantenimiento del silencio y de la injusticia para  los desaparecidos y sus familiares.

El Golpe de Estado  de 2009   garantizó la  aparición de un nuevo y remozado autoritarismo y  el resurgimiento de la desaparición forzada por razones políticas, y la participación directa de agentes del Estado en la realización de las detenciones seguidas de desaparición de las víctimas.

El Cofadeh ha registrado 13 casos por razones POLITICAS,  la desaparición de cuatro campesinos incluyendo jóvenes menores de 18 años por conflictos de tierra. Pero también se registran  desapariciones por el alto nivel de inseguridad y la pérdida del control de la violencia  de parte del estado de Honduras.

Las desapariciones Forzadas en Honduras han sido un muro de silencio e indiferencia  pero no son cosa del pasado, tienen efecto en el presente, en el futuro de los derechos humanos, en los familiares y en la sociedad en general. Por ello:

·       Le solicitó a la comunidad internacional  exigir al Estado de Honduras cumplir con la obligación  ineludible de investigar estos crímenes, sancionar a los responsables, reparar a las victimas y  asumir políticas publicas de respeto y reconocimiento a las víctimas.

·       Exigirle al estado la creación de un banco genético  para los casos de los años ochenta que sirva en el futuro, para identificar restos humanos exhumados de los cementerios clandestinos.

·       Crear una Ley de Reparaciones con enfoque en las victimas de las históricas violaciones a los derechos humanos.

·       Cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

·       Aceptar la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas y armonizar la normativa interna a la  conceptualización internacional de desapariciones forzadas.


[1]A/HRC/15/25 del 5 de julio de 2010. Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, ante el Consejo de Derechos Humanos en su 15º período de sesiones, dentro del Tema 3 de la agenda.

[2]De las precarias informaciones sobre la responsabilidad de agentes del Estado en la comisión de homicidios, el Observatorio de la Violencia publicó el pasado 05 de noviembre del 2012 un informe titulado “Boletín Especial sobre Criminalidad Policial”, con datos comprendidos entre enero del 2011 a noviembre del 2012, en el marco del debate y aprobación de legislación sobre el control y evaluación de la carrera policial y la depuración de la misma. En el informe se señala la comisión de 149 ejecuciones extrajudiciales durante el tiempo evaluado del informe, 2011 a 2012, resaltando los casos en los cuales la policía abre fuego sin existir de por medio un peligro real o inminente de acuerdo a lineamientos del uso de la fuerza. Pero no se tienen presentes otros casos en los cuales la acción policial en abuso de autoridad, comete ejecuciones extrajudiciales en otros escenarios. Ver ANEXO al presente informe, el Boletín anunciado.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3126:ejecuciones-extrajudiciales-y-criminalizacion-contra-defensores-de-ddhh&catid=71:def&Itemid=166

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Honduras: arrecia política de limpieza social contra jóvenes, denuncia Cholusat Sur

El periodista Esdras López señala que entre los fallecidos, se encuentran niños y niñas; en el rango de las edades de los jóvenes ajusticiados, hubo 18 ejecuciones en personas de 0 a 17 años y entre los 18 y 23 años se reportaron 67.
Artículo | Marzo 19, 2014 – 6:19pm

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. En el primer mes de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, hubo 84 muertes y ejecuciones extrajudiciales, reveló este miércoles el director de Canal 36, Esdras Amado López.

El comunicador divulgó en exclusiva un informe de una organización de derechos humanos, en la que se detalla que “hay una política de exterminio que ha puesto en marcha el Gobierno de Honduras”.

En los primeros treinta días de gestión del actual mandatario –agregó– se han violado tratados internacionales en materia de protección de la vida, al registrar esta tasa, que de acuerdo al informe, supera a gobiernos pasados.

López señaló que entre el 27 de enero –cuando asumió Hernández el cargo– al 28 de febrero anterior, se cuantificaron la muerte de niñas, niños y adolescentes en una tasa diaria de 2.72.

“Al calcular los promedios mensuales y ejecuciones de la anterior administración, con la cual se observa que este (los crímenes extralegales) ha aumentado en tan sólo un mes desde el día que estaba tomando posesión hasta el 28 de febrero con una media del 81.6 por ciento”, explicó.

Asimismo, expuso con base a la documentación en su poder que durante febrero, en el 92 por ciento de los casos, se desconoce los autores materiales de la muerte de jóvenes, lo que significa impunidad.

Se evidencia que en el incremento de casos de ejecuciones, las víctimas –todos menores de 23 años– fueron encontrados sin vida en sacos, sábanas, sacos, bolsas, amarrados con sogas y fueron estrangulados hasta la muerte.

Otro dato que resaltó el director de Canal 36 es que en términos semejantes, si se compara las muertes ocurridas en el gobierno anterior, del 1 al 26 de enero, se reportaron 98 casos y en apenas un mes de gobierno se han documentado 84 muertes violentas, con un descenso de 14 crímenes.

Entre el rango de las edades de los jóvenes ajusticiados, hubo 18 ejecuciones en personas de 0 a 17 años y entre los 18 y 23 años se reportaron 67.

Aseguró que “la tendencia es de duplicar la media de casos registrados desde 1998”.

Otro dato alarmante es que las regiones donde se presentan mayor cantidad de fallecimientos son los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro, entre otros.

Noticia en desarrollo…

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-arrecia-pol%C3%ADtica-de-limpieza-social-contra-j%C3%B3venes-denuncia-cholusat-sur

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