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FUNCIONARIO HONDUREÑO RESTA IMPORTANCIA AL APOYO MILITAR Y POLICIAL DE EE.UU.

El secretario del gabinete Ebal Díaz advirtió que los militares seguirán en la calle pese al descontento de cinco legisladores de EE.UU. Indicó que “lamentamos la muerte que se han generado en el grupo de los copines y el gobierno hará lo necesario para aclarar y capturar a los responsables”. 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Uno de los principales funcionarios y asesor presidencial del gobierno hondureño, Ebal Díaz, ha dicho sin ambages que no importa perder la ayuda de EE.UU. al referirse al proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras, impulsado en el congreso de Estados Unidos para suspender al país la ayuda en materia militar y policial.

El proyecto propone que la asistencia a Honduras solo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño ha sancionado a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, entre otros, los asesinatos de periodistas, de Berta Cáceres y de un sinnúmero de activistas en el Bajo Aguán.

El documento expone que la Policía hondureña está corrupta y asesina y demanda que se sancione a los uniformados que han violado los derechos humanos y a todos aquellos que participaron en la muerte del general Arístides González y el experto en narcotráfico Alfredo Landaverde.

Al respecto, Ebal Díaz advirtió que los militares seguirán en la calle el tiempo que sea necesario pese al descontento de cinco legisladores de los Estados Unidos.

El funcionario indicó que “lamentamos la muerte que se han generado en el grupo de los Copines y el Gobierno hará todo lo necesario para aclarar y capturar a los responsables”.

Al preguntarle sobre si el gobierno de Hernández no teme perder la ayuda de Estados Unidos, Díaz dijo sin ambages: “no importa, los hondureños tenemos el deber de proteger al pueblo hondureño y si para eso los militares tienen que seguir en las calles van a seguir en las calles”, concluyó.

“Desafortunadamente los asesinatos suceden en cualquier país del mundo, no es posible que cada quien traiga un policía a la par, pero tenemos que trabajar para que estas cosas no sucedan”, expresó.

Además manifestó que en todo parlamento hay juegos políticos, sin embargo hay que tratar de entender ese esquema. Al tiempo que comentó que “en materia de seguridad el país ha avanzado, pero no es posible que cada ciudadano traiga un policía a la par”.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1555-funcionario-hondureno-resta-importancia-al-apoyo-militar-y-policial-de-ee-uu

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Indignados piden a senadores de EEUU aprobar “Ley Berta”

Un grupo de ciudadanos,facción del grupo 300 Indignados, pidieron a congresistas y senadores de Estados Unidos aprobar la “Ley Berta”.

Origen: Indignados piden a senadores de EEUU aprobar “Ley Berta”

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CONGRESO DE EEUU RECIBE “LEY BERTA” QUE SUSPENDE APOYO POLICIAL Y MILITAR A HONDURAS

Por el impacto que en materia de asistencia tendría en Honduras esta iniciativa de congresistas estadounidenses, EL LIBERTADOR traslada a la nación hondureña una versión en español del proyecto de ley que en la legislación de Estados Unidos podrá ser citado como el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.

En la Sección 2 de esta legislación el Congreso de EE.UU. determina que: “Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato”.

“La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente 18 millones de dólares para la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento del Presidente para el año fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras. El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó 59.8 millones de dólares  a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.”

“El actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la policía nacional a las fuerzas militares, incluyendo la creación de una policía militar de 3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y con resultados desastrosos”.

Se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros funcionarios están relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que contribuye a la casi total impunidad”.

Con relación al asesinato de investigadores de delitos de narcóticos Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, el proyecto de “Ley Berta” dice: “el Times sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos”.

“Los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado”.

TRADUCCIÓN ÍNTEGRA DEL INGLÉS AL ESPAÑOL

Congreso No. 114, Segunda Sesión

La Ley “Berta Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras

Para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a  Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.

EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

14 de junio, 2016

El Sr. Hank Johnson (en representación de sí mismo, el Sr. CONYERS, la Sra. KAPTUR, el Sr. ELLISON, el Sr. SERRANO y la Señora Schakowsky) presentó el siguiente proyecto de ley, que fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores y además al Comité de Servicios Financieros, por un periodo cuya duración luego será determinado por Presidente de la Cámara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de la jurisdicción del comité pertinente.

PROYECTO DE LEY

Para suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y a las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia.

SECCIÓN 1. TÍTULO BREVE.

Este proyecto de ley podrá ser citado como el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.

Sec. 2. DETERMINACIONES.

El Congreso determina que:

(1) Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato.

(2) El New York Times reveló documentos el 15 de abril que indican que altos funcionarios de la policía hondureña ordenaron el asesinato de los investigadores de delitos de narcóticos Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, con el conocimiento posterior de los altos mandos de la policía y, aparentemente, de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el Times sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos;

(3) Integrantes de la policía con antecedentes documentados de haber cometido con impunidad graves violaciones a los derechos humanos siguen siendo nombrados para altos cargos dentro de la policía,

(4) Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, por parte de militares y policía de Honduras. La Associated Press ha documentado la actividad de los escuadrones de la muerte por parte de la policía. Según un informe de Human Rights Watch: “El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde muy poca información al respecto al público y en general prevalece la impunidad”.

(5) Según el informe del 2016 del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Honduras: “La impunidad […] sigue siendo un problema grave, dado que el enjuiciamiento en los casos de los militares y los policías acusados de violaciones de derechos humanos se mueve demasiado lento o termina sin resolución”.

(6) Los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado;

(7) Derechos en Acción ha documentado que el XV Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras presuntamente participó con la policía y las fuerzas de seguridad privadas en algunos de los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán desde el año 2000. Human Rights Watch confirma que los asesinatos de los campesinos del Aguán permanecen en una impunidad total.

(8) Abundan otros ejemplos de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares: en julio de 2013 miembros de las fuerzas armadas mataron a tiros a Tomás García, un activista indígena lenca, e hirieron a su hijo, mientras se manifestaban pacíficamente contra un proyecto hidroeléctrico; en mayo de 2014 se informó que nueve miembros de la novena infantería torturaron y mataron a Amado Maradiaga Quiroz y torturaron a su hijo, Milton Noé Maradiaga Varela. Los casos permanecen en la impunidad. En un caso emblemático reciente, del 27 de diciembre, se informó que la armada hondureña mató a Joel Palacios Lino y a Elvis Armando García, dos hombres garífunas afro-indígenas que se dedicaban a sacar un carro de la arena en una playa;

(9) El actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la policía nacional a las fuerzas militares, incluyendo la creación de una policía militar de 3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y con resultados desastrosos, incluyendo el asesinato de un niño de 15 años, Ebed Yanes, en el año 2012, y de un estudiante, Erlin Misael Carías Moncada, en el 2014, después de que habían pasado desarmados por los puestos de control. Desde la creación de la policía militar “denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares han incrementado de manera significativa”, informa Human Rights Watch.

(10) Se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros funcionarios están relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que contribuye a la casi total impunidad;

(11) El Departamento de Estado en su Informe del 2015 sobre los Derechos Humanos en Honduras relata que “la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema judicial favorece la impunidad generalizada”;

(12) Resumiendo la situación, Human Rights Watch en el 2016 ha informado que “el crimen descontrolado y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos siguen siendo la norma en Honduras […] Los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de proporcionar la seguridad pública han logrado pocos avances. Dañados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran medida ineficaz”;

(13) El 3 de marzo del 2016 asesinaron a la destacada activista indígena y ecologista lenca, Berta Cáceres, de renombre mundial quien fuera galardonada con el Premio Ambiental Goldman el 2015 a raíz de su trabajo en defensa de los derechos indígenas a la tierra en contra de un proyecto para una represa hidroeléctrica, lo cual ilustra la crisis de derechos humanos en Honduras y la profunda complicidad del gobierno de Honduras. Cáceres, la lideresa del COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había informado a las autoridades de 33 amenazas previas a su muerte, pero ninguna había sido investigada, y el gobierno había fallado en proporcionar una protección adecuada exigida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el hecho de que la protección de seguridad hondureña había sido retirada el día de su muerte.

(14) Se han detenido a cinco sospechosos en el asesinato de Cáceres, de los cuales uno es un oficial del ejército y otros dos son militares en retiro. Estas detenciones plantean serias dudas en cuanto al papel de los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato;

(15) A pesar de los llamados de sesenta y dos miembros del Congreso, los familiares de Berta Cáceres, el COPINH, líderes de la Unión Europea, del Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia, entre muchos otros, el gobierno de Honduras no ha permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una investigación independiente del caso;

(16) En este contexto de corrupción y abusos de derechos humanos con impunidad, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas afro-indígenas, indígenas, campesinos y activistas LGBTI, defensores de derechos humanos y gente que crítica al gobierno, permanecen en grave riesgo; y los anteriores abusos de los derechos humanos en contra de ellos permanecen en gran medida en la impunidad;

(17) El 2 de mayo de 2016 fue balaceado el destacado periodista de la oposición Félix Molina y el caso permanece en la impunidad, lo cual ilustra el riesgo continuo para activistas. Horas antes de que le dispararan, Molina había publicado información potencialmente vinculando el caso de Cáceres a un alto funcionario del gobierno, a miembros de una familia de la élite, y a uno de los fiscales en el caso;

(18) La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente $18 millones para la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento del Presidente para el año fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras;

(19) El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó $59.8 millones a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.;

Sección 3. SUSPENSIÓN Y RESTRICCIONES DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD A LA REPÚBLICA DE HONDURAS A MENOS QUE SE CUMPLA CON CIERTAS CONDICIONES.

       (a) LA SUSPENSIÓN DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD — No se pueden destinar fondos a la República de Honduras para la policía y ni las fuerzas armadas, incluyendo fondos para equipo y entrenamiento.

       (b) LOS PRÉSTAMOS DE BANCOS DE DESARROLLO MULTILATERALES — Se instruirá al Departamento del Tesoro para que vote en contra de cualquier préstamo para la policía y las fuerzas armadas de la República de Honduras.

Sección 4. CONDICIONES PARA LEVANTAR LAS SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES.

Las disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique a los comités pertinentes del Congreso que el Gobierno de Honduras —

(1)  ha perseguido todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron —

               (a) el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016;

               (b) el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán

(c) los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de diciembre de 2015; y

               (d) el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo de 2016;

(2) ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure que las fuerzas armadas y la policía están cooperando en estos casos, y que han cesado tales violaciones;

(3)  ha retirado las fuerzas militares de las tareas de la policía nacional, de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil;

(4)  ha establecido que protege de manera efectiva los derechos de los sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos y LGBTI; opositores del gobierno; y otros activistas de la sociedad civil para que actúen sin interferencias; y

(5)  ha tomado medidas efectivas para establecer plenamente el Estado de derecho y para garantizar un sistema judicial que sea capaz de investigar, enjuiciar y llevar a la justicia a miembros de la policía y las fuerzas armadas que han cometido violaciones a los derechos humanos.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/justicia/1545-congreso-de-eeuu-recibe-ley-berta-que-suspende-apoyo-policial-y-militar-a-honduras

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Congreso de EE. UU establece que el Poder Judicial y la policía hondureña están plagados de corrupción

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

El Congreso de los Estados unidos al recibir   la Ley “Berta Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras, destaca en 19 puntos,  que tanto el Poder Judicial y la policía de Honduras están plagados de actos de corrupción y de violación a los derechos humanos sin que el gobierno haga […]

Origen: Congreso de EE. UU establece que el Poder Judicial y la policía hondureña están plagados de corrupción – CRITERIO

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How Drug Trafficking Operates, Corrupts in Central America

While speaking before the US Congress’ Central America Caucus on July 6, InSight Crime Co-Director Steven Dudley outlined how drug trafficking organizations on the isthmus operate and the implications for rule of law and security, before offering three concrete ways the US government can improve its

Origen: How Drug Trafficking Operates, Corrupts in Central America

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Por violaciones a los DD.HH. y corrupción EE.UU. suspende ayuda militar y policial a Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-En aplicación a la “Ley Berta Cáceres” y porque se ha determinado los altos niveles de corrupción del Poder Judicial y la Policía Nacional, el Congreso de los Estados Unidos determinó en las últimas horas suspender la ayuda militar y policial a Honduras que asciende a varios millones de dólares. El […]

Origen: Por violaciones a los DD.HH. y corrupción EE.UU. suspende ayuda militar y policial a Honduras – CRITERIO

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Pleno de magistrados de la CSJ designan jueces para siete pedidos de extradición

Cholusat Sur, Canal 36, Noticias de Última Hora en Honduras

Origen: Pleno de magistrados de la CSJ designan jueces para siete pedidos de extradición – Noticias Cholusat Sur

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¿En qué consiste la ley Berta Cáceres presentada en congreso de EE UU?

Washington, Estados Unidos
Con fuertes señalamientos contra la Policía de Honduras y la solicitud del levantamiento de apoyo a Honduras, un proyecto de ley fue presentado en el Congreso de Estados Unidos. 

El proyecto, denominado “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”, fue introducido por un grupo de cinco demócratas, encabezados por Georgia Hank Johnson.

La iniciativa propone que la asistencia sólo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño sancione a los responsables de los asesinatos de Berta Cáceres y de otro centenar de activistas en el valle Aguán.

Además que se sancione a policías y militares acusados de violar derechos humanos y exima a las fuerzas armadas de labores policiales.

“Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato”, establece el documento en la sección 2.

El proyecto de Ley Berta también menciona el asesinato de Julián Arístides González Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente: “el Times sugirió en un artículo posterior que el presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos”.

+EE UU exige se aplique todo el peso de la ley por crimen de Berta Cáceres

A continuación, la transcripción íntegra de la “Ley Berta”

Congreso No. 114, Segunda Sesión

La Ley “Berta Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras

Para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.

EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

14 de junio, 2016

El Sr. Hank Johnson (en representación de sí mismo, el Sr. CONYERS, la Sra. KAPTUR, el Sr. ELLISON, el Sr. SERRANO y la Señora Schakowsky) presentó el siguiente proyecto de ley, que fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores y además al Comité de Servicios Financieros, por un periodo cuya duración luego será determinado por Presidente de la Cámara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de la jurisdicción del comité pertinente.

PROYECTO DE LEY

Para suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y a las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia.

SECCIÓN 1. TÍTULO BREVE.

Este proyecto de ley podrá ser citado como el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.

Sec. 2. DETERMINACIONES.

El Congreso determina que:

(1) Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato.

(2) El New York Times reveló documentos el 15 de abril que indican que altos funcionarios de la policía hondureña ordenaron el asesinato de los investigadores de delitos de narcóticos Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, con el conocimiento posterior de los altos mandos de la policía y, aparentemente, de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el Times sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos;

(3) Integrantes de la policía con antecedentes documentados de haber cometido con impunidad graves violaciones a los derechos humanos siguen siendo nombrados para altos cargos dentro de la policía,

(4) Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, por parte de militares y policía de Honduras. La Associated Press ha documentado la actividad de los escuadrones de la muerte por parte de la policía. Según un informe de Human Rights Watch: “El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde muy poca información al respecto al público y en general prevalece la impunidad”.

(5) Según el informe del 2016 del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Honduras: “La impunidad […] sigue siendo un problema grave, dado que el enjuiciamiento en los casos de los militares y los policías acusados de violaciones de derechos humanos se mueve demasiado lento o termina sin resolución”.

(6) Los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado;

(7) Derechos en Acción ha documentado que el XV Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras presuntamente participó con la policía y las fuerzas de seguridad privadas en algunos de los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán desde el año 2000. Human Rights Watch confirma que los asesinatos de los campesinos del Aguán permanecen en una impunidad total.

(8) Abundan otros ejemplos de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares: en julio de 2013 miembros de las fuerzas armadas mataron a tiros a Tomás García, un activista indígena lenca, e hirieron a su hijo, mientras se manifestaban pacíficamente contra un proyecto hidroeléctrico; en mayo de 2014 se informó que nueve miembros de la novena infantería torturaron y mataron a Amado Maradiaga Quiroz y torturaron a su hijo, Milton Noé Maradiaga Varela. Los casos permanecen en la impunidad. En un caso emblemático reciente, del 27 de diciembre, se informó que la armada hondureña mató a Joel Palacios Lino y a Elvis Armando García, dos hombres garífunas afro-indígenas que se dedicaban a sacar un carro de la arena en una playa;

(9) El actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la policía nacional a las fuerzas militares, incluyendo la creación de una policía militar de 3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y con resultados desastrosos, incluyendo el asesinato de un niño de 15 años, Ebed Yanes, en el año 2012, y de un estudiante, Erlin Misael Carías Moncada, en el 2014, después de que habían pasado desarmados por los puestos de control. Desde la creación de la policía militar “denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares han incrementado de manera significativa”, informa Human Rights Watch.

(10) Se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros funcionarios están relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que contribuye a la casi total impunidad;

(11) El Departamento de Estado en su Informe del 2015 sobre los Derechos Humanos en Honduras relata que “la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema judicial favorece la impunidad generalizada”;

(12) Resumiendo la situación, Human Rights Watch en el 2016 ha informado que “el crimen descontrolado y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos siguen siendo la norma en Honduras […] Los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de proporcionar la seguridad pública han logrado pocos avances. Dañados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran medida ineficaz”;

(13) El 3 de marzo del 2016 asesinaron a la destacada activista indígena y ecologista lenca, Berta Cáceres, de renombre mundial quien fuera galardonada con el Premio Ambiental Goldman el 2015 a raíz de su trabajo en defensa de los derechos indígenas a la tierra en contra de un proyecto para una represa hidroeléctrica, lo cual ilustra la crisis de derechos humanos en Honduras y la profunda complicidad del gobierno de Honduras. Cáceres, la lideresa del COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había informado a las autoridades de 33 amenazas previas a su muerte, pero ninguna había sido investigada, y el gobierno había fallado en proporcionar una protección adecuada exigida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el hecho de que la protección de seguridad hondureña había sido retirada el día de su muerte.

(14) Se han detenido a cinco sospechosos en el asesinato de Cáceres, de los cuales uno es un oficial del ejército y otros dos son militares en retiro. Estas detenciones plantean serias dudas en cuanto al papel de los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato;

(15) A pesar de los llamados de sesenta y dos miembros del Congreso, los familiares de Berta Cáceres, el COPINH, líderes de la Unión Europea, del Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia, entre muchos otros, el gobierno de Honduras no ha permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una investigación independiente del caso;

(16) En este contexto de corrupción y abusos de derechos humanos con impunidad, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas afro-indígenas, indígenas, campesinos y activistas LGBTI, defensores de derechos humanos y gente que crítica al gobierno, permanecen en grave riesgo; y los anteriores abusos de los derechos humanos en contra de ellos permanecen en gran medida en la impunidad;

(17) El 2 de mayo de 2016 fue balaceado el destacado periodista de la oposición Félix Molina y el caso permanece en la impunidad, lo cual ilustra el riesgo continuo para activistas. Horas antes de que le dispararan, Molina había publicado información potencialmente vinculando el caso de Cáceres a un alto funcionario del gobierno, a miembros de una familia de la élite, y a uno de los fiscales en el caso;

(18) La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente $18 millones para la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento del Presidente para el año fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras;

(19) El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó $59.8 millones a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.;

Sección 3. SUSPENSIÓN Y RESTRICCIONES DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD A LA REPÚBLICA DE HONDURAS A MENOS QUE SE CUMPLA CON CIERTAS CONDICIONES.

(a) LA SUSPENSIÓN DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD — No se pueden destinar fondos a la República de Honduras para la policía y ni las fuerzas armadas, incluyendo fondos para equipo y entrenamiento.

(b) LOS PRÉSTAMOS DE BANCOS DE DESARROLLO MULTILATERALES — Se instruirá al Departamento del Tesoro para que vote en contra de cualquier préstamo para la policía y las fuerzas armadas de la República de Honduras.

Sección 4. CONDICIONES PARA LEVANTAR LAS SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES.

Las disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique a los comités pertinentes del Congreso que el Gobierno de Honduras —

(1) ha perseguido todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron —

(a) el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016;

(b) el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán

(c) los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de diciembre de 2015; y

(d) el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo de 2016;

(2) ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure que las fuerzas armadas y la policía están cooperando en estos casos, y que han cesado tales violaciones;

(3) ha retirado las fuerzas militares de las tareas de la policía nacional, de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil;

(4) ha establecido que protege de manera efectiva los derechos de los sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos y LGBTI; opositores del gobierno; y otros activistas de la sociedad civil para que actúen sin interferencias; y

(5) ha tomado medidas efectivas para establecer plenamente el Estado de derecho y para garantizar un sistema judicial que sea capaz de investigar, enjuiciar y llevar a la justicia a miembros de la policía y las fuerzas armadas que han cometido violaciones a los derechos humanos.

Origen: http://www.elheraldo.hn/pais/977475-466/en-qué-consiste-la-ley-berta-cáceres-presentada-en-congreso-de-ee

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Gobierno de EE.UU solicita en extradición a policías hondureños

La justicia de Estados Unidos pidió este lunes la extradición de seis exmiembros de la Policía Nacio

Origen: Gobierno de EE.UU solicita en extradición a policías hondureños – NotiBomba

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How the U.S. is helping Honduras get away with murder

Berta Caceres was my aunt. She was two years older than me.

She was the girl I chased around my grandmother’s garden, but never caught. She’s the one who would dive into the cold mountain stream in La Esperanza, Honduras, then egg me on to jump in too.

Berta was fearless her entire life—up until the day she was assassinated on March 3.

Now we’re trying to make sense of a lost life that was so filled with clear purpose.

Berta was a indigenous rights leader whose murder continues to shake Honduras and an entire region that has suffered so much violence and impunity over the years.

On June 15 hundreds of people in at least 17 countries around the world participated in a tribute and protest for Berta. That same day Rep. Hank Johnson (D-GA) introduced a bill (H.R. 5474) in her name, “The Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act.”

 The bill, which would suspend at least $18 million and international loans for security assistance to Honduras in 2016, is, sadly, a huge victory for human rights campaigners, environmental activists, and my family.

Berta’s power was that she never backed down and, as a Lenca woman herself, believed in the inherent connection between the Lenca people and their land. Her dedication to this cause, to the people of Honduras, could have catapulted her to bigger things, including even the presidency. But, the dark, monied forces that rule Honduras wouldn’t let it happen.

At age 20, Berta co-founded the Civil Council of Popular Indigenous Organizations of Honduras (COPINH), an organization that advocates for the rights of the Lenca people. She realized that defending the human rights and land of indigenous people was directly linked to the preservation of the environment.

Berta had been leading a prolonged battle against the Agua Zarca Dam project when she was killed. The project, financed by international investors, would have displaced hundreds of Lenca people who lived along the river and the surrounding land. Berta and COPINH were determined to stop it, and she gained international fame for her protest when she was awarded the Goldman Environmental Prize, the Nobel Prize for the environment.

But even international fame didn’t protect her in a country thatranks as one of the most dangerous in the world to be an environmental activist. Global Witness reports that 109 environmental activists were killed in Honduras between 2010 and 2015.

So, why does all this matter now?

Because the U.S. government has given the Honduran government millions of dollars for military and security programs as part of its continued supported for the conservative regimes that have allowed corruption and impunity to flourish since the U.S.-supported coup in 2009 that removed a democratically elected president. In exchange, the conservative governments of Honduras promise loyalty in the fight against drugs, political alliance in a turbulent region, and access to their military assets.

The security programs, part of a U.S. aid package known as Alliance for Prosperity, are aimed at containing the mass exodus of people leaving the country due to skyrocketing crimes rate and rampant impunity following the 2009 coup.

The money allocated to the military pays for training. But, details of that training are unclear.

A recent report by The Guardian documents how a U.S.-trained unit in the Honduran army put my aunt on their hitlist and the whistleblower believes they are responsible for her assassination.

Yet, the U.S. denies any wrongdoing in Honduras.

“At this time, there’s no specific credible allegations of gross violations of human rights that exists in this or any other case involving the security forces that receive U.S. Government assistance,” said State Department spokesperson John Kirby, when asked about the report in The Guardian.

Apparently, the hundreds of dead bodies and reams of documentation by civil society and international NGOs isn’t evidence enough. Is this what Berta died for?

Berta was a ray of moonlight in dark corner of Latin America; she was going to change Honduras, for you, for me, for our parents, for our children, for her own four children.

Now, her daughters and son, are left to carry on her work while fighting for justice in a place where justice doesn’t exist.

In 2009, I produced a story about my aunt Berta and asked her why she did what she did, and wasn’t she scared? She said, of course she was, but what choice did she have?

This is a sick cycle, a game the U.S. seems to like to play over and over again. My parents came to the United States to escape U.S.-backed military dictatorships during the ’70s in Guatemala and Honduras.

And, even though we moved here, we didn’t escape the violence. Forty-three years later we lost the little girl whom I used to chase in my grandmother’s garden.

Still, her killing has served to shine a bright light on corruption in Honduras and the inner workings of U.S. foreign policy. And her fight has inspired many people in the U.S. and all over the world.

On June 15, hundreds of those people came together and could be heard shouting around the world in one voice: “Berta no murió, se multiplico!” (Berta didn’t die, she multiplied).

Origen: How the U.S. is helping Honduras get away with murder

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Firmas de Asia, Italia y EEUU, interesadas en construir tren hondureño

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras aseguró hoy que cinco empresas hondureñas, y de Asia, Italia y Estados Unidos están interesadas en construir un tren interoceánico entre el Caribe y el Pacífico del país, que requiere una inversión de 10,000 millones de dólares.

Origen: Firmas de Asia, Italia y EEUU, interesadas en construir tren hondureño

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State Department Faces Questioning over U.S. Military Aid to Honduras

In news on Honduras, questions are mounting about the legality of U.S. military funding to Honduras, following allegations by a former Honduran soldier that murdered environmentalist Berta Cáceres appeared on a hit list distributed to U.S.-trained special forces before her assassination. First Sergeant Rodrigo Cruz told The Guardian he is “100% certain that Berta Cáceres was killed by the army.” State Department Press Secretary John Kirby responded to questions Wednesday about the new reports.

John Kirby: “We’ve seen media reports alleging the existence of a Honduran activist hit list, as you’ve described it.”

Reporter: “Sure.”

John Kirby: “The U.S. government has not previously heard any credible allegation of hit lists, of deaths ordered by the military, and we do not have any information which would substantiate this report.”

Reporter: “You have not? You have not heard of these kill lists?”

John Kirby: “I think that’s what I just said. We don’t have—”

Reporter: “OK.”

John Kirby: “We haven’t heard of any credible allegation of hit lists, of deaths.”

Reporter: “I mean, since—”

John Kirby: “And we do have any information that would substantiate this report.”

Reporter: “One human rights professor called this ‘smoking-gun evidence.’ If this isn’t credible, what is credible evidence on the level you’re talking about?”

John Kirby: “We haven’t seen, in our view, credible evidence to back up these allegations. If we do, we’ll take it seriously.”

Georgia Representative Hank Johnson has introduced a bill to stop all U.S. military funding to Honduras.

Origen: http://www.democracynow.org/2016/6/23/headlines/state_department_faces_questioning_over_us_military_aid_to_honduras

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State Department Turns Blind Eye to Evidence of Honduran Military’s Activist Kill List

STATE DEPARTMENT SPOKESPERSON John Kirby on Wednesday repeatedly denied that the government of Honduras kills its own citizens, saying more than a dozen times that he has not heard “credible evidence” of “deaths ordered by the military.”

His comments came in the wake of a high-profile assassination of Honduran native-rights activist Berta Cáceres in March, and a report in the Guardian that a high-level deserter from the Honduran army said he is “100 percent certain that Berta Cáceres was killed by the [Honduran] army.”

The deserter explained that Cáceres’s name and picture appeared on a kill list including “dozens of social and environmental activists,” which had been distributed to two elite, U.S.-trained units.

Since Honduras’s right-wing regime seized power in a coup in 2009, media and human rights organizations have compiled overwhelming evidence of Honduran military and police violence.

Kirby said he was aware of “media reports alleging the existence of a Honduran activist hit list,” but noted that “at this time, there’s no specific, credible allegations of gross violations of human rights that exists in this or any other case involving the security forces that receive U.S. government assistance.”

Kirby’s comments were even at odds with the State Department’s own human rights reports on Honduras, which for the last two years have referred to “unlawful and arbitrary killings and other criminal activities by members of the security forces.”

The U.S. maintains a very close relationship with Honduran military. Since amilitary coup deposed leftist President Manuel Zelaya in 2009, the United States has provided nearly $200 million in military aid to the Central American nation. The U.S. also maintains a network of at least seven military bases in Honduras, which house a permanent force of more than 600 special operations troops. In February, the Wall Street Journal published a video showing American forces teaching Honduran forces how to conduct night raids.

In 2009, then-Secretary of State Hillary Clinton played a central role in legitimizing the new coup regime. While President Obama initiallycalled Zelaya’s ouster “illegal” and said it would set a “terrible precedent,” Clinton refused to call it a military coup, and aid continued to flow. She also pushed for a sham election to “render the question of Zelaya moot,” according to Clinton’s memoir – which was later scrubbed of references to Honduras during her presidential campaign.

Officially linking U.S.-backed Honduran forces with human rights violation would trigger legally-required reductions in aid – in addition to putting the State Department in the uncomfortable position of criticizing a client state, and casting doubt on Clinton’s wisdom in backing the coup.

After The Intercept asked Kirby to respond to the report that the U.S. trained Cáceres’s killers, he repeatedly denied the existence of “specific, credible allegations.”

After other reporters joined in the questioning, Kirby expressed frustration that he had repeat that there was “no credible evidence” of state murders more than a dozen times. “The reason you’re being asked to repeat it is because it’s kind of hard to believe,” said Associated Press diplomatic correspondent Matt Lee.

 

Kirby also refused to outline the steps the U.S. was taking to follow up on the allegation. He insisted that the State Department took the report “seriously,” but admitted that he was “unaware” of any meetings between the Department and Honduran activists, and that the department had not followed up with The Guardian.

CNN’s Elise Labott asked: “Have you been looking for evidence or you’re just waiting for it to fall into your lap, in which case you would launch an investigation?” Kirby insisted it was the former.

The murder of Cáceres – a renowned environmental and native rights activist – drew international condemnation and prompted a U.N.-supportedinvestigation. Cáceres won the prestigious Goldman Prize in 2015 for overcoming death threats and organizing opposition to the Agua Zarca dam – stopping the internationally bankrolled hydroelectric project that threatened the land and livelihood of the native Lenca people.

Since 2009, Honduras has seen a sharp rise in political violence. By 2012, Honduran security forces had assassinated more than 300 people, including 34 opposition leaders and 13 journalists, according to Honduran human rights organizations. In the lead up to the 2013 elections, 18 candidates from Zelaya’s party were murdered.

The A.P. reported in 2013 that in Honduras’s largest two cities, there were more than 200 “formal complaints about death squad style killings” over the previous three years. Reports included the killing of people at militarycheckpoints, and even police assassination of a top anti-drug government official.

In 2014, more than 100 members of Congress signed a letter to Secretary of State John Kerry, raising concerns about “death-squad style killings by Honduran police” and urging him to abide by the Foreign Assistance Act, which prohibits aid to any military unit guilty of “gross violations of human rights.”

In the wake of Cáceres’s murder, Honduran human rights activists have traveled to D.C. to brief lawmakers about the security situation. At a congressional briefing in April, Bertha Oliva, founder of the Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras, told lawmakers that “it’s like going back to the past” and that “there are death squads in Honduras.” Oliva compared the situation to the 1980s, when the Reagan administration funded, armed, and trained death squads which disappeared, tortured, and killed hundreds of citizens.

At the briefing on Wednesday, the A.P.’s Lee asked Kirby how much responsibility the U.S. would share if it were true that it had trained Honduran government death squads.

“We absolutely have a responsibility to … hold them to account for those human rights abuses, and we do do that,” said Kirby. “Are we going to blame ourselves for the specific human rights violations of another human being in that regard? That’s a pretty difficult connection to make.”

While the State Department turns a blind eye to the Honduran government’s human rights record, Congress may restrict military aid on its own. Under appropriations laws, Congress can withhold 50 percent of its Honduras aid budgeted for the State Department. Last week, Rep. Hank Johnson, D-Ga., also introduced the Berta Caceres Human Rights in Honduras Act, which would cut off all military and police aid until the government’s human rights record improves.

Dana Frank, a history professor at the University of California, Santa Cruz, and a widely published expert on Honduras, called Kirby’s remarks “mindboggling.”

“What State is saying sounds exactly like the Reagan Administration, when the State Department denied vast horrors committed by Honduran security forces for years, only to be later exposed for having known all about them and suppressed the evidence,” said Frank. “This denial of any evidence is a scary and newly aggressive counterattack.”

Origen: State Department Turns Blind Eye to Evidence of Honduran Military’s Activist Kill List

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Alba Mejía-CPTRT: Nueva base militar de EUA traerá más violaciones a DDHH

Muchos analistas califican a Honduras como el “patio trasero de los Estados Unidos”, desde el cual por su posición geográfica se ha incubado ataques hacia otros países, se puede recordar la lucha encarnizada librada desde el territorio hondureño contra los revolucionarios nicaragüenses.

“Nosotros hemos sido tratados como el patio trasero de los Estados Unidos y realmente la ayuda que supuestamente brindan es a cuentagotas”, dijo en una entrevista en el 2014, Ramón Custodio,  en ese momento el Ombudsman y uno de los defensores del golpe de Estado de 2009.

En abril de este año, Estados Unidos amplió su presencia militar en Latinoamérica, con la creación de una unidad especial en Honduras para “misiones de colaboración” en la región, que cuenta con 250 marines, helicópteros y un catamarán de alta velocidad, lo que ha alertado a las organizaciones de derechos humanos.

Bertha Cáceres denunció en el 2013 que esta base militar sería la más grande de América Latina y se escondió la información por parte del gobierno de Porfirio Lobo Sosa en ese momento, “Los Estados Unidos mientras tiene trazado muy bien su plan de ocupación los gobiernos se quedan en silencio, un silencio cómplice que permite el avasallamiento, implica la humillación del pueblo hondureño”.

En ese período Lobo Sosa fue consultado por la cadena de televisión RT y éste desmintió la inauguración de la instalación militar, “pues mire no he sabido nada de eso, de parte del gobierno aquí no hay nada, absolutamente nada”, aseguró, pero eso quedó desmentido con la llegada de los marines en abril pasado.

Fue la base de Palmerola, en la que se alojó la  nueva unidad de la Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra de Marines-Sur.

Surgió una coincidencia entre la creación de esta nueva fuerza de tarea y la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Nelly, a Honduras, donde participó en la Conferencia Centroamericana de Seguridad Transnacional. A ésta asistieron representantes y jefes de las Fuerzas Armadas de 14 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, República Dominicana, Haití y Costa Rica, para la supuesta “búsqueda de un escudo continental contra el crimen organizado”.

Ernesto Samper, Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), propuso la eliminación de todas las bases militares de Estados Unidos en territorio latinoamericano, al considerarlas como elementos pertenecientes “a la época de la Guerra Fría”.

albita mejia

Alba Mejía-CPTRT

Por su parte, Alba Mejía, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias,(CPTRT), expresó que la llegada de militares del país del norte ha generado preocupación, por la política de USA en el exterior,  centrada en el antiterrorismo, “no estamos tan confiados de que la venida de marines a nuestro territorio tenga como único y exclusivo propósito el combate a las catástrofes naturales, desearíamos que nuestra propia fuerza militar estuviera capacitada para hacer frente a esa circunstancia”.

Una de las preocupaciones que manifestó la defensora es que personas armadas entrenadas para matar puedan enfrentarse a la población desarmada, ya que para ellos “todos somos sospechosos y podría darse la situación que la población salga físicamente dañada”.

Derechos humanos

Según Mejía no se descarta el aumento de violaciones a los derechos humanos, “ya que no pueden llegar amistosos, probablemente su misión sea para tratar antiterrorismo o contrainsurgencia que es lo que acostumbran hacer con los países de América Latina”.

En materia de derechos humanos habría consecuencias nocivas “porque los soldados norteamericanos en Honduras tienen estatus diplomáticos por acuerdos que desgraciadamente nuestros gobiernos han firmado”, añadió Mejía.

Con la llegada de más militares “siempre en las guerras,  el cuerpo de las mujeres es botín de guerra”, pero en tiempos de paz y debido a la extrema pobreza en que está la gran mayoría de la población hondureña, “el dinero está de por medio, fomenta la prostitución, es bastante triste, eso ha pasado por tiempos, que las mujeres bajan a Comayagua”, con el fin de agenciarse unos lempiras, es una manera de ganarse la vida, señaló la defensora.

Conjeturó que la insistencia de Juan Orlando Hernández de trasladar el aeropuerto a Palmerola puede tener una relación con la llegada de más armamento y soldados estadounidenses; también la preparación de los elementos militares hondureños, para una situación similar a la de 1998 del Huracán Mitch, en declaraciones de Hernández, estos pronósticos “no están muy claros”.

Recordó un poco el contexto de la guerra contra Nicaragua en donde los llamados “Contras” se instalaron en Honduras,  “debemos tener en cuenta la política exterior de EUA en la problemática de nuestros países, tienen en la cabeza ese pensamiento, que van a combatir”, sostuvo.

Historia

Las bases militares son los lugares de entrenamiento, de preparación y almacenaje de la maquinaria de guerra de los ejércitos nacionales en el mundo. Ellas son poco conocidas, pues las visitas son en todas prácticamente prohibidas para el gran público. Pueden tomar diversas configuraciones según las funciones específicas que tengan que asumir, se pueden clasificar en cuatro grandes categorías: las bases aéreas (Air Force), las bases terrestres (Army), las bases navales (Navy) y las bases de comunicaciones y vigilancia (Spy).

La primera instalación militar norteamericana en territorio hondureño se desplegó en los años 80 en Palmerola y con el golpe de Estado otras seis más, entre ellas  en Mosquitia,  en el año 2010, supuestamente con el propósito de frenar el narcotráfico.

“Las bases militares de EE.UU son la representación viva del monopolio neocolonial que sigue ejerciendo EE.UU. en aún una buena parte de América Latina. La necesidad de estas bases y en general la necesidad del reforzamiento del control político, económico, militar de EE.UU sobre determinados gobiernos de esta región, como es el caso de Honduras, hoy es aún más importante para esa nación en primer lugar porque se siguen fortaleciendo estructuras supernacionales de integración de la región alternativas al dominio de EE.UU como es el ALBA o UNASUR”, dijo en su momento el periodista José Manzaneda, columnista de cubadebate.cu

Golpe de Estado 2009

Honduras se convierte cada vez más en el centro de operaciones militares de los Estados Unidos en Centroamérica. Se centran en la base aérea de Soto Cano, conocida como Palmerola, la cual desde 2009, ha recibido una infusión de hasta 45 millones de dólares en fondos para la construcción.

Además de la presencia misma del ejército de los Estados Unidos y sus operaciones en el país, esa nación también ayuda al ejército hondureño. Después de que parte – no toda – de la ayuda militar fuera suspendida durante el gobierno ‘de facto’ de Roberto Micheletti, desde julio de 2009 a enero de 2010, parece que, durante este último año, los militares estadounidenses han compensado por el tiempo perdido.

La base de Palmerola a 86 kilómetros de Tegucigalpa, es clave para los intereses de Estados Unidos en este país y en la región, siendo protagonista del golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya en 2009. Alberga a unos 500 soldados norteamericanos de manera permanente.

En 2009, los Estados Unidos financiaron la construcción de nuevas bases militares con fondos de “Contra Narco-Terrorismo” del Pentágono. Éstas están en Caratasca (EEUU $1.95 millones), en la costa atlántica de Honduras, y en Guanaja, en las islas Bay ($1.3 millones).

Días después de haber reconocido que el golpe de Estado en Honduras era “ilegal e inconstitucional”, el embajador de los Estados Unidos, en ese entonces, Hugo Llorens recomendó continuar estos proyectos, porque si fueran cancelados “el Congreso [estadounidense] tendría que volver a apropiarse del dinero” al año siguiente y “podría tener un impacto negativo en los esfuerzos de los EEUU contra el tráfico de drogas.”

El Centro de Pruebas de Regiones Tropicales del Ejército de los EEUU (TRTC) también lleva a cabo pruebas tropicales en la base del Quinto Batallón del Ejército Hondureño en la parte este de Mocorón, a 25 millas al norte de la frontera de Nicaragua.

En 2008 el antiguo director del TRTC, Lance van der Zyl,  describió la región como ‘ideal’ para probar sistemas susceptibles de comunicación y sensores. El comandante del Quinto Batallón, el Coronel Francisco Gálvez Granados, contó a la Fellowship of Reconciliation que no sabe qué hace el equipo de pruebas y que sus tropas sólo proveen seguridad.

El Entrenamiento de los Militares Hondureños por los Estados Unidos

Durante los últimos 10 años los Estados Unidos han proveído entrenamiento militar a casi cinco mil  soldados hondureños en muchas secciones del ejército que operan por todo el país.

El entrenamiento incluye cursos en operaciones conjuntas, destrezas en la defensa de terreno, análisis de información contra el narcoterrorismo, dirección de tropas, operaciones contra las drogas, ayuda y adquisiciones militares, cursos técnicos para el mantenimiento de equipo, inglés, seguridad de vuelos, operaciones marítimas, relaciones entre civiles y militares, estudios jurídicos internacionales, seguridad de puertos, planificación de la seguridad nacional, armamentos y otros temas.

La legislación estadounidense conocida como la Ley Leahy prohíbe la asistencia a unidades militares o de policía extranjeras si existe creíble evidencia de que sus miembros hayan cometido graves violaciones contra los derechos humanos, a menos que se tomen medidas efectivas para llevarlos a la justicia.

El 14 de agosto de 2010 más de 100 soldados del 15 Batallón de la Infantería del Ejército Hondureño, junto con guardias de la Corporación Dinant, presuntamente atacaron una protesta de campesinos por cuestiones de tierra en el Valle del Aguán, dando muerte a un joven de 17 años y a cinco guardias de seguridad.

A comienzos de 2009, oficiales de ese mismo batallón recibieron entrenamiento de los Estados Unidos en operaciones conjuntas y “análisis contra el narco-terrorismo”.

En los años ochenta el Pentágono utilizó ejercicios de entrenamiento militar en Honduras como pretexto para dejar atrás extenso equipamiento, incluso instalaciones de radar.

Parece que esta forma encubierta de asistencia puede estar sucediendo de nuevo, según David Vine de la American University, quien investiga la presencia de los Estados Unidos en Honduras, señaló un documento producido por la Fellowship of Reconciliation, en septiembre de 2011, en un escrito de John Lindsay-Poland y traducido por Carol Costa y Susana Pimiento.

Origen: Alba Mejía-CPTRT: Nueva base militar de EUA traerá más violaciones a DDHH

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Honduras denies murdered activist was on army ‘hit list’

Tegucigalpa (AFP) – Honduran authorities on Wednesday denied a British newspaper report alleging their military had issued orders to kill a high-profile environmental activist who was murdered at her home in March.

The article by The Guardian quoted a source identified as a former soldier who said the activist, Berta Caceres, was on a “hit list” given to two elite military units.

“I’m 100 percent certain Berta Caceres was killed by the army,” the source, a 20-year-old ex-first sergeant who spoke under a pseudonym, said, according to The Guardian.

He was quoted saying that he fled to a neighboring country but that several members of his former unit have disappeared and were feared dead.

Honduras’ defense minister, Samuel Reyes, rejected the accusation.

“This story contains utterly false elements that seek to damage the image of Honduras’ government and our armed forces,” he said.

He said the military police battalion the source was reported to have been in did not exist, and that a training course that included US advisers he was said to been on accepted only higher-ranking soldiers.

Reyes said Honduras was demanding The Guardian “correct” its report and noted that suspected murderers of Caceres had been caught and were in custody.

Five people were arrested last month in connection with the murder.

One of the detained suspects is a discharged soldier.

Another is a high-ranking employee of Desarrollos Energeticos (DESA) — an electricity company involved in the construction of a hydro-electric dam against which Caceres had campaigned.

Two masked gunmen fatally shot Caceres, a 45-year-old activist for indigenous, environmental and social issues, at her home in La Esperanza, northwest of the capital Tegucigalpa on March 3.

Origen: Honduras denies murdered activist was on army ‘hit list’

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CON LAS CHACHAS ESPERABAN A “PALILLONA DEL IHSS” TRAS BAJAR DEL AVIÓN

La hondureña, Ilsa Molina, quien era gerente de la empresa fantasma denominada Inversiones y Suministros Médicos (Insumedic), arribó alrededor de las dos de la tarde al aeropuerto de San Pedro Sula junto a 129 personas deportadas de Estados Unidos, por lo que al bajar del avión fue arrestada.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Autoridades arrestaron esta tarde a Ilsa Vanessa Molina, más conocida como “la palillona” y quien fue deportada de EE.UU., para que responda por haber sustraído recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Molina, quien era gerente de la empresa fantasma denominada Inversiones y Suministros Médicos (Insumedic), arribó alrededor alrededor de las 2:00 de la tarde al aeropuerto internacional de San Pedro Sula junto a 129 personas deportadas de la nación del norte, por lo que al bajar del avión, fue arrestada de inmediato.

La imputada fue trasladada a una celda luego que policías y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la esperaban afuera del avión que la trasladó hacia Honduras. Bajó del avión vestida con una chaqueta color café y pantalón ceñido al cuerpo.

El apoderado legal de Molina, Héctor Durán, informó que el EE.UU. declinó de otorgar asilo a su clienta y “se les explicó a las autoridades estadounidenses los motivos para que se le diera asilo político a mi clienta, en especial, por los atentados que sufrieron dos testigos protegidos”.

Respecto al delito que imputa el Ministerio Público, el apoderado dijo que el organismo acusador “está alejado de la realidad”. “Hay documentos que acreditan que la empresa Insumedic ingresó productos al almacén central del IHSS” y que hay pruebas que pueden corroborar el hecho.

A Molina se le achaca haber recibido más de nueve millones de lempiras producto del megafraude contra el IHSS. Asimismo, se le confiscó una lujosa casa que había comprado con recursos robados a la institución, por lo que decidió huir de Honduras.

La acusada fue detenida por agentes de migración de EE.UU. cuando pretendía ingresar a ese país de manera ilegal.

Origen: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/1488-con-las-chachas-esperaban-a-palillona-del-ihss-tras-bajar-del-avion

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Berta Cáceres’s name was on Honduran military hitlist, says former soldier

A unit trained by US special forces was ordered to kill the environmental activist who was slain in March, according to an ex-member who now fears for his life.

Berta Cacéres, the murdered environmental campaigner, appeared on a hitlist distributed to US-trained special forces units of the Honduran military months before her death, a former soldier has claimed.

Lists featuring the names and photographs of dozens of social and environmental activists were given to two elite units, with orders to eliminate each target, according to First Sergeant Rodrigo Cruz, 20.

Cruz’s unit commander, a 24-year-old lieutenant, deserted rather than comply with the order. Cruz – who asked to be identified by a pseudonym for fear of reprisal – followed suit, and fled to a neighbouring country. Several other members of the unit have disappeared and are feared dead.

“If I went home, they’d kill me. Ten of my former colleagues are missing. I’m 100% certain that Berta Cáceres was killed by the army,” Cruz told the Guardian.

Cáceres, an indigenous Lenca leader who won the prestigious Goldman Environmental Prize in 2015 for a campaign against the Agua Zarca hydroelectric dam, was shot dead in her home in March. Before her murder, she had reported 33 death threats linked to the campaign and had warned international human rights delegates that her name was on a hitlist.

Berta Cáceres campaigned to preserve her people’s environment, threatened by a hydroelectric project.
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 Berta Cáceres campaigned to preserve her people’s environment, threatened by a hydroelectric project. Photograph: Tim Russo

According to Cruz, Cáceres’s name appeared on a list given to a military police unit in the Inter-institutional Security Force (Fusina), which last summer received training from 300 US marines and FBI agents.

Five men have been arrested for her murder, including Maj Mariano Díaz Chávez, an active-duty major in the Honduran army. Díaz had previously participated in joint US-Honduran military operations in Iraq, and is reported by local media to be a graduate of the elite Tesón special operations course which is partly taught by US special forcesDiaz was a military police instructor when arrested, but has since been given a dishonourable discharge.

Annie Bird, director of the group Rights and Ecology which documents human rights abuses in Honduras, said: “Cruz’s testimony suggests death squads are targeting political opposition, but the justice system is so broken, and directly controlled by figures implicated in corruption, that there is no one [in Honduras] who can credibly investigate.”

The Guardian interviewed Cruz several times by telephone and video call, and spoke with several people – academics, community leaders and activists – who have interviewed Cruz and confirmed his identity and military background.

Cruz enlisted in the army in December 2014, and after three months of basic training, was transferred to the 7th Battalion of the military police, which was created in 2013 to replace a civilian police force mired in allegations of corruption and abuse.

He completed two gruelling specialist training camps, including the Tesón course, where he received instruction from foreign military advisers including Americans, Colombians and instructors who spoke a foreign language which Cruz could not identify. Last year, the Tesón course became the subject of intense controversy when footage emerged showing a trainee being forced to eat the head of a dog.

During his training, Cruz was hospitalized twice with dehydration, but he completed the course and in October last year, Cruz and 15 other men from his battalion were picked to serve in the Xatruch taskforce – one of two multi-agency forces in Honduras deployed on specialist counter-narcotics and anti-gang operations.

https://interactive.guim.co.uk/embed/2016/06/honduras-map/

The Xatruch force covers the Caribbean coast, which has become an important way station for drug cartels smuggling cocaine from South America to the US. The second taskforce, Fusina, operates nationwide.

In mid-December, Cruz’s commander gathered his subordinates after a Tuesday evening football match and showed them several sheets of paper with names, photographs, addresses and phone numbers of each target. One list was assigned to their unit; the second to a similar unit in Fusina.

“The lieutenant said he wasn’t willing to go through with the order as the targets were decent people, fighting for their communities. He said the order came from the joint chiefs of staff [and] he was under pressure from the Xatruch commander to comply,” Cruz said.

A few days later, the lieutenant left the base and has not been seen since.

It was not the first time Cruz had seen the lists. A few weeks earlier in Punta Piedra, a town on the Caribbean coast, similar sheets of paper had fallen out of his commander’s vest in the jeep which Cruz drove.

“I only had them in my hand for 20 or 30 seconds but I recognised some faces as leaders from the Bajo Aguán [region]. I didn’t say anything,” Cruz said.

The Bajo Aguán region – where the Xatruch taskforce is based – has been the setting for a string of violent land disputes between powerful palm oil magnates and local farmers. More than 100 people, mainly peasant activists, have been killed, many at the hands of state or private security forces.

Among the names on the hitlist seen by Cruz was that of Juan Galindo, an activist who had fled the region after receiving threats, but was murdered in November 2014 after returning home from exile to visit his sick mother.

Cruz also recognised Johnny Rivas and Vitalino Álvarez, high-profile members of the United Peasant Movement (Muca). Both men were among 123 activists in the Bajo Aguán named by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in 2014 as requiring urgent protective measures.

Peasant activist Vitalino Álvarez: ‘The rumours are I’m now top of that list.’
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 Peasant activist Vitalino Álvarez: ‘The rumours are I’m now top of that list.’ Photograph: Orlando Sierra/AFP/Getty Images

Álvarez, 52, who has survived four assassination attempts since 2010, said: “There’s been a systematic strategy to eliminate the most belligerent social leaders. Since they killed Berta, the rumours are I’m now top of that list.”

Human rights groups have condemned US support for Honduran security forces amid mounting evidence implicating police and military in systematic abuses. In April, activists warned Congress that death squads were targeting opposition activists, much like they did during the “dirty war” in the 1980s.

The US has given Honduras an estimated $200m in police and military aid since 2010 as part of its efforts to stem organised crime and undocumented migration, according to defence and state department figures. In addition, Honduras shares the $750m Alliance for Prosperity fund approved by Congress last year for Central America’s violent Northern Triangle.

Both aid packages include human rights conditions, but neither has been restricted, even though the state department’s most recent human rights reportsays that “unlawful and arbitrary killings and other criminal activities by members of the security forces” remain one of the country’s most serious problems.

Neither the Honduran defence ministry nor the US state department responded to repeated requests for comment by the Guardian.

After Cruz’s lieutenant deserted in mid-December, the other members of his unit were redeployed separately. Cruz worked for about 10 days with the commander of the Xatruch taskforce.

During this brief deployment, Cruz said he was woken up in the middle of the night to transport black plastic bags to the River Tocoa, in Bajo Aguán, where colleagues emptied out human remains over the bridge.

He also described seeing a “torture room” near a military installation in the town of Bonito Oriental. “I didn’t see anyone but there was fresh blood, a hammer, nails, a chain and pliers in the room.”

Shortly afterwards, Cruz and his colleagues were all sent on extended leave. Now increasingly anxious for his own safety, Cruz fled, crossing the border illegally as his identification documents were still with the army. He is now in hiding and his family have reported that military policemen have questioned their neighbours over his whereabouts.

Lauren Carasik, director of the International Human Rights Clinic at Western New England University, said the US must stop turning a blind eye to the lawlessness.

“This is disturbing smoking-gun evidence which reinforces calls that the US must withdraw military aid from Honduras where there’s been a bloodbath since the 2009 coup.”

Violence in Honduras increased dramatically after a military-backed coup in July 2009 forced President Manuel Zelaya from power. Environmental campaigners bore the brunt of the repression after the new rightwing government licensed hundreds of mega-projects, including mines and hydroelectric dams in environmentally sensitive areas. At least 109 activists were murdered between 2010 and 2015, making Honduras one of the world’s most dangerous countries for environmental defenders.

A growing number of US politicians have expressed concern over the situation.

In August 2015, 21 members of Congress wrote to the secretary of state, John Kerry, raising specific concerns about US support for Fusina, which has repeatedly been accused of human rights violations.

Last week, the Berta Cáceres Human Rights Act in Honduras – which would suspend US security assistance until human rights violations by security forces cease – was introduced to Congress by Representative Hank Johnson.

“We provide millions of dollars in security assistance to Honduras but these same forces have been found to attack and kill environmental, labour and human rights activists like Cáceres without any effective response from the authorities,” said Johnson.

Cáceres’s daughter, Bertita Zúñiga, said Cruz’s testimony strengthened the family’s calls for an independent international investigation to find the intellectual authors.

“This shows us that death squads are operating in the armed forces, which are being used to get rid of people opposing government plans. It shows us that human rights violations are state policy in Honduras.”

Origen: Berta Cáceres’s name was on Honduran military hitlist, says former soldier

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Cancillería niega que la depuración fuera ineficaz

Tegucigalpa, Honduras
La vicecanciller Andrea Matamoros rechazó ayer que el proceso de depuración consular haya sido ineficaz, como denunció la comunidad hondureña establecida en Estados Unidos.

En entrevista con EL HERALDOFrancisco Portillo, presidente de la organización hondureña Francisco Morazán, expresó que connacionales en ese país estaban molestos porque los malos tratos en los consulados persisten.

Además, dijo que la Cancillería no realizó la depuración consular y que, contrario a esto, solo rotaron al personal.

Sí hubo depuración
Al respecto, Matamoros dijo a EL HERALDO que el proceso se realizó en los primeros meses de gestión del actual gobierno y aseguró que ha sido exitoso.

“Yo quiero dejar algo bien claro y aprovecho el espacio para que los oyentes entiendan y los medios y la comunidad hondureña, que la depuración en el servicio exterior se hizo en el 2014 y fue una prioridad del presidente Juan Orlando Hernández”, dijo.

“Lo que estamos llevando ahora a cabo es una reestructuración, es una diferencia entre depuración a una reestructuración ; la depuración ya se hizo en el 2014, pasamos, por ejemplo, el consulado de Miami, de tener 26 funcionarios a seis, y estamos atendiendo más del triple de lo que se hacía en aquel entonces”, agregó.

Rotaciones
Confirmó que, en efecto, esta reestructuración consiste en la rotación y traslados tanto del servicio interno como en el servicio exterior como la ley lo demanda. Hasta ahora dijo que se han realizado 150 rotaciones.

Matamoros detalló que la Cancillería tiene menos de 400 funcionarios de los cuales 200 están en el servicio exterior.

Ante la posibilidad de que aún haya denuncias, Matamoros pidió que estas se realicen con nombre y apellido en los canales correspondientes

Origen: http://www.elheraldo.hn/pais/972113-466/canciller%C3%ADa-niega-que-depuración-haya-sido-ineficaz

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Comisión Depuradora presentará avances en EEUU

TEGUCIGALPA. Omar Rivera, miembro de la Comisión Depuradora Policial, anunció que realizarán una gira oficial por Estados Unidos donde presentarán los avances obtenidos desde que asumieron la titularidad de esa institución.
El comisionado manifestó “vamos en una gira oficial, nos vamos a entrevistar con funcionarios del departamento de Estado, con miembros del Congreso y del Senado de Estados Unidos”.
En tal sentido, detalló que darán a conocer las actividades ejecutadas a la fecha, además de los logros en materia de depuración policial y algunos temas que le corresponden fundamentalmente a las autoridades del Estado.
Rivera, reveló que en su estadía por el país norteamericano indicó que “visitaremos además a organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.
Finalmente, informó que el próximo 16 de junio, realizarán un foro público organizado por la Asociación para una Sociedad más Justa -ASJ- en el Wilson Center donde van a compartir con diversos organismos de sociedad civil y representantes diplomáticos en la capital norteamericana”.

Origen: Comisión Depuradora presentará avances en EEUU

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Vuelven los infantes de marina de EE. UU. a “ayudar” a Honduras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn  Tegucigalpa.-A invitación del Gobierno de Honduras, otro contingente de Infantes de Marina de la Fuerza de Tarea Sur de Propósito Especial Aeroterrestre (SPMAGTF-SC, por sus siglas en inglés) llegará a Honduras para realizar una serie de proyectos de construcción en Gracias a Dios, incluyendo una escuela y restauraciones a un hospital,  así […]

Origen: Vuelven los infantes de marina de EE. UU. a “ayudar” a Honduras – CRITERIO

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U.S. Funded Evangelicals and Coup Supporters Behind the New Commission to Purge the Honduran Police

Another scandal exposing police corruption and involvement of Honduran police commanders in assassinations and organized crime hit the press again in March 2016. Shortly after, on April 7, the Honduran Congress approved a decree legislating the purging of the National Police, declaring a clean up of the police a “national priority.” The decree called for the creation of a Special Reform Commission for the Purging and Transformation of the Police. It is not the first time a scandal incited the approval of legislation to cleanup corrupt security forces. In January 2014, the Commission for Public Security Reform was also created, and today is widely admitted to have been a huge failure, even by those that applauded its effort. Some are not surprised that it never achieved what it was created to do.     So the Honduran government is at it again. Days after the 2016 decree was approved, a three-member Special Reform Commission for the Purging and Transformation of the Police was formed. I thought it was worth taking a look at the organizational associations and backgrounds of the three appointed Commissioners – Omar Rivera, Alberto Solórzano, and Vilma Morales.  From left to right: Ministry of Security, Julian Pacheco, Honduran President Juan Orlando Hernandez, ASJ’s Omar Rivera, Vilma Morales, and Pastor Alberto Solórzano. Photo credit: el heraldo  Omar Rivera, Advocacy Director, Association for a More Just Society (ASJ); Alliance for Peace and Justice (APJ) Association for a More Just Society (ASJ) is a Honduran and U.S. faith-based organization that receives significant U.S. support from USAID to run Centros de Alcance that focus on “anti-gang and violence prevention” programs promoting extensively to address youth migration to the U.S; the Legal Advisory and Anti-Corruption Centers (ALAC); and a grant for an education program given under the Impulsing Citizen Participation, Transparency and Social Opportunities (Impactos), amongst others. ASJ receives support from the evangelical Christian Reformed Church in North America. ASJ coordinates an initiative known as the Alliance for Peace and Justice (APJ), a broad group of “civil society organizations” that tends to dominate any spaces where “civil society” is consulted about important national issues including security, impunity, and corruption. Allies of APJ include the Civil Society Group, Transformemos Honduras, MOPAWI, and the Cofraternidad Evangelica de Honduras, amongst others. APJ is funded by the National Democratic Institute (who funds almost exclusively the same organizations allied with APJ) and the US Department of State, Bureau of Conflict and Stabilization Operations, created to “improve the effectiveness and coherence of the U.S. government in conflict situations.” Its almost impossible to research one of ASJ’s programs without connecting it to U.S. funding and programs that promote U.S. policy and cosmetic solutions to major structural problems like corruption and impunity. Many in the Honduran social movement see ASJ and the U.S. Embassy as one in the same. Pastor Alberto Solórzano . President, Confraternidad Evangelical (CE), board member, Alliance for Peace and Justice (APJ) As mentioned previously, the Confraternidad Evangelica is one of the members of the ASJ-coordinated initiative APJ. It claims to represent 90% of all evangelical organizations in Honduras. A well-known pastor of the “Abundant Life” church and representative of the Confraternidad Evangelica, Evelio Reyes recently led public prayers in the Presidential Palace with Honduran President Juan Orlando Hernandez, the First Lady Ana de Hernandez, and attendees of many evangelical churches and organizations. Evelio Reyes, a close relative of the Minister of Defense, Samuel Reyes, and friend of President Hernandez, was the subject of a 2013 law suit filed by well-respected LBGTI Honduran activist, Erick Martinez. The pastor made discriminatory and degrading insults against the LBGTI community to his congregation telling them not to “vote for homosexuals or lesbians who corrupt the model of God.” In Reyes defense, the Confraternidad Evangelica wrote a public letter, signed by Pastor Alberto Solórzano, one of the members of the Police Purging Commission, expressing their disagreement with the investigation against Pastor Reyes and justifying the homophobic statements as “moved by the interest to present a salvation plan for humanity in order to seek the preservation of the society.” These verbal attacks and hate speech against the LGBTI community are alarming considering the violence and assassinations reported by Honduran organizations. In the last seven years, 215 LBGTI people have been murdered in Honduras, 37 of which occurred in 2015 alone. Upon nomination to the Police Purging Commission, individuals questioned the

Origen: U.S. Funded Evangelicals and Coup Supporters Behind the New Commission to Purge the Honduran Police

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Durbin, Leahy Lead Call for Halt to Immigration Raids Targeting Central American Women and Children

WASHINGTON – U.S. Senators Dick Durbin (D-IL) and Patrick Leahy (D-VT) today led 24 Senate Democrats calling for an end to deportation raids targeting families and unaccompanied minors who have fled the rampant violence in Central America’s Northern Triangle. In a letter to President Obama, the senators also urged the Administration to designate Guatemala and re-designate El Salvador and Honduras for temporary protected status (TPS), allowing individuals from those countries to legally remain in the United States.

The solution to this regional humanitarian crisis is to address its root causes. Deploying immigration raids upon this vulnerable population for the purpose of deterrence is an ineffective and unacceptable strategy,” the senators wrote. “Immigration raids create fear and insecurity among immigrant communities in the United States. They will deter students from attending school and parents from seeking medical care, but they will not deter terrified mothers and children from fleeing life-threatening violence in their homelands.” 

Senators Durbin and Leahy were joined by Senators Tom Udall (D-NM), Al Franken (D-MN), Bernie Sanders (I-VT), Kristen Gillibrand (D-NY), Patty Murray (D-WA), Sherrod Brown (D-OH), Bob Menendez (D-NJ), Elizabeth Warren (D-MA), Cory Booker (D-NJ), Mazie Hirono (D-HI), Tim Kaine (D-VA), Ed Markey (D-MA), Tammy Baldwin (WI), Ron Wyden (OR), Chris Coons (D-DE), Richard Blumenthal (D-CT), Martin Heinrich (D-NM), Chris Murphy (D-CT), Brian Schatz (HI), Michael Bennet (D-CO), Barbara Mikulski (D-MD), Jeff Merkley (D-OR), Ben Cardin (D-MD), and Maria Cantwell (D-WA).

Full text of the letter is available below:

Dear Mr. President:

We are deeply concerned by reports that your Administration is planning a surge of immigration raids targeting mothers, children, and unaccompanied youths from Central America’s Northern Triangle for arrest and deportation.  We urge the Administration not to focus its scarce resources on deporting vulnerable individuals who have no criminal record and were not represented by counsel during their removal proceedings.

We are in the midst of the worst refugee crisis in recent history, with more than 60 million people worldwide forcibly displaced from their homes.  The children and families fleeing widespread and brutal violence in the Northern Triangle, one of the most dangerous regions in the world, are part of this global humanitarian crisis.  El Salvador, Honduras, and Guatemala have among the highest overall homicide rates and highest female homicide rates in the world.  El Salvador and Guatemala lead the world in another grim statistic: the highest child murder rates.  In a 2015 report, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) noted regarding the Northern Triangle, “Impunity for murder and violent crime is widespread, reflecting inadequate government capacity to provide safety, especially for women.” The vast majority of homicides in these countries remain unresolved.  From 2010 to 2013, 95 percent of murders in the Northern Triangle were unsolved or unprosecuted.

The grave danger facing so many people from the Northern Triangle has led them to cross borders and seek protection wherever they are able to do so, not just in the United States.  UNHCR documented a 1,185 percent increase from 2008 to 2014 in the number of asylum applications from citizens of these three countries in Mexico, Panama, Nicaragua, Costa Rica, and Belize, combined.  According to the Council on Foreign Relations, nearly 10 percent of the Northern Triangle’s residents have left in recent years.

The solution to this regional humanitarian crisis is to address its root causes. Deploying immigration raids upon this vulnerable population for the purpose of deterrence is an ineffective and unacceptable strategy.  Immigration raids create fear and insecurity among immigrant communities in the United States.  They will deter students from attending school and parents from seeking medical care, but they will not deter terrified mothers and children from fleeing life-threatening violence in their homelands.

The Department of Homeland Security considers some children and mothers from the Northern Triangle to be enforcement priorities simply based on the timing of their arrival at our Southern border.  This is a flawed policy.  A surge in violence in the Northern Triangle in recent months and years has led people to flee and seek protection.  Punishing people based on the timing of the violence that led them to flee, over which they had no control, is wrong and makes little sense.  The consequences of forcible returns can be deadly: one October 2015 report found that at least 83 people sent back to these countries from the U.S. since January 2014 were killed, often just days after their deportations.

We understand that the targets of the Administration’s deportation raids all have a removal order issued by an immigration judge.  We are concerned, however, that these individuals may not have had meaningful due process. They may not have had legal counsel and may have been ordered removed in absentia.

The scale of the violence and institutional dysfunction in the Northern Triangle mandates extra care in evaluating the merits of claims for protection from this population.  Meaningful due process requires at the very least access to counsel from the beginning of removal proceedings and a full and fair hearing of each person’s legal claims.  Without adequate access to counsel, these mothers and children do not have a fair chance to secure protections available to them under our laws.  Since counsel is not guaranteed for this population and most people are unrepresented, they are unable to fairly present their claims before removal orders are issued.  The critical role of legal counsel is demonstrated by one analysis which found that between Fiscal Year 2012 and Fiscal Year 2014, unaccompanied children represented by lawyers had a 73 percent success rate in immigration court, allowing them to stay in the U.S, while only 15 percent of unrepresented children succeeded in their cases.

Therefore, we respectfully request that you halt deportations of vulnerable individuals from the Northern Triangle, including but not limited to mothers, children, and recently aged out unaccompanied minor children, if they do not have a criminal record and if they were not represented by counsel during each stage of their removal proceedings.

We also urge you to consider designating Guatemala and redesignating El Salvador and Honduras for temporary protected status (TPS).  As you know, TPS can be granted to nationals of another country who are currently residing in the United States if extraordinary and temporary conditions prevent a safe return to their country.  TPS does not grant any immigration status, but allows eligible nationals of designated countries to remain in the United States legally until the designation expires.  In light of the conditions outlined above, the countries of the Northern Triangle clearly meet the statutory standard for TPS.

Thank you for your consideration.

Origen: Durbin, Leahy Lead Call for Halt to Immigration Raids Targeting Central American Women and Children | U.S. Senator Dick Durbin of Illinois

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Líder indígena pide que EEUU no ayude más a fuerzas de seguridad de Honduras

Chicago – El líder indígena hondureño Tomás Gómez Membreño pidió hoy al senador demócrata por Illinois Richard Durbin que interceda para interrumpir la ayuda económica que Estados Unidos destina a los cuerpos de seguridad de su país.

En una carta entregada en las oficinas del legislador, que integra los subcomités de Asignaciones de Defensa y de Estado y Relaciones Exteriores en el Congreso, Gómez Membreño señaló que en lugar de financiar al Ejército y Policía de Honduras, la política estadounidense debería centrarse en defender los derechos humanos en ese país centroamericano.

“Estados Unidos debe retener toda la ayuda militar y policial para influir en la voluntad política de la administración hondureña, y presionar para poner fin a los asesinatos, amenazas y acoso de personas, partidos políticos de oposición, periodistas críticos del Gobierno, pequeños agricultores, grupos indígenas y sindicalistas”, agregó.

“El senador Durbin es un demócrata de alto rango en el Congreso, con mucho poder sobre el flujo de asistencia de seguridad a Honduras”, declaró Gómez Membreño a Efe.

En su opinión, los contribuyentes estadounidenses ignoran que los fondos que se envían a Honduras “apoyan a un Ejército que no se encarga de la seguridad del país, sino de velar por los intereses de grandes proyectos de capitales extranjeros”.

Gómez Membreño es el coordinador general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), una entidad que ha denunciado los planes de instalar proyectos hidroeléctricos, de energía eólica y mineros en tierras indígenas.

Solamente en el territorio del pueblo Lenca existen más de 50 concesiones que dio el Gobierno a privados, incluyendo la instalación de un parque eólico en el cerro Los Hoyos, que destruirá un lugar sagrado donde los indígenas hacen actividades ceremoniales, señaló el dirigente.

Gómez Membreño acusó al Ejército de su país de estar involucrado en asesinatos políticos para proteger intereses de empresas como Desa, encargada del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, que es patrimonio natural, cultural, económico y hábitat funcional del pueblo Lenca.

Esa empresa, según el líder indígena, sería la principal sospechosa del asesinato de la activista Berta Cáceres, cofundadora del Copinh, en marzo pasado.

“Además de la empresa, entre los autores intelectuales del crimen hay personajes de la esfera política y económica del país”, afirmó.

En la carta se pide apoyo para una investigación independiente de la muerte de Cáceres, con preferencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Origen: Líder indígena pide que EEUU no ayude más a fuerzas de seguridad de Honduras

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Report Details How US-Backed Coup Unleashed Wave of Abuses in Honduras

Origen: http://www.commondreams.org/news/2016/06/07/report-details-how-us-backed-coup-unleashed-wave-abuses-honduras

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U.S.-Latin American relations are at an all-time low

Origen: U.S.-Latin American relations are at an all-time low

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