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Jueces denunciados tras girar orden de captura contra estudiantes universitarios

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).– El Juez Neptali Heber Mejia Leiva y Marlon Eduardo Colíndres fueron denunciados esta semana por los supuestos delitos de prevaricato y abuso de autoridad al admitir un requerimiento fiscal sin que se cumplan los requisitos necesarios en la normativa hondureña para girar orden de captura contra seis  estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Mejia Leiva y  Colindres, emitieron orden de captura contra los jóvenes Moises David Caceres, Cesario Alejandro Felix Padilla, Sergio Luis Ulloa Rivera, Dayanara Elizabeth Castillo Nuñez, Izhar Asael Alonzo Atamoros, Josue Armando Velasquez Contreras.
Conforme a la denuncia impuesta por la abogada Kenia Oliva y la periodista Dina Meza de la organización Periodismo y Democracia, la acción ocurrió pese a que “no se cumplen con los presupuestos legales objetivos ni subjetivos del tipo penal que se les imputa”.
De acuerdo con las denunciantes el Ministerio Publico “debió presentar las circunstancias justificativas para determinar la necesidad de emitir una orden de captura, puesto que el delito de usurpación es menos grave debió el juez garantizar que el Ministerio Publico ha sido objetivo en la etapa de la investigación y que resulta pertinente la orden de captura”.
“Colindres, aun cuando el expediente ya ha sido asignado a otro juez, procede a emitir un auto que ordena “dar inmediata captura”  a los jóvenes, ambos jueces tienen a la vista el informe investigativo que presenta la fiscal, junto a la denuncia de la supuesta víctima y la autorización para la judicialización del mismo”.
El informe investigativo narra que iniciaron investigaciones el veinticuatro (24)  de mayo del presente año, que el día 01 de junio se personaron a la UNAH y pudieron observar que estudiantes del Movimiento Amplio Universitario MAU y el Movimiento Estudiantil Universitario MEU, procedieron a desalojar violentamente a los estudiantes. Sin embargo el mismo es producto de una nota que también es adjunta al informe que dice que dicha investigación se realizó “Para dar seguimiento a unas personas de intereses, ya que estas personas tienen medidas cautelares y no deben estar dentro de la universidad”.
Igualmente, la nota adjunta al requerimiento fiscal “no sustenta los hechos del requerimiento, pero tampoco sustenta con autorización de quien el Ministerio Publico o la Agencia Técnica de Investigación Criminal está haciendo seguimiento al cumplimiento de medidas cautelares dictadas por un juez, dado que no es función de la ATIC”, señalaron.
El seguimiento al cumplimiento de medidas cautelares y además porque el acta de localización es violatoria al derecho que tienen los estudiantes al derecho a permanecer dentro de los predios universitarios en virtud de que al menos dos de las personas de “interés” son estudiantes de esa casa de estudio, mientras que otros son egresados o se encuentran fuera del país.
Del mismo modo, -explicaron que el expediente penal 1566-2016, asignado al juez No. 8,  en auto de fecha catorce de junio, dice que siendo un delito menos grave y que el mismo código procesal penal, prohíbe la prisión preventiva, por lo que ordena se deje sin valor y efecto dichas ordenes de captura.
Finalmente, -establecieron- que el informe establece que la investigación se hizo con propósitos distintos a los del requerimiento fiscal y por qué se realiza la investigación presentada, es decir quien ordena que se investigue el cumplimiento de unas supuestas medidas cautelares, que como mencionamos anteriormente dichas medidas no existen.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/libertad-de-expresión/jueces-denunciados-tras-girar-orden-de-captura-contra

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“Libertad de expresión se ve amenazada”: Alvarado

8 de Septiembre de 2015

03:01PM  –  Julissa Mercado  

CIDH otorgó en 2014 medidas cautelares al periodista.

Tegucigalpa, Honduras

El fallo de la Sala de lo Constitucional en contra del periodista Julio Ernesto Alvarado pone en peligro la libertad de expresión.

Y es que pese a que el director del noticiero Mi Nación, que se transmite por TV Globo, gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Suprema de Justicia declaró no ha lugar el amparo interpuesto por su defensora Dina Meza.

Con ese fallo se obliga al presentador de noticias a no ejercer la profesión como pena accesoria impuesta por una querella presentada en diciembre de 2003 por la decana de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Belinda Flores.

En este recurso se solicitaba suspender la pena accesoria que lo inhabilita por un año cuatro meses a ejercer el periodismo, ya que la pena principal, reclusión por un año cuatro meses, fue conmutada en abril de 2014.

“Esto es lo peor que le puede pasar a los periodistas, es un momento bien difícil el que está viviendo el periodismo”, expresó Alvarado en entrevista con EL HERALDO al tiempo que indicó que su caso es el segundo más emblemático en América Latina. “La libertad de expresión en su totalidad se está viendo amenazada, no digamos la libertad de prensa, que es la que prácticamente esta sufriendo esta persecución”, agregó.

Según Meza, el 5 de noviembre de 2014 la CIDH determinó otorgar las medidas cautelares a Alvarado al indicar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y riesgo de daño irreparable”.

En ese sentido dice que la comisión “solicita al Estado de Honduras suspender la ejecución de la sentencia condenatoria de fecha 9 de diciembre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia y abstenerse de realizar cualquier acción para inhabilitar al periodista Julio Ernesto Alvarado en el ejercicio de su profesión hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual”.

Meza explicó que en diciembre de 2003 Alvarado fue acusado en compañía de dos docentes más, quienes en diferentes ocasiones señalaron supuestas irregularidades cometidas por Flores.

En este caso, la CIDH dice que Alvarado “se limitó a dar a conocer lo que decía un informe de una comisión investigadora sobre irregularidades en el otorgamiento de compensaciones de materiales a estudiantes de la universidad”.

En ese juicio Alvarado fue declarado inocente. Sin embargo, la defensa de Flores presentó una apelación y la Corte de Apelaciones revirtió el fallo en enero de 2014 y lo condenó a purgar una pena de reclusión de un año cuatro meses.

En abril de ese año, Alvadaro conmutó (pagó) la pena para que la sentencia de cárcel y la suspensión de su trabajo se dejaran sin efecto.

Sin embargo, Flores apeló y el 22 de agosto de ese año la Corte de Apelaciones decidió que la inhabilitación periodística debía ser restablecida.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/877460-214/libertad-de-expresi%C3%B3n-se-ve-amenazada-alvarado

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Presidenta de PEN Honduras corre riesgo por 20 incidentes en su contra

Alerta 124-15 |Honduras, 22 de julio de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). La periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, ha sufrido un incremento de incidentes de seguridad en el último mes a raíz de su labor, denunció mediante una alerta la organización internacional Brigadas Internacionales de Paz.

En lo que va de 2015, Dina Meza ha reportado 20 incidentes de seguridad, al menos 13 de estos ocurrieron en el mes de junio, cita la alerta.

Según esta organización, conocen el caso de Meza desde mayo de 2014 y están preocupados por el incremento de incidentes de seguridad, reportados en el último mes a raíz de su labor como periodista y defensora de derechos humanos.

La alerta internacional indica que la periodista vincula estos incidentes con su trabajo durante el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra y porque a inicios de junio presenció y documentó la audiencia en la que se emitió veredicto a favor de la comunidad garífuna de Barra Vieja en Tela, procesada por el delito de usurpación del territorio ancestral por el Instituto Hondureño de Turismo y la Empresa Nacional Portuaria.

“El 17 de junio, fue asesinado Héctor Orlando Martínez Motiño, Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (Choluteca). Era beneficiario de medidas cautelares de la CIDH en razón de amenazas y actos de hostigamiento de los que habría sido objeto como consecuencia directa de sus actividades en SITRAUNAH. Meza y la abogada Kenia Oliva, acompañaban al sindicalista en el caso de la querella interpuesta en su contra por un catedrático universitario”.

“Meza ha dado visibilidad a las denuncias reportadas por varios medios de comunicación, en particular Radio Globo y Canal 36 en el marco del seguimiento en los casos de supuesta corrupción del Instituto Hondureños de Seguridad Social, IHSS. Meza denuncia la censura aplicada por el Estado, que ha derivado en acusaciones contra periodistas por difamación, injuria o calumnia así como al control de las frecuencias y cierre de numerosas radios comunitarias”.

Además, le ha dado seguimiento a las marchas de las antorchas y a la huelga de hambre impulsada por la “Oposición Indignada” quienes reclaman la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y la renuncia del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

En el primer semestre del 2015, C-Libre, ha recogido 98 ataques contra la libertad de expresión, con presunta participación de actores que forman parte de la estructura gubernamental en la mayoría de los casos y, ocho asesinatos de personas de los medios.

“Dina Meza es una reconocida periodista independiente y defensora de los derechos a la libertad de expresión e información”, cita la alerta internacional. Además, Meza es la presidenta de PEN Honduras y, en el marco de la iniciativa “Periodismo y Democracia” brinda acompañamiento legal, formativo, e informativo a periodistas y comunicadores sociales en riesgo.

Esta labor se visibiliza en su periódico online “Pasos de animal grande” y, ha derivado en amenazas y hostigamientos contra ella y miembros de su familia.

Desde 2006, Meza es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las cuales no han sido debidamente implementadas. No ha habido avances en las investigaciones de las denuncias interpuestas por la periodista y a pesar de haber solicitado en reiteradas ocasiones su expediente, hasta la fecha no ha tenido acceso al mismo.

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/presidenta-de-pen-honduras-corre-riesgo-por-20-incidentes-en-su-contra

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Alerta PBI Honduras: Creciente cierre de espacio para la libertad de expresión situación de seguridad de la periodista Dina Meza‏

martes, 21 de julio de 2015

Estimados/as miembros/as  de la sociedad civil,
Reciban un saludo cordial de parte de Brigadas Internacionales de Paz

(PBI), organización no gubernamental que trabaja por la paz, la
no-violencia y los derechos humanos, a través de la observación y
acompañamiento internacional.

El objetivo de esta Alerta es llamar la atención de la comunidad
internacional sobre la situación de seguridad de la periodista
independiente Dina Meza, acompañada por Brigadas Internacionales de Paz
– PBI desde mayo del 2014. PBI está preocupado por el incremento de
incidentes de seguridad reportados en el último mes a raíz de su labor
como periodista y defensora de derechos humanos.
Dina Meza es una reconocida periodista hondureña independiente y
defensora de los derechos a la libertad de expresión e información. En
lo que va de año 2015,  ha reportado a PBI 20 incidentes de seguridad,
al menos 13 de estos ocurrieron en el mes de junio.

PBI esta muy preocupado por  el creciente cierre de espacio para la
libertad de expresión así como la situación de seguridad de quienes
promueven este derecho.

En adjunto encontrará la versión completa de la Alerta.

Cordial Saludo,

Brigadas Internacionales de Paz, PBI Honduras

(+504) 2263-6033
(+504) 8789-4688
(+504) 9818-0852

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El cierre de las fuentes y el acceso a la información en Honduras

viernes, 20 de marzo de 2015

Por Dina Meza *
El inciso cinco de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señala que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”

Sin embargo en Honduras es una utopía, es parte de las estrategias estatales para negar información a los periodistas que no escriben a favor del gobierno de turno.
Me encontré a finales del año pasado en un portón que contenía un enorme candado en la puerta de acceso al Congreso Nacional, allí estaban tres periodistas que no podían entrar porque les negaron el paso. Les pregunté por qué no entran? y me respondieron “es que no somos del agrado del actual presidente del Congreso Nacional y lo que hacemos es que nos colocamos acá cerquita para ver si pescamos alguna información.”
Pero eso no solamente ocurre allí en el Parlamento, la situación se repite en otras fuentes informativas como en la casa de gobierno, el Ministerio Público y otros entes, donde los funcionarios se creen con el derecho de reservarse la información a pesar que tienen la obligación de ponerla a la vista.
Con la llegada del actual presidente de la república Juan Orlando Hernández, muchas fuentes están cerradas a los periodistas críticos, igual sucede en las afueras de la ciudad en los gobiernos locales donde hay alcaldes que no toleran ni una tan sola voz que exprese una opinión contraria a la que quieren escuchar.
El año pasado el periodista Ernesto Gálvez tuvo que enfrentar una querella de una alcaldesa del municipio de La Paz, el comunicador escribió en su muro de facebook que un puente era muy costoso, la mujer a la que ni siquiera mencionó el periodista se molestó de tal manera que abrió un juicio a través de una querella por difamación contra Gálvez, utilizando los recursos locales llevó al abogado de la municipalidad para que la representara.
Los y las periodistas que critican la forma cómo las autoridades llevan a cabo su gestión, sencillamente que se atengan a las consecuencias. La alcaldesa que mencioné arriba se da a la tarea de perseguir al periodista Gálvez y cada vez que lo ve entrevistando a alguien llega para decirles a las personas que no le den opiniones.
De lo que se trata es de forzar una buena imagen gubernamental , todo el mundo debe hablar en sintonía con el discurso desde el poder, pretendiendo homogenizar la información de tal manera que cuando se mueve una voz en distinta dirección vienen las consecuencias.
Cesar Silva es un periodista muy crítico, tiene un programa de televisión que se llama Vanguardia, las amenazas que pesan contra él de forma diaria son de distintas formas hasta se suman las multas de policías cuando encuentran que se estaciona en su vehículo y aunque no lo hace en forma ilegal, debe pagar multas constantes hasta 100 veces más que un ciudadano común y corriente.
A César se le está vedado entrar al Congreso Nacional y al Ejecutivo, no tiene acceso a esas fuentes, pero ante quién denuncio se preguntó, nadie responde. La censura se extiende también a medios de comunicación. El estigma es tal que hasta otros periodistas se cuidan de que no les vean platicar con los estigmatizados.
Pen Internacional en su informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en septiembre de 2014 señaló que “Los últimos cuatro años se ha producido una disminución de la transparencia pública y una regresión hacia una cultura del secreto, con acceso a las fuentes oficiales cada vez más restringido….”, el informe es un aporte para el Examen Periódico Universal, EPU, de Honduras, el cual se llevará a cabo en mayo próximo.
Lo preocupante es que esta situación se ve tan normal que los periodistas la asumen y se resignan a soportar cuatro años de cualquier gobierno que se le ocurra cerrarles las puertas para que puedan tener acceso a la información.
El problema es que no solamente los periodistas se quedan sin acceso a las fuentes sino que la otra gran perdedora es la sociedad en su conjunto que no tendrá oportunidad de tener dicha información que es vital para la toma de conciencia y de decisiones.
Creo que mientras no se sientan precedentes contra los funcionarios que niegan el acceso a las fuentes y por ende a la información, las cosas seguirán como están, es necesario actuar tanto desde los periodistas como desde la sociedad.
Fuente: Versión español e inglés:

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Standing Up to Fear to Give Truth Oxygen

by Dina Meza    /  January 20, 2015  / No comments

In her first column for Sampsonia Way, Honduran journalist Dina Meza provides a historical context to the importance of freedom of expression in her native country.

Last night I dreamed that all of us were standing up to say no to silence. In Honduras, an oxygen tank sustains freedom of expression, endangered by those who would cut the lines with impunity.

  1. Honduras has one of the world’s highest murder rates. It is also one of the most dangerous countries to practice journalism, ranking 129th out of 180 in the 2014 World Press Freedom Index. Journalists are regularly threatened, attacked, and killed for their work. The Honduran government fails to punish those who use violence against reporters, essentially granting them impunity. This space will be dedicated to examining the lack of protection for Honduran journalists exercising their profession. Topics will include the use of state-sponsored advertising as a mechanism to reward or punish publications, and censorship and self-censorship as hindrances to democratic progress.
  2. Born in Cofradía, Honduras, Dina Meza has been recognized by PEN International, Amnesty International, Index on Censorship and Reporters without Borders for her work as a journalist and human rights advocate. Currently, Dina is the driving force behind the creation of Honduras PEN Centre. In 2013, she wrote “Reign of Terror,” an in-depth report on threats to Honduran journalists for Index on Censorship’s magazine. In 2014, she was named one of Reporters Without Borders’ “100 Heroes and Heroines of Information.”

In reality, this is how we now find freedom of expression, the most fundamental right of human beings, traversing all other rights.

Honduras is a country of 8.5 million inhabitants. It is located in the middle of Central America; a strategic position for the region. Its territory has been disgraced by foreign intervention. At present, the United States has six military bases in different locations around the country.

1982 saw the initiation of a democratic process that claimed to put an end to the illegal military coups. The Honduran people would supposedly be able to choose their rulers with their votes.

This vision remains a dream. Although we can vote, our votes do not matter because the elections are not transparent. The person who comes to power is whomever the United States favors, whoever is suitable to the Honduran oligarchy that has partitioned out the power for over 100 years.

After more than 100 years of degradation, of impoverishing the population, the country now finds itself among the nations of Latin America and the Caribbean with the lowest incomes.

National and international economic groups prey upon Honduras’s wealth in natural resources. Government lackeys who will strip away the property of the population for a few silver coins put it up to auction and sell it to the highest bidder.

Honduras was the scene of a coup d’état on June 28, 2009. The oligarchy dealt an incipient democracy a hard blow, and since that date anyone who tries to talk about the nation’s problems is kept under close watch.

Journalists and social communicators, because their business is the transmission of information, have been under constant attack, sometimes resulting in the loss of their lives. Nearly 50 are in graves. In other countries, where assassination is not yet a form of shutting someone up, criticism would not go beyond angering state officials.

But that is not what happens here in Honduras. Not only is there anger, but there are also threats, attacks, harassment, judicial proceedings, surveillance and in the worst cases, la meurte termina con la palabra, or “death comes at the end of the word.”

After the coup d’état, nothing is hidden anymore. One can now plainly see the actions of those who want to guard silence around crucial topics such as militarism, corruption, organized crime, drug trafficking, the concessions of rivers and other natural resources, violations of human rights, and authoritarianism.

The coup has exacerbated the state’s intolerance and violence. An official proposed using bonfires to burn books that were not to the liking of the Honduran oligarchy.

In 2013, through a process of fraudulent elections, Juan Orlando Hernández rose to power. Since then, it has become common to hear public accusations against journalists who ask him about his actions as president, or commit acts that deemed to be at odds with the law. Honduran journalists face direct reprisals, including threats from the Public Ministry, or being followed by motorcycles or strange cars after attending press conferences.

With the coup d’état, institutionalism has ended in Honduras. To maintain “the peace” among the population resistant to the coup, the elite hire paramilitary groups and approve laws that allow them to listen in on private phone conversations, classify public information and give military officials more power.

The present leader has pretensions to stay in power for many years, in spite of the fact that the Constitution of the Republic only permits a four-year term.

But he has gone about creating a precise scenario that will allow him to bypass the law. He has the Public Ministry, the Supreme Court, the National Congress, and the corporate media under his control, and uses his power to pressure the independent media that criticizes his authoritarianism.

The outlook for 2015 is dark, as are the plans to accomplish freedom of expression in Honduras. For the press, the order of the day is silence. If they stray from the established agenda, they face bullets and death.

Fuente: http://www.sampsoniaway.org/fearless-ink/2015/01/20/standing-up-to-fear-to-give-truth-oxygen/

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Honduras: Denuncian estudiantes perseguidos en conferencia de prensa: El objetivo es desmantelar un movimiento estudiantil que se levanta en la UNAH

sábado, 29 de noviembre de 2014

Sábado 29 de noviembre de 2014 – 7:10.
  Por Dina Meza*
Aunque están como un David contra Goliat, o sea luchando contra todo un poder establecido donde confluyen no solo los de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, sino del estamento jurídico del país, los estudiantes universitarios criminalizados por hacer uso de las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y de reunión, declararon en conferencia de prensa este jueves 27 de noviembre de 2014 que no están vencidos y que continuarán en su lucha en la defensa del derecho a la educación pública.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, “el intercambio de ideas y reivindicaciones sociales como forma de expresión, supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar, y el derecho al libre flujo de opiniones e información.
Ambos derechos, contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 10 y 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en los artículos 9 y 11 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se constituyen como elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático inclusive de todos los sectores de la sociedad”.
Sin embargo 19 estudiantes de la UNAH tanto de la capital como de San Pedro Sula, están siendo perseguidos por hacer uso de ese derecho.
La lucha contra las privatizaciones se invisibiliza para que el sistema Neoliberal se fortalezca en la UNAH.
Franklin Benítez, acusado de participar en manifestaciones ilícitas, dijo que en San Pedro Sula el preámbulo de la criminalización se inició con la destrucción de pancartas, afiches, mantas y recursos audiovisuales que los estudiantes usaban para demandar la democratización en la UNAH, por las propias autoridades universitarias, “nosotros utilizamos los métodos pacíficos en nuestras demandas mientras que las autoridades universitarias los violentos, pues nos echaron la policía que nos golpeó y lanzó grandes cantidades de gases lacrimógenos”, denunció.
Mientras Cesario Padilla, quien enfrenta un proceso administrativo sin derecho a la defensa, dijo que esta situación viene desde hace muchos años y hasta ahora es que sale a la luz tanta arbitrariedad, el objetivo es desmantelar un movimiento estudiantil que se levanta porque hay una invisibilización de los estudiantes que no tienen representación en los órganos de dirección de la universidad y solamente decide un solo sector, “así no puede construirse una democracia.
Dayanara Castillo, otra estudiante en las mismas condiciones que Padilla, expresó que hay certeza de que las expulsiones de ella y cuatro estudiantes más de la capital van, “pero no vamos a bajar la batalla por defender la educación pública. Ella denunció que la decana de Economía, Belinda Flores la ha discriminado por su opción sexual y por su forma de vestir, expresándole en público que no se viste adecuadamente.
Juan Almendares, director del CPTRT y ex rector de la UNAH señaló que la universidad sin la participación de los estudiantes es una universidad sin alma mater, un lugar donde debe nutrirse el pensamiento.
“Es necesario tener una posición crítica que defienda los derechos de los estudiantes, nunca en la historia de la universidad hubo la capacidad de acusar ante los tribunales usando una política de criminalización contra las voces estudiantiles e induce a la violencia contra los estudiantes a quienes se les presenta como enemigos, generando un estigma en la sociedad hondureña”, argumentó Almendares.
Pero según el ex rector, no solo se trata de aplastar a ciertos estudiantes sino que el fin último es aterrorizar a la masa estudiantil, “cómo puede la universidad dar ejemplo de democracia si es autoritaria en sus acciones. Lo que me duele es que hay estudiantes que han sido torturados , los aparatos represivos que están incrustados en la guardia de seguridad , generan esa situación”.
Edy Tábora, abogado defensor de los estudiantes describió que cuatro abogados acompañan el proceso contra los estudiantes de forma voluntaria, pero las autoridades de la UNAH nos quieren deslegitimar como defensores de derechos humanos , “con imágenes que respaldaban su denuncia de torturas contra estudiantes en las incursiones policiales a la universidad, expresó que fue a ver el expediente de del joven Rommel David, pero allí se manipuló la verdad, aunque tenía la evidencia en su cuerpo, los médicos escribieron que solamente tenía un golpe “.
Para Tábora hay un ocultamiento de la verdad en el Hospital Escuela, un centro asistencial que está en manos de la actual rectora de la UNAH, “no se permitió un examen forense , a pesar que los abogados lo solicitaron al ministerio Público, “Rommel no está aquí para contarlo, porque un juez le señaló que debía alejarse de cualquier tipo de eventos públicos”.
Erched, un estudiante que fue apresado la semana pasada cuando salía de la UNAH después de participar en protestas que demandaban alto a la criminalización de la lucha estudiantil, señaló que fue detenido cuando iba a traer una guitarra y los policías que lo detuvieron a él junto a seis estudiantes más los acusaron de escándalo público, “hay una segregación en la universidad “.
Además denunciaron una persecución y vigilancia desde los medios de comunicación de la UNAH como son el periódico Presencia Universitaria y el canal de televisión UTV, desde donde les hacen videos en sus rostros como una estrategia para la elaboración de perfiles del liderazgo.
En una virulenta publicación de Presencia Universitaria quedó demostrado esta aseveración, también una intolerancia sin precedentes al ejercicio de la libertad de expresión solo por el hecho de escribir para que la comunidad nacional e internacional conozca que en Honduras poco falta para que se cometa la misma barbarie que se llevó a cabo contra los estudiantes de Ayotzinapa en México, 43 de ellos aún están desaparecidos por la represión que fueron objeto y el pueblo mexicano se ha levantado para demandar justicia.
Los ojos de la comunidad internacional están sobre la UNAH, el autoritarismo ha desbordado y el peligro está latente.
“El derecho a manifestarse públicamente está consagrado en diversos instrumentos internacionales. Como mencionamos anteriormente, el derecho a manifestarse está protegido tanto por el derecho a la libertad de expresión como por el derecho a la libertad de reunión”, señala el Informe anual 2005, sobre las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión de la CIDH.
Pero en la UNAH no hay atraso para que se implemente la persecución y criminalización.
En los años 80 cuando las tarántulas atacaron, Eduardo Lanza, Secretario General de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, FEUH, fue secuestrado y desde agosto de 1982, sus familiares no han encontrado su cuerpo. Se ha mencionado que en su detención arbitraria por ejercer su derecho a la libertad de expresión, participó el Escuadrón de la Muerte 3-16, muchos de sus integrantes aún sobreviven y continúan practicando serias violaciones a los derechos humanos en Honduras.
Es el caso de Roger Aguilar, jefe de Seguridad de la UNAH, quien es señalado por sectores de derechos humanos de haber integrado ese Escuadrón de la Muerte en los 80. En el contexto actual Aguilar aplica lo que aprendió en esa funesta década de crímenes de lesa humanidad, por eso Ayotzinapa puede repetirse en Honduras.
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*Periodista y Defensora de Derechos Humanos

 Presidenta de Pen Honduras

Premio Libertad de Expresion 2014 (http://www.pen-international.org/newsitems/the-winners-of-the-2014-oxfam-novibpen-international-free-expression-award-announced/)

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Periodistas comunitarios y defensores de derechos humanos debatieron por derecho a la comunicación en Centroamérica

Oct 17, 2014

Generar en cada país y la región centroamericana un movimiento amplio, que desde la sociedad civil profundice la lucha por la democratización de las comunicaciones y reivindique el derecho a la comunicación, fue la conclusión a la que se llegó al finalizar el Encuentro Centroamericano de Periodistas Comunitarios y Defensores/as de Derechos Humanos, realizado esta semana en Tegucigalpa.

En el encuentro, organizado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias –AMARC- y la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras –AMCH-, los periodistas comunitarios acordaron demandar al poder Ejecutivo y Legislativo de los pueblos centroamericanos el desarrollo de políticas públicas y marcos jurídicos que garanticen la pluralidad de medios como una de las condiciones para medir la calidad de la democracia en la región.

Oscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos y representante de AMARC para Centroamérica, expresó que “la comunicación es un derecho humano, no una mercancía”.

Agregó que es “necesario” crear una agenda ciudadana de lucha para garantizar “en nuestros países el goce y disfrute del derecho a la comunicación”.

La agenda ciudadana de lucha debería enfocarse en el reconocimiento de la radiodifusión comunitaria; demandar un clima de seguridad para el ejercicio periodístico y la democratización en la asignación de la pauta publicitaria estatal, apuntaron los más de cien periodistas comunitarios y defensores/as de derechos humanos de la región centroamericana.

Entre censura y discriminación

En medio de una corriente transformadora en el ámbito mediático, marcos político- jurídicos favorables a los oligopolios mediáticos comerciales, lo que ha propiciado una fuerte presión del mercado sobre el ejercicio periodístico, favorecen a la censura y autocensura, es la situación a la que se enfrentan las y los periodistas en Centroamérica, según el diagnóstico “Violaciones a los Derechos Humanos de Periodistas y Medios Comunitarios” realizado y presentado por AMARC y Comunicándonos, en el Encuentro Centroamericano de Periodistas Comunitarios.

La periodista e investigadora nicaragüense, Patricia Orozco, explica que desde la llegada al poder del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, los periodistas se enfrentan a una serie de amenazas y agresiones.

“Hay una mayoría abrumadora de periodistas que coinciden en afirmar que hay problemas con la libertad de expresión, que hay amenazas, que hay riegos; en segundo lugar hay un grupo de periodistas que hablan de amenazas a muerte, en el ejercicio de su profesión las han enfrentado”, detalló Orozco.

La encuesta realizada a los periodistas, hombres y mujeres nicaragüenses, indica que el principal derecho violado en el que coinciden es el acceso a la información pública.

De acuerdo a la investigación, en el caso de El Salvador siete de cada diez periodistas han sufrido censura alguna vez en su carrera, y a tres de cada diez comunicadores y comunicadoras se les ha restringido el acceso a la información.

Andrea Cristancho, investigadora y periodista en El Salvador, manifiesta que la situación para el periodismo en ese país no es alentadora: ¿Por qué?, porque por un lado encontramos que se ha venido configurando un clima de silencio; un 67 por ciento de los periodistas aseguró que ha sido censurado; también, un porcentaje importante señaló que ha sido sometido a algún tipo de agresión.

Cristancho explica que entre los entes agresores de los/as periodistas destacan los gobiernos centrales y los partidos políticos salvadoreños.

Mientras que en Guatemala, la investigación, que fue realizada por la comunicadora Anna Jover, demuestra que existe una interrelación entre la calidad de la democracia, el acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión, tanto de los medios de comunicación comunitaria como de los comerciales.

“Hay una situación bastante compleja alrededor de las políticas, de las leyes que están establecidas para proteger a los periodistas y a los medios comunitarios, el problema es que estas leyes no se están cumpliendo; y existen un clima político contradictorio y contraproducente para la defensa de los derechos humanos y, justo, para aquellos periodistas que quieren investigar lo que está sucediendo en el país con los territorios y con el narcotráfico”, dijo Jover.

En el caso de Honduras se reveló que existen avances importantes de parte de la ciudadanía en cuanto a la comunicación comunitaria, sin embargo se destaca el reflejo de un contexto de inseguridad y violencia que incapacita al Estado y convierte el ejercicio del derecho a la comunicación social en actividades de alto riesgo.

Según el diagnóstico realizado por la periodista Dina Meza, un 72 por ciento de los periodistas entrevistados dijeron sufrir algún tipo de censura, ejercida por funcionarios públicos, los anunciantes y el propietario del medio.

Además se destaca que de la muestra encuestada, la mayoría identifica a la Policía como la principal fuente de amenaza y agresiones hacia comunicadores.

“Es preocupante que el Poder Judicial se encuentra en tercer lugar, cuando el papel de este deber ser interceder en los casos en que la libertad de prensa y expresión se ve coartada”, dijo Meza.

Las investigadoras instan a los Estados centroamericanos a apoyar las iniciativas que estén encaminadas la protección de los derechos humanos de los periodistas y de los medios comunitarios, con el fin de garantizar una comunicación más democrática en los países.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1406-periodistas-comunitarios-y-defensores-de-derechos-humanos-debatieron-por-derecho-a-la-comunicaci%C3%B3n-en-centroam%C3%A9rica

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RSF condena las campañas de deslegitimación y descrédito contra su corresponsal

Publicado el Viernes 3 de octubre de 2014.

Una publicación en Honduras de una página en Facebook llamada “El tornillo con Fin”, ha salido pública para desprestigiar a personas de la disidencia hondureña, defensores de derechos humanos y periodistas como Dina Meza, corresponsal de Reportero sin Fronteras en el país, colocándola en una foto haciendo mofa de ella. Este tipo de campañas han salido a lo largo del golpe de Estado contra organizaciones, líderes y lideresas del movimiento social hondureño y de los pueblos étnicos.

Abajo, la carta abierta de Dina Meza en respuesta a esta nueva campaña de difamación en su contra.


Honduras, 1 de Octubre de 2014

La fotografía mía que circula del denominado “Tornillo con fin” es parte de una campaña deslegitimadora que se hace desde la derecha de este país no solo contra mi persona sino contra muchas más. Me han llamado diferentes personas para manifestarme que les están bombardeando con mi foto.

Me colocan como si estuviera en campaña, pero no pertenezco a ningún partido político, de fondo lo que veo es que están pretendiente opacar mi labor como defensora de derechos humanos y periodista.

Creo que es el resultado de la alta vigilancia que tienen desde el Congreso Nacional donde tomo notas y entrevistas para la difusión contra este sistema corrupto y contra la dictadura instaurada desde el golpe de estado, además de la vigilancia electrónica, para eso aprobaron la ley de intervención de las comunicaciones y otras lesivas a los derechos humanos.

Condeno este tipo de campañas que pretenden sembrar confusión, pero los confundidos y desesperados son ellos.

Por mi parte seguiré con mi rol de defensora de derechos humanos y por un periodismo que denuncia y está contra un sistema de opresión, represión y militarización de Honduras.

Se nota que no son nada creativos, recurren a cosas ya desgastadas, construidas desde las oscuridad de sus mentes. Pero seguimos trabajando desde la luz que no se apaga.

Dina Meza, periodista y defensora de derechos humanos, aunque les pese, mi pensamiento no se vende!

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CAMPAÑAS DE CONFUSIÓN, DESLEGITIMACIÓN Y DESCRÉDITO CON TORNILLOS Y SIN TORNILLOS

 

La fotografía mía que circula del denominado “Tornillo con fin” es parte de una campaña deslegitimadora que se hace desde la derecha de este país no solo contra mi persona sino contra muchas más.

Me han llamado diferentes personas para manifestarme que les están bombardeando con mi foto.

Me colocan como si estuviera en campaña, pero no pertenezco a ningún partido político, de fondo lo que veo es que están pretendiente opacar mi labor como defensora de derechos humanos y periodista.

Creo que es el resultado de la alta vigilancia que tienen desde el Congreso Nacional donde tomo notas y entrevistas para la difusión contra este sistema corrupto y contra la dictadura instaurada desde el golpe de estado, además de la vigilancia electrónica, para eso aprobaron la ley de intervención de las comunicaciones y otras lesivas a los derechos humanos.

Condeno este tipo de campañas que pretenden sembrar confusión, pero los confundidos y desesperados son ellos.

Por mi parte seguiré con mi rol de defensora de derechos humanos y por un periodismo que denuncia y está contra un sistema de opresión, represión y militarización de Honduras.

Se nota que no son nada creativos, recurren a cosas ya desgastadas, construidas desde las oscuridad de sus mentes. Pero seguimos trabajando desde la luz que no se apaga.

Dina Meza, periodista y defensora de derechos humanos, aunque les pese, mi pensamiento no se vende!!!!!!.

QUÉ CONSTE!!!!!

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Honduras. La Diosa Temis se volvió comerciante, los mercaderes llegaron al “templo de la justicia en Honduras”

jueves, 18 de septiembre de 2014

                               En la CSJ no hay acceso a la justicia para los

                                                     pobres ni mucho menos para las mujeres

 Por : Dina Meza*
Este 17 de septiembre de 2014 estuve en el Poder Comercial, digo así para llamar al Poder Judicial, porque allí está el Banco BAC con carpas y un montón de empleados ofreciendo préstamos para vivienda.
Es evidente que los empresarios están a sus anchas, más después del golpe de Estado, imagínense en vez de colocar murales para informar a la gente que llega allí en la búsqueda de justicia cómo debe hacer para que la atiendan con dignidad, lo que hay es comercio.La Diosa Temis se volvió comerciante y besa el puñal, eso no le enfada al presidente de la Corte Suprema de Justicia que cuando ve una manifestación de hondureños y hondureñas allí para demandar justicia, los manda a gasear, garrotear y a la cárcel y ni siquiera pueden entrar hasta donde está BAC.
Recuerdo en agosto de 2012 cuando llegaron campesinos y campesinas de los diferentes movimientos del Aguán, a denunciar que había corrupción en la Corte de Apelaciones de La Ceiba cuyos magistrados se había coludido con terratenientes, Jorge Rivera Aviléz, presidente de la Corte Suprema, en vez de recibirlos y levantar su testimonio para castigar a los responsables de estos hechos bochornosos, mandó a que los policías les agarraran a toletazos y se los llevaran presos, a los campesinos.

                        Policía llevó detenido al abogado Trejo, por acompañar la denuncia

Allí estaba el abogado Antonio Trejo, apoderado legal del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA, aunque les dijo a los policías que andaba allí como defensor de derechos humanos, así se lo llevaron preso, unos días después fue acribillado a balazos cuando salía de una iglesia de Tegucigalpa, hasta hoy este crimen y más de un centenar más contra campesinos y campesinas siguen en la impunidad.

Acá en las bartolinas de la Policía el 22 de agosto de 2012, en la foto Yony Rivas y el abogado Trejo, solo por llegar a denunciar a magistrados corruptos, esa fue la respuesta que recibieron.
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*Periodista y Defensora de Derechos Humanos 
Facebook: https://www.facebook.com/dina.meza.73

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/09/honduras-la-diosa-temis-se-volvio.html

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Five Years After the Coup – Solidarity networks in Honduras

Erik Ruin

Ceferina Sánchez García stands in front of the doorway to her kitchen. Inside, a kitten sleeps curled in a ball at the edge of the earthen stove, where the last of the tortillas are cooking over the fire. It has just stopped raining, and the lush, forested mountains surrounding the community of La Tejera seem especially green.

This is exactly where the 73-year-old grandmother stood when the police came looking for her son in November 2013, seven months into an ongoing Indigenous Lenca blockade against the construction of a hydroelectric dam in western Honduras. Tomás García, an outspoken blockade participant like her son, had previously been shot and killed by a soldier. Others have been attacked this year.

Sánchez García grabs a large wooden stick and holds it diagonally against her slight frame. “They aimed their guns at me from over there,” she says, indicating a spot 20 feet away. Unable to find her son, the police insulted Sánchez García’s grandson, kicked him several times, and left. “I wasn’t afraid,” she says. “We’re against the dam, for the land.”

Criminalization of, attacks against, and murders of Indigenous land defenders, LGBTQ organizers, journalists, human rights activists, and politic­al opponents have become the norm in Honduras, and many have fled for their lives. Militarization, violence, and repression have risen dramatically since the June 28, 2009, coup d’état. To cope with increasing threats and attacks, human rights defenders and media workers have been developing networks and alert systems.

Bertha Oliva takes a moment to find the words to describe her alarm at the unfolding reality. She sees an increasing resurgence of the policies and death squad activities of the ’80s, and it’s not a comparison she makes lightly. In 1981, her husband was abducted from their home by six men, presumably from the state death squad, Battalion 3-16. He was never heard from again. Oliva co-founded the Committee of Relatives of the Detained-Disappeared in Honduras and is currently the organization’s general coordinator.

“Since 2009, one can see how the situation in the country has suffered a profound setback in terms of the protection of human rights,” says Oliva. “I didn’t think we were going to live through this again because we had continuously worked so that we wouldn’t have to.”

Honduras holds the notorious distinction of having the highest per capita homicide rate in the world. It also ranks as one of the most dangerous countries for journalists. LGBTQ organizations have documented more than 100 murders of transgender, lesbian, and gay Hondurans since the 2009 coup. In the same time frame, more than 100 farmworker movement activists and land occupation participants have been killed in the lower Aguan valley region alone. Indigenous land defenders and community leaders struggling against natural resource extraction and energy projects have also been targeted.

Canada, the U.S., and international financial institutions are pouring millions into security programming in the region, in part to bolster the investigative capacity of police forces and the judicial system, but only an estimated one per cent of crimes are ever investigated in Honduras. Journalism in the Shadow of Impunity, a 2014 report by the international human rights program at the University of Toronto’s faculty of law, PEN Canada, and PEN International, points to the historical legacy of impun­ity as a principal determinant of today’s abuses and lack of investigation.

“The roots of the crisis lie further back in Honduras’ history, notably in its failure during the demilitarization process that began in the 1980s to hold those who had committed serious human rights violations accountable for their actions,” wrote the report’s authors. The conclusion is echoed by Oliva, whose words grace the cover of the report: “When we allow impunity for human rights violations, we see the crimes of the past translated into the crimes of the future.”

Despite this record of impunity, an initiative to protect today’s human rights defenders and journalists is moving forward. In June, the Law on Protection of Human Rights Defenders, Journalists, Social Communicators and Operators of Justice was passed by the Honduran Congress. The law was initially a joint project of three national human rights organizations, but work on the proposed legislation was cut short by the coup in 2009. When a government agency picked up the initiative after the coup, the Committee of Relatives of the Detained-Disappeared in Honduras declined to participate. The situation has changed, says Oliva, and a human rights law isn’t going to repair a broken democracy or spark a return to rule of law.

“Laws aren’t what are needed in Honduras. I don’t think the answer is more laws because at the same time this law to protect human rights is approved, other laws that restrict rights and violate human rights are being passed,” says Oliva. “If there’s no political will to respect human rights in practice, the most amazing laws can be created but the results will still be against those of us who defend human rights, against those of us who defend life.”

Faced with the state’s practical intransigence, media workers and human rights defenders have been developing networks and other strategies. The Committee for Free Expression has been building the RAPCOS project, a web of local networks around the country. The initiative brings together journalists, local organizations, and others to develop capacity for an immediate response and alert system if a media worker is threatened or attacked.

Dina Meza is an independent journalist who knows all too well what it’s like to be targeted. She has been threatened and followed due to her work reporting on human rights issues. Phone calls and text messages have included threats of sexual violence and allusions to the disappearance of her teenage daughter. Meza spent several months abroad for the safety of herself and her family.

These days, Meza is organizing PEN Honduras as a national branch of PEN International, a worldwide writers’ organization dedicated to freedom of expression and to speaking out on behalf of writers who are threatened, jailed, or killed for their views. The initiative was inspired in large part by the 2014 Journalism in the Shadow of Impunity report, which concluded that journalists in Honduras needed to organize themselves in the face of continued threats.

“It seemed like a really interesting in­itiative,” says Meza, who was interviewed for the report and is now the president of the provisional board of directors for the proposed PEN Honduras. The initiative is bringing together writers, journalists, artists, human rights defenders, lawyers, and others working for freedom of expression in the realms of art and culture as well as literature and journalism.

For now, the incipient organization is focused on spreading awareness about its existence and getting more people and organizations on board. “Our goal isn’t to replicate the work being done by other organizations but to organize different actions,” Meza says, explaining that cultural and artistic freedom of expression isn’t something addressed by existing organizations in the country. The provisional board has developed a three-year work plan, but the next hurdle will be approval of PEN Honduras as a national branch at the 80th PEN International Congress being held in Kyrgyzstan from September 29 to October 2. “We’re making progress,” she says.

Like journalists, human rights organ­izations are working to link human rights defenders around the country. “Human rights have always been an issue debated in the big cities like Tegucigalpa and San Pedro Sula,” says Oliva. But defenders in rural and Indigenous communities fighting land grabs, mining, and energy projects – like Sánchez García and her son in La Tejera – are increasingly at risk, she says. “We see the need to empower and make visible those who are struggling on the ground.”

For now, hard times are here to stay in Honduras, says Oliva, and things will probably get worse before they get better. But she remains hopeful that the road to justice and a return to democracy can be constructed from below, one step at a time.

“If we wait for the state or the government to solve the problems of inequality, social injustice, and human rights violations, we’re not going to see it happen, even in the long term,” she says. “It’s the people who have to organize themselves, to rise up.”

Sandra Cuffe is a freelance journalist reporting on Indigenous, environmental, and human rights issues in Canada and Central America.

Fuente: http://briarpatchmagazine.com/articles/view/five-years-after-the-coup

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Honduras / Dina Meza: Periodistas denuncian que gobierno pretende mediatizar la crítica con la publicidad oficial‏ // Victor Manuel Ramos: En defensa de la libertad de expresión

miércoles, 27 de agosto de 2014

Miércoles, 27 de agosto de 2014
Por: Dina Meza
“Es que no nos están haciendo un favor, lo que vendemos es un servicio y nadie puede decirnos cómo presentar la realidad nacional, el objetivo es favorecer al gobierno para que paute con nosotros”, expresaron.
En el documento “Censura sutil en Honduras : Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en Honduras”, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se expresa que la relación del Estado con los medios de comunicación social y sus operadores ha sido un área deliberadamente gris en la legislación hondureña.
Agrega que la ausencia de un marco legal específico sobre la contratación de la publicidad oficial y la alusión imprecisa de este tema en diversas leyes secundarias, otorga a los funcionarios públicos un margen de acción discrecional en el manejo de las partidas publicitarias, las cuales cuentan con asignaciones millonarias que están distribuidas entre las diferentes dependencias públicas, centralizadas, descentralizadas y en los tres poderes del Estado.

La forma cómo se manejan los dineros públicos por este concepto también permite a funcionarios gubernamentales de bajo nivel hacer ejercicio de poder, “a mí un empleado de una institución del Estado me dijo que me hincara y le pidiera perdón si es que quería que me tomara en cuenta para darme un contrato, se sintió ofendido porque critiqué los altos índices de delincuencia y violencia en el país y la inactividad del gobierno de Juan Orlando Hernández para detenerla”, relató una periodista entrevistada.
Pero no solamente se utiliza los dineros públicos para pretender mediatizar la información, según lo denunció otro comunicador social que tiene un programa de televisión, desde casa de gobierno le enviaron emisarios “me dijeron que dejara de hablar papadas contra el gobierno, después como no lo lograron entonces se dedicaron a hablarle a los anunciantes privados para que no pautaran conmigo y de esa forma ahogarme financieramente”.

Otro de los entrevistados manifestó que cuando Juan Orlando Hernández cuando andaba en campaña política “hasta un bus nos mandaba para facilitar nuestro trabajo, pero hoy nos tratan con el látigo del desprecio”.

La denuncia anterior evidencia que no solamente se tiene control sobre el mensaje publicitario sino que sobre los contenidos informativos y se premia o castiga a los periodistas que se salen del esquema.

Expresaron que su demanda no va en el sentido de que obligatoriamente les den un contrato de publicidad sino que lo denuncian porque pretende trastocar los contenidos informativos.

La recomendación número 73 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación señala que “ El Congreso Nacional debe aprobar una ley sobre la contratación de la publicidad oficial, que defina criterios claros y transparentes sobre una selección objetiva de medios, conforme a las necesidades públicas específicas, que se correspondan con una audiencia correcta y precios justos”.

También recomienda que se debe de eliminar la práctica del pago dudoso a los medios de comunicación y agencias de relaciones públicas y de publicidad para construir una imagen favorable de Gobierno o de altos funcionarios, en particular de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

No obstante dichas recomendaciones no se ha avanzado ni un paso para ponerlas en práctica, si se hiciera vendría a desmantelar un sistema de control y ejercicio de poder a través de los dineros públicos.

Aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a las instituciones a publicar en sus portales el uso de los dineros públicos para que la gente se dé cuenta en qué se gastan los recursos, en ningún portal de transparencia aparecen los gastos en publicidad y los nombres de medios con los que pauta el gobierno.

“En México la asignación de la publicidad oficial es el método más ampliamente aplicado de censura indirecta. Sin reglas claras y precisas, se utiliza como medio de influencia e incluso chantaje a dueños de medios y periodistas”, denunció en marzo pasado la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Al dar a conocer el informe ”Comprando Complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México” la asociación que agrupa más de 18 mil publicaciones, 15 mil sitios web y más de 3 mil empresas de 120 países diferentes esta organización dijo que mientras los periodistas mexicanos son frecuentemente el blanco de ataques físicos, la censura indirecta es otro peligro más sutil.

En Honduras los diferentes gobiernos en sus cuatro años de mandato gastan millones de lempiras en publicidad la cual es discrecional y fomenta la corrupción, hay denuncias que funcionarios a cargo del rubro publicitario han cobrado en otros años hasta el 50 por ciento de comisión si le consiguen a un periodista un contrato publicitario, y que este período de gobierno no es la excepción.

Pero no solamente la denuncia proviene de los comunicadores sociales con programas propios sino desde medios de comunicación que el actual gobierno considera de oposición, tal es el caso de Radio Globo.

Con la pauta publicitaria utilizada a beneficio de los ocupantes de la silla presidencial y otras dependencias estatales, se ven lacerados los derechos a la libertad de expresión, de información y la pluralidad informativa, lo que viene a causar un grave perjuicio en la sociedad hondureña, por lo que urge se apruebe una Ley que controle este abuso.

Véala también en: https://www.facebook.com/dina.meza.73

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En defensa de la libertad de expresión
Víctor Manuel Ramos
David Romero y su equipo de trabajo informativo en Radio y Televisión Globo enfrentan una demanda por difamación y calumnia en los tribunales. La persona demandante es la esposa del Fiscal Adjunto. Romero y su equipo, en sus últimos noticieros y en las emisiones de su programa de debate «Interpretando la noticia», han hecho serias acusaciones en contra del Fiscal Adjunto por sus actuaciones como Ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y como Fiscal Adjunto y ha aseverado de que posee las pruebas suficientes para probar sus aseveraciones.
Llama profundamente la atención el que Romero  asegure que el Fiscal Adjunto, que a mi parecer fue electo de manera improcedente, envíe los casos que están en investigación y en manos del Ministerio Público, para que sean atendidos en el que era su bufete como abogado, con la intermediación de su esposa, asunto que de ser cierto pondrá en precario la honorabilidad del Señor Fiscal Adjunto, de quien los hondureños esperamos una conducta rectilínea, irreprochable, sin rendijas que conduzcan a la opinión popular a dudar de la legitimidad de justicia.
Por la firmeza y la propiedad con que David Romero hace sus denuncias y por las advertencias que ha enviado a las autoridades de que es objeto de vigilancia y de persecución luego de hacer los señalamientos que comentamos, no cabe duda de que ha sembrado, en el pensar y el sentir del pueblo hondureño, la idea de que la conducta de nuestros funcionarios públicos sigue siendo la misma, irreverente frente a la ley. Que les importan un comino la honradez y la transparencia con que deben desempeñarse. Que el ejercicio del poder es similar a un atraco a la hondureñidad.
La demanda incoada en contra de David Romero y su cuerpo de colaboradores no deja de sorprender porque, a mi modo de ver las cosas, el Señor Fiscal Adjunto está evadiendo el bulto y nos quiere armar una alharaca paralela para desviar la atención de del verdadero problema. Lo más lógico y correcto es que debiera, el Fiscal Adjunto, asumir su responsabilidad y defenderse de los señalamientos que se le han hecho desde la Globo. Demostrar fehacientemente que él no es responsable de lo que se le achaca. Y para que todo esto sea realmente un proceso creíble, para que todos los catrachos quedemos realmente satisfechos de si es cierto o no lo que dice David Romero, el Fiscal Adjunto debería, eso lo exige la decencia y la honorabilidad que le deben caracterizar, por su alta investidura, poner a disposición su cargo mientras se dilucida con auténtica imparcialidad y en estricto apego a la ley si tiene o no responsabilidad penal, si de lo que se le acusa es verdad o una simple invención. Así estaremos todos tranquilos y satisfechos de que vamos por la ruta de un verdadero rescate de la impartición de la justicia en nuestro lar.
Por ahora, la acusación en contra de David Romero y sus compañeros periodistas, no aclarará la médula del asunto, simplemente nos luce como un nuevo atropello a la libertad de expresión, como una coartada para desviar la atención del meollo del conflicto.
La actuación de David y sus compañeros, por tanto, debe de recibir el respaldo irrestricto de todos los hondureños. No son David, ni sus compañeros,  quienes deben defenderse. Ellos son los valientes que han puesto el dedo sobre la llaga. Quienes deben realmente responder ante el pueblo son quienes son señalados por David Romero y darnos la satisfacción de que todo esto no es cierto, pues en el caso de que lo que David afirma sea comprobado no queda más camino que aplicar la ley, con todo su peso. La verdad debe resplandecer como el sol de verano.

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FRANCIA / París: Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a Honduras protección para su corresponsal, Dina Meza, amenazada

miércoles, 30 de julio de 2014

Autor del articulo: EFE /  Jueves,30 de Julio 2014 – 12:33
París – Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió hoy a Honduras protección para su corresponsal en ese país, Dina Meza, que es objeto de intimidaciones y amenazas, “incluso de muerte”, e hizo hincapié en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en ese sentido.

En una carta al ministro hondureño de Seguridad, Arturo Corrales, los corresponsales de RSF en América le pidieron, en concreto, “que se cumplan las medidas de protección que recomendó ese organismo interamericano en favor de Meza y de su familia”, que “también se encuentran en peligro”.

Los colegas de la defensora de los derechos humanos, que le manifestaron su “solidaridad”, instaron a las autoridades a “actuar lo antes posible” para que “pueda continuar su trabajo de periodista y activista sin temer por su vida y la de su familia”.

Recordaron que, por ahora, Meza no cuenta con ninguna medida de protección pese a sus repetidas demandasEn su misiva al ministro, le reclamaron “una investigación seria e independiente” para descubrir a los autores de las intimidaciones.

“Las amenazas contra Dina Meza constituyen ataques a la libertad de información y nosotros no podemos aceptar que una de nuestras colegas tenga que ejercer su labor periodística afrontando tales riesgos sin que exista ninguna consideración del Gobierno”, subrayaron.

http://www.proceso.hn/2014/07/30/Term%C3%B3metro/RSF.pide.a/90047.html

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/07/rsf-pide-honduras-proteccion-para-su.html

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Amenazan de muerte a tres periodistas de investigación por un reportaje en Honduras

Publicado el Viernes 25 de julio de 2014.

Reporteros sin Fronteras insta a las autoridades hondureñas a que otorguen protección a los periodistas Yanina Romero, Carlos Martínez y Lourdes Ramírez, quienes fueron amenazados de muerte por haber señalado que podría existir un caso de corrupción en un hospital de San Pedro Sula.

Alertados por la sospechosa muerte de pacientes del hospital Mario Catarino Rivas, los tres periodistas del canal de televisión KTV emprendieron una investigación que les llevó a formular la hipótesis de que algunos miembros del personal médico podrían haber provocado intencionalmente la muerte de ciertos pacientes con el fin de favorecer el mercado funerario y el tráfico de órganos.

Desde que su reportaje fue difundido, a inicios de julio de 2014, los tres periodistas han recibido varias amenazas de muerte por teléfono de desconocidos que dicen ser médicos o enfermeras. Sin embargo, la oficina de relaciones públicas del hospital desmintió que estos fueran los autores de las llamadas. También se ha visto a algunas personas frente a las instalaciones del medio de comunicación, lo que contribuye a la maniobra de intimidación de los periodistas, quienes ya han denunciado los hechos a la policía.

Deben otorgarse lo antes posible medidas de protección al equipo de KTV”, indicó Camille Soulier, responsable del Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras. “Las autoridades deben considerar estas amenazas con la mayor seriedad, a fin de que Yanina Romero, Carlos Martínez y Lourdes Ramírez no se sumen a la lista de los 37 periodistas asesinados desde el golpe de Estado de 2009. Es urgente que el gobierno escuche las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que los profesionales de la información amenazados deben gozar de un dispositivo de protección”, agregó.

Estas amenazas tienen lugar en un contexto de presión contra los profesionales de la información que es preocupante. Ricardo Oviedo, responsable del programa político “Frente al pueblo, ante la audiencia”, transmitido por el Canal 27, también se encuentra amenazado de muerte. Los agresores contactaron al periodista cuando el programa se encontraba al aire; utilizaron el espacio en el que los auditores expresan su testimonio por teléfono para decirle: “no aprendiste nada, si seguís te vamos a pelar”. En 2010 el periodista ya se había visto obligado a exiliarse. Dina Meza, la corresponsal de Reporteros sin Fronteras en Honduras, es víctima de constantes amenazas, por lo que varias veces ha solicitado protección al Ministerio Público. La segunda carta que envió a las autoridades, como la primera, no ha recibido ninguna respuesta.

Honduras se encuentra en el lugar 129, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2014 de Reporteros sin Fronteras.

Fuente: http://es.rsf.org/honduras-http-es-rsf-org-honduras-amenazan-de-muerte-25-07-2014-46708-html-25-07-2014,46708.html

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Periodistas debaten sobre la violencia en el ejercicio de su profesión

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Periodistas debaten sobre la violencia en el ejercicio de su profesión
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Frente a los enormes desafíos que representa el oficio del periodismo para las mujeres hondureñas las Sandra Maribel Sánchez, Thelma Mejía, Itsmania Pineda Platero y Dina Meza discutieron este lunes en el Foro “Violencia contra mujeres periodistas”.
La actividad se desarrolló este 14 de julio, en el marco de la presentación del informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención,  protección y procuración de la justicia” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que fue desarrollado virtualmente de forma simultánea con organizaciones defensores de la libertad de expresión en Argentina, Perú, Venezuela, México, Brasil y Honduras.

Durante la ppresentación del Informe a cargo de Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  destacó sobre la importancia de un “discurso público como que legitime la labor del periodista, pues la relación entre periodistas y poder no es una relación pacífica, es normal que sea una relación de tensión, pero los funcionarios públicos tienen que saber que es su obligación que los periodistas y las periodistas tengan acceso a sus trabajo, porque el control que ellos ejercen permite que la democracia no se disuelva que no haya abuso de corrupción o autoritarismo y por eso tienen el deber de protegerlos y deslegitimar a las personas que les estén amenazando”.

 



FORO NACIONAL EN HONDURAS

Maternidad y periodismo
Para la periodista Sandra Maribel Sánchez, el desafío entre ser trabajadora de un medio de la comunicación es muchas veces un conflicto por “la naturaleza de nuestro trabajo, que no nos permite amamantar a nuestros hijos, pues no sabemos cuántas son nuestras horas de trabajo”. “En esa experiencia me tocó en una oportunidad me tocó salir a las 7:00 a.m. y regresar al siguiente día a las 5:00 a.m. tiempo en el que se gestó para que el Congreso Nacional consensuara el aumento del Impuesto Sobre Venta (ISV) de 7 a 12 por ciento”, recordó.
Acceso a cargos de poder
De su lado, Thelma Mejía, sostuvo que “lastimosamente no siempre se tiene un protagonismo en el acceso a decisiones reales y cargos de poder, pese a la sensibilidad que supone el abordaje de ciertos temas a las mujeres periodistas. A las periodistas suele permitirse tener un mejor enfoque en algunas notas periodísticas. Pero eso depende del conocimiento y de la experiencia, para mí- sostuvo- ser mujer en Honduras es difícil, pensar es doblemente difícil, y ser una mujer periodista supone un triple esfuerzo. Para no ser del montón se tiene que formar y luchar por esos espacios a diario”.
Acoso Sexual
De acuerdo con Dina Meza, el fenómeno de acoso sexual también representa una forma de violencia, algo que está vinculado frecuentemente a la impunidad. “Este es un patrón bastante común en Honduras. Inclusive en casos de estudiantes que son víctimas del acoso, pero en el caso de las profesionales de la comunicación este mecanismo es usado para deslegitimar lo que estamos realizado”, comentó.
Meza recordó que, hace algunos años, tras la cobertura del conflicto agrario en el Aguán recibió una amenaza telefónica, “en ese momento hubo un ataque directo contra mi hija, le toman fotografías y le dan seguimiento cuando se desplazaba a diferentes lugares. Me mandaron a decir que mi hija estaba “muy rica” y en ese momento ella solo tenía 14 años”, lamentó.
Asesinatos de comunicadores
En relación al asesinato de dos mujeres periodistas, Sánchez también sostuvo que no hay siquiera investigaciones,  pues apenas en algunos casos de los colegas varones se ha visto que han sido forzadas, para dar algún grado de satisfacción.
Pineda Platero, explicó además que en Honduras dos cosas que se tienen que enfrentar dos cosas, una política de exclusión y marginamiento sino además un proceso de terror”. “En Honduras se viven muchos desafíos, creo que en donde estoy  (Corporación Televicentro) no es porque parezco Cindy Crawford, -sonrió- pero vemos que es muy difícil ascender a otros puestos. Los medios contratan a personas muy jóvenes, pese a que uno quiere seguir siendo periodista. Hasta hace poco regresé a estos espacios profesionales pero veo que hay una gran desventaja que tiene que ver con el conocimiento y la experiencia”, subrayó de su lado Mejía.
Condiciones Laborales
Las periodistas, “ganamos mal, no se nos recompensa en cuanto a la calidad, el currículo o la experiencia. Se nos ve más como reporteras, en campos de la salud y educación se tiene que buscar un poco más de experticia, para que te vean. Es por eso que en nuestro país hay muy pocas mujeres en puestos de decisión real, cubriendo Casa Presidencial, Congreso Nacional. Aunque hay muy buenas editoras de “sociales”, expresó sarcásticamente, la jefa de la Unidad de Investigación en Canal 5, Thelma Mejía.
A su criterio, la sociedad hondureña y la prensa está viviendo fuertes procesos de autocensura en temas como el narcotráfico y el poder, cuando un periodista es captado por el poder se casa con él. Por tal razón nunca el periodista va a disminuir el riesgo, para tener menor riesgo en las coberturas noticiosas se tienen que blindar las historias, de tal forma que se pueda comprobar todo lo que se diga.
Autocensura
“Aquí hay temas que no se pueden tocar como la corrupción o la venta de bienes públicos, se nos amenaza de tal forma que todo es un secreto de Estado. Especialmente con la puesta en vigencia de la Ley de Secretos Oficiales, que ha venido a poner por debajo la Ley de Acceso a la Información Pública”, subrayó Meza.
Al respecto, Pineda Platero considera que las comunicadoras son “víctimas de una campaña sistemática de amenazas y discriminación”, Hasta la fecha, -detalló- el Estado debe implementar unas 678 medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH),  que se han convertido solo en papeles engavetados, pues lo que ocurre con una gran cantidad de personas es que son asesinadas pese a estas medidas”.
Esto ocurre, -detalló- por que la ciudadanía les ha trasladado la responsabilidad a los periodistas, pues saben que ni el Estado, ni las organizaciones de derechos humanos, han sido más efectivos que los medios de comunicación. “El que habla más de la cuenta va a morir por el miedo o por una bala”, lamentó.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/periodistas-debaten-sobre-la-violencia-en-el-ejercicio-de-su-profesi%C3%B3n

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Juan Orlando amenaza a periodista hondureño

Dina Meza*

Juan Orlando Hernández amenaza a periodista José Ramón Maldonado, de La Ceiba, solamente por preguntarle si permitiría una mina de mármol y de canteras en el Parque Nacional Nombre de Dios.

Hernández con su acción ratifica el por qué Honduras es el segunto país más peligroso para ejercer el periodismo. Reporteros sin Fronteras coloca a la nación en el lugar 129 en cuanto al respeto a la Libertad de Prensa y uno de los países más peligrosos del continente.

En su informe “Periodismo a la Sombra de la Impunidad”, Pen Internacional señala que “la libertad de expresión ha sufrido serias restricciones en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. El índice de la violencia contra los periodistas, asimismo, sigue siendo alto, con prácticamente total impunidad para los perpetradores.

Agrega el informe que las amenazas y los ataques a periodistas son raramente investigados y casi nunca son castigados. Los actos de violencia contra los periodistas sirven a menudo para silenciar la cobertura de temas como la corrupción, el tráfico de drogas y la impunidad.

 
Palabras suben de tono desde el presidente contra el periodista

Volviendo a la amenaza contra el comunicador social desde el presidente Hernández, cuando el periodista le manifiesta que el Instituto de Geología y Minas,INGEOMIN y la Secretaría de Recursos Naturales,SERNA, estarían otorgando permiso para estas minas en un parque nacional, con el apoyo desde Casa Presidencial, Hernández ordena a sus subalternos que llevan una cámara que tomen el rostro del periodista José Ramón Maldonado y le advirtie que presentará la denuncia ante el Ministerio Público para que sostenga su “acusación”, como una forma de amedrentarlo.

Admiro la valentía del colega José Ramón Maldonado quien le da su nombre y hasta su número de identidad.

Sin embargo desde este espacio desde ya responsabilizo al presidente Juan Orlando Hernández de cualquier atentado a la integridad física que pueda sufrir el colega.

A la comunidad internacional, a las difierentes organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo solicito envíen protestas ante el mandatario Juan Orlando Hernández ante esta acción que violenta el ejercicio periodístico y la libertad de expresión e información consignadas en tratados y convenios internacionales.

Mientras este tipo de actos continúan para censurar a los y las periodistas, el Congreso Nacional mantiene en suspenso la aprobación de la Ley de Protección a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, la cual no se movió de las gavetas del Parlamento hondureño cuando estaba el año 2013 en manos de Juan Orlando Hernández.

La amenaza se produjo cuando el mandatario fue entrevistado por diferentes medios de comunicación en el marco de la inauguración del tercer parque central de lo que él llama “Internet del Pueblo”, en La Ceiba, en el Atlántico del país.

Acá comparto el video que fue enviado por Facebook, véalo y escúchelo, causa mucha indignación y preocupación por la seguridad del colega.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9iTcRWQus0

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Vea Informe Mundial de Reporteros sin Fronteras:
http://es.rsf.org/report-honduras,182.html

Vea resumen del informe de Pen Internacional aquí en este link: http://www.pen-international.org/wp-content/uploads/2014/01/ES-RECSUM.pdf

vos

Fuente: http://voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16891:juan-orlando-amenaza-a-periodista-hondureno&catid=1:noticias-generales

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Honduras: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a proteger al periodista Julio Ernesto Alvarado // Inter-American Commission on Human Rights urged to protect journalist Julio Ernesto Alvarado

miércoles, 4 de junio de 2014

Junio  4. 2014 – 2:08 pm

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería requerir a Honduras que adoptara medidas cautelares para proteger el derecho a la libertad de expresión del periodista Julio Ernesto Alvarado, ha declarado hoy PEN International.

El 29 de mayo de 2014, la organización mundial de escritores presentó una petición ante la CIDH, conjuntamente con la abogada hondureña Kenia Oliva Cardona y la periodista hondureña y activista pro derechos Dina Meza. La petición argumenta que una sentencia de prisión y 16 meses de prohibición para ejercer el periodismo, impuesta a Julio Ernesto Alvarado, director y presentador del programa de noticias “Mi Nación” en Globo TV, por cubrir las denuncias de corrupción en una universidad local en 2006, viola su derecho a la libertad de expresión por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

‘Julio Ernesto Alvarado —como muchos otros periodistas en Honduras— ha sido objeto de amenazas y hostigamiento judicial durante años‘, dijo Marian Botsford Fraser, Presidenta del Comité de Escritores en Prisión de PEN International.

Hacemos una llamada a la CIDH para que adopte una actitud firme hacia el apoyo a los periodistas en Honduras que se enfrentan a un ataque multilateral en la práctica de su profesión, exigiendo al Estado que tome medidas cautelares.’
Al menos 40 periodistas han sido asesinados en el país desde 2003 —35 desde el golpe de Estado de junio de 2009—, otros son objeto de amenazas, demandas y otros ataques en un intento de evitar que prosigan con su vital labor de denunciar y hacer responsables a los funcionarios.
La sentencia de diciembre de 2013 de Alvarado, impuesta en segunda instancia, en relación con una denuncia presentada por Belinda Flores, decana de la universidad, cuya presunta implicación en el tráfico de influencias y falsificación de títulos universitarios había sido cubierta por tres ediciones de “Mi Nación” en 2006.
A Alvarado y a otros dos profesores universitarios que habían aparecido en el programa de Alvarado para discutir las acusaciones, se les retiraron los cargos en marzo de 2011. Sin embargo Flores apeló la decisión y en diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia en la capital, Tegucigalpa, condenó a Alvarado por difamación criminal —a pesar de que el veredicto de no culpabilidad fue confirmado por los dos profesores y de que el Tribunal dio por probado que Flores estaba implicada en algún delito.
Tras su condena, Alvarado fue objeto de hostigamiento y amenazas a principios de 2014 a través de su página de Facebook y de la de la periodista y defensora de los derechos humanos Dina Meza, que hizo varias publicaciones protestando por la sentencia de Alvarado. Un mensaje a la cuenta de Facebook de Alvarado, con fecha de 7 de febrero, lo amenazaba de muerte a él y a miembros de su familia. PEN International protestó por considerar que la condena de Alvarado tenía motivaciones políticas y pidió a las autoridades que investigaran las amenazas. Previamente, Alvarado había sufrido meses de amenazas y hostigamientos que culminaron en un presunto atentado contra su vida que lo llevó a suspender su programa de en Radio Globo en marzo 2013.
Como resultado de esta intimidación y la falta de fe en la imparcialidad del sistema de justicia, Alvarado decidió no apelar su condena y optó por pagar una multa de 10 lempiras por cada día de condena (unos 250 dólares estadounidenses) con el fin de evitar el encarcelamiento. El 28 de abril de 2014, en una audiencia, el juez levantó también la prohibición de ejercer el periodismo. Después de la audiencia, Alvarado agradeció a la prensa por seguir su caso y apeló a la unidad entre los periodistas afirmando: “No debemos pensar en nosotros mismos como periodistas de diferentes ideologías, ya que estamos unidos por la lucha para defender nuestro derecho a expresarnos libremente. Si estamos aislados, las cosas irán a peor y todos podríamos ser encarcelados”.
Sin embargo, el 2 de mayo de 2014, el abogado de Flores apeló la decisión del juez de anular la prohibición de trabajo impuesta a Alvarado. Flores también ha indicado que pretende iniciar procedimientos civiles contra el periodista por difamación. Si dicha demanda tiene éxito, se le podría otorgar el derecho al cobro por grandes daños, lo que en última instancia podría llevar al encarcelamiento de Alvarado si no pudiera pagar.
La petición de PEN sostiene que Alvarado se encuentra en riesgo de sufrir un daño irreparable a su derecho a la libertad de expresión a causa los procesos penales, que han durado casi ocho años y que ahora amenazan con retirarle su derecho a trabajar como periodista y sus propiedades.
PEN y sus co-demandantes piden a la CIDH que solicite al Estado de Honduras que adopte medidas cautelares para evitar el daño irreparable a los derechos de Alvarado y la sociedad en general. El Estado de Honduras debe llevar a cabo una investigación sobre el caso de Alvarado y evitar la ejecución de la sentencia, afirma la petición, que también hace un llamamiento al estado para que proporcione al periodista guardaespaldas de la policía para proteger su vida e integridad física.
En virtud del Reglamento de la CIDH, en situaciones graves o de urgencia, la Comisión puede solicitar a un estado que adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas que están bajo la jurisdicción de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La CIDH ha establecido previamente que la sentencia que prohíbe la práctica de la profesión de periodista no sólo limita el derecho a la libertad de expresión, sino que también causa un daño irreparable al honor de la persona condenada.
Estas medidas han protegido a miles de personas en toda América desde que el mecanismo fue introducido en 1967.
En un informe de enero de 2014 Honduras: periodismo a la sombra de la impunidad, PEN International, PEN Canadá y el Programa International de Derechos Humanos (International Human Rights Program, IHRP) de la Universidad de Toronto, destacaron el empeoramiento de la situación de los periodistas y otros escritores en Honduras.
Para más información, póngase en contacto con Tamsin Mitchell, Investigador/Activista de América, en PEN International, Brownlow House, 50/51 High Holborn, Londres WC1V 6ER, Tel: +44 (0) 20 7405 0338; Fax: +44 (0) 20 7405 0339; email: tamsin.mitchell@pen-international.org

Note to editors:
PEN International promueve la literatura y la libertad de expresión y desarrolla sus actividades conforme al Acta Constitutiva de PEN y los principios allí consagrados: la libre transmisión de pensamiento dentro de cada país y entre todos los países. Fundada en Londres en 1921, PEN International —la Secretaría de PEN— establece vínculos entre la comunidad internacional de escritores. Ofrece un foro donde los escritores pueden reunirse para debatir libremente sobre su trabajo; y es además una voz que se alza en nombre de autores que han sido silenciados en sus propios países. Por medio de Centros en más de 100 países, PEN tiene presencia en los cinco continentes. PEN International es una organización de naturaleza apolítica, que tiene carácter consultivo ante la ONU y condición de Asociada en la UNESCO. PEN International es una entidad benéfica constituida en Inglaterra y Gales con el número de inscripción 1117088. www.pen-international.org

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International PEN, trading as PEN International, is a registered charity in England and Wales with registration number 1117088

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Honduras: Inter-American Commission on Human Rights urged to protect journalist Julio Ernesto Alvarado

The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) should require Honduras to adopt precautionary measures to protect journalist Julio Ernesto Alvarado’s right to freedom of expression, PEN International said today.
The worldwide organisation of writers submitted a request to the IACHR in conjunction with Honduran lawyer Kenia Oliva Cardona and Honduran journalist and rights activist Dina Meza on 29 May 2014. The submission argues that a 16-month prison sentence and ban on practising journalism for covering allegations of corruption at a local university in 2006 imposed on Julio Ernesto Alvarado, director and presenter of the news programme ‘Mi Nación’ on Globo TV, violates his right to freedom of expression under the American Convention on Human Rights.
Julio Ernesto Alvarado – like many other journalists in Honduras – has been subjected to threats and judicial harassment for years,’ Marian Botsford Fraser, Chair of PEN International’s Writers in Prison Committee. 
We are calling on the IACHR to take a strong stand to support journalists in Honduras who are facing an onslaught from all sides in their practice of their profession by requiring the state to issue precautionary measures.’
At least 40 journalists have been killed in the country since 2003 – 35 since the coup d’état in June 2009 – while others are facing threats, law suits and other attacks in an attempt to restrict them from continuing their vital work to report and hold officials accountable.
Alvarado’s December 2013 sentence, imposed on appeal, related to a complaint lodged by university deacon Belinda Flores, whose alleged involvement in influence peddling and falsification of university degrees had been covered by three editions of ‘Mi Nación’ in 2006.
Alvarado and two university teachers who had appeared on Alvarado’s show to discuss the allegations had been cleared of the charges in March 2011. However Flores appealed the decision and in December 2013 the Supreme Court of Justice in the capital Tegucigalpa convicted Alvarado of criminal defamation – despite the fact that the non-guilty verdict was upheld for the two teachers and that the Court took as proven that Flores was in fact implicated in some wrongdoing.
Following his conviction, Alvarado was subject to harassment and threats in early 2014 via his Facebook page and that of journalist and human rights defender Dina Meza, who made various posts protesting Alvarado’s sentence. One post to Alvarado’s Facebook account dated 7 February threatened him and his family members with death. PEN International protested Alvarado’s conviction as politically motivated and called on the authorities to investigate the threats against him. Alvarado previously endured months of threats and harassment which culminated in a suspected attempt on his life, and led him to suspend his radio programme on Radio Globo in March 2013.
As a result of this intimidation and a lack of faith in the impartiality of the justice system, Alvarado decided not to appeal his conviction, opting instead to pay a fine of 10 lempiras per day of his sentence (around US$250 in total) in order to avoid imprisonment. At a hearing on 28 April 2014, the judge also lifted the ban on practising journalism. Following the hearing, Alvarado thanked the press for following his case and appealed for unity among journalists, stating: ‘We must not think of ourselves as journalists of different ideologies, since we are united by the fight to defend our right to express ourselves freely. If we are isolated things will be worse and we could all be imprisoned.’
However, on 2 May 2014 Flores’ lawyer appealed the judge’s decision to overturn the work ban imposed on Alvarado. Flores has also reportedly indicated that she intends to launch civil defamation proceedings against the journalist. If such a law suit is successful, she could be awarded large damages which could ultimately lead to Alvarado’s imprisonment, should he fail to pay them.
PEN’s submission argues that Alvarado is at risk of suffering irreparable harm to his right to freedom of expression via criminal proceedings that have lasted almost eight years and now threaten to strip him of both his right to work as a journalist and his property.
PEN and its co-petitioners call on the IACHR to request the Honduran state to adopt precautionary measures to avoid such irreparable harm to the rights of Alvarado and society in general. The Honduran state should carry out an effective investigation into Alvarado’s case an d prevent the implementation of his sentence, argues the petition, which also calls on the state to provide the journalist with police bodyguards in order to protect his life and physical integrity.
Under the Rules of Procedure of the IACHR, the Commission may, in urgent or serious situation request that a state adopt precautionary measures to prevent irreparable harm to individuals who are under the jurisdiction of member states of the Organisation of American States.  The IACHR has previously ruled that a judgment prohibiting the practice of the profession of journalism not only limits the right to freedom of expression, but also causes irreparable damage to the honour of the convicted individual.
Thousands of individuals have been protected under such measures throughout the Americas since the mechanism was introduced in 1967.
In a January 2014 report Honduras: Journalism in the Shadow of Impunity, PEN International, PEN Canada and the University of Toronto’s International Human Rights Program (IHRP) highlighted the worsening situation for journalists and other writers in Honduras.
To read this in Spanish click here.
Related
Continuing Impunity for Journalist Murders and Attacks in Honduras
Impunity in Honduras: PEN writers testify before IACHR
Honduras: Journalism in the Shadow of Impunity
Dina Meza: El violento oficio de escribir en Honduras
For further information, please contact Tamsin Mitchell, Americas Researcher/ Campaigner, at PEN International, Brownlow House, 50/51 High Holborn, London WC1V 6ER, Tel: +44 (0) 20 7405 0338; Fax: +44 (0) 20 7405 0339; email: tamsin.mitchell@pen-international.org

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/06/honduras-la-comision-interamericana-de.html

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Periodista Julio Ernesto Alvarado: Es una persecución por la vía de la Corte Suprema

Una Jueza del Juzgado de Sentencia dejó sin efecto la inhabilitación de la
profesión contra el periodista Julio Ernesto Alvarado que llegó este día a
pagar una conmuta, para no ir a prisión, o sea pagó por cada día de los 16
meses de prisión que le sentenció la sala de lo Penal de la Corte Suprema
de Justicia, el 09 de diciembre de 2013.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentenció como hechos probados que la
decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Belinda Flores, cometió un
acto irregular mientras fungió como secretaria general de la dependencia
que ahora dirige. Por esos hechos probados, a través de un recurso de
casación, la Corte Suprema de Justicia liberó del delito de difamación al
presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (ADUNAH), Guillermo Ayes, y al maestro Carlos Gustavo Villela*.

En cambio sentenció a un año y cuatro meses de prisión al periodista Julio
Ernesto Alvarado quien facilitó su espacio en el programa televisivo “Mi
Nación” para que los denunciantes hablaran de este tema, en el año 2006.
Aunque en el año 2011 hubo una sentencia de absolución por parte de un
Tribunal de Sentencia, Flores se fue a través de su apoderado legal a
casación y logró la sentencia condenatoria que está ya en el tribunal de
ejecución.

Pasadas las 10 de la mañana de este lunes 28 de abril, las partes llegaron
al Tribunal de sentencia a la audiencia que la defensa del periodista
solicitó para pagar la conmuta por el tiempo que dura la pena impuesta por
la Sala de lo Penal. A la salida de la audiencia el abogado de Belinda
Flores no quiso hablar con la prensa.


Mientras el comunicador social junto a su apoderada legal la abogada Kenia
Oliva salieron satisfechos y manifestaron que la Jueza tomó a bien no
inhabilitar a Alvarado en el ejercicio de la profesión.

La abogada Oliva señaló que “la jueza manifestó que si ya se había
conmutado la pena principal no tenía sentido dejarlo inhabilitado,
fundamentando su decisión en una resolución de la Corte de Apelaciones que
señala que esa es la forma de proceder de los cinco despachos de Ejecución,
y de esa forma resolvió dando carta de libertad defintiva, según el
artículo 18 del Código Penal”.

Por su parte Julio Ernesto Alvarado agradeció a la prensa el acompañamiento
que le ha dado al caso y expresó ante los periodistas que consideraba que
se trata de una persecución a través de la Corte Suprema de Justicia, ante
el anuncio de la parte acusadora de presentar un recurso de Apelación
porque considera que debe inhabilitarlo en el ejercicio de la profesión.

“Bueno ahora hay que cuidarse las espaldas con esta persecución que hay,
eso no quiere decir que no vamos a hablar, tenemos que ser valientes y
denunciar “, dijo el comunicador e informó que la comunidad internacional
considera su caso como emblemático porque con la sentencia se vulnera uno
de los derechos fundamentales como es el de la libertad de expresión.

Hizo un llamado al gremio periodístico a unirse, “no debemos pensar que
somos periodistas de diferentes ideologías pues lo que nos debe unir es la
lucha por la defensa de nuestro derecho a expresarnos con libertad, de lo
contrario nos pondrán presos a todos y si estamos aislados es peor”.



El abogado de Belinda Flores anunció también que recurrirá a la vía civil
para demandar resarcimiento por daño y perjuicios.

*Vea los detalles sobre la génesis de este caso en este link:

http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresión/el-escándalo-que-tiene-al-borde-de-prisión-al-periodista-julio-ernesto<http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconexihon.info%2Fsite%2Fnoticia%2Flibertad-de-expresi%25C3%25B3n%2Fel-esc%25C3%25A1ndalo-que-tiene-al-borde-de-prisi%25C3%25B3n-al-periodista-julio-ernesto&h=JAQFgLwdh&enc=AZM5poXjdB9eQY2GlwL9QnqLVd_dbbW8frchgYH66h3aI7gIYR
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En cautiverio se declara el periodista Julio Ernesto Alvarado a pocas horas de pagar una conmuta para no ir a prisión

A pocas horas de una audiencia donde debe pagar una conmuta para no ir a prisión, el
periodista Julio Ernesto Alvarado se declaró anoche en cautiverio, pues hoy
lunes 28 de abril a las 10 de la mañana deberá comparecer ante un Juez de
Sentencia, que tiene en sus manos la ejecución de una sentencia emitida por
la Corte de lo Penal en contra del comunicador el 09 de diciembre de 2013
donde lo condena a un año y cuatro meses de cárcel y suspensión de su
profesión. Esta Corte le dictó sentencia por haber difundido en el año
2006, una denuncia sobre el tráfico de equivalencias en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
por parte de la Decana, Belinda Flores. El 25 de marzo de 2011 el Tribunal
de Sentencia lo absolvió de una querella interpuesta por Flores y en su
parte resolutiva dice:"....este Tribunal por unanimidad de votos FALLA:
Primero: que debemos absolver al señor Julio Ernesto Alvarado cuyas
menciones generales ya han sido expresadas por el supuesto delito de
Difamación por expresiones constitutivas de injurias supuestamente cometido
en perjuicio del honor de la señora Belinda Flores Padilla.." Pero la parte
demandante se fue a casación ante la Corte Suprema de lo Penal que emitió
una sentencia condenatoria que en su parte resolutiva dice: "a.- Se condena
al señor Julio Ernesto Alvarado como autor penalmente responsable del
delito de Difamación por expresiones constitutivas de injurias en perjuicio
de la señora Belinda Flores Padilla, imponiéndosele una pena principal de
un (01) año con cuatro meses de reclusión debiendo cumplir dicha pena en la
Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de la aldea de Támara,
departamento de Francisco Morazán sin perjuicio de que sea trasladado a
otro establecimiento penitenciario del país por efectos de ordenamiento
interno del centro penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan
por motivos racionales de seguridad”. Anoche en declaraciones exclusivas,
Julio Ernesto dijo sentirse con los grilletes en sus muñecas, “me siento
cautivo en este país, realmente es sorprendente lo que me han hecho no solo
a mí sino a la libertad de expresión en Honduras y a todos los periodistas,
pues es un mal precedente, hoy soy yo, mañana otra persona invocará esta
sentencia y hará lo mismo con otro colega”, dijo. El llegará ante una Jueza
de Ejecución hoy donde también estará la Decana Flores con su abogado.
Varias organizaciones internacionales están siguiendo de cerca este caso y
esperan la decisión hoy de la Juez de Sentencia pues consideran que es una
sentencia arbitraria que lacera gravemente la libertad de expresión.]
A pocas horas de una audiencia donde debe pagar una conmuta para no ir a
prisión, el periodista Julio Ernesto Alvarado se declaró anoche en
cautiverio, pues hoy lunes 28 de abril a las 10 de la mañana deberá
comparecer ante un Juez de Sentencia, que tiene en sus manos la ejecución
de una sentencia emitida por la Corte de lo Penal en contra del comunicador
el 09 de diciembre de 2013 donde lo condena a un año y cuatro meses de
cárcel y suspensión de su profesión.

Esta Corte le dictó sentencia por haber difundido en el año 2006, una
denuncia sobre el tráfico de equivalencias en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por parte
de la Decana, Belinda Flores.

El 25 de marzo de 2011 el Tribunal de Sentencia lo absolvió de una querella
interpuesta por Flores y en su parte resolutiva dice:"....este Tribunal por
unanimidad de votos FALLA: Primero: que debemos absolver al señor Julio
Ernesto Alvarado cuyas menciones generales ya han sido expresadas por el
supuesto delito de Difamación por expresiones constitutivas de injurias
supuestamente cometido en perjuicio del honor de la señora Belinda Flores
Padilla.."

Pero la parte demandante se fue a casación ante la Corte Suprema de lo
Penal que emitió una sentencia condenatoria que en su parte resolutiva
dice: "a.- Se condena al señor Julio Ernesto Alvarado como autor penalmente
responsable del delito de Difamación por expresiones constitutivas de
injurias en perjuicio de la señora Belinda Flores Padilla, imponiéndosele
una pena principal de un (01) año con cuatro meses de reclusión debiendo
cumplir dicha pena en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de la
aldea de Támara, departamento de Francisco Morazán sin perjuicio de que sea
trasladado a otro establecimiento penitenciario del país por efectos de
ordenamiento interno del centro penitenciario o cuando las circunstancias
así lo exijan por motivos racionales de seguridad”.

Anoche en declaraciones exclusivas, Julio Ernesto dijo sentirse con los
grilletes en sus muñecas, “me siento cautivo en este país, realmente es
sorprendente lo que me han hecho no solo a mí sino a la libertad de
expresión en Honduras y a todos los periodistas, pues es un mal precedente,
hoy soy yo, mañana otra persona invocará esta sentencia y hará lo mismo con
otro colega”, dijo.

El llegará ante una Jueza de Ejecución hoy donde también estará la Decana
Flores con su abogado.

Varias organizaciones internacionales están siguiendo de cerca este caso y
esperan la decisión hoy de la Juez de Sentencia pues consideran que es una
sentencia arbitraria que lacera gravemente la libertad de expresión.

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Ejercicio periodístico se realiza en suelo movedizo y en total indefensión

Abr 25, 2014

“32 colegas han sido asesinado desde el golpe de Estado de 2009, sus familias quedaron aterrorizadas, algunos dejaron hijos huérfanos ¿Quién les dirán la verdad cuándo crezcan? ¿Quién les explicará que la muerte de su mamá o su papá fue por ser periodista? La situación de la libertad de expresión en Honduras está muy atacada”, cuestionó la periodista hondureña Dina Meza, en una reciente audiencia  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre asesinatos de periodistas  e impunidad en Honduras.

En la  audiencia hubo presencia de  organizaciones nacionales e internacionales y la representación del Estado. Desde el golpe de Estado de junio 2009, las violaciones a la libertad de expresión y los asesinatos contra comunicadores han aumentado. Es bajo esta dura realidad cuando el pasado 25 de mayo se conmemoró el periodista y la periodista.

En la audiencia ante la CIDH, Dina Meza, indicó que en Honduras la muerte de periodistas tiene una vinculación directa con la intolerancia para el pensamiento crítico. “Después de pasar una década de graves violaciones a los Derechos Humanos en la década de los 80´s los crímenes aún están sin castigo, siendo el principal  alimento para la impunidad que vivimos en estos momentos, pues los violadores de derechos humanos están en la estructura sin que el sistema de justicia los lleve tras las rejas”, añadió Meza.

De los 35 periodistas asesinados desde el 2009 en Honduras, apenas el 10% refleja algunos avances encaminados a la deducción de responsabilidad a los autores materiales de las muertes, no así a los responsables  intelectuales. “En Honduras existe un monólogo de los grupos de poder que han ensangrentado la nación”, aseguró la también defensora de derechos humanos.

“Carlos Alberto Salgado era como todos nosotros, pero era periodista y vivía en Honduras, lo asesinaron, al igual que Carlos, han sido asesinados, Fernando Gonzáles, Santiago Rafael Munguía,  Osman Rodrigo López, Gabriel Fino Noriega, Nicolás José Asfura, Joseph Fernández Ochoa, David Enrique Meza, Nahúm Palacios, José Bayardo, Manuel Juárez, Israel Zelaya, Luis Chevez, Luis Arturo Mondragón, Henry Orlando Sauso, Luis Ernesto Mendoza, Nery Jeremías Orellana, Medardo Flores Hernández, Luz Marina Paz, Sayra Fabiola Almendarez, Erick Alexander Martínez, Ángel Alfredo Villatoro, Julio César Casalenua, Ángel Eduardo López, Adonys Felipe Bueso, José Noel  Canales, Selin Orlando Acosta, Anibal Barrow, Manuel Murillo, Juan Carlos Angeñal. Acabo de recordarles los 32 nombres de 32 profesionales cuyo esfuerzo cotidiano era proteger nuestro derecho de estar informado”, dijo Albert Enrique, escritor y periodista  mexicano en el 150 periodo de sesiones de la CIDH.

Agregó “sus asesinos o quienes planearon sus asesinatos están libres, quizás preparándose para ejecutar al siguiente periodista”.

La falta de castigo a quienes han golpeado, secuestrado, hostigado, amenazado y asesinado periodista genera repetición de hechos. El ejercicio periodístico se realiza en suelos movedizos y en total indefensión. Y por si fuera poco, hay violaciones a la libertad de expresión que vienen desde funcionarios públicos.

“En nuestra América asesinar a un periodista tiene las mismas consecuencias que ponerse unos zapatos de cuero o sentarse en un sillón, es decir, ninguna consecuencia; y digo nuestra América, porque los números de mi país, México, son más que Honduras”, expuso Albert Enrique.

Casos sin investigación

El abogado Rolando Argueta, director de fiscales, participó en esta audiencia en representación del Estado, dijo que han elaborado varios informes desde el 2010 y ha participado en varias audiencias públicas que han incluido la libertad de expresión y violencia contra periodistas,  además ha remitido informes a la Unesco y Organizaciones no gubernamentales interesadas sobre casos particulares”.

En lo que respecta a la política institucional de asignación de los casos de muerte de periodistas,  Argueta indicó “a fin de hacer mejor uso de los recursos humanos, presupuestarios y técnicos, y ante la alta incidencia de los delitos contra la vida en Honduras, el Ministerio Público consideró imprescindible la creación de una sola estructura para conocer sobre la muerte de personas desde la noticia criminal, escena del hecho, investigación, hasta concretar las acciones judiciales con una estructura interinstitucional capaz de combatir esos delitos en sus distintas modalidades”.

Así surge la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida en el 2013, que agrupa varias unidas de investigación, entre ellas la Unidad de Investigación de crímenes de alto impacto, responsable de investigar y castigar a los asesinos de periodistas, hasta la fecha son escasos los resultados brindados.

El Estado se ha limitado a informar que los asesinatos contra periodistas, son por cuestiones  personales y no por su labor informativa.

De los casos judicializados, a la fecha se constata  que los homicidios son producto de la delincuencia común o crimen organizado, y  no ha determinado como móvil las opiniones vertidas por los comunicadores sociales, ni la intervención de agentes del Estado; sin embargo en  ninguno de los casos en investigación se descarta la ocupación dentro de los posibles móviles, manifestó el representante del gobierno hondureño, Rolando Argueta.

Argueta señaló que en el caso del periodista Alfredo Villatoro, asesinado en mayo de 2012, se dictó sentencia con carácter condenatorio a tres personas a quienes el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa consideró como responsables del delito de secuestro agravado contra Villatoro.

Otros avances en investigaciones que informó el abogado Argueta ante la CIDH, fue el caso de Anibal Barrow donde hubo una sentencia condenatoria, y se ha verificado que la motivación no fue por opiniones vertidas en sus programas de televisión, expuso Argueta.

Desde el 2009 al 2013 el Ministerio Público reporta 27 casos de  muerte de  periodistas y comunicadores sociales,  apenas 10 casos están judicializados entre ellos: David Meza, Luis Antonio Chevez, Alberto Orellana,  Henry Suazo, Héctor Medina Polanco, Fausto Hernández, Erick Martínez, ´Ángel Villatoro, José Alfredo Osorto y Aníbal Barrow, de estos casos 7 cuentan con sentencia anunció  el funcionario público.

Desde el 2009, el 25 de mayo día del periodista y la periodista hondureña, ya no es una fecha de celebración, sino de exigencia de justicia y demandas para que las autoridades creen políticas que logren respetar el ejercicio y el derecho a la libertad de expresión y de prensa.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/871-ejercicio-period%C3%ADstico-se-realiza-en-suelo-movedizo-y-en-total-indefensi%C3%B3n

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Policía y Ejército son socios de las mineras en Honduras

Policía y Ejército son socios de las mineras en Honduras

Por Dina Meza*. El Estado hondureño despliega un marco jurídico que permite la impunidad de las empresas mineras que llegan al país para saquear los recursos naturales.

 

Un millón y medio de hectáreas de tierras fueron concesionadas para proyectos extractivos en Honduras, beneficiando a empresas transnacionales mineras que con sus operaciones no solamente saquean los recursos naturales de la nación,  sino que afectan gravemente la salud de las poblaciones.

Actualmente hay unos 530 proyectos mineros aprobados, otros que están en espera y que en total sumarían alrededor de 830 en todo el país.

La consulta a las comunidades está anulada, se engavetan expedientes de denuncias de asesinatos, amenazas y otras formas de represión contra líderes y lideresas ambientales que han decidido apostar a defender sus territorios.

Así lo denunció Pedro Landa, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Medioambiente del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC) y coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales contra la Minería a Cielo Abierto en Honduras.

Landa ha sido objeto de múltiples amenazas, persecución y atentados contra su vida por oponerse a este modelo de despojo en el país, modelo que controla a autoridades, operadores de justicia y políticos que legislan a favor de las transnacionales de la minería.

En el 2000 se instaló en Honduras la minera “Entre Mares”, en la zona del Valle de Siria. En poco tiempo, los estragos ambientales y en la salud de la población no se hicieron esperar. Un análisis médico determinó que las personas en más del 47 por ciento tienen metales pesados en sus cuerpos, situación que es de pleno conocimiento por parte del Estado hondureño. Las autoridades del país han ocultado la información con el fin de no alterar el negocio de entrega del territorio a las mineras, con lo que se violentó el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales por lo menos en siete artículos, aseguró Landa.

La minería es una amenaza regional, es la nueva estrategia de control territorial de los grandes países del norte, que atraviesan la escasez de estos recursos. Razón por la cual no les importan los derechos humanos y las decisiones de las comunidades, y para llevar a cabo sus propósitos contratan mercenarios y aplican estrategias políticas con el fin de que los recursos naturales de países empobrecidos como Honduras, se conviertan en un negocio.

Ante la falta de justicia dentro de la nación, los ambientalistas se han enlistado en foros y coaliciones internacionales para hacer alianzas continentales en contra de este flagelo que empobrece más a los habitantes.

Hay más de 230 proyectos mineros y minería metálica aprobados, más de 300 de minería no metálica también aprobados. En estos últimos se trata de concesiones de 98 por ciento de óxido de hierro que el Estado de Honduras negocia hace más de un año con China. El objetivo es que la potencia asiática entregue anticipadamente los impuestos que pagaría.

A un año de haberse aprobado una nueva Ley de minería, hay unos 16 proyectos de ese tipo que están generando conflicto en las zonas centro-norte, y atlántico del país.

De aprobarse todas las concesiones mineras habrían más de 830 proyectos mineros que representan más de un millón y medio de hectáreas, un 20% del territorio nacional.

Al consultarle a Landa por qué existe tanto interés de las mineras en Honduras, explicó que es debido a que el Estado les brinda grandes beneficios y tienen contratos leoninos por muchos años.

Para lograr establecerse, las compañías extranjeras, a través de grupos paramilitares, cometen asesinatos de líderes y el Estado no ha actuado en contra de los responsables de esas muertes.

“La minería está protegida por el Estado, hay seguridad jurídica, re- militarización de los territorios”, denunció el entrevistado.

Con el consumo desmesurado de los recursos naturales -en un tiempo de escasez de minerales en el mundo-, permite que las potencias que dependen de la industria lleguen a América Latina con un nuevo plan de conquista para quedarse con todo este mineral. Esto es considerado como un asunto de seguridad nacional para las grandes potencias que tienen a “socios” locales muy comprometidos con ellos.

Por su parte, los gobiernos locales ven la posibilidad de tener dinero a corto plazo para continuar con el saqueo de las arcas públicas.

En Honduras hay al menos 15 leyes aprobadas para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones transnacionales, que avalan la impunidad de éstas cuando cometen delitos, salvaguardan las grandes ganancias y permiten la persecución contra las comunidades que se oponen al despojo.

Landa recordó que una de las leyes aprobadas, con el objetivo de reducir la tasa de seguridad e invocando la lucha contra la delincuencia, en realidad convierte al ejército y a la policía en socios de las empresas mineras. Un ejemplo es que el 2% de los impuestos de estas empresas están destinados para la tasa de seguridad.

El coordinador del CEPRODEC agregó que esta situación es peligrosa porque “estos dos actores  que deben dar seguridad, tienen interés en las operaciones de las mineras y en contra de las poblaciones, por eso cualquier movimiento generado en las poblaciones es perseguido”.

Mientras la impunidad se colude con la corrupción de funcionarios estatales, operadores de justicia como el Ministerio Público se burlan de las víctimas. En el lejano caso de que una denuncia sea procesada y llegue hasta la audiencia inicial, aunque existan pruebas, a los responsables se les aplicarán criterios de oportunidad para que no vayan a prisión.

*Periodista y defensora de derechos humanos de Honduras.

Premio Libertad de Expresión 2014 – Pen Internacional/Oxfam Novib

Fuente: http://marcha.org.ar/index.php/elmundo/110-honduras/5011-policia-y-ejercito-son-socios-de-las-mineras-en-honduras

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MURALLA REPRESIVA NO DESANIMO UNA MASIVA MOLIVILIZACION CONTRA LA DICTADURA DE JUAN ORLANDO HERNANDEZ EN HONDURAS

Dina Meza, 28.01.14
Ayer 27 de enero se instaló la nueva dictadura en Honduras, la capital
permaneció amurallada por sus cuerpos represivos fuertemente armados
evitando al pueblo su libre locomoción, mientras por los aires tres
helicópteros circulaban para provocar miedo, pero eso lo perdió la gente
de Honduras desde el golpe de Estado el 28 de junio de 2009.

Una movilización masiva de la resistencia hondureña y del Partido
Libertad y Refundación se desplazó por varias cuadras y gritó consignas
contra Juan orlando Hernández, a quien le advirtieron que aunque ayer no
les permitieron el paso, serán cuatro años en las calles.

Los diputados de LIBRE encabezaban la movilización, pero la misma estaba
apoyada por los diversos sectores de Honduras que se mantienen en
resistencia desde el golpe de Estado: las mujeres, jóvenes,
sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos, maestros y
maestras pobladores y pobladoras, estudiantes y el pueblo pueblo que se
unió para expresar su descontento.

La inmensa movilización copó varias calles, se asemejaba mucho a las
primeras expresiones sociales de los primeros días del golpe, la gente
no le importó el sol ni mucho menos la exhibición armada de Juan Orlando
Hernández, que preparó este escenario desde el año pasado con la Policía
Militar y del Orden Público.

Mientras el Estado Nacional se trató de simular el apoyo popular con los
empleados públicos a los que les dieron feriado pero los presionaron a
llegar; los activistas del Partido Nacional, en su mayoría gente pobre
que le han prometido un trabajo.

Los reservistas del ejército a quienes la cúpula desgastada de las
Fuerzas Armadas mantienen en distintas comunidades del país como orejas,
un parecido casi a copia de la década de los ochenta, su actividad
principal es el orejismo y la delación contra quienes hacen resistencia.
Llegaron también los oficiales retirados del ejército.

Los cojines (almohadas) azules y refrescos que les dieron a los
asistentes no tuvo efecto para la inmensa mayoría que se desplazó al
otro lado de las bayonetas, toletes, bombas lacrimógenas, tanquetas ya
listas para lanzar gas pimienta y la mirada agresiva de los agentes.
Juan Orlando sigue utilizando el dinero del pueblo para tratar de atraer
simpatía, en las elecciones generales de noviembre pasado lo hizo
también entre otras cosas con la tarjeta "La cachureca", la que ofrecía
como si el voto fuera una mercancía.

DEMOCRACIA SI, DICTADURA NO

Enfrente del pelotón de cuerpos represivos se instaló la tribuna de la
resistencia donde tomaron la palabra los diputados y diputadas electas
de LIBRE, mientras miles de personas se mantenían gritando consignas
como abajo la dictadura, el que no salte es golpista, democracia sí
dictadura no, entre otras.

Manuel Zelaya Rosales, quien fue sacado por la fuerza de las armas con
el golpe de Estado en 2009 y quien ahora es diputado al Congreso
Nacional por LIBRE, tomó la palara y manifestó que los nacionalistas
nunca ocultaron su papel de vende patrias.

“Un oficial al mando me ha dicho que los diputados si podemos pasar pero
que el pueblo no puede, esas son las instrucciones que él recibió, pero
les digo, sin el pueblo no pasamos”.

Zelaya les dijo a los militares y policías: “les quiero contar algo que
nunca lo he querido decir, quienes me ayudaron a entrar clandestinamente
al país fueron altos oficiales del ejército y de la policía, por eso los
policías y militares no son nuestro objetivo. Comandante de pelotón
démele una razón a su jefe, hace un año los organizaron a ustedes para
que no dejaran llegar a la resistencia frente al Congreso Nacional, pero
cómo van a hacer ahora que la resistencia está en el Congreso?”.

En su discurso Zelaya anunció que este martes los diputados de LIBRE van
a pedir en el Congreso Nacional que se derogue el paquetazo, porque en
el Estado se está montando una nueva esclavitud, pero nosotros no
aceptamos ese yugo”.

En el uso de la palabra Esdras Amado López, también diputado de LIBRE
señaló a los militares y policías que “dentro de cuatro años la orden
será abran las calles para que entre el pueblo”.

El parlamentario de LIBRE Rasel Tomé recordó que este mismo 27 de enero,
hace cuatro años él junto a Zelaya Rosales salieron al exilio, pero
“allí estaba la resistencia derrotando a la oligarquía y a los mitos de
ellos de que el pueblo solo protestaba tres días”.

Otro de los diputados, el periodista Luís Galdámez dijo que “en estos
momentos se está instalando una dictadura que habla de paz y de amor y
cierran al paso al pueblo a pesar que la Constitución establece libre
locomoción, eso es democracia, que los militares estén armados hasta los
dientes para reprimir al pueblo, preguntó”.

Bartolo Fuentes, diputado de LIBRE por Yoro advirtió que llegará el
momento que el pueblo decida romper cualquier obstáculo, el pueblo se
está hartando de todo esto, hoy decidimos no pasar esa valla porque no
queremos confrontar, pero llegará el momento que el pueblo les dé las
órdenes a ustedes, les expresó a los policías y militares.

Claudia Garmendia, diputada por El Paraíso señaló que el pueblo no se
cansa de estar en resistencia porque le mueve la fe y la esperanza, por
eso el pueblo no se detiene aunque hayan bayonetas.

El uso de la palabra también lo hizo Bertha Cáceres, Coordinadora del
Consejo de Organizaciones Populares de Indígenas de Honduras, COPINH,
quien llamó al pueblo a seguir resistiendo y a buscar formas como las
que en estos momentos hace uso la comunidad lenca de San Francisco de
Opalaca, en Intibucá, a la que le robaron la alcaldía con fraude, pero
la gente no ha dejado que el alcalde que quiere imponerse tome posesión,
allí estará ese pueblo hasta que lo respeten, concluyó.

En la protesta participaron estudiantes universitarios que querían
romper la valla militar policial porque dijeron que “ya no aguantamos
paja”, pero fueron calmados constantemente para que no lo hicieran, al
final Zelaya Rosales se reunió con ellos y convencerles, aunque no se
concretó su acción advirtieron que harán acciones constantes hasta que
caiga la dictadura.

Los estudiantes se han conformado en un movimiento contra el fraude que
ha realizado varias acciones de protesta desde el anuncio del gane
fraudulento de Juna Orlando Hernández.

La movilización concluyó al filo del mediodía, la gente no se quería
retirar de la zona porque está ansiosa de lucha.

Fuente: https://www.facebook.com/dina.meza.73/posts/408753969259178

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Honduras debe poner fin a la violencia letal contra periodistas y al clima de impunidad

Thursday, 23 January 2014 13:41 Administrador
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Londres.

Cada vez es más común que periodistas que publican noticias sobre delincuencia organizada, corrupción gubernamental y otros temas sensibles sean objeto de amenazas y agresiones letales en Honduras, mientras que los responsables gozan de impunidad casi absoluta, señaló PEN International en un nuevo informe divulgado hoy en colaboración con PEN Canadá y el Programa Internacional de Derechos Humanos (International Human Rights Program, IHRP) de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto.

El informe, denominado Honduras: periodismo bajo la sombra de la impunidad, documenta el agravamiento de la violencia contra periodistas tras el golpe de estado que depuso al presidente José Manuel Zelaya en junio de 2009, y el fracaso de los mecanismos estatales e internacionales encargados de investigar y sancionar a los responsables. Desde junio de 2009, al menos 32 periodistas hondureños —que en su mayoría trabajaban en medios de radio y televisión— han sido asesinados, y muchos más continúan llevando a cabo su trabajo en un contexto de temor y autocensura.

“Honduras se encuentra sumido en una profunda crisis. Este informe paradigmático e incisivo elaborado por PEN describe en detalle la fatal combinación de corrupción e impunidad que está destruyendo a Honduras. El país y la comunidad internacional deben tomar con urgencia la decisión de trabajar conjuntamente para fortalecer el estado de derecho en Honduras”, observó Marian Botsford Fraser, Presidenta del Comité de Escritores en Prisión de PEN.

La profundización de la violencia y la impunidad generalizada han convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo. Según señala el nuevo informe, si bien los carteles transnacionales del narcotráfico son en parte responsables por los altos índices de homicidios, la crisis de violencia actual es provocada en gran medida por autoridades del Estado.

El grado de corrupción entre las fuerzas policiales es absolutamente alarmante, y socava además la confianza entre los organismos del Estado, debilita el respeto del público a instituciones clave y, en definitiva, obstaculiza la capacidad institucional del sistema judicial. Existen demasiados organismos que supuestamente se ocupan del problema de la violencia y la impunidad, lo cual provoca que finalmente ninguno se encargue verdaderamente de asegurar justicia a víctimas y familiares.

Como era de esperar, la reciente ola de muertes violentas de periodistas ha tenido como respuesta una combinación de recursos insuficientes, ineptitud burocrática, señalamientos recíprocos y negación. Es poco habitual que se investiguen adecuadamente o se esclarezcan los homicidios de periodistas: de los 38 periodistas asesinados desde 2003, solamente en dos casos se obtuvieron condenas.

“El clima actual de impunidad generalizada que prevalece en Honduras es el resultado de la falta de justicia por graves violaciones de derechos humanos que se han cometido durante décadas. La impunidad es un campo fértil para la violencia. Honduras continuará inmersa en un círculo de impunidad y violencia hasta tanto haya medidas genuinas de justicia”, señaló Carmen Cheung, directora interina del Programa Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto.

PEN International, PEN Canadá y el Programa Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto desean instar al gobierno hondureño a investigar de manera exhaustiva todos los casos de periodistas asesinados, y a dotar a las instituciones y mecanismos del Estado existentes de los recursos necesarios —además de crear otros nuevos— a fin de asegurar que todos los miembros de los medios de comunicación reciban plena protección de la ley.

Principales recomendaciones formuladas por estas tres organizaciones al gobierno hondureño:

El gobierno hondureño debería:

•Asegurar que se establezcan organismos y protocolos de investigación adecuados para delitos cometidos contra periodistas.
•Empoderar al Fiscal Especial de Derechos Humanos para que investigue y juzgue a los homicidas de periodistas y defensores de derechos humanos, y asegurar que su fiscalía reciba suficientes recursos financieros, humanos y técnicos para llevar a cabo su labor.
•Asegurar que cualquier nuevo mecanismo legal destinado a mejorar la seguridad de periodistas, como el Proyecto de Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, comience a operar con suficientes recursos financieros, humanos y técnicos, además de la necesaria voluntad política, para garantizar su implementación efectiva.

El informe también expresa diversas recomendaciones a medios de comunicación hondureños y la comunidad internacional para la protección de periodistas en el país, incluido un llamado a los estados donantes, como el Reino Unido y Canadá, para que trabajen conjuntamente con Honduras en estos temas.

“El gobierno hondureño, por sí solo, no implementará ningún cambio”, manifestó Tasleem Thawar, Directora Ejecutiva de PEN Canadá. “Cada país y organización internacional con intereses en Honduras —ya sea en materia económica, de seguridad, social o cultural— deberá supeditar su apoyo al cumplimiento, por parte de Honduras, de sus obligaciones de derechos humanos”.

Para obtener más información y programar entrevistas, deberán comunicarse con:
Sahar Halaimzai: sahar.halaimzai@pen-international.org| t. +44 (0)20 7405 0338

Disponibles para entrevistas:

•Dina Meza, periodista hondureña y activista de derechos humanos
•Eduardo Bähr, escritor hondureño y director de la Biblioteca Nacional de Tegucigalpa
•Julio Alvarado, periodista hondureño
•Brendan de Caires, PEN Canadá, Programas y Comunicaciones
•Carmen Cheung, directora interina del Programa Internacional de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Toronto.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2929:honduras-debe-poner-fin-a-la-violencia-letal-contra-periodistas-y-al-clima-de-impunidad&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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News: Oksana Chelysheva, Dina Meza and Abdiaziz Abdinur Ibrahim win the 2014 Oxfam Novib/PEN International Free Expression Award

Oksana Chelysheva receiving the 2014 Oxfam Novib/PEN International Free Expression Award at The Hague. Hans Paul Alting von Geusau/Oxfam Novib.

(London, 16 January, 2014) – PEN International’s Writers in Prison Committee, the PEN Emergency Fund and Oxfam Novib have awarded the 2014 Oxfam Novib/PEN International Free Expression Award to freelance journalist Abdiaziz Abdinur Ibrahim, journalist and activist Oksana Chelysheva and journalist and human rights defender Dina Meza for their continued work for freedom of expression in the face of persecution. Alongside the presentation of the award, PEN International also launched its Bled Manifesto of the Writers for Peace Committee – calling for the recognition of a universal right to peace.

In recognition of writers’ significant contribution to freedom of expression around the world, PEN International and Oxfam Novib present this prestigious literary award as a distinction to writers and journalists committed to free speech despite the danger to their own lives.

‘PEN International campaigns on behalf of courageous writers at risk and this award, in partnership with Oxfam Novib and the PEN Emergency Fund, is an important way of highlighting the challenges to freedom of expression and the bravery of individuals who speak up, particularly at a time when so much of freedom of expression is under threat worldwide.’ said Laura McVeigh, Executive Director, PEN International.

This year’s recipients of the award are strong advocates for freedom of expression in the face of great personal risk. Somalian freelance journalist Abdiaziz Abdinur Ibrahim has continued to speak out against Somalia’s crackdown on the media despite being detained in January 2013 and later charged and convicted with insulting the government for interviewing a woman who alleged that soldiers had raped her. He spent 66 days in prison before being freed by the Supreme Court.

Honduran journalist Dina Meza has worked as a human rights defender for over two decades and has been a victim of harassment and threats since 2006. She currently works for a human rights’ NGO and as a volunteer for Visitación Padilla Women’s Movement for Peace and continues to defend human rights despite being subjected to a continued campaign of death threats and physical harassment.

Russian journalist and activist Oksana Chelysheva has been openly critical of Russia’s handling of the conflict in Chechnya and has worked for the Chechen Information Agency -which specialises in reporting on Chechnya – despite receiving death threats. She was a member of the Russian Chechen Friendship Society, an NGO based in Finland which monitors human rights violations in Chechnya. A colleague and friend of murdered journalist Anna Politkovskaya, Chelysheva continues to highlight the regressive approach to freedom of expression in Putin’s Russia. Oksana Chelysheva was at the Hague to receive the award.

‘In Russia, the space for human rights activists to speak out about violations of human rights is increasingly shrinking’ said Farah Karimi, Executive Director, Oxfam Novib. ‘Oksana is a very brave woman who is committed to finding a just and peaceful solution for Chechnya, despite the pressure, and as a consequence she is living in exile. People like Oksana are an inspiration for all of us to remain committed to achieving a just world, in which all people enjoy equal rights.’

The Oxfam Novib/PEN International Free Expression Award is presented every year at the Hague, city of Peace. On the same day PEN International will also launched its Bled Manifesto of the Writers for Peace Committee – a ten-point manifesto calling for the recognition of a universal right to peace. The Manifesto, which was adopted at the 79th PEN International Congress in Iceland in September 2013, recognises the key role of writers in creating the conditions necessary for building and maintaining peace through dialogue and intellectual exchange.

The Bled Manifesto of the Writers for Peace Committee will inform the work of PEN on the issue of peace in the coming years and builds upon the extensive work of the Writers for Peace Committee on conflict, freedom of expression and peace since 1984.

Fuente: http://www.pen-international.org/newsitems/the-winners-of-the-2014-oxfam-novibpen-international-free-expression-award-announced/

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