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Familia Jiménez – Martínez Comunica lo siguiente:

Hoy 8 de abril se cumple un año de la desaparición forzada de DONATILO JIMÉNEZ  EUCEDA, dentro de los predios del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA).

A un año de este abominable hecho, la familia del ex presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) seccional #3, no nos cansamos de exigir justicia y que se  aclare este hecho de lesa humanidad, perpetuado en contra de DONATILO JIMÉNEZ EUCEDA, por el simple hecho de defender a los trabajadores sin distinción alguna; y el constante señalamiento a las arbitrariedades y violaciones a los  derechos laborales que son sujetos por parte de las autoridades del CURLA.

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Corazón de madre llora a sus hijos y familiares desaparecidos en México

Dos fotografías acompañan a la michoacana María Elena Magdaleno, en ellas los rostros de sus once familiares desaparecidos, entre ellos sus seis hijos.

En su cabeza asoman las canas de los años de sufrimiento y el rastro del dolor en su semblante, su voz se entrecorta, un nudo en la garganta y las lágrimas que se dejan caer por las facciones de María, al recordar a la gente que cree que no volverá a ver, pero que a la vez su corazón contrasta con la esperanza de encontrar aunque sea sus cuerpos para darles un adiós digno hacia la eternidad.

A raíz de la desaparición de sus hijos se trasladó al Distrito Federal, los primeros en desaparecer fueron cuatro hijos, dos sobrinos y el esposo de una nieta, esto sucedió el 28 de noviembre del 2008 cuando ellos viajaron a Guerrero, la última vez que los vieron fue en la comunidad de Atoyac de Álvarez.

“Ese mismo día inicio la búsqueda porque a nosotros se nos hizo extraño que no llegaran a la hora fija que tenían que llegar, recuerdo bien, era un sábado, mis hijos debían llegar a las seis de la mañana el domingo, a partir de allí empezamos la búsqueda, pensando en que se les pudo haber descompuesto la camioneta o algo” dijo la acongojada madre.

Magdaleno manifestó que “a partir de esa fecha los hemos estado buscando y jamás hemos tenido respuesta del gobierno, cuando empezamos las investigaciones mis otros hijos y yo pudimos darnos cuenta, de quienes se los llevaron, donde los tuvieron, había una riña entre unos narcotraficantes apoyados por el gobierno desde luego”.

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El Estado no investiga las desapariciones forzadas en Honduras

Las investigaciones sobre la desaparición forzada del presidente de la colonia Planeta de San Pedro Sula, José Reynaldo Cruz Palma se estancaron desde el año 2014 de acuerdo con las indagaciones realizadas por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Un equipo de procuradoras de de derechos humanos que tuvo acceso al expediente de José Reynaldo Cruz Palma en el Ministerio Público (MP) de San Pedro Sula, verificó que las investigaciones iniciadas en 2011 llegaron a un punto de estancamiento en 2014 cuando se ordenó la ampliación de las investigaciones.

El 30 de agosto de  2011, hombres encapuchados y fuertemente armados  bajaron  al líder comunitario de un bus de transporte público en San Pedro Sula, sin motivo aparente. Lo subieron a un carro, que fue visto por sus parientes en la posta donde fueron a interponer la denuncia de lo sucedido.

El recuento de las diligencias detalla que el ordenamiento de la investigación inició el 6 de septiembre de 2011. En fecha 20 de septiembre de ese año se solicitó información al coordinador regional de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), para que informara sobre el vehículo color gris cabina y media, Mazda placa PB50 en donde supuestamente se transportó a la víctima.

El 20 de septiembre de 2011 el Ministerio Público afirmó que  se buscó a la familia de Cruz Palma, en la colonia Planeta, no logrando conseguir ninguna referencia de ellos de parte de los vecinos.  En fecha 22 de septiembre de 2011 se tomó declaración de Marta Estela Cruz Palma, de Isaura Cruz Palma (hermana del desaparecido), y el testigo protegido C-1 y testigo protegido C-2.

En fecha 30 de octubre de 2011, se tomó declaración a Celso Enrique Cruz Palma. El 7 de agosto de 2012, se realizó inspección ocular al Libro de Novedades de la Jefatura Metropolitana número 5 y de la Jefatura de La Lima, donde no aparece registro de José Reynaldo Cruz Palma.

En fecha 6 de agosto de 2012, se realizó inspección ocular al Libro de Novedades de la posta policial de la colonia Satélite y posta policial  de Medina y no aparece registro de José Reynaldo Cruz Palma.

Para el 11 de marzo de 2014 se ordenó la ampliación de la investigación, en el sentido de ampliar algunas declaraciones.

Funcionarios de la fiscalía consultados por el COFADEH, sostuvieron que la falta de agentes de investigación no ha permitido tener avances significativos en el caso.

Nubia Carbajal en primer plano

Familiares de José Reynaldo Cruz Palma afirmaron que  en su secuestro y posterior desaparición  habrían participado agentes de la policía preventiva y de investigación.

De acuerdo con familiares de la víctima y que presentaron la denuncia en el COFADEH, los hombres encapuchados y fuertemente armados que secuestraron al líder comunitario, tuvieron el apoyo de una patrulla policial que se encontraba en el lugar de los hechos y que vigilaba que se produjera su captura.

El 7 de septiembre de 2001 en declaraciones a los medios de prensa  la esposa del líder comunitario Nubia Suyapa Carbajal expresó: “Regrésenlo cómo esté, él es inocente no ha hecho nada, estamos seguros que es la policía que lo tiene, porque nos dieron seguimiento antes de abordar el busito”.

¿Por qué desapareció Reynaldo Cruz Palma?

Nubia Carbajal relató que el 27 de agosto su cónyuge tomó la palabra en una reunión que tenían los policías en el centro cultural de La Lima y denunció que estaban cometiendo abusos contra la ciudadanía lo que montó en cólera a los uniformados, “vos te debés callar porque te consideramos jefe de la mara” le ripostaron para callarlo, mientras él les manifestó que lo único que tenía, era su negocio de billar en dicho sector y no tenía nexos con nadie.

La cosa no paró allí una mujer uniformada le advirtió “ya te tenemos en la punta de la bala”, tres día después se consumó su desaparición, cuyo impactó produjo la desintegración familiar y el exilio, ya que por las constantes amenazas, la esposa de Cruz Palma, Nubia Carbajal, se fue a España en 2014, más tarde en octubre de  2015 se le unió su hija Lizbeth Cruz Carbajal y luego  a finales de enero de 2016, viajó a España  su hijo Lenar Joel Cruz Carbajal.

Nubia  Carbajal recordó que el fatídico día 30 de agosto de 2011, mientras acompañaba se transportaba junto a su esposo en una unidad del transporte urbano se percataron que  eran seguidos por un carro de la policía. En ese momento Reynaldo él me dijo: “ mirá amor nos va siguiendo la policía pero no importa porque el que nada debe nada teme, entonces el taxista le dijo vayamos despacio y bajemos los vidrios porque no somos delincuentes”.

Como el banco estaba cerrado mi esposo le dijo al taxista que nos llevara  al punto de los rapiditos que van para San Pedro Sula, cuando llegamos al centro nos interceptó un carro gris y le quitaron las llaves al conductor del rapidito para que no arrancara, agregó.

Los uniformados procedieron a separarlo del carro y mi esposo les dijo yo no ando armado,  entonces uno de los policías cerrojeó  el arma y me dijo ¡…con usted no es señora…!  y lo subieron en la paila del vehículo colocándole en su cara un pasamontañas para que no lo vieron y se lo llevaron, mientras tanto otro carro donde iban policías se percataba de que fuera capturado.

El archivo judicial del caso de la desaparición forzada de José Reynaldo Cruz Palma, está registrado con el número  I-255-11. Las diligencias practicadas en este expediente revelan que la investigación se detuvo. Funcionarios del Ministerio Público aseguraron que no cuentan con personal especializado ni agentes de investigación que permitan el esclarecimiento de esta desaparición forzada.

Al igual que en la década de los años ochenta e inicios de los noventa, cuando escuadrones de la muerte practicaron la desaparición forzada de más de 200 personas siguiendo un patrón de detenciones, secuestros, torturas y desapariciones en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, en el presente los casos de desaparecidos permanecen en la impunidad.

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Madre de jóvenes desaparecidas tiene mantiene la esperanza de conocer la verdad

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En vísperas de la navidad de 1984 fue desaparecido José Eduardo López

Tegucigalpa.

Este 24 de diciembre, en vísperas de la navidad, se cumplen 31 años de la desaparición forzada del periodista, comunicador social y ex vice-presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), José Eduardo López.

Sus dotes de comunicador social lo llevaron a escribir una serie de artículos periodísticos en la prensa local.

López fue desaparecido el 24 de diciembre de 1984 y  su historia está marcada por una serie de sucesos de persecución, detenciones y torturas.

Registros en poder del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) dan cuenta que en 1981 José Eduardo López permaneció detenido durante cinco días y que durante la privación de su libertad fue torturado por agentes del estado que actuaron con total impunidad durante la tenebrosa época de la década de los años ochenta.

Tras ser torturado, López fue dejado en libertad, pero los peligros contra su integridad física continuaron al recibir amenazas a muerte, razón por la cual en 1982 huyó hacia Estados Unidos, desde donde solicitó asilo político al gobierno de Canadá.

En 1984 las autoridades canadienses le negaron el asilo político, expresando que él no había demostrado un temor bien fundado para considerarse perseguido político.

Regresó a Honduras con su esposa y sus tres hijos, con propósitos de emigrar a Europa. Luego de su retorno un amigo íntimo suyo fue asesinado en San Pedro Sula. Tras recibir amenazas de muerte del escuadrón 3-16 de las Fuerzas Armadas de Honduras, presentó en abril de 1984 un testimonio ante el CODEH, organismo para el cual trabajó como procurador popular.

El 24 de diciembre de 1984 fue secuestrado por agentes de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) en San Pedro Sula.

Un ciudadano salvadoreño (Antonio Menjívar Rodas), detenido por problemas migratorios, declaró ante un abogado luego de su liberación, haber visto a José Eduardo López en la DNI el 26 de diciembre.

En 1986, la familia del desaparecido abandonó Honduras ante las amenazas.

En ese año de 1984 también desaparecieron por razones políticas los ciudadanos hondureños: Dolores Geraldina García, Rodolfo Ramírez H, Francisco Osorto, Francisco García, Alberto García, Juan Alberto Villeda, Estanislao Vásquez, Joaquín, Hondureño Reinaldo Cáceres L, Rolando Mendoza P, Luisa Socorro Rodríguez, José Isabel Salgado, Orlando Posadas.

También fueron desaparecidos Alfredo Siles Rosendo,(Nicaragüense) y dos ciudadanos salvadoreños cuyos nombres no fueron proporcionados.

A partir de 1980 se establecen en Honduras unidades contra-insurgentes y de inteligencia militar  como el Comando de Operaciones Especiales de la Policía destinado a operaciones antisubversivas y conocido como Cobras y las Tropas Especiales del Ejército para Operaciones nocturnas y selváticas (TESON) un, batallón ligero para combatir la subversión.

En 1981 Honduras retorna al proceso democrático después de 20 años de dictaduras militares, pero este retorno del poder a manos de los civiles no significó respeto al Estado constitucionalista ni a los derechos humanos, por el contrario, es en esta época que aplica, siguiendo mandatos de los Estados Unidos, la doctrina de Seguridad Nacional que ya se aplicaba en la América del Sur.

La Doctrina de Seguridad Nacional implicó una feroz persecución contra miembros del movimiento social hondureño y de la cual resultó que más de 200 personas fuesen detenidas desaparecidas en la década de los ochenta e inicios de los noventa.

 

Origen: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3852:en-visperas-de-la-navidad-de-1984-fue-desaparecido-jose-eduardo-lopez&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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76 desapariciones forzadas en Honduras en última década

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En realidad, parece que nada pasara. Las hojas de los árboles de la Plaza Central de la capital, son movidas con suavidad por el viento.  La vida cotidiana en el centro de la capital de Honduras transcurre en el tráfico pesado de la ciudad, atravesado por la circulación de peatones. Algunos, casi soñolientos en un medio día soleado, otros van más bien enérgicos y sonrientes.
Un día transcurre entre las bromas de los taxistas de la Plaza Central o de los desempleados que se sientan cerca de la Catedral de Tegucigalpa.
A la par de la parroquia, está la Avenida Cervantes, la misma que se convierte en una vía tapizada de alfombras de colores vivaces durante la Semana Santa para atraer a turistas de todas partes del mundo y que conduce hacia el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh).
La oficina del Cofadeh guarda más de 500 testimonios documentados y respaldados de las desapariciones forzadas en Honduras, ocurridas entre 1980 y 2015. Historias negadas y borradas de la memoria colectiva, del sistema de educación y de la historia formal, pero reencarnada en las madres que siguen buscando a sus hijos, consideró la coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva.
Son-dice Oliva- 33 años de búsqueda de verdad, reparación y justicia, justamente el número de años que conmemoró Cofadeh este 30 de noviembre.
Desde 1988, el primer viernes de cada mes, las “Madres de los Pañuelos Blancos”, las “Madres de los Desaparecidos” o las “Madres del Cofadeh”, como les dicen, se plantan en la Plaza La Merced para recordar y denunciar que en Honduras hubo desapariciones forzadas y que los casos están en la impunidad.
“Les pido que no lloremos”, dijo Oliva en la conmemoración del 33 aniversario del Cofadeh.
Pero al recibir el retrato de su familiar, con paradero desconocido, algunas madres y hermanas empezaron a sollozar.
Desapariciones en la UNAH
La hermana de Donatílo Jiménez, desaparecido de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en abril de 2015, fue auxiliada y la sacaron del salón con una crisis de llanto.
Acá coincidió también la hermana de Reinaldo Cruz Palma, el presidente del patronato de la colonia Planeta de San Pedro Sula, desaparecido el 30 de agosto de 2011.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) denunció en 2011 que fue detenido por supuestos elementos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y de la Policía Nacional Preventiva.
Isaura Cruz Palma, su hermana, relató que desde 2011 iniciaron una travesía en la búsqueda de su hermano que luchaba para que terminara la violencia en La Planeta, una colonia en la que existen pandillas. “Los pandilleros no le hacían daño a nadie en el  sector, lo que sucede que mi hermano estaba en contra de cobros ilegales y cosas ilegales que hacía la policía de ese sector y a él no lo querían”.
Él denunciaba cosas ilegales e incluso con la Policía tuvo percances, en una ocasión estaban golpeando a un joven y a él lo detuvieron, relató.
“La Casa del Terror”
Mientras cada una cargaba su historia y su dolor, este 30 de noviembre, Oliva dirigía la ceremonia y anunció: “La Casa de Amarateca hay que recuperarla ahí pernoctaron el sacrificio seis jóvenes estudiantes, pero también ahí pernoctaron muchos hombres, Estanislao Maradiaga Linares, el amigo Guevara, padre de una inclaudicable luchadora”, dijo Oliva.
“Hay mil razones para que esa casa de Amarateca nos pertenezca, que le pertenezca al pueblo porque ahí hay muchas verdades ocultas que al tenerla, las vamos a desenterrar”.
Esta casa estaba a nombre de Amílcar Zelaya, permanece abandona y fue un sitio de torturas, ahora Zelaya la vendió a otras personas que nada tuvieron que ver, según Cofadeh.
“Después del Golpe de Estado hay 54 desapariciones forzadas y nos da casi la certeza de decir que están las autoridades involucradas”. “Los otros restantes que no sacamos a luz pública en el informe es porque nos falta seguir investigando cuál fue la motivación y si existen patrones similares”, dijo Oliva.
Antes del Golpe de Estado, hubo 22 más para sumar 76 desapariciones forzadas, según el Informe Honduras Desapariciones Forzadas de 2015, del Cofadeh.
“Estamos a punto de concluir diciendo, hay una política de Estado, implementada como en los años 80, haciendo actos de desaparición forzada contra personas que de una u otra forma son disidentes políticos”, dijo Oliva a la prensa después de la ceremonia de conmemoración.
En los ritos del aniversario entregaron los retratos de unos 20 desaparecidos a madres que tienen un papel simbólico por su valentía, muchas derramaron lágrimas y la voz de Oliva se quebrantó.
Al ver las lágrimas de las parientes, Nora Miselem, sobreviviente de torturas y que fue llevada a la denominada “Casa del Terror”, las consoló diciéndoles, que cuando los llevaban secuestrados nunca tuvieron temor sino un profundo sentimiento de dignidad y de respeto y que el único miedo que sintieron fue que sus familiares sufrieran.
Entre las madres estaba, la de Roger Gonzáles, desaparecido después de una protesta violenta frente a la embajada de Estados Unidos y cuyo rostró quedó en muchas paredes en la década de los 90 con la pregunta ¿Dónde está Roger Gonzáles?, una pregunta que todavía no tiene respuesta.
Según los archivos de Cofadeh, Gonzáles era dirigente de la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza (FESE) y empleado de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), fue secuestrado ante testigos el 19 de abril de 1988, al mediodía, cuando caminaba por el Parque Central de Tegucigalpa.
Sus captores eran dos hombres y una mujer vestidos con ropas de civil. Posteriormente, uno de ellos fue identificado por un testigo como miembro de la DNI. “La FUSEP buscaba a Roger González en relación con una manifestación violenta celebrada ante la embajada de los Estados Unidos de América en Tegucigalpa, el 7 de abril de 1988”, dice Cofadeh.
Las desapariciones forzadas han arreciado pese a la cooperación militar y de seguridad que Estados Unidos ha intensificado en los últimos años en Honduras. Según se puede constatar en los archivos periodísticos, Honduras ha sido visitada por altos funcionarios estadounidenses, como el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden,  el zar antidrogas, William Brownfield, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, entre otros, pero las desapariciones suman y siguen… En realidad, parece que nada pasara.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/76-desapariciones-forzadas-en-honduras-en-%C3%BAltima-d%C3%A9cada

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Cúpula de la Iglesia Católica guarda silencio por la desaparición de 2 jóvenes en donde se involucra a sacerdote

Tegucigalpa.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) remitió una carta el 10 de marzo al cardenal Oscar Andrés Rodríguez para transmitir la denuncia expuesta por Mélida Urrea referida al desaparecimiento en agosto de 2009, de sus hijas Yolanda Elizabeth Ramos Urrea (28) y Xenia Rosibel Ramos Urrea (14), en el que está involucrado un sacerdote del occidente del país.

La madre de las jóvenes acusó al sacerdote Francisco Abilio Rivas Cruz,( quien fungía como diácono en el año 2009) de la desaparición de sus hijas y de la violación de una de ellas, menor de edad.

Las muchachas desaparecieron después de ser vistas en la terminal de buses de La Entrada, Copán donde se reunirían con el sacerdote denunciado. Después de esa ocasión, no regresaron a su casa y nunca más se volvió a saber de ellas.

En 2011 el obispo de la Diócesis de Copán, Luis Alfonso Santos ordenó sacerdote  de la parroquia de la comunidad de la Entrada, Copán a Rivas Cruz. Posteriormente  el presbítero fue nombrarlo director de CARITAS Diocesana en Santa Rosa de Copán a inicios del año 2015.

Según la madre de la afectada, ella hizo en forma oportuna las denuncias del caso ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), el Ministerio Público, el párroco Lucio Amaya  y ante el obispo de aquel entonces Luis Alfonso Santos, sin que ninguna de estas autoridades realizaran diligencias al respecto.

El silencio se convirtió en impunidad durante todos estos años. La señora Mélida Urrea ha buscado a sus hijas en las morgues judiciales y otras regiones de la zona occidental, sin dar con el paradero de las mismas.

Los familiares  han expresado que incluso el fiscal Jorge Gómez que llevaba el caso, “desapareció” el expediente en la fiscalía de la Entrada, Copán.

Ahora el cura Francisco Abilio Rivas Cruz, está asignado a la parroquia de San Juan Intibucá.

La madre de las jóvenes desaparecidas, lamenta que ni las autoridades eclesiales ni las judiciales hayan dado respuesta ante las denuncias que realizó en su momento.

Xenia Rosibel tenía novio y planeaban formar un hogar, mientras que Yolanda estaba casada y tenía dos hijas, pero vivía en la casa de sus padres, porque su esposo trabajaba en el extranjero.

“Las tenía amenazadas de muerte  si contaban que él la violó (a la hija menor), por lo que exijo a las autoridades que lo investiguen –al sacerdote Francisco Abilio Rivas Cruz- para que me devuelva a mis hijas que están desaparecidas, tengo cinco años de andar llorando y buscándolas y hasta el expediente desaparecieron en la fiscalía”, demandó la madre de las desaparecidas.

Mélida Urrea denunció el hecho durante el desarrollo del foro: Miradas de Mujeres organizado por el COFADEH y la Red de Defensoras y Defensores de derechos humanos del Occidente realizado en marzo de este en Santa Rosa de Copán.

En el foro, la madre expresó:  “Dicen que es un buen sacerdote, es salvadoreño, no sé dónde están mis hijas, él violó a la menor, la embarazó y por eso las desapareció y  también desparecieron los expedientes judiciales”.

Urrea señaló que “el (sacerdote)   es el culpable de todo eso, nunca pensé que ese hombre era una mala persona”.

Trascendió que luego de conocerse de las denuncias, el sacerdote Francisco Abilio Rivas Cruz fue transferido a una iglesia en San Juan, Intibucá.

Esta denuncia fue divulgada por diferentes medios de comunicación, para el caso con fecha 26 de febrero 2015, en su página web, la emisora HRN tituló:…”Sacerdote salvadoreño acusado en Honduras por secuestro y violación”.

Por su parte el portal http://www.ultimahora.hn tituló al respecto: “Otro sacerdote católico también enfrenta acusación por violación en San Juan, Intibucá.

Mientras que la versión digital del periódico El Heraldo (www.elheraldo.hn) reprodujo la denuncia de los familiares de las dos jóvenes desaparecidas.

La nota del Heraldo publicada el 5 de marzo de 2015, en uno de sus párrafos detalló que “el indignado padre de familia aseguró que el mismo sacerdote (Francisco Abilio Rivas Cruz) ha llevado a la iglesia a menores de varias comunidades hondureñas para dar rienda suelta a su bajos placeres”.

La cédula de la denuncia expuesta ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) de fecha 31 de agosto de 2009, señala que Yolanda Elizabeth Ramos Urrea (28) y Xenia Rosibel Ramos Urrea (14) fueron vistas en la terminal de buses de La Entrada, Copán y que venían de visitar a Francisco Abilio Rivas Cruz, “pero dice él que no llegaron donde él estaba”.

Diligencias practicadas por el COFADEH registran el envío de la denuncia del caso a la Fiscal Especial de la Niñez, Nora Urbina el 13 de marzo de 2015.

La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva señaló que “tenemos una prohibición ética y moral en no ser indiferentes, por lo que vamos a iniciar el proceso de documentar el caso y realizar acciones que procedan en cuanto a la denuncia. La desaparición forzada es un crimen que lesiona la humanidad interna y no prescribe, pues doña Mélida no denunció la violación en su momento, por temor y para no desacreditar a su hija”.

Para la defensora de derechos humanos, es preocupante el nivel de indiferencia en la zona de occidente, por lo tanto hay que poner en debate público la denuncia, porque también pone en alto riesgo la seguridad de la familia de las muchachas desaparecidas.

Origen: Cúpula de la Iglesia Católica guarda silencio por la desaparición de 2 jóvenes en donde se involucra a sacerdote

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Se sigue utilizando la desaparición forzada como mecanismo de tortura y eliminación contra opositores políticos

Defensores en linea

Origen: Se sigue utilizando la desaparición forzada como mecanismo de tortura y eliminación contra opositores políticos

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La impunidad permite que las desapariciones forzadas vuelvan a repetirse

Tegucigalpa.

“Las desapariciones forzadas en el momento actual son deplorables y es un claro ejemplo que la impunidad permite que estos hechos vuelvan a repetirse; ya que no hay ni ha habido, compromisos reales con el castigo de los actos de desaparición forzada”, expresó la directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera Sierra.

Gilda Rivera Sierra fue víctima de desaparición forzada temporal junto a 5 estudiantes universitarios en la década de los años ochenta, durante la temida aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional implantada desde el Estado y ejecutada por Escuadrones de la Muerte.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos, ventila entre una gama de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes de estado de Honduras, casos de desaparición forzada temporal.

Uno de esos casos es el denominado Guillermo López Lone y otros, contra el Estado de Honduras, en donde se denuncia la detención ilegal,  secuestro y la aplicación de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes,  contra seis estudiantes.

Los estudiantes universitarios son: Guillermo López Lone, Edwin Dagoberto López Lone, Milton Danilo Jiménez Puerto, Marlen Irasema Jiménez Puerto, Gilda María Rivera Sierra y Ana Suyapa Rivera Sierra.

El caso más conocido como Seis Estudiantes se ventila ante la CIDH y tiene el número de registro 12,891.

La comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, estimó que contra los estudiantes y las estudiantes universitarias, agentes del Estado de Honduras cometieron violaciones a los artículos 5 (derechos a la integridad personal), 7 (derechos a la libertad personal) , 8 (garantías judiciales) y 15 (derecho de reunión) de la Convención Americana de Derechos Humanos

El 27 de abril de 1982, alrededor de  las 5.30 de la mañana, un grupo de 6 hombres fuertemente armados allanaron ilegalmente la casa donde  vivían las víctimas, localizada en la colonia Miraflores de Tegucigalpa.

Rafael Rivera Torres, padre de Gilda y Suyapa junto a los otros estudiantes, fueron capturados y conducidos en varios vehículos pick up doble cabina con vidrios polarizados, hacia la posta policial del barrio El Manchén.

Las víctimas  fueron  introducidas en celdas e incomunicadas y Rafael Rivera Torres trasladado de regreso a su casa y obligado a permitir el cateo de la misma. En  el proceso de cateo se produjo ante la presencia de Enrique Flores Valeriano, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Norma Lanza de Flores (vecinos de los estudiantes) y Carlos Rivas García, diputado del Congreso Nacional.

Al terminar el registro, Rivera Torres regresó  al escuadrón policial a preguntar por los seis jóvenes, sin obtener información al respecto.

Las  seis víctimas fueron  interrogadas en las celdas del escuadrón policial sobre generalidades de sus vidas personales y cuestiones políticas y permanecieron hasta la noche del dia 27, con los ojos vendados, las manos amarradas y amordazadas.  Luego  fueron trasladados a una casa ubicada a 45 minutos de Tegucigalpa, en el sector de Amarateca, Francisco Morazán.

Las  seis  víctimas sobrevivieron a su cautiverio y coincidieron en declarar que sufrieron violencia física, verbal y psicológica por parte sus captores.

La casa donde estuvieron cautivos durante varias semanas los seis estudiantes universitarios, era propiedad del general Amílcar Zelaya.

La CIDH ventila el caso conocido como Seis Estudiantes

Una Junta Militar de gobierno (1978-1980) tomó el poder mediante golpe de Estado contra el General Juan Alberto Melgar Castro y gobernó desde el 8 de agosto de 1978 al 27 de enero de 1980.

Esa Junta Militar estuvo integrada por el General de Brigada: Policarpo Paz García,( jefe de la Junta Militar y comandante del Ejército de Honduras), el Coronel de aviación: Domingo Antonio Álvarez Cruz, (Comandante de la Fuerza Aérea Hondureña) y el  Teniente coronel de Infantería, Amílcar Zelaya Rodríguez, (Comandante de la Fuerza de Seguridad Pública FUSEP), hoy Policía Nacional de Honduras.

Posteriormente asume el mando de la nación, el General Policarpo Paz García, hasta que Honduras retornó a la institucionalidad en 1981.

Los casos de desapariciones forzadas se acentuaron durante el gobierno democrático de Roberto Suazo Córdova, que a juicio de analistas políticos, el poder real continuaba en manos de las Fuerzas Armadas de Honduras. (FFAA)

El 27 de abril de 2007, el Comité de de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en representación de Guillermo López Lone, Edwin Dagoberto López Lone, Milton Danilo Jiménez Puerto, Marlen Irasema Jiménez Puerto, Gilda María Rivera Sierra y Ana Suyapa Rivera Sierra,  contra el Estado de Honduras, por violaciones a  los artículos, 5,7, 8 y 25  de la Convención Americana de Derechos Humanos. La denuncia fue registrada bajo el número P.524-07.

El 13 de noviembre de 2013, la Comisión Interamericana  de derechos Humanos aprobó el  informe No.114/12 de admisibilidad. El 27 de noviembre de 2012  notificó a esta  representación   el examen y aprobación de la admisibilidad de  la Petición No. 524-07  y la  asignación  del número de Caso 12.891.

Las autoridades hondureñas sistemáticamente han denegado justicia  a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos por razones políticas. El caso “Seis Estudiantes”, es un caso emblemático de violaciones a  derechos humanos en el marco de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Gilda Rivera Sierra, es una mujer sobreviviente de la desaparición forzada temporal, la experiencia traumática que vivió, no fue capaz de apagar el ímpetu con que dedica su existencia en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Rivera Sierra es actualmente la directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y dialogó con http://www.defensoresenlinea.com para expresar sus reflexiones en torno al impacto que las desapariciones forzadas tienen en lo individual y colectivo de la sociedad.

Gilda Rivera Sierra reveló que lo primero que pasa por su mente al escuchar sobre desapariciones forzadas es  “terror, es lo inhumano, es la maldad encarnada en seres humanos, es parte de la triste historia de la humanidad que nos hace pensar y preguntarnos cómo es posible que seres humanos cometan estos actos tan bestiales y seguir viviendo como si nada…es historia de mi país, es mi propia historia…me causa mucho dolor, pero al mismo tiempo me renueva compromisos en una lucha en la que los seres humanos, hombres y mujeres, no sean torturados, violentados, desaparecidos por el hecho de pensar diferente”.

Consultada sobre el impacto que este crimen de lesa humanidad genera en las familias, la directora del CDM dijo que “tiene un fuerte impacto tanto en el presente como en el futuro de las sociedades, en las familias, las quiebra, las rompe, y las impacta permanentemente”.

“Es dolor, es sufrimiento, pero al mismo tiempo puede significar lucha, compromiso, significa también esperanzas de que ese ser humano desaparecido aportaba y estaba luchando por un mundo mejor, un mundo sin injusticias, sin opresiones y eso nos renueva las esperanzas y los compromiso”, sostuvo.

Rivera Sierra señaló que en las sociedades debe significar reflexión y compromiso por construir relaciones diferentes desde el respeto y la tolerancia, conceptualizando ésta como el reconocimiento de la otra y el otro, con sus propias necesidades, demandas e interpretaciones del mundo

“Las desapariciones forzadas en el momento actual son deplorables y es un claro ejemplo que la impunidad permite que estos hechos vuelvan a repetirse; ya que no hay ni ha habido compromisos reales con el castigo de los actos de desaparición forzada”, puntualizó la defensora de derechos humanos.

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Origen: La impunidad permite que las desapariciones forzadas vuelvan a repetirse

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Bámaca y Velásquez casos emblemáticos de desaparición forzada en Guatemala y Honduras

Organizaciones de derechos humanos de amplia trayectoria como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras 8COFADEH) han sido determinantes para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya condenado al Estado de Honduras por la participación de agentes del estado en la desaparición forzada de personas.

Sobre este trabajo y la similitud en la lucha contra la impunidad en Guatemala, habló con http://www.defensoresenlinea.com, el procurador de derechos humanos guatemalteco, Alejandro Rodríguez quien actualmente se desempeña como consultor de la organización internacional Impunity Watch

Sus primeras impresiones están relacionadas con el aniversario del COFADEH que se realizará el próximo el 30 de noviembre, y en la que se ha preparado un encuentro con familiares de las víctimas de la desaparición forzada y la instalación de un foro acompañado de un informe sobre el tema.

Al respecto Alejandro Rodríguez expresó que “yo tengo una gran admiración y un gran respeto por el trabajo realizado por el COFADEH, todos reconocemos su lucha contra la impunidad, especialmente en aquellos casos emblemáticos de desaparición forzada de los años ochenta; fueron los primeros que utilizaron el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y han logrado tener un reconocimiento a nivel continental”, expresó Rodríguez.

Ahora que están cumpliendo 33 años (el próximo 30 de noviembre) quisiera felicitarlos por esa lucha tan importante que ha sido ejemplar para toda América Latina.

Consultado sobre lo primero que se le viene a la mente cuando escucha sobre las desapariciones forzadas, el experto de Impunity Watch comentó que “lo primero que se  me viene es el caso Velásquez Rodríguez, que es como cuando uno tiene que hablar de desaparición forzada y tiene que hablar sobre políticas de estado; que es el caso emblemático.

El entrevistado se refiere al caso conocido como “Velásquez Rodríguez versus Honduras”, ventilado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1986 y  con sentencia emitida el 29 de julio de 1988.

Al introducir la demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”). La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención en perjuicio del señor Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez (también conocido como Manfredo Velásquez).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rioca dispuso que “se reparen las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y se otorgue a la parte o partes lesionadas una justa indemnización”.

La sentencia de la CIDH sentó un precedente el tema de las desapariciones forzadas ejecutadas por agentes del Estado, en este caso de Honduras y además generó jurisprudencia en el sistema jurídico internacional.

La desaparición forzada un instrumento del terrorismo de Estado

Rodríguez añadió “pero cuando uno habla de desaparición forzada, habla de terrorismo de estado y de un sistema que ha sido capaz de anular completamente todo el sistema judicial, para que la persona ni siquiera tenga la posibilidad de  tener el debido proceso y pueda ser sometida a torturas y ejecutada en la clandestinidad y nadie sepa que pasó”, detalló Rodríguez.

Rodríguez explicó que en Guatemala tenemos 40 mil desaparecidos, algunos de los casos han llegado a la CIDH igualmente, por  ejemplo el caso Bámaca donde se demostró la política institucional del ejército de Guatemala de tener personas que pertenecían a movimientos guerrilleros y que estaban clandestinamente detenidos en los cuarteles sometidos a tortura y finalmente reconvertidos ideológicamente para dar información o trabajar como colaboradores.

En este caso, sostuvo el experto, se menciona como responsable al ex presidente Otto Pérez Molina (destituido y encarcelado por corrupción) como el jefe de inteligencia militar que tenía bajo su mando el control de las personas guerrilleras que eran capturadas por el ejército, sometidas a tortura y finalmente ejecutadas.

“Todo eso a través de procesos que han sido utilizados en otros países como Argentina y Chile, o sea hubo toda una metodología de reconversión ideológica, o una tecnología punitiva que vino del cono del sur, y antes del cono sur de la CIA y antes de la CIA de los mismos nazis; todo esto tiene una raíz que la podemos remontar hasta las técnicas de la operación Noche y Niebla de los nazis que su objetivo es crear el terror, buscar la pasividad social, buscar la reconversión ideológica de la población y que nadie pueda oponerse a esto; por eso se llama Noche y Niebla; porque nadie sabe de dónde viene o hacia dónde va, y si existió, no existió”, comentó el entrevistado.

Rodríguez dijo que en su país Guatemala, hay 40 mil personas desaparecidas víctimas de la represión política, que fueron secuestradas por el estado y que comenzaron desde 1966; y ha sido uno de los crímenes más grandes que se han cometido en el país.

Alejandro Rodríguez es consultor de Impunity Watch para efectos de hacer un análisis jurídico sobre la posibilidad de replicar el modelo de la Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemala (CICIG) en otros países.

Impunity Watch es una organización sin fines de lucro con sede en Holanda, que busca promover la responsabilidad de las autoridades por las atrocidades llevadas a cabo en países que emergen de un pasado violento.

Impunity Watch dirige la investigación prolongada y periódica sobre las causas de la impunidad y los obstáculos para su reducción, que incluye las voces de comunidades afectadas; con el propósito de realizar recomendaciones sobre políticas públicas, basadas en sus investigaciones en un proceso planificado para fomentar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de la violencia.

Defensores en linea

Origen: Bámaca y Velásquez casos emblemáticos de desaparición forzada en Guatemala y Honduras

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Danlí continúa siendo un pueblo de “La Contra”

Antes de cerrar el aña académicos los estudiantes de Bachillerato de Instituto Departamental de Oriente, IDO, en Danlí, El Paraíso, desarrollaron el foro “Foro Guerra Fría y Violaciones a los Derechos Humanos”, donde escucharon la experiencia de la defensora de derechos humanos Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

El Paraíso es un departamento ubicado al oriente de Tegucigalpa, capital hondureña.  Además comparte fronteras territoriales con Nicaragua, por lo que también fue un punto estratégico en la década de los ochentas, para la instalación de un grupo militar, uno de los más sanguinario, como lo describe Bertha Oliva, y era conocido como “La Contra”, la contra guerrilla que daba persecución, tortura, asesinato y desaparición a los líderes sociales, señalados como “guerrilleros” por oponerse a la política de estado de los gobiernos que dejaban atrás los golpes de estado e iniciaba una supuesta era democrática, implementando la Doctrina de Seguridad Nacional, mandada por los Estados Unidos.

Los estudiantes a punto de graduarse de bachilleres, tienen en su plan de estudio asignaturas como historia contemporánea y economía, en las que contienen temas de “guerra fría” y neoliberalismo, lo que no puede ser visto como simple teoría, sino ir más allá de modo que incentive a los estudiantes a investigar más sobre lo sucedido que forma parte de la memoria histórica de la región y tener entre ellos a potenciales defensores de los derechos humanos en Honduras.

El profesor Mario Argeñal, es quien atiende esas clases, y manifiesta que “el Estado tiene su propia manera de hablar de la guerra fría, y lo hace de manera superficial abstracta, nosotros le apuntamos a las esencias, porque los pueblos que no conocen su esencia, vivirán siempre de apariencias y eso significa que no conocerán su auténtica realidad y no podrán moverse sobre ellas”.

Porque las violaciones a los derechos humanos se instala en la guerra fría, se profundizan en la doctrina se seguridad nacional y parece que lo quieren convertir en cultura en el marco del modelo neoliberal, y a eso precisamente y bajo esa expectativa es que surgen estos espacios de diálogo con los estudiantes, por eso invitamos a alguien que vivió las consecuencias de esta guerra fría y vive esta nueva guerra caliente que se ha instalado que es lucha de mercados, modelo neoliberal y lo demás, por lo que doña Bertha ha dejado claro la importancia de la historia.

Su mensaje es que debemos hacerle frente a la incertidumbre y es un medio que nos va a permitir transitar por esa certidumbre que necesitamos tener, porque el miedo se desafía con la verdad, pero cuando no conocemos la verdad, no podemos desafiar el miedo  y no podemos con la incertidumbre, manifestó Argeñal.

Danlí se convirtió en un “territorio Contra”, contra las libertades, contra el derecho de pensar, contra el derecho de disentir, así como era en la década de los 80s así sigue siendo en la actualidad, y que tenemos que romper algunos paradigmas y solo lo podemos hacer articulando procesos de defensores de DDHH, afirmó el profesor y líder social.

Siendo víctima de violaciones a derechos humanos, con el asesinato de su hermano Juan Carlos Argeñal Medina, el 7 de diciembre del 2013, le da motivos para entender la realidad, al igual que Bertha Oliva, víctima de la guerra fría con la desaparición de su esposo el profesor Tomás Nativí, en 1981, no se han dejado vencer por los que pretenden callarlos y acabar con su lucha en favor de la verdad.

“No nos pueden romper la sonrisa que da la esperanza de la juventud, ya que más de alguno será un defensor de los derechos humanos, un luchador de la educación pública, en la defensa de la salud de nuestro país y luchador por este pueblo”, finalizó Argeñal.

El estudiante Octavio Gamero, dijo que Danlí es una ciudad pequeña y tranquila, pero no hay oportunidades para la educación de los jóvenes, no todos tenemos acceso a ir al colegio y pocos a la universidad, por lo que saber de estos temas no está al alcance de todos, aunque algunas familias si cuentan las historias que vivieron en la década de la guerra fría, y más si vivían en lugares aledaños a la cementerios clandestinos, pero es básico fortalecerlo con conocimientos académicos para entender el contexto.

Para la alumna Reina Isabel Ávila, en las asignaturas de historia contemporánea y economía, hemos aprendido mucho pero con la explicación de parte de Bertha Oliva es enriquecer nuestros conocimientos, más cuando el respeto por los ddhh a los jóvenes es un desafío, ya que con implementación de neoliberalismo no hay respeto por la vida.

No queremos que nos priven de nuestras ideas, sino que permitan que surjan nuevos liderazgos, dar una nueva imagen por nuestro país, que no aumente el número de familias que sufren por las desapariciones forzadas de sus parientes, que nos dejen ser nosotros.

En la zona oriental, se han realizado procesos para recupera la Memoria Histórica, donde los participantes comparten sus experiencias personales o comunales de los hechos sucedidos en la década de 1970 y 1980, debido a la persecución política y social.

Este foro se realizó unos días antes del 33 aniversario de fundación del COFADEH, donde se hará público un informe sobre desapariciones forzadas, desde la década de los ochenta, y las que se han ejecutado después del golpe de Estado, algunos sucedidos en Danlí, especialmente jóvenes.

Mientas que en la “década perdida” o “guerra fría” en 1980, de 184 detenidos desaparecidos registrados oficialmente en Honduras, al menos cinco son de El Paraíso, y unos cinco cuerpos fueron encontrados en diferentes cementerios clandestinos, entre ellos el del presidente del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, SITRAPANI, Gustavo Morales, originario de Olanchito, Yoro, desaparecido en Tegucigalpa en 1984, y encontrado en El Maguelar, El Paraíso, una década después.

La región oriental del país que siempre ha vivido y sufrido en carne propia las consecuencias de las acciones políticas de los gobiernos, pasando por los ataques políticos desde las décadas de 1970, 1980 y más reciente el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, presentan múltiples violaciones a sus derechos correspondientes a la Vida, integridad personas, libertad de circulación, asociación, libre expresión y libertad de prensa, derecho al medio ambiente, a la tenencia de la tierra, entre otros.

“En los escuadrones de la muerte participaban hombres y mujeres entrenadas y armadas con permiso y licencia para matar”, Bertha Oliva.

“La diferencia entre los 80 y ahora, yo no la miro y eso es lo grave de la situación, antes ser maestro era algo de respeto, ahora no, si hay maestros que se atreven a hablar con la verdad, los estigmatizan, los hacen a un lado, por eso ustedes tienen que ser jóvenes líderes en sus comunidades, ser joven ahorita es un reto, un desafío, hay que valorar a los docentes y respetarlos siempre, expresó la defensora a los estudiantes que permanecieron atentos a la exposición.

Algunos hechos registrados en El Paraíso y que son parte de la situación de violación a los DDHH que se han registrado en el colectivo social:

1959 LA MASACRE ESTUDIANTIL  EN EL CHAPARRAL

Después del triunfo de la Revolución Cubana líderes estudiantiles e intelectuales como Carlos, Fonseca, entre otros jóvenes revolucionarios, viajan a Cuba a integrarse a los preparativos para la formación de una  columna guerrillera compuesta por nicaragüenses exiliados  para liberar a Nicaragua de la pobreza, analfabetismo, exclusión  y falta de libertad que el régimen de  Anastasio Somoza tenía sometido a nuestro pueblo.

Estando en la montaña a finales del  mes de Junio de 1959,  los estudiantes fueron atacados de manera sorpresiva por la actividad militar conjunta del Ejército de Nicaragua y el Ejército de Honduras en el lugar conocido como El Chaparral, espacio fronterizo entre ambos países, teniendo como resultados la muerte de los nicaragüenses: Antonio Barbosa, Aníbal Sánchez Arauz, Enrique Morales Palacios, Adán Suárez, Manuel Baldizón y otros, y los Cubanos Onelio Hernández y Marcelo Fernández. Los heridos de gravedad fueron: Carlos Fonseca Amador, herido de bala en el pulmón;  Chester Simpson, Harold Martínez, Guillermo Mejía Vélez y Guillermo Morán. Los miembros sobrevivientes se replegaron  hacia la profundidad de la montaña.

1983 DESAPARICIONES FORZADAS

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, registra la desaparición forzada en 1983, de José Alfredo Duarte, originario del municipio de Alauca, El Paraíso,  José Armando Moncada y Oswaldo Castro Ruiz monaguillo del padre James Francis “Guadalupe” Carney, cuando formaban parte de un grupo de campesinos que se encaminaban a Tegucigalpa para exigir su derecho a la tierra. Sin embargo el gobierno los catalogó como “la columna guerrillera”.

Ellos fueron secuestrados el 18 de septiembre de 1983 por un destacamento especial del Ejército, en Nueva Palestina, Olancho, en las riberas del río Patuca, bajo acusación de haber desertado de la columna guerrillera comandada por el médico José María Reyes Mata.

La Fuerza Ejército de Honduras lo presentó en una rueda de prensa en la comunidad de Nueva Palestina, haciéndolos aparecer como guerrilleros que pretendía desestabilizar el país.

Según información del COFADEH, fueron asesinados el 3 de octubre de aquel año por la citada unidad militar al mando del coronel Carlos Andino Benítez, después de haber sido presentados en público como guerrilleros arrepentidos, y despojados de varias prendas sagradas del padre Carney. Casi treinta años después, aún no se establece dónde quedaron sus cuerpos.

También se registra la desaparición forzada de José Amílcar Maradiaga, en el municipio de Jacaleapa. Él era un campesino y tenía 43 años cuando fue capturado  en una operación conjunta de fuerzas de la contra y el batallón 3-16.

1994-1995 EXHUMACIONES

En la zona oriental se han llevado a cabo varias exhumaciones, entre ellas una muy marcada en la memoria colectiva es en “Las Vueltas de Jacaleapa, a unos 6 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Danlí, se creía que allí podía estar el cuerpo de los cuatro jóvenes raptado en 1982 en la aduna de Guasaule entre Honduras y Nicaragua, ellos eran Francisco Samuel Pérez, Enrique López Hernández, Ediltrudis Montes y Julio Cesar Méndez.

El 6 de mayo de 1994 los peritos técnicos descubrieron los primeros indicios de restos óseos y para el 12 de mayo ya se habían exhumado seis esqueletos. Se determinó que todos ellos eran varones y mostraban señales de múltiples heridas de bala. También se encontraron balas y fragmentos de ropa y de cuerda en las cercanías. Sin embargo, tras examinar todas las pruebas disponibles, los peritos técnicos concluyeron que los restos no pertenecían a las personas antes mencionadas.

También se exhumó el cuerpo del sindicalista Gustavo Morales, quien al momento de su desaparición en 1984, se desempeñaba como Subdirector de la Lotería Nacional de Tegucigalpa y era miembro del SITRAPANI. Sus restos fueron exhumados el 26 de octubre de 1995 en la Aldea de San Martín, El Maguelar, Danlí, El Paraíso.

2009 Golpe de Estado

Durante el Golpe de Estado del 2009, en El Paraíso se recrudeció la ola de violaciones por parte de militares y policías, quienes se plantaron en la zona, que es fronteriza con Nicaragua,  mientras el depuesto presidente José Manuel Zelaya intentaba ingresar al país, en el mes de julio de ese año.

La población de todo el país que se fue para la zona y sus mismos habitantes, fueron víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos, debieron albergar a quienes por defender la constitucionalidad se movilización hasta allí, donde de vivía una situación ‘zona de guerra’ como los integrantes de la Red de Defensores de DDHH recuerdan, “nos imposibilitaba actuar libremente, sin embargo nos arriesgábamos y hacíamos lo que podíamos”, agregan.

2011 VUELVEN LAS DESAPARICIONES
El 7 de febrero de 2011, se reportó la desaparición forzada del Samuel Josué Pastrana Molina, en El Paraíso, joven Pastrana, a quien tipos encapuchados lo sacaron de un local donde departía con otras personas.

2012 desaparece Símbolo de la lucha de las Madres de desparecidos
Para el 30 de agosto del 2012, día nacional del Detenido Desaparecido, el COFADEH instaló un monumento en el lugar donde fue un cementerio clandestino en las vueltas de Jacaleapa, a unos 5 kilómetros antes de llegar a Danlí, a los nueve días, el símbolo que era la silueta de una mujer, con su pañuelo y un mundo en sus manos, fue tiroteado, días después se repitió el ataque, y a los 59 días de instalada fue cortada de pies y desparecida.

2013 ASESINATO DE COMUNICADOR SOCIAL
Juan Carlos Argeñal, asesinado el 7 de diciembre del 2013, un abanderado de la denuncia pública en favor de la sociedad, intolerante ante las injusticias, y por eso lo asesinaron en su propia casa y lugar de trabajo en Danlí, ha denunciado su familia. Hasta el momento el MP no ha dado resultados sobre la investigación de este caso, el cual será uno de los que la Red dará seguimiento.

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Origen: Danlí continúa siendo un pueblo de “La Contra”

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“No queremos otra burla más”, afirman familiares de los desaparecidos

El anuncio de la Fiscalía de Derechos Humanos del pasado 29 de agosto dirigido a que reabrirá las investigaciones sobre las desapariciones forzadas por razones políticas, ocurridas en la década de los años ochenta y principio de los noventa, ha causado mucha expectación entre los familiares de los desaparecidos y desaparecidas.

Para las familias que durante 32 años han buscado verdad y justicia respecto de sus seres queridos, desaparecidos por “escuadrones de la muerte” en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos en Centroamérica, abre una puerta de dolor y a la vez de esperanza.

Este es el sentir de las familias de las víctimas que se reunieron el pasado 2 de octubre en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para discutir y analizar esta situación y definir estrategias para que no sea, según los familiares, una burla más del estado.

José María Reyes Mata, médico hondureño, desapareció el 17 de septiembre de 1983 junto al sacerdote jesuita estadounidense James Francis Carney, conocido cariñosamente como  padre Guadalupe y otras 80 personas que integraban una columna guerrillera. Efectivos militares de Honduras les dieron captura en las espesas  montañas de Olancho y se presume que habrían sido ejecutados  en la base del Aguacate.

Melba Reyes, hermana del doctor José María Reyes Mata expresó que los periódicos de la nación publicaron el pasado 30 de agosto (curiosamente la fecha cuando se conmemora el Día Nacional del Detenido Desaparecido) , una noticia en la que establece que la Fiscalía de Derechos Humanos va a retomar el tema de las desapariciones forzadas de la década de los ochenta, entonces como siempre hemos estado aglutinados alrededor de COFADEH, porque nosotras somos COFADEH, entonces tuvimos esta reunión para definir qué acciones vamos a hacer de manera conjunta.

Reyes criticó que algunos familiares han acudido individualmente a la Fiscalía para indagar sobre el asunto pero que ahí no han recibido un trato adecuado y los familiares han revivido de esta forma su dolor, porque las personas que las han atendido les han dicho que ni siquiera están los expedientes de sus familiares, entonces eso es contradictorio a la noticia que están publicando.

COFADEH como interlocutor entre los familiares de los desaparecidos y el Estado

“Entonces tenemos que hacer un trabajo y acciones colectivas, acciones de grupo y acciones como comité, porque la preocupación es que esto no quede en una propaganda vacía, en un anuncio que nos haga albergar falsas esperanzas, falsas expectativas; o solo como una campaña mediática, eso es lo que no queremos, sino que sea una cosa seria, que se va a investigar y todos los familiares sabemos que ahí están los expedientes”.

“Además COFADEH ha sido un interlocutor durante muchos años y tiene también sus expedientes y ha contribuido con todos estos aparatos del estado para darles, la información, entonces sentimos que es como una burla que vayan familiares ahí, después de que ellos mismos (La Fiscalía) hacen el anuncio por los periódicos y los medios de comunicación y que les digan que no hay nada y que las personas que les atienden no sepan nada del asunto”, advirtió Reyes.

No queremos que se aprovechen de nuestro dolor, de nuestros sentimientos para hacer una campaña mediática, entonces estamos decidiendo qué acciones vamos a emprender de manera conjunta para evitar que esto sea una mentira más, una campaña mediática más, subrayó Melba Reyes.

Sobre la memoria histórica, lo que viene a la mente y que es válido recordar es que mi hermano José María Reyes Mata, el padre Guadalupe, René Bulnes Soleno, José Edwin Díaz Zelaya y tantos otros compañeros que entregaron sus vidas por una Honduras justa, una Honduras con igualdad para todos, una Honduras incluyente, una Honduras donde pudiéramos vivir en paz, con dignidad, sin pobreza extrema, sin violencia, todos esos ideales siguen vigentes hoy más que nunca, sostuvo Reyes.

Añadió que esta crisis que viene desde hace muchos años se ha profundizado y que estamos viviendo una etapa de nuevo terrible, de mucha represión, de militarización, de criminalización de las luchas sociales, donde más bien la pobreza se ha profundizado; donde no hay empleos, no hay oportunidades para la juventud y el estado sigue siendo un botín, entonces lo que tenemos es un montón de saqueadores y el estado ha dejado de cumplir mínimamente sus responsabilidades sociales con toda la población.

Jorge Maldonado Padilla, también formó parte de la columna guerrillera que fue exterminada por el ejército hondureño.

En torno a la reunión su hija Karla Maldonado dijo que el anuncio de la Fiscalía de retomar los casos de las desapariciones forzadas ha causado impacto en los corazones de los familiares, porque hay muchas madres que han partido, y las que están aquí son nuevas generaciones, ya no están las ancianas, pero no hemos dejado olvidados a nuestros desaparecidos ni nuestras luchas.

“Lo que no vamos a permitir es que nos traten de usar, para lograr fines que realmente que traten de cubrir con un dedo el sol, eso no lo vamos a permitir porque ya ha pasado tanto tiempo y todavía sigue la situación. Ellos (La Fiscalía) están perdiendo documentación y están pidiendo nuevamente declaraciones, están contratando a personal que no sabe nada del tema”, expuso Maldonado.

Karla Maldonado dijo que nuevamente se están volviendo a presentar casos de desapariciones forzadas, si observamos muchos jóvenes están desaparecidos, otros aparecen en costales, mi papá cuando desapreció estaba joven; y están volviendo esos tiempos y no podemos permitirlo, los que ya sufrimos eso no podemos darnos el lujo de que nuevas generaciones vayan a vivir nuevamente esta situación.

Maldonado enfatizó que el decreto de reparación para los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas de la década de los ochenta, aprobado durante la administración del ex presidente Manuel Zelaya y que quedó en suspenso después del golpe de Estado de 2009,  no solo contemplaba la reparación material por el daño causado, sino también incluía el juicio para los responsables de esos crímenes de lesa humanidad.

“Hubo unos puntos muy importantes en cuanto a reconocer a las personas cuyas manos que tienen sangre, que están bien involucrados y que ahorita están sirviendo de asesores en el gobierno, están sirviendo de asesores en instituciones, lo que significa que en vez de ayudar se va a volver a la misma situación, lo estamos viendo en las noticias cómo los derechos de las personas se están violentando, a los involucrados ya no les importa ni que las cámaras los filmen, ni les importa que existan testigos porque no se hizo nada antes, eso quiere decir que vayan a hacer juzgados ahora”, refirió Maldonado.

German Pérez Alemán fue secuestrado por seis hombres encapuchados, fuertemente armados, quienes lo introdujeron violentamente a un vehículo frente al monumento de Colón, en el Boulevard Comunidad Económica Europea. Antes de introducirlo al carro fue golpeado salvajemente y herido en la cabeza.

Los secuestradores fueron perseguidos y alcanzados por la patrulla # 12 de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte (SECOPT), al mando de los sargentos Juan Bautista Aguilar, Porfirio Martínez y el cabo Nicolás Aguilar Carrasco, quienes cesaron su carrera después que sus colegas se identificaron como agentes de Inteligencia Militar (G-2) al frente de una operación especial.

Pérez Alemán era el fiscal del Sindicato de Empleados Públicos de Mantenimiento de Carreteras, Aeropuertos y Terminales (SEPCAMAT).

Su hijo Gérman Pérez Gómez, apenas tenía 4 años de edad cuando su padre desapareció el 18 de agosto de 1982.

Pérez Gómez dijo que la única imagen que recuerda “es que él está en una hamaca, mi mamá le está sirviendo un plato de sopa y yo estoy sentado en una gradita, esa es la imagen más clara que tengo de mi papá”.

El seguimiento a casi todas partes que ejercieron desconocidos contra Gérman Pérez Alemán era una constante en la vida del sindicalista, y lo mismo ocurría con sus otros compañeros del movimiento social, comentó Gérman Pérez Gómez al recordar pasajes de la vida de su padre que le contó su mamá.

“Lo más seguro que en ese momento la idea era desarticular todo aquel pensamiento en contra de Washington, entonces así como lo sufrió mi padre esta persecución, lo sufrieron sus compañeros de sindicato”, sostuvo Pérez Alemán.

En 1982 desapareció Enrique López Hernández, nieto de la presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Liduvina Hernández.

Enrique López Hernández fue secuestrado el 14 de enero de 1982 en la aduana terrestre El Guasaule, cuando ingresaba al país procedente de Panamá en tránsito por Nicaragua, en compañía de Julio César Méndez, María Ediltrudiz Montes y Francisco Samuel Pérez.

Al momento de su captura por parte de escuadrones de muerte del gobierno opresor de aquel momento, Quique cómo era llamado por sus familiares, amigos y compañeros de colegio, tenía 23 años, tenía una compañera de hogar y un hijo (de seis meses), Lenin Enrique López.

Quique era militante del Sindicato de Trabajadores de Envases Industriales Sociedad Anónima (STEISA).

Abordado por http://www.defensoresenlinea.com, Lenín Enrique López Martínez, hijo de Enrique López Hernández dijo que la familia lo alejó de conocer la desgarradora verdad sobre la desaparición forzada de su progenitor.

Lo que yo conozco de mi padre es gracias a mi mamá, mi abuela y toda mi familia, y solo bondades, mi padre era un ser extraordinario, creo que todos, tíos, primos, hermanos de mi padre, solo han hablado grandes cosas; era un tipo soñador, una persona luchadora y sin prejuicios.

“Su liderazgo era algo innato, sus compañeros en la universidad, sus compañeros en el colegio hasta hoy en día lo recuerdan, casualmente hace un mes nos visitó una persona del exterior que conoció a mi padre en un equipo de futbol y quedó impactado con él, tanto así que s último recuerdo antes de irse fue que él lo fue a despedir y eso dice mucho de una persona”, relató Lenín Enrique.

Lenín Enrique que hoy tiene 37 años señaló que su familia ha podido sobrellevar el dolor gracias al apoyo del COFADEH y que lo que esperan los familiares de los desaparecidos es que el estado les diga dónde están, “y algo importante es que cesen las desapariciones y que no se repitan porque hay destrucción familiar, pero sobre todo lo que queremos es que se esclarezcan los hechos, nos digan dónde están, que nos digan quiénes fueron los que lo hicieron, que se castigue a las personas culpables y sobre todo que no se repita, no más impunidad”.

Tomás Nativí Gálvez fue forzado a actuar en la clandestinidad igual que miles de hondureños amantes de su patria. Es pública en Honduras la militancia de Nativí en la dirección de la Unión Revolucionaria del Pueblo (URP), que ha combatido por la vía armada la ocupación extranjera y las estructuras terroristas y corruptas del país.

Por asumir ese reto en la vía que demandaba el momento, fue una noche trágica, la noche del 11 de junio de 1981, cuando hombres encapuchados y fuertemente armados lo secuestraron violentamente junto a Fidel Martínez.

Que esto no quede en una propaganda vacía sostienen los familiares de los desaparecidos

Bertha Oliva de Nativí, su esposa en estado de embarazo, estaba junto a ellos al momento del secuestro. La sometieron por la fuerza; la maniataron y le vendaron los ojos.

Mélida Nativí, hermana de Tomás señaló que la reunión sostenida con los familiares de los detenidos desaparecidos “siento que ha sido un reencuentro con amigas y compañeras que también tienen a familiares desaparecidos”.

“He sentido que la reunión ha sido bastante provechosa, una para conocer las opiniones de las participantes y  la otra para compartir las experiencias de las madres, hermanas, esposas que tienen desaparecidos, especialmente en esta década; porque lastimosamente se siguen perdiendo vidas humanas que quizás serían un talento para esta sociedad, especialmente en esta situación que estamos viviendo, que es una situación de desigualdad, de inequidad donde no hay justicia y la verdad la quieren tomar como a ellos les interesa, desinformando a la población”, resaltó Nativí.

Nativí añadió que lo que pretenden es desarticular a organizaciones importantes que lo que buscan es justicia y  verdad, como es el caso del COFADEH que ha sido denigrado por este gobierno, pero todas estamos conscientes qué es, lo que busca este gobierno, en donde lo que ha reflejado es corrupción e impunidad.

“Tomás era un hermano que siempre me anduvo orientando para que fuera una buena lectora, siempre me regalaba un libro, cuando me miraba viendo una novela en la televisión me decía que eso no me iba a sacar ningún provecho; me regalaba colecciones de libros, recuerdo que él me regaló “Los Miserables” de Víctor Hugo, eso también yo hice con mis hijos”, relató Mélida Nativí.

La práctica de desaparecer personas por razones políticas, se inicia en Honduras en el año de 1979, pero se practica con mayor intensidad a partir del año de 1981.

Las Desapariciones Forzadas en Honduras han sido una práctica ejecutada y tolerada por las autoridades del Estado. La Desaparición de más de 200 personas es la prueba irrefutable de lo que la desaparición forzada fue una política de Estado durante los años ochenta.

La creación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) constituye una acción concreta de la ineficiencia del Estado para garantizar el derecho de las víctimas a la vida y al debido proceso entre otros derechos violados.

En las próximas semanas el estado de Honduras presentará un Informe al Comité de Trabajo sobre Desaparición Forzada y esperamos no solo sea para cumplir con un requisito, sino que contemple la reapertura en las investigaciones de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos derivadas en desapariciones forzadas, ejecutadas por agentes del Estado en la década de los años ochenta y principios de los noventa.

El Estado hondureño no ha tenido voluntad política para enjuiciar a los responsables de estas desapariciones.

El Gobierno hondureño no puede presentar un informe sobre nuevas desapariciones, si antes no se han investigado las desapariciones del pasado, porque lo que ha existido es una complicidad del estado con los ejecutores de las desapariciones forzadas.

El Estado está en deuda con las investigaciones sobre las desapariciones forzadas. De hecho no llevó a cabo las recomendaciones planteadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza en 1993, en su informe “Los hechos hablan por sí mismo”, informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980- 1993.

Tampoco se continuó con las primeras investigaciones practicadas por la primera fiscal de DDHH Sonia Marlina Dubón, ni Aida Romero.

Es importante resaltar que en la administración de Sonia Marlina Dubón se presentaron requerimientos fiscales y se realizaron exhumaciones, igualmente durante la gestión de Aida Romero. En este periodo los familiares de los desaparecidos se sintieron representados y tomados en cuenta, no olvidados como ahora.

No queremos creer que el Estado, al igual como lo hizo con la Ley de Protección de defensores de DDHH ante el EPU de Naciones Unidas, haga lo mismo con el Comité de Trabajo de desaparición Forzada, al no incluir investigaciones del pasado, dijo la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3757:no-queremos-otra-burla-mas-afirman-familiares-de-los-desaparecidos&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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