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Declaración de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar en la situación en Honduras

Escrito por Redacción | Noviembre 5 del 2015

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-

Luego de realizar un exhaustivo análisis fáctico y jurídico de la información disponible, he determinado que, en este momento, no se han cumplido los requisitos legales previstos por el Estatuto de Roma para solicitar la autorización de los Jueces de la Corte Penal Internacional (“CPI” o la “Corte”) para abrir una investigación en la situación en Honduras.
La Fiscalía inició un examen preliminar sobre la situación en Honduras el 18 de noviembre de 2010 a fin de evaluar si existe fundamento razonable para abrir una investigación con respecto a los crímenes presuntamente cometidos después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Como parte de este análisis legal, la Fiscalía ha evaluado cuidadosamente si los crímenes alegados podrían constituir crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma de la CPI.
Sobre la base de la información disponible, violaciones a los derechos humanos fueron cometidas el día 28 de junio de 2009 y con posterioridad a esta fecha, y que estas fueron directamente imputables a las autoridades del régimen que tomó el poder durante el golpe. Sin embargo, en aplicación del estándar de fundamento razonable establecido por el Estatuto de Roma, en noviembre de 2013 llegué a la conclusión de que las violaciones perpetradas entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero 2010 no constituyen crímenes de lesa humanidad bajo la definición del Estatuto, y por ende no constituyen crímenes sobre los cuales la CPI tiene la facultad para investigar.
No obstante, a la luz de alegaciones posteriores sobre crímenes cometidos después del 27 de enero de 2010 y en la región del Bajo Aguán, la Fiscalía continuó su examen preliminar a fin de determinar si esas nuevas alegaciones podrían afectar mi conclusión anterior o si podrían independientemente constituir crímenes de lesa humanidad.
Después de sopesar cuidadosamente la información disponible con relación a los requisitos legales del Estatuto de Roma, he llegado a la conclusión de que no existe fundamento razonable para que la Fiscalía proceda con una investigación. Por lo tanto, he decidido cerrar el examen preliminar sobre la situación en Honduras. La Fiscalía ha publicado un informe detallado que presenta y explica nuestras conclusiones.
Quiero ser clara en el siguiente punto. De ninguna manera esta decisión minimiza los crímenes cometidos en Honduras o el impacto que tuvieron para las víctimas. No obstante, es preciso recalcar que la definición de crímenes de lesa humanidad prevista en el Estatuto de Roma impone estrictos requisitos legales que distinguen esta categoría de crímenes de aquellos originados en un contexto de violencia general, crónica y estructural.
La Fiscalía basó su análisis de la situación en Honduras en información pública y otras fuentes de información fidedignas, las cuales hemos sujeto a nuestra estricta práctica de análisis independiente, imparcial y exhaustivo. En caso de nuevos hechos o nuevas informaciones que pudiera llevar a la Fiscalía a reconsiderar sus conclusiones estuvieran disponibles en un futuro, no dudaré en reabrir el examen preliminar sobre la situación en Honduras.
Contexto
Honduras ratificó el Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002. Por consiguiente, la CPI tiene competencia sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Honduras o por sus nacionales a partir de 1 de septiembre de 2002.
El 18 de noviembre de 2010, el entonces Fiscal Luis Moreno-Ocampo anunció que la Fiscalía llevaría a cabo un examen preliminar en la situación en Honduras tras recibir información sobre crímenes presuntamente cometidos después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
El día del golpe, el ex Presidente de Honduras, Sr. José Manuel Zelaya Rosales fue aprehendido por miembros de las fuerzas armadas y trasladado a Costa Rica por la fuerza. El gobierno de facto implementó una serie de medidas restrictivas de la libertad de circulación, de reunión y de expresión, y conformó una “sala de crisis” a fin de coordinar operaciones policiales y militares para implementarlas.
Las manifestaciones contra el golpe de Estado organizadas en todo el país por miles de partidarios de José Manuel Zelaya encontraron resistencia y respuestas violentas por parte de las fuerzas de seguridad estatales, dando lugar a violaciones a los derechos humanos en gran escala. Los intentos del depuesto presidente Zelaya de regresar a Honduras y su refugio temporal en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desencadenaron nuevas manifestaciones, las cuales fueron severamente y, en algunos casos, violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad.
En los años posteriores al golpe de 2009, la violencia en Honduras continuó en aumento, debido en parte a la inestabilidad política generada por el golpe, pero también como resultado de la expansión de las organizaciones criminales y de narcotráfico, la proliferación de armas, y la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad ciudadana. En la región del Bajo Aguán, la violencia vinculada a disputas por la tierra de larga data entre pobladores locales y corporaciones privadas se ha exacerbado aún más debido a la mayor presencia de organizaciones criminales transnacionales, ladrones y saqueadores de plantaciones de palma africana, y las rivalidades entre grupos campesinos. En este contexto, la falta de suficientes investigaciones y enjuiciamientos por las autoridades nacionales ha agravado el ciclo de criminalidad e impunidad en Honduras.
La Fiscalía de la CPI lleva a cabo exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Fiscalía ha abierto investigaciones en: Uganda; República Democrática del Congo; Darfur, Sudán; República Centroafricana; Kenia; Libia; Côte d’Ivoire y Mali. La Oficina también está llevando a cabo exámenes preliminares en las situaciones en Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Irak/Reino Unido, Nigeria, Ucrania y Palestina.
Decisión de la Fiscalía de cerrar el examen preliminar de la situación en Honduras: Honduras – Informe con arreglo al artículo 5 del Estatuto.
Para mayor información sobre los principios, factores y procedimientos prescritos en el Estatuto de Roma que la Fiscalía aplica durante la realización de sus actividades de examen preliminar, véase el Documento de política general sobre exámenes preliminares de la Fiscalía.

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Decisión de la CPI no libra al estado de Honduras de la obligación de investigar crímenes de lesa humanidad

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Tegucigalpa.

La directora del Centro por la justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Mesoamérica y el Caribe, Marcia Aguiluz dijo que ve con preocupación  la decisión adoptada por la Fiscalía de la Corte Penal (CPI) de no continuar con el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos posterior al golpe de Estado de 2009 en Honduras.

“Lo vemos con preocupación en el sentido de que fue un objetivo demostrar en el foro de la CPI, que se habían cometido en Honduras crímenes de lesa humanidad y por supuesto que la decisión causa preocupación y sorpresa”, sostuvo Aguiluz.

Pero más allá de eso, es importante aclarar que esa decisión no implica que los hechos que ocurrieron en Honduras, se tengan que quedar en la impunidad, esa decisión no implica que no se cometieron violaciones a los derechos humanos.

“Más allá de la decisión de la fiscal de la CPI (Fatou Bensouda) es muy importante resaltar “que para ellos (CPI) es claro que sí hubo graves violaciones a los derechos humanos y que el estado está obligado a investigar”, expresó la procuradora de derechos humanos.

“Si bien es cierto, por supuesto nos causa tristeza y preocupación el cierre de la investigación de la CPI, que en todo caso entiendo yo, podría eventualmente reabrirse, pero el tema es que existen otros foros internacionales en los cuales se podría declarar la responsabilidad del estado hondureño”, comentó Aguiluz.

Más bien esta decisión debe ser una oportunidad para el estado para investigar las violaciones a los derechos humanos, para identificar a los responsables y sancionarlos, porque no está diciendo la CPI que no pasó nada, sí está diciendo que ocurrieron graves violaciones a derechos humanos y que la Corte Penal no tiene competencia, pero que sí el Estado está obligado a investigar, explicó la entrevistada a http://www.defensoresenlinea.com.

Marcia Aguiluz, directora del Centro por la justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Mesoamérica y el Caribe

La semana pasada en un hotel capitalino, dos representantes de la Corte Penal internacional (CPI) convocaron a una reunión para informar sobre la decisión adoptada y para ello invitaron a todos los representantes de las organizaciones de derechos humanos; sin embargo ninguno de los defensores y defensoras se presentaron al salón, este espacio permaneció vacío durante dos horas, al término del cual,  los representantes del organismo internacional, abandonaron el lugar.

En ese mismo hotel y en otro salón,  las organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su malestar ante los medios de comunicación por la resolución de la CPI emitida el 28 de octubre respecto a Honduras.

Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los crímenes sin acceso a la justicia

En un comunicado se expresó que “la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, lamentan profundamente el anuncio realizado hoy (28 de octubre de 2015) por la Corte Penal Internacional (CPI) de no continuar  el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras posteriormente al golpe de estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán”.

“Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a la justicia y a la reparación. Dado que las autoridades no han mostrado ninguna intención de investigar estos crímenes a nivel nacional, las organizaciones piden la creación urgente de un mecanismo eficaz e independiente, respaldados por la ONU, como lo sería la Comisión Internacional contra la Impunidad  en Honduras (CICIH).

“Crímenes de persecución política, asesinatos, desapariciones forzadas, crímenes sexuales, de  género, y de desplazamiento forzado fueron cometidos de  forma sistemática como consecuencia  del golpe de estado de 2009. El golpe destruyó el estado de derecho en Honduras. Destrozó por completo la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y de seguridad,” declararon las organizaciones.

“Identificar y juzgar a los responsables de graves crímenes no sólo es necesario para las víctimas y sus familiares, sino también es imprescindible para la población hondureña entera, para restaurar la confianza perdida en el compromiso de su gobierno de servir y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas,” señaló el comunicado.

El trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) creada a través del Estatuto de Roma y con sede en la Haya, Holanda no es muy conocido en América, se conoce que el organismo internacional abrió expedientes para investigación en Colombia, México y Honduras, comentó Marcia Aguiluz.

Volviendo al caso de Honduras, Aguiluz señaló que al interior de las organizaciones de derechos humanos “evidentemente existe mucha frustración, porque hay organizaciones que han estado trabajando mucho este tema de la Corte Penal Internacional (CPI) y más allá del trabajo que han hecho, sobre todo porque la situación lo amerita, porque hay preocupaciones respecto de lo que ha pasado en el Bajo Aguán. Hay mucha frustración por lo que pasó en el golpe de Estado, de las miles de personas detenidas y que hasta el momento no hay una sola persona que haya sido sancionada”.

En relación al abordaje que la prensa tradicional hondureña hizo del asunto, Aguiluz expresó que “fue lamentable el abordaje que se ha dado, porque si bien la Fiscalía señaló que no tendría la competencia , sí estableció claramente que habían ocurrido violaciones de derechos humanos, entonces yo no veo el motivo para celebrar, me parece que el estado está obligado a investigar, a identificar y a sancionar a estas personas que cometieron las violaciones de derechos humanos y entonces creo que ha sido una mala interpretación, por supuesto con absoluta conciencia de ello, para  celebrar algo, del cual no hay nada que celebrar”.

El 28 de octubre pasado la Fiscalía de la CPI  anunció que no continuará  su examen preliminar sobre Honduras ya que la situación no cae bajo  su competencia. La CPI  solo tiene competencia sobre el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Fiscal concluyó que, con base en la información disponible en  su oficina, los criterios legales correspondientes a estos crímenes no se habían cumplido.

Origen: Decisión de la CPI no libra al estado de Honduras de la obligación de investigar crímenes de lesa humanidad

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Análisis del Examen Preliminar de Honduras

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Tegucigalpa.

Organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y representantes de la Corte Penal Internacional, CPI,  realizaron un foro público para dar a conocer el análisis del examen preliminar que presento el Estado de Honduras.

Los convocantes fueron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH.

Con el objetivo de explorar el alcance del sistema instaurado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, realizando un análisis del mandato y jurisdicción de la CPI y su relación con los tribunales nacionales mediante el principio de complementariedad.

Otro de los fines es examinar el estado actual del Examen Preliminar de Honduras ante la Fiscalía de la CPI y los resultados incluidos en el más reciente Informe sobre Exámenes Preliminares publicado en diciembre de 2013.

La competencia material de la CPI son los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crimen de agresión y acto de agresión.

En América Latina solo a dos países se les ha hecho el Examen Preliminar, Colombia y Honduras, en este último porque el golpe de Estado tenía elementos de investigación.

la CPI realizo tres actividades; la explicación de su visita al país en relación al Examen Preliminar a organizaciones de la Sociedad Civil, diputadas y diputados del Partido Libertad y Refundación, LIBRE y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.

La segunda tarea fue elaborar una estrategia ante el Examen con COFADEH y CIPRODEH como organizaciones afiliadas a la FIDH y el Foro ¨El papel de la CPI en el fortalecimiento de la jurisdicción nacional en la lucha contra la impunidad de graves crímenes¨.

Las expositoras fueron Michelle Reyes Coordinadora regional para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional y Jimena Reyes Directora de la oficina de las Américas de la FIDH.

Durante una conferencia de prensa, las organizaciones declararon que es responsabilidad del Estado hondureño juzgar a los responsables de los delitos, al mismo tiempo denuncian que las investigaciones de los crímenes cometidos en el marco del golpe de Estado del 28 de Junio del 2009 y los cometidos posteriormente, han sido cerrados o están en completa impunidad.

Resaltaron la presencia de tres representantes de la Fiscalía de la CPI en el país en el marco del examen preliminar, por la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad, esto evidencia que internacionalmente el proceso sigue abierto.

Recordaron que en el informe que este ente internacional de justicia confirma la comisión de asesinatos, detenciones y privación de libertad, torturas, violencia sexual y deportación posterior al golpe del 2009.

También la persecución política dirigida a la oposición a través del uso de toques de queda, cierre de medios de comunicación, ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas, líderes opositores, detenciones masivas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad, los que son responsables de graves violaciones de derechos humanos y son atribuibles directamente al régimen de facto.

Todo esto contrario a lo proclamado por la Cancillería Hondureña que enviaron a la designada presidencial María Antonieta de Bogran y la representante de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos Ana Pineda, para desmentir los informes de algunas organizaciones de Derechos Humanos que presentaron testimonios documentados de muchos casos de crímenes de lesa humanidad en el marco del golpe de Estado. Las que fueron acusadas por el gobierno continuador del golpe de Estado de Porfirio Lobo Sosa de mentirosas.

En el IV Congreso de Derechos Humanos Pineda expreso que ¨el único día en su vida en que no pudo dormir toda la noche, fue cuando iban a presentar el informe para el examen preliminar¨.

El tratamiento de los medios de comunicación hondureños respecto al informe presentado por el Estado de Honduras fue que el veredicto de la CPI era que ¨en Honduras no se cometieron delitos de lesa humanidad y que era definitivo¨.

Pero en su valoración la CPI manifestó que existe una base razonable para creer que los crímenes fueron cometidos como parte de un ataque sistemático contra determinada población civil de conformidad con al artículo 7 del Estatuto de Roma. Según la fiscalía,  existen argumentos que apoyan y contradicen los hallazgos relativos a crímenes de lesa humanidad contenidos en dicho artículo y por tal razón el caso de Honduras es calificado como en el «límite» de la evaluación preliminar.

Las organizaciones denuncian la campaña de desinformación acerca de la situación del país, organizada por actores claves del golpe de Estado.

Invocan a las autoridades hondureñas y legislativas que permitan a las autoridades judiciales ejercer su jurisdicción para investigar y perseguir crímenes internacionales, hacen un llamado a la continua interacción e intercambio de información entre la Fiscalía de la CPI y la Sociedad Civil hondureña respecto al Examen Preliminar, salvaguardando la confidencialidad de la información cuando sea necesario.

Finalmente las organizaciones de derechos humanos reiteran su compromiso de continuar con el respaldo a los familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3064:analisis-del-examen-preliminar-de-honduras&catid=71:def&Itemid=166

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Honduras: Continúa abierto el examen preliminar de la Fiscalía de la CPI

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó el pasado 22 de noviembre de 2013 el Informe sobre las actividades de los Exámenes Preliminares de 2013, en el cual confirma que continúa con el examen preliminar respecto de la comisión de crímenes que podrían ser de su competencia en Honduras.
En su informe, la Fiscalía de la CPI confirma la comisión, tras el golpe de Estado de 2009, de asesinatos, detenciones y privación de libertad, tortura, violencia sexual y deportación.  Asimismo, señala que el régimen de facto desarrolló una política dirigida contra sus oponentes a través del uso selectivo de toques de queda, cierre de medios, ataques contra activistas de derechos humanos, periodistas, líderes de oposición, detenciones masivas y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad durante demostraciones y en los retenes de seguridad. Según la Fiscalía estos hechos son atribuibles directamente al régimen de facto.
La FIDH y sus organizaciones miembros en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, reiteraron que es competencia primaria de la justicia hondureña juzgar a los responsables de estos delitos.  No obstante, en el informe, Elecciones en Honduras: militarización y grave atentado contra el poder judicial, publicado el 21 de noviembre 2013 se incluyó un cuadro que muestra que las investigaciones sobre crímenes cometidos durante el golpe han sido cerradas o se encuentran paralizadas.
Desmienten a la Cancillería hondureña
En un comunicado, la Cancillería indicó que la Fiscalía de la CPI “después de un análisis cuidadoso de los hechos, ha concluido que no existe una base razonable para creer que los actos atribuidos a las autoridades hondureñas en ese corto período de tiempo, constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Si bien la Fiscalía de la CPI con la información disponible a día de hoy no pudo demostrar el carácter generalizado de las conductas, o que éstas se cometieron según un patrón organizado o regular a la luz del Estatuto de Roma – tratado que gobierna el que hacer de la Corte -, en el párrafo 84 de su Informe, contrariamente a lo proclamado por la Cancillería Hondureña, señala que “la oficina de la CPI continuará su examen preliminar de la situación [en Honduras] a la luz de las denuncias más recientes de conductas cometidas después de las elecciones presidenciales de 2010, para determinar si existe una base razonable para creer que se han perpetrado o se están perpetrando crímenes de lesa humanidad”.
La CPI estableció por lo tanto que el examen preliminar de Honduras sigue abierto y que continúa con el análisis de las denuncias interpuestas sobre presuntos crímenes cometidos tras las elecciones presidenciales de 2010. De su lado, Karim Lahidji, presidente de la FIDH comentó que “es inexacto decir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su examen preliminar sobre Honduras. Al contrario, éste sigue abierto respecto de los asesinatos y otros crímenes cometidos tras las elecciones de 2010 y la nueva información recabada podría también cambiar la calificación legal reflejada en este informe sobre los hechos cometidos durante y tras el Golpe de Estado.”
La FIDH, COFADEH y CIPRODEH recordaron que en su reciente informe, denunciaron los asesinatos de 39 oponentes políticos en Honduras en los últimos meses. Este informe fue remitido a la Fiscalía de la CPI tras su publicación.  De igual manera, se constató en la observación del proceso electoral y las elecciones del 24 de noviembre la persistencia de la violencia política, que podría configurarse en un crimen de persecución política de competencia de la CPI.
En lo que respecta a la denuncia de violación masiva de los derechos humanos supuestamente originados en los hechos del 28 de junio de 2009, la Fiscalía admite que hubo restricciones a las libertades de movimiento, expresión y asociación, añade el informe. También hubo “un gran número de detenciones breves”, pero esas restricciones, “aún si fueran combinadas con el número reducido de actos más graves, no se puede argumentar que hayan constituido un ataque masivo dirigido contra los opositores al régimen de ese momento”, subraya.
Desde el pasado mes de noviembre de 2010 se encuentra abierto el examen preliminar para Honduras y en los primeros días del mes de octubre del presente año visitaron el país, en representación de la Oficina del Fiscal General de la Corte Penal Internacional, el Magistrado Baltasar Garzón y la abogada Eugenia Valenzuela, con lo cual se abre una posibilidad de encontrar justicia, que debe ser impulsada por todos los que en el mundo luchamos por una verdadera democracia.

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