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Declaración colectiva de la sociedad civil: El Banco Mundial forzado a admitir los errores sobre un escándalo de derechos humanos

Comunicado de Prensa | 23-01-2014

El Banco mundial ha sido forzado a retractarse de una inversión controversial en la Corporación Dinant, que es una compañía de aceite de palma implicada en serios abusos de los derechos humanos en Honduras.

Civiles denuncian conflictos armados de tierra y violencia en Bajo Aguán, Honduras.

De acuerdo con las investigaciones de la oficina del CAO (por sus siglas en inglés Compliance Advisor Ombudsman), mecanismo de reclamo relacionado con los proyectos liderados por la IFC (en inglés International Finance Corporation), existen indicios altamente críticos de las inversiones de este organismo de préstamo del Banco Mundial en la Corporación Dinant en Honduras. Estos hallazgos implican extensas violaciones de derechos humanos y conflictos armados que incluyen la muerte, el secuestro y el desalojo forzado de los campesinos y campesinas en la región de Bajo Aguán.

A pesar que las investigaciones del CAO señalaron un sinnúmero de falencias que culpan a la IFC de no adherirse a sus propias políticas o proteger a las comunidades locales, esta última emitió una respuesta insatisfactoria en cuanto a una de las inversiones más alarmantes en la historia de este organismo. Esto desató una serie de reacciones de inconformidad que incluyeron un comunicado por parte de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, una amplia cobertura de prensa negativa y críticas por parte de la junta directiva del Banco Mundial.

En respuesta, la IFC se vió forzada a admitir sus errores y prometer una ‘redefinición’ de su plan de acción y ‘reflexionar’ en los problemas internos que generaron las fallas que la investigación arrojó. Sin embargo, un comunicado posterior de prensa de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) declaró que la nueva respuesta de la IFC aun presenta limitaciones a la hora de asegurar que sean respetados los derechos humanos de las comunidades en el futuro.

Mayor información

Lea respuesta inicial de la IFC a las investigaciones del CAO

Lea la declaración colectiva de la sociedad civil del 23 de enero de 2014: El Banco Mundial forzado a admitir los errores de un escándalo de derechos humanos (disponible en inglés)

Lea más sobre el caso Bajo Aguán

140123 Respuesta inicial de la IFC

126 KFuente: http://www.fian.org/es/news/article/detail/declaracion_colectiva_de_la_sociedad_civil_el_banco_mundial_forzado_a_admitir_los_errores_sobre_un-1/

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La CAO reporta oficialmente al COPINH que el BM/IFC/CAMIF ha dejado de considerar financiamiento al PH Agua Zarca/DESA

21 Ene 2014

por COPINH

Martes, 21 de Enero de 2014 17:24

 

La CAO (Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman) para la Corporación Financiera Internacional del BM, reporta en el Informe de Evaluación que en el pasado mes de diciembre la IFC/CAMIF HAN DEJADO DE CONSIDERAR ACTIVAMENTE EL FINANCIAMIENTO AL PH AGUA ZARCA/DESA (subproyecto #26590)

 

8 de enero de 2014

Berta Cáceres

Federación Lenca COPINH

 

Tomas Gómez

Federación Lenca COPINH

 

Re: Informe de Evaluación de la CAO acerca del Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centroamérica (CAMIF) (Proyecto número 26590 de la IFC) en Honduras

Estimados Reclamantes:

Se encuentra adjuntado el Informe de Evaluación de la CAO acerca del Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centroamérica (CAMIF) (Proyecto número 26590 de la IFC) en Honduras.

Como se explica en el Informe y como hablamos con la Sra. Berta por teléfono, después de recibir la información que CAMIF ya no estaba considerando activamente una inversión en el sub-proyecto hondureño, la CAO está cerrando el caso en fase de evaluación porque ya no cae bajo el mandato de la CAO.

Se está enviando el Informe de Evaluación al Patrocinador, la IFC, el Presidente y la Mesa Directiva del Banco Mundial, y será publicado en el sitio de internet de la CAO.

Sería un placer para mis empleados y yo hablar con ustedes sobre los detalles del informe, si tengan preguntas.

Sinceramente,

 

Meg Taylor

Vice-Presidente

Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman

 


 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CAO

Acerca de las preocupaciones de comunidades relacionadas con el proyecto del IFC CAMIF (#26590)

 

Enero 2014

Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO) para Corporación Financiera Internacional Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones www.caoombudsman.org

Acerca de CAO

La Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO) es el mecanismo de recurso independiente para la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones, las cuales se ocupan del sector privado en el Grupo del Banco Mundial. La CAO reporta directamente al Presidente del Grupo del Banco Mundial y sus funciones son recibir y atender reclamos por parte de personas que puedan verse afectadas por proyectos de la IFC o de MIGA de una forma justa, objetiva y constructiva; y mejorar los resultados sociales y ambientales de dichos proyectos.

Para más información, visite www.cao-ombudsman.org

 

CONTENIDO

LISTA DE ABREVIATURAS …………………………………………………………………………………..3

1. DESCRIPCIÓN …………………………………………………………………………………………………5

 

2. HISTORIA ……………………………………………………………………………………………………5

2.1. El Proyecto………………………………………………………………………………………………..5

2.2. El Reclamo…………………………………………………………………………………………………5

 

3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ………………………………………………………………………..5

 

LISTA DE ABREVIATURAS

CAMIF Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centroamérica
CAO Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman
COPINH Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
DESA Desarrollos Energéticos S.A.
IFC Corporación Financiera Internacional
MIGA Organismo Multilateral de Garantías deInversiones

1. DESCRIPCIÓN

En octubre de 2013, la CAO recibió un reclamo de comunidades indígenas de la localidad que creen verse afectadas por un sub-proyecto del Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centroamérica (CAMIF) en Honduras. El enfoque principal del reclamo es las cuestiones relacionadas a la tierra y los pueblos indígenas. En el momento en que la CAO determinó que el reclamo cumplía con los tres criterios de elegibilidad el sub-proyecto en cuestión estaba siendo considerado activamente por CAMIF, y por lo tanto se inició una evaluación del reclamo. Después de recibir información de la IFC y CAMIF dando a conocer que el proyecto había dejado de ser considerado activamente, la CAO está concluyendo su participación en el caso dado que ya no cae dentro del mandato de la CAO.

2. HISTORIA

2.1 El Proyecto

El Fondo Mezzanine de Infraestructura para Centroamérica (CAMIF) es un fondo que invierte en empresas/proyectos de tamaño mediano, nuevas o existentes, en infraestructura y sectores afines en Centroamérica, la República Dominicana, México y Colombia. El Fondo es administrado por EMP Latin American Management LLC, el cual forma parte de la red de EMP Global, un gestor de fondos de capital privado independiente con sede en Washington, DC. El primer tamaño objetivo del fondo fue de $150 millones, y en septiembre de 2009, la IFC realizó una inversión inicial de $40 millones. A la fecha de este informe, la IFC también está considerando una inversión de $30 millones en un fondo de seguimiento con CAMIF, el cual se conoce como CAMIF II (#32338). Los proyectos fueron clasificados FI y FI1, respectivamente.

Como parte de su cartera, CAMIF había aprobado y estaba considerando activamente una inversión en el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Honduras. Agua Zarca es de propiedad de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A (DESA). El proyecto hidroeléctrico está ubicado entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá.

2.2 El Reclamo

En octubre de 2013, un movimiento indígena hondureño conocido como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) presentó un reclamo ante la CAO en relación con el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Honduras. Los denunciantes alegaron que las tierras ancestrales de la comunidad lenca fueron indebidamente incautadas para abrir paso para la construcción del proyecto hidroeléctrico. Adicionalmente alegaron que la falta de consulta con las comunidades indígenas significaba que la concesión fue otorgada de manera ilegal. Los reclamantes creen que sus tierras, recursos hídricos, medios de sustento y su cultura están en peligro, y no han sido debidamente considerados. Sostienen, además, que al expresar su oposición al proyecto, el área ha sido militarizada y las comunidades lencas y sus dirigentes han sido violentamente perseguidos, criminalizados y reprimidos – a menudo con la participación de las fuerzas de seguridad.

3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

El propósito de la evaluación llevada a cabo por la CAO es aclarar los temas y las preocupaciones de los reclamantes, recolectar información sobre cómo otros actores ven la situación, y determinar si los reclamantes y el operador del proyecto quisieran seguir un proceso de resolución de conflicto bajo los auspicios de la CAO, o si el reclamo debería ser examinado por CAO cumplimiento (ver Anexo A referente al proceso de manejo de reclamos

de la CAO). Durante la evaluación la CAO no recolecta información para emitir un juicio sobre los méritos del reclamo.

La evaluación del reclamo por parte de CAO consistió en:

• Revisar la documentación del proyecto;

• Tener reuniones telefónicas con el reclamante principal;

• Tener reuniones telefónicas con el equipo del IFC.

En base a las discusiones mantenidas y la información recibida de la IFC y su cliente durante la evaluación, la CAO obtuvo conocimiento que a partir de diciembre de 2013, CAMIF había dejado de considerar activamente una inversión en el proyecto de Agua Zarca dentro del marco del proyecto CAMIF I o CAMIF II. Este cambio en el estado del sub– proyecto significa que la IFC ya no tiene una participación activa, y la CAO no tiene el mandato para evaluar o manejar el caso más a fondo. La CAO no encuentra ningún otro vínculo entre el proyecto de DESA y la IFC. Por lo tanto, el caso se está cerrando en la fase de evaluación.

Anexo A. Proceso de Manejo de Reclamos de la CAO

La Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO) es el mecanismo de recurso independiente para la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones, las cuales se ocupan del sector privado para el Grupo del Banco Mundial. La CAO reporta directamente al presidente del Grupo del Banco Mundial y sus funciones son recibir y atender reclamos por parte de personas que puedan verse afectadas por proyectos de la IFC o la MIGA de una forma justa, objetiva y constructiva; y mejorar los resultados sociales y ambientales de dichos proyectos.

La evaluación inicial es hecha por la función de Resolución de Conflicto de la CAO. El propósito de tal evaluación es: (1) aclarar los asuntos y preocupaciones de los reclamantes; (2) conseguir información sobre cómo otros actores ven la situación; y (3) ayudar a los actores a entender las opciones que tienen a su disposición para determinar si quisieran una solución colaborativa con la función de resolución de conflicto de la CAO, o si el caso debiera ser revisado por la función de cumplimiento de la CAO.

Este documento es un registro preliminar de los puntos de vista escuchados por el equipo de la CAO, explicaciones y pasos a seguir dependiendo de si las partes escogen un proceso de resolución de conflicto o si prefieren un proceso de cumplimiento de la CAO. Este informe no hace ningún juicio de valor sobre el mérito del reclamo.

Concerniente a las Directrices Operacionales1de la CAO, los siguientes pasos son los que normalmente se toman en dar respuesta a un reclamo recibido:

Paso 1: Acuso de recibo del reclamo

Paso 2: Elegibilidad: Se determina si el reclamo cumple con los requisitos para ser evaluado por CAO (máximo 15 días útiles)

Paso 3: Evaluación CAO: “Evaluación del caso y apoyo a los actores para entender y determinar si quisieran llegar a una solución consensual a través de un proceso de colaboración auspiciado por la función de resolución de conflicto de la CAO, o si el caso debiera ser manejado por la función de cumplimiento de la CAO para revisar la debida diligencia ambiental y social de IFC y MIGA. El tiempo de evaluación puede llegar a 120 días laborables”.

Paso 4: Facilitando acuerdos: Si las partes eligen llevar un proceso de colaboración, se inicia la función de resolución de conflicto de la CAO. Ésta normalmente se basa en o inicia con un Memorándum de Entendimiento y/o reglas de diálogo establecidas de mutuo acuerdo entre las partes. Éstas pueden incluir el facilitar/mediar, encontrar hechos conjuntamente, u otros métodos de resolución acordados que lleven a un acuerdo u otra meta mutuamente acordada y apropiada. El objetivo principal de este tipo de métodos de resolución de problemas es enfrentar los asuntos que surjan del reclamo y cualquier otro asunto significativo en relación al reclamo que fuera identificado durante la evaluación o el proceso de resolución de conflicto, de una forma aceptable para las partes afectadas2.

 


1 Para más detalles sobre el rol y trabajo de la CAO, por favor dirigirse al texto completo de las Directrices

Operacionales: http://www.caoombudsman.org/documents/CAOOperationalGuidelines_2013.pdf

2Si los actores no son capaces de resolver sus preocupaciones en un proceso de colaboración dentro del tiempo acordado, CAO Resolución de Conflicto intentará primero ayudar a los actores a superar cualquier impase(s). De

no ser esto posible, el equipo de Resolución de Conflicto informará a los actores, incluyendo el personal del IFC/MIGA, al Presidente y el Directorio del Grupo del Banco Mundial, y al público en general, que CAO Resolución de Conflicto ha cerrado el reclamo y se lo ha transferido a la CAO Cumplimiento para evaluación.

Evaluación de Cumplimiento/Investigación: Si las partes optan por un proceso de cumplimiento, la función de cumplimiento de la CAO iniciará una evaluación de la debida diligencia ambiental y social que IFC/MIGA hayan realizado en el proyecto en cuestión para determinar si se amerita una investigación de cumplimiento en relación al proyecto. El tiempo de evaluación puede llegar a ser de 45 días laborables. Si se amerita una investigación, la CAO cumplimiento conducirá una investigación en profundidad de la actuación de IFC/MIGA. Se hará público un informe de investigación con cualquier no-cumplimiento identificado, junto con la respuesta de IFC/MIGA. Paso 5: Monitoreo y seguimiento Paso 6: Conclusión/Cierre del caso

Fuente: http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/78817-la-cao-reporta-oficialmente-al-copinh-que-el-bm/ifc/camif-ha-dejado-de-considerar-financiamiento-al-ph-agua-zarca/desa.html

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Honduras: Banco Mundial, paramilitarismo y palma africana.

Publicado en enero 13, 2014 de

Una vez mas el Banco Mundial muestra un sumo desprecio por el respeto a los derechos humanos, ante la perfidia del financiamiento a la Corporación DINANT, propiedad del empresario Miguel Facusse, conocido en Honduras como el Palmero de la Muerte. DINANT obtuvo un empréstito de 30 millones de dólares en el año 2009, destinado a la ampliación de sus plantaciones de palma africana, en una de la zonas mas conflictivas del país, el cual se encuentra sumido en una espiral de violencia, hasta el punto de ser considerado el más peligroso del mundo.

La reciente respuesta del CFI (International Finance Corporación, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial (BM), al CAO (Compliance Advisor Ombudsman, por sus siglas en inglés) demuestra como las instituciones que conforman el Banco Mundial, hacen caso omiso a las recomendaciones tanto del CAO como del Panel de inspección del BM, mecanismos internos de evaluación proveídos a las comunidades afectadas por los proyectos del BM.

CFI en un nota enviada al CAO, aduce no estar de acuerdo con la información vertida por el CAO en su informe. Este señala como “entre enero de 2010 y mayo de 2013 hubo por lo menos 102 asesinatos de personas afiliadas al movimiento campesino en el Bajo Aguán, y denuncias específicas que vinculaban 40 de estas muertes a fincas de Dinant, a sus guardias de seguridad o a su empresa contratista de servicios de seguridad”.

Es inaudito como el CFI en el  momento de conceder el empréstito ignoró el descalabro en materia agraria en el país, donde hay mas de 300 mil familias campesinas sin tierras, con dos millones de ellos viviendo en una total indigencia. La concentración de tierras de vocación agrícola en manos de unas cuantas familias acaudaladas, es una de las mayores problemática en  Honduras, país donde hasta la fecha se conserva intacta una estructura feudal que ha servido de caldo de cultivo a las enormes  desigualdades sociales existentes.

La palma africana ha  reforzado la concentración de la tenencia de la tierra, especialmente después de la contrarreforma agraria promovida a partir de 1992, cuando se emitió la Ley de Modernización Agrícola; momento en que Miguel Facussé se apoderó de grandes extensiones de tierras en el Bajo Aguan. El modelo instaurado a partir de esa fecha apostó por las grandes plantaciones de palma africana, induciendo la venta de las cooperativas campesinas existentes, dando lugar a nuevos frentes de colonización agrícola, los que desbastaron las zonas de amortiguamiento y núcleo de la Biosfera del río Plátano.

Contrainsurgencia, paramilitarismo  y cacería de brujas en el Bajo Aguan.

Para octubre del año 2009, expertos de Naciones Unidas señalaron la presencia de paramilitares colombianos en el Bajo Aguan, mientras la convulsión causada por el golpe de estado suscitado meses antes, sacudía el tejido social del país. Facussé ha sido señalado frecuentemente como integrante del grupo de empresarios promotores de la defenestración de la incipiente democracia hondureña.

El golpe polarizó a Honduras, convirtiéndose el Bajo Aguan en una de las zonas mas violentas en el país, situación que condujo a un operativo militar permanente en la zona, denominado Operación Xatruch, sin que hasta el momento haya contenido la criminalidad, a pesar de haberse aprobado un supuesto desarme general en el Departamento de Colón  no se ha frenado los asesinatos de los campesinos.

El tinte político de la represión y cacería de brujas en el Aguan, a manos de los militares hondureños, ha sido señalado con vehemencia tanto por las organizaciones campesinas como por los organismos de derechos humanos. El Coronel Germán Alfaro, a mando de la operación Xatruch, denunció a la activista estadounidense Annie Bird, como una instigadora de la destabilización política en la zona. Casualmente la Sra. Bird, coodirectora de Derechos en Acción, fue la que introdujo la petición al CAO en referencia a la empresas DINANT.

EL CFI y su Plan de inacción en referencia al informe del CAO. 

La respuesta del CFI al CAO incluye cinco puntos en relación a la “seguridad”, según los cuales DINANT conducirá una masiva revisión en la materia, ademas de colaborar con las autoridades locales, para las investigaciones sobre actos abusivos e ilegales.

Sin embargo, teniendo en cuenta la parcialidad existente en Honduras en materia de justicia, el descarado paramilitarismo establecido en el país, ademas de la satanización en los medios de comunicación en relación al movimiento campesino del Bajo Aguan (departamento de Colón); es de esperar que Facusse continúe con su estrategia de terror.

Según el informe del CAO en noviembre de 2012, continuaban las conversaciones entre el CFI y DINANT para supuestamente gestionar los riesgos políticos, sociales y de derechos humanos. Casualmente en octubre de ese mismo año, guardias de Facusse en su finca de Farallones, asesinaron a tres campesinos que ingresaron en la custodiada “Reserva Natural” en donde se localiza una controversial pista de aterrizaje. Farallones pertenece a la comunidad Garífuna de Limón y desde el año de 1994, el palmero de la muerte se apropió de forma fraudulenta del estratégico paraje.

La OFRANEH recurrió en el 2006 al Panel de inspección del BM, en relación a la Ley de Propiedad impuesta en Honduras por ese organismo internacional. Nuestra experiencia en relación a la petición interpuesta y  sus resultados es desalentadora. La gerencia del BM desdeño las recomendaciones del Panel de Inspección y hasta la fecha el Capítulo III de la Ley de Propiedad continua vigente, generando la paulatina aniquilación de los títulos comunitarios concedidos a los pueblos indígenas en Honduras.

Dado en la Comunidad Garifuna de Sambo Creek, 13 de Enero del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/01/13/honduras-banco-mundial-paramilitarismo-y-palma-africana/

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World Bank’s ethics under scrutiny after Honduras loan investigation

Posted by

Monday 13 January 2014 16.07 GMT

Private lending arm lent millions to palm oil company accused of links to assassinations and forced evictions, audit reveals
Members of the Peasant Unified Movement of Bajo Aguán, Honduras

Members of the Peasant Unified Movement of Bajo Aguán, in Tegucigalpa, carry mock coffins bearing pictures of people murdered in land clashes. Photograph: AFP/Getty

The verdict could not have been clearer: the World Bank‘s private lending arm failed to comply with its own ethical standards when it lent millions of dollars to a Honduran palm oil company accused of links to assassinations and forced evictions.

This was the damning verdict by the World Bank’s Office of the Compliance Adviser/ Ombudsman (CAO) on Friday. It had investigated whether a $30m (£18.2m) loan by the International Finance Corporation (IFC) to Corporation Dinant, an agribusiness owned by one of Honduras‘s richest and most powerful men Miguel Facussé, was made after proper environmental and social due diligence.

The investigation was triggered by local NGOs accusing Dinant of direct and indirect involvement in a campaign of terror against campesinos, or peasant farmers, in the fertile Bajo Aguán valley in the north. Dinant claimed any violence was either unconnected to the company or legitimate self-defence.

The audit, one of the most critical issued by the Bank’s internal watchdog, was unequivocal. The IFC failed to spot the serious social, political and human rights context in which Dinant operates, or if it did, failed to act effectively on the information; and failed to disclose vital project information, consult with local communities, or to identify the project as a high-risk investment.

The CAO also said staff were incentivised “to overlook, fail to articulate, or even conceal potential environmental, social and conflict risk”. They warned that such incentives could lead to, as indicated by the loan to Dinant, the IFC taking “uninformed risks with serious consequences for people, the environment and/or the Bank Group’s reputation”. The CAO refers to allegations that 102 campesino leaders have been murdered since 2010 in Bajo Aguán, 40 of which were linked to Dinant properties or security guards. This is vigorously denied by Dinant.

Strong stuff from the CAO, but the IFC’s written response, also published on Friday, was predictably weak.

In the first paragraph the IFC rejects some of the CAO findings, though fails to specify which ones or provide evidence to support its rebuff. The IFC states that at the time it approved the loan to Dinant in 2008 the project risks were manageable and there was no evidence of land claims. But this is not correct. The Bajo Aguán land disputes date back two decades to another World Bank-funded land modernisation programme, when campesinos claimed thousands of acres used for subsistence farming were transferred fraudulently and coercively to Facussé and other palm oil industrialists.

The IFC goes on to say that it could not have foreseen the coup d’état in June 2009 that toppled president Manuel Zelaya, days after he ordered an investigation into the land conflicts, nor the social unrest, arms and drugs trafficking, and violence that have since plagued the region.

But the IFC gave Dinant its first instalment of $15m in November 2009, when there was already evidence of worsening security problems relating to the land disputes in Bajo Aguán.

Add to that the US diplomatic cable published by WikiLeaks, which suggests Facussé backed the 2009 coup, which he denies. What’s more in 2011, by which time Honduras was officially the most murderous country in the world, the Bajo Aguán had been militarised by US-trained troops, and allegations of human rights abuses perpetrated by Dinant security guards in conjunction with state security forces were piling up – the IFC approved a $70 loan to one of Dinant’s biggest creditors, Banco Financiera Comercial Hondureña.

This loan, which gave the IFC a 10% stake in the bank, is subject to another CAO investigation, due to report before the end of June. The IFC’s pattern of investing in financial intermediaries over the past decade is criticised by some observers as a way of circumventing its own safeguard policies.

Dinant, whose lucrative African palm plantations dominate the Bajo Aguán, issued a statement rejecting some of the CAO findings. The company, which pointed to multiple killings of its security guards since 2010, said it would continue working with the IFC to comply with its performance standards. The problem is, according to the CAO audit, in practice these standards are not very high.

Many civil society organisations believe continued support from the World Bank is grossly negligent and endorses violence with impunity. The IFC generally prefers to effect change from within, and says it will steer Dinant to collaborate with the authorities if credible allegations emerge against its security forces.

But across Honduras state authorities are implicated in countless human rights abuses, especially in the Bajo Aguán, where operations are reportedly conducted jointly between state and private security forces. Impunity is the norm; the justice system is broken.

The CAO has pledged to keep the case open until it is satisfied the IFC is compliant with its own ethical standards. The only lever it has for exacting change is through reporting its findings to the World Bank president, board and public. The president, Jim Yong Kim, has pledged that the Bank will learn from past mistakes. Half of the IFC loan, $15m, is yet to be paid to Dinant. Now is the time for Kim to put his money where his mouth is.

Fuente: http://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2014/jan/13/world-bank-ethics-scrutiny-honduras-loan-investigation

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BM corregirá cuestionado proyecto en Honduras

Domingo 12 de enero de 2014

09:02 pm  – AFP 

Un órgano de vigilancia interna del Banco Mundial criticó a la IFC por una “inadecuada” supervisión del proyecto.

Según el Banco Mundial se ha hecho una "inadecuada" supervisión del proyecto en Honduras.

Según el Banco Mundial se ha hecho una “inadecuada” supervisión del proyecto en Honduras. (Redacción)

Washington,

Estados Unidos

La Corporación Financiera Internacional (IFC), rama del Banco Mundial consagrada al sector privado, afirmó este sábado que está tomando medidas para superar problemas en un proyecto de explotación de aceite de palma en Honduras a cargo de una empresa acusada de violaciones a los derechos humanos.

Luego de que una auditoría interna de la institución multilateral revelara el viernes que la IFC financió un proyecto de la compañía estadounidense Dinant, acusada de asesinatos y expulsiones de campesinos, el organismo señaló que revisará lo actuado y puede llegar a anular el contrato con la firma.

Según el informe de la auditoría, la IFC aprobó en diciembre de 2008 una línea de crédito por 30 millones de dólares a Dinant para extender su producción de aceite de palma en el valle de Aguán (norte de Honduras).

La IFC “subestimó los riesgos relacionados a la seguridad y el conflicto de tierras asociados a la inversión en Dinant”, indicó la Compliance Advisor Ombudsman (CAO, uno de los órganos de vigilancia interna del Banco).

La CAO, que reporta directamente al presidente del Banco Mundial, criticó a la IFC por una “inadecuada” supervisión del proyecto.

La región de Aguán, al norte de Honduras, vive desde hace más de cinco años un sangriento conflicto entre campesinos y terratenientes por posesión de tierras.

Unos 102 agricultores habrían sido asesinados en esa región entre 2010 y 2013, de los cuales unos 40 estarían vinculados directamente a terrenos propiedad de Dinant, según organizaciones no gubernamentales citadas en el informe de 59 páginas de la auditoría.

Unos nueve agentes de seguridad de la empresa también habrían sido asesinados por personas vinculadas al movimiento campesino, según esas mismas organizaciones.

Para la CAO, este caso “siembra dudas sobre la robustez de las estructuras de toma de decisiones” en la IFC para inversiones en zonas de alto riesgo.

“Estuvimos trabajando con el cliente en la elaboración de un plan de acción para la corrección” de esta situación, dijo un vocero del IFC.

“Si el cliente no cumple con sus obligaciones nos reservamos el derecho de adoptar todas las medidas adecuadas, incluyendo la anulación del contrato”, agregó.

En su respuesta publicada por la CAO, la IFC había afirmado que los riesgos vinculados a este proyecto parecían “limitados y manejables” cuando la inversión fue aprobada en diciembre de 2008.

La agitación comenzó tras el golpe que derrocó al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, indicó.

A pesar del empeoramiento de la seguridad en la zona a raíz del caos político, la IFC desembolsó meses después 15 millones de dólares acordados en el préstamo.

Aunque expresó su desacuerdo con “algunas” conclusiones de la auditoría, la IFC señaló que extraerá enseñanzas para manejar los riesgos ambientales y sociales de zonas complicadas.

“Dinant está en proceso de adoptar nuevos protocolos de seguridad que definen y clarifican el uso apropiado de la fuerza”, contratando a una empresa de seguridad que adhirió a principios de respeto a los derechos humanos, “algo inédito en Honduras”, dijo el vocero de la IFC.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/BM-corregira-cuestionado-proyecto-en-Honduras

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Banco Mundial financia una empresa implicada en abusos de derechos humanos en Honduras

Escrito por Redacción en Vie, 01/10/2014 – 17:39

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Una investigación interna reveló que el Banco Mundial ha invertido en una empresa de palma africana y alimentos implicada en graves violaciones de los derechos en Honduras. La investigación es uno de las más críticas jamás emitidas por la Oficina del Asesor en Cumplimiento / Ombudsman (CAO por sus siglas en inglés), organismo de control interno del Banco, y concluye que brazo del sector privado del Banco, la Corporación Financiera Internacional (CFI):
•        No cumplió con sus propias políticas destinadas a proteger a las comunidades locales;
•        O no fue capaz de detectar el contexto serio de los derechos humanos sociales y políticos en el cual esta empresa ha estado – y está – operando, o cuando lo hizo no actuó de manera efectiva en reacción a la información;
•        No reveló información vital del proyecto, no consultó con las comunidades locales, y no identificó el proyecto como una inversión de alto riesgo.
La CAO encontró que estas deficiencia resultaron, en parte, de incentivos para el personal “a subestimar, no manifestar o, incluso, ocultar posibles riesgos ambientales, sociales y relacionados con conflictos”, que el personal se sentía presionado para “prestar dinero, con escasa consideración de las inquietudes ambientales y sociales” y que “funcionarios del área ambiental y social que ´hacen olas´ se ven desfavorecidos en las decisiones sobre ascensos y aumentos salariales.”
La investigación se centra en un préstamo de US $ 30 millones para la empresa de aceite de palma y alimentos – Corporación Dinant – por la CFI. La expansión de las plantaciones de aceite de palma en el Valle del Aguán está vinculada con múltiples abusos, entre ellos el asesinato, el secuestro y el desalojo forzoso de los campesinos. La CAO cita acusaciones de “por lo menos 102 asesinatos de personas afiliadas al movimiento campesino en el Bajo Aguán, y denuncias específicas que vinculaban 40 de estas muertes a fincas de Dinant, a sus guardias de seguridad o a su empresa contratista de servicios de seguridad”. Ninguno de estos casos ha sido enjuiciado con una sentencia condenatoria para los perpetradores. La CAO también señala la posición de Dinant, que “la violencia denunciada no tiene vinculación directa con Dinant, o bien consistió en actos de legítima defensa.”
Organizaciones de la sociedad civil hondureña y a nivel global – incluyendo del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (Honduras), Movimiento Madre Tierra (Honduras), Rights Action, SOMO (Netherlands), Urgewald (Germany), Bank Information Centre, Oxfam, Global Witness, y el Centre for International Environmental Law – ahora le piden al presidente del Banco Mundial, Jim Kim, a tomar medidas inmediatas para suspender la financiación a Dinant, exigirle a Dinant para que evite toda acción de violencia dirigida a los campesinos de la zona y para encontrar una solución pacífica y sostenible al conflicto agrario.
Juan Almendarez, Director de Madre Tierra en Honduras y miembro de la Plataforma Agraria dijo, dijo: “Condenamos las políticas del Banco Mundial que apoyan las violaciones los Derechos Humanos de las familias y cooperativas campesinas en el Bajo Aguán, por lo que consideramos injusta y anti humana la respuesta del Banco Mundial al resultado de la Auditoria de la CAO.”
Según Knud Voecking de la ONG alemana NGO Urgewald: “Las inversiones del Banco Mundial deberían mejorar la vida de las comunidades locales, o por lo menos no ponerla en peligro. Este informe revela que en el caso de Dinant el Banco Mundial fracasó en ambos frentes. El Banco Mundial debe detener todos los desembolsos pendientes a Dinant hasta que se tome acción decisiva para garantizar la justicia par a las víctimas de los asesinatos y desalojos forzosos y para evitar nuevos abusos”.
En su respuesta a la investigación de la CAO, la CFI rechazó algunos de los resultados, sin especificar cuáles o proporcionar evidencias para apoyar este rechazo. También señaló el apoyo dado a Dinant desde el año 2010 para mejorar sus políticas y prácticas y produjo un corto plan de acción.
Yoni Rivas, Secretario General del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y miembro de la Plataforma Agraria dijo: “Repudiamos  que la respuesta de la Administración del Banco Mundial a la auditoría de parte de la CAO, no haya tomado en cuenta las violaciones a los  Derechos Humanos en contra de los campesinos y las campesinas en el Bajo Aguan, víctimas directas de Corporación Dinant.”
Rivas agregó: “Lamentamos que el presidente del Banco Mundial,  Jim Kim, pese a las muestras de preocupación de los sectores,  no haya tomado en cuenta las exigencias de las organizaciones campesinas afectadas por Corporación Dinant, al momento de emitir la declaración y el plan de acción como respuesta a las conclusiones del CAO.”
Kris Genovese, investigador senior de SOMO, dijo: “Si bien la voluntad del presidente Kim para responder a las conclusiones de la CAO es bienvenida, el contenido del Plan de Acción es totalmente inadecuado y podría describirse más bien como un ´plan de inacción´. La CAO señala que durante los cinco años desde la aprobación del préstamo de la CFI, Dinant se ha negado a alinear sus políticas y prácticas en  cumplimiento con los estándares sociales y ambientales de la CFI, por lo que un plan de acción que promete más de lo mismo por parte de la CFI no tiene muchas esperanzas. El Plan de Acción no ofrece garantías de que ayudará a detener la violencia en el Valle del Aguán, responder ante las preocupaciones de las comunidades afectadas, ni que la CFI retendrá el desembolso pendiente de 15 millones de dólares”.
En su respuesta, la CFI dice que ha brindado y seguirá brindando apoyo a las guardias de seguridad de Dinant y a su empresa contratista de servicios de seguridad. Esta estrategia es sumamente riesgosa tomando en cuenta que la visita a Honduras en el 2013 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios señaló serias deficiencias en la supervisión y control de las empresas privadas de seguridad y que las violaciones a ley cometidas por estas empresas “no conlleven ninguna consecuencia legal, como la revocación de licencias o la aplicación de sanciones.”
Peter Chowla, Coordinador del Proyecto Bretton Woods en el Reino Unido, dijo: “El informe de la CAO demuestra que las políticas y procedimientos de la CFI tienen deficiencias graves considerando los ´conflictos de interés e incentivos contradictorios´ para el personal de la CFI. Por ejemplo, que el especialista ambiental principal trabajando en el proyecto fue reemplazado después de proponer un enfoque basado en el cumplimiento estricto de las normas de la CFI dice mucho acerca de una cultura interna de la CFI poner más énfasis en hacer dinero que en abordar los daños ambientales y sociales. Esto es inaceptable para una institución pública”.

Jocelyn Medallo, Abogado Senior del Centro de Derecho Ambiental Internacional, dijo: “Consideramos esto como una prueba del compromiso del Presidente Kim para aprender de los errores del pasado. El caso Dinant trágicamente pone de relieve la necesidad de revisar el enfoque del Grupo del Banco Mundial para la gestión de riesgos relacionados con los derechos humanos.”

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-conflicto-agrario-y-minero/banco-mundial-financia-una

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World Bank Is Criticized for Honduran Loan

By ELISABETH MALKINJAN. 10, 2014

MEXICO CITY — The World Bank ombudsman issued a stinging critique Friday of the bank’s private-sector arm over a loan to a Honduran palm-oil company engaged in a violent conflict with farm workers over land tenure.

The study concluded that the International Finance Corporation, which lends to companies in developing countries, failed to follow its own requirements when it first approved the 2009 loan to Corporación Dinant, and that its supervision afterward was inadequate.

The lush Bajo Aguán Valley, where a land dispute boiled over after a 2009 coup, and where Dinant is the largest single landowner, is a microcosm of many of the problems facing Honduras, one of the poorest and most violent countries in the hemisphere. The vast gap between rich and poor drives continuing social conflict, and because the rule of law is so weak, impunity flourishes.

Since 2009, almost 100 people had been killed in Bajo Aguán, the country’s human rights commissioner, Ramón Custodio, said in June. Most of them were farm workers, although some Dinant security guards were also among the dead. The killings occurred in a climate of violence “practiced by all parties and tolerated by different authorities,” according to the commissioner’s office.

Antonio Trejo, the lawyer for one of the main groups of workers, was killed in 2012. His brother was killed the following year after complaining that the slaying had not been investigated.

“We practically have a war of psychological operations against peasants,” said Juan Almendarez, director of Friends of the Earth Honduras, one of the groups that requested the audit.

In a statement Friday, Dinant said it would defend its reputation against “unfounded comments” in the report, and pointed to a series of actions it was taking to improve its social and environmental standards, with the International Finance Corporation as a “strategic partner.”

The corporation had agreed to lend the company $30 million to expand its oil-palm plantations and snack-food business. It disbursed $15 million in 2009; the rest has yet to be paid out.

In its response to the audit, the corporation defended its approval of the project, noting “there was no evidence of land claims in the legal system or otherwise,” even though the audit found a series of public references to the conflicts in Bajo Aguán.

As turmoil spread in the region, the corporation “chose to remain engaged and work with Dinant” to improve its policies “particularly in security and community engagement,” according to a letter signed by Oscar Chemerinski and Morgan Landy, directors of two departments in the corporation with responsibility for the project.

Dinant agreed to hand over almost 10,000 acres to the Honduran government in 2012 as part of a plan to redistribute land to farm workers. But putting the plan into practice has been difficult, said Yoni Rivas Baire, a leader of the farm workers, because of disputes over the land’s value.

The nongovernmental groups that requested the audit said the World Bank’s president should withhold further financing to Dinant and press it more on human rights and land issues.

Fuente: http://www.nytimes.com/2014/01/11/world/americas/world-bank-is-criticized-for-honduran-loan.html?_r=1

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World Bank funding a company implicated in human rights abuses in Honduras

Published: 10 January 2014

An internal investigation has revealed that the World Bank has invested in a palm oil and food company implicated in serious rights abuses in Honduras. The investigation is one of the most damning ever issued by the Bank’s internal watchdog, the Office of the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO), and concludes that the Bank’s private-sector lending arm, the International Finance Corporation (IFC):

  • Failed to adhere to its own policies meant to protect local communities;
  • Either failed to spot the serious social, political and human rights context in which this company is operating or where it did, failed to act effectively on the information;
  • Failed to disclose vital project information, consult with local communities, or to identify the project as a high-risk investment.

The CAO found that these failures arose, in part, from staff incentives “to overlook, fail to articulate, or even conceal potential environmental, social and conflict risk” and that staff felt pressured to “get money out the door” and discouraged from “making waves.”

Human rights violations

The investigation centers on a $30 million loan to palm oil and food company Corporación Dinant by the IFC. The expansion of palm oil plantations in the Aguán Valley has long been associated with extensive abuses, including the killing, kidnapping and forced eviction of farmers. The CAO cites allegations that 102 members of peasant associations in the Aguán Valley have been murdered in the last four years, 40 of these associated with Dinant property or its security guards.

The CAO has however noted Dinant’s position that the killings of peasants reported in the Aguán are either unconnected to Dinant and its security personnel, or involve acts of legitimate self-defense on behalf its security personnel.

World Bank must act

Global and Honduran civil society groups – including Movement of Unified Campesinos in Aguan (Honduras), Movimiento Madre Tierra (Honduras), Rights Action, SOMO (Netherlands), Urgewald (Germany), Bank Information Center, Oxfam, Global Witness, and the Center for International Environmental Law – are now calling on World Bank President Jim Yong Kim to take immediate action to withhold funding to Dinant, to require Dinant to halt all violence directed at local farmers and find a peaceful and sustainable resolution to conflict over land. Further, Kim should ensure that appropriate incentives are in place to secure IFC staff’s adherence to its policies and procedures.

Juan Almendarez, Director of Friends of the Earth Honduras (Movimiento Madre Tierra) and member of the Plataforma Agraria said: “We condemn the policies of the World Bank that have failed to avoid the human rights violations of poor farmers´ families and cooperatives in the Aguán Valley, and we consider the World Bank´s response to the result of the CAO audit to be unjust and inhuman.”

Knud Voecking of German NGO Urgewald said: “The World Bank’s investments should improve the lives of local communities, or at the very least not endanger them. This report reveals that in the case of Dinant the World Bank failed massively on both fronts. The World Bank must halt all further disbursements to Dinant until decisive action is taken to ensure justice for crimes committed, and to prevent further abuses.”

IFC response inadequate

In its response to the CAO investigation, the IFC rejected some of the findings, without specifying which ones or providing evidence to support this rejection. It also pointed to support it had given Dinant since 2010 to improve its policies and practices and produced a short Action Plan (2).

Yoni Rivas, General Secretary of the Movement of Unified Campesinos in Aguan (MUCA) and member of the Honduran agrarian group Plataforma Agraria said: “We are deeply disappointed that the World Bank’s response to this investigation has not taken into account the violations of the human rights of poor farmers in the Aguán Valley who have been the direct victims of Corporación Dinant.”

Rivas added, “We regret that the president of the World Bank, Jim Kim, despite the expressions of deep concern from different sectors, has not taken enough into account the demands of farmers’ organizations affected by Corporación Dinant when issuing the declaration and plan of action in response the conclusions of the CAO audit.”

Kris Genovese, senior researcher at SOMO said: “While the willingness from President Kim to answer the findings of the CAO is welcome, the content of the IFC Action Plan is totally inadequate and could more accurately be described as an inaction plan. The CAO notes that Dinant was not in compliance with the IFC’s policies on the day the loan was made, and over five years later, continues to be out of compliance. An Action Plan that makes the same commitments that have gone unfulfilled this whole time holds little promise. The immediate appropriate response from the IFC is to withhold the pending $15 million disbursement.”

Peter Chowla, Coordinator of the UK-based Bretton Woods Project said: “The CAO report shows that the IFC’s policy and procedures are fundamentally flawed given the ‘conflicts of interest and conflicting incentives’ for IFC staff. For example, that the lead environmental specialist working on the project was replaced after proposing a stricter compliance-based approach to the project speaks volumes about an internal culture at the IFC that emphasises making money over addressing environmental and social harms. This is unacceptable for a public institution.”

Jocelyn Medallo, senior attorney at the Washington-based Center for International Environmental Law (CIEL) said: “This is a test case of President Kim’s commitment to learn from past mistakes. The Dinant case tragically underscores the need to overhaul the World Bank Group’s approach to managing human rights risks.”

Notes to Editors

The CAO report is at: http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=188

The IFC’s response is at: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IFCResponsetoCAOAuditofDinant_Jan32014.pdf

  1. The CAO investigation states: “According to civil society sources there were at least 102 killings of people affiliated with the peasant movement in the Bajo Aguán between January 2010 and May 2013, with specific allegations being made linking 40 of these to Dinant properties, Dinant security guards or its third party security contractor. Allegations in relation to the killing of at least 9 Dinant security personnel by affiliates of the peasant movement have also been made.” “In repeating these allegations, Dinant’s position as explained to CAO is noted, namely that the killings of peasants reported in the Aguán are either unconnected to Dinant and its security personnel, or involve acts of legitimate self-defense on behalf its security personnel.”
  2. The IFC claims in its response that at the time of the loan approval in 2008 “project risks were manageable” and there was “no evidence of land claims”. But Paragraph 36 of the report of the UN Working Group on the use of  mercenaries http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/95/PDF/G1316095.pdf?O… documents that the conflict dates back way before 2008 and that the validity of the land sales to Dinant in the 1990s were strongly contested by farmers. The UN report also emphasises the lack of state supervision and control of the private security sector (paragraphs 30, 31, 35), bringing into question how IFC will ensure that abuses committed by private security guards and firms are prosecuted and brought to justice.

This media statement was issued by Movement of Unified Campesinos in Aguan (Honduras), Movimiento Madre Tierra (Honduras), Rights Action, SOMO (Netherlands), Urgewald (Germany), Bank Information Center, Oxfam, Global Witness, and the Center for International Environmental Law.

For more information please contact:

Oxfam: Kate Geary +44 7795 475859 [email protected]
or
Tania Escamilla [email protected] / +52 1 55 41813147

Friends of the Earth Honduras: Dr. Juan Almendarez [email protected] + 504 9985-4150
(Speaks English and Spanish)

Movement of Unified Campesinos in Aguan: Yoni Rivas Baire
[email protected] o [email protected]  + 504 9846-3116
(Only speaks Spanish)

Center for International Environmental Law: Jocelyn Medallo [email protected] +1 202 742 5850

Fuente: http://www.noodls.com/view/E0E33BE5B65AD155E81C09ECE75F665F2568BB5A?185xxx1389383280

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IFC-financed private equity fund implicated in Honduras dam IFC action plan on financial sector lending called unacceptable

An early October complaint was registered with the Compliance Advisor Ombudsman (CAO), the World Bank’s accountability mechanism for private sector projects, regarding the Agua Zarca hydropower project in Honduras. The project has been beset by controversy given its rejection by the Lenca people, an indigenous group in southern Honduras who claim they have not given consent for the project (see Update 85). The complaint was filed in relation to investment in the project by the Central American Mezzanine Infrastructure Fund (CAMIF), a private equity fund which received $40 million in financing from the International Finance Corporation (IFC, the World Bank’s private sector arm) in 2007. CAMIF is managed out of Washington DC by a former staff member of the IFC who now works for EMP Global, a private equity management firm founded by former World Bank senior managers.

By early December the CAO had still failed to post the complaint on its website, despite having a 15 day window for doing so specified in their operational guidance. The CAO’s confirmation of eligibility, sent directly to the case complainants, confirms that the IFC is linked to the Agua Zarca dam, despite denials issued by the IFC earlier in the year (see Observer Autumn 2013). Those denials were directed at claims that IFC-client FICOSHA, a private Honduran bank, was financing the project; however, the IFC made no mention of CAMIF’s consideration of the project. Despite the complaints and the very public controversy over the dam – protestors were shot by security forces in July resulting in the death of unarmed indigenous protestor Tomás García, and staff of the Honduran indigenous support NGO COPINH have had charges filed against them in courts over the protests – the IFC is currently considering a second investment in CAMIF with a projected board approval date in early December.

IFC action plan panned

The IFC is under heavy criticism from civil society groups and the CAO over the lack of knowledge of the development, environmental and social impacts of lending to the financial sector, which now accounts for over half the of the IFC’s annual commitments (see Update 86, 85, 84). Responding to a CAO investigation, in August IFC staff sent an “action plan” to a committee of the World Bank’s board of directors to address the concerns about these so-called financial intermediaries (FIs).

An end August civil society letter to the board committee, signed by 10 NGOs including Oxfam International, “recommend[ed] that IFC does less but does it better”, including “third-party verification” of the environmental and social impacts of financial sector investments and greater guarantees of do no harm in financial sector project by “creating systems to spot risk at the pre-approval stage; by increasing high-risk sub-project supervision; and by ensuring greater transparency around financial intermediary sub-project lending.”

However, when the action plan was finally made public in early October, civil society groups were disappointed. The plan’s three elements included on-going stakeholder outreach and dialogue; scaling up advisory services for environmental and social risk management at FIs; and a “continual improvement framework” for managing risk at FIs. The only changes proposed under the framework were an increase in the frequency of site visits to some medium-risk financial sector clients, an increase in desk based reviews for sub-clients of high and some medium risk financial sector clients, and a voluntary request for private equity funds with IFC investment to disclose all their sub-investments.

Strategy demanded as push for FIs grows

A mid November civil society letter to World Bank president Jim Yong Kim complained that the IFC’s response was “inadequate” and called the IFC staff position that “the IFC is not accountable for FI clients’ investments in sub-projects … not acceptable”. The 50 organisational signatories, such as Indian NGO Programme for Social Action and US NGO Center for International Environmental Law, “fundamentally reject a model in which, by design, the IFC cannot guarantee that its investments contribute to poverty reduction nor avo id harm.” They asked Kim to “make a commitment to develop a new strategy for investments in the financial sector, fundamentally rethinking the nature, purpose, modalities and limits of these investments. In the development of a new strategy for investment in the financial sector, the IFC should formulate a process for independent input, participatory consultation with affected communities, and broader stakeholder engagement.”

Lakshmi Premkumar of Indian NGO Programme for Social Action said: the action plan “now establishes beyond doubt that the financial intermediary model was precisely designed to by-pass regulatory and accountability mechanisms. The recent responses from IFC to CAO findings, including to the CAO audit of FI projects, has demonstrated that the IFC does not take the CAO seriously. Dr. Kim might as well order closure of the CAO.”

The debate on FIs is growing as they are increasingly seen by official bodies as desirable channels through which to push development finance. The Inter-American Development Bank is in the middle of a restructuring and is considering whether it should create a stand-alone private sector financing entity like the IFC, which some have proposed should focus more on financial markets lending.  Additionally, the financing mechanism being set up under the UN Framework Convention on Climate Change, the Green Climate Fund (GCF), is also considering whether to channel climate change funds through the private financial sector. This led to an early October letter to the GCF board from nearly 140 civil society groups from developing countries citing the IFC’s experience with FIs as a reason why “we are opposed to the use of international FIs by the GCF.”

Furthermore, in the last six months the IFC has proposed investment in nine more private equity funds, plus six commercial banks deemed to be of high risk (in Brazil, India, Mexico, El Salvador, Chile and Romania).

http://www.brettonwoodsproject.org/2013/12/ifc-financed-private-equity-fund-implicated-honduras-dam/

 

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