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Juristas internacionales: proceso de selección de magistrados va por mal camino –

Por: Redacción  CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- La misión de juristas internacionales, que concluyó este jueves su segunda misión de acompañamiento sobre la selección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, concluyó que este proceso  va por muy mal camino debido a una serie de vicios de nulidad y falta de transparencia por parte de la Junta Nominadora.

La junta nominadora para elegir la nueva Cortye Suprema de Justicia ha sido fuertemente cuestionada.

“Tal vez la principal conclusión es que el proceso va por muy mal camino y que deben tomarse medidas correctivas porque de lo contrario el Estado de Honduras no va a dotarse de una Corte Suprema de Justicia independiente”, sentenció el director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica (CIJ) Ramón Cadena.

La CIJ emitió un pronunciamiento en el marco de la segunda misión de alto nivel, con el objeto de observar el proceso de elección de magistrados y Magistradas de la CSJ para el periodo 2016-2023. La visita se realizó  entre el  26 y 29 de octubre.

La delegación estuvo integrada, además, por Roberto Garretón, abogado de Chile, ex miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas; la abogada Iris Elena Portillo, asesora legal de la CIJ para Centroamérica y la abogada Ivania Galeano, asesora legal de la CIJ en Honduras.

CONCLUSIONES

La misión concluyó que el contexto en el que se lleva a cabo la elección de magistrados continúa siendo de descontento social, violencia y desconfianza en la justicia, porque la población en general, afirma que no existe una justicia imparcial e independiente. Las injerencias de diferentes sectores, incluyendo la de partidos políticos y posibles estructuras criminales en la administración de justicia, persisten y continúan afectando la independencia del poder judicial.

Asimismo que no hay  transparencia en el proceso, ya que si bien la Junta Nominadora reconoció en su normativa interna el principio de publicidad en forma amplia, en la práctica no existe un lugar fijo y amplio para las sesiones de dicha Junta Nominadora, que permita que la sociedad hondureña en general y los medios de comunicación nacionales e internacionales, ejerzan su derecho de supervisión y puedan observar todas las audiencias.

Otro aspecto que señalan los juristas es que el envío de la lista de los 45 candidatos (as) nominados será enviada al Congreso Nacional  hasta el 11 de enero de 2016, lo cual no permitirá que el Parlamento reciba la lista con la debida antelación, para poder hacer un escrutinio a fondo de las y los candidatos propuestos.

La CIJ también reiteró que siendo la Junta Nominadora un órgano colegiado de rango constitucional, su función debe llevarse a cabo con un alto nivel de responsabilidad y con total respeto por el principio de legalidad, independencia y autonomía de parte de sus miembros

En ese sentido, el organismo manifiesta que los miembros de la Junta Nominadora deben realizar sus tareas con apego a la ley y a la Constitución de la República, ya que de lo contrario, podrían incurrir en el delito de violación de los deberes de los funcionarios, tipificado en el artículo 349 del Código Penal y en la responsabilidad del Estado regulada en el capítulo XIII de la Constitución de la República de Honduras.

PAPEL DEL CONGRESO

La CIJ pudo constatar que algunos diputados/as siguen considerando que su papel en la segunda fase se limita a elegir a los 15 magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia de la lista de 45 candidatos/as que envía la Junta Nominadora. De esta forma, consideran que no están obligados a hacer un nuevo escrutinio de las personas propuestas.

La CIJ se permite recordar a estos diputados y diputadas que su función en la segunda fase del proceso, implica también hacer un análisis a fondo de todos los expedientes de las y los 45 candidatos, para lograr elegir finalmente a los 15 más idóneos, capaces, los más comprometidos con los derechos humanos y los más independientes. La CIJ concluye enfáticamente, que las y los diputados no deben renunciar a llevar a cabo esta tarea.

La organización también reitera que la aprobación del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, podría prestarse a que, mediante una estrategia de retardo, la actual Corte Suprema de Justicia permanezca en sus cargos aún después de vencido el plazo constitucional, contraviniendo el artículo 312 de la Constitución de la República de Honduras.

REELECCIÓN  DE MAGISTRADOS

Sobre la reelección de magistrados, apunta que la CIJ recibió información que 12 de ellos pretenden reelegirse, incluidos la mayoría de las y los magistrados de la Sala Constitucional. En ese sentido la organización considera que para determinar si dicha reelección es aconsejable, se debe hacer un análisis objetivo del trabajo realizado por dichos magistrados durante su período, las sentencias dictadas, el papel que esta Corte Suprema jugó durante el rompimiento del Orden Constitucional en Honduras en el año 2009 y si ha actuado con independencia. No obstante, señala que de “este análisis, la CIJ considera que la reelección no es aconsejable”.

Durante la visita, la delegación mantuvo reuniones con los distintos actores involucrados en el proceso, entre ellos: organizaciones de la sociedad civil, autoridades de gobierno al más alto nivel como el ministro de Justicia, Derechos Humanos, Descentralización y Gobernación; Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); la Junta Nominadora.

Asimismo con representantes de la comunidad internacional y agencias de cooperación; con las bancadas de diputados del Partido Liberal, del Partido Anti corrupción y del Partido Libre y con organizaciones de derechos humanos, con quienes intercambió impresiones en torno al proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y acerca del contexto en el que se está llevando a cabo esta elección en Honduras.

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Junta Nominadora no se ajusta al principio de publicidad en sus acciones

Defensores en linea

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en observancia del proceso de elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, en conferencia de prensa dio a conocer que existe mucha desconfianza en el pueblo sobre este tema y que prácticamente la Junta Nominadora maneja el asunto a puertas cerradas.

El contexto en el que se desarrolla la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa siendo de descontento social, violencia y desconfianza en la justicia, expresó el jurista guatemalteco Ramón Cadena al leer el comunicado oficial de la delegación.

“En efecto la sociedad hondureña sigue cuestionando seriamente la administración de justicia, la población en general afirma que no existe una justicia imparcial e independiente. Las injerencias de diferentes sectores, incluyendo la de partidos políticos y posibles estructuras criminales en la administración de justicia, persisten y continúan afectando la independencia del poder judicial”, dijo Cadena.

Cadena señaló que este aspecto ha producido la pérdida de confianza en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de justicia (CSJ) y específicamente, en el papel que juega la Junta Nominadora y los entes proponentes.

Toda la primera parte del proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó tantas dudas y creó tal desconfianza que la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) recibió comentarios en torno a la necesidad de “recusar” a los miembros de la Junta Nominadora, por no garantizar ninguna independencia de criterio.

“La CIJ hace un llamado a la Relatora Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, para que visite el país y pueda evaluar la situación de la independencia del Poder Judicial.

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) sostuvo que pese a que la Junta Nominadora en su normativa interna y en el capítulo 3 señala que observará el principio de publicidad del proceso, en la práctica no existe un lugar fijo y amplio para las sesiones de dicha Junta Nominadora, que permita que la sociedad hondureña en general y los medios de comunicación, nacionales e internacionales, ejerzan su derecho de supervisión y puedan observar todas las audiencias de dicha Junta Nominadora.

Si bien la CIJ reconoce como algo positivo el hecho que la Junta Nominadora haya aprobado un cronograma de sus actividades y el diseño de una tabla de gradación o evaluación, cuestiona que las diferentes etapas de este trabajo no estén claramente delimitadas en dicho cronograma y que la tabla de gradación no se estableció a partir de un perfil previo del magistrado de Corte Suprema de Justicia que se pretende elegir.

Ramón Cadena, jurista guatemalteco

“De esta forma es, excesivamente formalista y desarrolla categorías que no obedecen a un perfil predeterminado. Esto hubiese sido necesario, para que los ciudadanos y ciudadanas, pudiesen saber cuál es el perfil del magistrado de Corte Suprema de Justicia que la Junta Nominadora pretende seleccionar”, sostuvo Cadena.

“No es aconsejable la reelección de magistrados o magistradas”

Según el cronograma la lista de candidatos y candidatas deberá ser enviada al Congreso Nacional como fecha tope el próximo 11 de enero de 2016, lo cual, a juicio de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) no permitirá que los congresistas hondureños reciban la lista con debida antelación, para poder hacer un escrutinio a fondo de las candidatas y los candidatos propuestos.

La CIJ insta a los diputados y diputadas al Congreso Nacional a hacer un análisis de fondo de todos los expedientes de los 45 candidatos y candidatas, para lograr elegir finalmente a los 15 más idóneos, capaces, los más comprometidos con los derechos humanos y los más independientes.

Asimismo la CIJ recomienda que la comisión de diputados y diputadas al Congreso Nacional encargada de la elección de los magistrados y magistradas deberá estar integrada con igual número de representantes de cada partido político representado en la Cámara Legislativa.

“Sus decisiones deberán tomarse por consenso y todos sus actos deberían estar regidos por el principio de publicidad y transparencia. El resultado de esta comisión, pasaría al Pleno del Congreso Nacional para la elección final, de conformidad con el artículo 311 de la Constitución de la República”, sostuvo el jurista guatemalteco Ramón Cadena.

La CIJ recibió información que 12 de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia pretenden reelegirse, incluidos la mayoría de las magistrados y magistrados de la Sala Constitucional.

Al respecto la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) consideró que debe hacerse un análisis objetivo del trabajo realizado por dichos magistrados y magistradas durante su período, las sentencias dictadas, el papel que esta Corte Suprema jugó durante el rompimiento del Orden Constitucional en el 2009 y si actuaron con independencia. “Después de este análisis, la CIJ considera que la reelección no es aconsejable. En el caso de las y los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la CJI reitera su profunda preocupación ante la sentencia de la Sala Constitucional (resolución número SCO-0709-2014) que declara constitucional las pruebas de polígrafo.

Consultado acerca de los señalamientos del  presidente del Colegio de Abogados (CAH), José Luis Valladares quien ha calificado como intromisión en los asuntos internos, la participación de las misiones internacionales de juristas para evaluar el proceso de elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, el jurista chileno Roberto Garretón expresó que aquí no hay ninguna injerencia, lo que hay es un esfuerzo de una organización no gubernamental fundada en 1952, preocupada por el respeto de los derechos humanos y del poder judicial.

“Esta es una acusación que normalmente quiénes las realizan son los estados no democráticos, los estados democráticos no tienen ningún problema en que vengan organizaciones de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la UNESCO, de la OIT, de los Colegios de Abogados; nunca tienen miedo de eso, los que tienen miedo de estas visitas, son los que tienen cosas que ocultar”.

La delegación estuvo integrada por Roberto Garretón, abogado de Chile, ex miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias y Comisionado Internacional de Juristas , Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, la abogada Iris Elena Portillo, asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica y la abogada Ivania Galeano, asesora legal de la CIJ en Honduras.

Origen: Junta Nominadora no se ajusta al principio de publicidad en sus acciones

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CIJ advierte que corte hondureña será electa en un contexto de violencia y corrupción

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Ante el contexto de impunidad, la misión de la CIJ recomendó la instalación impunidad.

Tegucigalpa.-La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras se está dando en un contexto de violencia, descontento social, actos de corrupción de funcionarios de gobierno, remilitarización e impunidad.

Lo anterior es la conclusión expuesta este miércoles por los miembros de la misión de alto nivel de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) que se mantuvo en territorio hondureño cumpliendo con un proceso de observancia sobre la conformación de la Corte en este país centroamericano.

Luego de encuentros los con diferentes sectores, los juristas señalan que la población hondureña ha perdido la confianza en las instituciones del Estado, incluyendo al sector justicia, “el cual se ha visto afectado por fuertes injerencias de partidos políticos y de instancias de crimen organizado y estructuras criminales”.

Ante el contexto actual y por los pocos esfuerzos de combate a la impunidad, los miembros del ente internacional, recomiendan la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, similar a la establecida en Guatemala, para que con el apoyo de la comunidad internacional, pueda el Estado luchar en contra de las estructuras criminales y corruptas que actualmente operan en el país.

El director de la CIJ para Centroamérica, Ramón Cadena, apuntó que parte de las injerencias en el Poder Judicial provienen del propio presidente Juan Hernández y del Poder Legislativo, donde se establecen las líneas a seguir.

Mediante un pronunciamiento, el organismo, señala que los niveles de desconfianza de la población se está observando ahora con la conformación de la Junta Nominadora de magistrados y magistradas.

“Todo esa desconfianza y descontento social ha impulsado los buenos oficios de la OEA y ONU para promover una iniciativa de diálogo social que todavía está en ciernes”, dice la misiva.

Los juristas también cuestionaron la aprobación de una serie de leyes que restringen o limitan espacios de promoción y protección de derechos humanos, acceso a la información y militarizan la seguridad pública.

PRUEBAS DE POLÍGRAFO SON INCONSTITUCIONALES

En torno a la aplicación de las pruebas del polígrafo a jueces y magistrados, la CIJ considera que es una medida que podría resultar inconstitucional  y contraria a tratados internacionales de derechos humanos.

Asimismo instan a los miembros de la Junta Nominadora, que por tener rango constitucional, realicen  sus tareas con apego a la ley y a la Constitución de la República, ya que de lo contrario podrían incurrir en violación de los deberes de los funcionarios.

EQUIDAD DE GÉNERO

La CIJ lamenta la falta de equidad de género en la Junta Nominadora, ya que la única mujer que integra esta instancia, lo hace por razón de su cargo, como adjunta primera del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y no por su condición de mujer, y lo hace como suplente y no como titular, lo que a su juicio podría ser interpretado como una práctica de exclusión y discriminación hacia la mujer hondureña.

Sobre los procesos de elección de delegados de los entes proponentes, refiere que al momento de realizar esta misión, se constató que los representantes titulares y suplentes ya habían sido electos por medio de mecanismos internos sin transparencia y sin reglas claras.

TAREA DEL CONGRESO NACIONAL

Por otra parte los juristas expresan su preocupación, ya que de acuerdo a reuniones sostenidas con parlamentarios de los cuatro partidos mayoritarios, “existe el criterio entre los diputados, que la segunda etapa o filtro de estas elecciones, se limita a la tarea de elegir a  magistrados y magistradas entre la lista de al menos 45 candidatos y candidatas, sin que dicho Congreso tenga la obligación de llevar a cabo acciones similares a las de la Junta Nominadora, para garantizar que se elegirá a las personas más idóneas, capaces, independientes y comprometidas con los derechos humanos”.

La CIJ, también, recibió denuncias en el sentido de que algunos diputados y diputadas, estarían tratando de prorrogar el mandato de la Corte Suprema de Justicia, para continuar en el cargo los actuales magistrados y magistradas, lo que constituiría una violación a la Constitución de la República, específicamente al artículo 311.

Los juristas también consideran oportuno que se le dé agilidad a un proyecto de Reforma Constitucional en el Congreso Nacional, que propone, a través de un colectivo de abogados, un proceso transparente para la elección de magistrados.

Asimismo indicaron que quedan a la espera que las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cumplan su compromiso de solicitar a la Junta Nominadora y hacerles llegar la copia de la solicitud, sobre el proceso de elección de los magistrados.

REQUERIMIENTOS AL ESTADO

Ante los hallazgos expuestos, la CIJ presentó una serie de requerimientos al Estado de Honduras y a la sociedad civil, como el hecho de que se  garantice un proceso transparente mediante audiencias públicas para la elección de los magistrados y magistradas por parte de la Junta Nominadora.

Al  Congreso Nacional, se le exhorta a que se excluya de los requisitos de exigir a los candidatos (as), ser notario, además de abogado y que se comprometa públicamente a no interferir en la elección de los magistrados, a hacer públicos los nombres de los y las aspirantes, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de presentar objeciones y observaciones acerca del nivel de conocimientos, independencia, honestidad, imparcialidad y compromiso con los derechos humanos de las y los candidatos.

Al Poder Legislativo, también se le pide que desde ya derogue el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que permite que cuando concluyan el período para el que fueron electos los funcionarios que se eligen en ese Poder del Estado y no se hayan designado sus sustitutos, permanezcan en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Esto podría prestarse a que, mediante una estrategia de retardo, la actual Corte Suprema de Justicia permanezca en su cargos aún después de vencido el plazo constitucional, contraviniendo el artículo 312 de la Constitución de la República.

Los juristas, también solicitan el concurso de la sociedad civil a efecto de implementar una estrategia conjunta, coordinada y articulada de veeduría social activa y propositiva, para participar en procesos futuros sin los obstáculos enfrentados en esta ocasión y denunciar todas las irregularidades que puedan irse presentando.

Finalmente la CIJ hace un llamado a las autoridades del Estado de Honduras, para que hagan un esfuerzo mayor para dotarse a sí mismo de un Poder Judicial independiente, conformado por jueces y magistrados honestos, conocedores de asuntos relativos a la administración de justicia, independientes y comprometidos con los derechos humanos.

La misión del organismo no gubernamental de carácter internacional que permaneció en Honduras del 7 al 10 de septiembre, estuvo integrada por Víctor Rodríguez Rescia, abogado de Costa Rica, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y Comisionado de la CIJ; Jaime Araújo Rentería, abogado colombiano, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y catedrático universitario;  Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica y la abogada Ivania Galeano, asesora legal en Honduras.

Fuente: http://criterio.hn/cij-advierte-que-corte-hondurena-sera-electa-en-un-contexto-de-violencia-y-corrupcion/

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Juristas internacionales recomiendan CICI para Honduras

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Los juristas internacionales aconsejan seguir el camino de Guatemala.

Una misión de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) recomendó este jueves la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) para actuar contra las estructuras criminales y corruptas que actualmente operan en este país centroamericano.

Los juristas hicieron la sugerencia al concluir una misión de alto nivel, que permaneció en Tegucigalpa del 7 al 10 de octubre, para observar el proceso de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

El equipo integrado por connotados abogados de Latinoamérica, considera que las autoridades de Honduras deberían hacer esfuerzos mayores para luchar contra la impunidad existente, igual como se ha hecho en Guatemala.

“En tal sentido, la CIJ se permite recomendar la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, similar a la establecida en Guatemala, para que con el apoyo de la comunidad internacional, pueda el Estado luchar en contra de las estructuras criminales y corruptas que actualmente operan en el país, con absoluta impunidad”, dice un pronunciamiento que los juristas leyeron en un hotel capitalino.

El presidente de CIJ para Centroamérica, Ramón Cadena, dijo que el ambiente y el reclamo popular es lo que estaría obligando al Estado para que de inmediato busque la constitución de una CICIH.

“El problema de Honduras ha llegado a un extremo tal que se requiere del apoyo de la comunidad internacional”, apuntó Cadena, quien recomendó que al instalarse una estructura como la sugerida, se debe garantizar que ésta tenga un mandato consistente que pueda actuar con independencia.

Sobre una mezcla entre la CICIH, que demanda la “Oposición Indignada”, y el Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC) que plantea el gobierno y que estarían contemplando los facilitadores del diálogo de la OEA y la ONU para solucionar la crisis política que vive Honduras desde antes del golpe de estado en junio de 2009, el jurista consideró que si “es un híbrido que va a estar controlado por el estado, mejor no pedir una comisión apoyada por las Naciones Unidas”.

Cadena apuntó que no es fácil lograr un diálogo en un país tan golpeado y con un pueblo tan afectado desde el  golpe de Estado de 2009, como Honduras.

Los juristas recomiendan a los facilitadores de la ONU y de la OEA, que tomen en consideración las condiciones de la oposición.

“Yo creo que lo primero que deben hacer los representantes de la ONU y de la OEA, es elaborar una agenda, pero una agenda  consensuada con todos los sectores y si alguno de los actores pide que el diálogo se lleve a cabo sin la presencia de algún otro, ya es una condición o un punto que debería tomar en cuenta el mediador”, consideró el jurista.

El reconocido abogado, vaticinó que si la OEA y la ONU no logran construir una agenda consensuada podrían fracasar en su intento de instalar un diálogo.

“Si un actor no quiere sentarse con otro o si un actor pide que antes se cumpla con alguna condición para sentarse al diálogo, hay que evaluarlo y ver si esa condición es válida, y si lo es, tratar de impulsarla”, acotó.

La misión del organismo no gubernamental de carácter internacional, estuvo integrada por Víctor Rodríguez Rescia, abogado de Costa Rica, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y Comisionado de la CIJ; Jaime Araújo Rentería, abogado colombiano, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y catedrático universitario;  Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica y la abogada Ivania Galeano, asesora legal en Honduras.

Fuente: http://criterio.hn/juristas-internacionales-recomiendan-cici-para-honduras/

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Comisión Internacional de Juristas visita Honduras a observar proceso de elección de la Corte

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Ivania Galeano, asesora de Comisión Internacional de Juristas .
Una Misión Internacional de Observación de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) estará en Honduras del 7 al 10 de septiembre de 2015, para conocer de primera mano el proceso de Elección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

La misión se reunirá con los diferentes representantes de las organizaciones que integran la Junta Nominadora, con especialistas nacionales en los temas de Justicia y Derechos Humanos y autoridades nacionales con el fin de conocer sus impresiones y observaciones sobre el proceso de Elección de quienes serán los nuevos Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

La misión está integrada por Jaime Araújo Rentería (ex Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia y del Consejo Electoral), Victor Rodríguez Rescia (miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas).

También la integran, Ramón Cadena (Director para la Oficina de Centro América de la Comisión Internacional de Juristas), Iris Portillo (Asesora Jurídica en Guatemala de la CIJ) e Ivania Galeano (Asesora Jurídica en Honduras de la CIJ).

La Misión concluirá su visita con una Conferencia de Prensa, el día Jueves, 10 de septiembre a las 10:00 am en el Hotel El Libertador, informó Ivania Galeano asesora jurídica de la CIJ.

Fuente: http://criterio.hn/comision-internacional-de-juristas-visita-honduras-a-observar-proceso-de-eleccion-de-la-corte/

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Comisión de Juristas critica la aplicación de polígrafo a jueces

Jueves, 22 Mayo 2014 23:35

 

Existe una debilidad en el proceso que lleva a la suspensión o separación de un juez de la Corte, lo que vuelve vulnerable la independencia de los togados, según la CIJ.

Existe una debilidad en el proceso que lleva a la suspensión o separación de un juez de la Corte, lo que vuelve vulnerable la independencia de los togados, según la CIJ.
Tegucigalpa, Honduras

Aplicar el polígrafo a los jueces en muchos casos es una patraña, pues también deberían someterse a él el presidente de la República, ministros y hasta diputados, afirmó José Antonio Martín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

Una delegación de esa organización con sede en Ginebra, Suiza, visita el país para sostener una serie de reuniones con operadores de justicia a fin de intercambiar impresiones sobre temas judiciales. Además presentarán hoy un informe sobre el trabajo que han hecho en los últimos meses

Martín- quien a su vez es magistrado emérito del Tribunal Supremo de España- afirmó que el polígrafo es una degradación de los jueces, que son personas con la potestad de meter a la gente en la cárcel, definir legalidad de propiedades y disolver matrimonios.

“Esa es una agresión intolerable a la integridad de los togados, pues si el Poder Judicial pasa por el polígrafo tienen que hacerlo el Ejecutivo y el Legislativo”, enfatizó en un foro televisivo.

Para el experto, el principal valor de un juez es su capacidad de hacer frente a las presiones, valeroso, e insobornable. “Prefiero a un juez valeroso que a otro que tenga muchas especialidades y maestrías logradas en unos cuatro días de mala manera, pero vulnerable”, subrayó.

Fuente: http://www.tiempo.hn/color-pol%C3%ADtico/noticias/comision-de-juristas-critica-la-aplicacion-de-poligrafo-a-jueces?utm_source=color-pol%C3%ADticoTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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