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Coalición contra la Impunidad plantea a la MACCIH certificación jueces y rechaza participación de la rectora de la UNAH

Representantes de la Coalición contra la Impunidad sostuvieron una reunión con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), este lunes 30 de mayo de 2016 para intercambiar criterios en torno en lo referente a la selección de jueces y fiscales que acompañen las investigaciones en temas de corrupción y presentar diversas inquietudes desde este sector de la sociedad civil.

Entre los temas principales desarrollados en la agenda fueron la selección e integración de los jueces y fiscales anticorrupción, el acceso a información que solicite la Misión para desarrollar investigaciones y la participación de otros sectores, como el Observatorio contra la Violencia de la universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), esto último dejó con muchas dudas en la coalición.

Además abordaron lo referente al tema de acceso a la información a la hora de realizar los procesos de investigación por parte de la MACCIH, a raíz de las últimas declaraciones de funcionarios públicos como la Magistrada del Tribunal Superior de Cuentas, (TSC), Daysi de Ancheta, en las que afirmó que no podría brindar información a este ente internacional porque en su opinión estaría violando las leyes nacionales.

En un pronunciamiento emitido el pasado 28 de abril, la Coalición contra la Impunidad afirmó que se mantendrá vigilante del desarrollo de sus actividades y se declararon como un ente de veeduría y señalamiento del accionar de la MACCIH.

Origen: Coalición contra la Impunidad plantea a la MACCIH certificación jueces y rechaza participación de la rectora de la UNAH

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Honduras: Coalición contra la Impunidad: ¡Qué triste desempeño el de esta Junta Nominadora!

Jueves, 21 Enero 2016 12:10 Written by 
pasosdeanimalgrande.com/ 
La Coalición contra la Impunidad criticó en un comunicado de prensa el papel que ha jugado la Junta Nominadora en la elección de candidatos y candidatas de la Corte Suprema de Justicia que se elegirá el próximo 25 de enero, “Qué triste desempeño el de esta Junta Nominadora!, que teniendo la oportunidad histórica para realizar un papel extraordinario de selección de candidatos(as), optó por la complacencia con los intereses de los señores de la política y de los poderes fácticos, señaló esta organización.

Lea el comunicado completo
El desafío de una corte suprema de justicia independiente o de siete años más de corrupción y de impunidad
La Coalición contra la Impunidad ante el evento de la elección de los magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, que habrá de realizarse el próximo 25 de enero, se pronuncia ante la comunidad nacional e internacional de la manera siguiente:

1.      El día 19 de enero del año en curso la Junta Nominadora entregó al Congreso Nacional el listado de 45 candidatos(as) a magistrados(as). Con este acto finalizan las funciones de selección que desarrollaron durante cuatro meses, periodo en el cual los desaciertos, su débil independencia y la falta de responsabilidad del ente nominador respecto al futuro de la justicia fueron evidentes.

2.      La nómina de candidatos(as) que presentaron al Congreso Nacional, es el final de una crónica anunciada, sobresaliendo entre los elegidos(as) un buen número de abogados(as) sin grandes méritos en su trayectoria de carácter profesional y otro tanto de abogados(as) que han sido objeto de denuncias en el ejercicio de la profesión o de la judicatura, cuestión que al parecer no importó mayor cosa a la Junta Nominadora. Quedando en minoría en este listado los profesionales de reconocida experiencia, méritos e idoneidad para desempeñarse en la Corte Suprema de Justicia.

3.      ¡Qué triste desempeño el de esta Junta Nominadora!, que teniendo la oportunidad histórica para realizar un papel extraordinario de selección de candidatos(as), optó por la complacencia con los intereses de los señores de la política y de los poderes fácticos.

4.      Ante esta situación de limitados perfiles idóneos que conforman el listado de los 45 nominados(as), el Congreso Nacional tiene que enfrentar el gran desafío de evitar a toda costa, si se tiene compromiso con la patria y con los principios de independencia e imparcialidad de la justicia, no caer en la tentación, la improvisación o la irresponsabilidad de elegir una Corte Suprema de Justicia que pueda ser fácilmente cooptada por intereses político partidarios, de la corrupción o del ámbito criminal.

5.      Siendo un imperativo ético que se depongan los intereses partidarios y que los diputados y diputadas escojan del listado, a los 15 profesionales que merezcan mayor reconocimiento por su hoja de vida y por los datos de los cuales se pueda inferir que pueden actuar con independencia en la Corte Suprema de Justicia. Advirtiendo que los pactos sectarios, las imposiciones, las coacciones o compra de votos, irremediablemente nos conducirán a siete años más de corrupción y de impunidad en el sistema de justicia.

6.      De cara a la elección de los futuros magistrados y magistradas en el Congreso Nacional, es importante señalar a los diputados y diputadas las siguientes preocupaciones y recomendaciones:

•       Como paso previo a la elección de los futuros magistrados(as) es importante que en el seno del Congreso Nacional, los diputados y diputadas realicen audiencias o entrevistas públicas a los propuestos(as) a fin de conocer sus méritos y capacidades. Para este propósito se debe poner en práctica una metodología que permita la participación de la ciudadanía.

•       Se debe procurar en todo momento que la elección de la futura Corte Suprema de Justicia sea la culminación de un acuerdo incluyente de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, procurando en el momento de la elección que prevalezca el interés democrático y el compromiso por restablecer la justicia en nuestro país.

Por último, reiteramos el llamado a la ciudadanía y a las organizaciones para que nos involucremos en la recta final de la elección de la Corte Suprema de Justicia, acudiendo el día 25 de enero a los bajos del Congreso Nacional a expresar nuestro rechazo a cualquier forma de imposición o de reparto político partidario de la CSJ.

Tegucigalpa-San Pedro Sula, 21 de enero de 2015

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD

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Coalición contra la Impunidad: Exigimos una Corte Suprema de Justicia independiente

La selección tendrá lugar el próximo 25 de enero de 2016, cuando los diputados y diputadas del Congreso Nacional elijan a los y las integrantes de este alto tribunal de justicia.

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El sistema de justicia hondureño atravesará en los próximos días por una de las pruebas decisivas que abonará al Estado de Derecho o a la profundización del debilitamiento de la institucionalidad, con la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2016-2023, advirtió en un comunicado público la Coalición contra la Impunidad, una organización Integrada por 19 organizaciones defensoras de derechos humanos.
Este evento de selección y elección de magistrados(as) a la CSJ que está llegando a su etapa conclusiva en las próximas semanas, no ha sido propiamente un recorrido de luces y sombras, sino que un largo proceso de irregularidades, sostuvieron.
“La Junta Nominadora, ente encargado de la primera fase de este proceso, fue conformada sin que rigieran reglas democráticas para la elección de los representantes de este organismo, siendo notorio que los integrantes de la misma se designaron bien por votaciones poco representativas o por decisiones de carácter discrecional. Evidenciándose en estas designaciones el sesgo político y el afán de control de este organismo”.
Opacidad de la Junta Nominadora
Para la Coalición, esta Junta Nominadora una vez instalada se ha caracterizado por desarrollar sus funciones con marcada opacidad, siendo ajenas sus actuaciones a la transparencia y publicidad de conformidad a la ley.

“Hasta la fecha se desconoce la información trascendental sobre los candidatos(as) que han participado en este proceso. De igual modo, las actas de la Junta Nominadora  se manejan en secretividad”, lamentaron.
De acuerdo con el análisis de la organización, “la evaluación de los candidatos(as) realizada por la Junta Nominadora, ha sido de carácter subjetivo, sin que prevalezca un criterio de carácter institucional, formal o técnico, considerando que la matriz de calificaciones que se implementó resultó un instrumento poco eficaz, y al final lo que prevaleció no fueron los méritos y capacidades de los evaluados, si no que los criterios de carácter individual de los integrantes de la Junta Nominadora”.
Audiencias Públicas “improvisadas”
Las audiencias públicas, cuyas resultados o puntuaciones se desconocen, se desarrollaron sin mayor trascendencia, prevaleciendo en  las mismas un proceder improvisado de la Junta Nominadora, sin que estas se realizaran con una pauta de exhaustividad  respecto a los antecedentes de los candidatos, señalaron.
De los 200 candidatos(as) que iniciaron este proceso, al final la Junta Nominadora seleccionó 97 para continuar en el mismo y participar en las audiencias públicas. Pero como una muestra de la arbitrariedad y la falta de congruencia institucional, los 97 seleccionados se hicieron no por calificaciones si no que por votaciones de los integrantes de la Junta Nominadora, lo que evidencia que al final prevaleció el sesgo político, las preferencias personales y los prejuicios al momento de decidir sobre quienes serían los que continuarían en el proceso.
Además, que se incluyeran en la lista de los 97 a 4 de los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia refleja la debilidad de los criterios utilizados, ya que sus candidaturas debieron ser rechazadas ipso facto por la Junta Nominadora, pues de acuerdo con la Corte  Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia López Lone y otros vs. Honduras, estos magistrados(as) cometieron un ilícito internacional mediante un golpe de Estado en 2009, lo que a la luz del Tratado General de Paz y Amistad adoptado el 12 de marzo de 1923 por los cinco Estados centroamericanos, estos cuatro magistrados se colocaron en una condición de inelegibilidad para ocupar las altas magistraturas del Estado.
Según se conoció la Junta Nominadora entregará al Congreso Nacional el listado de los 45 candidatos(as), de los cuales este poder del Estado elegirá a los 15 magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia, el próximo 25 de enero.
El listado
La Coalición también instó a la Junta Nominadora a que en el listado de los 45 candidatos no se incluyan profesionales que estén relacionados con actos de corrupción, bien sea por actos en el ejercicio profesional de la abogacía o por actuaciones en la judicatura. Especialmente si se trata de vínculos con el crimen organizado, delincuencia común o saqueo de las instituciones estatales.
“Deben ser excluidos de ese listado todos aquellos profesionales que tengan denuncias o impugnaciones por hechos relacionados con violaciones de derechos humanos o, por actuaciones indebidas en el ejercicio de la jurisdicción. Asimismo, no pueden formar parte del listado de 45 candidatos(as), los profesionales del derecho que por su ejercicio profesional o de la judicatura, se infiera su falta de coherencia moral e institucional para desempeñarse de forma independiente en la Corte Suprema de Justicia”, indicaron.
“En cuanto a la selección del listado de los 45 candidatos(as), -indicaron- es oportuno que una vez entregado el mismo al Congreso Nacional, se debe proceder inmediatamente a darlo a conocer a la opinión pública para que se produzca el debate sobre los candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia y que de cara a la transparencia, al menos como última actuación,  que se levante acta de conocimiento público, en donde se hagan constar de forma motivada las razones y valoraciones que les llevaron a seleccionar a los candidatos y candidatas que conforman ese listado final que remiten al Congreso Nacional”.

Finalmente, la Coalición contra la Impunidad, hizo un llamado a todas las organizaciones populares, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en general, para que  se involucren en la elección de los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia. En este debate todos tenemos cabida, bien sea para señalar debilidades del proceso, actuaciones imprescindibles al momento de la elección, los antecedentes de los candidatos seleccionados y cualquier otra observación o señalamiento producto del monitoreo de este proceso.


Coalición contra la Impunidad está integrada por: la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH), Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Comunidad Gay Sampedrana, Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso, Feministas Universitarias, Foro de Mujeres por la Vida, Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Red de Mujeres Jóvenes de Cortés, Red Nacional de Defensoras, Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.


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Baltazar Garzón participará en foro sobre independencia judicial en Honduras

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Baltazar Garzón participará en foro sobre independencia judicial en Honduras
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  El reconocido jurista español, Baltasar Garzón, participará este lunes Foro: “Independencia Judicial y procesos de elección de Magistrados(as) de Cortes Supremas”, que se realizará en Tegucigalpa los días 22 y 23 de septiembre.
El evento que tendrá lugar en el Hotel Plaza Juan Carlos de la ciudad de Tegucigalpa, es convocado por el Programa Seguridad y Justicia en Centroamérica de Hivos, la Coalición contra la Impunidad y la Asociación de Jueces por la Democracia.
El propósito de este foro es incentivar del debate sobre la independencia judicial que pueda generar aportes y propuestas para el fortalecimiento de esta garantía en la región centroamericana.
Asimismo, se pretende incidir en el actual proceso de selección y elección de Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia en Honduras a efecto de lograr mayor transparencia y participación ciudadana en el mismo
Este foro se desarrollará bajo la modalidad de paneles de discusión en el que participarán los siguientes juristas nacionales e internacionales:
  • Baltasar Garzón.– Ex Magistrado de la Audiencia Nacional de España
  • Luis Ernesto Vargas.- Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia
  • Edmundo Orellana Mercado.- Ex Fiscal General de la República de Honduras
  • Marcia Aguiluz.- Directora para Mesoamérica del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Claudia Escobar.– Ex Magistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala
  • Joaquim Bosch Grau.- Portavoz de Jueces para la Democracia de España
  • Alejandro Rodríguez.- Ex Director de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala

Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/baltazar-garz%C3%B3n-participar%C3%A1-en-foro-sobre-independencia-judicial

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Coalición Contra la Impunidad decepcionada con propuesta de la OEA

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

 

Los miembros de la Coalición Contra la Impunidad denunciaron el ventajismo del gobierno sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Tegucigalpa.-La Coalición Contra la Impunidad reaccionó decepcionada ante la última propuesta presentada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la vez insistió con la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad-Honduras (CICIH).

Mediante un comunicado emitido este jueves, la organización señala que observa con profunda decepción “la propuesta realizada por el facilitador enviado por la–OEA-, John Biehl, el día 11 de septiembre del presente año, la que entre otras cosas, plantea que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) realice una serie de diagnósticos y acciones que seguirán postergando la adopción de soluciones integrales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y el sistema de justicia en Honduras”

La Coalición, apunta que los problemas que afronta la sociedad hondureña son estructurales, por lo que las soluciones deben permitir desmontar las estructuras que favorecen la corrupción, violencia e impunidad.

Asimismo que los procesos de reforma, impulsados desde instituciones como CEJA, se han convertido en procesos legitimadores del orden establecido que no van al fondo de los problemas de corrupción y falta de independencia de las instituciones del sector justicia.

PREOCUPACIÓN

Asimismo, expresa su preocupación, porque la respuesta del gobierno fue adoptada en el seno de Consejo de Defensa y Seguridad, según lo expresó el propio presidente, Juan Hernández, “con lo se desnaturaliza totalmente el principio constitucional de división de  poderes que debe regir en nuestro país”.

Por otra parte, pone en contexto que el pueblo hondureño ha manifestado su rechazo a la corrupción y la impunidad, mediante protestas masivas desde abril pasado, a partir de haberse hecho públicos los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de los cuales se ha beneficiado el Partido Nacional y el actual presidente Juan Hernández.

“creemos que la instalación de una CICIH, con un modelo similar al que se implementa en Guatemala, se puede convertir una herramienta indispensable en el largo camino de construir gobiernos verdaderamente democráticos con la capacidad de velar por los derechos fundamentales de la población”.

Añade que las organizaciones críticas y de oposición han sido excluidas del diálogo nacional, el cual ha sido realizado con sectores afines al partido de gobierno, dejando fuera a las organizaciones que promueven los derechos humanos, reforma reales al sistema de justicia, los sindicatos, mujeres, movimientos campesinos, pueblos indígenas, movimientos estudiantiles y otros sectores movilizados en las protestas sociales.

De manera paralela se promueve, desde los entes oficiales la promoción y apoyo evidente a organizaciones que adoptan posiciones abiertamente favorables al actual gobierno, cuestiona la Coalición.

Agrega que un claro ejemplo de dicha tendencia es el  proceso de elección  de los representantes de la sociedad civil en la Junta Nominadora a la Corte Suprema de Justicia, llevado a cabo el 28 de agosto pasado.  “En este proceso el Estado hondureño, a través de la Secretaría, Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización, favoreció la inscripción de organizaciones evangélicas con posiciones abiertamente afines al actual gobierno, excluyendo con los requisitos legales impuestos a decenas de organizaciones de base”.

La misiva, también apunta que la elección de los magistrados/as a la Corte Suprema de Justicia, es de vital importancia frente al estado de indefensión generalizada que estamos viviendo en el país, por lo que reiteramos nuestra exigencia para que tanto la Junta Nominadora como el Congreso Nacional asuman su responsabilidad histórica y actúan con la debida transparencia y objetividad, sin burlarse nuevamente de las aspiraciones del pueblo hondureño de tener un verdadero acceso a una justicia independiente e imparcial,.

Finalmente señala que “la luz de la experiencia de la crisis en curso en Guatemala ilustra que la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG)  no es capaz, por sí sola,  de generar los cambios políticos estructurales necesarias para la creación de un estado democrático, sin embargo, ha sido una herramienta novedosa que ha permitido desencadenar un proceso más de fortalecimiento del Estado de Derecho en su lucha contra la corrupción, la violencia y la impunidad”.

En tal razón, “creemos que la instalación de una CICIH, con un modelo similar al que se implementa en Guatemala, se puede convertir una herramienta indispensable en el largo camino de construir gobiernos verdaderamente democráticos con la capacidad de velar por los derechos fundamentales de la población”.

Fuente: http://criterio.hn/coalicion-contra-la-impunidad-decepcionada-con-propuesta-de-la-oea/

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Coalición exige transparencia a la Junta Nominadora

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Tegucigalpa.

La Coalición contra la Impunidad ofreció una conferencia de prensa, con el fin de manifestar su preocupación, ya  que la Junta Nominadora no ha reunido las condiciones necesarias de transparencia.

En su comunicado, calificaron que la elección de dicha junta fue viciada y manipulada por sectores vinculados a los partidos políticos tradicionales, sin que se haya establecido previamente los perfiles adecuados que deben reunir los representantes para formar parte de la junta nominadora.

Hacen de conocimiento público la repartición de cargos de la junta entre los partidos tradicionales, ya dos de los nominados son Ricardo Rodríguez ex diputado, ex Subprocurador General de la Republica de reconocida militancia en el Partido Liberal y como suplente a Octavio Sánchez del Partido Nacional.

Denunciaron la manipulación de la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil realizada el 28 de agosto del presente año; por parte de la Confraternidad Evangélica, la Alianza por La Paz y la Justicia (APJ)  y la  Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Hondura (FOPRIDEH), que dicha reunión fue excluyente porque se realizo solamente en Tegucigalpa y con obstáculos para la acreditación de otras organizaciones.

Además se interpuso un recurso de amparo ante la Fiscalía contra el proceso de elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 25 de agosto, tal instrumento no fue atendido por la Sala.

El representante del Colegio de Abogados de Honduras se eligió en una Asamblea en Tegucigalpa limitando la participación de otros capítulos regionales, el presidente de este órgano José Luis Valladares amenazo que “no permitiremos que denigren a los magistrados, quien lo haga será querellado”, lo que fue considerado como un atentado contra la Libertad de expresión.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada selecciono a Santiago Ruiz quien participo en el proceso de elección anterior y los resultados fueron negativos.

Mientras tanto en el Claustro de Profesores de las Facultades de derecho ha trascendido que no hubo una amplia participación, no se conocen propuestas de hojas de vida, de tal manera que fue antidemocrática.

En las Confederaciones los de Trabajadores los procedimientos han carecido de transparencia, no se sabe si hicieron Asamblea.

La Coalición lamenta la ausencia absoluta de mujeres en calidad de propietarias y solamente una como suplente; lo cual violenta los principios de participación igualitaria y hace presumir una discriminación por razones de género.

De acuerdo al  artículo 3 de la Ley Orgánica de la Junta Nominadora que cita: “- En la integración y organización de la Junta Nominadora y en su desempeño, deben observarse los principios de publicidad, transparencia, rigurosa apego a la Ley, solemnidad, ética, escogencia idónea, independencia y respecto a los principios democráticos”, la Coalición le exige a este órgano que actué con transparencia, lo que implica la publicidad de sus reuniones, así como de las actas de cada una de ellas, la motivación de sus decisiones y que se establezcan plazos para el cumplimiento de sus actividades.

Opiniones

En representación de la Coalición en la mesa principal Guillermo López Long representante de la misma, Gilda Rivera del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Edy Tabora director del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), Wilfredo Méndez por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y Francisco Martínez del El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Edy Tabora manifestó que lo que más les preocupa son tres principios democráticos importantes como son la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas; a partir de estos se puede establecer si la elección está fundamentada en la democracia, pero que con esta junta denominadora la población queda totalmente excluida.

“No hay representación de campesinos-campesinas, trabajadoras domesticas, trabajadores del transporte por ende no se cumplen los principios básicos de un Estado democrático”, señalo el profesional del derecho.

Tabora agrego que como Sociedad Civil se han organizado para documentar todo el proceso que se ha dado desde el primer llamado del Congreso Nacional para nombrar sus representantes, el segundo paso es mediante la observación, la denuncia, se han presentado recursos ante la Corte, el grave problema es que esta se pronuncie un año después, la Coalición no quiere continuar con la completa indefensión.

Los próximos meses la Coalición dará a conocer uno a uno los perfiles que vayan saliendo para ser electos magistrados y así saber a quién van a obedecer, si a la justicia o a intereses de grupos reales de poder.

Tabora sentencio a los partidos de oposición; haciendo un análisis del comportamiento que hay en el Congreso, la alianza del Partido Nacional, Liberal, Bancada Independiente, Democracia Cristiana y Unificación Democrática hace un total de 83 votos, solo se ocupan tres más para la elección, ya que es con las dos terceras partes de las y los legisladores, si aparece un tan solo voto más, se sabrá de quien es.

Por ende, hacen un llamado a los y las diputadas del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, para que se manifiesten públicamente a todo lo referente al proceso y que no se vayan a plegar ninguno a las exigencias del partido de gobierno.

También insto al Partido Anticorrupción, PAC que hagan honor a su nombre en esta elección.

Sostuvo que en donde se puede dar con mayor oportunidad el fraude es si disponen de votación secreta, esto no se debe permitir, “vamos a estar denunciando a cualquier diputado o diputada que se pliegue a los intereses de los nacionalistas.

El defensor de derechos humanos Wilfredo Méndez menciono que este es un segundo momento en el proceso de la elección de los magistrados de la Corte, bajo este mecanismo significa que hay una participación ciudadana importante que no ha podido ejercer su derecho a intervenir y todos los esfuerzos no tienen sentido, si la junta no responde a los intereses de las mayorías.

“Lo que vemos ahora es una mala representación, por lo tanto lo que nos asegura es que la nomina que se presente al final será una lista de proponentes que no reúnan las condiciones, por eso presionamos ahora a esa junta para que rectifique, que le demos seguimiento adecuado y oportuno para que haya rendición de cuentas o se dará el desastre que estamos anunciando”, expreso Méndez.

El defensor aseguro que el resultado será una nomina al gusto de los partidos políticos tradicionales, los grupos políticos mezquinos o de empresarios.

“Estamos hartos de denunciar y aquí no pasa nada, decimos que las iglesias no son ongs, entonces porque se imponen, hoy en la legalidad nos queda decir que a los grupos políticos nefastos solo les faltan tres votos para imponer la Corte Suprema que ellos quieren, debemos decirle a la población que esto es ilegal e ilegitimo”.

Guillermo Long explico que es evidente que los tomadores de decisiones no están tomando en cuenta el clamor popular y que la Junta Nominadora no debe actuar en secretividad, deben dar a conocer como están deliberando y tomando decisiones.

Long sostuvo que todas las acciones de la Junta tienen que darlas a conocer con responsabilidad, para que todos los interesados se den cuenta si actúan de manera transparente.

Por su parte, Gilda Rivera defensora de los derechos de las mujeres menciono el papel fundamental que juegan los medios de comunicación que de alguna forma tienen una posición crítica a lo que sucedió el día de la elección de la “supuesta institución formal”.

Rivera interpuso que “no solo estamos corriendo el riesgo que la nueva Corte de Justicia cuyos miembros y miembras estén supeditados a poderes facticos, económicos y políticos, el riesgo de siete años mas de total impunidad”.

Añadió que se corre el peligro a que se incremente el saqueo de los recursos naturales, colapsen los fondos de previsiones sociales y lastimosamente hay organizaciones de la Sociedad Civil que se han prestado a “este juego sucio”.

Asimismo, Francisco Martínez de COFADEH adujo que “no hay transparencia y que los representantes no fueron electos de forma clara, en términos generales ha habido influencias claras como en la Sociedad Civil y el colegio de abogados”.

Martínez indico que existen dos formas de poder presionar, una es a través de la manifestación social y la segunda haciendo incidencia en los partidos de oposición para que sea una votación secreta, porque esta permite manipular más fácilmente la elección.

“El secretismo es falta de transparencia lo que permitiría que la influencia política, la manipulación y el chantaje”, concluyo el defensor.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3724:coalicion-exige-transparencia-a-la-junta-nominadora&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Coalición contra la Impunidad exige transparencia y objetividad a la Junta Nominadora para la CSJ

Por: Redacción CRITERIO

redacción@criterio.hn

Coalicion contra Impunidad

La Coalición Contra la Impunidad denunció hoy que el  proceso de integración de la Junta Nominadora para la elección de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  no ha reunido las condiciones necesarias de transparencia, participación y respeto a los principios democráticos.

Señalaron que, en general, la elección de la actual junta se ha consumado a través de procesos viciados y manipulados por sectores vinculados a los partidos políticos tradicionales, sin que se hayan establecido previamente los perfiles adecuados que deben reunir los representantes de dicha Junta.

Tal afirmación la hacen en base a los siguientes hechos de conocimiento público:

-La Corte Suprema de Justicia nombró como representante propietario ante la Junta al Ricardo Rodríguez, ex Diputado, ex Subprocurador General de la República, de reconocida militancia en el Partido Liberal; y como suplente a Octavio Sánchez, de reconocida militancia en el Partido Nacional.

-La Asamblea de Organizaciones de Sociedad Civil, realizada el 28 de agosto, fue manipulada por la Confraternidad Evangélica de Honduras, que en un comunicado público, de fecha 30 de agosto, han expresado rotundamente su posición excluyente hacia otros sectores de sociedad civil, estableciendo: “Muchas decisiones trascendentales se toman en las Cortes. Podemos tomar la decisión de incidir en la nominación de los candidatos a integrar dichas cortes, o podemos ceder esos espacios a grupos con ideologías no compatibles con el cristianismo o las comunidades lésbico-gay, y que sean otros los que decidan por nosotros, como lamentablemente está ocurriendo en otros países”. Para conseguir su propósito la Confraternidad Evangélica actuó en contubernio con la Alianza por la Paz y la Justicia y FOPRIDEH.

Asimismo, esta Asamblea fue excluyente pues se realizó únicamente en Tegucigalpa y con muchos obstáculos para la obtención de las acreditaciones correspondientes. Se presentó, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un recurso de amparo que como es usual no fue debidamente atendido por esa Sala.

La Asamblea del Colegio de Abogados de Honduras se realizó únicamente en Tegucigalpa, con lo cual se limitó la participación de los capítulos regionales, con lo cual, salieron electos como candidatos(as) a la CSJ aquellas personas que invirtieron recursos en movilizar a sus votantes.

Por otra parte, la elección del Presidente del CAH, José Luis Valladares, como representante propietario ante la Junta Nominadora, no se hizo de una forma democrática. Además, el hecho de que el señor Valladares ejerza un cargo en la administración pública podría restarle independencia en sus decisiones.

Asimismo, nos preocupa sobremanera el hecho de que ha realizado declaraciones en diferentes medios de comunicación expresando “no permitiremos que denigren a los magistrados, quien lo haga será querellado”. Estas actuaciones, además de atentar contra la libertad de expresión, le restan las posibilidades de transparencia al proceso de elección y desconocen los procedimientos de tachas que permitan a la población realizar las impugnaciones a los candidatos y candidatas propuestas.

-En cuanto al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, lamentamos que haya sido nombrado como representante propietario, el señor Santiago Ruiz, quien participó en el proceso de selección anterior en el año 2008-2009, cuyos resultados negativos son ampliamente conocidos por todos y todas.

-En relación a los claustros de Profesores de las Facultades de Derecho, ha trascendido que no hubo una amplia participación y que tanto la elección de los representantes a la Junta como la selección de la nómina de veinte candidatos(as) se realizó de forma antidemocrática, sin propuestas previas ni análisis de hojas curriculares.

-Para la elección de los representantes de las Confederaciones de Trabajadores los procedimientos han carecido totalmente de transparencia pues se desconoce si se realizó la Asamblea Extraordinaria que manda la Ley o si la elección se realizó una forma totalmente antidemocrática. Otro aspecto lamentable en la integración de esta Junta Nominadora es la ausencia absoluta de mujeres en calidad de propietarias y la presencia de una sola, como representante suplente del CONADEH. Esta conformación violenta los principios de participación igualitaria y hace presumir una discriminación por razones de género.

En resumen, la valoración de esta primera etapa del proceso de elección de los Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, los conduce a afirmar que no ha existido la debida responsabilidad por parte de los entes nominadores ante el reclamo ciudadano de poder contar con Magistrados(as) independientes y honestos.

Sin embargo, en este momento inicia una nueva etapa que consiste en la recepción de propuestas y la evaluación de las personas nominadas y auto nominadas y esperan que los representantes propietarios y suplentes asuman este trabajo con honestidad e independencia.

Le recordamos a la Junta Nominadora el contenido del artículo de su Ley Orgánica: “En la integración y organización de la Junta Nominadora y en su desempeño, deben observarse los principios de publicidad, transparencia, rigurosa apego a la Ley, solemnidad, ética, escogencia idónea, independencia y respecto a los principios democráticos”.

Con fundamento en su propia ley, le exigen a la Junta Nominadora que actúe con transparencia, lo cual implica la publicidad de sus reuniones, así como de las actas de cada una de estas reuniones, la motivación de sus decisiones y que se establezcan plazos para el cumplimiento de sus actividades. Nos dirigiremos formalmente a la Junta Nominadora para pedirle que permita a la Coalición contra la Impunidad  participar en sus reuniones, como un ejercicio de veeduría ciudadana.

Finalmente estimaron necesario que la Junta Nominadora entregue públicamente la nómina de cuarenta y cinco candidatos(as) al Congreso Nacional, a más tardar el día 1 de diciembre del presente año, para que así sea posible para la ciudadanía conocer los candidatos(as) y para los diputados y diputadas del Congreso hacer una evaluación responsable de los mismos.

Fuente: http://criterio.hn/coalicion-contra-la-impunidad-exige-transparencia-y-objetividad-a-la-junta-nominadora-para-la-csj/

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Coalición Contra la Impunidad Denuncia Manipulaciones en Elección de Nueva CSJ

La Coalición Contra la Impunidad denunció diversas  maniobras por parte del Gobierno de Juan Orlando Hernández para manipular la elección de los magistrados del próximo periodo en la Corte Suprema de Justicia.

Entre las organizaciones que fueron señaladas como cómplices de esta intentona oficialista de imponer los miembros, tanto de la junta nominadora, como de la futura Corte Suprema de Justicia, se encuentra la Confraternidad Evangélica.

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=11949

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Falta de voluntad política principal obstáculo de la CICIH

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El principal obstáculo para la instalación de una “Comisión Internacional Contra la Impunidad” es la falta de voluntad política de los estados, dijo hoy en Tegucigalpa el abogado guatemalteco Ramón Cadena. Según el experto si existe voluntad política la instalación de una comisión de esa naturaleza, no debería durar más de medio año siempre y cuando se cuente con el apoyo de la comunidad internacional.
Cadena participó junto con el ex fiscal del Ministerio Público Víctor Fernández del  Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Gabriela Blen y Carmen Hayde López en representación de la Oposición Indignada, en un foro público denominado  “CICIH para Honduras”, organizado por la Coalición Contra la Impunidad que aglutina a diferentes organizaciones de la sociedad hondureña.
En los últimos días el país vive una oleada de manifestaciones pacíficas,  que exigen la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, para contrarrestar la corrupción y la  impunidad. Con esa misma demanda, un grupo de jóvenes se encuentran en huelga de hambre, desde el día 22 de Junio de 2015, al que se sumaron ayer 30 de junio siete indígenas de la Etnia Tolupán, con lo que suman 10 personas.
Consultado sobre las dificultades que manifiestan algunos funcionarios públicos, sobre la instalación de una instancia internacional como la que funciona en Guatemala, el especialista manifestó  que lo que sucede es que, “quienes están en el poder tienen miedo de que llegue una comisión de carácter internacional que finalmente los va juzgar por los crímenes que están cometiendo, actos de corrupción  o ejecuciones extrajudiciales o bien otros delitos” puntualizó.

El foro fue inaugurado por el coordinador de la Asociación de Asociación de Jueces por la Democracia Guillermo López cuya organización patrocinó el desarrollo del evento. Honduras ocupa el séptimo lugar del índice de impunidad a nivel internacional, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla, denominado “Índice Global de Impunidad[1]”.
Los panelistas coincidieron que Honduras tiene un problema muy serio de impunidad, por lo que es necesaria la instalación de una comisión internacional que venga a dar   credibilidad. Consultado sobre porqué en Guatemala tardó alrededor de tres años la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), respondió que en su país desde el inicio tuvo una oposición férrea de sectores que temían ser investigados por la comisión.
Fernández por su parte es del criterio que la Comisión Internacional Contra la Impunidad se plantea como una instancia que debe contribuir a que la demanda ciudadana de justicia y de lucha contra la corrupción se haga efectiva. El defensor agrego que no puede haber justicia si no hay participación ciudadana y que el elemento cualitativo en las actuales circunstancias que vive Honduras es la participación de la ciudadanía.
“La movilización ciudadana ha venido a respaldar una serie de iniciativas que unas organizaciones de la sociedad civil han venido presentando” dijo Fernández en relación a la participación de la población en las diferentes manifestaciones pacíficas. Sobre la necesidad de que una comisión internacional se instale en el país, aseguró que se trata de una necesidad porque no hay otra instancia en que se pueda confiar en el país.

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Diálogos mentirosos promueven que Honduras sea un estado fallido

Jun 19, 2015

Un mes ha pasado desde que la gente se volcó masivamente a las calles indignada por los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que suman 7 mil millones de lempiras robados y casi 3 mil vidas arrebatadas. El movimiento de indignados e indignadas sigue pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández mientras ya se comienza a hablar de un posible diálogo.

Hernández por su parte sigue diciendo al mundo que Honduras es un ejemplo de lucha contra la corrupción. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea lo escuchan con atención mientras la población hondureña sigue pidiendo su renuncia y la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción como la instalada en Guatemala.

Esta semana, la vicepresidenta del Congreso Nacional Lena Gutiérrez y tres miembros de su familia recibieron requerimiento fiscal por los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y estafa en el caso de venta de medicamentos adulterados al IHSS por parte de la empresa Astropharma de la cual era directiva. Esto y la orden de captura contra el empresario Shucry Kafie pueden traducirse como aceleramiento de la aplicación de justicia para responder al clamor popular. Sin embargo forma parte de otro tipo de estrategia, según algunos analistas.

Lea también: Sin participación activa, Astropharma logra millonarios contratos por medicamentos 

El analista y miembro de la Coalición contra la Impunidad, Víctor Fernández dijo en entrevista a Radio Progreso que es una forma en que el gobierno debe demostrar que hay mano dura y la antesala al llamado de un diálogo que desde ya es acuerpado por grupos de sociedad civil afines al mismo, cúpulas de iglesia evangélica y católica y sectores de cooperación internacional más ligados a la Embajada de Estados Unidos.

Es un plan, que de mano de los medios de comunicación corporativos, busca ir “normalizando” las cosas en el país.

Nueva comisión: ¿solución intermedia?

Una propuesta que surgió esta semana fue la creación de una Comisión Ciudadana Contra la Corrupción en Honduras (CCCCH), dirigido por un Comité Coordinador conformado, por organizaciones de sociedad civil, iglesias, instituciones académicas y plataforma ciudadanas que le hace contrapeso a la exigencia popular de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH).

Esta es una propuesta de la Alianza por la Paz y la Justicia y grupo de Sociedad Civil. Esta comisión es parte de un plan de tres ejes: 1. El Grupo Internacional de Fiscales y Expertos en Corrupción que trabajarán de manera directa en combatir la impunidad. 2. Comisión Ciudadana dará especial énfasis al seguimiento y monitoreo de las acciones judiciales realizadas a los responsables de actos de corrupción presentados como emblemáticos por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional de la República; y 3. Un Paquete Integral de Reformas de toda la normativa legal que regula, rige y es vinculada con el tema de corrupción e impunidad (Ley Electoral, Ley de Contratación del Estado, Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, y proceder a revisar –para su mejoramiento- la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).

Lea la propuesta completa aquí. 

Esta propuesta no ha sido vista con buenos ojos por parte del movimiento en las calles. El abogado y ex fiscal Félix Ávila en entrevista para el programa Más que dos de Radio Progreso argumentó que aunque la CICIH no debería ser la única solución que el movimiento debe proponer, ésta tiene mayor credibilidad porque tiene respaldo internacional y es externa, mientras que la CCCH es promovida y sería representativa de grupos e instituciones que no tienen la confianza de la gente.

“Para que en Honduras se tenga que solicitar la CICIH, el deterioro de las instituciones jurídicas, el quebrantamiento del estado de derecho y la desconfianza que la sociedad tiene en las instituciones ha llegado a niveles muy altos. Para que un estado sea soberano e independiente tiene que tener la capacidad de gobernarse a sí mismo, de poder dar a la sociedad el bien común, la felicidad y esto no se puede alcanzar si no es por medio del impartimiento de justicia.

Cuando la sociedad pide una CICIH es porque el fenómeno de la impunidad ha rebasado los límites y el Estado no lo ha dicho pero todo apunta a que es incapaz de dar seguridad y satisfacer esas necesidades”, dijo Ávila.

Y es que en Honduras, según el ex fiscal general Edmundo Orellana Mercado, hay un 80% de impunidad que va generando cada vez más crimen, ya que al no haber castigo para los delincuentes y corruptos da la sensación de que en Honduras se puede cometer cualquier ilícito sin consecuencias y con la mayor facilidad.

“Se tienen los cuerpos de investigación, los órganos, pero no funcionan porque no hay voluntad política, pareciera que el mandato es que no funcionen. Ya no solo es la policía nacional, el MP, sino que ahora es la Policía militar, tenemos cuerpos especiales de investigación pero los frutos no se ven”, dijo Avila. Y es que la comisión propuesta por la APJ podría correr el mismo riesgo que la gran cantidad de comisiones creadas en Honduras con un mandato que tal parece fuera que no funcionaran.

Por su parte el abogado y periodista Saúl Bueso dijo en Radio Progreso que él estaba de acuerdo con la nueva propuesta porque  las reglas se deben poner en casa. “Si comenzamos a pedir ayuda internacional estamos aceptando que somos un país fallido, y puede que lo seamos pero estamos obligados como hondureños a buscar la solución. La CICIG en Guatemala, sí estaba justificada porque fue parte de los acuerdos de paz después de una guerra interna. Y hasta 10 años después logran concretar la petición que ha tenido un gran resultado en Guatemala. Creemos que la CICIH nos va a solucionar todo pero el trabajo de ellos solo es investigar de forma muy científica y eso se pasa a las fiscalías nuestras para actuar con datos bien fundamentados” dijo.

En Honduras nunca hemos vivido una guerra interna declarada, sin embargo cada día estamos produciendo 20 asesinatos. El país ha llegado a un punto de crisis en el que los cambios deben involucrar nuevos actores.

Las comisiones en Honduras no han tenido grandes éxitos. Ávila nos recuerda.

“Los mejores momentos del Ministerio Púbico fueron en el primer mandato, el de Edmundo Orellana, luego el segundo mandato con Roy Medina. Ya el tercer mandato se produce el deterioro hasta el punto de crear una comisión interventora del MP. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. Si un fiscal general no funciona pues se le destituye. La comisión interventora fue un fracaso porque no tenía legitimidad procesal para presentar requerimientos. Se mandan esas comisiones para que hagan funcionar mal las cosas.

Otro ejemplo es la comisión de reforma a la seguridad pública  que se creó cuando Porfirio Lobo, una comisión que hizo buenas propuestas pero quedó en nada, el mandato que ellos tenían venía de la representación del congreso de la república. El problema es la alta politización”.

El origen de desconfianza en esta nueva propuesta es que viene de un grupo de sociedad civil muy cercano al actual gobierno, mismo gobierno que la gente rechaza en las calles.

La defensora de derechos humanos, Reina Rivera Joya escribió en su artículo “Propuesta de la APJ debilita movimiento de las antorchas” que esta propuesta tiene el objetivo de mantener el status quo, en un momento en que el gobierno quiere apaciguar el movimiento en su contra.

Por su parte Víctor Fernández asegura que hay que tener mucho cuidado con estos actores que están jugando un papel peligroso en la normalización de la situación del país. “Sectores de sociedad civil, que en un momento resortearon los gobiernos para que siguieran saqueando el país. Hay que señalarlos y hay que tener claro que el actual gobierno va a hacer todos los esfuerzos posibles para detener este descontento social. Ya convocó a las iglesias, la estructura piramidal para salir al paso. Estructuras del movimiento obrero aparecerán en ese supuesto diálogo, estos sectores de sociedad que tienen convenios con el gobierno, etc” dijo.

La comisión propuesta por la APJ es vista como un primer paso de un diálogo que podría promover el gobierno en su favor.

Diálogo ¿con quién y para qué? 

Para hablar de diálogo hay que remontarse a la historia de Honduras y preguntarse ¿Qué nos han heredado los diálogos?

Víctor Fernández conoce de diálogo, él mismo participó en uno al más alto nivel con los tres poderes del estado al terminar una huelga de hambre que en 2008 hicieron 5 fiscales protestando por el sistema de justicia fallido y cooptado por intereses políticos. Ese diálogo no paró la crisis que hoy se refleja en un sistema de justicia aún en peores condiciones.

“Todo termina en diálogos. En 2008 hubo un diálogo con los tres poderes del estado, en 2009 también y han sido tendientes a mantener la situación del país. En este momento lo que hay que hacer es romper esa idea de diálogo mentiroso que ha sostenido una institucionalidad generadora de impunidad. No sé quién estaría en condiciones de defender esa institucionalidad. Una institucionalidad que abiertamente rompe cualquier norma legal para nombrar autoridades del más alto nivel del sistema de administración de justicia”, explicó Fernández.

Sin embargo, no es decir NO rotundamente al diálogo. Es saber elegir con quién se dialoga, según este analista. NO se puede dialogar con delincuentes, con quienes saquearon el IHSS y otras empresas del estado, pero sí se debe generar un diálogo entre las fuerzas que hoy indignadas salen a las calles.

Para Fernández hay que converger todo en un punto: el nivel de desconfianza que tiene la sociedad sobre la institucionalidad, el sentirse víctimas directas de la institucionalidad en cuanto a la vulneración de los derechos, es una cosa que va a estar permanente. Y un posible diálogo organizado por quienes han hasta aceptado su participación en el latrocinio del Estado, solo puede disparar aún más la indignación de la gente.

“Si uno revisa el tema de la movilización ciudadana, puede sostenerse o bajar pero el disparador de esa movilización va a estar permanente. La movilización ciudadana se produjo a partir de hechos puntuales, un programa de televisión, una querella, una reacción del gobierno etc. Es normal pensar que el gobierno va a instalar un diálogo,  lo que uno debe preguntarse es si esto es suficiente para contener el reclamo ciudadano ¿cabe el reclamo en un solo diálogo?  Pero es seguro que en una sentada no se va a generar la disminución del reclamo, la ruta del gobierno creo que más bien va a generar mayor indignación en la ciudadanía”, dijo.

Y es que es indignante que un gobierno que ha catalogado de delincuentes vinculados al crimen organizado a la gente en las calles, que dijo que el dinero robado se devolvería de las arcas de su partido, que ha enfrentado al pueblo más empobrecido contra el movimiento sacándolo a las calles a cambio de 50 lempiras, quiera promover un diálogo. Después de un mes de que la consigna es #FueraJOH, aunque son muchas las estrategias gubernamentales para desprestigiar y dividir, la gente sigue convocando a las calles.

“Ahora lo que hace falta es dialogar los que estamos movilizados. El elemento cualitativo es que cualquier discusión que se produzca a futuro debe tener puntos en los que debemos sentarnos a consensuar. Por ejemplo el tema de la renuncia de los fiscales generales no solo por el caso del IHSS sino el universo de corrupción que se han producido, el tema de la remoción del actual presidente de la república, esos son temas que hay que darles ruta. ¿Nos vamos a sentar con los criminales a dialogar o vamos a construir un proceso para dialogar sobre la salida de estos criminales que están en los poderes del estado?  Si volvemos a instalar mesas para fingirnos apariencias, para entender que es normal que este país produzca miles de pobres y miles de muertos, si vamos a olvidar o desconocer que tenemos una clase política que comete actos de corrupción, que reconoce hasta sus vínculos con el crimen organizado perpetuaríamos la crisis de institucionalidad y crisis en materia de dignidad humana que estamos viviendo”, explicó Fernández.

Y es que hay que entender que los procesos llevan tiempo, el gobierno está alarmado por aplacar el clamor popular lo antes posible, sin embargo las condiciones de país indican que la gente seguirá en las calles. Pero ahora habrá que hacer planes de corto, mediano y largo plazo y responderse ¿Cómo el movimiento enfrentaría una renuncia presidencial en este momento? O incluso ¿cómo enfrentaría que el gobierno que rechazan llamara a una CICIH?

Después de casi 200 años de supuesta independencia tenemos muchas lecciones que aprender dice Fernández. “Desde la fundación de este estado el ausente ha sido el pueblo. Por eso debemos ir encontrando una ruta de salida a corto, mediano y largo plazo con participación decisiva de este sector marginado.

Hay puntos de consenso, el nombramiento de la CICIH, la destitución de fiscales y la renuncia de presidente pero luego viene el largo plazo. Se viene la comisión, se destituyen los fiscales, se saca a un presidente, pero ¿cómo recomponer la institucionalidad del país. Debemos ir graduando el proceso de salida y estos temas que no les suenan tan bien a los sectores sofisticados, como la refundación del país, son necesarios. Necesitamos un nuevo pacto de la ciudadanía en el que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a ensanchar el país. La población indignada debe olvidarse de preguntar quienes serán nuestros representantes, todos tenemos participación decisiva y los movimientos sociales históricos debemos hacer propuestas con calor de ese pueblo que está ahora en las calles”, concluyó Fernández.

Fuente: http://www.radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2165-di%C3%A1logos-mentirosos-promueven-que-honduras-sea-un-estado-fallido

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Exigen la renuncia del Fiscal General y el Adjunto

Wednesday, 10 June 2015 21:45 Written by  Marvin Palacios Published in Contexto Read 39 times

La Coalición contra la Impunidad que aglutina a más de 35 organizaciones de sociedad civil  manifestó hoy a través de un comunicado que es la hora de cambios en el sistema de justicia y de enjuiciar a los políticos corruptos y por tanto exigió la renuncia del Fiscal General, Oscar Chinchilla y del Fiscal general Adjunto, Rigoberto Cuéllar.

Mientras tanto y al aproximarse la elección de los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  la Coalición contra la Impunidad exige de manera firme e imperativa que el Congreso Nacional elija a magistrados y magistradas honestos, honestas e  independientes en el máximo tribunal de justicia, “lo que significa que quienes se seleccionen y elijan sean profesionales sin vínculos con la corruptela y además con coraje para enjuiciar y castigar a los funcionarios y las funcionarias corruptas enquistados y enquistadas en la administración pública.

Estando a la puertas del inicio de la selección, nominación y elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), específicamente para el próximo mes de julio, “es necesario que los hechos que hoy estremecen la conciencia ciudadana nos lleven a un escenario en el que sea posible el adecentamiento de las instituciones del sistema de justicia, en función de no permitir más impunidad”, expresa el comunicado.

“Concretamente proponemos que se reorganice el Ministerio Público, lo cual debe iniciarse con la renuncia del Fiscal General (Oscar Chinchilla) y de su Adjunto (Rigoberto Cuéllar), dijo la directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

Rivera enfatizó: ¡Señores fiscales generales, renuncien!, y  en el futuro cercano demos paso a una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) independiente y comprometida en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

En su participación como miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Guillermo López Lone dijo que esperan que la clase política reaccione para que se produzca el adecentamiento de las instituciones del sistema de justicia “y hay que iniciar por el Ministerio Público, porque creemos que ahí está una de las fallas principales para la investigación y la persecución de todas las personas que son responsables de los actos de corrupción en este país y de las violaciones a los derechos humanos”.

López Lone apuntó que no debe suceder lo que ha venido ocurriendo en años anteriores, donde los políticos corruptos se apropian del espacio de selección y nominación de la CSJ, “en esta coyuntura nosotros demandamos que esos nuevos magistrados y magistradas sean profesionales independientes y comprometidos con la democratización de la justicia y el estado de derecho en este país”.

En la actual coyuntura ¿quién tiene legitimidad?

Por su parte el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) señaló que hay una desventaja planteada desde la institucionalidad en el proceso de selección de los nuevos magistrados, porque actualmente se tendrá que turnar o cursar el procedimiento a través de los términos que están en la ley y que son “sujetos a la manipulación histórica que han hecho los partidos políticos, lo que nosotros podemos apuntar en este caso, es que afortunadamente las circunstancias políticas del país han traspasado la legitimidad que se le ha venido reconociendo a los partidos políticos”.

Fernández agregó que lo que se plantea es un desafío ya que los partidos políticos están en general en las manifestaciones de la ciudadanía, demandando de fondo el cese de la impunidad, y lo que ha resultado más visible en la manifestación ciudadana es la descalificación a la partidocracia en el país.

“El desafío que está planteado para esta elección de magistrados y para cualquier otra decisión es cómo aparecen otros interlocutores que tengan más legitimidad en perspectiva ciudadana, es decir que superen a los partidos políticos; ahí es donde nosotros los espacios de la sociedad civil, del pueblo organizado, tenemos el desafío de superar a una oposición política partidaria que, naturalmente va a cursar sus prácticas a partir de los intereses partidarios, que siempre no han sido coherentes con los intereses de la ciudadanía”, explicó el profesional del derecho.

El comunicado recalca que en lo que concierne a la elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exigimos que se desarrolle el proceso de selección, nominación y elección con participación activa de la ciudadanía, lo que se debe expresar en la creación de un mecanismo que observe y fiscalice las actuaciones de la Junta Nominadora para evitar que se seleccionen profesionales con vínculos directos o indirectos con los políticos corruptos del país.

El proceso de selección, elección y nominación de los magistrados y magistradas de la CSJ está previsto a realizarse el próximo mes de julio, mediante la integración de una Junta Nominadora que abrirá la convocatoria para la propuesta de los candidatos y candidatas provenientes de la sociedad civil. En el mes de septiembre el Congreso Nacional estaría juramentando a los nuevos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia.

La mesa principal estuvo integrada por el director de la organización lésbico-gay Arcoiris, Donny Reyes, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, la directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera, el pastor de la Iglesia Cristiana Agape, Rigoberto Ulloa, el coordinador de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Guillermo López Lone y el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

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Coalición contra la Impunidad urge la destitución del Fiscal General y Adjunto

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Coalición contra la Impunidad urge la destitución del Fiscal General y Adjunto
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Una “reorganización del Ministerio Público que inicie con la renuncia del Fiscal General, Oscar Chinchila y de su Adjunto, Rigoberto Cuellar” clamaron este jueves más de  20 organizaciones de la sociedad civil hondureña integradas en la Coalición contra la Impunidad.
La acción ocurre mientras en Honduras se desarrollan una serie de movilizaciones a nivel nacional en contra de la corrupción y la impunidad, tras el conocimiento de graves casos de corrupción en los que se involucra a miembros del oficialista Partido Nacional y funcionarios del actual gobierno.
“En lo que concierne a la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, exigimos que se desarrolle el proceso de selección, nominación y elección con participación activa de la ciudadanía, lo que se debe expresar en la creación de un mecanismo que observe y fiscalice las actuaciones de la Junta Nominadora para evitar que se seleccionen profesionales con vínculos directos o indirectos con los políticos corruptos del país”,  indicaron en un comunicado divulgado en una conferencia de prensa realizada en un hotel capitalino.
Para la Coalición contra la Impunidad “este es uno de los momentos en que la clase política habrá de demostrar sus lealtades: si es frente a la justicia o intereses mezquinos, aquí veremos si en efecto la oposición política es honesta con la gente o es pura manipulación electoral, porque una Corte independiente es justicia para el pueblo”.
La mesa principal estuvo integrada por el pastor de la Iglesia Cristiana Agape, Rigoberto Ulloa; el abogado Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el coordinador de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Guillermo López Lone; la directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera; el director de la organización lésbico-gay Arcoiris, Donny Reyes y el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez.
Movilizaciones a nivel nacional
“Las movilizaciones  que día a día recorren el país son la prueba más palpable de que el pueblo ha dicho basta a la corrupción y la impunidad, ese es el grito que se escucha a la luz de las antorchas que se levantan. Pero a la vez es un reconocimiento a que la institucionalidad colapsó, que se hundió en la corruptela de los políticos tradicionales”, indicaron en el documento conjunto.
A su criterio, el Ministerio Público, el Tribinal Supremo Electoral el Tribunal Superior de Cuentas,  la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y otros entes administrativos “son incapaces hoy en día de controlar, investigar y enjuiciar a la clase política corrupta que se apoderó y cooptó estas instituciones”.
De igual modo, -señalaron- esta oleada de indignación se lleva de encuentro aquellos espacios que se han mostrado timoratos o con actitudes complacientes ante las actuaciones de los corruptos, especialmente en lo relacionado con el latrocinio en el Seguro Social, cuyos fondos saqueados sirvieron según denuncias para financiar la campaña política del Partido Nacional.

OPINIONES

Gilda Rivera, 
Directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
“Cuando se presentan eventos como los que se están presentando en Honduras, con tanta movilización ciudadana, con tanta indignación siempre surgen intereses de grupos a quienes les importa tener en control de la exigencia de la ciudadanía y mediatizarla, sin embargo en este momento las demandas que plantea la población tienen una fuerza que no han tenido en otros momentos y vemos que no se trata de una exigencia política, aunque en esencia es una demanda política ciudadana”.
“Creo que la ciudadanía organizada que se está movilizando espontáneamente en este momento está construyendo una conciencia política que de una forma u otra está señalando quienes son los responsables de habernos robado el dinero, la salud, la educación y cantidad de derechos… Eso es muy importante, pues en este momento necesitamos una fuerza ciudadana cohesionada para enfrentar tanto las demandas del combate a la corrupción y castigo a los responsables”.
Guillermo López Lone 
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
“Nos sumamos a las voces de los indignados e indignadas para rescatar a este país, necesitamos levantarnos por una Honduras nuevamente y reconstruir un espacio que nos han quitado desde hace décadas”.
“En las calles se está pidiendo cese a la impunidad a la corrupción, pero también pena y castigo para los responsables de la corrupción, lo que sí está clara es que estamos cansados y cansadas de lo que está pasando en el país, pero hay propuestas claras, sabemos que es una lucha dura porque el sistema ya nos dice cuál debe ser el mecanismo para exigir las siguientes autoridades, sin embargo hay mecanismos propuestos de vigilancia y veeduría desde los ciudadanos”.
Víctor Fernández,
 Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) 
“Tenemos el deber de asumir la demanda ciudadana, es decir el nivel de rechazo y crispación de la ciudadanía tiene que ver con las fachadas que se han venido construyendo en el sistema de administración de justicia, es decir el tema de la elección de los magistrados, la elección del fiscal general ha venido por una serie de reformas que pretenden adecentar o volver más eficientes estás instancias, pero todas tienen sus límites y esos límites son generarle impunidad a la clase política y económica del país, pero de eso no es ajeno ninguna cooperación que han estados presentes en estos años y tampoco las estructuras de sociedad civil que han estado siendo parte de esta convergencia de factores, pero la realidad del país manda a hacer un corte con esta práctica que se ha vuelto normal”.

La Coalición contra la Impunidad está integrada por las siguientes organizaciones: Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) – Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) – Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) – Centro de Derechos de Mujeres (CDM) – Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) – Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Comité por la Libre Expresión C-Libre – Comunidad Gay Sampedrana – Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso – Feministas Universitarias – Foro de Mujeres por la Vida –  Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)  – Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia – Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” – Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red Nacional de Defensoras – Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.

 

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Coalición contra la Impunidad Es la hora de cambios en el sistema de justicia y de enjuiciar a los políticcorru

 Autor: Evelyn Molina/miércoles, 10 de junio de 2015/Categorias: Uncategorized, Lo más Reciente, Comunicados

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1.       Las movilizaciones  que día a día recorren el país de sur a norte y de este a oeste, son la prueba más palpable de que el pueblo ha dicho basta a la corrupción y la impunidad, ese es el grito que se escucha a la luz de las antorchas que se levantan. Pero a la vez es un reconocimiento a que la institucionalidad colapsó, que se hundió en la corruptela de los políticos tradicionales.

2.       El Ministerio Publico, el TSE, TSC, la Procuraduría, el Poder Judicial y otros entes administrativos son incapaces hoy en día de controlar, investigar y enjuiciar a la clase política corrupta que se apoderó y cooptó estas instituciones. El grito de las y los ciudadanos que marchan con antorchas así lo expresan.

3.       De igual modo, esta oleada de indignación se lleva de encuentro aquellos espacios que se han mostrado timoratos o con actitudes complacientes ante las actuaciones de los corruptos, especialmente en lo relacionado con el latrocinio en el Seguro Social, cuyos fondos saqueados sirvieron según denuncias para financiar la campaña política del Partido Nacional.

4.       En este contexto se inscribe el proceso de selección, nominación y elección de las y  los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que deberá de iniciar el próximo mes de julio, con el llamado  del Congreso Nacional para que se inicie el proceso de integración de la Junta Nominadora, la cual será juramentada en el mes de septiembre. Sin duda, que  ésta es una oportunidad para exigir de manera firme e imperativa que queremos magistrados(as) honestos e independientes en este tribunal, lo que significa que quienes se seleccionen y elijan sean profesionales sin vínculos con la corruptela y con coraje para enjuiciar y castigar a los funcionarios corruptos enquistados en la administración pública

5.       Es necesario que los hechos que hoy estremecen la conciencia ciudadana nos lleven a un escenario en  el que sea posible el adecentamiento de las instituciones del sistema de justicia, en función de no permitir más impunidad. Concretamente, proponemos que se reorganice el Ministerio Publico, lo cual debe iniciarse con la renuncia del Fiscal General y de su Adjunto.

6.       Y en lo que concierne a la elección de los nuevos magistrados(as) de la Corte Suprema, exigimos que se desarrolle el proceso de selección, nominación y elección con participación activa de la ciudadanía, lo que se debe expresar en la creación de un mecanismo que observe y fiscalice las actuaciones de la Junta Nominadora para evitar que se seleccionen profesionales con vínculos directos o indirectos con los políticos corruptos del país. Este es uno de los momentos en que la clase política habrá de demostrar sus lealtades: si es frente a la justicia o intereses mezquinos, aquí veremos si en efecto la oposición política es honesta con la gente o es pura manipulación electoral, porque una Corte independiente es justicia para el pueblo.

7.       Siendo un consenso de todas las movilizaciones de las antorchas la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, para investigar y sancionar a los responsables de los actos de corrupción, como Coalición nos sumamos a ese clamor y haremos esfuerzos para que esto sea una realidad.

8.        Es la hora de la lucha contra la impunidad. Ningún cerco mediático, ni las maniobras gubernamentales parecen detener la indignación ciudadana. Y, seguramente, continuarán las marchas hasta que la ciudadanía vea satisfechos sus anhelos de justicia. En esta hora, nuestro clamor junto al de los y las caminantes en las marchas es que se produzcan cambios en el sistema de justicia en el corto plazo: Señores Fiscales Generales renuncien, y en el futuro cercano demos paso a una nueva Corte Suprema de Justicia independiente y comprometida en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Coalición contra la Impunidad[1]

Tegucigalpa-San Pedro Sula, 10 de junio de 2015

Fuente: http://www.ciprodeh.org.hn/Noticias/ArtMID/3057/ArticleID/2191/Coalici243n-contra-la-Impunidad-Es-la-hora-de-cambios-en-el-sistema-de-justicia-y-de-enjuiciar-a-los-pol237ticos-corruptos

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Honduras no garantiza plenamente los derechos humanos de su población

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy su visita a Honduras. La presencia de la CIDH –máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente americano–, demuestra su particular interés e inquietud por la situación en el país.
En este marco, las organizaciones firmantes manifestamos:
Primero: A partir del golpe de Estado ocurrido en el año 2009, la institucionalidad democrática continúa fragilizándose. Las autoridades siguen sin reconocer la ruptura del orden constitucional; la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas en dicho contexto se mantienen impunes; y las estructuras de poder (como la Corte Suprema de Justicia y el Ejército), que facilitaron el golpe de Estado, no han sido sancionadas. La independencia judicial todavía es un anhelo cada vez más lejano debido al alineamiento del poder legislativo y judicial con lo que dicta el poder ejecutivo.
Segundo: Paulatinamente se ha venido fortaleciendo el poder militar en detrimento del poder civil. En la actualidad, diversas instituciones públicas son dirigidas por militares como por ejemplo: la Dirección de Migración, Aeronáutica Civil, HONDUTEL, Registro Nacional de las Personas, entre otras. Adicionalmente, el gobierno creó la policía militar de orden público y ahora pretende darle rango constitucional, aun cuando se ha denunciado su participación en violaciones de derechos humanos.
Tercero: Las cifras de violencia no han disminuido, pese a nuevas disposiciones que modifican el método para establecer la cantidad de muertes violentas y que impiden el acceso a la información pública, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia del año 2013, ocurren 79 muertes violentas por cien mil habitantes. La impunidad sobre este tipo de hechos es casi total (92%).
Cuarto: Si bien se han aprobado planes de acción en materia de derechos humanos, estos no se están implementando. Por ello Honduras está en deuda con la garantía plena de los derechos de todos y todas sus habitantes. En particular, preocupa la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes –reflejado en el despojo de sus territorios y con el riesgo, entre otras cosas, de que estos pueblos desaparezcan; la violencia contra las mujeres, las niñas, las personas jóvenes, así como la discriminación y violencia en contra de las personas de las comunidades lésbicas, gays, trans, e intersex. También es preocupante la criminalización y persecución de defensores y defensoras de derechos humanos; las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de libertad; las amenazas y asesinatos contra quienes ejercen la libertad de expresión, así como contra operadores de justicia que han demostrado honradez y transparencia en sus trabajos.
Quinto: La visita de todos los integrantes de la Comisión Interamericana constituye una oportunidad valiosa para que el Estado hondureño rinda cuentas sobre sus actuaciones pasadas y presentes, pero principalmente para que informe sobre sus planes de cómo va a abordar las diversas problemáticas que aquejan al país.
La sociedad civil organizada da la bienvenida a la CIDH y espera que se continúe brindando un seguimiento cercano a Honduras, así como que se establezcan recomendaciones encaminadas a cambios estructurales que permitan mejorar la situación de los derechos humanos de todos y todas las hondureñas.
Consideramos que las nuevas autoridades del Estado de Honduras deben aprovechar la visita de la CIDH como una oportunidad para que, en estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se construya la institucionalidad democrática que tanto necesita el país.
Organizaciones firmantes:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD),  Asociación LGBT Arcoiris,  Asociadas por lo Justo (JASS),  Asociación Para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH),  Casa Alianza Honduras,  Centro de Derechos de Mujeres (CDM),  Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEMH),  Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH),  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),  Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH),  Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),  Comité por la Libre Expresión (C-Libre),  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),  Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT),  Frente Amplio del Colegio de Profesionales de Educación Media de Honduras (COPEMH),  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ),  Foro de mujeres por la Vida,  La Red de Mujeres de Ojojona,  Movimiento Diversidad en Resistencia,  Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara (MAS),  Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla,  Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH),  Red Lésbica Cattrachas.

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Solidaridad con Wilfredo Méndez y CIPRODEH

miércoles, 27 de agosto de 2014

La Coalición contra la Impunidad ante las recientes amenazas en contra de Wilfredo Méndez, director de CIPRODEH y de miembros de su equipo de trabajo manifiesta:

  1. En una visita reciente a la zona del bajo aguán integrantes de CIPRODEH encabezados por su director, el compañero Wilfredo Méndez, fueron objeto de graves amenazas por individuos fuertemente armados, quienes los hostigaron cuando se encontraban en una gasolinera de la margen de derecha de esa región. Estas personas inmovilizaron el vehículo en que se transportaban los compañeros y con sus armas a punto de disparar les amenazaron a muerte.
  1. Actos como el relatado son un fiel reflejo del contexto de inseguridad, represión y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos que  a diario se vive en esta región del país, hoy por hoy militarizada y prácticamente en una situación de estado de sitio.
  1. Ante la gravedad de estas amenazas, la Coalición contra la Impunidad manifiesta su enérgica protesta por estos hechos, a la vez que demanda de las autoridades gubernamentales medidas de protección para Wilfredo Méndez y otros integrantes de CIPRODEH, asimismo, el cese inmediato de la campaña de criminalización y difamación contra defensores(as) de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, y periodistas en el Aguán y otras regiones de Honduras.
  1. Siendo oportuno el momento para exigir a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que se apruebe en el corto plazo la Ley de Protección de las y los  Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

26 de agosto de 2014

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) –  Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) – Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) – Centro de Derechos de Mujeres (CDM) – Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) – Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Unidad Color Rosa – Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Comité por la Libre Expresión C-Libre – Comunidad Gay Sampedrana – Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva – Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso – Feministas Universitarias – Foro de Mujeres por la Vida –  Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)  – Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia – Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” – Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red Nacional de Defensoras – Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, Red de Organizaciones de Sociedad Civil de siguatepeque, Asociacion de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH)

Publicado por Joaquín A. Mejía R. en 04:54

Fuente: http://joaquinmejiarivera.blogspot.ch/2014/08/solidaridad-con-wilfredo-mendez-y.html

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Lecciones y enseñanzas del proceso de elección del CONADEH

Martes, 08 de Abril de 2014

NUESTRA PALABRA
Pasada más de una semana desde la elección del nuevo titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), es posible reflexionar con mayor frialdad sobre las lecciones y enseñanzas que nos ha dejado este proceso.

En primer lugar, el tema de la elección del CONADEH permitió la consolidación de un espacio diverso y nacional del movimiento de derechos humanos aglutinados en la Coalición contra la Impunidad, que si mantiene su dinamismo y niveles de incidencia, su palabra y su discurso puede constituirse en autorizado y obligatorio frente a los distintos problemas relacionados con la justicia y la impunidad.

En segundo lugar, se logró que este proceso de elección se colocara en la opinión pública como un tema de interés nacional y como consecuencia, los poderes fácticos que dominan el Congreso Nacional se vieron obligados a transparentar parte del proceso.

En tercer lugar, se logró que se desarrollaran audiencias públicas en las que los candidatos y candidatas presentaron sus perfiles y propuestas, lo que le brindó a la sociedad mayores insumos para evaluar y cuestionar tales candidaturas y la decisión final de los diputados y diputadas, así como la discusión de ciertos temas sobre la impunidad y derechos humanos que la clase política partidaria quiere mantener en la marginalidad.

Además, la experiencia de estas audiencias podría sentar un precedente fundamental para las próximas elecciones de altos cargos del Estado y que debería institucionalizarse a través de una ley de audiencias públicas que los políticos tienen engavetada desde hace varios años.

Lastimosamente, la clase política eligió a alguien cuyo perfil no cumple con la ley del CONADEH ya que no tiene ninguna trayectoria y formación en derechos humanos, quien ha representado al gobierno nacionalista en una comisión de alto nivel de la industria extractivista y ha sido vocero de la Unión Cívica Democrática en la defensa del golpe de Estado, avalando de esta forma las violaciones a derechos humanos.

Para elegirlo, se desconoció totalmente el reglamento y la Comisión Multipartidaria concluyó votando los candidatos y candidatas no por su trayectoria y preparación sino por criterios de simpatía personal, sin que ninguno de los partidos lo denunciara, evidenciando así su poco o nulo compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Frente a esta situación, asumimos con esperanza y compromiso el anuncio de la Coalición contra la Impunidad con respecto a la creación de un mecanismo ciudadano de vigilancia social de las acciones del CONADEH, lo cual implica en resumen, denunciar a nivel nacional e internacional cuando no cumpla su función de proteger y defender los derechos humanos de la población.

http://radioprogresohn.net/multimedia/NuestraPalabra/2014/Abril/08/Index.html

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HONDURAS: Coalición contra la Impunidad inconforme con CONADEH, creará mecanismo de seguimiento de acciones

jueves, 3 de abril de 2014

Tegucigalpa.

La Coalición contra la Impunidad, que converge 25 organizaciones de la Sociedad Civil, manifestó su inconformidad ante la elección del nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, pero vio positivo que el tema estuvo en la opinión pública.
Con la elección del CONADEH, el partido gobernante cierra el círculo de las instituciones sometidas a su voluntad, controlando de manera férrea todas estas instituciones del sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, CONADEH, Policía Nacional, Procuraduría General, Tribunal Superior de Cuentas, etc.    De esta forma, el Presidente de la República concentra (de forma absoluta) más poder que ningún otro gobierno lo ha hecho en la historia reciente de Honduras, lo cual constituye una amenaza para los derechos y libertades democráticas en nuestro país.
Es por eso que hoy en conferencia de prensa, expresó sus consideraciones sobre el proceso mediante el cual se eligió al nuevo Ombudsman, que para la mayoría de la población es una persona desconocida, pues su formación es en derecho internacional, y no en derechos humanos, como versa la Ley orgánica del CONADEH, al mencionar los requisitos para aspirar a dicho puesto.
Una de ellas, es que valora de manera destacable que el proceso de elección del CONADEH se haya colocado en la opinión pública como un tema de interés nacional, lo cual es un logro de las organizaciones de sociedad civil que consiguieron que saliera de los salones y los pasillos del Congreso Nacional. Las audiencias públicas que se celebraron y la conformación de una comisión multipartidaria para dirigir el proceso, vinieron como consecuencia de las acciones de incidencia que se desarrollaron.

Esto produjo, que el CONADEH, pasara de ser una institución desconocida para la mayor parte de la sociedad, en buena medida por su débil posicionamiento y su falta de respuesta frente a la población hondureña, a ser visualizada, y se colocó en un plano relevante la discusión de su funcionamiento e importancia, por la persistencia de las organizaciones de sociedad civil  que se posicionaron frente a la maquinaria bipartidista representada en el Congreso Nacional, exigiendo un proceso abierto, transparente y participativo, manifiesta parte del comunicado de prensa.

La Coalición Contra la Impunidad estuvo en este proceso de una forma crítica, pues sabía de las limitaciones para conseguir una elección democrática y exenta de las argucias de los partidos tradicionales y de su mayoría mecánica al momento de elegir al titular de tan importante institución.

Por tal motivo, no se sorprendieron ante la falta de transparencia y politización partidaria con que se eligió  a Roberto Herrera Cáceres, reflejando una vez el desinterés y la falta de compromiso de la clase política por fortalecer la  institucionalidad y la vigencia de los derechos humanos en Honduras.

“Desde la Coalición contra la Impunidad  exigimos  que se implementara en esta elección un procedimiento confiable como el de las audiencias públicas, pero este dejó de ser un verdadero ejercicio para la ponderación de méritos personales y profesionales  y  en la etapa final de esta elección lo que prevaleció fue el desconocimiento de estas reglas”.

Fue así que la Comisión Multipartidaria responsable del proceso, concluyó votando los candidatos y candidatas no por su trayectoria y preparación –como  establecía el reglamento- sino que por criterios de simpatía personal.  Elaborando una lista final de las y los seleccionados al gusto y medida de los  partidos tradicionales y sus aliados en la cámara legislativa. Excluyendo de esta lista los perfiles de candidatas y candidatos con reconocida trayectoria, experiencia y estudios en el tema que resultaban incómodos para los intereses de estos partidos políticos.

En este escenario, surge en el listado final la candidatura de Roberto Herrera Cáceres, un profesional del Derecho con experiencia  y estudios en derecho internacional, pero sin  ninguna trayectoria y formación en el campo de los derechos humanos.

Sobresaliendo en el currículum del hoy Comisionado su antecedente de haber sido asesor  en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, representando al Estado en una comisión de alto nivel de la industria extractivista, razón por la cual la organización CEHPRODEC había impugnado formalmente su candidatura. No pudiendo desconocerse también que, Herrara Cáceres fue un vocero a nivel nacional e internacional de la Unión Cívica Democrática en la defensa del golpe de Estado de junio de 2009, avalando de esa forma las violaciones de derechos humanos de ese periodo.

Es de hacer notar, que el CONADEH es un organismo que opera a nivel nacional con un mandato constitucional y legal  a través de su Ley Orgánica,  creado para garantizar la vigencia de los derechos y libertades establecidas en la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales.  Para atender tal responsabilidad, en la Ley Orgánica del CONADEH se establece como un requisito esencial “ser versado en derechos humanos”, lo cual también se establece en los Principios de París y la normativa internacional relacionada, extremo que no ha sido observado por la Comisión Multipartidaria y la clase política hondureña.

También puntea, que al ostentar el nuevo Comisionado las credenciales que antes reseñamos, es claro que el partido de gobierno y sus aliados en el Congreso Nacional, han hecho una apuesta no por fortalecer la causa de la defensa y protección de los derechos humanos, sino que por la mediatización del CONADEH como ha sucedido en los últimos 12 años. Demostrando con esta elección el carácter demagógico del discurso de protección de derechos humanos que intenta posicionar el régimen ante la comunidad nacional e internacional.

Es por eso que, se manifestamos de manera contundente nuestra inconformidad con el procedimiento y la elección que finalmente se hizo del Dr. Roberto Herrera Cáceres imponiéndolo como nuevo Comisionado Nacional de Derechos Humanos, por estar vinculado a la defensa del Golpe de Estado del 2009 y por su papel de defensor de los intereses de las transnacionales petroleras y mineras. En consecuencia, sus actuaciones son contrarias a la defensa de los derechos humanos.

Se anuncia un mecanismo de seguimiento de las acciones del CONADEH

Ante la renuencia de las autoridades estatales por mejorar la institucionalidad de los derechos humanos en el país, anunciamos la creación de un mecanismo  de seguimiento de las acciones del CONADEH, el cual consistirá en lo siguiente: a) Observación de las acciones que desarrolle el Comisionado, con énfasis en sus resultados; b) Seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos que se presenten ante al CONADEH; c) Elaboración de informes alternativos a los que realice el Comisionado; d) Exigir el cumplimiento de las recomendaciones hechas por los Estados en el marco del Examen Periódico Universal y de todas las decisiones de órganos internacionales de protección de derechos humanos; y, e) Denunciar a nivel nacional e internacional la ineficacia del CONADEH en casos concretos que se hayan documentado o por acciones contrarias a su mandato como defensor del pueblo.

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/04/honduras-coalicion-contra-la-impunidad.html

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Conadeh – elección: Profesionalismo de cinco candidatos sorprende a Junta de Proponentes

Escrito por Salvador Monroy en Vie, 03/21/2014 – 11:56

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Tegucigalpa, Honduras. (Conexihon).- La experiencia y el profesionalismo en el manejo del tema de los derechos humanos, sorprendió este día a los miembros de la Junta de Proponentes para la elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cuando varios de los candidatos abordaron con soltura las preguntas hechas por la comisión.
Las exposiciones que mayor profundidad han tenido en el abordaje de la temática de los derechos humanos y mantienen mayor relación con la figura del defensor del pueblo, según los sectores de la sociedad civil que se han presentado a escucharlas, son las comparecencias de Wilfredo Méndez, Ana Pineda, Reina Rivera, Nora Urbina, Joaquín Rivera y Roberto Herrera Cáceres, quienes con soltura, han dejado grandes impresiones en los proponentes del Congreso Nacional.
La Sociedad Civil, agrupada en la Coalición contra la Impunidad, valoró como relevante el proceso, porque ha adquirido un espacio importante en la conciencia colectiva, mismo que ha permitido la discusión en los medios de comunicación y el interés de la comunidad internacional. Sin embargo, denunció la censura a ciertos integrantes de la comisión interpartidaria, “al no permitirles formular preguntas relacionadas con el contexto político, que ha fraguado y profundizado las violaciones de los derechos humanos antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras, el pasado 28 de junio de 2009”, señala un comunicado.
El documento apunta que, “la Coalición contra la Impunidad ve con enorme preocupación que se difunda por los medios de comunicación y en los pasillos del Congreso Nacional, que el Partido Nacional y el Partido Liberal pretendan imponer el candidato o candidato al Conadeh, que responda a sus intereses, burlando el proceso que hasta ahora se ha llevado a cabo, sobre el cual la sociedad y la comunidad internacional han puesto sus expectativas de cambio”.
Para los miembros de la Coalición contra la Impunidad, es necesario que la persona electa para el cargo de Comisionado de los Derechos Humanos, reúna las características de idoneidad, credibilidad, independencia y compromiso demostrado en la defensa y protección de los derechos humanos de la población hondureña.

Reafirmaron que si el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional están interesados en fortalecer la institucionalidad de los derechos humanos en el país y recuperar la credibilidad en los foros internacionales, sólo se podrá conseguir, realizando un proceso de elección en forma transparente y creíble para la ciudadanía y la comunidad internacional.
Reacciones
Mario Pérez, presidente de la Junta de Proponentes para Comisionado Nacional de los Derechos Humanos manifestó que el próximo martes 25 de marzo del presente año se estaría presentado el informe y la nómina de candidatos al pleno del Congreso Nacional para que se proceda al proceso de elección.
“Luego de presentada la nómina de candidatos y el informe sobre las audiencias públicas, lo que viene después es son las reuniones políticas entre todas las bancadas para buscar consensos y acuerdos y tratar de hacer por primera vez, la elección del comisionado por unanimidad”, agregó. Dentro de los criterios de evaluación para cada uno de los aspirantes al cargo del comisionado están los conocimientos jurídicos y profesionales en materia de derechos humanos, hoja de vida y antecedentes en la materia, destacó el congresista.
Naciones Unidas
Para Efraín Pérez, asesor internacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, expresó que “el proceso de elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es una iniciativa que hay que aplaudir, el hecho que se permita que todas las personas que quieran participar en la elección estén en la contienda y es formidable que la Sociedad Civil quiera acompañar y así el pueblo hondureño pueda ver cómo se presentan, no sólo sus hojas de vida, sino también sus iniciativas”.
Para Pérez, en el proceso de selección se han presentado hojas de vida impecables y personas con una trayectoria impecable las cuales se deben de tomar en consideración. Para el representante de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, el Congreso Nacional es una representación del pueblo y es importante la transparencia en su escogencia, tomando como referencia la experiencia y la capacidad de cada uno de los candidatos para ocupar el cargo.
Los participantes en el proceso de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos son: Gilberto Lagos Reyes, Mario Morazán Aguilera, Nora Urbina, Miguel Angel Ortiz, Linda Lizzy Rivera, Ramón Custodio López, Orle Solís, Norman Rolando Ruiz, Wilfredo Méndez González, María Fernanda Castro, German Edgardo Enamorado, Luis Alonso Discua Cerrato, Heriberto Baquedano, Efraín Díaz Arrivillaga, Ana Alejandrina Pineda, Mario Roberto Ruiz, Julia Eva Vásquez, Joaquín Rivera, Reina Rivera Joya, Delmy Anarda Banegas y Héctor Roberto Herrera Cáceres.
La Junta de Proponentes estuvo integrada por los diputados: Mario Pérez como presidente de la comisión, Ana Joselina Fortín, Welsy Vásquez, Alfredo Saavedra, Tomás Zambrano, Rolando Dubón, Augusto Cruz Ascencio, Doris Gutiérrez, Claudia Garmendia, Eleazar Juárez, Waldina Paz, Carlos Lara, Aníbal Cálix, Edwin Pavón y Denis Sánchez.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-ddhh/conadeh-elecci%C3%B3n-profesionalismo-de-cinco-candidatos

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Exigimos una elección Transparente y Creíble del Comisionado Nacional De Derechos Humanos

Exigimos una elección Transparente y Creíble del
Comisionado Nacional De Derechos Humanos
La Coalición contra la Impunidad ante la opinión Pública Nacional e Internacional manifiesta lo siguiente:
1.      La Coalición Contra la Impunidad valora como relevante que el proceso de elección del Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha adquirido un espacio importante  en la conciencia colectiva, a lo que ha contribuido la discusión en los medios de comunicación, el interés de la comunidad internacional y la participación que la Sociedad Civil ha generado en este proceso, lo cual abona positivamente a la causa de los Derechos Humanos.
2.      Queremos denunciar la censura a ciertos integrantes de la comisión interpartidaria, al no permitirle formular preguntas relacionadas con el contexto político, que ha fraguado y profundizado las violaciones de derechos humanos antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras, del 28 de Junio de 2009.
3.      La Coalición Contra la Impunidad ve con enorme preocupación que se difunda por los medios de comunicación y en los pasillos del Congreso Nacional, que el Partido Nacional y  el Partido Liberal impondrán el candidato o candidata como titular del CONADEH que responda a sus intereses, burlando el proceso que hasta ahora se ha llevado a cabo, sobre el cual la sociedad y la comunidad internacional han puesto sus expectativas de cambio.
4.      La Coalición Contra La Impunidad reitera a los diputados y diputadas del Congreso Nacional,  importancia de que se seleccione  y elija al candidato o candidata que reúna las características de idoneidad, credibilidad, independencia y compromiso demostrado en la defensa y protección de los derechos humanos de la población hondureña.
5.      Reafirmamos que si el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional están interesados en fortalecer la institucionalidad de Derechos Humanos en el país y recuperar la credibilidad en los foros internacionales, esto podrá conseguirse realizando un proceso de elección del CONADEH de forma transparente y creíble para la ciudadanía y la comunidad internacional.
COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación Arcoiris – Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) – Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) – Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) – Centro de Derechos de Mujeres (CDM) – Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) – Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas – Colectivo Unidad Color Rosa – Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Comité por la Libre Expresión C-Libre – Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral – Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva – Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación/Radio Progreso – Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH – Foro de Mujeres por la Vida – Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) – Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) – Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” – Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” – Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC) – Red Nacional de Defensoras – Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.

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Defensoras apuntan a que sea una mujer la próxima Comisionada de DDHH

Tuesday, 04 March 2014 16:45 Sandra Rodríguez
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Tegucigalpa.

Hoy cierra la recepción de candidaturas a la titularidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, de acuerdo al tiempo establecido por la comisión especial del Congreso Nacional, y entre ellos hay tres propuestas avaladas por la Coalición contra la Impunidad.

El Congreso Nacional elegirá al titular por mayoría de votos y por un periodo de 6 años, quien ocupe ese cargo, estará hasta marzo del 2019, teniendo la oportunidad de ser reelecto.

El actual Comisionado, Ramón Custodio, lleva en el cargo 12 años, y se postuló a la reelección (por un tercer periodo), sin embargo él no representa al pueblo, ni defiende los derechos humanos, si no los de la clase política, según manifestaciones de representantes de organizaciones sociales.

“En su último período, el CONADEH en vez de defender las garantías civiles de una población indefensa como fue durante el golpe de Estado de 2009, al contrario avaló las acciones de un gobierno que mediante la metralleta, gases lacrimógenos y los toletes quería imponer un sistema totalmente adverso a la defensa de los derechos humanos en Honduras”, denuncio el director de C-Libre, Héctor Becerra, en un evento donde la Coalición contra la Impunidad, propuso a tres candidatos para este cargo.

Por lo tanto, queremos a alguien que se identifique con nosotras, que vele por nuestros derechos y que sea aceptado o aceptada por la mayoría, declaró Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer, CEM-H, e integrante de la Coalición contra la Impunidad.

Siendo su papel, por ley, vigilar el cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras, le apostamos a una defensora del pueblo, que sea una mujer, con toda una trayectoria en defensa de las mujeres y de la población, ya es hora que sea una Comisionada de Derechos Humanos, agregó Martínez.

También vemos que hay hombres aspirando, y son dignos de ese puesto, por lo que queremos que no sea un violador de DDHH, que no sea un dictador o agresor en su casa, por lo que habría que investigarlos, con las compañeras de ellos, declaró la feminista.

Al consultar a la directora del Centro de Derechos de la Mujer, CDM, Gilda Rivera, sobre el rol a desempeñar del nuevo comisionado o comisionada, dijo  que,  debería de ser el de vigilar, proteger y exigir el cumplimiento de los DDHH de las convenciones de las leyes nacionales e internacionales, que son leyes marcos legales en nuestro país.

También debería impulsar que la población conozca sobre los DDHH, para que los exija y ejerza, ese es un verdadero comisionado desligado por completo de intereses políticos partidistas, de intereses de grupos económicos con poder.

Un comisionado o comisionada altamente comprometida con los derechosa de la población, tenemos una candidata Reina Rivera Joya y dos candidatos, Joaquín Mejía y Wilfredo Méndez, altamente profesionales, probos y comprometidos con los derechos humanos en el país.

Ellos están conscientes del papel que deben desempeñar, saben que es un desafío  especialmente en el marco de un gobierno que busca que toda la estructura institucional se pegue a su interés, señaló Rivera.

Por su parte Carmen Castro del Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras, CESADE, aseguró que “queremos que la próxima titular del CONADEH, sea una persona con mucha probidad, que no tenga señalamiento, que no sea un mal padre o madre, que no tenga juicios pendientes pos acoso sexual, violencia doméstica o maltrato físico a una mujer, y que tenga un trayectoria limpia en su hoja de vida”.

Agregó que, planteamos como candidata a la compañera, defensora y abogada Reyna Rivera Joya, que tiene una trayectoria de más de 15 años en la defensa de los derechos humanos, indiscutiblemente que los compañeros Wilfredo Méndez y Joaquín Mejía, también gozan de nuestra venia.

Estas tres personas reúnen condiciones aptas para desempeñar este cargo, porque no se trata de beneficiar a un amigo o amiga, sino que respondan a las necesidades del pueblo, desde el compromiso de la dignificación, democratización y elevar a Honduras a un mejor plano internacional.

Mientras se llega el 12 de marzo, fecha para elegir al nuevo o nueva comisionada de DDHH, las organizaciones de mujeres, continuarán con la campaña de denuncia y acciones públicas, para que el proceso se realice con legalidad y se respete los derechos de la población.

Y como es al Congreso Nacional, quien le corresponde nombrar al o la titular del CONADEH, según el artículo 2, de su ley orgánica, se creó una comisión especial presidida por Mario Pérez, la vicepresidenta es Ana Joselina Fortín, secretario José Alfredo Saavedra, además Rolando Dubón Bueso, Denis Sánchez, Carlos Lara Watson, Claudia Lorena Garmendia, Doris Gutiérrez, Edwin Pavón, Augusto Cruz Asensio, Tomás Zambrano, Eleazar Juárez, Aníbal Javier Cálix, Welsy Vásquez y Waldina Paz, representado a todos las bancadas políticas, aunque son pocos los opositores al partido de turno.

Ley Orgánica de esa institución ya establecía cinco requisitos para aspirar al cargo de comisionado de DDHH, contenida en el decreto legislativo 153-9520, publicado en La Gaceta 27811, del 21 de noviembre de 1995,  y es ser hondureño por nacimiento, estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos, ser mayor de 30 años, ser profesional de las ciencias jurídicas y sociales o profesional universitario versado en derechos humanos y ser de reconocida honorabilidad.

Pero la comisión especial ha adicionado ocho requisitos más, acreditar una constancia extendida por los órganos jurisdiccionales que acredite que no tienen juicio pendiente en materia criminal y que no ha sido sentenciado por incumplimiento de sus deberes de padre de familia.

Certificación original del acta de nacimiento para acreditar la condición de hondureño por nacimiento y la edad, que debe ser mínima de 30 años, y  copia de la tarjeta de identidad.

Además, acreditar copia autenticada del título de abogado o de la profesión universitaria requerida; constancia de inscripción del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) o de otro al que pertenezcan, y la constancia de solvencia de las cotizaciones.

Constancia de no haber sido denunciado en el CONADEH, y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, y del Ministerio Público, MP.

Asimismo, constancia de antecedentes penales, solvencia extendida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, donde se señale que no tiene deudas con la hacienda pública; de la Procuraduría General de la República, PGR y la expedida por el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, si es que el candidato o candidata haya administrado o recaudado fondos o valores públicos bajo cualquier título.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3007:defensoras-apuntan-a-que-sea-una-mujer-la-proxima-comisionada-de-ddhh&catid=71:def&Itemid=166

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Un defensor debe velar por todos los derechos de todos, afirma experto internacional

Feb 28, 2014

El 12 de marzo concluye en sus funciones el actual titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, Ramón Custodio López. Para lo cual ya están dando los primeros pasos en el proceso de escoger al sucesor.

Una de las características más importantes para un defensor de los Derechos Humanos es la obstinación según dijo a Radio Progreso  el doctor Roberto Garretón, experto en el tema. “A mí no me interesa que a una persona la torturen un poco, no, que no la torturen y punto” expresó Garretón.

Roberto Garretón es de nacionalidad chilena, miembro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Fue defensor de derechos humanos en Chile durante la dictadura del General Augusto Pinochet y actualmente es Integrante del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

Roberto Garretón (RG) accedió a dialogar con Amecate Corto (AMC).

AMC. ¿Cómo llega usted a ser un defensor de los derechos humanos?
RG. Yo digo, y la gente se escandaliza pero es así, la persona que más ha influido en mi vida se llama Pinochet, y me influyó para bien, que es bastante raro, pero yo era un abogado que ejercía la profesión en temas normales, trabajaba en la empresa del Estado pero con el golpe en Chile me cambia totalmente la vida y me he dedicado cien por ciento al tema de los derechos humanos.

AMC. ¿Cuál es el papel que debe jugar la sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos?
RG. Debe ser una sociedad que emprenda una confrontación civilizadísima entre un pueblo que le dice a su Estado “usted está incumpliendo los código internacionales más importantes de la historia humana que son los Derechos Humanos” entonces le exijo que mejore su conducta.

AMC. ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido la humanidad en este tema?
RG. La palabra de Derechos Humanos no entro así nomás, se demoró en entrar, hasta hace 60 años atrás nosotros nos preocupábamos que se hagan las cosas bien pero nunca nos preocupamos los chilenos de lo que pasaba en Honduras, los hondureños de lo que pasaba en Chile, los hondureños y chilenos de lo que pasaba en Corea, no nos preocupábamos, no era nuestro problema, ¿es igual hoy la cosa?, es completamente distinta, hay una ciudadanía universal cuyo vinculo de unión se llama Derechos Humanos.

AMC. Los derechos humanos se violan sólo en ¿democracia o en dictadura?
RG. En las democracias sí se violan los derechos humanos pero en distinta dimensión, no es lo mismo las dictaduras que actúan en impunidad, en democracia debe ser sin impunidad, pero además en Democracia es posible es posible que no se violen los DDHH, en dictadura es imposible, esa diferencia es capital, es fundamental.

AMC. ¿Cuál es la importancia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos?
RG. Es una conquista de la sociedad. ¿Cuándo existieron estos defensores de los Derechos Humanos? Se crearon en Finlandia y en Suecia en 1809, pero en España, que tiene tanta influencia en América Latina, se crea después de la muerte de Franco, ya restituida la democracia, y en Honduras lo crea el presidente Reina en 1994 cuando se había acabado la dictadura y en Chile igual, en Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay y en todo, son instituciones democrática.

AMC. ¿Qué se necesita para ser defensor del pueblo?
RG. Es una persona con una moral intachable, una persona con compromiso con los derechos humanos que pueda demostrar que en un periodo importante de su vida. Que sea una persona que actúe siempre con la verdad ya que esa es nuestra credibilidad.

AMC. ¿Qué tipo de defensor del pueblo se debe buscar en Honduras?
RG. Queremos que un Ombudsman hondureño sea tan legítimo, tan eficaz, tan ético como es el defensor de Derechos Humanos de España, de Suecia, de Noruega, del Instituto de Derechos Humanos de Chile, la Misión Consultiva Francesa, etc. porque tenemos los mismos códigos, y no se trata de “sacarle los ojos al otro”.

AMC. ¿Cuál es la característica fundamental de un defensor de los derechos humanos?
RG. Para mí es su obstinación, porque nos dejamos. A mí no me interesa que a una persona la torturen un poco, no, que no la torturen y punto. Aunque se más light, que le estén pegando menos, no nos podemos contentar con eso, no, eso es imposible. Debe defender y respetar todos los derechos humanos de todos. Es un derecho humano el fin de la impunidad.

AMC. ¿Qué opinión tiene usted de Ramón Custodio?
RG. El día del golpe en Honduras, por la primera persona que me preocupé fue por Ramón Custodio, me dije “a ese hombre lo han estar persiguiendo”, y me costó conseguir información porque las comunicaciones no estaban buenas, y cuando la conseguí me di cuenta que no estaba combatiendo el golpe, y me dolió mucho esa postura porque había sido un muy buen defensor del pueblo.

AMC. ¿La defensa de los derechos humanos es un tema exclusivo para los abogados?
RG. Eso es completamente mentiroso, tenemos algo que decir, pero un periodista, espero que usted lo pueda hacer, Radio Progreso sí lo es, son defensores de Derechos Humanos sin ser abogados y sin saber de leyes, pero tienen el mismo rol que hacer, con un instrumento que tiene usted y que yo tengo otro.

AMC. ¿Qué debe sentir la gente de un defensor de derechos humanos?
RG. Protección, que todos se sientan que este señor lo va a proteger, que voy a ir a poner mi queja, que me va a proteger. Necesitamos a una persona comprometida, que te dice que se va jugar hasta su último día porque se haga la justicia y así lo hace, que sea una persona con mucha obstinación y que haga presión legítima.

AMC. ¿Qué mecanismo de elección se deben aplicar?
RG. Yo estoy de acuerdo con las audiencias públicas, éstas deben transmitirse por televisión y radio, la misma Radio Progreso la puede trasmitir, toda la sesión, no extractos, para que la gente pueda evaluar. La idea de audiencia pública es otro progreso de derechos humanos, cuándo habían existido, y ahora las estamos exigiendo, eso es fantástico.

AMC. ¿Qué les dice a los diputados que al final son los que van a elegir?
RG. Hay que hacer las cosas lo más transparente posible, la transparencia es un gran valor en países que viven en Democracia. Hay que ser responsable porque se está nombrando al representante del pueblo y al pueblo no se le puede hacer la trampa de no escucharlo o la trampa de nombrar uno por el partido político y no porque es el mejor.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/761-un-defensor-debe-velar-por-todos-los-derechos-de-todos-afirma-experto-internacional

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Profesionales del derecho se organizan

Friday, 28 February 2014 10:02 Tommy Morales
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Guillermo López Lone

Tegucigalpa.

Algunas organizaciones de profesionales del derecho, se formaron después de la huelga de hambre de los fiscales con el objetivo de incidir en decisiones que afectan a la sociedad.

Cuatro fiscales Jary Dixon, Soraya Morales, Luis Javier Santos y Víctor Fernández (presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, AFH),  se pusieron en huelga de hambre el siete de Abril del 2008, en señal de protesta por las irregularidades que se estaban dando en el Ministerio Publico, además del despido, traslado y rotación de fiscales.

MADJ

Esta acción dio lugar a la organización del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, se fundo el 14 de Mayo del 2008.

Algunas actividades fue el no reconocimiento al gobierno de facto surgido del golpe de Estado del 2009.

La  declaración en resistencia permanente, exigieron la suspensión de proyectos hidroeléctricos, mineros y forestales reñidos con la ley en los departamentos de Atlántida, Yoro y en todos los departamentos del país.

Alertaron la represión en contra de  la tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro han tenido una lucha continua por la defensa de sus bosques, aguas y demás bienes naturales.

Denunciaron que dos jefes policiales han intentado intimidar a las personas que acuerparon la manifestación popular realizada el 26 de marzo en defensa de los recursos naturales que han sido privatizados en la Másica, Atlántida.

Se han convertido en activos defensores de los derechos humanos en las luchas de los pueblos a nivel nacional.

Jueces

La Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, fue creada el 12 de agosto del 2006, agrupa juezas y jueces activos.

Cinco jueces fueron despedidos por haber cuestionado al Poder Judicial en cuanto a su falta de independencia y sus declaraciones políticas, para legitimar el golpe de Estado del 2009, calificándolo como ¨sustitución constitucional¨.

Dos de estos jueces Luis Alonso Chevez de la Rocha y Adán Guillermo López Lone, decidieron iniciar una huelga de hambre el 17 de Mayo del 2010 en la Plaza la Merced, con el fin de poner en evidencia la crisis que vive el sistema judicial.

También participaron José María Pineda, Gerson Medina y Pablo Munguía miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.

Coalición

Guillermo López miembro de la Coalición contra la Impunidad relato que la Coalición Contra la Impunidad surge en Abril del 2013, por todo el movimiento que se dio con la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto de la Republica.

La coalición tuvo una posición muy fuerte en cuanto a la forma de elección, alegaron que era ilegal por el adelanto de la fecha de la elección, consideraron que fue una maniobra del Partido Nacional para evitar que el nuevo Congreso los eligiera.

La conforman 25 organizaciones oficiales, pero con colaboración de otras suman cincuenta, han logrado conjuntar una red de sociedad civil, el MADJ tiene carácter red.

¨La Coalición es ya como un fenómeno dentro de la sociedad, la ventaja de que los profesionales del derecho nos organicemos es que nosotros estamos obligados a asumir un papel de carácter responsable, consiente a la construcción de la institucionalidad, tenemos los conocimientos de carácter legal y jurídico¨, manifestó el abogado.

Los mandatos de la Coalición son la defensa y promoción de los derechos humanos.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2994:profesionales-del-derecho-se-organizan&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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Coalición contra la Impunidad manifestó su preocupación por el deterioro de la institucionalidad hondureña

Friday, 28 February 2014 10:34 Administrador
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La organización no gubernamental Coalición contra la Impunidad, en la que participan 25 organizaciones cuyos mandatos comprenden la defensa y promoción de los derechos humanos1, invitó a un grupo de personas expertas en derechos humanos para que observara el proceso de designación del próximo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La Coalición manifestó su preocupación por el deterioro de la institucionalidad hondureña, especialmente la encargada de la impartición de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas y colectividades.

Según la Coalición, el proceso de designación del próximo Comisionado presenta graves falencias. Entre ellas, se señala que la Ley Orgánica de la institución no es exigente en las condiciones y requisitos de las personas candidatas y algunas de ellas son aparentemente vagas y fáciles de cumplir. Asimismo, la escogencia del Comisionado no es transparente; no contempla la realización de audiencias públicas ni la participación de la sociedad civil; está rodeada de secretismo; algunas exigencias aparecen vagas y fáciles de cumplir.

Las organizaciones creen que posiblemente en estos días se prepare un acuerdo entre los partidos políticos más cercanos al nuevo gobierno, en el que participan además partidos ligados a los autores del golpe de Estado.

Quienes suscribimos este informe aceptamos el encargo de realizar una misión al país para observar el proceso y elaborar este informe con conclusiones y recomendaciones.

La misión tuvo lugar del 24 al 27 de febrero de 2014. Su agenda contempló una serie de reuniones y entrevistas con organizaciones no gubernamentales, abogados/as, defensores/as de derechos humanos, intelectuales, víctimas de violaciones de derechos humanos de la época de las dictaduras militares y posteriores, incluyendo aquellas producidas en los días del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Se entrevistó, además con la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con jueces destituidos luego del golpe de 2009.

Además, se entrevistó con los Embajadores de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América, así como con autoridades y funcionarios de las Naciones Unidas en el país. Asimismo, la Misión fue receptiva al interés de comunicadores y medios de comunicación social que han seguido el proceso de selección del Comisionado.

La misión participó también, junto a otros actores locales, en un panel sobre perfiles de candidatos (as) y papel de la sociedad civil en su elección.

En atención a que la designación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es decidida por el Congreso Nacional, se sostuvo entrevistas con los diputados y diputadas de los partidos políticos Liberal (PL), Anticorrupción (PAC) y Libertad y Refundación (Libre). La delegación lamenta no haber recibido respuesta del Partido Nacional (PN) a la demanda de entrevista.

II. El proceso de la designación del Comisionado

La ley orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos dispone que “La persona titular, de la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, será elegida por el Congreso Nacional para garantizar las acciones y medida de las autoridades, con el propósito de lograr el efectivo cumplimiento de las leyes y disposiciones que garanticen los derechos humanos.” (Artículo 2).

Luego la ley en su artículo 4 agrega: “La persona titular para Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, será elegida por el Congreso Nacional por un período de seis (6) años por mayoría de votos, pudiendo ser reelegido.”

El mismo texto prevé los siguientes requisitos a ser tomados para el perfil de la persona titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos: Artículo 5.
Para ser elegido titular como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, deber reunir los requisitos siguientes:
a. Ser hondureño por nacimiento;
b. Estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos;
c. Ser mayor de 30 años;
ch. Ser profesional de las ciencias jurídicas y sociales o profesional universitario
versado en derechos humanos; y,
d. Ser de reconocida honorabilidad

La falta de una mayoría calificada para la designación, según las organizaciones de la sociedad civil, facilita arreglos entre partidos con tendencias políticas más afines para elegir un/a candidato/a más cercano a sus posiciones, en perjuicio de una mayor valoración de los méritos de otros pretendientes al cargo.

La sociedad civil y otras instituciones manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se esté considerando la renovación del mandato del actual Comisionado, Ramón Custodio, por parte de partidos políticos afines al actual gobierno. Como se recordará, el actuar del señor Custodio fue muy objetado por el abandono de su función de protección de los derechos humanos desde el día del golpe de Estado, a cuyos promotores y beneficiarios apoyó desde el inicio de los acontecimientos.

Algunas buenas noticias durante la misión En las entrevistas con los partidos políticos, la misión constató la existencia de condiciones que posibilitarían que se disipen los legítimos y justificados temores de las organizaciones, que dieron origen a nuestra presencia en el país: El 25 de febrero, la víspera de la reunión con los partidos políticos, se supo que el Congreso Nacional adoptó un “Reglamento y conceptos de las audiencias públicas para elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos”. La delegación celebra que el “Reglamento y Conceptos” contemple la participación en el proceso de observadores que son todas las personas naturales o a título particular o en representación de una organización gubernamental o no gubernamental, medios de comunicación u otro sector de la sociedad civil sea invitada y debidamente acreditada como observador de todo o parte del proceso de selección, nombramiento y juramento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Es de esperar que el citado documento sea aplicado en la próxima -e inmediata- nominación del próximo Comisionado.

Una segunda buena noticia, es que todos los partidos políticos que conversaron con la delegación manifestaron que estaban de acuerdo con todo lo que expusieron los delegados. Ninguno rechazó nuestras observaciones y criterios y en todo momento y de forma unánime manifestaron, además de su agradecimiento por las recomendaciones, su disposición a que el proceso se lleve a cabo en las mejores condiciones y teniendo en mente los más altos intereses de derechos humanos de la sociedad hondureña.

III. RECOMENDACIONES DE LA MISIÓN

La misión intervino en los paneles del día 26 de febrero y escuchó las intervenciones de las representaciones de las organizaciones encargadas de la convocatoria. Con estos aportes y sobre las conversaciones y visitas realizadas, así como de la revisión de los “Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos” (Principios de París), la misión adopta las siguientes recomendaciones al Congreso Nacional:

1) En cuanto al perfil del Comisionado:
a) Debe ser una persona reconocida por su inobjetable apego a las normas morales y jurídicas;
b) Debe tener un intachable compromiso con la democracia, sin que se le pueda reprochar quiebre alguno en este aspecto;
c) Debe ser una persona de gran credibilidad. Todas las personas víctimas de una violación de derechos humanos deben tener la seguridad que la
institución del Comisionado les atenderá, en pleno cumplimiento de su mandato de protección y defensa de los derechos humanos;
d) Debe asumir la tarea de garante de los derechos humanos de todas las personas y colectividades sin discriminación de ninguna índole;
e) Debe actuar sin considerar las opiniones políticas ni religiosas de las víctimas que recurren a él ni las propias o las de integrantes de su equipo;
f) Debe ser una persona experta en derechos humanos y, en lo posible, con una trayectoria de vida de compromiso en esta materia;
g) Debe tener experiencia en educación en derechos humanos, y el propósito de implementar programas en esta materia, para todos los niveles sociales, etarios, de género u opciones sexuales;
h) Debe tener una independencia absoluta respecto de las asociaciones, partidos políticos, credos religiosos, autoridades políticas y de cualquier otra índole con las que estuviere ligadas; y
i) En la selección de personal, debe respetar el principio de igualdad de todas las personas al acceso a las funciones públicas, aplicando criterios objetivos y técnicos de las personas que seleccione.

2) Sobre el proceso de designación:
a) El Congreso Nacional debe seleccionar al candidato con prescindencia de la militancia política, del credo, etnia, color género u opción sexual, de sus opiniones filosóficas, ideológicas o de otra índole, posición social o económica, y sin ningún tipo de discriminación.
b) Incorporar buenas prácticas de otros países en procesos de selección similares, las cuales incluyen al menos los siguientes aspectos:
i. La convocatoria debe partir de un perfil previamente establecido y hacerse pública para que cualquier persona que cumpla los requisitos de elegibilidad pueda participar, en igualdad de condiciones, en el proceso. La publicidad podrá incluir la impresión en diarios de máxima circulación; la inclusión en el sitio web oficial del Congreso; y los anuncios en el canal del Congreso; entre otros.
ii. La convocatoria también debe definir una hoja de ruta con fechas, plazos, actividades y responsables.
iii. El proceso debe tener una metodología de trabajo en la que se definan los aspectos a ser evaluados, los métodos de evaluación (revisión de documentos, audiencias públicas, etc.) y los puntajes por cada rubro.
iv. En todo momento se deben prever herramientas de información pública a la ciudadanía con el fin de que pueda estar informada y participar con observaciones. Tales herramientas pueden incluir la publicación de la lista de todas las personas que se hayan postulado al cargo; la convocatoria a audiencias públicas; la publicación en el sitio web del Congreso de los documentos entregados por las personas postulantes; etc.
v. La decisión final debe explicar claramente las razones que llevaron al Congreso Nacional a elegir a la persona designada.
3) Garantías y condiciones de participación activa de la sociedad civil y la población en general en el proceso de selección:
a) investigación sobre los antecedentes e historia de las personas candidatas, formulando consultas que estos debieran responder;
b) mantener informada a la sociedad civil acerca del procedimiento y establecer procesos de reclamo de lo que no esté conforme a la ley o las exigencias generales de los concursos públicos.
4) Sugerencia de puntos para conformar una agenda para trabajar con el nuevo Comisionado:
a) Presentar reclamos sobre cada violación de derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales;
b) Hacer informes alternativos a los que elabore el Comisionado;
c) Solicitar informes factuales, periódicos al Comisionado y al Congreso Nacional en lo que le corresponde respecto del fortalecimiento presupuestario del Comisionado;
d) Ofrecer al Comisionado colaboración en investigaciones u otras actividades que se estime necesario;
e) Exigir el cumplimiento de las recomendaciones hechas por los Estados en el marco del Examen Periódico Universal y de todas las decisiones de órganos internacionales de protección de derechos humanos; y
f) Ofrecer servicios de mediador en conflictos en los que puede ser útil.
Estas sugerencias, formuladas de buena fe y de manera independiente, no son limitativas de cualquier otra iniciativa tendiente a mejorar y transparentar el proceso de selección a fin de que la persona con el mejor perfil pueda asumir el importante cargo de Comisionada Nacional de Derechos Humanos.

La Misión agradece a las organizaciones de la sociedad civil, víctimas, parlamentarios, diplomáticos acreditados en Honduras, funcionarios y académicos por el apoyo, las valoraciones e insumos para el cumplimiento exitoso de los objetivos planteados. Honduras vive momentos importantes y grandes retos en materia de derechos humanos. Sin duda alguna, una elección responsable, certera, transparente y participativa del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos servirá para que las personas tengan confianza en que el/la magistrado/a de conciencia velará por el efectivo cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la normativa hondureña y los tratados internacionales de los que el Estado hondureño es parte.

Roberto Garretón (Chile)
Hugo Lorenzo (Uruguay)
Lucrecia Molina (Guatemala)
Alejandra Nuño (México)

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2996:coalicion-contra-la-impunidad-manifesto-su-preocupacion-por-el-deterioro-de-la-institucionalidad-hondurena&catid=71:def&Itemid=166

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El Comisionado de DDHH debe ser un amigo del pueblo, prensa y ciudadanía debe estar pendientes del proceso

Thursday, 27 February 2014 19:27 Sandra Rodríguez
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Tegucigalpa.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de ser una persona reconocida por su inobjetable apego a las normas morales y jurídicas, tener un intachable compromiso con la democracia, sin que se le pueda reprochar quiebre alguno en este aspecto, y deber der una persona de gran credibilidad.

Estas son algunas de las recomendaciones que realizó una misión internacional de observación de designación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, a realizarse a mediados del mes de Marzo, por la Cámara Legislativa, en Honduras.

La misión, integrada por Roberto Garretón (Chile), Hugo Lorenzo (Uruguay), Lucrecia Molina (Guatemala), y  Alejandra Nuño (México), intervino ayer en paneles y escuchó las intervenciones de  representantes de las organizaciones encargadas de la convocatoria.

Con estos aportes y sobre las conversaciones y visitas realizadas, así como de la revisión de los “Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y   promoción de los derechos humanos” (Principios de París), la misión plasmó nueve recomendaciones al Congreso Nacional, encargado de nombrar al Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

Entre ellas, es que toda personas víctimas de violación de  derechos humanos deben tener la seguridad que la institución del Comisionado les atenderá, en pleno cumplimientos de su mandato de protección y defensa de los DDHH, dice otra de las recomendaciones.

También debe asumir la tarea de garante de los DDHH de todas las personas y colectivos sin discriminación de ninguna índole, el documento que resume el informe de la misión, agrega que el Comisionado debe actuar sin considerad las opiniones políticas ni religiosas de las víctimas que recurren a él, ni las propias o las de los integrantes de su equipo.

Además, debe ser una persona experta en derechos humanos y, en lo posible, una trayectoria de vida de compromiso en esta materia.

Debe tener experiencia en educación en derechos humanos, y el propósito de implementar en esta materia, para todos los niveles sociales etarios, de género u opciones sociales, declaró el chileno Roberto Garretón, miembro de la misión que dio lectura al documento.

Además, mantener independencia absoluta respecto de las asociaciones, partidos políticos, credos religiosos, autoridades políticas y de cualquier otra índole con las que estuviere ligadas; y en la selección de personal, debe respetar el principio de igualdad de todas las personas al acceso a las funciones públicas, aplicando criterios objetivos y técnicos de las personas que seleccione.

La agenda de la misión, contempló desde el lunes pasado, reuniones y entrevistas con organizaciones no gubernamentales, abogados y abogadas, defensores y defensoras de derechos   humanos,   intelectuales,   víctimas   de   violaciones   de derechos humanos de la época de las dictaduras militares y posteriores, incluyendo aquellas producidas  en  los  días  del  golpe  de Estado del  2009.

Además, se entrevistó, con Julieta Castellanos, Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y  jueces destituidos después del golpe de 2009.

La información brindada por Guillermo López, de la asociación de Jueces por la Democracia, AJD, e integrante de la Coalición contra la Impunidad- Honduras, dijo que la misión también se entrevistó con representantes de la Embajada de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América, y con autoridades y funcionarios de las Naciones Unidas en el país.

Algo que los integrantes de misión, resaltaron es la participación e interés de comunicadores, periodistas de diversos medios de comunicación social, local, nacional e internacional, que han seguido el proceso de selección del Comisionado.

Eso es muy importante, porque el tema está interesando a toda la población, quienes deben seguir de cerca este proceso, ya que involucra a cada ciudadano y ciudadana, pues nadie está exento de ser víctima de violación a sus derechos humanos, expresó la integrante de la misión, Lucrecia Molina, procedente de Guatemala.

La misión participó también, junto a otros actores locales, en un panel sobre perfiles de candidatos (as) y papel de la sociedad civil en su elección.

En atención a que la designación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es decidida por el Congreso Nacional, se sostuvo entrevistas con los diputados y diputadas de los partidos políticos Liberal (PL), Anticorrupción (PAC) y Libertad y Refundación (Libre). La delegación lamenta no haber recibido respuesta del Partido Nacional (PN) a la demanda de entrevista.

Para el uruguayo, Hugo Lorenzo, integrante de la misión, hay personas nominadas al CONADEH, que cumplen con los requisitos que la misión ha recomendado, pero es necesario que la sociedad esté pendiente, para que no se les imponga a quien algún sector decida, sino que sea elegido por su perfil y requisitos, y sobretodo que confíen en su labor e imparcialidad.

Buenas noticias durante la misión

En las entrevistas con los partidos políticos, la misión constató la existencia de condiciones que posibilitarían que se disipen los legítimos y justificados temores de las organizaciones, que dieron origen a nuestra presencia en el país:

El 25 de febrero, la víspera de la reunión con los partidos políticos, se supo que el Congreso Nacional adoptó un “Reglamento y conceptos de las audiencias públicas para elección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos”. La delegación celebra que el “Reglamento y Conceptos” contemple la participación en el proceso de observadores que son todas las personas naturales o a título particular o en representación de una organización gubernamental o no gubernamental, medios de comunicación u otro sector de la sociedad civil sea invitada y debidamente acreditada como  observador  de  todo  o  parte  del  proceso  de  selección,  nombramiento  y juramento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Es de  esperar  que  el  citado documento sea aplicado en  la próxima  -e inmediata- nominación del próximo Comisionado.

Otra buena noticia, es que todos los partidos políticos que conversaron con la delegación manifestaron que estaban de acuerdo con todo lo que expusieron los delegados. Ninguno rechazó nuestras observaciones y criterios y en todo momento y de forma unánime manifestaron, además de su agradecimiento por las recomendaciones,  su disposición  a que el proceso se lleve a cabo en las mejores condiciones y teniendo en mente los más altos intereses de derechos humanos de la sociedad hondureña.

Sobre el proceso de designación

El Congreso Nacional debe seleccionar al candidato con prescindencia de la militancia política, del credo, etnia, color género u opción sexual, de sus opiniones filosóficas, ideológicas o de otra índole, posición social o económica, y sin ningún tipo de discriminación.

Incorporar buenas prácticas de otros países en procesos de selección similares, las cuales incluyen al menos los siguientes aspectos:

La  convocatoria  debe  partir  de  un  perfil  previamente  establecido  y hacerse   pública   para   que   cualquier   persona   que   cumpla   los requisitos de elegibilidad pueda participar, en igualdad de condiciones, en el proceso. La publicidad podrá incluir la impresión en diarios de máxima circulación; la inclusión en el sitio web oficial del Congreso; y los anuncios en el canal del Congreso; entre otros.

También  debe  definir  una  hoja  de  ruta  con  fechas, plazos, actividades y responsables.

El proceso debe tener una metodología de trabajo en la que se definan los aspectos a ser evaluados, los métodos de evaluación (revisión de documentos, audiencias públicas, etc.) y los puntajes por cada rubro.

Y en  todo  momento  se  deben  prever  herramientas  de  información pública a la ciudadanía con el fin de que pueda estar informada y participar con observaciones. Tales herramientas pueden incluir la publicación de la lista de todas las personas que se hayan postulado al cargo; la convocatoria a audiencias públicas; la publicación en el sitio web del Congreso de los documentos entregados por las personas postulantes; etc.

Y hay que estar pendientes a que la decisión final debe explicar claramente las razones que llevaron al Congreso Nacional a elegir a la persona designada.

Un caso de reciente elección de Comisionado Nacional de DDHH, lo expuso Alejandra Nuño, de México, quien dijo que allá los requisitos son diferentes, pero que también la participación de la ciudadanía es importante.

Se debe tener garantías  y  condiciones  de  participación activa  de  la  sociedad  civil  y  la población en general en el proceso de selección, en los temas de investigación   sobre   los   antecedentes   e   historia   de   las   personas candidatas, formulando consultas que estos debieran responder.

Y básico, mantener informada a la sociedad civil acerca del procedimiento y establecer procesos de reclamo de lo que no esté conforme a la ley o las exigencias generales de los concursos públicos.

La misión también habló sobre la sugerencia  de  puntos  para  conformar  una  agenda de  trabajo  con  el nuevo Comisionado, entre ellos y todos con la misma importancia es presentar reclamos sobre cada violación de derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; hacer informes alternativos a los que elabore el Comisionado.

Se debe solicitar informes factuales, periódicos al Comisionado y al Congreso Nacional en lo que le corresponde respecto del fortalecimiento presupuestario del Comisionado; ofrecer   al   Comisionado   colaboración   en   investigaciones   u   otras actividades que se estime necesario.

Hay que exigir el cumplimiento de las recomendaciones hechas por los Estados en el marco del Examen Periódico Universal y de todas las decisiones de órganos internacionales de protección de derechos humanos; y Ofrecer servicios de mediador en conflictos en los que puede ser útil.

El documento compartido por la misión, esta mañana, dice que, estas sugerencias, formuladas de buena fe y de manera independiente, no son limitativas de cualquier otra iniciativa tendiente a mejorar y transparentar el proceso de selección a fin de que la persona con el mejor perfil pueda asumir el importante cargo de Comisionada Nacional de Derechos Humanos.

La Misión agradece a las organizaciones de la sociedad civil, víctimas, parlamentarios, diplomáticos acreditados en Honduras, funcionarios y académicos por el apoyo, las valoraciones  e  insumos para  el  cumplimiento  exitoso  de  los  objetivos  planteados. Honduras vive momentos importantes y grandes retos en materia de derechos humanos. Sin duda alguna, una elección responsable, certera, transparente y participativa del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos servirá para que las personas tengan confianza en que el/la magistrado/a de conciencia velará por el efectivo cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en la normativa hondureña y los tratados internacionales de los que el Estado hondureño es parte.

COALICION CONTRA LA IMPUNIDDA- HONDURAS
1  Asociación Arcoiris – Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) – Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) – Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) – Centro de Derechos  de Mujeres  (CDM)  –  Centro de Estudios  de la  Mujer Honduras  (CEM-H)  –  Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas – Colectivo Unidad Color Rosa – Comité de Familiares  de  Detenidos  Desaparecidos  de  Honduras  (COFADEH)  –  Comité  por  la  Libre  Expresión  C-Libre  – Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral – Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva – Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación/Radio Progreso – Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH – Foro de Mujeres por la Vida – Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) – Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) – Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” – Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” – Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC) – Red Nacional de Defensoras – Tribuna de Mujeres contra los Femicidios

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2991:el-comisionado-de-ddhh-debe-ser-un-amigo-del-pueblo-prensa-y-ciudadania-debe-estar-pendientes-del-proceso&catid=71:def&Itemid=166

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“Elección del CONADEH demostrará si diputados están a favor de hondureños o no”: Misión de Observadores

Escrito por Rene Novoa en Jue, 02/27/2014 – 17:42

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La elección del nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), por parte de los 128 diputados al Congreso Nacional el próximo 12 de marzo, evidenciará si el Poder Legislativo obedece a los intereses de la mayoría o si, por el contrario, decide con base en intereses de grupos económicos y políticos. Así lo afirmó la Misión de Observadores nombrada por la Coalición contra la Impunidad – Honduras, conformada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil.
La misión está integrada por la socióloga Lucrecia Molina Theissen, de origen guatemalteca y especialista en derechos humanos; el abogado chileno Roberto Garreton, jefe del área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Augusto Pinochet, sucedida entre 1973 y 1990 en ese país suramericano; la abogada Alejandra Nuño, de origen mexicano y directora del programa del Centro Para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), para Centroamérica y México; y el abogado uruguayo Hugo Lorenzo, ex director de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), para América Latina.
Intereses del pueblo deben prevalecer
Molina Theissen informó que este 26 de febrero se reunieron con el pleno del Congreso hondureño, para presentar el informe final y las recomendaciones de la Misión de Observadores. “Los diputados manifestaron estar de acuerdo con el pliego de recomendaciones que hemos redactado, (y) que son producto de reuniones con líderes de la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos”, sostuvo.
De acuerdo con Molina, los congresistas se mostraron anuentes a realizar un proceso transparente. “Ahora dependerá de la voluntad política que mantengan esa postura, porque esperamos que elijan a un CONADEH que esté a favor del pueblo hondureño… que no sea como el actual (Ramón Custodio López) que fue cuestionado durante el golpe de Estado de 2009, por mantener una postura a favor de los grupos de poder”, enfatizó.
La elección del CONADEH es trascendental, porque el cargo debe ser ocupado por una persona de reconocida honestidad y que no tenga compromisos políticos ni económicos, consideró. La entrevistada aseguró que la sociedad civil y los medios de comunicación deben seguir expectantes a la decisión que tomará el Congreso. “Estamos a pocos días de comprobar si los diputados están a favor de los hondureños o no, si legitiman el Estado de derecho o no”, dijo Molina.
Audiencias públicas garantizan transparencia
Por su parte, Garreton sostuvo que una vez elegido el titular del CONADEH, “el Congreso debe explicar en qué se basó para tomar su decisión; ustedes como sociedad tampoco pueden permitir que los diputados anuncien al nuevo Comisionado sin dar las explicaciones del caso”.
Cabe aclarar que este 25 de febrero el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, anunció que fue conformada una comisión especial para las audiencias a los candidatos al CONADEH. La comisión es presidida por el secretario de la junta directiva, Mario Alonso Pérez (Partido Nacional); además, los diputados Rolando Dubón Bueso, Tomás Zambrano, Welsy Milena Vásquez y Denis Sánchez (Nacional); Ana Joselina Fortín (PAC); José Alfredo Saavedra, Jarriet Waldina Paz y Carlos Lara Watson (Partido Liberal).
También, Claudia Garmendia, Aníbal Cálix y Eleazar Juárez (Libre); Doris Gutiérrez (Pinu); Edwin Pavón (UD) y Augusto Cruz Asencio (DC).
Al respecto, la Misión de Observadores espera que el Congreso realice audiencias públicas a los candidatos, “para asegurar la transparencia en el proceso, además, es necesario que los diputados investiguen a los aspirantes mediantes preguntas que deberán responder ante el país”, concluyó el abogado chileno.



COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

Integrada por las organizaciones: Asociación Arcoiris – Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) – Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) – Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) – Centro de Derechos de Mujeres (CDM) – Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) – Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) – Colectivo Gemas – Colectivo Unidad Color Rosa – Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Comité por la Libre Expresión C-Libre – Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral – Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental – Crisálidas de Villanueva – Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación/Radio Progreso – Feministas Universitarias – Frente Amplio del COPEMH – Foro de Mujeres por la Vida – Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) – Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) – Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” – Red de Mujeres Jóvenes de Cortés – Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador” – Red de Participación de Organizaciones de Sociedad Civil Siguatepeque (RPOSC) – Red Nacional de Defensoras – Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.
Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/ddhh/%E2%80%9Celecci%C3%B3n-del-conadeh-demostrar%C3%A1-si-diputados-est%C3%A1n-favor-de

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