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Al general le gritan ¡asesino!

Noviembre 13 del 2015

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-El general no pierde la sonrisa. Se muestra amable y condescendiente, aún con las preguntas más acuciosas, mantiene la frialdad. Una señora lo encuentra y le dice que jamás va a perdonar todo lo que sufrió durante el golpe de Estado y el general sonríe impasible.

Los periodistas le hacen rueda para consultarle sobre el reciente fallo judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y responde cada pregunta con un tono conciliador, simpático, una vez que ha terminado las entrevistas varias personas le gritan ¡asesino, asesino!
Las voces siguen retumbando aunque ya salió de visitar la Corte Suprema de Justicia aunque ya pasaron más de seis años.
El general Romeo Vásquez Velásquez dirigió el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que comandó un golpe de Estado en Honduras, en el siglo XXI; el general sigue convencido que hizo lo correcto para preservar la estabilidad del sistema.
Estas fueron sus respuestas sobre el fallo de la Corte IDH que describe que los sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito internacional y que ordena la restitución de jueces removidos por denunciar este hecho político:
Periodistas (P): ¿Por malas decisiones de una persona pagan todos los hondureños?
Romeo Vásquez Velásquez (RVV): Sí, yo digo yo, a veces no por las malas decisiones sino que por la imprudencia en la toma de decisiones. Yo no conozco, muy, se puede decir, a profundidad, lo que sucedió con los magistrados en su momento, con los jueces en su momento porque yo sé que es en la Corte donde conocen la información, pero lo que le puedo decir, en términos generales, es que siempre en toda crisis debe haber mucha prudencia para evitar conflictos, hay que aprender de las lecciones. La lección de 2009 es una lección para todos, para todos los hondureños, que no se vuelva a repetir (sic) en el país una crisis que no nos volvamos a confrontar como hermanos que no existan líderes irresponsables, que nos lleven a la confrontación, que nos lleven a la división, a la polarización, sabiendo que tenemos muchos hermanos que están sufriendo, sino, miremos, los niveles de pobreza en Honduras, son exagerados, se está incrementando la pobreza cada día y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque no estamos unidos, no estamos buscando las soluciones como compatriotas para que el país salga adelante, Honduras tiene riquezas todavía, pero tiene que tener, tenemos que tener disciplina de trabajo, disciplina entre todos y el pueblo tiene que tener la obligación de escoger a los mejores gobernantes a fin de que hagan las cosas correctamente, a profesionales que realmente estén comprometidos con el país.
P: ¿Le da miedo este tipo de fallos de la Corte Interamericana por su papel durante el Golpe de Estado general?
RVV: No, ahí, no, a mí por qué yo no tengo ninguna, nada.
P: ¿Se siente absuelto entonces, usted ya no tiene responsabilidad?
RVV: No yo no tengo ninguna responsabilidad en estas cosas de lo que hicieron, yo no fui el que supendí jueces.
P: ¿Pero hay todavía denuncias por violaciones a Derechos Humanos durante el Golpe de Estado, le da miedo a usted como ex jefe del Estado Mayor Conjunto?
RVV: Mirémoslo desde la perspectiva correcta, supongamos que yo tenía bajo mi responsabilidad las Fuerzas Armadas, venía un manifestante y se iba a confrontar con un policía o un soldado, producto de esa confrontación le pegaban un garrotazo. ¿Yo mandé a esa persona a que se fuera a enfrentar con el soldado? No, entonces no es responsabilidad mía.
Periodistas (P): Usted era garante de los Derechos Humanos general, el Estado es el garante de los Derechos Humanos ¿Usted conoce todo el sistema este de derechos humanos o no conoce?
RVV: Yo creo que usted no lo está viendo desde la perspectiva correcta, siempre hay que verlo desde la perspectiva correcta, si alguien va y se confronta con un policía y yo estoy en una función de liderazgo allá arriba, yo no tengo la culpa que él se vaya a enfrentar con el policía y que de repente aquel venga y le pegue con su tolete. Un ejemplo ¡va! no es la instrucción que tiene, no es la instrucción que tiene, porque las instrucciones son claras.
P: ¿Cuál es la instrucción?
RVV: La instrucción es que se debe respetar el derecho humano, pero como son seres humanos los que andan ahí, entonces nosotros no podemos responder por las acciones que individualmente haga una persona allá abajo y que viole un derecho humano. Lo más que se hace, en ese contexto, es que se pone a la orden de los tribunales competente, que fue lo que yo hice siempre, poner a las personas que eran mencionadas en la comisión de un delito a la orden de los tribunales competentes, ese es el liderazgo y es liderazgo responsable, no cubrir a nadie porque yo no voy a ser responsable de lo que haga otra persona allá abajo.
P: ¿Entonces no tiene miedo, general?
RVV: No, fíjese que no. Yo no, yo nunca, yo he sido una persona que actué con profesionalismo ético, siempre pensando en la persona, siempre pensando en que el ser humano es lo más importante que se debe proteger todos sus derechos, pero obvio a veces es tan difícil que en la confrontación que se da entre las personas abajo, uno ya no puede hacer nada; ahora, uno sí puede recomendar que los hondureños somos hondureños y somos hermanos y como entre hermano, independientemente de la ideología, independientemente de los pensamientos, no debemos estarnos peleando debemos respetarnos unos y otros. Eso es lo más importante que nos respetemos.
Periodistas (P): ¿Pero por qué no se puso a disposición todas las armas de la Fuerza Aérea cuando mataron a Isi Obed, por ejemplo, que se negaron a presentar esas armas ante un juez?
RVV: No, yo, no, no, no recuerdo, pero todo lo que pedía la Fiscalía se cumplía, ahí no había vuelta de hoja, obvio hay procedimientos ¡va! lo que pasa que los procedimientos son los apropiados los que deben ejecutarse en forma adecuada, lo que yo siempre pedí es que se respetaran los procedimientos porque hay procedimientos para todo, entonces no es que alguien va a venir, mire mándeme todo esto, no. Tiene que tener un procedimiento, al Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Jefe del Estado Mayor Conjunto ordena a los que están más abajo en la cadena de mando para que se cumplan las instrucciones de la cadena de mando.
P: ¿General y con esta sentencia de la Corte Interamericana lo han llamado a usted, cómo ha sido la reacción en estos círculos que estuvieron durante el golpe de Estado?
RVV: Es que aquí eso nada tiene que…
P: No, si usted estuvo, usted fue de los círculos políticos ¿Cuál ha sido la reacción ante esta sentencia?
RVV: No, mire yo lo que sigo pensando y sigo diciendo es que si hay una sentencia.
P: No, la reacción, le pregunto ¿lo han llamado, le han dicho mirá hay una sentencia, qué reacción ha habido?
RVV: No es que esto es otra cosa, no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas que las Fuerzas Armadas es otro nivel, más abajo.
P: ¿No lo intranquiliza esto?
RVV: No esta es una situación que tiene que ver con otro nivel, estamos hablando del Poder Judicial ¡va! Entonces claro, Honduras ha sido siempre respetuosa de esas sentencias y tienen que cumplirse.
P: ¿No lo han llamado ni le han dicho nada al respecto?
RVV: No para nada, nada que ver nosotros, ni yo tengo nada que ver.
P: Usted escribió un libro describiendo cuál era su perspectiva de los hechos ¿cuál era la perspectiva en ese momento que debían cumplir, por ejemplo, los militares y los policías, cuál era el rol?
RVV: Bueno, lo que yo explico en el libro son los hechos, el antes, el durante y el después y las Fuerzas Armadas sólo cumpliendo con su misión, sólo la misión, lo que establece la Constitución de la República.

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Sentencia de la CIDH debe cumplirse porque es vinculante: jueces despedidos

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn;

Tegucigalpa.-Los jueces despedidos por el Poder Judicial señalan que la sentencia emitida este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es vinculante y debe ser acatada por el Estado de Honduras.

Además es importante porque establece que en Honduras se dio un golpe de Estado en junio de 2009 y ellos defendieron la Constitución de la República, acotaron.

Guillermo López Lone

Guillermo López Lone

Guillermo López Lone, habló en exclusiva con CRITERIO y manifestó recibir la noticia con alegría después de estar luchando y calificó de muy satisfactorio el haber encontrado justicia en una corte internacional después de haber agotado todas las instancias nacionales  y darse cuenta que es posible encontrar lo que es tan difícil de lograr en Honduras.

López Lone apuntó que,  la sentencia está firme, es vinculante para el Estado y tiene que cumplirla y no cabe ningún recurso.

Consultado sobre el tiempo que tiene el Estado para acatar lo dispuesto por la CIDH, respondió que,  esa es la parte un poco más difícil y ahora deben comenzar las pláticas con los personeros del gobierno y exigir la ejecución de la sentencia.

“Creo que ellos están en la obligación de carácter institucional de cumplirla, de lo contrario, acudiríamos nuevamente a los organismos internacionales a denunciarlos nuevamente por incumplimiento de la sentencia”, aunque señaló que esperan que sean responsables en cumplirla, expreso el juez.

López,  dijo que el gobierno está obligado a acatar la sentencia, pero pueden “darle un poco de largas al asunto” pero tampoco creo que muchas porque es una sentencia de la CIDH, que es vinculante y de obligatorio cumplimiento y lo que queda es entrar en el plano de la ejecución.

Reiteró que no hay alternativa para el Estado en cuanto a negarse a cumplirla, porque la Corte es parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Honduras está buscando el apoyo de esta organización por lo tanto no cree que se niegue a cumplir lo dispuesto.

Consultado si hay algún caso registrado donde un país se haya negado a cumplir una sentencia de la CIDH, López dijo que no se conoce ningún caso donde un Estado haya dejado de hacerlo. Eso sería colocarse de plano en una lista negra que traería como consecuencia algunas sanciones de parte de otros organismos respecto al Estado de Honduras.

Finalmente relató que a partir de mañana se reunirá con sus compañeros Ramón Enrique Barrios, Tirza Flores Lanza y Luis Chévez para diseñar el camino a seguir y también reunirse con la gente del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que han sido nuestros apoderados legales y  también junto a la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) para trazar una estrategia a seguir para que la sentencia se pueda  ejecutar en el corto plazo.

Ramón Enrique Barrios

Ramón Enrique Barrios

Por su parte Ramón Enrique Barrios, quien también habló en exclusiva con CRITERIO dijo recibir la noticia con mucha alegría y mucha expectativa, “digamos porque hay varios temas; primero se establece que una corte reconoce que en Honduras hubo un golpe de Estado y es un poco reivindicar lo que pasó en el año 2009,  afianzar que nosotros en ese momento, como jueces y magistradas,  defendimos la Constitución de la República, eso es lo primero”.

“Luego con mucha alegría, pero con mucha reserva porque el texto final de la sentencia dice que el reintegro será posible si es posible” y esperamos que sea posible,  porque si no la sentencia no tendría sentido”, sentenció Barrios.

Advirtió que el  Consejo de la Judicatura, que a su juicio deja mucho que desear,  podría salir diciendo que no hay plazas y que no es posible su reintegro y el de sus compañeros, aunque adelantó que él no desea regresar al Poder Judicial.

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Presidente de la CSJ debería pagar indemnización de los jueces: Jari Dixón

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

Tegucigalpa.-El exfiscal y diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera,  considera que la indemnización que el Estado de Honduras deberá pagar a los tres jueces y a una magistrada, debe ser costeada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, porque fue quien de manera arbitraria procedió a destituirlos.

Herrera reaccionó luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentenciara al Estado de Honduras por la destitución ilegal de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado.

Jari Dixon Herrera

Jari Dixon Herrera

En su sentencia la CIDH establece que su sentencia constituye per se, una forma de reparación,  por lo que ordenó al Estado hondureño a reincorporar a los jueces a cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento.

En caso que no fuera posible la reincorporación, deberá  pagarles la cantidad establecida en la sentencia, al igual que los montos por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y el  reintegro de costas y gastos.

Al respecto, el exfiscal Herrera señaló que la responsabilidad de haber destituido de manera injustificada a los jueces es del presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, a quien debería deducírsele las costas que implica la sentencia, porque fue quien firmó los despidos injustificados de los  jueces.

“Él debería pagar todo este dinero porque no es justo que los contribuyentes, que el hombre y la mujer que trabaja arduamente, vengan y con sus impuestos vengan y tengan que pagar un error o un abuso de autoridad de los que dirigen el sistema de administración de justicia”, acotó.

El parlamentario recordó que la sentencia se pudo evitar si las instituciones del Estado hubieran hecho algo para enmendar el error. Recordó que un grupo de abogados, incluyéndolo a él, apeló al entonces presidente del Poder Legislativo, Juan Hernández, “pero el Congreso Nacional no hizo absolutamente nada”, sino mantenerse con el despido injustificado de los jueces.

Por su parte, el diputado por el Partido Anticorrupción, Walter Banegas, dijo que no sería justo que el pueblo hondureño  tenga que pagar una acción ilegal de quienes destituyeron a los jueces.

Walter Banegas

Walter Banegas

Banegas, quien también es abogado,  señaló que  se corre el riesgo que el pago de la indemnización se disfrace de nuevos impuestos y sea el pueblo hondureño que termine pagando los desaciertos.

En tanto, la también abogada y diputada del PINU, Doris Gutiérrez, apuntó que el fallo de la CIDH se esperaba que fuera en los términos que ha trascendido este martes, porque el acto que se cometió contra los jueces fue ilegal.

Gutiérrez vaticinó que el Estado hondureño podría correr la misma suerte con los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos por el Parlamento, también de manera ilegal, el 12 de diciembre del 2012.

Doris Gutiérrez

Doris Gutiérrez

La congresista lamentó que las millonarias sumas que deberá pagarse saldrán del erario público, que implica el pago de los impuestos de los ciudadanos.

Los jueces y la magistrada fueron destituidos el 5 de mayo de 2010, por participar en actividades de protesta contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando se defenestró del poder y se envió al exilio al Presidente Manuel Zelaya.

Origen: Presidente de la CSJ debería pagar indemnización de los jueces: Jari Dixón –

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Sentencia de la CIDH afecta directamente a JOH porque él es parte del golpe de Estado

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

Tegucigalpa.-La sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afecta directamente al presidente Juan Hernández porque es parte del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, dijo este martes el expresidente Manuel Zelaya.

“Este fallo perjudica directamente a Juan Orlando porque él participó en el golpe de Estado”, expresó el exmandatario en una entrevista concedida a CRITERIO para exponer sus puntos de vista,  luego que la  CIDH sentenciara al Estado de Honduras por la destitución ilegal de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado.

Zelaya también consideró que la sentencia pone nuevamente en el banquillo de los acusados a los  actores materiales e intelectuales del golpe de Estado y se inicia el desafuero de los que están todavía impunes porque nadie los ha tocado, pues  las cortes internacionales están comenzando a actuar y eso es lo que se esperaba.

Añadió que con su fallo la CIDH envía un mensaje al Estado hondureño y le advierte que “los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009, son un hecho ilícito internacional o sea que estos golpistas pueden ser sentenciados  y juzgados  a nivel internacional. Tarde o temprano el brazo de la justicia va a caer sobre ellos”, auguró.

A su juicio el golpe de Estado es el mayor acto de corrupción del Estado hondureño durante el siglo 21 y los implicados están gobernando, pero deberán “poner sus barbas en remojo para lo que viene en los años venideros”, advirtió.

Por otra parte, consideró que con la sentencia que obliga el reintegro de los jueces a sus puestos de trabajo, hay una rectificación honrosa. “Creo que la justicia internacional, está apretando al golpismo en Honduras”, apuntó.

En ese mismo orden, aclaró que la Corte Penal Internacional no ha desestimado las violaciones a los derechos humanos que se registraron en Honduras durante el golpe de Estado de 2009, ya que lo que advirtió recientemente ese tribunal de justicia, es que esos casos no son de su  competencia.

Zelaya ilustró que a raíz del golpe de Estado de 2009 hay muchas denuncias contra el Estado de Honduras y la primera que surtió efectuó fue la expulsión de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 5 de julio de 2009, lo que se revirtió posteriormente, el 22 de mayo de 2011 con la firma del acuerdo de Cartagena.

Finalmente dijo que como un acto personal ha perdonado a quienes gestaron el golpe de Estado en su contra, “pero las violaciones a los derechos humanos y a los crímenes cometidos con el golpe de Estado, son imprescriptibles ante la justicia; una cosa es nuestro concepto de reconciliación y otra cosa es la aplicación de la justicia por los asesinatos”, concluyó.

Origen: Sentencia de la CIDH afecta directamente a JOH porque él es parte del golpe de Estado –

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Organizaciones alertan a la CIDH sobre la sistemática vulneración del derecho al agua

Escrito por Redacción | Noviembre 5 del 2015

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En audiencia ante la Comisión, evidenciaron que actividades extractivas, en especial las minero-energéticas, restringen el uso del agua del que subsisten personas y comunidades. Documentaron además la omisión de los Estados para proteger el derecho al agua y controlar efectivamente a las empresas y proyectos que lo afectan.

Washington, Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil[i] llamaron la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la creciente presión sobre los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas, entre las que se destaca la construcción de represas y la explotación minera en las Américas. Lo hicieron en una audiencia en la que evidenciaron que dicha situación ha tenido como consecuencia la sistemática violación del derecho al agua en la región.
“Hemos identificado cuatro patrones que caracterizan esta problemática: el uso de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos, la apropiación del recurso que favorece su empleo para proyectos extractivos por encima del uso y consumo humano, la contaminación y deterioro de las fuentes hídricas, y la ausencia de consulta y consentimiento previos, libres e informados en la implementación de esos proyectos”, explicó al iniciar la audiencia María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Las organizaciones presentaron casos de apropiación, contaminación y daño irreversible de fuentes hídricas a causa de la implementación de proyectos extractivos. Esta situación además de afectar el derecho al agua, vulnera otros derechos como la salud, la vida digna, la integridad, el medio ambiente sano, la alimentación y la cultura, tanto de personas y comunidades que se encuentran en el área de influencia directa de los proyectos y que no fueron consultadas, como de aquellas que se encuentran distantes y que dependen de dichas fuentes para su subsistencia. Dichos casos han sido documentados extensamente en un informe que fue entregado a la Comisión.
“En Argentina, la explotación de la mina Alumbrera ha causado la filtración de desechos tóxicos en tres ríos y, aunque hay una causa judicial abierta por contaminación, aún se han adoptado medidas efectivas para remediar el daño. Nos preocupa que en ninguno de nuestros países se estén implementado medidas de prevención para nuevos daños, ni medidas de remediación ante el cúmulo de daños derivados de la contaminación”, señaló Johana Rocha, del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” de Colombia.
En la audiencia, se informó a la Comisión sobre la ausencia de medidas efectivas para que los Estados de la región garanticen el derecho al agua y por el contrario sobre la existencia de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del agua para proyectos extractivos sobre el uso y consumo humano. Las organizaciones ejemplificaron la insuficiencia de los mecanismos nacionales para controlar y supervisar la actuación de las empresas a cargo de proyectos  extractivos, situación de la que derivan graves violaciones de derechos humanos.
“Hemos constatado la contradicción de los Estados en su obligación de proteger y garantizar el derecho al agua, el cual ha sido incorporado en sus Constituciones y legislación. Sin embargo, entregan preferentemente ese recurso a las empresas, negándole el derecho al agua a las comunidades”, afirmó Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) de Honduras.
Por su lado, Raphaela Lopes, de Justiça Global, se refirió en la audiencia a la flexibilización de marcos jurídicos, la cual vulnera derechos humanos. “Con la reforma energética aprobada en México, por ejemplo, el derecho al agua es menoscabado en favor de los hidrocarburos y la energía eléctrica”.
Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Comisión, entre otros, que: reafirme a nivel regional el reconocimiento del agua como un derecho humano; considere la importancia del agua como elemento fundamental del derecho al ambiente sano, reconocido en los instrumentos interamericanos; recuerde la obligaciones de los Estados de proteger los derechos al agua y a un ambiente sano ante cualquier actividad extractiva o de infraestructura, resalte la obligación de los Estados de controlar efectivamente las actividades que puedan afectar el derecho al agua, incluyendo las de empresas que operan dentro de su territorio y las de empresas nacionales que operan en el extranjero, y recuerde a los Estados la importancia de la consulta y consentimiento previo, libre e informado ante la implementación de cualquier proyecto.
[i] Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCIÓN) – Perú, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Regional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú, Bienaventurados los Pobres (BePe) – Colectivo SumajKawsay – Argentina, Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Guatemala, Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH) – México, Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ – Colombia, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) – Panamá, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) – El Salvador, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente a Mineração – Brasil; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) – Honduras, Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – Regional, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) – Regional, Justiça Global – Brasil, Observatorio Ciudadano – Chile, Pensamiento y Acción Social (PAS) – Colombia, y Pax Christi – Internacional.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/organizaciones-alertan-la-cidh-sobre-la-sistem%C3%A1tica

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La táctica de la fragmentación estatal es la estrategia para dilatar implementación de medida cautelar de la CIDH // El caso de Julio Ernesto Alvarado

https://youtu.be/lPaGmhAmcWs Pasos de Animal Grande  
Miércoles, 04 Noviembre 2015 14:19
Written by 
pasosdeanimalgrande.com/

El Estado de Honduras se presenta fragmentado a propósito para no cumplir con la implementación de la medida cautelar a favor del periodista Julio Ernesto Alvarado, así lo dio a entender el Procurador General de la , Abraham Alvarenga, este 31 de octubre ,  en una entrevista donde señaló que envió la comunicación al Juzgado de Ejecución para que mantenga en suspensión la sentencia contra el periodista, pero aduce que será una decisión del juez en su independencia judicial.
Aunque el Estado de Honduras debe cumplir con la implementación de la medida cautelar dese el 05 de noviembre de 2014 donde la CIDH le señala que suspenda la sentencia de un año y cuatro meses de prisión y suspensión del ejercicio periodístico, dictada el 09 de diciembre de 2013 contra el comunicador social por haber permitido que catedráticos de la universidad nacional denunciaran a la catedrática Belinda Flores, de la Facultad de Economía de estar involucrada en tráfico de títulos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el año 2006, desde ese período Alvarado viene sufriendo acoso judicial, concretado con la sentencia en su contra.

El pasado 29 de octubre a la salida del noticiero Mi Nación donde Alvarado es director, una funcionaria del Juzgado de Sentencia le notificó de la suspensión y como no quiso firmarla porque habían irregularidades en la notificación, entonces procedió a pegarla en las puertas de GloboTV. Desde el 30 de octubre de este año, el periodista Alvarado ya no está en su programa, ejecutándose con ello la sentencia y violentando un convenio internacional de derechos humanos. Un mal precedente que solo se observa en estados dictatoriales.
El Procurador General de la República se comprometió a enviar una nota al Juzgado de Ejecución para que mantenga en suspenso la sentencia, sin embargo el procurador detalla una serie de excusas y se lava las manos para expresar que será la independencia judicial la que prevalezca, obviando con ello los compromisos internacionales del Estado de Honduras, el cual es un todo y no pedazos de Estado donde cualquier autoridad que se resista a cumplir con dichos compromisos no tiene consecuencias.
El Procurador señala en la entrevista que le ha informado al Juzgado de Ejecución que la CIDH ha emitido una medida cautelar y que dentro del marco de la independencia judicial y la competencia que tiene el Juez de Ejecución pueda decidir la suspensión de  la pena por el ejercicio de la profesión, lo demás quedaría firme esperando el trámite que se le dé y la denuncia que está en la Comisión Interamericana.
Lo anterior denota por una lado una falta de coordinación del Estado de Honduras entre sus instituciones a pesar que ya tienen un espacio para hacerlo donde están las diferentes entidades; y por el otro lado deja en entredicho el cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos que Honduras ha suscrito y que al hacerse se supedita a ellos y ya está señalado en la Constitución de la República.
La Jueza de Ejecución tiene conocimiento de la medida cautelar desde el siguiente día en que fue emitida, pues la abogada Kenia Oliva, apoderada legal de Julio Ernesto Alvarado, le informó sobre la misma.
Cuando hay un conflicto prevalece el tratado internacional
Estos son los artículos de la Constitución de la República de Honduras donde se señala que cuando existe un conflicto entre un tratado y la ley interna, prevalece el tratado:

Artículo 15.-  “ Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales.
Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional”.
ARTICULO 16.- Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo.
Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno.
ARTICULO 17.- Cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el Poder Ejecutivo.
ARTICULO 18.- En caso de conflicto entre el tratado o convención y la Ley prevalecerá el primero.
Estado se hace de la vista gorda y enreda la implementación de la medida cautelar
Pero en  las declaraciones del Procurador General de la República, el 31 de octubre de 2015, destaca la independencia judicial y que queda a criterio de la Jueza de Ejecución la suspensión o no de la medida cautelar emitida por la CIDH, el pasado 05 de noviembre, por horas, ya casi es un año de esa resolución y no se ha acatado.
Estas son las declaraciones del Procurador General de la República en entrevista a Noticiero Mi Nación de GloboTV, de donde ha sido suspendido el periodista:
Periodista: En cuanto al caso de periodista Julio Ernesto Alvarado y las medidas cautelares cuál es la posición de la Procuraduría?
Procurador General de la República: “El día de ayer presenté un personamiento y una solicitud    haciendo saber al Juzgado de Ejecución que la Comisión Interamericana ha emitido una medida cautelar y que dentro de la independencia y de la competencia que tiene el juez de ejecución pueda decidir la suspensión de le ejecución únicamente en lo que se refiere a la ejecución de la pena por el ejercicio de la profesión, lo demás quedaría firme y a esperar los resultados en el trámite que se le dé a la medida cautelar y a la denuncia que está en la Comisión Interamericana de Derechos humanos”.
Periodista: Por qué se  le suspende el derecho a la información al periodista Julio Ernesto Alvarado?
Procurador General de la República: Es por la sentencia que ya todos sabemos que ya está firme y está en proceso de ejecución y a raíz de las reuniones que se hicieron en la Comisión Interamericana yo hice ese planteamiento de acuerdo a la petición que ellos hicieron y estoy cumpliendo, obviamente el juez en el marco de sus atribuciones tomará en consideración si la suspende o sigue adelante con la ejecución.
En el camino puede irse subsanando. El puede seguir ejerciendo mientras el Juez no le notifique la suspensión, en este tema de derechos humanos hay que mantener un equilibrio para que no se pueda generar más conflicto del que ya existe.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/monitoreo-de-compromisos-internacionales/item/1070-la-tactica-de-la-fragmentacion-estatal-es-la-estrategia-para-dilatar-implementacion-de-medida-cautelar-de-la-cidh

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 Martes, 03 Noviembre 2015 14:38 Written by 

El caso de Julio Ernesto Alvarado

Editorial Diario El Heraldo.-El acoso de que es víctima el periodista Julio Ernesto Alvarado, la actuación del Poder Judicial en su contra y el irrespeto a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y al propio compromiso asumido por el Estado hondureño, hace de esta clara violación a la libertad de expresión otra causa más visible de desprestigio de la imagen del país ante el mundo. El “gran delito” de Alvarado fue haber permitido a catedráticos universitarios que denunciaran supuestas irregularidades cometidas por la funcionaria de la UNAH, Belinda Flores, en su programa “Mi Nación”, que ahora se transmite en la televisora Globo TV. Por eso el periodista fue sentenciado en diciembre de 2013 a 16 meses de prisión, inhabilitación del ejercicio periodístico y otros derechos.
Ante un hecho inusitado de violación de la libertad de expresión –en un país en el que desde el 28 de junio de 2009 han sido asesinados varias decenas de periodistas y muchos más amenazados–, finalmente la CIDH otorgó la medida cautelar en noviembre de 2014 a favor del periodista.
Ni siquiera una reunión entre el procurador general de la República, la CIDH y la defensa de la víctima, en la que el Estado hondureño asumió un nuevo compromiso para que no se insista en violar la libertad de expresión y el derecho al trabajo del periodista Alvarado, ha dado el resultado que se esperaba. Así la semana pasada, “a la salida de su programa de televisión Noticiero Mi Nación, a eso de las siete de la noche, una arrogante funcionaria del Juzgado de Ejecución llegó a hacerle la notificación de suspensión de la profesión. Esto se produjo apenas a ocho días de asumir la responsabilidad ante ese organismo internacional”, según lo denuncia la activista por los derechos humanos Dina Meza.
Este es uno de esos casos absurdos que, además de dañar más la deteriorada imagen del países, exponen a Honduras a demandas millonarias que desgraciadamente pagaremos todos los hondureños y no aquellos funcionarios que desde sus actuales puestos se empecinan en imponerse ya sea por conveniencia, por resentimientos o para satisfacer sus propios egos.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/opinion/editorial/896923-469/el-caso-de-julio-ernesto-alvarado

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/1067-el-caso-de-julio-ernesto-alvarado

Origen: http://www.hondurastierralibre.com/2015/11/honduras-la-tactica-de-la-fragmentacion.html

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CIDH: Debe reconocerse la legitimidad de la labor periodística y el ejercicio de la libertad de expresión

Tuesday, 03 November 2015 00:56 Written by 

Desde el sistema interamericano se recuerda a los Estados que es importante “reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión”, expresó este 02 de noviembre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Edison Lanza

Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión CIDH

Foto: www.diariocristal.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Relatoría destacó que “Muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional. Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales”.

Para el Sistema Interamericano es fundamental que los Estados investiguen de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato o la agresión antes de que se complete la investigación. Para romper el círculo de agresiones es necesario terminar con la impunidad, refirió parte del comunicado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Vea comunicado completo:

La Relatoría Especial hace un llamado a terminar con la impunidad en los crímenes contra periodistas

2 de noviembre de 2015

 Washington, D.C. – En el “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, y a la luz de la magnitud de la violencia cometida contra periodistas y trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación en los últimos años, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados del hemisferio para que elaboren un enfoque estratégico y armonizado sobre esta cuestión y terminar con la impunidad que persiste en la mayor parte de estos crímenes.

Desde 2010 a la fecha, 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el continente americano, presuntamente por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, por informar, comentar u opinar sobre hechos y situaciones que se sucedían en su comunidad. Esto significa que cada 14 días un periodista es asesinado en América.

Muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional. Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales.

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 2013 al 2 de noviembre como Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y desde entonces todos los organismos de protección de derechos humanos nos unimos a esta conmemoración para recordar una de las formas de censura más extrema que existe: la eliminación de las voces críticas o de quienes informan sobre hechos de interés público.

Desde su creación, la Relatoría Especial se ha ocupado de forma prioritaria del problema de la violencia contra periodistas y ha impulsado tanto el desarrollo de estándares para la prevención y protección de este tipo de violencia, como en la procuración de justicia para las víctimas y sus familiares, a través del sistema de peticiones individuales y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La situación de violencia e impunidad de los crímenes contra periodistas sigue siendo un tema prioritario para esta oficina y para todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como lo ha manifestado recientemente Humberto Sierra Porto, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un  evento preparatorio de este Día Internacional en San José de Costa Rica.

En el contexto regional, uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55 en total), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28 en total). Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar en la lista de cantidad de casos. Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4) también son países donde este fenómeno es un problema real en el período estudiado. En la década previa este tipo de violencia también se encontraba en estos niveles, aunque variaba la magnitud según los países, y también eran deplorables las tasas de impunidad, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo.

La violencia contra comunicadores se ha visto agudizada en aquellas zonas o territorios en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado. En muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales.

Cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los Estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados.

Asimismo, desde el sistema interamericano se recuerda a los Estados que es importante “reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión”.

La Comisión ha señalado que la violencia contra las y los periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no solo afecta la posibilidad de escuchar estas voces, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera libre y pacífica.

Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.

Para el Sistema Interamericano es fundamental que los Estados investiguen de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato o la agresión antes de que se complete la investigación. Para romper el círculo de agresiones es necesario terminar con la impunidad.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Origen: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/1065-cidh-debe-reconocerse-la-legitimidad-de-la-labor-periodistica-y-el-ejercicio-de-la-libertad-de-expresion

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Pasos de Animal Grande – Hasta con policías llegan a GloboTV a dejar más disposiciones para suspensión del periodista Julio Ernesto Alvarado

Un hombre desconocido junto a un policía llegó este  30 de octubre a Radio Globo y GloboTV , su misión era colocar más disposiciones para que Julio Ernesto Alvarado, director del Noticiero Mi Nación, transmitido por ese medio,  esté suspendido de su profesión. Como no se identificó con nadie, al final se supo que se trataba de un empleado del Juzgado de Ejecución,  que  colocó dos documentos en la puerta de la administración de esa empresa de comunicación, como una forma de amedrentamiento judicial para el comunicador social para que no siga transmitiendo en ese noticiero.

Alvarado enfrenta una juicio penal desde el año 2006 interpuesto por la decana de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, quien logró darle vuelta a una decisión del Tribunal de Sentencia que absolvió al periodista por desestimar que había cometido difamación y calumnias contra la funcionaria estatal al haber permitido que por su medio catedráticos universitarios denunciaran actos de corrupción en la emisión de títulos en ese centro de enseñanza  donde la señalaban como responsable.

Origen: Pasos de Animal Grande – Hasta con policías llegan a GloboTV a dejar más disposiciones para suspensión del periodista Julio Ernesto Alvarado

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Pasos de Animal Grande – Estado hondureño se ríe de la CIDH y notifica suspensión de la profesión al periodista Julio Ernesto Alvarado

El Estado de Honduras burló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y no cumplió con el compromiso que hizo el 21 de octubre en Washington de mantener en suspenso la ejecución de la sentencia contra el periodista Julio Ernesto Alvarado, pues este 29 de octubre a la salida de su programa de televisión Noticiero Mi Nación, a eso de las siete de la noche, una arrogante funcionaria del Juzgado de Ejecución llegó a hacerle la notificación de suspensión de la profesión. Esto se produjo apenas a ocho días de asumir la responsabilidad ante ese organismo internacional.

Alvarado fue sentenciado en diciembre de 2013, a un año cuatro meses de prisión, inhabilitación del ejercicio periodístico y otros derechos, a consecuencia de una querella interpuesta por Belinda Flores, funcionaria de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que inició sus acciones desde el año 2006 como represalias porque el comunicador social permitió que catedráticos de ese centro de estudios denunciaran que ella estaba involucrada en tráfico de títulos. Aunque conmutó la prisión, una Corte de Apelaciones autorizó la inhabilitación en su profesión, a pesar de que con la extinción de la pena principal sucedía lo mismo con las accesorias.

Ante esa arbitrariedad se denunció el caso ante la CIDH y también medidas cautelares para protegerlo en su ejercicio periodístico y la violación de otros derechos fundamentales, a lo que ese organismo otorgó la medida cautelar el pasado 05 de noviembre de 2014 donde se señala al Estado que suspenda temporalmente la sentencia mientras se pronuncia sobre la admisibilidad del caso, pero la renuencia en la implementación de la medida ha sido cada vez más fuerte.

Eso obligó a las peticionarias ante la CIDH a solicitar una reunión de trabajo entre el Estado, la CIDH y éstas para lograr acuerdos, en ese espacio el Procurador General de la República se comprometió a enviar una comunicación a la Corte Suprema de Justicia informándole sobre este compromiso y que se mantuviera la suspensión de la sentencia. La CIDH le anunció a los representantes del Estado de Honduras que sería notificado en estas semanas para que se pronuncie sobre la petición de admisibilidad.

Estado muerto de la risa ante compromisos internacionales

Pero los compromisos internacionales le valen al Estado de Honduras y la noche de este 29 de octubre a la salida del Noticiero Mi Nación en Globo TV, el Juzgado de Ejecución  procedió a pegar dos notificaciones en puertas del medio de comunicación, una para el dueño de Globo TV y Radio Globo, Alejandro Villatoro y la otra para  Julio Ernesto Alvarado donde señala que lo ha notificado. La primera tiene fecha de 30 de septiembre de este año y la segunda sin fechas ni firmas.

Ya es la tercera pasada en menos de ocho días que le hace este Estado a la CIDH, las dos anteriores se relacionan con el plantón que diera al no llegar a dos audiencias públicas sobre corrupción de las instituciones públicas y la falta de independencia judicial, pero a las mismas brilló por su ausencia. Lo que significa que hay sincronización de acciones entre el actual mandatario Juan Orlando Hernández con todos los poderes del Estado y las instituciones que están bajo su puño.

Con estas actuaciones se evidencia que el actual gobierno va con todo contra los derechos humanos y viene la agudización de tiempos más difíciles para Honduras.

La CIDH deberá pronunciarse sobre este hecho que pone en entredicho la existencia del sistema interamericano de justicia que forma parte de los convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado hondureño.

Han sido intensos meses de acoso judicial contra el periodista en mención, en incremento desde la emisión de la medida cautelar. La forma desafiante en que se le pretendió notificar en momentos que la CIDH hacía una visita in loco a Honduras el diciembre de 2014 y esta sería la segunda afrenta a este organismo internacional de justicia.

Nunca había sucedido una persecución tan atroz

JulioErnestoAlvarado

Es una persecución fuera del sentido común, no entendemos como esta Corte se atreve a querer inhabilitarme llevándose de encuentro toda la civilización, todo lo que es culto, se han dado a conocer como lo más bajo, es lo peor que le puede estar pasando a la prensa y es un indicativo de lo que está pasando en el país, estoy sorprendido e indignado, señaló en su primera reacción Julio Ernesto Alvarado a pasosdeanimalgrande.com

Aquí quien tiene la última palabra es la CIDH, y lo que pueda hacer mis peticionarias. Yo no he aceptado eso, no lo he suscrito porque tengo medidas cautelares, no acepto esta arbitrariedad, agregó

Sospecho que ellos están jugando sucio y se han puesto de acuerdo con la gente de la Corte Suprema para hacer esta cochinada, es insólito que hace ocho días el gobierno se comprometió con la CIDH , en presencia de mis peticionarias, ha sido muy irrespetuoso esto, y quiere decir que lo que se habló quedó en nada, denunció.

Asimismo desatacó la prepotencia con que llegó la delegada del Juzgado de Ejecución, “una señora llegó con mucho irrespeto, se metió al canal a lugares que no debió acceder y dejó prensados los papeles en la puerta de la administración de la Globo”.

“No me siento derrotado, estoy en mi derecho, tengo medidas cautelares, no me estoy escondiendo de nada, ni de nadie, no huyo, y seguiré adelante, llegaré mañana –este viernes 30 de octubre-  a mi programa porque estoy respaldado por las medidas cautelares y esto es primario, deben respetarse. Lo que ha hecho la Corte no tiene valor”, concluyó Alvarado.

Notificaciones dejadas en la puerta de la administración de Radio Globo y GloboTV:

1.-Para Julio Ernesto Alvarado, nótese que no tiene firmas ni fecha:

 

Origen: Pasos de Animal Grande – Estado hondureño se ríe de la CIDH y notifica suspensión de la profesión al periodista Julio Ernesto Alvarado

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Informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 156º periodo de sesiones

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Este informe amplía y profundiza la información presentada oralmente en la audiencia pública titulada “Situación de derechos humanos de defensores y defensoras del medio ambiente en el contexto de las industrias extractivas en América”, en el marco del 156º periodo de sesiones de la CIDH. Esta audiencia fue solicitada, y este informe fue elaborado, por las organizaciones de la sociedad civil listadas abajo.

El informe analiza la situación en las Americas, utilizando documentación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Ver Informe completo

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3777:informe-a-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos-156o-periodo-de-sesiones&catid=71:def&Itemid=166

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Comisión de DDHH de la OEA lamenta plantón de Honduras

Los representantes de Honduras dejaron el jueves anterior, vacíos los sillones destinados al Estado, al no acudir a dos sesiones destinadas a abordar la corrupción de las instituciones públicas y la independencia judicial del país centroamericano. “Lamentablemente decidieron no asistir. Es una decisión penosa”, dijo el secretario de la Comisión de DDHH de la OEA, Emilio Álvarez.

 

Agencias / EL LIBERTADOR

 

 

Washington. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, lamentó hoy el plantón que los representantes de Honduras, Argentina y Ecuador dieron esta semana al organismo durante el periodo público de sesiones que celebra en Washington.

“Lamentablemente decidieron no asistir. Es una decisión penosa”, dijo a Efe Álvarez Icaza, quien consideró que las ausencias de los estados son “una expresión de voluntad en el sentido contrario de asumir los compromisos internacionales”.

“Hay que entender que estos foros son espacios donde se tratan temas de derechos humanos de los países con el ánimo de escuchar otras visiones y que también son espacios donde los estados pueden legitimar su actuación, su opinión y su visión”, defendió el máximo responsable de la CIDH.

La Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebra bianualmente en Washington estas audiencias públicas en las que los miembros del organismo examinan los argumentos del Gobierno y de organizaciones no gubernamentales sobre diversos temas, como los derechos de los pueblos indígenas.

En estas sesiones, Argentina y Honduras no acudieron a ninguna de las audiencias sobre su país, mientras que Ecuador asistió a una de sus tres citas, rompiendo con la tendencia que mantenía desde septiembre de 2013, cuando comenzó a rechazar las convocatorias del organismo.

“Veo una diferencia de posiciones”, destacó, sin embargo, Icaza.

“Ecuador manda un mensaje contradictorio de que, por un lado, sí reconoce nuestra competencia para un caso, pero para otros no. Es más, pareciese ser una posición asumida de no sumar sinergias en las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, consideró Álvarez Icaza.

El Ejecutivo ecuatoriano es uno de los más críticos con la actuación de la CIDH y ha defendido, en varias ocasiones, el traslado de su sede de Estados Unidos a un país que haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, uno de los instrumentos jurídicos de la CIDH, algo que EE.UU. no ha hecho.

Los representantes de Honduras también dejaron este jueves vacíos los sillones destinados al Estado, al no acudir a dos sesiones destinadas a abordar la corrupción de las instituciones públicas y la independencia judicial del país centroamericano.

Esta es “la primera vez” que Honduras se ausenta de las sesiones y la razón fue que estaban en una reunión para discutir sobre la implementación de un mecanismo parecido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Honduras, según indicó Álvarez Icaza.

“Hicimos saber al canciller y al embajador que son instancias paralelas y que la Comisión mantiene su competencia en el estado. Este es un buen foro, un buen espacio para legitimar, explicar lo que se está haciendo. La intención no es otra que explicar”, reforzó el mexicano, cabeza de la CIDH desde 2012.

El otro país que se ausentó de las audiencias fue Argentina, que este domingo celebra elecciones presidenciales.

Una hora antes de que hoy se celebrara la audiencia, los representantes gubernamentales enviaron una petición formal a la Comisión para que cancelara el encuentro, pero los miembros del organismo decidieron continuar y escuchar las críticas de dos grupos sobre la falta de independencia judicial en el país.

“Se entiende que hay elecciones, pero la audiencia mantuvo un tono de discusión de carácter general”, defendió el secretario ejecutivo, que espera que estas tres ausencias, de las más numerosas en los últimos años, sean “hechos aislados”. (Con información de EFE).

http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/669-comision-de-ddhh-de-la-oea-lamenta-planton-de-honduras

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Organizaciones alertan a la CIDH sobre la sistemática vulneración del derecho al agua por proyectos extractivos e hidroeléctricos en la región

En audiencia ante la Comisión, evidenciaron que actividades extractivas, en especial las minero-energéticas, restringen el uso del agua del que subsisten personas y comunidades. Documentaron además la omisión de los Estados para proteger el derecho al agua y controlar efectivamente a las empresas y proyectos que lo afectan. 

Washington, Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil[i] llamaron la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la creciente presión sobre los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas, entre las que se destaca la construcción de represas y la explotación minera en las Américas. Lo hicieron en una audiencia en la que evidenciaron que dicha situación ha tenido como consecuencia la sistemática violación del derecho al agua en la región.

 “Hemos identificado cuatro patrones que caracterizan esta problemática: el uso de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos, la apropiación del recurso que favorece su empleo para proyectos extractivos por encima del uso y consumo humano, la contaminación y deterioro de las fuentes hídricas, y la ausencia de consulta y consentimiento previos, libres e informados en la implementación de esos proyectos”, explicó al iniciar la audiencia María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Las organizaciones presentaron casos de apropiación, contaminación y daño irreversible de fuentes hídricas a causa de la implementación de proyectos extractivos. Esta situación además de afectar el derecho al agua, vulnera otros derechos como la salud, la vida digna, la integridad, el medio ambiente sano, la alimentación y la cultura, tanto de personas y comunidades que se encuentran en el área de influencia directa de los proyectos y que no fueron consultadas, como de aquellas que se encuentran distantes y que dependen de dichas fuentes para su subsistencia. Dichos casos han sido documentados extensamente en un informe que fue entregado a la Comisión.
“En Argentina, la explotación de la mina Alumbrera ha causado la filtración de desechos tóxicos en tres ríos y, aunque hay una causa judicial abierta por contaminación, aún se han adoptado medidas efectivas para remediar el daño. Nos preocupa que en ninguno de nuestros países se estén implementado medidas de prevención para nuevos daños, ni medidas de remediación ante el cúmulo de daños derivados de la contaminación”, señaló Johana Rocha, del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” de Colombia.
En la audiencia, se informó a la Comisión sobre la ausencia de medidas efectivas para que los Estados de la región garanticen el derecho al agua y por el contrario sobre la existencia de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del agua para proyectos extractivos sobre el uso y consumo humano. Las organizaciones ejemplificaron la insuficiencia de los mecanismos nacionales para controlar y supervisar la actuación de las empresas a cargo de proyectos  extractivos, situación de la que derivan graves violaciones de derechos humanos.
“Hemos constatado la contradicción de los Estados en su obligación de proteger y garantizar el derecho al agua, el cual ha sido incorporado en sus Constituciones y legislación. Sin embargo, entregan preferentemente ese recurso a las empresas, negándole el derecho al agua a las comunidades”, afirmó Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) de Honduras.
Por su lado, Raphaela Lopes, de Justiça Global, se refirió en la audiencia a la flexibilización de marcos jurídicos, la cual vulnera derechos humanos. “Con la reforma energética aprobada en México, por ejemplo, el derecho al agua es menoscabado en favor de los hidrocarburos y la energía eléctrica”.
Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Comisión, entre otros, que: reafirme a nivel regional el reconocimiento del agua como un derecho humano; considere la importancia del agua como elemento fundamental del derecho al ambiente sano, reconocido en los instrumentos interamericanos; recuerde la obligaciones de los Estados de proteger los derechos al agua y a un ambiente sano ante cualquier actividad extractiva o de infraestructura, resalte la obligación de los Estados de controlar efectivamente las actividades que puedan afectar el derecho al agua, incluyendo las de empresas que operan dentro de su territorio y las de empresas nacionales que operan en el extranjero, y recuerde a los Estados la importancia de la consulta y consentimiento previo, libre e informado ante la implementación de cualquier proyecto. 
[i] Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCIÓN) – Perú, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Regional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú, Bienaventurados los Pobres (BePe) – Colectivo SumajKawsay – Argentina, Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Guatemala, Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH) – México, Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ – Colombia, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) – Panamá, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) – El Salvador, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente a Mineração – Brasil; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) – Honduras, Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – Regional, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) – Regional, Justiça Global – Brasil, Observatorio Ciudadano – Chile, Pensamiento y Acción Social (PAS) – Colombia, y Pax Christi – Internacional.
     23 de octubre de 2015

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Honduras ignora llamado de la Comisión Interamericana de DDHH y no asiste a audiencias sobre corrupción e independencia judicial

CEJIL.- Washington D.C., 23 de Octubre de 2015.–  Sin la presencia del Estado de Honduras, organizaciones locales e internacionales denunciaron la corrupción de las instituciones públicas y la falta de independencia judicial que aqueja al país.

En un acto sin precedentes, el Estado de Honduras no se presentó a dos audiencias convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a lo trascendental de las temáticas expuestas y la disposición de las organizaciones de la sociedad civil para entablar diálogo. Nunca antes,  ni siquiera en la época del golpe de Estado ocurrido en el año 2009, las autoridades habían desatendido un llamado de la CIDH.

En primera instancia, la Asociación de Jueces por la Democracia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expusieron los retos que enfrenta Honduras para que haya independencia judicial. Según el informe de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura, en el 2014 se destituyeron a 47 operadores judiciales y se suspendieron a 75. La mayoría de los jueces y las juezas involucradas vieron vulnerados sus derechos de defensa y debido proceso, al enterarse que enfrentaban el procedimiento disciplinario, por medio de la prensa.

Durante todo el proceso de resolución de la medida disciplinaria –cuyo promedio de duración es de 10 meses-, los operadores de justicia dejan de recibir su salario, siendo una sanción anticipada y violatoria del principio de presunción de inocencia. A esto se le suma la ausencia de una respuesta judicial efectiva ante dichas resoluciones disciplinarias, ya que, a pesar de que las víctimas han interpuesto recursos de amparo ante la Sala Constitucional, y varios de éstos se han otorgado positivamente, posteriormente el Consejo de la Judicatura reinterpreta las decisiones, no las ejecuta o lo hace parcialmente.

De igual forma las peticionarias expresaron su preocupación frente a la actual elección de 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia ya que la normativa vigente permite un amplio margen de discrecionalidad a la Junta Nominadora y al Congreso y no garantiza que se utilicen criterios objetivos para nombrar. Se denunció que no existen reglas claras para calificar los méritos profesionales ni académicos, o la idoneidad, ética, autonomía y verificación de honor, lo que permitiría apreciaciones subjetivas de los miembros de la Junta. También se llamó la atención sobre el uso del polígrafo como prueba de confianza para calificar a los postulantes, el cual sería aplicado por personal de las fuerzas militares.

Adicionalmente, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y CEJIL mostraron datos contundentes sobre cómo la corrupción socava las instituciones públicas hondureñas.

De acuerdo con el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, el Estado hondureño pierde entre 500 y 600 millones de dólares por año en corrupción, monto que a la vez  se despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, empleo, entre otros.

Como ejemplo grave de corrupción se expuso el desfalco al Instituto Hondureño del Seguro Social – institución que se encarga de la atención médica de las personas asalariadas del país – el cual a través de una red de empresas “fantasma” vio desviado 350 millones de dólares de su presupuesto entre los años 2010 al 2014. Los efectos de este saqueo se reflejan en las estadísticas de atención, reduciéndose en un 25% las personas atendidas por los centros de salud y hospitales públicos entre el 2013 y 2014. A pesar de la gravedad de este hecho, al día de hoy apenas se ha procesado a 7 personas.

También se mencionaron otros casos de corrupción que involucran instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería – entidad encargada de garantizar la seguridad alimentaria y la reducción sostenible de la pobreza rural-  la cual habría visto desviado aproximadamente 6.5 millones de dólares que tendrían que haber sido destinados a proyectos de formación de agricultores. Además, se explicó el caso del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) – organismo  encargado de cubrir beneficios de jubilación, pensión por invalidez, entre otros – cuya malversación de fondos alcanzaría aproximadamente los 16 millones de dólares.

No obstante lo anterior, la impunidad en este tipo de casos pareciera ser la regla. Datos de la misma Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público revelan que a septiembre de 2014 había 3.324 casos pendientes de resolver.

Ante el contexto de deficiente independencia judicial y altos índices de corrupción, las organizaciones peticionarias instaron a la Comisión a brindar una serie de recomendaciones al Estado hondureño sobre ambos temas y dar seguimiento permanente a las mismas.

Las organizaciones lamentan la ausencia de las autoridades nacionales y consideran que esta actitud pone en tela de duda el compromiso del Estado de Honduras con la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. La Comisión Interamericana es el foro más importante del continente para la promoción y protección de los derechos humanos, de manera que la ausencia del Estado también transgrede sus obligaciones internacionales.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/monitoreo-de-compromisos-internacionales/item/1048-honduras-ignora-llamado-de-la-comision-interamericana-de-ddhh-y-no-asiste-a-audiencias-sobre-corrupcion-e-independencia-judicial

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Esos países de América Latina que violan el derecho internacional

La organización Reporteros sin Fronteras, RSF, señaló en un comunicado de prensa este viernes 16 de octubre,  que  el desafío a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, se ha vuelto algo común en América Latina, donde hay gobiernos a los que llamó truhanes que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, OEA, que ignoran las decisiones de estos organismos.

Entre los casos señalados en los que un gobierno ha pasado de lado las resoluciones de los organismos antes indicados, está el del periodista Julio Ernesto Alvarado, en el cual señaló que se han producido dos violaciones a sus derechos: una es la sentencia de prisión y suspensión de su ejercicio periodístico y la otra es la denegación de un Recurso de Amparo para que se dejara sin efecto la sentencia.

Este es el comunicado íntegro emitido por RSF:

El mes pasado Venezuela ignoró alegremente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Por su parte, Honduras desafió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, ambos países pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA). Esto se ha vuelto algo común en América Latina y, también, algo preocupante.

El 10 de septiembre de 2015 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró inejecutable el fallo de la Corte IDH pronunciado días antes, que condenaba la actitud del Estado venezolano frente al canal televisivo Radio Caracas Televisión (RCTV), que carece de concesión desde 2007 (Hugo Chávez ordenó que ésta no se le renovara), y ordenaba al Estado venezolano restablecer la frecuencia RCTV. En Venezuela, de las últimas 17 medidas cautelares solicitadas por la CIDH, sólo dos han sido tomadas en cuenta y tratadas por el gobierno.

julio ernesto penal

RSF: La OEA debería ser el último bastión para

proteger a los periodistas que se encuentran en

peligro, amenazados por sus propios gobernantes.

Días antes, el 4 de septiembre de 2015, fue la Corte Suprema de Justicia de Honduras la que decidió ignorar las directivas de la CIDH que protegen el derecho de Julio Ernesto Alvarado, periodista de Radio Globo y Globo TV, de seguir ejerciendo el periodismo, en el marco de un proceso por difamación. En 2014 la CIDH había solicitado medidas cautelares para el periodista. Estas medidas no fueron respetadas por la justicia hondureña, que semanas más tarde confirmó la condena que prohíbe a Julio Ernesto Alvarado desempeñar cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses. No obstante, estas medidas permitieron que el periodista continuara desempeñando su labor profesional el tiempo que la CIDH examinaba su caso. Así, la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 4 de septiembre de 2015 es una segunda violación a las decisiones de la CIDH.

“La OEA debería ser el último bastión para proteger a los periodistas que se encuentran en peligro, amenazados por sus propios gobernantes. El hecho de que gobiernos truhanes de la región acumulen todas estas violaciones a sus decisiones es inaceptable”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras. “Las recomendaciones de la CIDH y los fallos de la Corte IDH son fundamentales para preservar el respeto de los derechos humanos y de la prensa. ¿Es necesario recordar una vez más que los miembros de la OEA tienen la obligación de respetar estas decisiones? RSF exhorta a estos países a respetar sus compromisos, simplemente”, añadió.

Desde hace varios años numerosos países que se adhirieron al Pacto de San José –que además se encuentran entre los más violentos y peligrosos para los periodistas– han ignorado por completo las recomendaciones y las advertencias de los órganos de la OEA. Estas violaciones al derecho internacional se unen al paulatino deterioro de la situación de la prensa en América Latina y son una muestra más del clima de rechazo a la OEA y del poco crédito que se da a la profesión de periodista.

El 28 de septiembre de 2015 una delegación de la CIDH visitó México para llevar cabo una observación, tras la escalada de violencia registrada en el país estos últimos meses. Horas después de que la delegación partió, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que el alarmante informe entregado por la CIDH “no refleja la situación del país”, e indicó que las conclusiones eran preliminares y parciales. Tan sólo en el año 2014 la CIDH recibió más de 500 denuncias por violación a los derechos humanos en México, un triste récord para el continente…

El 30 de enero de 2015 la CIDH condenó el asesinato de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, defensor de los derechos humanos colombiano encuentrado muerto algunos días antes en Gachancipá. La CIDH recordó al Estado colombiano su obligación de llevar a cabo una investigación y de esclarecer las circunstancias de su muerte. Nueve meses después, no se ha registrado ningún avance importante y el Ministerio de Justicia de Colombia no ha proporcionado ninguna información sobre este caso.

El 26 de septiembre de 2014 la CIDH solicitó al gobierno cubano que otorgara medidas de protección al escritor y bloguero, Ángel Santiesteban-Prats, quien se encuentra encarcelado desde febrero de 2013 y ha sido víctima de malos tratos y tortura. Esta solicitud fue ignorada por completo por el gobierno castrista. Más tarde, Ángel Santiesteban-Prats salió de prisión, pero actualmente es vigilado de cerca por el gobierno y se le impide trabajar. El escritor ha denunciado repetidas veces la pesadilla que vivió en prisión.

Cabe recordar que la CIDH, órgano principal e independiente de la OEA, promueve y defiende los derechos humanos en el continente. Ésta hace recomendaciones y solicita medidas cautelares a los Estados Miembros, señalando los casos en que se da un trato injusto a la prensa. Cuando no se siguen estas recomendaciones la CIDH puede presentar los casos más urgentes ante la Corte IDH, la cual, entonces, emite fallos definitivos y sin apelación. Todos los países que pertenecen a la OEA tienen la obligación de respetarlos.

Fuente: http://es.rsf.org/americas-esos-paises-de-america-latina-que-16-10-2015,48452.html

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/monitoreo-de-compromisos-internacionales/item/1038-esos-paises-de-america-latina-que-violan-el-derecho-internacional

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Recomendaciones del EPU, reflejan que Honduras presenta una falta de independencia judicial y altos niveles de impunidad

Las recomendaciones hechas al estado de Honduras en mayo de 2015, que en total fueron 152, dedican una porción de las mismas al tema de la administración de justicia, ya que el país refleja un alto nivel de impunidad y falta de independencia judicial.

En ese sentido defensoresenlínea.com, dialogó con la ex magistrada Tirza Flores quien junto a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Barrios y Luis Chévez fueron destituidos por dar a conocer sus opiniones en contra del golpe de estado ocurrido en junio de 2009.

La destitución emitida por la Corte Suprema de Justicia se produjo en mayo de 2010, resolución que violó preceptos constitucionales como la libertad de expresión y la libertad de asociación, entre otros derechos constitucionales.

A continuación la entrevista con la ex magistrada Tirza Flores:

Defensoresenlínea: ¿Cómo debe entenderse que el estado de Honduras adopte en su legislación el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cuáles son las implicaciones para el país?

Abogada Tirza Flores:
Esto significaría que deben incorporarse como figuras penales en nuestra legislación interna, los delitos contenidos en el Estatuto de Roma que son: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión.

Con lo cual estos delitos podrían ser juzgados por los tribunales nacionales sin   tener que esperar la intervención de la Corte Penal Internacional, lo cual sería muy importante en el avance de la lucha contra la impunidad

Defensoresenlía:  El EPU demanda una reforma estructural exhaustiva de la administración de justicia para asegurar la independencia judicial y reducir el número de casos de impunidad. Cuál es su opinión, en qué estado se encuentra el país sobre este tema?

Abogada Tirza Flores: En la actualidad el tema de la falta de independencia judicial es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando puesto que sin jueces y juezas independientes es imposible vencer la impunidad y además tampoco es posible obtener la protección de los derechos fundamentales de la  población, sobre todo de los sectores mas vulnerabilizados como mujeres, pueblos indígenas, niños y niñas, entre otros.

El Consejo de la Judicatura que se supone debía ser el órgano que vendría a fortalecer la independencia judicial, sin embargo, se ha convertido en un mecanismo de persecución y amedrentamiento de los jueces y juezas que no pueden ser independientes porque tienen temor de ser suspendidos y despedidos por razón de sus actuaciones jurisdiccionales.

Jueces destituidos: Guillermo López Lone, Tirza Flores, Luis Chévez y Ramón Barrios

Defensoresenlínea: El EPU recomendó adoptar medidas de salvaguarda para impedir las destituciones y los nombramientos irregulares de jueces y adoptar medidas para garantizar la autonomía e independencia e imparcialidad  del poder judicial. ¿Cuál es la realidad que se vive sobre este tema?

En lugar de avanzar hemos retrocedido en este tema de garantizar el debido proceso en los procesos disciplinarios en contra de jueces y juezas pues la actual Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, de reciente vigencia, no contiene un catálogo de faltas ni establece claramente los procedimientos, con lo cual además de que da lugar a una discrecionalidad muy amplia que se convierte en arbitrariedad, también es violatorio del principio de legalidad.

Además, el Consejo de la Judicatura ha interpretado, de manera arbitraria que tiene facultades de suspender ipso facto a jueces y juezas con el propósito de investigarlos, lo cual es una abierta violación al debido proceso y al derecho de defensa, y crea un clima de incertidumbre que en nada favorece la independencia de la función jurisdiccional

Defensoresenlínea: Canadá recomendó aplicar el proceso constitucional para la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué quiso decir con esto de proceso constitucional?

Abogada Tirza Flores: Pienso que se habla de proceso constitucional porque lo relacionado al proceso de elección a través de la Junta Nominadora fue incorporado a la Constitución a través de una reforma en el año 2001

Defensoresenlínea: De las 152 recomendaciones formuladas al estado de Honduras, el gobierno colocó como único logro la aprobación de la ley de Protección de Defensores de derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de Justicia, qué opinión le merece este aspecto?

Abogada Tirza Flores: Resulta claro que la aprobación de esta ley, a pesar de que contiene algunos aspectos que no son los óptimos, constituye un avance en el tema de protección a defensores y defensoras, sin embargo, el mayor reto que existe es su implementación y que la misma no se quede solamente como un elemento en un informe para maquillar la cara del país a nivel internacional

Defensoresenlínea: Cuándo se efectuó la destitución suya, la de Guillermo López Lone, Ramón Barrios y Luis Chévez y por qué razón fueron destituidos. Este caso conocido como López Lone ¿se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuándo se prevée que habrá sentencia sobre este caso?

Abogada Tirza Flores: Los despidos fueron decididos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en mayo del 2010. Las causas de las destituciones fueron varias pero todas relacionadas con el ejercicio de nuestros derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, vinculados a acciones que realizamos en contra del Golpe de Estado y por el restablecimiento del orden constitucional.

El juicio oral se llevó a cabo en febrero del presente año en la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) y esperamos que la sentencia pueda            dictarse antes de que finalice el presente año.

Consultado sobre el particular, el ex juez de Sentencia Ramón Barrios dijo que “para el golpe de estado fui destituido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque fui uno de los cuatro jueces que nos declaramos opuestos al golpe de estado”.

“Desde el siguiente día, dije que lo que había pasado había sido un golpe de estado, cuando en ese tiempo era peligroso decirlo, yo soy profesor universitario, di una cátedra en la universidad diciendo que lo que había pasado era un golpe de estado y bueno, por eso me destituyeron”.

Defensoresenlinea: Por último ¿qué aspectos consideraría para cambiar el sistema judicial y volverlo más eficiente que cumpla con las demandas del pueblo?

Abogada Tirza Flores: Creo que uno de los cambios fundamentales con los que se podría comenzar un camino verdadero hacia el fortalecimiento de la independencia judicial sería la implementación de procesos de selección y nombramiento de jueces y juezas mediante concursos públicos y transparentes, que permitieran que llegaran a la Judicatura personas profesionalmente capaces además de honestas y comprometidas con el servicio público. Esto podría contribuir a que se terminara con los nombramientos discrecionales por recomendaciones políticas, de parentesco y otras similares.

Si los jueces y juezas sienten que han obtenido su nombramiento por sus propios méritos sin deberle “favores” a nadie, esto podría abrir la posibilidad de     que pudieran actuar con mayor independencia.

Lo anterior unido a que se logre que los procesos disciplinarios respeten el debido proceso para darle mayor estabilidad a los jueces independientes y diligentes.

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3749:recomendaciones-del-epu-reflejan-que-honduras-presenta-una-falta-de-independencia-judicial-y-altos-niveles-de-impunidad&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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Conadeh y Corte IDH, firman acuerdo para fortalecer vigencia de DDHH en Honduras


  • Sábado, 12 Septiembre 2015 12:19

Conadeh y Corte IDH, firman acuerdo para fortalecer vigencia de DDHH en Honduras

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), suscribieron un acuerdo para fortalecer la vigencia efectiva de los derechos humanos de los habitantes, se informó hoy, a través de un comunicado.

 

Para el logro de este propósito, ambas Instituciones se comprometen a coordinar esfuerzos para fortalecer sus relaciones, profundizar el conocimiento del derecho y difundir los instrumentos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos de al menos 8.6 millones de hondureños.

El documento establece que para alcanzar las metas propuestas, ambas partes realizarán de manera conjuntacongresos, seminarios, coloquios, simposios, conferencias y foros bilaterales o multilaterales.

Según el acuerdo, por su naturaleza y atribuciones, el Conadeh podrá también colaborar en las labores de supervisión del cumplimiento de las sentencias que dicte la Corte IDH contra Honduras.

Hasta ahora, se estima que Honduras mantiene ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  (CIDH) 33 casos pendientes de informe de admisibilidad; 10 admitidos y otra cantidad similar en proceso de solución amistosa.

Igualmente, cuenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con tres medidas  provisionales implementadas, tres casos pendientes de sentencia y seis en supervisión.

Algunas de las sentencias de la Corte IDH en contra del Estado de Honduras tienen que ver con los casos conocidos como “Juan Humberto Sánchez”, “López Álvarez”, “Servellón García y otros”, “Jeannette Kawas Fernández”, “Pacheco Teruel” y “Carlos Luna López”.

En 1989, el Estado de Honduras fue condenado por el caso de Ángel Manfredo Velásquez y Saúl Godínez Cruz, ambos desaparecidos a inicios de la década del 80.

Programas de asistencia gratuita

Un punto destacado en el acuerdo, es que el Conadeh valorará la posibilidad de llevar a cabo un programa de asistencia gratuita para personas que no tienen los recursos suficientes para acceder al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Tanto el Conadeh como la Corte IDH, podrán utilizar toda la información intercambiada en virtud de este acuerdo, excepto en aquellos casos en que la parte que lo suministró haya establecido restricciones o reservas de uso o difusión.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de unir esfuerzos para lograr una mejor aplicación y difusión de los instrumentos internacionales rectores de los derechos humanos y llevar a cabo proyectos de investigación conjunta en temas de interés mutuo.

Un aspecto importante es que profesionales del derecho y otros funcionarios del Conadeh podrán realizar prácticas profesionales y pasantíasen la Corte IDH

La firma del acuerdo, que tiene duración indefinida, se realizó en Tegucigalpa, y fue suscrito por el presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Humberto Sierra y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres.

La Corte IDH, con sede en Costa Rica, es una institución judicial, autónoma del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que tiene como parte de sus funciones difundir el resultado de su trabajo relacionado con la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos.

Por su parte, el Conadeh es una institución del Estado hondureño, independiente, que tiene la atribución de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados y convenios ratificados por Honduras.

La firma del convenio con la Corte IDH es parte del Plan de Acción Vanguardia de la Dignidad Humana que puso en práctica el Conadeh, desde julio de 2014, en la que establece como una de sus líneas estratégicas promover la democracia real con seguridad democrática.

El plan contempla, como parte de sus metas, establecer relaciones sistemáticas con las instituciones del sistema interamericano de protección de derechos humanos y con el sistema universal de las Naciones Unidas.

Además, activar el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, el que se hizo efectivo en febrero de 2015 en la que el ombudsman hondureño fue electo presidente por unanimidad de los miembros de ese ente regional.

Como parte del reconocimiento internacional que tiene el Conadeh, en diciembre de 2014, su titular Roberto Herrera Cáceres, atendió en sus oficinas a los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la visita in loco que realizó a Honduras.

En ese mismo mes, se reunió con el grupo de cooperantes internacionales en Honduras G-16, liderado en ese momento por la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, Consuelo Vidal.

En enero de 2015, se reunió en Tegucigalpa con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, momento que aprovechó para expresarle la importancia de contar en el país con una oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El 24 de junio de 2015, se reunió en San José, Costa Rica, con los presidentes de los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/109863-conadeh-y-corte-idh-firman-acuerdo-para-fortalecer-vigencia-de-ddhh-en-honduras.html

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Caso Julio Ernesto Alvarado: un serio revés para la libertad de información y la CIDH

Publicado el Miércoles 9 de septiembre de 2015.

RSF y PEN International condenan que la Corte Suprema de Justicia de Honduras no haya respetado las directivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que protegen el derecho de Julio Ernesto Alvarado de seguir ejerciendo el periodismo. El viernes 4 de septiembre la justicia hondureña rechazó el último recurso legal del periodista de Radio Globo y Globo TV, lo que crea un precedente funesto para la libertad de expresión en el país.

La Corte Suprema de Justicia de Honduras rechazó el recurso de amparo presentado por Julio Ernesto Alvarado en octubre de 2014 –última injusticia en un largo proceso por difamación contra el periodista de Radio Globo y TV–. Esto, pese a que en noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado medidas cautelares para el periodista, así como suspender la ejecución de la sentencia condenatoria dictada por la justicia hondureña mientras que la CIDH estudiaba su caso. Es la primera vez que la CIDH solicita suspender una sentencia que prohíbe ejercer su profesión a un periodista, lo que constituye un fuerte mensaje para los gobiernos de la región.

Estas medidas cautelares no fueron respetadas por la justicia hondureña, pues semanas más tarde confirmó la condena que prohíbe a Alvarado desempeñar cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses. No obstante, estas medidas permitían al periodista continuar desempeñando su labor profesional el tiempo que la CIDH examinaba su dossier. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya decidido confirmar la sentencia este 4 de septiembre constituye una nueva burla a la organización del pacto de San José. Ya no existe ningún recurso en el país para luchar contra la prohibición de que ejerza su oficio y ahora concierne a la CIDH actuar para que el gobierno hondureño respete las medidas cautelares.

Reporteros sin Fronteras (RSF) protesta contra esta decisión de la Corte Suprema de Justicia”, expresó Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “Pedimos que se retiren todos los cargos presentados contra Julio Ernesto Alvarado. Esta decisión judicial crea un precedente funesto para la libertad de expresión en el país y va en contra de las solicitudes de la CIDH, que las autoridades hondureñas deberían respetar. Este largo proceso es una farsa y una herramienta de represión contra el periodista, que pertenece a uno de los medios de comunicación críticos con más audiencia en el país”, añadió.

Desde 2013 Alvarado es juzgado por difamación debido a una denuncia presentada por Belinda Flores Mendoza, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ésta le reclama haber difundido en 2006 en su programa “Mi Nación”, de Globo TV, información sobre los cargos presentados por la Corte Suprema de Justicia contra ella (por la falsificación de títulos universitarios). Este proceso legal se suma a numerosos actos de intimidación contra el periodista. Víctima de preocupantes medidas de vigilancia desde 2012, Alvarado decidió en 2013 suspender su programa “Medianoche” debido a las constantes amenazas que había padecido durante más de un año.

Seamos claros. Honduras se comprometió legalmente a tratar las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como su última corte de apelaciones. Así que debe respetar su compromiso jurídico. Por ello, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en el caso de Julio Ernesto Alvarado no es válida“, aseveró John Ralston Saul, Presidente Internacional de PEN International.

El encarnizamiento judicial contra Julio Alvarado refleja las presiones que padecen todos los periodistas críticos y los medios de comunicación de oposición en el país. Radio Globo y TV se encuentra en el punto de mira de las autoridades desde el golpe de Estado de 2009. Desde 2011 han sido asesinados cinco colaboradores de la radio sin que las autoridades lleven a cabo ninguna investigación a fondo.

Honduras se encuentra en el lugar 132, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF publicada en febrero de 2015.

Fuente: http://es.rsf.org/honduras-caso-julio-ernesto-alvarado-un-09-09-2015,48325.html

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“Libertad de expresión se ve amenazada”: Alvarado

8 de Septiembre de 2015

03:01PM  –  Julissa Mercado  

CIDH otorgó en 2014 medidas cautelares al periodista.

Tegucigalpa, Honduras

El fallo de la Sala de lo Constitucional en contra del periodista Julio Ernesto Alvarado pone en peligro la libertad de expresión.

Y es que pese a que el director del noticiero Mi Nación, que se transmite por TV Globo, gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Suprema de Justicia declaró no ha lugar el amparo interpuesto por su defensora Dina Meza.

Con ese fallo se obliga al presentador de noticias a no ejercer la profesión como pena accesoria impuesta por una querella presentada en diciembre de 2003 por la decana de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Belinda Flores.

En este recurso se solicitaba suspender la pena accesoria que lo inhabilita por un año cuatro meses a ejercer el periodismo, ya que la pena principal, reclusión por un año cuatro meses, fue conmutada en abril de 2014.

“Esto es lo peor que le puede pasar a los periodistas, es un momento bien difícil el que está viviendo el periodismo”, expresó Alvarado en entrevista con EL HERALDO al tiempo que indicó que su caso es el segundo más emblemático en América Latina. “La libertad de expresión en su totalidad se está viendo amenazada, no digamos la libertad de prensa, que es la que prácticamente esta sufriendo esta persecución”, agregó.

Según Meza, el 5 de noviembre de 2014 la CIDH determinó otorgar las medidas cautelares a Alvarado al indicar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y riesgo de daño irreparable”.

En ese sentido dice que la comisión “solicita al Estado de Honduras suspender la ejecución de la sentencia condenatoria de fecha 9 de diciembre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia y abstenerse de realizar cualquier acción para inhabilitar al periodista Julio Ernesto Alvarado en el ejercicio de su profesión hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual”.

Meza explicó que en diciembre de 2003 Alvarado fue acusado en compañía de dos docentes más, quienes en diferentes ocasiones señalaron supuestas irregularidades cometidas por Flores.

En este caso, la CIDH dice que Alvarado “se limitó a dar a conocer lo que decía un informe de una comisión investigadora sobre irregularidades en el otorgamiento de compensaciones de materiales a estudiantes de la universidad”.

En ese juicio Alvarado fue declarado inocente. Sin embargo, la defensa de Flores presentó una apelación y la Corte de Apelaciones revirtió el fallo en enero de 2014 y lo condenó a purgar una pena de reclusión de un año cuatro meses.

En abril de ese año, Alvadaro conmutó (pagó) la pena para que la sentencia de cárcel y la suspensión de su trabajo se dejaran sin efecto.

Sin embargo, Flores apeló y el 22 de agosto de ese año la Corte de Apelaciones decidió que la inhabilitación periodística debía ser restablecida.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/877460-214/libertad-de-expresi%C3%B3n-se-ve-amenazada-alvarado

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al CONADEH fortalecer medidas cautelares

Piden al gobierno a través del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), fortalecer las medidas cautelares otorgadas a personas o grupos vulnerables o en riesgo de muerte

La solicitud fue presentada por recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH.)
El documento se origina debido a que varios grupos de Sociedad Civil han manifestado que el Estado no hace cumplir esa disposición de la Corte IDH.

En ese sentido el comisionado, Roberto Herrera Cáceres, informó que se esta creando en la actualidad un mecanismo, “tratar de respaldar las Medidas Cautelares y darle seguimiento a las mismas, siendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Para concluir Cáceres explicó que la solicitud ya ha sido presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que haga llegar al Conadeh el listado de todas las personas en Honduras que cuentan con Medidas Cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/la-comisi%C3%B3n-interamericana-de-derechos-humanos-pide-al-conadeh-fortalecer-medidas

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Condenamos represión contra Dunia

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La Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, AMCH, repudia el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar este martes contra manifestantes en distintos puntos del territorio nacional y contra periodistas que cubrían los hechos.

Entre las víctimas de la desproporción y la brutalidad está nuestra compañera Dunia Montoya, quien sufre luxación de su hombro derecho, golpes contusos en el rostro y tórax (“patadas”) causados por agentes de la Policía Militar, que además destruyeron su cámara de video mientras filmaba la represión.

Dunia Montoya, reconocida profesional del periodismo, destacada comunicadora popular y directiva de esta Asociación, es beneficiaria de medidas cautelares solicitadas por la CIDH a la Secretaría de Seguridad hace seis años; ahora tendrá que guardar al menos dos meses de reposo por la golpiza policial.

Dunia cubría una protesta ciudadana en Quebrada Seca, sobre la carretera del Litoral Atlántico, motivada por la corrupción del gobierno nacional que se niega a solicitar a la ONU la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, para juzgar a los titulares de los tres poderes del Estado y a los operadores de justicia implicados en el saqueo de fondos públicos en el país.

La AMCH también condena que la misma célula militar –PMOP — injertada dentro de la secretaría de seguridad, haya agredido este martes con bombas de gas, leños del bosque y balas importadas a los periodistas Eddie Andino, Gerardo Chévez, Román Paz y César Obando, de los departamentos de Cortés, Yoro y Colón.

En consecuencia, demandamos la sanción penal de los policías que causaron este acto de barbarie contra todas las víctimas, particularmente contra una mujer, una periodista, una ciudadana, que ejercía libremente sus derechos a la información, libre expresión y comunicación.

Coordinación de AMCH

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3716:condenamos-represion-contra-dunia&catid=54:den&Itemid=171

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Policía desaloja manifestantes en el norte de Honduras usando balas, toletes y gas lacrimógeno

Los militares y policías la emprendieron contra los periodistas que daban cobertura a los desalojos y a la periodista,  Dunia Montoya,  le patearon la cara en tres ocasiones y le fracturaron un brazo.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

La periodista Dunia Montoya, permanece hospitalizada tras la golpiza por los elementos de Fusina.

Varias personas heridas y detenidas fue el saldo que dejó el desalojo efectuado por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA),  en las manifestaciones realizadas este martes en las ciudades de Tocoa, en el departamento de Colón y en El Progreso departamento de Yoro, ambos al norte de Honduras.

En el brutal desalojo resultaron heridos los periodistas Gerardo Chévez,  corresponsal de Radio Progreso,  Dunia Montoya de la Revista Vida Laboral quien  fue hospitalizada con fracturas en uno de sus brazos y Edy Andino del canal 6 de San Pedro Sula.

Heridos2

Patean rostro de periodista

La periodista  Dunia Montoya, fue hospitalizada este martes 1 de septiembre, con fracturas en su brazo, después de recibir una golpiza por parte de elementos de la Policía Nacional que llegaron al extremo de darle patadas en el rostro y quebrarle su equipo de trabajo.

Al corresponsal de Radio Progreso, Gerardo Chévez, miembros de la Policía Nacional le decomisaron su carné de periodista. Chévez, es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Chévez relató que estaban en la cobertura con su colega Dunia, ella con su cámara y él con su teléfono para la radio y los demás periodistas haciendo su cobertura.

“Dunia estaba grabando,  cuando de repente los policías y militares comenzaron a golpear la gente y querían a quitarle la cámara, Dunia se negó diciéndoles que esa es su herramienta de trabajo y en respuesta los policías y militares comenzaron a golpearla con el tolete en las manos y en las piernas”.

Observe la oreja de este manifestante.

Luego la  tiraron al piso y “un policía le pateó la cara en tres veces, pero dándole duro con las botas, ella está en el hospital”. Según Chévez,

La policía y miembros del ejército llegaron desde muy temprano en tono amenazante y dando solamente media hora para que los hondureños indignados protestaran a pesar que lo hacían pacíficamente.

Tras pasar la media hora dada por los uniformados, estos la emprendieron contra los manifestantes usando toletes, gases lacrimógenos.

Heridos3

Otro relato

Por su parte, Cesar Obando Flores, corresponsal de radio progreso,  relató que la Policía Nacional y la Policía Militar se instalaron antes que los manifestantes cuando llegaron manifestantes ya estaban ellos ahí, la policía no dejaba pasar los vehículos, después los policías le dijeron a los manifestantes, ‘quítense de la calle y comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas’. “Yo describía que lanzaban bombas, los Policías Militares hicieron disparos contra las personas, relató Obando a la Organización C-Libre.

Yo estaba largo”, el periodista (Edy Andino de canal 6), estaba apartado de la zona de conflicto narrando cómo ocurría el desalojo y uno de los agentes sacó una bomba lacrimógena y se la lanzó.

La bomba le cayó en los pies y el comunicador empezó a correr. “Un policía encapuchado, por detrás, y un Policía Militar me pegaron un empujón y me lanzaron al pavimento, me raspé todo (golpée) el estómago, los codos, se me quebró mi teléfono, quedé en medio del humo, otros compañeros me dieron auxilio, me logré levantar y seguí corriendo.

Una patrulla comenzó a darme persecución, un policía me dijo que eso me pasaba por andar transmitiendo en vivo. El policía andaba encapuchado. Corrí unas 16 cuadras, me perseguían tres policías, entré a una casa para escapar, por otra puerta, tomé un taxi, llegué a refugiarme al Comisionado y la patrulla pasaba por ahí.

Me persiguieron por unos 20 minutos policías a pie, me decían que me parara, corrían encapuchados”, relató Obando ante el comisionado de los Derechos Humanos.

Fuente: http://criterio.hn/policia-desaloja-manifestantes-en-el-norte-de-honduras-usando-balas-toletes-y-gas-lacrimogeno/

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Honduras acepta su responsabilidad en asesinato de ambientalista Carlos Escaleras

Ago 27, 2015

A través de la firma de un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, el Estado de Honduras asumió su responsabilidad en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras, hecho ocurrido hace 18 años en la ciudad de Tocoa, Colón.

La Cidh dictaminó una serie de recomendaciones por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del ambientalista Carlos Escaleras Mejía y sus familiares. Ante la familia Escaleras y los abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras, Eric, representantes de la víctima, se firmó el acuerdo de cumplimiento.

“Lo que se ha firmado es un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones, básicamente porque la Comisión Interamericana ya falló el caso de don Carlos Escaleras y dio al Estado de Honduras una serie de recomendaciones. Con el objeto de que el caso no llegara a la Corte Interamericana pero principalmente para que los familiares tuvieran una reparación y tuvieran justicia en un menor plazo hemos accedido a firmar este acuerdo” explicó Marcia Aguiluz de Cejil.

“Satisfactoriamente, estamos dando un paso primordial para la solución del caso de don Carlos Escaleras Mejía junto con la familia, los representantes de ellos como ser Cejil y Eric” declaró el Procurador General de la República, Abraham Alvarenga.

18 años han pasado

Carlos Escaleras fue asesinado en Tocoa, Colón, por su lucha contra la explotación de los bienes naturales y por la justicia social en las comunidades más empobrecidas de esta zona del Valle del Aguán.

“Ha habido una falta de voluntad para poder resolver estos casos. Creemos que esto debió resolverse desde hace mucho tiempo. Ahora el Estado está viendo que cuando va a la Corte por estos casos lo único que hace es el ridículo” dijo Brenda Mejía, representante del Eric.

Pero los representantes del Estado consideran que lo que se ha hecho es un paso muy importante en la búsqueda de justicia. “Nunca es tarde, el Estado está reconocimiento su responsabilidad en este caso, y las disculpas a la familia y también a todos los ambientalistas y defensores de los Derechos Humanos” dijo el Procurador Alvarenga.

El sufrimiento de la familia ha sido grande. Fueron privados del esposo, del padre, del abuelo, del amigo y del defensor de los derechos del pueblo. “Nos sentimos muy contentos, como familia, de haber estado aquí con el gobierno, y esperamos que el gobierno nos dé una respuesta con seguridad, porque ya son 18 años que hemos estado esperando” dijo doña Marta Alvarenga, esposa de Carlos Escaleras.

Doña Marta, en nombre de toda la familia Escaleras agradeció a todas las organizaciones del Valle del Aguán, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil y al Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, por todo el apoyo brindado en este largo proceso que aún no concluye.

Recomendaciones

En julio de 2014 la Comisión concluyó que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad de asociación y derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; así como los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de su madre, esposa, hijos y hermanos. Ante este fallo, la Comisión recomendó al Estado de Honduras reparar dichas violaciones de derechos humanos, así como reivindicar la labor de Carlos Escaleras.

“Hemos tenido dos intentos de llegar a soluciones amistosas donde la Comisión no intervenía, pero el Estado dejó pasar tanto tiempo que llegó a su etapa de fondo donde la Comisión viene ahora y le dice al Estado que se cometieron estas y otras violaciones en el caso de Escaleras, y tienen que cumplir con estas recomendaciones, y si no lo hace el caso pasa a la Corte” aseguró Brenda Mejía.

“Asumimos los compromisos de la medida de no repetición, de la indemnizaciones, de la educación en tema ambiental y de protección de defensores de Derechos Humanos, así como reconocer, mediante monumentos en la ciudad de Tocoa, la memoria de don Carlos Escalera Mejía” explicó el abogado Abraham Alvarenga.

Entre las acciones que el Estado deberá realizar están la elaboración y difusión de un documental televisivo sobre la problemática ambiental en Honduras y la labor que desarrolló Escaleras como activista, dicha producción audiovisual se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión. Además, el Estado de Honduras cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” para denominarlo “Carlos Escaleras Mejía” y se remodelará la Plaza del Centro de Tocoa la cual pasará a llamarse “Plaza Carlos Alfonso Escaleras Mejía”, donde se colocará un busto en su honor.

“Varias de las recomendaciones tienen que ver con la investigación de los hechos, la Comisión dice que tienen que investigarse a todos los participantes en el asesinato de don Carlos y también tiene que investigarse a los funcionarios que en algún momento obstaculizaron la justicia, protección a testigos y a víctimas, también recomienda medidas vinculadas con la protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos” explicó Marcia Aguiluz.

Vigilancia al cumplimiento

Con la firma del acuerdo no se termina el caso de Carlos Escaleras. “Nos falta mucho trabajo por hacer. Hay que dar seguimiento para que el Estado cumpla con los acuerdos que se quedaron, establecidos ya con fecha y hay que estar como pendientes de que se cumplan” aseguró Brenda Mejía.

Pero el Estado asume su compromiso de cumplir los acuerdos durante este periodo de gobierno que concluye en enero de 2018. “Nosotros vamos a liderar la comisión interinstitucional para que puedan llevarse a cabo todo el cumplimiento de los puntos y ya los más importantes los tenemos avanzados y sólo es que en los plazos que se ha fijado para la ejecución poder llevarlos a cabo para satisfacción de los familiares, de los representantes y también por los compromisos que hemos asumido como Estado” dijo el Procurador, Abraham Alvarenga.

Las partes acordaron que la CIDH evaluará en doce meses el acatamiento de todo lo establecido en el acuerdo de cumplimiento para lo cual el Estado, Cejil y el ERIC deberán presentar información sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2335-frente-a-v%C3%ADctimas-estado-acepta-responsabilidad-por-muerte-de-ambientalista

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Caso ambientalista Carlos Escaleras: Estado Hondureño acepta su responsabilidad

Thursday, 27 August 2015 16:27 Written by  Published in Contexto Read 90 times

Caso ambientalista Carlos Escaleras: Estado Hondureño acepta su responsabilidad Foto:radioprogresohn.net/

Al pasar más de una década del asesinato del líder ambientalista Carlos Escaleras, el Estado hondureño finalmente se comprometió a aceptar las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , en relación con las violaciones a los derechos humanos contra él y su familia, informó un comunicado de prensa del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) este jueves 27 de agosto de 2015.

El compromiso se firmó entre representantes de la familia de Escaleras , abogados de CEJIL y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), en representación de la víctima y representantes del Estado.

La CIDH estableció en el mes de julio del año 2014 la responsabilidad de Honduras por la violación de un conjunto de derechos: a la vida, a la libertad de asociación y a los derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; igualmente la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de su esposa, madre, hijos y hermanos.

Según el comunicado de CEJIL, el Estado hondureño se comprometió –producto de las recomendaciones de la CIDH- a la difusión por medio de cadenas de radio y televisión, de un documental que refleje la problemática ambiental en el país y la lucha de Carlos Escaleras como activista en pro del medio ambiente.

Además, como homenaje a Escaleras, el Estado cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” por el de “Carlos Escaleras Mejía” y remodelará la plaza del centro de Tocoa, en el departamento de Colón (de donde Escaleras era originario) en donde colocarán un busto en su honor que llevará su nombre. Al terminar la remodelación, la plaza será reinaugurada con la presencia de las altas autoridades estatales, destacó CEJIL en el comunicado.

Otro de los acuerdos a los cuales se comprometió el Estado es una investigación judicial que establezca las circunstancias en las cuales fue asesinado el líder ambientalista así como la ejecución de medidas disciplinarias o penales para aquellos operadores de justicia quienes obstaculizaron el proceso.

Las partes firmantes del acuerdo concertaron que la CIDH evaluará en un periodo de doce meses (1 año) el cumplimiento del mismo. En ese momento,tanto el Estado como CEJIL y el ERIC-SJ deberán presentar información sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos. A partir de este plazo, la Comisión evaluará dicha documentación y determinará el posible envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró el comunicado.

Líder que gozó de credibilidad de la comunidad

Carlos Escaleras Mejía fue un destacado líder popular con un amplio recorrido en la defensa de los derechos humanos. Siendo estudiante de educación media se integró en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) a mediados de los años 70. Posteriormente, fue directivo a nivel nacional del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) en la década de los 80 hasta su despido, en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas a inicios de los 90.

Además, formó parte de la primera filial del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) en Tocoa Colón,  integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y del partido Unificación Democrática (UD), espacios en donde siempre hizo hincapié en la defensa de su territorio y por lo cual gozó siempre de la credibilidad de las comunidades del Aguán.

Fue asesinado el 18 de octubre de 1997 en su negocio de lavado de autos en la ciudad de Tocoa. Al momento de su asesinato, Escaleras era candidato a la alcaldía de su ciudad natal  por la UD y regresaba del entonces Tribunal Nacional de Elecciones en Tegucigalpa ya que faltaba aproximadamente un mes para realizarse el proceso electoral de ese año.

Desde la fecha del crimen contra Escaleras, su familia ha buscado que este caso no quede en el silencio impuesto por quienes ejercen control político y económico en el país. Hasta el momento, solo ha sido condenada una persona: Lucas García Suazo en octubre del año 2002. A pesar de la condena, se continúa en la búsqueda de los autores intelectuales de su asesinato.

Ante la lentitud de la justicia hondureña para resolver este caso, el Centro por la Justica y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) presentaron el 14 de enero de 2002, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la denuncia que responsabiliza al Estado por su asesinato.

 

Fuente:https://goo.gl/pOzj0U

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La CIDH insta a Honduras a garantizar transparencia y supervisión civil en el proceso de nombramiento judicial para la Suprema Corte de Justicia

Comunicado de prensa 96/15

 

 

27 de agosto de 2015

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha estado siguiendo la marcha de la situación de la independencia del poder judicial a través de sus diversos mecanismos durante los últimos años, así como a través del seguimiento de su visita in loco a Honduras de diciembre de 2014.

La CIDH tiene conocimiento de que los miembros de la Junta Nominadora deben designarse y asumir funciones el 1 de septiembre de 2015. Después de esa fecha, la Junta Nominadora deberá comenzar un proceso de designación y selección de 45 candidatos incluidos en una lista que se presentará el 23 de enero de 2016 ante el plenario del Congreso. Luego, el Congreso seleccionará 15 de los 45 candidatos, el 25 de enero de 2016, para desempeñar funciones como jueces de la Suprema Corte durante el período de 2016-2023. Durante su visita in loco, la Comisión se enteró de varias situaciones que podrían afectar la imparcialidad e independencia del poder judicial y desde entonces ha recibido información sobre las preocupaciones de la sociedad civil en cuanto a  la transparencia del inminente proceso de nombramiento de la Suprema Corte. Entre las preocupaciones se incluye la politización del proceso a través de la selección y nombramiento de candidatos que podrían favorecer intereses sectoriales y no aquellos de la mayoría de la sociedad hondureña.

En este sentido, la Comisión destaca su informe de 2013: Garantías de Independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, en el cual se detallan las garantías que deben observarse en los procedimientos de nombramiento y selección judicial. La CIDH destacó en el informe que el objetivo de cualquier proceso de selección y nombramiento de operadores debe ser seleccionar candidatos basándose en mérito personal y titulación profesional, tomando en cuenta la naturaleza singular y específica de las tareas a realizarse. Con ese fin, la Comisión considera que es esencial contar con criterios objetivos, preestablecidos, para examinar y evaluar a los candidatos, a fin de evitar el uso de criterios discrecionales de las personas o entidades que participan en el proceso de selección. El proceso de selección también debe garantizar la igualdad de acceso a posiciones, respetando el principio de igualdad y no discriminación, de manera que cualquier persona que piense que, él o ella, cumple con los requisitos pueda solicitar la posición. Asimismo, el público, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas deben tener la oportunidad de ver los criterios de selección, cuestionar a los candidatos y expresar su inquietud o su apoyo.

En el ejercicio de su mandato de promover la observancia y protección de los derechos humanos y teniendo en cuenta el papel fundamental que los operadores de justicia juegan para garantizar el acceso a la justicia y preservar el estado de derecho, la CIDH insta encarecidamente al Estado de Honduras a que supervise la observancia, por parte de la Junta Nominadora, de estos estándares mínimos establecidos de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos a fin de garantizar la independencia del poder judicial. Una vez que los jueces, especialmente aquellos de la Suprema Corte, asumen funciones, el Estado debe ofrecerles capacitación profesional, tomar medidas para garantizar su independencia de los otros poderes del gobierno y garantizar su seguridad de presiones externas, incluidas las amenazas y represalias dirigidas directamente a su persona o a sus familias.

En vista de lo anterior, la CIDH insta al Estado de Honduras a garantizar transparencia y una extensa participación civil y la supervisión de su próximo proceso de selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia, así como la independencia y seguridad de los operadores de justicia que sean seleccionados.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente: http://us6.campaign-archive2.com/?u=af0b024f4f6c25b6530ff4c66&id=c7d31d2c64&e=edb8657cb6

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Reestructuración policial deja sin protección a periodista

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El Estado de Honduras a través de una carta remitida por el comisionado de policía Rigoberto Rodríguez le notificó al periodista Esdras Amado López, que se le suspende la seguridad que tenía asignada como parte de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

El periodista es director de Canal 36 Cholusat Sur, y tenía asignado unos policías que debían brindarle seguridad, ya que su vida corre peligro, y ahora también está expuesta su familia, denunció el afectado.

El también diputado del partido Libertad y Refundación, LIBRE, denunció que el comisionado Rigoberto Rodríguez le remitió una carta donde le hizo saber que por la reestructuración que está sufriendo la Secretaria de Seguridad y la Policía Nacional, se le suspendía la seguridad que le brindaban los policías asignados.

Esdras declaró que, esta orden viene de parte del presidente de la República Juan Orlando Hernández, con la intención de dejarlo vulnerable, por lo que si algo le sucede a él o a su familia, el mandatario es el responsable.

La seguridad del periodista no es porque el Estado se la quiera brindar, sino por una petición de la CIDH, de modo que la acción que hoy le notifican es la violación de un mandato de una Corte Internacional, denunció.

Para la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Bertha Oliva, esta acción de suspensión de la seguridad del periodista debería ser notificada a la CIHD, que es quien ordenó las medidas Cautelares.

Seguimos viviendo en dos Honduras, la que cree que debemos decir “si” a todo, que debe decir que aquí las cosas no están bien y que debemos mejorar, por lo que se denota una intolerancia impresionante como la que está viviendo el país, y no quisiera ni pensar que le vaya a pasar algo a Esdras Amados López o a su equipo de periodistas, esto vendría a desmotivar a la ciudadanía que denuncia y desinformaría a la población, manifestó Oliva.

Esta es una decisión para meter temor y dejar en desamparo si es que realmente la CIDH no ha pedido la suspensión de medidas, habría que conocer en el fondo quien es el que las implementaba o qué tipo de información estaban girando sobre la situación de inseguridad del periodista y si se consideraba que era tiempo de suspender las medidas cautelares porque su nivel se inseguridad había bajado, pero no es el caso de López.

Si esto no es así, entonces hay que notificar a las instancias internacionales y que se  vuelva a solicitar las Medidas Cautelares que protejan la integridad del director de canal 36, manifestó la defensora de ddhh.

Según un periodista de Cholusat sur- el 25 de junio la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, envió una carta al director de canal 36, que si no le bajaba al tono de sus denuncias contra el gobierno procederían al cierre de su canal, este hecho debió ser preciso para redoblar las medidas de seguridad para el periodista.

Ante eso, Oliva considera que “tenemos una consolidación de una dictadura y solo se plantea lo que el dictador quiere, por lo que se estarían cerrando por una orden todos los medios de comunicación y dejar sólo la voz oficial”.

La censura de los medios y de un periodista solo puede ser cuando hay alguien a quien le molesta y tiene poder de decidir si permanece en el aire ese medio o la persona, por lo que es necesario hacer esta denuncia ante el riesgo de muerte que tiene el periodista.

Hace unas semanas, Esdras Amado López, hizo pública una entrevista con el juez José Dimas Agüero Echenique, quien reveló que JOH quería ver preso al también al periodista David Romero, director de radio Globo y Globo TV, opositores al gobierno.

En la denuncia realizada en Cholusat Sur, el Juez José Dimas Agüero Echenique, reveló que Teodoro Bonilla del Consejo de la Judicatura, quería que por instrucciones de “El Hombre”,-defiriéndose a Juan Orlando- él metiera preso a David Romero y que con eso se le enviara un mensaje a Esdras Amado López.

En el país existen más de 350 Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH, pero algunas integran a grupos como campesinos o indígenas, siendo en total más de 600 personas beneficiarias, sin embargo el Estado maneja que son apenas más de 50 medidas. Antes del golpe de Estado del 2009 solo eran 48.

En el 2010, la cúpula policial de la Secretaría de Seguridad se comprometió a cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH, para más de un centenar de ciudadanos y ciudadanas, cuyas vidas han sido amenazadas y están en peligro de muerte.
La CIDH ha dado mucho seguimiento a las amenazas a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, un tema de especial preocupación, por lo que el país tiene el mayor número de medidas cautelares, sin embargo el gobierno manifiesta no poderlas cumplir por falta de presupuesto.
Hay casos en que los beneficiarios de estas medidas de seguridad que debe cumplir el Estado, han sido asesinados, como sucedió en junio pasado con el catedrático y sindicalista Héctor Orlando Martínez Motiño, que gozaba de medidas cautelares, a su favor y de su familia, fueron notificadas al gobierno de hondureño el 18 de mayo de 2015, mediante el oficio MC 253-14, con resolución 20/15.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3671:reestructuracion-policial-deja-sin-proteccion-a-periodista-&catid=54:den&Itemid=171

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