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Impiden viajar al extranjero a periodista acosado judicialmente

A pesar de estar protegido bajo una medida cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el periodista Julio Ernesto Alvarado no puede salir de Honduras.

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La CIDH estudiará con el Gobierno de Honduras una posible visita al país

Washington – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará la próxima semana con el Gobierno de Honduras la posibilidad de efectuar una visita al país centroamericano.

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Justicia hondureña niega salida a Gustavo Castro a sesión de la CIDH – CRITERIO

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El régimen nacionalista rechazó el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), para que el sociólogo mexicano Gustavo Castro Soto, sobreviviente del atentado criminal que costó la vida a la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres, comparezca ante el organismo internacional para declarar conforme a este femicidio. La […]

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Estado menosprecia compromisos Internacionales : País por cárcel tiene ahora el periodista Julio Ernesto Alvarado

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Cárceles de Honduras ponen en riesgo a presos y generan violencia pandillera: OEA

Redacción – Un reciente informe llama la atención sobre la crítica problemática al interior de las cárceles de Honduras, donde la prevalencia de la violencia pandillera y las deplorables condiciones indican que el sistema penal no hace nada por rehabilitar a los delincuentes.

Después de una visita a Honduras en diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), encontró que los detenidos a menudo ejercen más poder que el personal de las prisiones. La CIDH también encontró casos de hombres y mujeres que comparten celdas y armas militares durante los disturbios.

El consiguiente informe, titulado “Situación de derechos humanos en Honduras” (pdf), llama la atención sobre las graves deficiencias y las desacertadas iniciativas del sistema penitenciario de Honduras.

La población carcelaria
aumentó 25% en 3 años

En noviembre de 2014, a las cárceles de Honduras llegaron 14,805 detenidos, lo que representa un incremento del 25 por ciento desde el 2012. Esto llama la atención especialmente, dado que la población penitenciaria de Honduras fue relativamente estable en la década entre 2002 a 2012, según señala el informe. La gran mayoría de los reclusos son hombres: sólo el 4,5 por ciento de la población penitenciaria de Honduras son mujeres.

En general, el sistema penitenciario es incapaz de albergar a este número de internos, dado que las 25 cárceles del país en la actualidad sólo tienen aproximadamente 10,500 cupos. Un 11 por ciento de la población carcelaria duerme en el piso.

Otro aumento significativo está relacionado con el número de personas recluidas en prisión preventiva. Mientras que en 2012 la proporción de presos que estaban en espera de juicio era del 48 por ciento, para 2014 era del 54 por ciento, es decir, más de 8,000 personas. La CIDH señaló que había fallas en la separación de los condenados por algún delito de aquellos aún en espera de juicio.

populationLa anarquía y el uso de AK-47

Dado que las autoridades son incapaces de ejercer suficiente control en las cárceles hondureñas, la violencia sigue siendo rampante. El informe indicó que entre 2006 y 2012 se presentaron unas 641 muertes violentas en las cárceles del país, lo que significa un promedio de 92 personas por año.

La violencia en las prisiones incluye desde “homicidios con armas de fuego y ataques entre grupos de internos con explosivos y armas de guerra”, dice el informe.

Por ejemplo, un tiroteo en la cárcel de San Pedro Sula el 11 de marzo de 2014 dejó como resultado tres reclusos muertos y más de 30 heridos, incluyendo ocho miembros de la policía militar. Tras el tiroteo, las autoridades decomisaron “armas de fuego de grueso calibre, incluso fusiles de asalto AK-47, chalecos a prueba de balas, drogas y licor, teléfonos celulares, y otros objetos ilícitos”.

Este tipo de violencia está estrechamente relacionada con lo que la CIDH considera una “deficiencia estructural” en las cárceles de Honduras: o el hecho de que los internos manden.

En Honduras, el 85 por ciento de las cárceles “se rigen por sistemas de ‘autogobierno’ o ‘gobierno compartido’ descontrolados, en los cuales son determinados reclusos denominados ‘coordinadores’ los que ejercen el control interno y dirigen actividades esenciales para la vida de la generalidad de la población reclusa sin control o criterios decididos por parte de la administración penitenciaria”.

Durante su visita a la prisión de San Pedro Sula, la CIDH dijo que a su delegación sólo se le permitió ingresar a ciertas áreas con el permiso del “coordinador general” de la penitenciaría.

Fuerzas de seguridad:
militarización y tortura

Las cárceles de Honduras siguen siendo controladas por los “coordinadores”, a pesar de que la seguridad en las cárceles se ha vuelto más militarizada. La delegación de la CIDH observó que las tropas del ejército estaban siendo utilizadas para tareas de seguridad en las prisiones, incluyendo los centros de detención juvenil.

Según los informes, altos oficiales militares están asumiendo cargos directivos en las prisiones, y muchos de los directores de las cárceles más grandes son miembros de las fuerzas armadas, a pesar de que ello viola la ley del sistema nacional de prisiones.

Las fuerzas de seguridad también son acusadas de torturar y maltratar a los prisioneros. Según información del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, seis de cada 10 reclusos fueron presuntamente sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención en algunas ciudades. La fuerza nacional contra la extorsión fue presuntamente la responsable de los casos más graves de tortura.

Sin embargo, de los 253 informes de tortura presentados ante la defensoría de los derechos humanos entre 2009 y 2014, sólo el 15 por ciento llegaron a acusaciones.

Mujeres, población LGBT
y menores en riesgo

El informe llama la atención sobre los riesgos a los que se ven expuestos los hombres y mujeres que conviven en algunas de las instalaciones. Al visitar una cárcel de San Pedro Sula, la CIDH encontró que, aunque había un pabellón específico para las reclusas, en otro pabellón había 26 mujeres con 300 hombres, y en otro había una mujer con 54 hombres.

Los llamados “coordinadores” fueron los encargados de la mezcla de géneros en la prisión.

Esta situación parece haber afectado más a los presos de la población LGBT en San Pedro Sula, donde son más vulnerables dada “su resistencia a participar en la dinámica de sumisión y control ejercida por los presos”. Los reclusos LGBT son recluidos por separado o con los presos con discapacidades mentales, y padecen violencia física y sexual por parte de los demás internos.

La CIDH informó además que los jóvenes reclusos en los centros de detención juvenil carecen de actividades educativas o de atención médica, y sólo se les permite una hora y media de recreación al aire libre por semana. En un centro visitado por la CIDH, gran parte de las instalaciones todavía no se han recuperado de un violento motín en 2012.

Análisis de InSight Crime

El excesivo uso de la prisión preventiva ha contribuido claramente al caos y la disfunción en el sistema penitenciario de Honduras. Así ha sido desde 2009, cuando una reforma penal limitó las opciones diferentes a las penas de prisión para los presuntos criminales. Junto con las políticas de “mano dura”, mediante las cuales muchos sospechosos fueron detenidos con base en escasas evidencias de “asociación” con las pandillas, ello ha contribuido a saturar las cárceles del país.

De esa manera, no sólo se ha puesto un gran número de civiles no condenados en condiciones potencialmente mortales, sino que además ello puede permitir la formación de grupos criminales organizados, según la abogada Linda Rivera, diputada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Estas pandillas luchan entre sí por el control de las prisiones y de sus economías ilegales, por ejemplo, “cobrándoles a los presos por ocupar espacios privilegiados… [con la] complicidad de los guardias”.

Este clima violento ha hecho que las cárceles se conviertan en los lugares más peligrosos de Honduras, con una tasa de mortalidad promedio de 780 por cada 100.000 detenidos entre 2004 y 2014.

Una cuestión especialmente preocupante es la que se refiere a los centros de detención juvenil, donde según informes recientes hay un violento control por parte de las pandillas, lo que incluye asesinatos y desmembraciones. Las condiciones inhumanas y la falta de rehabilitación de los jóvenes problemáticos han creado un ambiente que es quizás incluso más hostil que el de las calles de Honduras. De hecho, la mayor parte de los casos de violencia entre pandillas ocurre en centros de detención juvenil más que en las cárceles de adultos, según Rivera.

Las autoridades penitenciarias han tratado de mantener estos conflictos bajo control al dividir las pandillas en instalaciones o pabellones independientes, pero este método conlleva el riesgo de permitir que las pandillas consoliden su poder en las prisiones. En cambio, el informe de la CIDH ofrece soluciones alternativas, al sugerir que los detenidos organicen sus propios grupos culturales, deportivos o religiosos, en lugar de conformar asociaciones basadas en las pandillas.

La corrupción entre los empleados de las prisiones ha aumentado a medida que el sistema penal se ha saturado cada vez más y ha sido incapaz de controlar a sus empleados. Rivera le dijo a InSight Crime que el personal de las prisiones, así como los oficiales militares que fueron llevados para poner orden en el sistema, a menudo son ineptos, inexpertos y propensos a las malas conductas. A cambio de regalos y grandes sumas de dinero, los funcionarios permiten que continúe el flujo de contrabando y les proporcionan armas de uso militar a los internos.

Los diversos intentos que ha realizado Honduras para reparar su tambaleante sistema penitenciario han tenido poco éxito. En primer lugar, la militarización generalizada no ha logrado llevar la seguridad a las cárceles. Por el contrario, la falta de entrenamiento profesional de los militares puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos.

En segundo lugar, el Estado ha tratado de aumentar la capacidad de las prisiones mediante la construcción de las polémicas megaprisiones, una de las cuales se inauguró a principios de 2015 en el municipio de El Porvenir, y que puede albergar hasta 2.000 presos. Sin embargo, el informe de la CIDH encontró que estas megaprisiones pueden ser difíciles de administrar.

“Los centros penitenciarios más pequeños tienden a ser menos violentos, más seguros y menos susceptibles a ser controlados por grupos criminales; contribuyen de una manera más integral a la rehabilitación y, por lo tanto, a disminuir la reincidencia; además, pueden reducir los costos.”, señala el informe de la CIDH.

Podría decirse que la sola construcción de más prisiones son sólo pañitos de agua tibia. Como señala el informe, una medida más efectiva consistiría en promover estrategias de prevención del crimen, fortalecimiento del sistema de justicia y control del excesivo uso de la prisión preventiva.

Sin este tipo de iniciativas, y mientras Honduras continúe reforzando sus enfoques de mano dura, las cárceles del país seguirán siendo caldo de cultivo de grupos criminales más organizados y peligrosos.

Origen: Cárceles de Honduras ponen en riesgo a presos y generan violencia pandillera: OEA

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Medidas cautelares no impidieron el asesinato de 14 activistas sociales en Honduras

“Los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas”, señala la Comisión Interamerican

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CIDH condena asesinato de integrantes del pueblo indígena Tolupán en Honduras

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de cinco integrantes del pueblo indígena Tolupán en Honduras y de la comunidad de San Francisco de Locomapa. Uno de los indígenas asesinados fue Santos Matute, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La CIDH urge al Estado hondureño a conducir de manera inmediata y dentro de un plazo razonable una investigación de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estas muertes y a sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Según información recibida por la CIDH, el 21 de febrero de 2016 en San Francisco de Locomapa fueron asesinados Nahún Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, todos integrantes del pueblo indígena Tolupán. Mientras que cuatro de ellos perdieron la vida al instante, Santos Matute fue trasladado con heridas de arma de fuego al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció el 22 de febrero. Santos Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 19 de diciembre de 2013 en razón de las amenazas, hostigamientos y hechos de violencia contra integrantes del MADJ debido a su labor en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en el sector de Locomapa, departamento del Yoro.

En su informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, publicado el 18 de febrero de 2016, la CIDH analizó con preocupación la situación de riesgo del pueblo indígena Tolupán debido a la ejecución de proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas sin un adecuado proceso de consulta previa, libre e informada. El informe indica que 17 integrantes del pueblo Tolupán han sido asesinados en los últimos años sin que se haya investigado de forma debida estos crímenes. La CIDH recuerda que los pueblos indígenas tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras y a verse libres de interferencia de personas que pretenden tomar control de sus territorios mediante el uso de la violencia. Los Estados también se encuentran obligados a prevenir y luego proteger a los pueblos indígenas afectados de estos actos violentos cuando ocurren en el marco de conflictos territoriales. Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma.

La Comisión Interamericana insta al Estado hondureño a investigar sin dilación y con debida diligencia estos asesinatos, y a juzgar y sancionar a las personas responsables de forma pronta. La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.

En este sentido, la Comisión urge a las autoridades competentes a seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que estos asesinatos hayan estado motivados por las actividades de estos líderes indígenas como defensores de derechos humanos. La CIDH a su vez insta al Estado hondureño a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad. También urge al Estado de Honduras a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de los integrantes del pueblo indígena Tolupán, sus líderes y defensores, respetando su identidad cultural, perspectiva y concepción de derechos, con miras a evitar la repetición de estos hechos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 028/16

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/028.asp

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CIDH otorga medidas cautelares a favor del COPINH y familiares de Berta Cáceres

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El 5 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de la vida e integridad personal de los miembros de COPINH, la familia de Berta Cáceres y Gustavo Castro en Honduras.

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/pueblos-indigenas/cidh-otorga-medidas-cautelares-favor-del-copinh-y

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Preocupación de la CIDH sobre invisibilización del Pueblo Garífuna por parte del Estado hondureño

Origen: Preocupación de la CIDH sobre invisibilización del Pueblo Garífuna por parte del Estado hondureño

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Informe de CIDH demanda respuestas concretas al Estado de Honduras

Origen: Informe de CIDH demanda respuestas concretas al Estado de Honduras

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Conclusiones y recomendaciones realizadas por la CIDH y su Relatoría Especial sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Honduras

Defensores en linea

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Maras y crimen organizado están obligando a migrar a los hondureños: Informe de la CIDH –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn El impacto de la violencia generada por maras, pandillas y crimen organizado está llevando a las personas a huir de Honduras, destaca un  informe divulgado este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) hace el señalamiento mediante el informe, “La  Situación […]

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Estado de Honduras con los brazos cruzados mientras continúa asesinato de Tolupanes a pesar de medida cautelar de la CIDH

Denuncias

Origen: Estado de Honduras con los brazos cruzados mientras continúa asesinato de Tolupanes a pesar de medida cautelar de la CIDH

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CIDH insta a Honduras poner fin a alto índice de impunidad y uso de la fuerza –

Por: Redacción AGENCIAS redaccion@criterio.hn Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este jueves  al Gobierno de Honduras a que ponga fin al alto índice de impunidad en el país y al uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en algunos casos “en complicidad” con el crimen organizado. La CIDH, […]

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CIDH pide a Honduras poner fin al alto índice de impunidad y abuso de fuerza

Washington, D.C.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras”, donde aborda la situación de vulneración de derechos de los habitantes que resulta de los altos índices de violencia, la inseguridad ciudadana y las altas tasas de impunidad existentes. El informe ofrece asimismo recomendaciones con el objeto de asistir al Estado en el fortalecimiento de sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos humanos.

El informe señala que la tasa de homicidios en Honduras continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo a pesar de que cifras del Estado apuntan a una disminución en 2014. Estos niveles de violencia  son el resultado de varios factores, entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción, y altos niveles de pobreza y desigualdad.

“La violencia y la inseguridad son problemas graves a los que se enfrenta la sociedad hondureña, con grandes repercusiones en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos en el país”, dijo el Relator de la CIDH para Honduras, Comisionado Francisco Eguiguren. El informe señala que los altos niveles de violencia que enfrenta la sociedad hondureña, tienen un impacto particular en defensores y defensoras, pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, migrantes, personas campesinas del Bajo Aguán y periodistas y trabajadores de la comunicación y operadores de justicia. Asimismo analiza los que considera siguen siendo algunos de los problemas más graves que enfrenta el sistema penitenciario hondureño.

Cifras oficiales hechas públicas en 2013 indicaban que 80% de los homicidios cometidos en Honduras quedaban en la impunidad por falta de capacidad de los órganos de investigación. Durante la visita, organizaciones de la sociedad civil indicaron que los niveles de impunidad persistente en Honduras serían aún mayores.

Uno de los ejes centrales en la respuesta estatal frente a los graves problemas estructurales de violencia ha sido la intervención de las Fuerzas Armadas en múltiples ámbitos y funciones. El Ejército participa activamente en funciones de seguridad ciudadana a través de cuerpos especializados como la creación de una policía militar. Las Fuerzas Armadas se involucran también en temas de formación cívica y educativa para niños y niñas “en riesgo social” a través del programa “Guardianes de la Patria”, tiene también funciones en el sistema penitenciario, y es enviado a cumplir funciones de seguridad a zonas donde hay conflictos agrarios y de tierras, tal como el Bajo Aguán.

En este sentido, el Comisionado Francisco Eguiguren recordó los estándares interamericanos en la materia. “La seguridad ciudadana debería ser de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados. Las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, por lo cual correspondería a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho”.

Durante la visita, la Comisión observó que una de las causas de la inseguridad ciudadana proviene del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.

Asimismo, la violencia afecta en mayor proporción a sectores de la población que sufren exclusión social. La CIDH constató la persistencia de altos niveles de desigualdad y exclusión social afecta a grandes sectores de la población en Honduras. Esto redunda en dificultades para cubrir necesidades básicas, menor acceso a oportunidades de empleo y medios de supervivencia, obstáculos en el acceso a la justicia, y una disminuida cantidad y calidad en los servicios ofrecidos por el Estado, tal como seguridad ciudadana y educación.

El Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro, dijo en ese sentido: “Nos preocupa particularmente que estos índices de violencia e inseguridad se encuentran exacerbados por la falta de políticas públicas para resolver las desigualdades y la exclusión social de grandes sectores de la población. Los grupos en condición de vulnerabilidad, debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidos, enfrentan persistentemente obstáculos en el goce pleno de sus derechos y una falta de acceso a la justicia”.

El informe enfatiza que la situación de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes son algunos de los grupos poblacionales que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad como resultado de la discriminación y exclusión económica y social persistente, lo cual a su vez se traduce en violaciones a sus derechos humanos.

Asimismo, el informe analiza la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, quienes son blanco de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas.  Se recibió información sobre criminalización de las defensoras y los defensores de derechos humanos en todo el país, en particular las y los defensores de comunidades y pueblos indígenas en relación con la defensa de su territorio. Los defensores y defensoras de las personas LGBT también enfrentan un contexto de violencia que se agrava por las actitudes estereotipadas y discriminatorias contra este grupo.

“Honduras debe proteger a las y los defensoras y defensores cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques, y tomar las medidas que sean necesarias para que puedan desarrollar su trabajo sin obstáculos ni riesgos”, indicó el Relator sobre los Derechos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco.

Adicionalmente, el informe advierte que persisten importantes desafíos en relación con la independencia de jueces y fiscales, en particular los que derivan del marco normativo dispuesto por el Estado para regular los procesos de selección y disciplina. En este sentido, el Comisionado José de Jesús Orozco señaló que “las y los operadores de justicia deben contar con garantías reforzadas de estabilidad en sus cargos derivado de la necesidad de garantizarles un actuar independiente. De dichas garantías resulta que las y los operadores de justicia no deben estar sujetos a remoción como resultado de las decisiones que, conforme a derecho, adoptan en sus labores”.

La CIDH en su informe reconoce los esfuerzos del Estado para abordar la situación de derechos humanos en el país, como la apertura al escrutinio internacional con la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la recientemente creada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) con apoyo de la Organización de Estados Americanos; la armonización de la legislación en materia penal a los estándares internacionales, la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que se encuentran en proceso de implementación, la creación del Instituto Nacional de Migración y la Fuerza de Tarea del Niño Migrante y la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a la cual la CIDH dará seguimiento cercano en su implementación.

Asimismo, la Comisión reconoce la capacidad mostrada de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización para la coordinación entre las instituciones. La Comisión espera que esta Secretaría sea dotada de suficientes recursos financieros para cumplir de forma eficaz con su mandato. Sin embargo, la información recibida apunta a que en Honduras persisten importantes desafíos para que las medidas adoptadas sean efectivas, así como retos para adoptar reformas adicionales para fortalecer el marco normativo y la política pública. El informe señala los desafíos persistentes para recobrar la confianza en las instituciones encargadas de la administración de justicia, varios de los cuales derivan del marco normativo dispuesto por el Estado para regular los procesos de selección y disciplina de las y los operadores de justicia.

El informe incluye recomendaciones al Estado hondureño encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana desde la perspectiva de los derechos humanos. Se deben adoptar medidas urgentes a fin de bajar la tasa de homicidios, atacar las causas estructurales de la violencia y la impunidad, así como proteger a la población ante esta situación. Honduras debe ampliar e intensificar la capacitación a los servidores públicos encargados de tareas de orden público en temas de protección y respeto a los derechos humanos, retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, fortalecer la capacidad de la policía para realizar tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades.

Además, la CIDH recomienda impulsar las investigaciones judiciales de manera pronta, diligente e imparcial sobre todos los actos de violencia contra defensores y defensoras, líderes y lideresas de pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes sindicales, niños, niñas y adolescentes, periodistas y trabajadores de la comunicación, mujeres, personas LGBT y operadores de justicia y aplicar las sanciones penales que correspondan, de manera de evitar la impunidad y la repetición de hechos similares.

La Comisión espera con el presente informe coadyuvar en los esfuerzos del Estado hondureño en romper el ciclo de impunidad imperante  y en fortalecer sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país. La CIDH está a disposición del Estado para, dentro del marco de su mandato y funciones, colaborar con Honduras en asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.

La Comisión agradece al Presidente Juan Orlando Hernández, a su gobierno y al pueblo hondureño la invitación a realizar la visita in loco que tuvo lugar del 1 al 5 de diciembre de 2014, y que fue fundamental para la realización de este informe. La Comisión reconoce y valora la información aportada por el gobierno y la apertura para establecer un diálogo constructivo con la CIDH. Asimismo, la Comisión agradece a todos los actores con los que se reunió durante la visita, sociedad civil, víctimas y familiares y valora la información recabada y los testimonios recibidos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Origen: CIDH pide a Honduras poner fin al alto índice de impunidad y abuso de fuerza

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplía protección a comunidades miskitas

Bilwi y San José, 25 de enero de 2016.

Ante la inacción de Nicaragua y el recrudecimiento de la violencia en los territorios de Wanki Li Aubra y Li Lamni Tasbaika Kum, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concedido medidas cautelares para proteger a seis comunidades indígenas en esta área que han sido objeto de violencia, secuestros, amenazas de muerte, asesinatos y desplazamientos forzados. La decisión del organismo regional de derechos humanos beneficiará a miles de indígenas miskitos .

Desde el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), vemos con preocupación la grave situación en la que se encuentra el pueblo miskito de la Costa Caribe Norte nicaragüense.

Ya desde octubre de 2015, la CIDH había decidido solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de cuatro comunidades indígenas -Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, todas del territorio miskitu Wangki Twi-Tasba Raya-, por la situación de extrema violencia de la cual han sido víctimas sus pobladores. No obstante, a la fecha, el Estado de Nicaragua no ha hecho nada para proteger a dichas comunidades. Por el contrario, ha emprendido represalias en contra de las comunidades beneficiarias, al suspender la implementación de proyectos de asistencia social, seguridad alimentaria y educación en la zona.

En el lapso de cuatro meses, seis miskitos han sido asesinados, decenas han sido heridos, diez han sido secuestrados, y los pobladores de estas comunidades han sido constantemente amenazados. Uno de los incidentes más graves ocurrió en la comunidad de Polo Paiwas que, entre octubre y diciembre de 2015, fue atacada dos veces, siendo sus casas saqueadas y quemadas, dejándola prácticamente inhabitable.

Este tipo de acciones ha generado el desplazamiento de muchas personas que, para salvar sus vidas o por temor a ser atacados, se han visto en la obligación de abandonar sus hogares y, en la actualidad, no tienen acceso a sus medios de subsistencia tradicionales. Según información recolectada por CEJUDHCAN, hay al cientos de personas desplazadas,  que están refugiadas en la frontera con Honduras, en el municipio de Waspam y en la ciudad de Puerto Cabezas.

El conflicto se vincula a la invasión ilegal de terceras personas o “colonos” a territorios indígenas legalmente titulados. La falta de voluntad política del Estado de Nicaragua para atender esta problemática a través del “saneamiento” de los territorios indígenas, ha significado la falta de certeza jurídica en la zona, trayendo violentos enfrentamientos entre colonos que buscan apropiarse ilegalmente de tierras y miskitos que buscan defenderlas.

“El Estado ha guardado silencio tanto ante organismos internacionales como a nivel interno. Esto no puede continuar. Exigimos una respuesta del Estado y que cumpla con sus obligaciones”, denunció Lottie Cuninham, Directora de CEJUDHCAN. “La situación que está viviendo el país desde hace meses, requiere de acción rápida y decisiva por parte del Estado”, añadió Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. “Nicaragua no puede ignorar durante más tiempo la responsabilidad que le compete de detener la violencia que está acabando con la vida de los miskitos en la zona del Caribe Norte”.

Las organizaciones aquí adscritas, exigimos al Estado nicaragüense que implemente medidas urgentes para asegurar la vida e integridad de los pobladores de estas diez comunidades, así como para garantizar que los miskitos tengan el pleno uso y goce de los territorios indígenas que han sido invadidos.

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Honduras: Postura indiferente marca acciones de Defensa y Seguridad en temas de DD.HH.

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  Las fuerzas de Seguridad y Defensa del Estado de Honduras muestran desconocimiento o la falta de apropiación de conocimientos sobre el respeto de los derechos humanos especialmente en lo relacionado con el uso de la fuerza en protestas sociales, desalojos o disturbios.
La Policía Nacional de Honduras manifiesta además una actitud hermética al ser consultada sobre diversos temas relacionados con su accionar diario, sobre como respetar los derechos humanos, qué hacer en caso de disturbios o cómo debe ser el relacionamiento con la prensa nacional.
El objetivo de estas consultas se en marcan en el marco del cuestionario de consulta para los Estados y la sociedad civil para la elaboración del Panorama Anual sobre la situación de derechos humanos en el hemisferio, que por las respuestas dadas por el propio Estado dejan muchas más vacíos sobre el accionar de nuestras fuerzas de Seguridad y Defensa.
El artículo 59 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica, que en el Informe Anual de la CIDH, la Comisión incluirá en su Capítulo IV “la sección
A” que consiste en describir , “un panorama anual sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, derivado de la labor de monitoreo de la Comisión, destacando las principales tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas respecto tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales”.
El objetivo es recopilar información de los Estados y la sociedad civil a fin de que sea considerada en la elaboración de Capítulo IV.A del Informe Anual de la CIDH del 2015. Los temas sobre los cuales versa el cuestionario son i) Acceso al Agua (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y ii) Uso de la fuerza.
Estas fueron las respuestas enviadas a CONEXIHON por escrito, en respuesta a la solicitud de información pública presentada. Al Director General de la Policía Nacional, Félix Villanueva Mejía y firmada por el Comisionado General, Héctor Ivan Mejía Velásquez, Director de Organización, Operaciones, Adiestramiento y Doctrina, bajo el oficio DGPN (emp-D3) N° 934-2015. Mientras que por parte de las Fuerzas Armadas fueron enviadas al entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Fredy Santiago Díaz Zelaya, bajo el  registro AJMFFAA-23-015, Expediente N° 1514, firmado por Mario Alberto Ramírez Gómez, auditor jurídico militar de las FF.AA.
1.- ¿Cuáles son las  principales normas aplicadas en el uso de la fuerza por parte de agentes estatales respecto a protestas sociales y manifestaciones públicas; control de disturbios y motines, centros de detención y otras instituciones bajo control del Estado,  desalojos de pueblos indígenas de sus hogares o territorios y  estados de emergencia?
FFAA R//Los miembros de la Institución aplican lo que establece la Legislación Nacional vigente al respecto; como ser: todas las garantías y derechos contenidas en la Constitución de la República, las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las de los Convenios de Ginebra, de la Ley Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas, las Reglas de Empañamiento de cada misión encomendada. Las mismas les son señaladas en las escuelas de formación y reforzadas en las escuelas de capacitación a la cual se les envía periódicamente.
Subinspector Leiva Desalojo de Mercado Artesanal en Intibucá./Fotografía Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras.

En lo relativo a los Centros Penitenciarios, existe una Ley del Sistema Penitenciario que es aplicada por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización a través del Instituto Nacional Penitenciario, donde no tienen participación directa las Fuerzas Armadas y únicamente restringen su labor de patrullajes de seguridad en la parte exterior de los mismos.

Sobre los desalojos de pueblos indígenas, cabe aclarar que en ningún momento se han desarrollado estas acciones de esta índole por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los desalojos en propiedad privada en los cuales se ha apoyado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad han sido en cumplimiento a órdenes judiciales emitidas por las autoridades competentes donde la función militar se ha restringido a dar seguridad perimetral en la áreas de desalojo.
Finalmente en cuanto a los estados de sitio o estados de excepción, anteriormente existía la Ley de Estado de Sitio (Decreto N° 6, de fecha 03 de abril de 1936), sin embargo este instrumento fue derogado y hoy en día de acuerdo a la Carta Magna y la Ley General de Administración Pública, corresponde al Consejo de Ministros decretarlos y los miembros de las
Fuerzas Armadas limitan su responsabilidad a brindar seguridad a las comunidades y colonias, cumpliendo las directrices emitidas por las autoridades competentes.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
2. Indicar cuáles son las autoridades encargadas del orden interno y de la seguridad ciudadana, su naturaleza (civil o militar) y órganos a los que están adscritas. 
R// FFAA: Es oportuno establecer que constitucionalmente quienes legalmente tienen atribuída la misión de brindar la seguridad a los bienes de las personas es la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (Policía Nacional); Sin embargo, a petición de esta, las Fuerzas Armadas en apoyo al Estado realizará funciones policiales dentro del marco de la Ley.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
3. Proporcionar información sobre el equipamiento de los agentes del Estado, particularmente el equipo de fuerza y auto protector con el que han sido equipados los cuerpos regulares y especializados para intervenir en protestas sociales y manifestaciones públicas. Detallar el equipamiento menos intrusivo y no letal con el que cuentan para lograr los fines de seguridad ciudadana y en qué circunstancias se utilizan los distintos tipos de equipamiento.
FF.AA. R// Resulta congruente establecer que más que equipo intrusivo o letal, los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes dicho sea de paso, son la última línea o recurso para calmar o controlar disturbios, solamente cuentan con equipo antimotines especializado para ese efecto. El desglose de este equipo está considerado como reservado por el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública mediante Resolución 73-2009.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
4.- ¿Cuál es el rol y funciones de las empresas de seguridad privada relacionadas con el uso de la fuerza en distintos contextos, sus métodos y medios utilizados, así como la supervisión que ejerce el Estado sobre las mismas?
FF.AA. R// No respondieron.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
5.- ¿Tienen información cuantitativa respecto al número de agentes de seguridad privadas en comparación con agentes estatales encargados de la seguridad ciudadana?
FF.AA. R// No respondieron.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
6. En relación con los contextos en que se haya utilizado la fuerza, proporcionar información cuantitativa para el último cuatrimestre de 2014 y en el transcurso de 2015 y proporcionar: a) fecha y lugar; b) métodos y medios empleados, y c) participación de autoridades estatales, y en su caso, de agentes privados. 
FF.AA. R// Tanto en el año 2014 como 2015 la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas se ha limitado a brindar seguridad a la ciudadanía y no ha habido empleo de uso de la fuerza u otros de esa índole.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.

7. En caso de que se hayan reportado incidentes de violencia indicar el contexto de los hechos, el número de personas lesionadas y/o muertas. Indicar si se registran estos datos desglosados según el sexo, edad, raza, origen nacional, identidad de género y orientación sexual, y en caso afirmativo, proporcionarlos. 
FF.AA. R// No respondieron a la prengunta.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
8. En las protestas sociales, ¿Qué medidas se implementan para garantizar que a los periodistas y comunicadores se les permita realizar su labor informativa, que no sean sujetos de detención o amenaza, y que su material y herramientas de trabajo no sean destruidos o confiscados?, ¿Tienen protocolos en esa materia?
FF.AA. R// Las Fuerzas Armadas ejercen un respeto absoluto a la libre emisión del pensamiento, brindando en las coberturas seguridad a los periodistas que directamente difunden los hechos y tratando que en el desarrollo de su labor no sean dañados de ninguna forma ni sus personas, ni sus equipos tecnológicos. En la actualidad se está trabajando con los protocolos para fortalecer esta materia y su aplicación, garantizando la labor periodística.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
9.- En el caso de personas migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana, señalar los procedimientos empleados, y que han implicado el uso de la fuerza, en operativos de control fronterizo, redadas, detención migratoria y deportaciones; así como las autoridades responsables de llevar a cabo dichos procedimientos. 
FF.AA. R// No respondieron.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
10. Indicar prácticas y normativa relacionada con el entrenamiento de los agentes estatales respecto al uso de la fuerza, basado en estándares relativos al uso de la fuerza y de derechos humanos. Al respecto, indicar si se habrían implementado medidas para analizar y prevenir el uso de la fuerza motivado por la estigmatización y/o discriminación de ciertos grupos, tales como: estudiantes, pueblos indígenas, mujeres, afrodescendientes y personas LGTBI, entre otros. 
FF.AA. R// Es importante destacar que desde que una persona ingresa a las filas de las Fuerzas Armadas, ésta recibe adiestramiento en materia de derechos humanos en cada categoría, cadetes tropa, suboficiales, estudiantes y personal auxiliar. Dicha capacitación se encuentra contemplada dentro de los pensum académicos que maneja cada Fuerza, cada Escuela y cada Centro de Formación y se va reforzando periódicamente a medida que se van produciendo los ascensos dentro de la carrera militar.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
11. ¿Describa que buenas prácticas se han adoptado en relación con el uso de la fuerza?
FF.AA. R// Las mismas se inician desde la etapa de capacitación constante a los miembros de las Fuerzas Armadas, continúa con la supervisión de la aplicación de las normas de derechos humanos y la inclusión de estas en todas las Reglas de Empeñamiento en las misiones desarrolladas.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
12. Proporcionar información sobre el número de denuncias relacionadas con un indebido uso de la fuerza por parte de agentes estatales recibidos durante 2014 y en el  2015. 
Fractura de hombro y golpes en la cara recibió la periodista Dunia Montoya durante el desalojo policial de una manifestación en Colón.

FF.AA. R// Corresponde al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía de Derechos Humanos y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos u otras ONG´s establecer el número de denuncias, cuáles han sido judicializadas y cuáles han emitido sentencias condenatorias, ya que la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, creada por las Fuerzas Armadas únicamente conoce de denuncias relacionadas al servicio.

Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
13. ¿Existe un listado de funcionarios públicos pertenecientes a las Fuerzas Armadas/ Policía Nacional que enfrenten y/o enfrentaron cargos de abuso de fuerza en el marco de las protestas públicas, desalojos, disturbios y motines en los últimos cinco años?
FF.AA. R// Cabe aclarar que ningún funcionario público de esta entidad estatal (Entendiéndose como aquella persona que rinde promesa de Ley ante el Estado por disposición de la Ley) mha sido procesado judicialmente por acciones relacionadas a disturbios civiles o por abuso de fuerza, figura que tampoco, de acuerdo al Código Penal vigente se encuentra tipificado como delito.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
14. Indicar la responsabilidad legal de los oficiales superiores por el uso de la fuerza/armas de fuego de agentes de seguridad bajo su comando. 
FF.AA. R// La misma se deslinda desde que se está en la etapa de planificación de una misión hasta la consecución de hechos que pudiesen tener efectos posteriores; el Estado y sus funcionarios son civil, administrativa, penal y solidariamente responsables con los hechos que atañen a la comunidad directa o indirectamente y ello está consignado en la Constitución de la República en su artículo… (No menciona el artículo).
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.
15. Especificar si existen normas, procedimientos y mecanismos para facilitar y proteger al funcionario público que exponga o denuncie el uso excesivo de la fuerza y/o abuso policial, así como irregularidades en la investigación de este tipo de conductas dichos actos, con el objeto de que sean investigados.
FF.AA. R// No respondió.
Policía Nacional: R// No contamos con la información requerida.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/honduras-postura-indiferente-marca-acciones-de-defensa-y

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CIDH condena la muerte de una persona privada de libertad en cárcel de Honduras

Washington, Estados Unidos (Conexihon).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó recientemente su preocupación por la muerte violenta de una persona privada de su libertad en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, en Támara, Honduras, por lo que urgió al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho y, en su caso, identificar y sancionar a los responsables.

http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/cidh-condena-la-muerte-de-una-persona-privada-de-libertad

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Honduras a las puertas de nueva condena de la CIDH por violación a DD HH de dos pastores evangélicos

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría condenar al Estado de Honduras a pagar una millonaria demanda en favor de los pastores evangélicos Heriberto Chicas y Mario Tomás Barahona, por negarles el derecho a ser electos.

Jueces CIDH

La indemnización sería de 16 millones para cada uno por daños a la moral, psicológicos, despensas de vehículos, daños a la salud, gastos de campaña y daños  económicos por los sueldos y salarios que habrían percibido de haber salido electos, según informó Jorge Jiménez,  del Comité de Derechos Humanos (CODEH).

Jiménez dijo que es lamentable que el Estado de Honduras se vea nuevamente involucrada en  este tipo de hechos donde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  reconoce que en el caso de estos dos pastores se han violentado garantías  constitucionales, convencionales y universales como la de ser electos, por lo que hoy está en la obligación moral y económica de resarcir los daños a los pastores.

En estos momentos se está en el período de una solución amistosa donde el Estado de Honduras debe reconocer que se han violenta los Derechos Humanos de los pastores para evitar ser condenado.

Jiménez informó, además, que los funcionarios que cometieron esas violaciones a los derechos humanos, podrían ser acusados y llevados a los tribunales de justicia acusados por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.

Mario Tomás Barahona

Dentro de la solución amistosa se ordena la investigación para dar con los responsables de este tipo de violaciones a los Derechos Humanos, que en  este caso serían los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) David Matamoros Batson, Enrique Ortéz Sequeira, Saúl Escobar y Dennis Gómez.

Jiménez dijo que es obligación del Estado investigar y proceder a formalizar causa penal contra estos magistrados y además proceder a reformar la Ley electoral para que no se restrinja el derecho a elegir y ser electo que tienen todos los ciudadanos.

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Presidente de Escritores en Prisión Pen Internacional: Esperamos que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales

El presidente del Comité de Escritores en Prisión, Salil Tripathi, al conocer de la notificación de la suspensión de la restricción del ejercicio periodistico a Julio Ernesto Alvarado dijo que ” Esperamos que esto sea un indicio de que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales en lo que respecta a derechos humanos”, sus declaraciones fueron difundidas la semana anterior en un comunicado de Pen Internacional.

Este es el comunicado íntegro de Pen Internacional:

Honduras: Después de 13 meses, el estado hondureño finalmente cumple con la orden de la CIDH de suspender la inhabilitación del ejercicio periodístico de Julio Ernesto Alvarado

El estado hondureño ha suspendido finalmente la inhabilitación profesional impuesta por la corte que ha impedido que el periodista de Globo TV y miembro de PEN Honduras, Julio Ernesto Alvarado, presentara su noticiero nocturno desde el 30 de octubre de 2015, según ha declarado hoy PEN International, con lo que finalmente reconoce su obligación de cumplir con unfallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre de 2014.

Convencer al gobierno de Honduras de que cumpla con la sentencia de la CIDH ha llevado más de 13 meses, y supone el último paso en una batalla legal de nueve años que partía de una demanda por difamación penal contra Alvarado en 2006 por parte de un funcionario público acusado de irregularidades.

‘Estamos muy contentos de que Julio Ernesto Alvarado sea ahora libre para volver a las ondas y a sus espectadores después de un período de seis semanas de hiato —aunque nunca se le debió impedir que trabajase como periodista,’ dijo Jennifer Clement, Presidenta de PEN International.

‘A pesar de que PEN International acoge con satisfacción la suspensión de la inhabilitación profesional de Alvarado, es inaceptable que le hayan hecho pasar 13 meses de incertidumbre y estrés innecesario. Esperamos que esto sea un indicio de que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales en lo que respecta a derechos humanos,’ agregó Salil Tripathi, Presidente del Comité de Escritores en Prisión de PEN International.

La inhabilitación del ejercicio periodístico de 16 meses, impuesta formalmente a Alvarado el 29 de octubre como parte de una condena penal de 2013 por supuesta difamación, ha sido suspendida formalmente tras una audiencia en el juzgado de la capital de Honduras, Tegucigalpa, el 11 de diciembre de 2015. Estaba previsto que la audiencia tuviera lugar el 17 de noviembre, pero se retrasó, al parecer, debido a una muerte en la familia del juez. El tribunal también dictaminó que se informara de la suspensión de la prohibición a todos los organismos estatales y profesionales pertinentes. Alvarado volvió a presentar su programa Mi Nación el 13 de diciembre.

De acuerdo con documentos del tribunal, todas las partes en la audiencia celebrada el 11 de diciembre reconocieron plenamente el carácter jurídicamente vinculante en derecho interno de los compromisos internacionales de Honduras con los derechos humanos, y, por lo tanto, de la orden de la CIDH de suspender la inhabilitación del ejercicio periodístico de Alvarado como parte de las ‘medidas cautelares’ del 5 de noviembre de 2014. En consecuencia, tanto el Ministerio Público como el abogado de la demandante aceptaron la solicitud del 2 de noviembre de la Procuraduría General de suspender la inhabilitación profesional. A la Procuraduría General no le quedó más remedio que actuar de esa forma después de una reunión convocada por la CIDH el 21 de octubre a petición del PEN —una reunión a la que se negó asistir al mismo Julio Ernesto Alvarado.

‘Si la voluntad política mostrada en la audiencia del 11 de diciembre se hubiera producido desde antes de la suspensión del ejercicio profesional a Julio Ernesto Alvarado, se hubiera evitado que el Estado hondureño quedara evidenciado internacionalmente como irrespetuoso de los compromisos internacionales, y la arbitrariedad de suspenderlo no sería un hecho consumado,’ dijo Dina Meza, presidenta de PEN Honduras, que ha acompañado a Alvarado a lo largo de su experiencia penosa.

‘Desafortunadamente ante la falta de justicia en Honduras, debemos seguir este caso en el sistema interamericano, esperamos que se siente un precedente para que nunca más se repita este episodio lesivo a la libertad de expresión.’

La suspensión de la inhabilitación profesional es temporal, hasta que la CIDH haya investigado una petición hecha por Alvarado en julio de 2014 alegando violaciones de sus derechos a la libertad de expresión, un juicio justo y a la protección judicial a raíz de su condena por el delito de difamación. Se espera que la CIDH decida sobre la admisibilidad de la petición de Alvarado a principios de 2016.

‘El sistema judicial de Honduras tiene que darse cuenta de que no puede violar los derechos fundamentales y descuidar sus compromisos internacionales de derechos humanos,’ dijo Kenia Oliva, abogada de Alvarado y miembro de PEN Honduras. ‘El caso de Julio Ernesto Alvarado es solo uno de los cientos de casos en los que el poder político y económico prevalece y donde los jueces usan sus resoluciones para favorecer a sus “amigos” y olvidan su deber de hacer justicia.’

PEN International acoge con satisfacción la aplicación por parte del Estado de Honduras de las medidas cautelares y le insta a que coopere de forma plena con la CIDH en su investigación sobre la petición de Alvarado.

Antecedentes

Director y presentador del noticiero Mi Nación en la cadena independiente Globo TV, Alvarado fue condenado originalmente en apelación en diciembre de 2013 a 16 meses de prisión y a la inhabilitación del ejercicio periodístico durante el mismo período, como resultado de una demanda penal por difamación interpuesta por Belinda Flores, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Alvarado había cubierto la presunta implicación de Flores en el tráfico de influencias y falsificación de títulos universitarios en tres ediciones de Mi Nación en 2006.

Alvarado y dos profesores universitarios que habían aparecido en su programa para discutir las acusaciones fueron absueltos de los cargos en marzo de 2011. Sin embargo, Flores apeló la decisión y en diciembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa condenó a Alvarado por difamación penal —a pesar de que a los dos profesores confirmaron el veredicto de no culpabilidad y de que la Corte aceptó por probado que Flores estaba implicada en algún delito.

Tras su condena, Alvarado fue objeto de hostigamiento y amenazas a principios de 2014, incluyendo una amenaza de muerte contra él y su familia realizada a través de las redes sociales. Previamente, había soportado meses de amenazas y hostigamiento que culminaron en un presunto atentado contra su vida, lo que lo llevó a suspender su programa de radio en Radio Globo en marzo de 2013. Estos ataques aún no han sido investigados, y mucho menos procesados.

Como resultado de esta intimidación y falta de fe en la imparcialidad del sistema de justicia, Alvarado decidió no apelar su condena, optando en su lugar por pagar una multa para evitar el encarcelamiento. Como resultado de esto también se suspendió la inhabilitación del ejercicio periodístico en abril de 2014. Sin embargo, el abogado de Flores apeló con éxito contra la suspensión de la inhabilitación profesional.

A mediados de 2014, PEN Honduras y PEN International acudieron a la CIDH para solicitar la protección de Alvarado. El 5 de noviembre de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares que obligaban al Estado de Honduras a suspender la aplicación de la inhabilitación profesional hasta que la CIDH hubiera investigado la petición de Alvarado, que alegaba la violación de sus derechos por parte del Estado.

Sin embargo, a pesar del fallo de la CIDH, la prohibición de trabajo entró en vigor el 30 de octubre 2015, después de que Alvarado perdiera su última apelación ante la Corte Suprema de Honduras en septiembre.

Vea el comunicado en la página de Pen Internacional.

Origen: Pasos de Animal Grande – Presidente de Escritores en Prisión Pen Internacional: Esperamos que el Estado de Honduras está finalmente tomando en serio sus responsabilidades internacionales

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Pasos de Animal Grande – Juzgado de Ejecución por fin cumple medida cautelar de la CIDH a favor de periodista Julio Ernesto Alvarado

Origen: Pasos de Animal Grande – Juzgado de Ejecución por fin cumple medida cautelar de la CIDH a favor de periodista Julio Ernesto Alvarado

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Secretario Ejecutivo de la CIDH : No se puede restringir o sacar periodistas del aire

Un mes y 11 días se cumplieron este 10 de diciembre, desde que se suspendió al periodista Julio Ernesto Alvarado dedl ejercicio de su profesión, el Estado de Honduras se hace de la vista gorda para aplicar la Medida Cautelar MC 196/14, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), al afectado, lo que ha generado diferentes reacciónes entre ellas las del Secretario de esa instancia, Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.

En su visita a Honduras efectuada el pasado martes 08 de diciembre para aportar opiniones sobre el actual proceso de elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia, Álvarez Icaza se mostró en contra de las medidas que adopten los Estados para cerrar espacios en medios de comunicación a periodistas.

“No puede haber una condición de restricción o sacar a periodistas del aire”, afirmó en referencia a la suspensión de la que es objeto el periodista Alvarado, quien desde el pasado 29 de octubre está oficialmente privado de presentar el Noticiero “Mi Nación” –del cual es también su director-, a través del Canal Globo TV.

El Secretario Ejecutivo de la CIDH, aseguró que su visita es también para recoger insumos para la próxima publicación de un informe sobre Honduras en el que se hace énfasis sobre  que la necesidad que las autoridades cumplan con la adopción de medidas cautelares, entre ellas la de Julio Ernesto.

El organismo regional, por medio de la Relatoría para la Libertad de Expresión monitorean constantemente la situación de los periodistas en el país, en este punto, Icaza que también sociólogo, manifestó que–– junto con México, Honduras es uno de los países con más riesgo de ejercer este derecho.

“Nos parece que el Estado hondureño debe disponer de todas las medidas necesarias, en particular su sistema de justicia, para investigar a los y las responsables de cualquier tipo de amenaza hacia un periodista”, recalcó.

Desde el mes de diciembre de 2013 Julio Ernesto Alvarado fue condenado por difamación a raíz de una denuncia presentada por Belinda Flores Mendoza, ex decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), porque el periodista permitió en su espacio televisivo,  a miembros de la Asociación de Docentes de la UNAH, (ADUNAH),que denunciaran el involucramiento en la falsificación de títulos universitarios, en el año 2006.

En noviembre de 2014, la CIDH emitió las medidas cautelares a favor del Periodista julio Ernesto Alvarado, donde este organismo solicita al Estado de Honduras suspenda la sentencia en su contra hasta que la CIDH decida la admisibilidad o no de una denuncia sobre el caso presentada desde el año pasadpo, sin embargo hasta hoy el comunicador social, continúa a la espera de su cumplimiento.

Durante su estadía el pasado martes, el sociólogo de origen mexicano mostró la preocupación de la Comisión por el hecho de que el estado hondureño no asistiera al periodo de audiencias realizadas el pasado mes de septiembre. “Es un hecho que nos preocupó, es una señal contraria al principio de cooperación”, sostuvo.

Igualmente comentó que en base al principio de cooperación y respeto a los derechos humanos, espera que las autoridades hondureñas sigan en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Origen: Pasos de Animal Grande – Secretario Ejecutivo de la CIDH : No se puede restringir o sacar periodistas del aire

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CIDH presenta caso sobre Honduras a la Corte IDH

Thursday, 19 November 2015

Washington, D.C.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.585, Angel Pacheco León y familia, con respecto de Honduras.

El caso se relaciona con el asesinato de Ángel Pacheco León el 23 de noviembre de 2001, en el marco de su campaña a diputado del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Nacional. Asimismo, el caso se relaciona con la situación de impunidad en que se encuentra dicho asesinato. Específicamente, la Comisión determinó que el Estado hondureño incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia debido a que se cometieron serias irregularidades en las etapas iniciales de la investigación; no se siguieron líneas lógicas y oportunas de investigación, incluyendo las relativas a los indicios de participación de agentes estatales; y existieron otros obstáculos como represalias y presiones que no fueron debidamente investigadas. Asimismo, la Comisión consideró que el Estado incumplió con su obligación de investigar en un plazo razonable. En cuanto a la atribución de responsabilidad al Estado por la muerte del Angel Pacheco León, la Comisión destacó la existencia de múltiples indicios de participación de agentes estatales, los cuales, como se indicó, no fueron debidamente investigados ni, por lo tanto, desvirtuados por el Estado. Al respecto, la Comisión consideró que el Estado no puede valerse del incumplimiento del deber de investigar y que, en el presente caso, los referidos indicios permiten determinar la responsabilidad del Estado hondureño por lo sucedido a la víctima. En consecuencia, la CIDH concluyó que se violaron los derechos a la vida y a los derechos políticos de Angel Pacheco León, y los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de sus familiares.

En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó al Estado de Honduras reparar adecuadamente estas violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material y moral, así como desarrollar y completar una investigación judicial imparcial, completa y efectiva, de manera expedita, con el objeto de establecer las circunstancias de su muerte, identificar a todas las personas que participaron material o intelectualmente en los diferentes niveles de decisión y ejecución, esclarecer las estructuras de poder que participaron en la comisión de las violaciones ocurridas, y aplicar las sanciones que correspondan. Asimismo, la CIDH recomendó adoptar las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes para investigar y, en su caso, sancionar las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso. Adicionalmente, solicitó al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos similares a los del presente caso, como diseñar e implementar cursos permanentes sobre derechos humanos para funcionarios policiales, fiscales y judiciales, específicamente sobre los aspectos técnicos de investigación en casos de muertes violentas, a la luz de los estándares internacionales en la materia.

La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 13 de noviembre de 2015 porque consideró que el Estado de Honduras no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo. La Comisión sometió a la Corte la totalidad de los hechos del Informe de Fondo.

Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte IDH profundice en su jurisprudencia sobre el deber de investigar violaciones del derecho a la vida, en particular en lo relativo a los móviles de un asesinato posiblemente vinculado con el ejercicio de los derechos políticos y las respectivas autorías intelectuales como componentes fundamentales de la obligación de investigar con la debida diligencia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

Origen: CIDH presenta caso sobre Honduras a la Corte IDH

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Por existir múltiples indicios de participación estatal: Comisión Interamericana envía caso de diputado asesinado ante la Corte IDH

Thursday, 19 November 2015 19:50; Written by 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes 17 de noviembre de 2015 la presentación ante La Corte Interamericana (Corte IDH), del caso de Ángel Pacheco León, asesinado el 23 de noviembre de 2001 mientras se desarrollaba el proceso de elecciones generales en el país, por existir indicios múltiples de la participación de agentes del Estado de Honduras.

A través de un comunicado de prensa, la CIDH manifestó que el caso fue presentado ante La Corte bajo registro número  12,585 el pasado 13 de noviembre de este año al considerar que el Estado no atendió las recomendaciones contenidas en un informe emitido por esta instancia.

Pacheco León aspiraba, antes de su asesinato, a una diputación en el Departamento de Valle, por el Partido Nacional, ante el Congreso de la República, durante el proceso de elecciones generales de noviembre de 2001.

Fue asesinado mientras regresaba a su casa, ubicada en la ciudad de Nacaome, cerca de las 11 de la noche del 23 de noviembre de ese año. Con este hecho se produjeron violaciones a los artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH la petición en el año 2004, a partir de este momento el Estado Hondureño ha mostrado retraso en actualizar el caso del político nacionalista, según consta en la Petición de Admisibilidad 848-04.

La Comisión determinó elevar este caso ante la Corte Interamericana dado que un informe elaborado constata que el Estado incumplió al no realizar una investigación en un plazo razonable y con la debida diligencia. Asimismo destacó que la existencia de múltiples indicios de participación de agentes estatales, los cuales, como se indicó, no fueron debidamente investigados ni, por lo tanto, desvirtuados por el Estado.

“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte IDH profundice en su jurisprudencia sobre el deber de investigar violaciones del derecho a la vida, en particular en lo relativo a los móviles de un asesinato posiblemente vinculado con el ejercicio de los derechos políticos y las respectivas autorías intelectuales como componentes fundamentales de la obligación de investigar con la debida diligencia”, manifestó la Comisión en el comunicado de prensa.

Agregó el documento hecho público este 17 de noviembre que hay “ múltiples indicios de participación de agentes estatales, los cuales, como se indicó, no fueron debidamente investigados ni, por lo tanto, desvirtuados por el Estado. Al respecto, la Comisión consideró que el Estado no puede valerse del incumplimiento del deber de investigar y que, en el presente caso, los referidos indicios permiten determinar la responsabilidad del Estado hondureño por lo sucedido a la víctima. En consecuencia, la CIDH concluyó que se violaron los derechos a la vida y a los derechos políticos de Ángel Pacheco León, y los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de sus familiares”.

Adicionalmente, solicitó al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos similares a los del presente caso, como diseñar e implementar cursos permanentes sobre derechos humanos para funcionarios policiales, fiscales y judiciales, específicamente sobre los aspectos técnicos de investigación en casos de muertes violentas, a la luz de los estándares internacionales en la materia.

Lea íntegro el comunicado de la CIDH sobre este caso AQUÍ

Origen: Pasos de Animal Grande – Por existir múltiples indicios de participación estatal:Comisión Interamericana envía caso de diputado asesinado ante la Corte IDH

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Sentencia de Corte IDH evidencia crisis del sistema de justicia hondureño

Nov 13, 2015

Cinco años transcurrieron para que se hiciera justicia en el caso de tres jueces y una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que fueron despedidos en 2010 por pronunciarse públicamente contra el Golpe de Estado de 2009.

Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia sobre el caso y ordenó el reintegro de dos jueces y la magistrada, así como el pago de indemnizaciones por daños económicos y sicológicos en los que incurrió el despido.

Los jueces son Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza. En 2010 ellos fueron víctimas de procesos disciplinarios arbitrarios y luego fueron separados de sus cargos por manifestarse por la defensa de la democracia y el Estado de derecho en el 2009.

En la sentencia de la Corte IDH se ha encontrado al Estado como responsable de violación a la libertad de expresión, derecho a reunión, derechos políticos, derecho de asociación, garantías judiciales, protección judicial, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y el principio de legalidad.

Por lo tanto demanda inmediatamente el reintegro a sus puestos de trabajo a Guillermo López, Luis Chevez y a la magistrada Tirsa Flores Lanza, bajo las mismas condiciones de rango, salario y beneficios.

Para los implicados en el caso, la sentencia deja varias enseñanzas y significa un fuerte llamado de atención a la  forma como se desempeña el sistema de justicia hondureño.

El abogado Guillermo López Lone considera: “esta sentencia deja importantes resultados, entre ellos: los derechos y libertades de los jueces, hasta donde los jueces pueden ejercer sus derechos políticos, a la libertad de expresión, al debate y a la manifestación política.

Necesitamos un poder judicial independiente, que actúe fuera de las órdenes de partidos políticos e intereses particulares y esto es uno de los puntos que nos deja como enseñanza este caso del que se pronunció la Corte”.

La magistrada Tirza Flores Lanza cree que la resolución es esperanzadora porque abre la posibilidad de encontrar justicia para todas las víctimas del Golpe de Estado del 2009.

“En este momento en el que sentimos que la impunidad nos atormenta y donde no hay libertades democráticas para la gente, esta sentencia es importante porque obliga al Estado a ver la situación en la que está gobernando”, apuntó.

La sentencia tiene un plazo de vencimiento de un año y si no se cumple en seis meses hay sanciones económicas al Estado por parte de los organismos internacionales.

A las puertas de una nueva Corte Suprema de Justicia

Por primera vez la Corte IDH establece en una sentencia que Honduras sufrió una ruptura del estado democrático en el 2009, también afirmó que el pleno de la CSJ participó en el Golpe de Estado del 28 de junio contra Manuel Zelaya.

El pleno de la CSJ que menciona la sentencia sigue vigente y está a la vuelta de elegir a sus nuevas autoridades.

Para la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) Marcia Aguiluz esta es una oportunidad para que la junta nominadora de los magistrados a la nueva CSJ elijan a personas independientes y que no representen los intereses de grupos particulares.

“La participación de la Corte en este despido y que ya fue reconocido por la Corte Interamericana es un llamado para rectificar y también exigir la responsabilidad de autonomía de los poderes del Estado.

Es necesario que se deduzcan las responsabilidades a quienes fueron los artífices de una mala implementación de la justicia durante el Golpe de Estado, por lo tanto la sociedad como las autoridades deben exigir que se tome las cartas en el asunto sobre el tema”, expresó.

Por su parte Luis Chévez dice que se deben facilitar las condiciones para crear un Estado independiente que pueda regular las reglas del juego de la sociedad y que ataque directamente a la impunidad.

“No se pueden repetir los errores del pasado, por lo tanto no hay carácter moral para que los magistrados actuales opten a reelegirse, pues los antecedentes son graves y en marco de eso es que gira la sentencia de la CIDH”, concluyó.

La sentencia es una prueba contundente para que el Ministerio Público inicie inmediatamente investigaciones penales contra los militares y civiles que participaron en el gobierno de facto, y también contra los magistrados y magistradas de la CSJ que apoyaron el Golpe.

Las esperanzas de ese escenario se desvanecen al ver que el Fiscal General Oscar Chinchilla fue uno de los magistrados que participó en las decisiones del Golpe y en la destitución de los jueces y la magistrada.

Los jueces y la magistrada son contundentes al afirmar que la sentencia se convierte en un fuerte llamado de atención para que en este nuevo proceso de elección de la CSJ, la junta nominadora seleccione bajo un proceso transparente e independiente a los 45 candidatos y candidatas y que luego sean sometidos a un proceso autónomo de elección.

A pesar del impacto de la sentencia la realidad nos indica otro escenario, uno que está inmerso en procesos de elección manchados, poco transparentes y a las puertas de nombrar a nuevos magistrados que respondan a los intereses de la clase política en el poder.

Origen: Sentencia de Corte IDH evidencia crisis del sistema de justicia hondureño

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