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Por “razones especiales” renuncia director del Instituto Penitenciario; asume su reemplazo


  • Jueves, 30 Abril 2015 16:37

El nuevo director del Instituto Penitenciario, coronel Orlando Francisco García Maradiaga, juró su promesa de ley este día. El nuevo director del Instituto Penitenciario, coronel Orlando Francisco García Maradiaga, juró su promesa de ley este día.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – Este jueves asumió el cargo de director del Instituto Penitenciario, coronel Orlando Francisco García Maradiaga, en sustitución de su homólogo Francisco Gálvez Granados, informó una fuente oficial.

 

– En marzo murieron violentamente 12 reos en tres cárceles hondureñas, en tanto esta semana se produjo el asesinato de tres internos de la Penitenciaría.

 

La ceremonia de juramentación estuvo a cargo del Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, quien expresó que Gálvez Granados renunció por motivos especiales; “estamos satisfechos por la labor que realizó al frente de los 25 centros de privados de libertad que en estos momentos están funcionando en nuestro país”, dijo.

Chang Castillo refirió que espera que la experiencia que tiene el nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario pueda continuar con la labor realizada por el anterior e incluso superarla, a fin de cumplir con el Plan de Gobierno.

Por su parte, el coronel García Maradiaga manifestó “me siento honrado por el nombramiento y la confianza depositada, mi reto es fortalecer y eficientar (mejorar) el sistema de seguridad penitenciario para poder alcanzar las metas y logros que se ha trazado el presidente Juan Orlando Hernández en sus políticas públicas de Estado, referente al Instituto Nacional Penitenciario”.

En ese sentido, dijo que continuará con el trabajo desempeñado por el coronel Gálvez, a fin de satisfacer las demandas que tiene la sociedad respecto al Instituto Nacional Penitenciario.

Agregó que en un momento fungió como Inspector de Centros Penales y eso le permite conocer el sistema, tanto en lo referente a recursos humanos como en la parte operativa. “Tengo la radiografía mental de las acciones preliminares que vamos a encaminar y una es el reordenamiento administrativo y operativo en los 25 centros penales”.

El director del Instituto Penitenciario dijo que espera que con los centros penales que se construyen en las comunidades de La Acequia, Ilama y Morocelí se reduzca el hacinamiento y reordenamiento de los centros penales lo que facilitará la reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/101595-por-%E2%80%9Crazones-especiales%E2%80%9D-renuncia-director-del-instituto-penitenciario-asume-su-reemplazo.html

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Tres personas muertas en la PN

Los internos perdieron la vida producto de varios machetazos que les infirieron sus verdugos.

Autoridades del Ministerio Publico y de Medicina Forense se apersonaron a la Penitencia Nacional Marco Aurelio Soto para realizar el levantamiento de tres personas que perdieron la vida a machetazos en el interior de este centro penal.

de acuerdo con el reporte policial, los internos perdieron la vida producto de mortales machetazos que le infirieron otros internos que hasta el momento no han sido identificados.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los fallecidos y las causas que hubiese provocado este fatal incidente.

La policía realiza las investigaciones correspondientes para poder esclarecer la muerte de estos tres reclusos.

En las últimas semanas autoridades policiales han realizado operativos de registro dentro de la prisión, pero pese a estos esfuerzos, todavía ingresan armas a la misma.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/tres-personas-muertas-en-la-pn

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Honduras: Congreso Nacional amplía a Wi-Fi bloqueo de llamadas desde cárceles

miércoles, 22 de abril de 2015

Enviado por Redacción Hondudiario el 22 Abril 2015 -10:03 am Tegucigalpa,Honduras.
*** La Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Menores a nivel nacional, amplía la prohibición de varios servicios de telecomunicaciones.

El Congreso Nacional aprobó este martes, con dispensa de dos debates, una ley mediante la cual se amplía el bloqueo de llamadas a través de servicios de Internet, WI-Fi, telefonía satelital y otros sistemas en los centros penales, granjas penales y centros de internamiento de menores al tiempo que estableció penas de hasta siete años de reclusión para quienes incumplan el decreto..

La iniciativa fue introducida a la Cámara Legislativa por el secretario del Congreso Nacional, diputado Mario Pérez, quien se adhirió al dictamen elaborado por la comisión ordinaria de seguridad y prevención ciudadana, mientras que el diputado liberal Yuri Sabas, pidió la dispensa de dos debates al proyecto en vista de su importancia.
En la sesión estuvieron funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) como el jefe de fiscalización, Fernando Matute; la abogada Walkiria Ponce de la dirección legal; Alejandro Rosales, director de servicios de telecomunicaciones y Sagrario Fonseca, directora de gestión del sistema radioeléctrico.
La Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Menores a nivel nacional, amplía la prohibición de varios servicios de telecomunicaciones.
La prohibición incluye los servicios de comunicaciones personales globales móviles (GMPCS), servicio de telefonía móvil celular, servicio de comunicaciones personales (PCS), servicio repetidor comunitario, servicio móvil terrestre, servicio móvil de canales múltiples de selección automática (radio troncalizado), servicio de telefonía, servicio de Internet o acceso a redes informáticas, servicio de videoconferencia, servicio de radioaficionados y el servicio de transmisión y conmutación de datos.
Asimismo, la televisión por suscripción por cable, televisión por suscripción por medios inalámbricos, televisión interactiva por suscripción, móvil por satélite, servicios de valor agregado y demás servicios de telecomunicaciones.
Por tanto, los proveedores de los servicios de telecomunicaciones precitados autorizados por Conatel, deberán implementar medidas técnicas que bloqueen la prestación de sus servicios de telecomunicaciones dentro de los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.
Se exceptúan los servicios de telecomunicaciones, que se utilicen por el personal del Sistema Penitenciario y demás entes del Estado en la ejecución exclusiva de sus actividades, que cuenten con autorización formal, en los supuestos consignados expresamente en el reglamento que a su efecto se emita.
El decreto también establece que los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS), están obligados a proponer soluciones técnicas que permitan el bloqueo de señales en todos los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y en los centros de internamiento de menores.
Esas soluciones técnicas serán aprobadas por la Conatel, previa instalación. Una vez instalados y verificada la operación efectiva por parte de ese organismo regulador, los operadores serán los responsables de su efectiva administración, operación y uso. El resguardo de los equipos instalados será responsabilidad de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.
La medida también indica que las soluciones técnicas que propongan los proveedores deberán de cumplir las disposiciones y requerimientos técnicos que Conatel establezca en el reglamento técnico que a su efecto se emita.
Los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, distintos a los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS), están obligados, dentro del plazo de 15 días a presentar las soluciones técnicas a Conatel contados a partir de la entrada en vigencia de este decreto.
Conatel certificará esas soluciones técnicas, y contará con 15 días para certificar las propuestas realizadas. Una vez certificadas las soluciones técnicas, los proveedores contaran con un mes, para implementar las medidas técnicas a fin de impedir la prestación de sus servicios de telecomunicaciones dentro de los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.
El decreto también señala que una vez finalizada la instalación de las soluciones técnicas por parte de los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales, se instruye a Conatel como órgano técnico especializado, para la comprobación de la instalación y correcta operación de las soluciones técnicas que bloqueen la señal instalados en las cárceles.
Agrega que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por medio de los entes de seguridad del Estado deberán cooperar con Conatel en cuanto al cumplimiento y comprobación de este decreto.
Advierte que el incumplimiento de lo establecido en los artículos uno y dos del decreto, por parte de los operadores del servicio de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS) conllevará una multa de 10 millones lempiras cuando la infracción sea cometida por primera vez.
De 20 millones de lempiras cuando la infracción sea cometida por segunda vez; y, la revocación del contrato de concesión cuando la infracción sea cometida por tercera vez.
Añade que el incumplimiento de lo ordenado anteriormente por parte de Conatel estará sujeto a las responsabilidades penales correspondientes.
Agrega que podrá permitirse el uso y goce de los servicios de radio y televisión de libre recepción y teléfonos públicos cuyo funcionamiento será regulado por el reglamento que a su efecto se emita, bajo una adecuada supervisión de las autoridades penitenciarias, y exclusivamente como parte del desarrollo de las actividades destinadas a lograr la educación, rehabilitación, reinserción social y preparación para el trabajo en la vida libre de los privados de libertad.
Con la misma pena de prisión, más multa de 100 mil lempiras, se sancionará a quien por visita a un privado de libertad o por cualquier motivo acceda a alguno de los centros enunciados en el párrafo anterior, e ingrese a esos establecimientos cualquiera de los dispositivos o equipos terminales enunciados en el artículo seis de esta ley.
Asimismo, el funcionario o empleado de los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos o centros de internamiento de menores que porte, utilice, facilite o permita el ingreso a esos centros de cualquiera de los dispositivos o equipos terminales enunciados en el artículo seis de la ley, será sancionado con una pena de cinco a siete años de prisión, multa de 100 mil lempiras e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el doble de tiempo que dure la reclusión.
Puntualiza que la prohibición establecida en el artículo 1 de este decreto, será extensiva a cualquier persona natural o jurídica que no cuente con título habilitante otorgado por la Conatel y que instale, preste y opere los servicios de telecomunicaciones, a los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos o centros de internamiento de menores, por lo que su incumplimiento será objeto de las sanciones establecidas en el artículo seis de la presente ley, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones y su reglamento general.
Finalmente, señala que la Secretaría de Finanzas deberá identificar y asignar los recursos financieros requeridos para el cumplimiento de esta ley y la efectiva comprobación técnica de las obligaciones impuestas a Conatel.
Se instruye a Conatel para que en plazo de 60 días, emita el reglamento técnico del decreto y se deroga el decreto 255-2013 y su reforma que contiene la Ley de Limitación de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales (PCS) en centros penales a nivel nacional. 
Fuente:  hondudiario  http://www.hondudiario.com/?q=node/18983

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Vuelven a prohibir uso de celulares en cárceles hondureñas

Esas soluciones técnicas serán aprobadas por la Conatel, previa instalación. Una vez instalados y verificada la operación efectiva por parte de ese organismo regulador, los operadores serán los responsables de su efectiva administración, operación y uso. El resguardo de los equipos instalados será responsabilidad de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Congreso Nacional de Honduras, aprobó este martes, una ley mediante la cual se amplía el bloqueo de llamadas a través de servicios de Internet cableado e inalámbrico, telefonía satelital y otros sistemas en los centros penales, granjas penales y centros de internamiento de menores.

De igual forma, se establecieron penas de hasta siete años de reclusión para quienes incumplan el decreto.

La iniciativa fue introducida por el nacionalista Mario Pérez, quien se adhirió al dictamen elaborado por la comisión de seguridad, mientras que el diputado liberal Yuri Sabas, pidió la dispensa de dos debates al proyecto en vista de su importancia.

La prohibición incluye los servicios de comunicaciones personales globales móviles (GMPCS), servicio de telefonía móvil celular, servicio de comunicaciones personales (PCS), servicio repetidor comunitario, servicio móvil terrestre, servicio móvil de canales múltiples de selección automática (radio troncalizado), servicio de telefonía, servicio de Internet o acceso a redes informáticas, servicio de videoconferencia, servicio de radioaficionados y el servicio de transmisión y conmutación de datos.

Asimismo, la televisión por suscripción por cable, televisión por suscripción por medios inalámbricos, televisión interactiva por suscripción, móvil por satélite, servicios de valor agregado y demás servicios de telecomunicaciones.

Por tanto, los proveedores de los servicios de telecomunicaciones precitados autorizados por Conatel, deberán implementar medidas técnicas que bloqueen la prestación de sus servicios de telecomunicaciones dentro de los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.

Se exceptúan los servicios de telecomunicaciones, que se utilicen por el personal del Sistema Penitenciario y demás entes del Estado en la ejecución exclusiva de sus actividades, que cuenten con autorización formal, en los supuestos consignados expresamente en el reglamento que a su efecto se emita.

El decreto también establece que los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS), están obligados a proponer soluciones técnicas que permitan el bloqueo de señales en todos los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y en los centros de internamiento de menores.

Esas soluciones técnicas serán aprobadas por la Conatel, previa instalación. Una vez instalados y verificada la operación efectiva por parte de ese organismo regulador, los operadores serán los responsables de su efectiva administración, operación y uso. El resguardo de los equipos instalados será responsabilidad de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.

La medida también indica que las soluciones técnicas que propongan los proveedores deberán de cumplir las disposiciones y requerimientos técnicos que Conatel establezca en el reglamento técnico que a su efecto se emita.

Los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, distintos a los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS), están obligados, dentro del plazo de 15 días a presentar las soluciones técnicas a Conatel contados a partir de la entrada en vigencia de este decreto.

Conatel certificará esas soluciones técnicas, y contará con 15 días para certificar las propuestas realizadas. Una vez certificadas las soluciones técnicas, los proveedores contaran con un mes, para implementar las medidas técnicas a fin de impedir la prestación de sus servicios de telecomunicaciones dentro de los recintos de los centros penitenciarios, granjas penales y centros de internamiento de menores.

El decreto también señala que una vez finalizada la instalación de las soluciones técnicas por parte de los operadores de los servicios de telefonía móvil celular y comunicaciones personales, se instruye a Conatel como órgano técnico especializado, para la comprobación de la instalación y correcta operación de las soluciones técnicas que bloqueen la señal instalados en las cárceles.

Agrega que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por medio de los entes de seguridad del Estado deberán cooperar con Conatel en cuanto al cumplimiento y comprobación de este decreto.

Advierte que el incumplimiento de lo establecido en los artículos 1 y 2 del decreto, por parte de los operadores del servicio de telefonía móvil celular y comunicaciones personales (PCS) conllevará una multa de 10 millones lempiras cuando la infracción sea cometida por primera vez.

De 20 millones de lempiras cuando la infracción sea cometida por segunda vez; y, la revocación del contrato de concesión cuando la infracción sea cometida por tercera vez.

Añade que el incumplimiento de lo ordenado anteriormente por parte de Conatel estará sujeto a las responsabilidades penales correspondientes.

En el artículo seis, se establece que dentro de los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos y centros de internamiento de menores queda terminantemente prohibido a los privados de libertad, sus visitas, funcionarios o empleados del sistema penitenciario entiéndase por estos a custodios, personal de mantenimiento, empleados administrativos, o cualquier otra persona ajena al centro que por cualquier motivo tenga que ingresar al mismo, el ingreso, tenencia, permanencia, uso y portación de teléfonos celulares, teléfonos satelitales, teléfonos fijos (alámbricos o inalámbricos), tablets, computadoras, comunicador portátil (walkie-talkie), o cualquier otro dispositivo o equipo terminal que permita tanto el acceso a redes de servicios de telecomunicaciones como la transmisión, emisión o recepción de voz, datos y/o imágenes de cualquier naturaleza.

Advierte que quien se encuentre privado de libertad en alguno de los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos y centros de internamiento de menores, y porte o haga uso en forma ilegal de cualquiera de los dispositivos o equipos terminales enunciados en el artículo seis, será sancionado, con una pena de tres a cinco años de prisión.

Con la misma pena de prisión, más multa de 100 mil lempiras, se sancionará a quien por visita a un privado de libertad o por cualquier motivo acceda a alguno de los centros enunciados en el párrafo anterior, e ingrese a esos establecimientos cualquiera de los dispositivos o equipos terminales enunciados en el artículo seis de esta ley.

Asimismo, el funcionario o empleado de los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos o centros de internamiento de menores que porte, utilice, facilite o permita el ingreso a esos centros de cualquiera de los dispositivos o equipos terminales enunciados en el artículo seis de la ley, será sancionado con una pena de cinco a siete años de prisión, multa de 100 mil lempiras e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el doble de tiempo que dure la reclusión.

Puntualiza que la prohibición establecida en el artículo 1 de este decreto, será extensiva a cualquier persona natural o jurídica que no cuente con título habilitante otorgado por la Conatel y que instale, preste y opere los servicios de telecomunicaciones, a los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos o centros de internamiento de menores, por lo que su incumplimiento será objeto de las sanciones establecidas en el artículo seis de la presente ley, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones y su reglamento general.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/vuelven-prohibir-uso-de-celulares-en-c%C3%A1rceles-hondure%C3%B1as

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Oliva evita sancionar a telefonía celular por llamadas desde las cárceles

olivatigoclaroEl gobierno de Juan Orlando Hernández aseguro hacer todo lo posible para que se evitara que desde las cárceles de Honduras se realizaran llamadas con celulares de Tigo y Claro, ya que ha quedado evidenciado que desde ahí se giran instrucciones para realizar acciones al margen de la ley.

En su momento el propio mandatario aseguro que estas compañías telefónicas tenían las manos manchadas de sangre, ya que ellas no hacían nada para instalar los aparatos que evitaba y bloqueaba las llamadas telefónicas.

Nuevamente en el Congreso Nacional, por tercera vez, dispuso a analizar el tema para buscar un nuevo instrumento que legalmente evitara que desde las cárceles se realizaran mas llamadas, porque a pesar de que ya en dos ocasiones anteriores se había hablado del tema, tanto Tigo como Claro siguen recibiendo dinero de las llamadas realizadas desde las cárceles.

Ante esta situación el diputado Esdras Amado López intervino en la sesión del Congreso Nacional para hacer una observación que iba encaminada a las sanciones que deberían ya tener las compañías de telefonía celular.

“Este es el tercer intento en la historia de tratar de regular los servicios de telefonía móvil desde los centros penales…esto parece ser otro instrumento que evita la confrontación  por la irresponsabilidad en la que han caído las compañías de telefonía celular” dijo López.

López aseguro que las multas nunca fueron impuestas a Tigo y Claro por nunca haber bloqueado las llamadas desde las cárceles del país.

Al momento de realizar su participación el diputado López, para evitar que siguiera diciendo las realidades, cortaron la señal que Cholusat Sur emitía desde la cede del poder legislativo.

Aquí el momento en que ocurría la discusión

 

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=10231

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CIDH llama a implementar verdaderas políticas carcelarias en Honduras

Abr 17, 2015

Mediante un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó  su preocupación por las muertes violentas de privados de libertad, hechos que se han dado en los últimos meses en diferentes cárceles del país.

En el comunicado la CIDH señala que “la ausencia de medidas adecuadas de seguridad, supervisión y control interno de las cárceles es uno de los principales problemas estructurales que tiene el sistema Penitenciario del país”, así mismo hace un llamado al Estado hondureño a implementar acciones que tengan un impacto real en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detención de los centros de reclusión a los estándares internaciones y adoptar acciones inmediatas, además de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en Honduras.

La CIDH señala que es una obligación del Estado tomar medidas para garantizar y mantener la seguridad interna en los centros penales, y debe buscar estrategias para acabar con grupos delictivos en los centros penales.

Para el abogado Mario Chinchilla de Cáritas Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado interesada dándole seguimiento a los casos de violaciones  a derechos humanos en los centros penales del país.

Asegura que el comunicado de la CIDH es una reacción por los traslados de internos, traslados en los que los privados de libertad fueron  objeto de tratos inhumanos, donde la policía militar utilizó la fuerza excesiva, ante eso la CIDH ha hecho un llamado al Estado para que cese en esa conducta violenta cuando se dirige a los privados de libertad.

En cuestión de 15 años en Honduras hubo cinco incendios en cárceles. Tres de ellos han sido fatales: el incendio de La Ceiba, Atlántida en el año 2003; un año más tarde ocurrió otro en San Pedro Sula; y en 2012, en Comayagua, cogieron fuego distintas celdas de ese recinto penitenciario. En suma, un total de 533 privados de libertad murieron quemados sin que el Estado enmiende sus errores.

Lea también: Ley antimaras debía ser derogada tras sentencia de CORTEIDH, pero al contrario será endurecida

El caso más conocido es el caso Pacheco Teruel, que se relaciona con la muerte de 107 privados de libertad durante un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004.  Chinchilla agrega que el Estado hondureño ha incumplido la  resolución dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Añade que la Corte emitirá en las próximas semanas su informe del seguimiento de la sentencia en el Caso Pacheco Teruel caso del que no existe una verdadera investigación y prácticamente se ha incumplido la resolución y las recomendaciones.

En el Comunicado de Prensa emitido el pasado 14 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  urge a las autoridades del país, implementar verdaderas políticas penitenciarias. Las diferentes cárceles del país son una bomba de tiempo, todas están sobre pobladas, los privados de libertad están en total hacinamiento, la capacidad de los centros penales en el país es de aproximadamente 8,500 personas, pero actualmente  el hacinamiento supera el 57 %.

Tarea de la sociedad civil

La abogada Odalis Nájera de la Organización contra la tortura y otros tratos  o penas crueles inhumanos o degradantes (CONAPREV) asegura que llegó el momento de tomar decisiones con el tema del sistema penitenciario en el país porque practicamente este ha colapsado  y por haber colapsado es necesario que El Estado tome decisiones para aprobar una política penitenciaria que marque un rumbo, una ruta que se pueda seguir en materia penitenciaria.

Nájera añade que la sociedad civil, las organizaciones defensoras de derechos humanos deben estar vigilantes, que El Estado y los funcionarios públicos cumplan con las resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado en torno al manejo del Sistema Penitenciario.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1998-cidh-llama-a-implementar-verdaderas-pol%C3%ADticas-carcelarias-en-honduras

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CIDH deplora muertes violentas en cárceles de Honduras

Escrito por Redacción | Abril 14 del 2015

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Washington, D.C. (Conexihon). – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por las muertes violentas de al menos doce personas privadas de libertad acaecidas en incidentes de violencia ocurridos durante el mes de marzo en las Penitenciarías Nacionales de San Pedro Sula, Comayagua y Támara (Tegucigalpa). La CIDH urge al Estado a adoptar las medidas necesarias a fin de evitar la reiteración de hechos similares.
De acuerdo con la información de público conocimiento, el 11 de marzo en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula hubo un fuerte intercambio de disparos que dejó como resultado tres reos muertos y más de treinta heridos, incluyendo ocho policías militares. De acuerdo con el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) estos hechos se produjeron en el contexto de una operación en la que se buscaba trasladar a determinados presos de alta peligrosidad a otras prisiones.
Luego de controlado el motín, por la intervención de aproximadamente 400 policías y militares, se realizó una requisa en la que se decomisó armas de fuego de grueso calibre, incluso fusiles de asalto AK-47, chalecos a prueba de balas, drogas y licor, teléfonos celulares, y otros objetos ilícitos. Asimismo, las fuerzas de seguridad del Estado trasladaron a treinta y dos reclusos considerados líderes (“coordinadores”) a otros penales. Todos estos hechos, ocurridos a raíz del referido operativo de traslado de internos, tuvieron lugar durante uno de los días de visita de familiares en el centro penal.
El 28 de marzo se produjo una riña en la Penitenciaría Nacional de Comayagua en la que se utilizaron armas de fuego, y perdieron la vida dos reclusos y al menos tres resultaron gravemente heridos. Luego de estos hechos, unos cuarenta y dos reclusos de esa penitenciaría habrían sido trasladados a otros centros penales. De igual forma, unos días antes de los sucesos referidos, el 24 de marzo, otro recluso habría sido asesinado en ese centro penitenciario producto de heridas de arma blanca.
Asimismo, según información ampliamente difundida, el 29 de marzo fueron asesinados siete reclusos vinculados a la pandilla denominada “mara 18”: cuatro en la Penitenciaría Nacional de Támara (“Marco Aurelio Soto”), en Tegucigalpa y tres en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula. De acuerdo con información de prensa, estos siete reclusos fueron ejecutados por otros miembros de su propia pandilla.
Estos graves hechos de violencia han estado directa o indirectamente relacionados con el traslado sistemático de presos considerados de alta peligrosidad a unidades penitenciarias de máxima seguridad y celdas instaladas recientemente en bases militares (batallones de infantería); y en todos los casos, tanto los operativos de traslados como el control posterior de estos brotes de violencia, han estado a cargo de FUSINA.
En este contexto, la CIDH reitera que los Estados tienen la facultad y la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de las cárceles, utilizando métodos que se ajusten a los parámetros establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados no solo deben asegurar que sus agentes ejerzan un control adecuado de la seguridad y el orden en las cárceles, sino que debe adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas privadas contra posibles agresiones de terceras personas, incluso de otros reclusos.
En su informe sobre la situación sobre los derechos de las personas privadas de libertad en Honduras, la CIDH determinó que la ausencia de medidas adecuadas de seguridad, supervisión y control interno de las cárceles es uno de los principales problemas estructurales que debe ser abordado por el Estado.
La CIDH urge a las autoridades hondureñas a implementar acciones que tengan un impacto real en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. Esto incluye adecuar las condiciones de detención de los centros de reclusión a los estándares internaciones y adoptar acciones inmediatas, además de planes a mediado o largo plazo, para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de libertad en Honduras. El Estado debe, como medidas fundamentales, garantizar y mantener la seguridad interna de los centros penales y controlar el ingreso de armas, sustancias ilícitas y la circulación de dinero dentro de las cárceles. Además, debe buscar mecanismos para desarticular las organizaciones criminales que operan en los centros penales.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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Tortura en el segundo Batallón de Infantería

Written by Comunicaciones / MNP CONAPREV. Posted in Noticias

El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), eleva su preocupación al máximo nivel, por la grave denuncia expuesta por un grupo de familiares de privados de libertad en el segundo Batallón de Infantería, situado en el valle de Tamara. 

 

La brutalidad de la que son víctimas los privados de libertad, se resume en tratos crueles e inhumanos o degradantes.

 

A partir del 9 de marzo de 2015 un grupo de privados de libertad fue trasladado de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (PNMAS), hacía el Segundo Batallón de Infantería. Este hecho es condenado por los familiares de los internos, quienes aducen que tal medida fue arbitraria y sin ninguna justificación de parte del director de PNMAS, Guillermo Sandoval.

 

Los familiares de los privados de libertad aducen que al visitar a los internos hacen un recorrido en horas de la madrugada de 3 kilómetros, para llegar al centro de detención, y luego esperan una larga jornada por la mañana bajo el ardiente sol haciendo largas filas, hasta lograr ingresar al Segundo Batallón de Infantería. 

 

El testimonio de los familiares que por razones de seguridad no se revela su nombre, fue tomado por el equipo técnico y legal del Conaprev el 13 de abril de 2015, y describe que a los privados de libertad se les violentan los siguientes derechos:

 

  1. La alimentación de los privados de libertad en ese centro de detención es restringida y estrictamente seleccionada por los custodios penitenciarios, cada vez que a los privados de libertad les llevan alimentos, sus familiares. La situación es tan inhumana que la alimentación en primera instancia es expuesta cerca de los servicios sanitarios y tirada al piso por un tiempo alargado, hasta que la misma ya no cumple con las condiciones sanitarias a las que normalmente un ser humano pueda ingerir.

 

  1. La ausencia de un médico para la revisión adecuada del estado de salud de los privados de libertad es notoria, puesto que según los familiares de los privados de libertad están padeciendo de enfermedades gastrointestinales, falta de peso y una posible desnutrición de los mismos.

 

  1. Los familiares de las víctimas también denunciaron ante las oficinas del Conaprev que los privados de libertad tienen prohibido las visitas conyugales.

 

  1. La inspección por la que atraviesan los familiares de los privados de libertad, es tal, que a las señoras de la tercera edad con padecimientos de artritis, las obligan a despojarse de sus ropas intimas y hacer 10 flexiones hacia abajo. Este ejercicio es obligatorio para todo familiar que se dirige a visitar a un privado de libertad, sin excepción de edad o sexo, por lo que este es un trato inhumano para los familiares, según las descripciones que brindaron al personal técnico y legal del Conaprev.

 

  1. Cada vez que un familiar visita aun privado de libertad, no pueden tener contacto físico con los privados de libertad, es decir un abrazo o estrecharse la mano, y el tiempo de estadía se limita a 10 minutos, incluso para comer los alimentos que los familiares llevan a los reclusos. Así mismo los privados de libertad tienen restringido al contacto físico con sus hijos durante la visita.

 

  1. Según los familiares de los internos del segundo Batallón de Infantería, sus familiares no tienen acceso al agua potable, y por la noche los custodios penitenciarios utilizan gases tóxicos que son arrojados a las bartolinas de los privados de libertad, con el propósito de adormecerlos utilizando gases dañinos para la salud.

 

El Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura  y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), que es una institución que se crea en cumplimiento del Protocolo Facultativo  de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes. Es la institución encargada de prevenir que en los diferentes centros de detención, custodia o internamiento del país, se produzcan actos de tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, a las personas que en ellos se encuentren, independientemente de la edad, sexo, nacionalidad, religión, raza o condición jurídica, que estas personas tengan.

El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Honduras, agradece al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a COSUDE (cooperación sueca), y a la Unión Europea, por cooperar en el tema de derechos humanos. De igual forma el CONAPREV exhorta a otros países cooperantes a que continúen cooperando en derechos humanos en Honduras, porque es de vital importancia, por el entorno actual, de violencia que se vive en la nación centroamericana.

 

“LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD NO SIGNIFICA LA PÉRDIDA DE LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO”

Fuente: http://conaprev.gob.hn/index.php/noticias/247-tortura-en-el-segundo-batallon-de-infanteria

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Está lista para que entre en vigencia la Ley de Trabajo Forzoso de los Reos.

La reforma enviada por el Presidente Juan Orlando Hernández propone trabajos obligatorios con una duración de un mil doscientas (1,200 h/a) horas anuales como mínimo, por cada privado de libertad.

Así lo han reiterado esta mañana fuentes de la Cámara Legislativa en lo que se refiere a la propuesta que es socializada entre los diversos sectores y que busca terminar con el estado de ocio en que se encuentran los privados de libertad.

La iniciativa que obliga a los reos a efectuar diversas tareas, ha sido consensuada con organismos de derechos humanos y, en los próximos días, será sometida al análisis de representantes del Poder Judicial y del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional

La reforma enviada por el Presidente Juan Orlando Hernández propone trabajos obligatorios con una duración de un mil doscientas (1,200 h/a) horas anuales como mínimo, por cada privado de libertad.

Entre las actividades se contemplan trabajos en actividades de construcción y reconstrucción de la infraestructura vial, física y arquitectónica del Estado, en la preparación de materia prima necesaria para estos fines, como fabricación de bloques, ladrillos, picar piedra, hacer zanjas, movimiento de arena y cualquier otra materia prima para la construcción.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/est%C3%A1-lista-para-que-entre-en-vigencia-la-ley-de-trabajo-forzoso-de-los-reos

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En mes y medio finalizarán obra gris del nuevo centro penal

06 Apr 2015 / 10:18 PM / Liliam Mejia

Aunque se tenía previsto concluir en junio, estará listo dos meses después.

Ni durante Semana Santa se dejó de trabajar para cumplir la fecha de entrega de la obra. Fotos: Wendell Escoto
Ni durante Semana Santa se dejó de trabajar para cumplir la fecha de entrega de la obra. Fotos: Wendell Escoto

San Pedro Sula, Honduras.

Con el desembolso de 20 millones de lempiras que hizo el Gobierno a la Fundación Pro Construcción de la Penitenciaría Noroccidental se ha logrado trabajar dos semanas sin parar.

De continuar a este ritmo y sin interrupciones por falta de fondos, la obra gris, es decir, la parte de cemento, estaría concluida en mes y medio.

Ricardo García, ingeniero a cargo del proyecto, informa que en los próximos días empiezan los trabajos de las estructuras metálicas.

“Luego continuaremos con los acabados y los detalles, pero lo grueso ya lo tenemos. El pabellón cinco (el modelo) ya está bien avanzado y queremos emparejar los otros y ponerlos al mismo nivel”, explica el ingeniero.

Debido al atraso que hubo por falta de fondos, la primera etapa se entregará en agosto de este año y no en junio como se tenía previsto.

Óscar Galeano, miembro del Comité Pro Construcción, recuerda que “el monto aprobado directamente por el Presidente de la República es de L120 millones, a raíz de la visita que él hizo y donde pudo comprobar los avances de la obra se comprometió a dar el apoyo para continuar y finalizar”.lm NacoPenal (1)(1024x768)

Sin descanso

El empresario dice que en la medida que se vaya entregando el dinero se podrá cumplir la nueva fecha de entrega.

Se están haciendo desembolsos de L20 millones. Al agotarse los primeros inmediatamente nos dan los otros y con eso se logra acabar la primera etapa y queda pendiente la segunda”.

Galeano menciona que no se descansó ni durante Semana Santa, excepto el viernes.

“Trabajamos incluso el jueves y se reanudó el sábado. Estamos trabajando al 100% en el proyecto. Todos los contratistas y los ingenieros están trabajando con todo”, asegura.

Señala también que están por terminar de invertir los primeros L20 millones y a la espera de que se cumpla la promesa de desembolso de los próximos L20 millones.

Inversión

Hasta la fecha se han invertido alrededor de L90 millones en la obra. Para concluirla se requieren L450 millones.

La primera etapa solo representa la mitad de lo que se pretende construir en el terreno de La Acequia, Quimistán, en Santa Bárbara, que contará con todas las medidas de seguridad.

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/828580-417/en-mes-y-medio-finalizar%C3%A1n-obra-gris-del-nuevo-centro-penal

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Varias hipótesis manejan autoridades sobre muerte de siete reclusos


  • Lunes, 30 Marzo 2015 09:29

Varias hipótesis manejan autoridades sobre muerte de siete reclusos

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa- Tras registrarse la muerte de siete reclusos, cuatro de ellos en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, ubicada en Támara, Francisco, Morazán y tres en el Centro Penal de San Pedro Sula, norte del país, todos por estrangulamiento, las autoridades penitenciarias manejan que existen varias hipótesis en torno a sus muertes por lo que se trabaja en esclarecer los hechos.

Eldirector de Centros Penales, Francisco Gálvez, dijo que se manejan varias versiones en relación a la muerte de los siete pandilleros; una de estas es que pandilleros intentaron violar una joven que visitaba a otro pandillero perteneciente a otro grupo.

 

“En ese sentido irrespetaron los códigos que tienen entre ellos de respetarse las mujeres entre pandilleros y eso provocó la muerte de alguna de las víctimas”, detalló.

 

Otra de las hipótesis es que fue por una droga que habría sido hurtada y que pertenecía a un grupo con lo que habrían violado también los códigos internos que ellos mismos mantienen, indicó.

 

Los siete reclusos muertos pertenecen a la Mara 18 y sus mismos compañeros los habrían estrangulado por violar sus propias normas.

 

Por otra parte Gálvez, fue contundente al informar que seguirán los traslados de pandilleros peligrosos “con eso no hay marcha atrás”, aseguró.

 

Indicó que ya han sido trasladados a la cárcel de El Porvenir 42 reos de alta peligrosidad que han sido movidos de San Pedro Sula, Comayagua y Támara.

 

En cuanto al problema que se presentó el fin de semana en la Granja Penal de Comayagua, dijo que el mismo se originó porque uno de los pandilleros sería trasladado y tuvieron un enfrentamiento, sin embargo, ya se sacó a los cabecillas y fueron trasladados a la cárcel de El Porvenir.

Fuente: http://www.proceso.hn/nacionales/item/99538-varias-hip%C3%B3tesis-manejan-autoridades-sobre-muerte-de-siete-reclusos.html

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Dos reos muertos en amotinamiento de granja penal de Comayagua

Se confirma la muerte de dos reos luego del amotinamiento registarado en el centro penal de esa zona central.

Se confirma la muerte de un dos reos uego del amotinamiento registarado en el centro penal de esa zona central.

Uno de los internos murio dentro del penal y otro fue trasladado al hospital donde minutos después fallecio, el nombre de las victiamas son : Melvin Isau Cruz, Alvarado, Victor Manuel Gómez Mendoza

En el amotinamiento registrado en las últimas horas en la granja penal de Comayagua además hay al menos un herido.

De momento no se ha logrado establecer sus identidades pero se detallo que fueron llevados al Hospital Santa Teresa de la localidad.

En información preliminar se informa que el suceso se dio porque los internos se opusieron al traslado de un recluso apodado “El Dalmata”, considerado como reo de alta peligrosidad.

En medio del movimiento y la preocupación de familiares que ha llegado a las afueras del penal ya han llegado elementos de la Cruz Roja Hondureña y Cuerpo de Bomberos.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/dos-reos-muertos-en-amotinamiento-de-granja-penal-de-comayagua

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Educación deberían dar a reos opinan penalistas

Miércoles, 25 Marzo 2015 23:00

Las cárceles hondureñas son universidades del crimen y no centros de rehabilitación. En ese sentido no es aumentando las penas como se combate el crimen, según expertos. Las cárceles hondureñas son universidades del crimen y no centros de rehabilitación. En ese sentido no es aumentando las penas como se combate el crimen, según expertos.

TEGUCIGALPA- La Ley del Trabajo Forzado -conocida también como la “Ley Picapiedra”- que obligará a los reos a realizar labores dentro o fuera de los penales cuatro horas al día es violatoria de los derechos humanos de los privados de libertad.

Así coincidieron expertos en temas penales consultados en torno  al paquete de reformas que se proyecta implementar para frenar la ola de violencia que azota el país.

El Código Procesal ya establece que a las personas imputadas e incluso condenadas no se les podrá imponer penas degradantes.

Honduras ha suscrito convenios internacionales en torno al respeto de los derechos humanos y por eso debe denunciarlos antes si es que desea endurecer algunas penas, agregaron.

También cuestionaron que se amplíen las penas de reclusión –de 12 a 20 años– para los miembros de las pandillas o maras o rebajar la edad punible.

PRIVACION
No se puede justificar-mediante los principios del interés superior del niño y su protección integral- una extensión de la privación de libertad del joven con el argumento de que ello es favorable para su educación”, según Odir Fernández, coordinador general del Post Grado en Derecho Penal y Procesal Penal.

“La educación no se hace mediante la privación de la libertad. Se hace enseñando”, sentenció.

No debe olvidarse que cuando se impone una sanción penal juvenil que está en el Derecho Penal es un mal que se impone y no un bien que se concede, subrayó.

El Derecho Penal es represivo, por lo tanto las reacciones serán violentas y represivas también, según su criterio.

Se deben utilizar sistemas alternos a la conclusión de los procesos penales, démosle el beneficio de la duda a fin de generar más sociedad, afirmó.

Además afirmó que resulta inadmisible que se imponga al joven una sanción por encima de lo que corresponde de acuerdo a su culpabilidad.

En ese sentido, el litigante Elvin Carrillo, pasante del posgrado de Derecho Penal, sugirió que el trabajo se podría introducir en los penales, siempre y cuando sea remunerado sin denigrar a la persona que lo ejerce.

Por su parte, Roy Urtecho, ex presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) sugirió que todos los operadores de justicia puedan concertar una verdadera política criminal dirigida a generar el bien común.

ABOGADO F2 26 03 15

El Derecho Penal es represivo por lo tanto las reacciones serán violentas y represivas también. A veces se piensa que está hecho para el enemigo”: Odir Fernández, coordinador de Postgrado Derecho Penal.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/24864-educacion-deberian-dar-a-reos-opinan-penalistas

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Socializan nueva Ley de Centros Penales

25 de Marzo de 2015

05:22PM  –   Redacción  

Las autoridades esperan que la regulación sea conocida no solo por operadores de justicia, sino por toda la población.

El reglamento de la nueva Ley de Centros Penales será dado a conocer  a todos los sectores
El reglamento de la nueva Ley de Centros Penales será dado a conocer a todos los sectores

TEGUCIGALPA, Honduras

El Instituto Penitenciario Nacional (IPN) arrancó este miércoles con el proceso de socialización del reglamento de la nueva Ley de Centros Penales de Honduras.

El comisionado de policía, Keneth Sabillón, detalló que “hemos iniciado la socialización de la nueva Ley de Centros Penitenciarios con los jueces de ejecución, abogados, psicólogos y demás personal que labora en los centros penales del país, con el fin de que conozcan el reglamento que ya fue aprobado en el diario oficial La Gaceta”.

Indicó que uno de los objetivos es avanzar en una misma línea que permita trabajar para el bien de toda la población penitenciaria, tal como lo ha ordenado el Presidente de Honduras a través de las autoridades involucradas en el tema.

Se espera que toda la población conozca el nuevo reglamento penitenciario, para que este pueda ser aplicado en todos los ámbitos que competen a las autoridades penitenciarias en todo Honduras.

El mes pasado, autoridades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboraron un estudio sobre el sistema penitenciario nacional en Honduras.

En el mismo se señalan problemas de sobrepoblación en las granjas penales, violenci, ausencia de personal profesional y presupuesto insuficiente.

+ Mapa interactivo: Las cárceles de Honduras

La crítica situación que se vive en las cárceles de Honduras quedó evidenciada nuevamente el 11 de marzo pasado, cuando tres reos murieron y más de 30 resultaron heridos en un motín en el centro penal de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.

La crisis, controlada alrededor de tres horas después del inicio de un tiroteo dentro de los módulos de la prisión, se suscitó a raíz del traslado de internos a otros centros penitenciarios.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/825587-331/socializan-nueva-ley-de-centros-penales-

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Congreso de Honduras discute Ley de Trabajos Forzados

La propuesta no contempla el aumento de la manutención, que apenas llega a los 30 lempiras por cada reo, a razón de 10 lempiras por cada tiempo de comida, consistente en tortillas, arroz y frijoles.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Poder Legislativo discute la Ley de Trabajo Forzado, que obligará a los privados de libertad a picar piedra durante 1,200 horas por año.

El presidente de Honduras, Juan Hernández, envió el proyecto de ley al Congreso Nacional para que se discuta y se apruebe la normativa, llamada “Ley Picapiedra” para que los prisioneros “paguen” al Estado el costo de tenerlos encerrados.

Se tiene previsto con la iniciativa que los presos trabajen unas 1,200 horas anuales, es decir, unas cuatro horas al día.

Los trabajos consistirán en construcción de infraestructura vial, física y arquitectónica del estado, también los presos fabricarán bloques, ladrillos, picar piedra, hacer zanjas, y movimiento de arena.

Asimismo, la ley incluirá programas educativos con el objetivo de reformar a los presos y crear ciudadanos útiles para el Estado. También, se busca que con estas capacitaciones reducir las penas de los privados de libertad.

La propuesta no contempla el aumento de la manutención, que apenas llega a los 30 lempiras por cada reo, a razón de 10 lempiras por cada tiempo de comida, consistente en tortillas, arroz y frijoles.

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Más cárceles y militarización no solucionan crisis en sistema penitenciario, según analistas

Mar 20, 2015

Una muestra del colapso del sistema carcelario del país son las frecuentes tragedias que se han reportado. Honduras ha sido escenario de dolorosos eventos violentos en las cárceles. En la última década cuatro tragedias cobraron la vida de más de 550 privados de libertad. Y la vida en las cárceles no ha cambiado.

“Múltiples factores convergen en este problema y es que el Estado, por sí mismo, no ha querido tomar conciencia que la problemática carcelaria tiene varias aristas y tiene múltiples problemas” expresó Odalis Nájera del Comité Nacional de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Conaprev.

El último hecho lo vivimos el miércoles 11 de marzo en el Centro Penal de San Pedro Sula con el amotinamiento que dejó cinco personas muertas y cerca de 40 heridos. Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señalan, que en los últimos 4 años, unas 400 personas han muerto en las cárceles hondureñas.

Caminos equivocados

Algunos analistas afirman que la crisis penitenciaria es la expresión de la falta de control y de implementación, por parte del Estado, de políticas equivocadas.

“Nosotros identificamos varios problemas, la infraestructura, el hacinamiento que tiene que ver con la asunción de una serie de políticas estatales, falta de personal técnico, capacitado y formado en el manejo de cárceles y la ausencia, casi al 100 por ciento, de programas que tienen que ver con la reinserción y reeducación de las personas privadas de libertad, vale decir trabajo, educación, salud y otras series de dificultades que se presentan día a día” aseguró Nájera.

Para el doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, la situación de las cárceles no es nueva y ya otros organismos se han pronunciado. “En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un sistema colapsado, es un sistema que tiene graves deficiencias estructurales y es un sistema donde se violan sistemáticamente los Derechos Humanos” expresó Mejía.

Aunque el país cuenta con 24 centros penales más tres cárceles militares habilitadas por decreto y otras tres que están en proceso de construcción, la solución a los graves problemas del sistema penitenciaro no pasan por la construcción de más centros de reclusión.

“El problema de hacinamiento no se resuelve construyendo nuevas cárceles, y todavía en desacuerdo con la construcción de mega cárceles, sino hemos sido capaces de poder administrar diligentemente y eficientemente centros penales pequeños ¿cómo vamos a estar en capacidad de administrar mega cárceles?” aseguró Odalis Nájera.

“Es el resultado de una falta de políticas públicas alrededor del sistema penitenciario, es el eslabón del sistema de justicia que ha estado tradicionalmente olvidado y lo que tenemos hoy es el resultado de una serie de acciones y omisiones que han venido ejecutando los diferentes gobiernos” analizó Joaquín Mejía.

Respuesta estatal

El Estado, gobernado por el Partido Nacional, ha decidido militarizar las cárceles para buscarle poner fin a los actos de violencia, una medida criticada por la sociedad.

El abogado Joaquín Mejía, asegura que la militarización de las cárceles representa un retroceso para el país. “Lo que está pasando en las cárceles con el proceso de militarización refleja lo que está pasando en toda la sociedad después del golpe de estado. Los militares están recuperando los espacios que perdieron en la década de los 90´s, están ampliando los espacios que no perdieron y están copando nuevos espacios” mencionó Mejía.

El doctor en Derechos Humanos también cuestionó la creación de unidades militares para que sirvan como centro de detención. “Es una aberración jurídica, es totalmente contraria a la Constitución de la República y, evidentemente, a los estándares internacionales a los cuales Honduras se ha sometido” reflexionó Mejía.

“Se ha delegado una función en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas están muy lejos de dar un tratamiento basado con enfoque de Derechos Humanos porque el tema de las penitenciarías es un tema de seguridad nacional pero también de Derechos Humanos” dijo Odalis Nájera de Conaprev.

Nájera dijo que en las condiciones de infraestructuras que los centros tienen sí es necesario crear nuevas cárceles pero no como se están creando actualmente. “Pero a la par de nuevas cárceles se deben tomar otras medidas porque si no es así, lo que vamos a tener es más de lo mismo” dijo Nájera.

Buscar consenso nacional

Una de las salidas a la crisis que plantea el abogado Joaquín Mejía es la búsqueda del consenso nacional. “Lo primero es la voluntad política, y una voluntad política implica que hay un consenso nacional donde se involucren a todos los sectores de la sociedad para poder analizar el tema de las cárceles” aseguró Mejía.

Joaquín Mejía identifica que esa voluntad política debe expresarse en que haya una continuidad, es decir que hayan políticas públicas que no cambien cada 4 años. Se necesita un marco jurídico adecuado, es decir, revisar la legislación para expulsar del ordenamiento jurídico hondureño aquellas normas que son contrarias a los estándares necesarios para tener un sistema penitenciario y democrático.

Por su parte la abogada Odalis Nájera expresó que la situación del sistema carcelario requiere de la toma de decisiones integrales, no con un enfoque de represión sino que con un enfoque técnico, con un enfoque especializado.

“Se requiere la toma de decisiones al más alto nivel, vale decir el Consejo de Seguridad Nacional en donde convergen todas las autoridades del Estado al más alto nivel, tomar decisiones no demagógicas sino que decisiones responsables que vengan a transformar en positivo el sistema carcelario” dijo Nájera.

Joaquín Mejía finalizó diciendo que se necesita también un presupuesto adecuado. “Porque sin dinero no se pueden hacer las cosas, y tiene que haber una integración de todos los sectores del poder público. Es decir, este no es un asunto de la policía, este es un asunto del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo y de todos los sectores de la sociedad”, concluyó Mejía.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1940-problema-de-hacinamiento-no-se-resuelve-construyendo-nuevas-c%C3%A1rceles-seg%C3%BAn-conaprev

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Honduras / Nuestra Palabra: A vueltas con la ley antimaras – Viernes,20 de Marzo de 2015.

viernes, 20 de marzo de 2015

Se ha enviado al Congreso Nacional un paquete de medidas en materia de seguridad que incluye una revisión del sistema penitenciario de Honduras. Más concretamente, lo que se pide es una reforma al artículo 332 del Código penal, conocido como Ley Antimaras debido a que actualmente no está funcionando y se circunscribe únicamente a las maras.
Lo que se pretende es castigar no solamente a quienes pertenecen a las maras sino a toda persona que participe o colabore en delitos cometidos y planificados por cualquier organización criminal.  Juntamente se pretende una política de reinserción social donde, inclusive, se obligue a trabajar a los reos.

Por lo tanto, se busca endurecer la ley antimaras, establecer el trabajo forzado para los reos y facilitar el traslado de presos peligrosos.

Lo que pretende JOH es aplicar una medicina social que tal vez no sea la adecuada.  Sabemos por experiencia que solamente después de un buen diagnóstico se pude recetar algo orientado al restablecimiento de la salud del enfermo.  Para ello es bueno recordar algunos datos que nos centren el problema.
En primer lugar, no se puede tratar el problema de las maras “desde arriba, de forma vertical y vía decreto” puesto que ha sido el mismo presidente quien se ha negado a dialogar con ninguno de estos grupos.  Buscaban dialogo y reinserción social y no se les concedió.  Señalaban como causas principales que les empujaron a sus actividades delictivas la pobreza y la falta de trabajo.  Son problemas estructurales del país que están lejos de resolverse y, por lo tanto, son el caldo de cultivo que facilita a los jóvenes orientarse por caminos perversos y anti sociales.
Con y sin el FMI los presupuestos sociales no dejan de reducirse, aumentan los impuestos y una militarización creciente que absorbe unos fondos indispensables que servirían para enfrentar estos problemas estructurales.
El contexto geopolítico y nacional no es el mismo en tiempos del presidente Maduro y del actual.  Hoy día Centroamérica  ha aceptado, de una manera u otra, la agenda de seguridad estadounidense, tanto a nivel interno como externo.  La fuerte presión y presión para la captura de los grandes capos se traduce al interior del país en estas leyes que pretenden poner orden en casa.
El gobierno es muy consciente que, contrariamente a lo señalado por la ciencia política, no posee el “monopolio legítimo de la violencia” en el país.  Tiene que compartirlo con otros poderes que responden a otra lógica y a otros intereses.  Actúan como si fueran “otro gobierno dentro del gobierno” pues poseen su territorio, sus leyes propias, imponen impuestos a la sociedad, tienen capacidad de pactar y negociar; y, además, utilizan la violencia a conveniencia.  Van permeando la vida política e institucional del país y se infiltran en todos los estratos sociales.
Nuestras colonias y barrios se convierten en campos de batalla donde hay una “guerra sin cuartel contra los jóvenes”: el gobierno y la sociedad que los margina y excluye de todo tipo de trabajo y educación; o, en el mejor de los casos, son “marca de país” y “producto de exportación”: jóvenes, pobres y migrantes como mercancía barata.  Los grupos delincuenciales hacen que la vida y convivencia en las periferias sea un infierno y pesadilla para los pobres pues aparte de tener que sobrevivir en un sistema social que no cuenta para nada con ellos, se convierten en “enemigos y no aliados estratégicos”.

En definitiva, si de verdad JOH quiere resolver el problema de la violencia, la seguridad y la paz social, debe ir a los problemas y sus causas.  Iniciar un diálogo y pacto social con los actores sociales implicados y, no tanto con las cúpulas políticas o económicas centradas en etnocentrismo de clase.

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“Ley picapiedra” obliga a reos a trabajar 1,200 horas al año

20 de Marzo de 2015

01:18AM  –  Héctor Cálix  

El Estado gasta 162 millones de lempiras al año en la manutención de los privados de libertad, que tienen una vida parasitaria en las prisiones. Se instituye un Programa Obligatorio de Trabajo.

Los privados de libertad serán obligados a realizar trabajos para su manutención y así erradicar el ocio en las prisiones.
Los privados de libertad serán obligados a realizar trabajos para su manutención y así erradicar el ocio en las prisiones.

TEGUCIGALPA, Honduras

Los privados de libertad deberán cumplir 1,200 horas al año de trabajo obligatorio, según la ley enviada al Congreso Nacional por el presidente Juan Orlando Hernández y que ya es conocida como “ley picapiedra”.

La ley fue bautizada así luego que el presidente Hernández ejemplificara que los jefes de presidios deben poner a los reos “a picar piedra” para que no sigas de ociosos.

El proyecto ingresó al pleno legislativo esta semana con el nombre de Ley del Trabajo Obligatorio para Personas Privadas de Libertad, que consta de 16 artículos, dentro de los cuales se reforman disposiciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

Justificaciones

El presidente Hernández señala en la exposición de motivos que debido al ocio y a la falta de actividad en los centros penitenciarios, los reclusos dedican este tiempo a planificar actividades delictivas.

Esta situación está generalizada en todos los centros penales, convirtiendo a dichos establecimientos en auténticas escuelas del crimen, perdiéndose con ello una de las finalidades de las penas de prisión como es la rehabilitación.

El gobernante plantea que esta ley vendrá a solucionar problemas de hacinamiento y de ocio en las prisiones, la violencia interna y, sobre todo, a descargar costos para la manutención de los reos.

Actualmente, en el sistema penitenciario hay más de 15,000 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres.

El Estado gasta aproximadamente 450,000 lempiras diarios en la alimentación de estos recluidos. Al mes, esa cifra es de 13.5 millones de lempiras, lo que suma al año la cantidad de 162 millones de lempiras.

La finalidad

La Ley tiene como finalidad regular el trabajo obligatorio que deben realizar los privados de libertad como parte de los procesos de rehabilitación, readaptación social, terapia ocupacional, superar el ocio y compensar la inversión de la sociedad en su manutención.

La Ley crea un Régimen de Trabajo Obligatorio en todos los establecimientos penitenciarios con una duración de 1,200 horas anuales como mínimo por cada privado de libertad.

Igualmente, se crea una Unidad Ejecutora del Trabajo Obligatorio para cada uno de los establecimientos penitenciarios, la que debe mantener un registro permanente de las horas de trabajo de cada privado de libertad, debiendo convalidarse anualmente con el Juez de Ejecución, agregando la constancia respectiva en el expediente judicial.

El programa

Según la Ley, el INP deberá suscribir los acuerdos y convenios de colaboración o cooperación entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, patronatos o grupos de apoyo a la población privada de libertad, nacionales o extranjeras.

Así también ejecutar anualmente al menos un programa de trabajo obligatorio por cada centro penal, el que consistirá en proyectos de reforestación, fabricación de pupitres, pizarras educativas, reciclaje de material orgánico e inorgánico.

Incluye trabajo en actividades de construcción y reconstrucción de la infraestructura vial, física y arquitectónica del Estado, preparación de materia prima necesaria para estos fines, tales como fabricación de bloques, ladrillos, picar piedra, hacer zanjas, movimiento de arena y cualquier otra materia prima para la construcción y las demás que le confieran las leyes y reglamentos.

La vigilancia y control de la ejecución de las penas, medidas de Seguridad y cumplimiento de las 1,200 horas anuales de trabajo obligatorio está a cargo del Juez de Ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Penal y demás leyes aplicables.

Sanciones

Si el privado de libertad incumple intencionalmente con el trabajo al que estuviese obligado, se le aplicará lo prescrito en el régimen disciplinario de cada centro penitenciario, cita la ley a la que tuvo acceso EL HERALDO.

Se exceptúan de la obligatoriedad del trabajo los privados de libertad con enfermedades terminales, discapacitados y adultos mayores.

Incentivos

Por otra parte, el diputado nacionalista Renán Inestroza ha presentado un proyecto de ley orientado a que el privado de libertad que complete sus estudios primarios o secundarios en los centros penales obtendrá como incentivo la reducción de la pena. La anterior es una propuesta de reforma al Código Penal como una medida para erradicar el ocio que prima en los centros de reclusión.

Inestroza considera que la rehabilitación e inserción de los privados de libertad es un proceso casi fallido en Honduras.

Las condiciones económicas del país no han permitido la implementación de una política pública que dé respuesta a esa debilidad del sistema penitenciario, acotó el congresista.

Agregó que la formación académica se brinda solo en los establecimientos penitenciarios que tienen la capacidad de proveerlo, sin embargo, la educación de personas adultas en las cárceles debe ir más allá de una simple capacitación; debe convertirse en requisito para solicitar beneficios como la reducción de la pena, pues la intención es que esta formación académica sea el medio para que el privado de libertad obtenga un trabajo o se gane la vida en forma independiente y que no delinca más.

Ambos proyectos fueron turnados a la Comisión de Seguridad que preside el diputado Tomás Zambrano.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/823986-331/ley-picapiedra-obliga-a-reos-a-trabajar-1200-horas-al-a%C3%B1o

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JOH asegura que reos no vivirán como reyes

Miércoles, 18 Marzo 2015 20:45

El presidente Hernández manifestó que lo correcto es que los reos trabajen porque el ocio los anima a seguir delinquiendo. El presidente Hernández manifestó que lo correcto es que los reos trabajen porque el ocio los anima a seguir delinquiendo.

TEGUCIGALPA- El proyecto de poner trabajo forzado a los reos no se detendrá porque no es posible que los que cometen delitos pasen como reyes en sus celdas con aire acondicionados, televisores plasmas y hasta loros, dijo ayer el presidente Juan Orlando Hernández.

El mandatario aseguró que hay voces en contra de que se ponga a trabajar a los internos de los presidios, pero él mantiene su posición porque está convencido de que el trabajo es la mejor forma de rehabilitar.

“Cómo es posible que alguien que está privado de libertad tenga un celular, tenga un plasma, una lora, un perro, música y armas. Cómo se puede justificar eso”, preguntó el mandatario.
“Esta no es Suecia, el que está privado de libertad tiene que trabajar para pagarle al Estado lo que estamos invirtiendo, y más importante aún, que esté ocupado para que no esté pensando en cómo delinquir desde la cárcel”, sentenció Hernández.

Maras
El presidente pidió a los diputados agilidad en la aprobación de las reformas para castigar a los mareros y a sus colaboradores.

Fuente: http://www.tiempo.hn/nacion/item/23886-joh-asegura-que-reos-no-viviran-como-reyes

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Privados de libertar tendrían que trabajar durante condena penitenciaria

carcel-pn

El Presidente Hernandez anunció la emisión de una resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, cuyo objetivo es lograr mejores resultados en los procesos judiciales y así de esta manera mejorar el sistema penitenciario del país.

“Es necesario hacer estas reformas al sistema penitenciario, por ejemplo con el tema de la separación de los criminales de mayor peligrosidad, algo que no se tiene en el actual sistema porque ahora tenemos uno como el de los países que no tienen altos índices de violencia y que están a punto de cerrar sus cárceles por falta de población”, dijo el gobernante.

Los artículos a reformar tienen que ver con la segregación de la población carcelaria por su peligrosidad, así como la realización de trabajos por parte de algunos presidiarios.

“La realidad es muy distinta a lo que estamos viviendo o a lo que ha estado viviendo el país en los últimos ocho o nueve años”, refirió el mandatario sobre las reformas que se pretenden de artículos sobre algunos temas importantes relacionados con el sistema penitenciario del país.

Fuente: http://lanoticia.hn/nacionales/privados-de-libertar-tendrian-que-trabajar-durante-condena-penitenciaria/

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Casa Alianza: Gobierno hondureño fracasó en el manejo del sistema penitenciario

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El gobierno ha recurrido a la militarización de los centros penitenciarios del país, como respuesta a los altos niveles de corrupción e inseguridad que experimentan, lo que representa una abierta violación a las leyes nacionales y a los tratados internacionales, denunció la organización defensora de los derechos de la niñez, Casa Alianza.
En un comunicado público Casa Alianza lamentó que “la violación de derechos humanos es una constante para los privados de libertad en todas las cárceles del país”. Y que “la violencia estructural ejercida por el sistema en contra de la población hondureña y la ausencia de políticas de prevención del delito, han provocado que las cárceles de Honduras se encuentran desbordadas en su capacidad, generando condiciones inhumanas para los privados de libertad”.
En los últimos años, al menos tres incendios de grandes proporciones se han registrado en los centros penitenciarios, en 5 de abril de 2003, el incendio en la Granja Penal de El Porvenir en La Ceiba, con un saldo de 69 privados de libertad muertos quemados, en el  gobierno de Ricardo Maduro (Partido Nacional, nacionalista), el 17 de mayo de 2004 un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula, el dejó un saldo de 107 privados de libertad muertos quemados, en el gobierno de Ricardo Maduro (nacionalista) y el 13 de febrero de 2012 otro en el Centro Penal de Comayagua,  con un saldo de  377 privados de libertad muertos quemados, en el período de gobierno Porfirio Lobo Sosa (nacionalista).
Este año, durante al actual gobierno de Juan Orlando Henández (nacionalista) también el centro psicopedagógico “Renaciendo” para menores privados de libertad, que dejó  dos muertos y cuatro heridos adolescentes internos privados en libertad;  el último  amotinamiento del  Centro Penal de San Pedro Sula, el 11 de marzo, en donde haciendo uso excesivo de la fuerza intervino la Policial  Militar del Orden Público (PMOP), la Policía Nacional y el Ejército, con un saldo de 5 muertes y más de 40 heridos entre los privados de libertad.
Para la organización es urgente “proceder de inmediato a la desmilitarización del sistema carcelario del país, debido a que solo ha generado mayores niveles de violación a los derechos humanos y corrupción al interior de los centros penales, la reconversión inmediata de sistema penitenciario nacional desde el enfoque de justicia restaurativa; que los centros de detención sean  modelos de rehabilitación para la reinserción de los privados de libertad a la sociedad y que el gobierno de Honduras cumpla con el mandato constitucional de garantizar la vida y la protección de todos los hondureños”.
Finalmente, llamaron a la comunidad nacional e internacional permanecer vigilante y exigir al gobierno el cumplimiento de los derechos humanos de los privados de libertad.

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JOH anuncia reformas al sistema carcelario

15 de Marzo de 2015

11:20PM  –   Redacción  

Además pedirá reformas de la Ley Antimaras. Operadoras y gobierno dicen que cumplen con ley que prohíbe señal de móviles en penales, pero se siguen usando teléfonos para delitos.

Por señal móvil o Internet persisten las llamadas desde centros penales.
Por señal móvil o Internet persisten las llamadas desde centros penales.

TEGUCIGALPA, Honduras

Reformas al sistema carcelario del país y a la Ley Antimaras fueron anunciadas ayer por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

A través de su cuenta oficial en Twitter @JuanOrlandoH el mandatario reconoció la debilidad del sistema carcelario y los pocos resultados en la aplicación de la Ley Antimaras.

“Analizando primer año de Operación Morazán con CNDS-FUSINA (Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional) concluimos: aplicación del artículo 332 Código Penal (Ley Antimaras) no responde a realidad”, dice en un de sus tuits.

“Igualmente concluimos, sistema carcelario no responde a la realidad que vive el país. En ambos casos pediremos al CN reformas sustanciales”, anunció el mandatario.

Además Hernández aseguró que el trabajo por buscar la paz de los hondureños continuará, pese a las presiones de los grupos criminales.

“Después del primer año de Operación Morazán que ejecuta FUSINA (coordinación de los operadores de justicia): avanzamos pero aún falta mucho”, dice.

“Seguimos con toda determinación a pesar que grupos criminales y sus afines quieren detener las fuerzas del estado con campañas y amenazas”.

“Seguimos desarticulando bandas, capturando delincuentes. Seguiremos de frente luchando por la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño”, asegura.

Cárceles

Y es que los reos de las 24 cárceles del país siguen gozando de acceso a teléfonos y señal para tener comunicación con el exterior, mientras operadores y gobierno aseguran cumplir con la normativa que restringe el servicio móvil en las cárceles.

Una muestra de ello son los 34 celulares y las dos computadoras que fueron decomisadas el pasado miércoles en el Centro Penal Sampedrano, el mismo día en que un grupo de reos protagonizó una revuelta en protesta por su traslado.

De esa forma, los penales se mantienen como “centro de operaciones” del crimen organizado para comisión de delitos de extorsión, planificación de tráfico de droga u ordenar muertes por encargo.

Las compañías de servicio celular han sido objeto de críticas porque presuntamente todavía tienen enormes retos para la anulación total de la señal de móviles en las cárceles, como lo ordena la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales en Centros Penales a Nivel Nacional.

La norma entró en vigencia el 31 de enero de 2014, bajo el decreto 255-2013, y solo contemplaba su aplicación para las 24 cárceles de adultos, pero luego a la misma se le aplicó una reforma, mediante decreto 13-2014, para que también fuera extensiva para los centros de internamiento de menores.

El incumplimiento de esta medida conlleva una multa de 20 millones de lempiras cuando se realiza una violación por primera vez y la suspensión de la concesión en caso de reincidencia.

En Honduras existen tres compañías de servicio de telefonía celular: dos privadas, que controlan el mercado, y una estatal, Hondutel, que tiene una incipiente presencia en el rubro. Los operadores, en aplicación de esta ley, instalaron bloqueadores que hacen que baje la intensidad de la señal que emitan las antenas de transmisión y así no puedan funcionar los celulares.

Pero el incumplimiento de esta ley es tal que, incluso, algunos reos llaman a programas de televisión cuando quieren denunciar supuestos malos tratos en los penales.

“Aduanas”

En los centros penales se han creado “aduanas” para que los reos llamen por móvil, es decir zonas en donde existe señal de celular para que cuando un privado de libertad quiere pasar por el lugar para usar su móvil debe pagar un “impuesto”.

Quienes dirigen este comercio ilegal amenazan a reclusos para que los dejen operar libremente o existe contubernio.

Centenares de personas han denunciado que reciben llamadas desde penales para ser extorsionados o simplemente para exigirles que les manden recargas para los celulares.

Internet

La ley no solo restringe la emisión de señal de telefonía móvil en los presidios sino que de otro tipo de servicio de comunicación personal, por lo que también están vetadas las otras formas de mensajes por medio de aplicaciones de los teléfonos inteligentes y que funcionan a través del servicio de Internet.

Se estima que en Honduras existen unos 600 proveedores de Internet.

Diputados del Congreso Nacional anunciaron que se discutirá una reforma a la Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular y Comunicaciones Personales en Centros Penales para que quede tácitamente prohibida la señal de Internet en centros penales.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/822639-331/joh-anuncia-reformas-al-sistema-carcelario

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Presidente de Honduras dice que “hay que aplicar orden en cárceles”

“No podemos seguir con cárceles que en vez de que la gente enmiende su conducta, de allí salen la mayoría más especialistas en cometer crímenes, desde allí se ordenan ejecutorias de vidas de personas, extorsiones y ayer que queríamos hacer esa desmovilización, vienen y dicen no y reciben a puro plomo a la autoridad”, cuestionó.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. “Este es un país de leyes y hay que aplicar el orden en las cárceles”, dijo este jueves el presidente de Honduras, Juan Hernández, con relación a los incidentes suscitados ayer en los centros penales de San Pedro Sula y Tegucigalpa en protesta por trasladar al reclusorio de Támara, Francisco Morazán, a 53 líderes de bandas criminales que operan en el país.

“No podemos seguir con cárceles que en vez de que la gente enmiende su conducta, de allí salen la mayoría más especialistas en cometer crímenes, desde allí se ordenan ejecutorias de vidas de personas, extorsiones y ayer que queríamos hacer esa desmovilización, vienen y dicen no y reciben a puro plomo a la autoridad”, cuestionó.

El titular del Ejecutivo insistió que lo único que le queda al Estado es aplicar la ley, porque este es un país de orden.

“Nadie quiere que se pierdan vidas, pero qué les puedo pedir yo a los miembros de la Policía Militar que cuando fueron a esa misión los recibieron con plomo”, se preguntó, para seguidamente señalar: “Yo no les puedo decir que se pongan con los brazos cruzados, tienen que poner orden”.

Hernández anunció que de ahora en adelante las cárceles de Honduras tienen que servir para que “aquel que ya no tiene compostura, esté allí guardadito y que no le haga daño a nadie, porque es para cuidar al resto de los hondureños y aquel que cometió un delito de no muy alto impacto le vamos a ponerle un taller, una piocha y una pala para que trabaje y se recupere y vuelva a ser productivo en la sociedad”.

Insistió que se necesita separar a estos dos grupos de personas, pues –considera- que hay varios donde ellos deciden que van a hacer, allí abusan también de los otros reos y eso no puede seguir.

“Parte de recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras está en recuperar de parte del Estado la autoridad en cada uno de los centros penales”, acotó.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/presidente-de-honduras-dice-que-%E2%80%9Chay-que-aplicar-orden-en-c%C3%A1rceles%E2%80%9D

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Mientras crece ola de violencia, gobierno sigue sin controlar crisis penitenciaria

Mar 13, 2015

La crisis penitenciaria que vive el país es un problema de nunca acabar. El hacinamiento, el poder de los presos en las cárceles, la corrupción policial, la venta de droga, las órdenes de extorsión y de asesinatos desde los centros penales han convertido en un verdadero infierno los presidios hondureños.

La lucha de poderes a lo interno de las cárceles ha dejado muchos episodios sangrientos en los últimos años, el más reciente se dio el pasado miércoles donde un enfrentamiento entre policías e internos dejó como saldo a tres personas muertas y 36 heridas.

Todo se originó por la orden de traslado de 28 internos a un centro penal de mayor seguridad, los presos pertenecían a los grupos más temibles del centro sampedrano: “Paisas”, “Mara Salvatrucha” y “Barrio 18”.

La oposición de los “Paisas” al traslado produjo un enfrentamiento a balazos entre privados de libertad y policías, el fuego cruzado duró varias horas y evidenció el poder que tienen los presos para ingresar armas a las celdas.

Los familiares de los internos vivieron un completo calvario al escuchar los impactos de bala y recordar que sus seres queridos se encontraban adentro. El grito de “déjenlos en paz” fue muy común entre mujeres, hombres y niños en los alrededores del presidio.

Al final la estadística mostró la vulnerabilidad de este centro penal. Las autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) expresadas en su vocero José Coello, afirmaron que producto del operativo además de los muertos y heridos encontraron armas de fuego de grueso calibre, chalecos antibalas, dinero, droga, computadoras y celulares.

Al consultarle a Coello sobre cómo ingresó todo ese material al centro penal, dijo que las investigaciones se fortalecerán y que las autoridades del presidio tendrán que emitir un informe para conocer las verdaderas causas.

La crisis penitenciaria y la respuesta gubernamental

Incendios, peleas, hacinamiento, complicidad policial, caracterizan a las cárceles del país, según datos de las autoridades policiales, en los últimos cinco años se han registrado casi 500 muertes violentas producto de estos escenarios.

Los centros penales de San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa y Comayagua son los que más presentan incidentes violentos, el problema es el mismo desde hace muchos años y el gobierno no ha podido hacer nada para cambiar el contexto.

Como parte del proceso de transición las autoridades gubernamentales iniciaron la construcción de varios presidios de máxima seguridad en la zona norte y centro, donde trasladarían a los privados de libertad hacinados, además implementaron un proceso de militarización en cada centro, donde ahora la Policía Militar es la que maneja el sistema carcelario hondureño.

Lea también: Militares manejando centros penales alejan posibilidad de respeto a los derechos humanos

A pesar de eso el ingreso de drogas, armas, celulares, computadoras, dinero y materiales de contrabando no se ha controlado, prueba de ello fue lo encontrado en el operativo desarrollado el pasado miércoles en la capital industrial.

Las fugas de internos, la lucha de poder de grupos delincuenciales, muestra la falta de una política de rehabilitación que se implemente desde el Estado.

Sobre el tema el Presidente de la República Juan Orlando Hernández, dijo que están trabajando para fortalecer los programas de rehabilitación y para evitar que los presos mantengan ocio dentro de los presidios.

Asimismo anunció que buscarán aplicar jornadas como talleres, formaciones y en el caso más drástico poner a los internos a picar piedras.

“Estamos trabajando para alcanzar el control de las cárceles, es un trabajo que va paso a paso pero estamos a punto de lograrlo”, enfatizó el gobernante.

Hernández destacó el trabajo de los organismos policiales y militares en torno a los operativos y traslados de presos a presidios de máxima seguridad. La caracterización del Presidente se da en el marco de una aguda crisis penitenciaria que por los hechos recientes se ve lejos de solucionar.

Para el abogado Fernando Morazán del Comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, CONAPREV, el problema radica en el olvido en que se encuentran las cárceles de Honduras.

Morazán aseguró que en Honduras existe una sobrepoblación penitenciaria que supera las 14 mil personas, cuando los centros penales del país únicamente tienen capacidad para albergar 8 mil internos.

Además afirmó que la situación se agrava cuando los internos son quienes dominan cada cárcel del país.

“Prueba de estos autogobiernos, es la posesión de drogas, armas, aparatos tecnológicos entre otros privilegios que mantienen en las celdas los privados de libertad”, enfatizó Morazán.

Lea también: Urge atender hacinamiento en centros penales para prevenir violencia

En ese sentido el comisionado de CONAPREV recomendó otro tipo de medidas de seguridad para evitar el ingreso de armas y drogas a los presidios, además añadió que las autoridades deben implementar otros mecanismos minuciosos para evitar que esto suceda.

Por otra parte el Obispo Auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula, Romulo Emiliani, hizo un llamado al gobierno, para que de una vez por todas pongan un alto a lo que sucede en los presidios y que apoye la construcción de otros centros donde puedan ser trasladados los internos.

Emiliani dijo que esto no puede continuar y que el gobierno debe tomar su papel de responsabilidad y contribuir para rehabilitar a los presos y mejorar las condiciones de los penales.

Por ahora ni la militarización de los centros penales, ni los programas de rehabilitación del gobierno han solucionado la crisis histórica de los centros penales hondureños, situación que se agrava día a día.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1924-mientras-crece-ola-de-violencia-gobierno-sigue-sin-controlar-crisis-penitenciaria

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Centros penales: la “Cenicienta” del sistema de justicia

Abr 13, 2012

Las  condiciones  de  hacinamiento y  falta de los servicios básicos en los  centros  penales  de  Honduras y  Centro América representan una constante violación a los derechos fundamentales de los privados y privadas de libertad constituyendo una especie de tortura, asegura Roy Murillo, especialista en el tema.

Y   es  que el  sistema  penitenciario de Honduras apunta hacia las personas  empobrecidas,  víctimas  de un sistema de  justicia inoperante, representando una verdadera “cenicienta” como lo plantea el abogado penalista hondureño, Celso Alvarado.

 

 

 

 

“El encierro es un castigo por un hecho sancionado como delito pero tiene una finalidad rehabilitadora, sin embargo si hay encierro sin condiciones mínimas, las cárceles terminan siendo escuelas del crimen”, Roy Murillo, consultor internacional de asuntos penitenciarios de Costa Rica.

Subcultura de corrupción

“Todavía me tiemblan los pies, estoy asustado” decía un interno del Penal  de San Pedro Sula  mientras el coordinador de los reclusos aseguraba frente a monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de San Pedro Sula que la tiranía se había acabado en este centro, tras dos semanas de ocurrido un motín en el que murieron 13 privados de libertad.joaqu

Aunque todo parezca normal en esta penitenciaría, el olor a marihuana aún se siente en los pasillos y las condiciones en las que viven los privados y priva- das de libertad reflejan una subcultura donde impera la desigualdad, la ilegalidad y la corrupción.

Dentro de cada centro penal se da una subcultura, según Alvarado, una pequeña jurisdicción con población, autoridades, pequeñas comunidades donde la corrupción ha ido creciendo.

“Se sabe que hay negocios dentro del centro penal donde venden dro- gas, hay tráfico de armas, todo esto tolerado por las autoridades que en teoría deben ser la salvaguardia de que esto no suceda.” afirmó  Alvarado.

Don  Jesús  es  el  interno  con más edad en el centro penal de Pedro Sula,  tiene  85 años, de los cuales 14 ha estado preso. Él asegura que los incidentes en los que pierden la vida los internos suceden por la contaminación que la droga ha generado en este centro.

“Todo eso es motivo de las drogas, las cosas deben mejorar porque la droga es la que mata aquí, uno hasta peligra que lo segueteen.  Aquí adentro hay y venden  drogas, y eso es malo. Cuando el motín, miré que la cosa se puso fea, me encendieron un tele para que estuviera tranquilo pero el tiroteo era bárbaro, estaba asustado,  aquí  ya  no se  controla esto” relata don Jesús quien vive en una bartolina con otros 17 privados de libertad de la tercera edad.

No se ven mejoras

Para el  coordinador  del  área  de Derechos Humanos  del Equipo de Reflexión, Investigación y  Comunicación, ERIC-SJ, Joaquín Mejía, el problema de las cárceles es grave y esto se ve reflejado en la violencia intercarcelaria que cada semana cobra la vida de las personas priva- das de libertad.

Los casos más graves como la masacre en La Ceiba, en el año 2003, en que murieron 69 personas, en su mayoría miembros de pandillas y maras, siguen estando bajo el oscuro velo de la injusticia. En este caso se juzgaron algunos culpables, pero según Mejía los autores intelectuales siguen libres y con poder.

Luego en 2004 el caso del incendio en el que murieron 107 privados de libertad en el Centro Penal de San Pedro Sula    fue  llevado  hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  CorteIDH   en  busca de justicia  internacional porque el  Estado respondía con impunidad.

Para Isis  Perdomo de la  Pastoral Penitenciaria  de  San  Pedro Sula, quienes apoyaron el proceso de denuncia ante la CorteIDH, estar en el centro penal es difícil, donde se le violan los derechos a los internos y el mismo Estado es el que crea esa situación.

“Cáritas  de la  Iglesia  Católica  ha asumido compromisos para que las estructuras cambien, no solo las físicas sino las mentales porque buscamos que hayan condiciones en las que el privado de libertad se vea como sujeto de derecho. Si  usted revisa los nombres de los internos no hay apellidos de la alta sociedad, solo  personas  pobres,  la  mayoría de escasos  recursos económicos” afirmó Perdomo.

Y los últimos hechos que están lejos de esclarecerse, la muerte de 361 privados de libertad en un incendio en la Granja Penal de Comayagua y el motín en el Penal de San Pedro Sula en el que murieron 13 internos.

Para el abogado penalista, Celso Alvarado, la tendencia que ha seguido no solo con las masacres sino con hechos aislados, es atribuida a un patrón sistemático  de permitir estos hechos.

“Por  ejemplo la  teoría  del  cigarrillo en Comayagua o del cableado en San Pedro Sula, nos da idea que desde  ese momento no existe, por parte del Estado, interés alguno de investigar quiénes fueron los culpables y eso crea todo un velo de impunidad por no juzgar a los responsables.

Mora judicial

El error de la mora judicial trató de corregirse con el nuevo código procesal penal, según Alvarado pero hasta ahora no se ven mejoras,  el 70% de los  privados  de libertad está sin condena.

Según el Sistema Interamericano al que Honduras pertenece, cuando una persona tiene ya dos años en prisión preventiva, y el ente investigador y el ente juzgador han sido incapaces de probar la culpabilidad y de llegar a una sentencia, lo que procede es insertar a esta persona en un proceso de reincorporación a la sociedad dejando abierta la posibilidad que estos entes puedan hacerse de mayores elementos que lleguen a sentencia.

“Muchos de esos casos existen, gente que tiene más de dos años de estar con esa pena anticipada, allí podemos ver la falla del sistema de justicia en los jueces de ejecución,” adujo Alvarado.

Ley Penitenciaria

Esta semana se aprobó en primer debate la Ley Penitenciaria que en primera instancia crearía un Instituto Penitenciario que se haría cargo de los centros penales en el país. Para Alvarado, lo que se pretende con este ente, es tratar de crear una instancia ajena a los vicios del pasado, que permita la independencia y la no injerencia de otro tipo de autoridades y que se encargue de impulsar mejoras, pero que lastimosamente como muchas leyes en Honduras puede quedar solo en papel.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1923-centros-penales-la-%E2%80%9Ccenicienta%E2%80%9D-del-sistema-de-justicia

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