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Periodistas de Tegucigalpa conocen impacto de la “Ley de Secretos”

Noviembre 10 del 2015

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de 30 periodistas de diversos medios de comunicación con sede en la capital de Honduras participaron  en el conversatorio “Impacto de la  Ley de Secretos en la prensa hondureña”, desarrollado este martes por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), gracias al auspicio de Diakonía.
El encuentro sirvió para discutir sobre los estragos que esta normativa con amplias atribuciones, produciría en el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y las contradicciones legales implícitas.
“En un principio podríamos pensar que la Ley solo se destina a las cosas relacionadas con seguridad y defensa, pero la Resolución 169, amplía los procesos de secretividad a otras instituciones estatales no relacionadas con seguridad o defensa, es asó que se clasifica de manera antojadiza la secretividad de la información pública en: reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto, limitando desde cualquier ángulo el derecho al acceso a la información pública y a la publicación de la misma”, indicó Edy Tábora, Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Para Sandra Maribel Sánchez, periodista de Radio Progreso, la normativa “cercena las posibilidades de la población hondureña de estar informada sobre el quehacer de los y las funcionarias públicas, el uso de los fondos estatales entre otros, es por tal razón que junto a la Ley que permite las intervenciones telefónicas y otras disposiciones legales se pone en alto riesgo el ejercicio del periodismo en Honduras”.
Alianzas para exigir la nulidad
De igual forma, para los profesionales de la comunicación es urgente que se establezcan alianzas entre diferentes sectores para hacerle frente a la opacidad con la que se pudieran  actuar los funcionarios amparados en la Ley de Clasificación de Documentos Oficiales Relacionados con Defensa y Seguridad, más conocida como la “Ley de Secretos”.
“Debe unirse para pedir la nulidad de la ley, que atenta contra el Estado de Derecho, porque es  una ley de secretividad, sin regulación precisa”, comentaron.
Según el análisis presentado por los abogados, Edy Tábora y Mario Rojas, la ley podría permitir  abusos y generar mayor discrecionalidad en el uso de los fondos públicos del Estado provenientes de los impuestos que paga sobre todo la clase media.
Los abogados refutaron  que la clasificación de la información esté en manos del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE), integrado por el presidente de la República, presidente del Poder Judicial, presidente del Poder Legislativo, Ministerio Público y por las secretarías de Estado en los  despachos de Seguridad y Defensa, pues estos funcionarios son parte involucrada en la toma de las decisiones fundamentales e interesados en esconder la información.
Tábora y Rojas, también cuestionaron el paralelismo del Estado de Honduras, ya que por un lado aprueba una ley de secretos y por el otro firma un convenio con Transparencia Internacional.
Por su parte la defensora de derechos Humanos, Reina Rivera, apuntó que la Ley de Secretos Oficiales, forma parte del conjunto de normas que aprobó el presidente Juan Hernández, cuando fungía como titular del Congreso Nacional,  con el propósito de  recibir el poder absoluto del país.
De acuerdo con la defensora de derechos humanos, Reina Rivera, esta ley le permite al gobierno de Juan Orlando Hernández “tener plenos poderes sobre toda la información que el Estado es capaz de producir.
La “Ley de Secretos”
El 13 de enero de 2014 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública. Esta legislación, imprecisa, discrecional y votada apresuradamente, constituye una nueva derrota para la libertad de información en uno de los países más peligrosos del continente para los actores de la información. Reporteros sin Fronteras espera que se presente un recurso por anticonstitucionalidad que invalide una ley que convierte a la información pública en un verdadero coto privado.
Presentada en el Congreso por el diputado del Partido Nacional (derecha conservadora), Rodolfo Zelaya, y adoptada rápidamente casi sin debate, la legislación dispone: “Reservado, es toda aquella información, documentación, o material, referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir efectos institucionales no deseados, si estuviera públicamente disponible, en contra del efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del normal funcionamiento de las instituciones del sector público. Esta clasificación es facultad propia del titular de cada ente del Estado”.
La información clasificada como “reservada” no podrá publicarse durante un periodo de cinco años. Esta definición la decidirán unilateralmente los jefes de instituciones centralizadas o descentralizadas, quienes también tendrán la facultad de declarar la información “confidencial” –que no podrá hacerse pública durante diez años– en caso de que consideren que pueda “originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad y la defensa del orden público”.
Existe una tercera categoría: la de información “secreta”. Es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad quien podrá declararla de esta manera, e impedirá su publicación por un periodo de quince años, en caso de que considere que hay “amenaza directa contra el orden constitucional”. Finalmente, existe la clasificación de “ultrasecreta”. Corresponde al presidente de la República decretarlo sobre la información “que al ser de uso público cause peligro contra la seguridad, defensa nacional, soberanía e integridad territorial”. Esta información no podrá divulgarse durante 25 años.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/periodistas-de-tegucigalpa-conocen-impacto-de-la-%E2%80%9Cley-de-secretos%E2%80%9D

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Líder de Indignados bajo detención ilegal por la Policía de Honduras

Escrito por Redacción | Noviembre 5 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Uno de los líderes del movimiento de los Indignados en Honduras, Miguel Briceño, fue detenido desde las 11:00 de la mañana de este miércoles, bajo un procedimiento viciado, ejecutado por la Policía Nacional, a inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) durante una protesta estudiantil.

A Briceño lo investigaban desde las 11:00 de la mañana hasta eso de las 6:00 de la tarde por el supuesto delito de daños y lesiones en contra de un policía, pero él no supo cuál era su imputación hasta eso de las 3:00 de la tarde. En un vídeo captado por Briceño se puede ver que al momento de su detención grababa como la Policía Nacional tiraba gas lacrimógeno contra estudiantes universitarios. En ese instante, lo retuvieron.
Mentiras oficiales
Briceño fue llevado a la estación policial de la colonia Kennedy o Unidad Metropolitana de Prevención No. 4; mientras tanto, el portavoz de la Policía Nacional, subcomisionado Leonel Sauceda, comparecía por el Canal HCH y se disculpó por la agresión policial contra el camarógrafo, Carlos Martínez, de esta radiodifusora que sufrió daños por el gas lacrimógeno y afirmó, ante la opinión pública, que no había detenidos.
Briceño fue aprehendido mientras apoyaba la protesta estudiantil, lo apresaron sin que se le leyera un acta de derechos, tampoco se le informó el porqué de su detención. Fue hasta que llegaron los defensores de derechos humanos a la estación policial de la colonia Kennedy y le consultaron si le habían leído sus derechos que los policías ejecutaron el procedimiento.
El acta de derecho no se leyó de manera corrida porque el policía de apellido Calderón hablaba por un radio y daba instrucciones mientras hacía este procedimiento, según constató C-Libre en el lugar de los hechos y de acuerdo con una grabación obtenida por el Comité por la Libre Expresión.
A eso de la 1:55 de la tarde, la Policía Nacional trasladó a Briceño hacia el Core 7 o Estación Metropolitana Número 1 en el centro de la ciudad para remitirlo a la Fiscalía de turno.
El personal de C-Libre iba detrás del vehículo policial y cuando se solicitó ingresar para constatar la situación de Briceño, los agentes de la guardia informaron que no había detenido ningún Miguel Briceño.
Edy Tabora, director de C-Libre, denunció ante la Fiscalía que les negaban el ingreso de Briceño a la posta policial.
“Es más, dijo Tabora, ni siquiera registraron su ingreso a la estación policial y con esto están cometiendo un delito, pues la ley establece que se debe registrar los nombres de las personas y las condiciones físicas en que ingresan el o los detenidos y además consignar el hecho que se le imputa y así mismo poner de inmediato en conocimiento al abogado que lo va a representar”.
Tábora agregó que la detención es ilegal y violatoria de todos los derechos que establece que cuando una persona es detenida, tiene derecho a que su abogado lo acompañe en todo los momentos del proceso de captura y traslado a las instalaciones policiales, pero eso no ocurrió.
Asimismo, C-Libre promovió un recurso de Habeas Corpus a favor de Briceño por detención ilegal y se solicitó que se presente al Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa y se restituya su libertad inmediatamente.
Briceño fue detenido unas horas antes de una la denominada Jornada Nacional de Protesta 4/11, convocada por Movimientos de Resistencia e Indignación Popular, para este 4 de noviembre para exigir una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y demandar entre otras cosas que “el respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, el derecho a la libre emisión del pensamiento de las y los periodistas y medios que han sacado a la luz pública todos los escándalos de corrupción que vinculan al gobierno no solo con actos de corrupción sino con el lavado de activos y la narco-política. Contrario a lo que hacen los medios tarifados, cuya labor es esconder los crímenes de sus amos y caudillos de la comunicación”, dice parte del comunicado.

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/l%C3%ADder-de-indignados-bajo-detenci%C3%B3n-ilegal-por-la-polic%C3%ADa-de-honduras

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Periodista agredido por Policía Nacional en cobertura de suceso

Escrito por Redacción | Noviembre 5 del 2015

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-El corresponsal del periódico Criterio.hn, Jorge Burgos, fue agredido por la Policía Nacional cuando realizaba la cobertura informativa de una escena del crimen en Tegucigalpa.

Burgos contó que la tarde del jueves 29 de octubre, a eso de las 2 de la tarde, supuestamente había tres cuerpos desmembrados, dentro de varias bolsas negras, a la orilla del río San José, en la colonia Los Llanos de la capital.
“Cuando vi la noticia…me bajé (del vehículo), saqué mi teléfono comencé a hacer fotos de las bolsas y del grupo de policías y ya me acerqué y la gente me dijo, mire parece que son tres cuerpos de tres personas que están ahí. Entonces me acerqué más para hacer fotos de las bolsas cuando de repente salió un oficial de la Policía y me dice, caballero usted no puede tomar fotos, entonces le dije, soy periodista. Si usted no anda identificado, por favor, retírese, me dice”.
“Le dije, señor soy periodista y me dice, sí, pero usted no anda cámara. Le digo, señor acá ando mi equipo en este teléfono, tengo grabadora, filmadora y cámara fotográfica y, además, tengo mi carné en el carro”, relató Burgos.
 “Sapo hijo de la gran p…”
Cuando el periodista hablaba con el oficial, cuyo nombre no identificó, salió otro policía, de contextura obesa, según su relato, y lo ofendió diciéndole, ¡vaya sapo hijo de la gran puta, ándate, que te retirés de aquí! El policía se trató de sacar el arma de reglamento, denunció Burgos.
Luego, el comunicador se fue a su vehículo para sacar su identificación de periodista y el policía empezó a tomarle fotografías, describió Burgos.
C-Libre denuncia, ante la comunidad nacional e internacional, que la agresividad de la Policía Nacional y de los Militares muestra una tendencia creciente en contra de la prensa. Esta situación ocurre en un contexto de remilitarización de las tareas policiales.
En las últimas dos décadas, la Policía Nacional estaba sometida a un proceso de desmilitarización para ser convertida en un institución civil de servicio comunitario con mejor preparación científica y académica.
C-Libre registra que la mayoría de agresiones denunciadas por los periodistas, por parte de la Policía Nacional, ocurrieron durante desalojos y en la cobertura de escenas del crimen por tanto se hace un llamado a las fuerzas de seguridad para capacitar a sus miembros.
Consultado por C-Libre sobre la cantidad de agresiones policiales contra la prensa, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, subcomisionado Leonel Sauceda, expresó -tal como lo ha hecho en otras ocasiones- que hay una política institucional para facilitarle el trabajo a los medios de comunicación hondureños.
Esa es la política de la Policía Nacional, esas son las instrucciones del alto mando de la Policía Nacional y aquel que trate de obstruir, de afectar el trabajo de un comunicador social, se hace el procedimiento conforme a la ley para deducirle responsabilidad “porque nosotros estamos para contribuir con el trabajo que se realiza”.
El oficial indicó que es necesario que los periodistas llamen inmediatamente a Relaciones Públicas cuando haya algún tipo de agresión y que se haga la denuncia respectiva no sólo en C-Libre, sino en la Secretaría de Seguridad para individualizar al responsable y hacer un procedimiento.

 

Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/periodista-agredido-por-polic%C3%ADa-nacional-en-cobertura-de-suceso

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Policía captura a líder del movimiento “Honduras, indignados somos todos” –

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 5

Antes  que lo incomunicaran, Miguel Briceño, escribió en su cuenta de Facebook que un oficial de apellido Calderón decía: “a este hay que desaparecerlo”.

El dirigente del movimiento “Honduras, Indignados Somos Todos”, Miguel Briceño fue capturado en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH, en horas de la mañana mientras acompañando a los estudiantes en la toma dentro de la movilización anunciada para este 4 de noviembre.

Tras ser capturado por miembros de la policía nacional, inmediatamente fue esposado y trasladado la posta policial de la colonia Kennedy, de donde tres horas más tarde fue llevado al unidad metropolitana numero 1 ubicada en el barrio debajo de Tegucigalpa, donde será remitido al Ministerio Público.

A Briceño se le acusa de herir a dos elementos de la Policía Nacional, extremo que fue negado por el mismo acusado y por varios de los estudiantes que estaban en la toma frente a la UNAH.

Aqui Briceño dialoga con el abogado Fredin Fúnez.

El abogado Fredín Fúnez, quien estuvo apoyando legalmente al joven, dijo que la detención es ilegal porque al presentarse como procurador no le dieron información e incluso nadie le estableció el delito por el cual es acusado.

Edy Tabora, director del organismo defensor de la libertad d expresión C-Libre se apersonó a las instalaciones policiales donde mantienen a Briceño y se encontró con la versión policial que negaba que el joven estuviese ahí.

Miguel Briceño es acusado de daños a miembros de la policia nacional, segun reportó su compañero Melvin Osorto que lo acompañó en todo momento.

“Es más, dijo Tabora, ni siquiera registraron su ingreso a la estación policial y con esto están cometiendo un delito, pues la ley establece que se debe registrar los nombres de las personas y las condiciones físicas en que ingresan el o los detenidos y además consignar el hecho que se le imputa y así mismo poner de inmediato en conocimiento al abogado que lo va a representar.

Apuntó además que la detención es ilegal y violatoria de todos los derechos que establece que cuando una persona es detenida, tiene derecho a que su abogado lo acompañe en todo los momentos del proceso de captura y traslado a las instalaciones policiales.

Aqui cuando estaba detenido en la posta de la colonia Kennedy.

Tabora amplió que, “en la policía primero negaban la captura y detención de Miguel Briceño y después les dijeron que sí que ahí lo tenían en el “CORE 7” o Unidad metropolitana número

Se consultó a Tabora, sí los fiscales del centro integrado llegaron a cumplir su papel de proteger al detenido, respondió que “los fiscales ahora son uno solo con la policía y actúan de manera represiva completamente. No están para proteger los derechos de la población en general y mucho manos de una persona cuando es detenida”.

Este es el policia inflitrado a quien Miguel Briceño  y los estudiantes detuvieron

Este es un Estado represivo que tiene a los militares, policía y fiscales actuando de una misma manera represiva contra el pueblo, sentenció Tabora.

 

Origen: Policía captura a líder del movimiento “Honduras, indignados somos todos” –

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Ataques del Gobierno de Juan Orlando Hernández a Canal 36 serán llevados ante la CIDH

El Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) estará llevando en los próximos días un expediente debidamente documentado en el cual se evidencia la persecución y los ataques del Gobierno de Juan Orlando Hernández a Canal 36, en su intención de violentar la libertad de expresión.

“Estamos preparando toda la documentación en este caso para llevar todo el escenario justificado, estamos documentando bien el caso para llevarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los próximos días y una vez ahí demandarle al Estado hondureño el cese de todo este hostigamiento”, dijo Alba Molina miembro de la organización.

Escrito por en nov 2 2015

Origen: http://cholusatsur.com/noticias/ataques-del-gobierno-de-juan-orlando-hernandez-canal-36-seran-llevados-ante-la-cidh/

 

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Agentes de la Policía Militar, abusan de su poder y agreden a periodista.

Agentes de la Policía Militar, abusan de su poder y agreden a periodista.

Denuncia contra Policía Militar

Autor: Evelyn Molina//Categorias: Lo más Reciente, Noticias

4.1

La periodista y defensora de derechos humanos Wendy Fúnes, solicitó la presencia y acompañamiento del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH, en el proceso de inspección a su persona y vehículo que realizaban de forma arbitraria agentes de la Policía Militar y de Orden Público,  el pasado veinte y ocho de octubre en la carretera que conduce a Santa Lucia,  a pocos minutos de Tegucigalpa.

Durante el suceso ninguno de los agentes policiales se identificó con la periodista, ni explicó el porqué del registro a su vehículo  a su cartera y a su persona.

En el proceso la periodista Fúnes se comunicó a la oficina de CIPRODEH, con el objetivo de pedir ayuda, sucesivamente a la zona se trasladó el defensor de derechos humanos Wilfredo Méndez; entre tanto según el relato de la comunicadora, los policías militares hacían mofa de su apariencia física y hacían señalamientos sobre su posible afiliación política; “tenía miedo, estaban armados y eran varios yo estaba sola y sin posibilidad de defenderme, me tomaban fotografías y también le tomaban fotografías a mi documentación” agregó Fúnes.

La periodista expresó que su mayor temor en el momento,  la relacionaba con el hecho de sentirse intimidada y las recientes publicaciones hechas por su persona sobre información crítica en relación al funcionamiento de las Fuerzas Armadas en Honduras.

En el momento que Fúnes comunico a los agentes militares que era periodista y que había solicitado apoyo a CIPRODEH , estos bajaron su tono de voz y decidieron marcharse del lugar; “ yo esperare a que llegue el abogado Méndez porque tenemos que levantar un acta de lo sucedido” a esta manifestación según Fúnes , los agentes militares respondieron que ya se marchaban del lugar y que no tenían motivos para quedarse, suspendiendo de inmediatamente las acciones de registro en la zona.

Minutos después llego Wilfredo Méndez y levanto el acta correspondiente de lo sucedido, por ello anexamos la denuncia realizada por la periodista Wendy Fúnes de lo antes mencionado, al tiempo que destacamos la preocupación sobre su integridad física y moral y nuestro compromiso en la vigilancia de su caso.

http://www.ciprodeh.org.hn/Noticias/ArtMID/3057/ArticleID/5354/Agentes-de-la-Polic237a-Militar-abusan-de-su-poder-y-agreden-a-periodista

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Cerco mediático en Honduras no para denuncia internacional

El coordinador de C-Libre, Eddy Tábora, reveló al mundo a través de DW Noticias, una cadena alemana, la realidad que se vive en el gobierno corrupto y criminal de Juan Orlando Hernández.

 VIDEO

URL: http://cholusatsur.com/noticias/?p=12361

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Incrementan agresiones contra periodistas a mano de cuerpos policiales y militares

Sep 18, 2015

Las agresiones en contra de periodistas y comunicadores sociales han incrementado en el último año. Y lejos de ser condenadas y juzgadas por el Estado, éste las promueve con una política de agresiones en contra de aquellos y aquellas que ejercen el derecho a la libertad de expresión.

Lo anterior fue denunciado en una conferencia de prensa realizada esta semana por el Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE y el Grupo de Sociedad Civil.

La feminista Jessica Sánchez, directora del Grupo de Sociedad Civil, asegura que han denunciado en comparación con el año anterior-2014- el aumento de la agresividad policial y militar en contra de periodistas, comunicadores sociales, pobladores y pobladoras que ejercen su derecho a la libertad de expresión a través de la protesta ciudadana.

“Lo que está sucediendo es grave, no es aislado y comenzó a incrementarse a partir del 2009, pero ahora es notable que las agresiones vienen con mayor fuerza y con más frecuencia. Ya no importa el género, el ataque va y es con más saña.  Y lamentamos eso porque no se pueden justificar los ataques en contra de las personas que están ejerciendo su profesión de informar a la ciudadanía”, dijo Sánchez en la conferencia de prensa.

Sentar precedente 

A la conferencia de prensa, desarrollada en Tegucigalpa, asistieron los periodistas Dunia Montoya de la revista Vida Laboral y el comunicador César Obando Flores, corresponsal del Radio Progreso en el departamento de Colón. Ambos comunicadores fueron agredidos brutalmente por la policía y miembros del ejército el pasado 1 de septiembre cuando la ciudadanía hizo suyo el derecho a la protesta social.

De acuerdo al dictamen médico Dunia Montoya sufrió luxación de su hombro derecho, golpes contusos en el rostro y tórax causados por las  “patadas” propinadas por agentes de la Policía. Dunia Montoya, reconocida profesional del periodismo es beneficiaria de medidas cautelares solicitadas por la CIDH a la Secretaría de Seguridad hace seis años; ahora tendrá que guardar al menos dos meses de reposo por la golpiza policial.

“En medio de la realidad que enfrenta el país, la impunidad, es necesario que denunciemos, que presionemos para que la fiscalía investigue solo así se podría sentar un precedente en estas agresiones que sufren, no solo yo, sino varios periodistas y comunicadores sociales”, dijo Montoya.

En esa misma represión en la ciudad de El Progreso sufrieron agresiones físicas y psicológicas los periodistas Inmer  Gerardo Chevez de Radio Progreso. Igual suerte corrió Román Paz de la televisora Campus TV. Mientras que a Edy Andino, de Canal 6, le impactó una bomba lacrimógena en su rodilla derecha.

Leo recomendamos: REPRESIÓN A POBLACIÓN INDIGNADA Y ATAQUE A PERIODISTAS DEJA VIOLENTOS DESALOJOS EN HONDURAS

Represión en el Aguán 

Otro caso de represión al trabajo periodístico tuvo lugar en Tocoa en el departamento de Colón, donde fue agredido el comunicador Cesar Obando, corresponsal de Radio Progreso, quien daba cobertura a la protesta de los indignados e indignadas en aquella ciudad.

Obando fue lanzado al suelo por un policía que después junto a otro lo persiguieron y amenazaron diciendo que “por su culpa la gente se estaba dando cuenta”. Obando corrió y logró tomar un taxi que lo llevara al Comisionado de Derechos Humanos donde se refugió hasta que llegaron organizaciones de derechos humanos para llevarlo a interponer la respectiva denuncia.

“Espero que las autoridades investiguen, para evitar que esto quede impune. Hago el llamado para que las autoridades respeten el trabajo que hacemos los periodistas y comunicadores que estamos trabajando para informar al pueblo”, dijo Cesar Obando Flores.

En la agresión de los tres periodistas los ataques fueron dirigidos específicamente para ellos quienes documentaban el alto nivel de represión que vivía la población indignada el pasado uno de septiembre en protesta a los altos índices de corrupción e impunidad.

Registros del Comité por la Libre Expresión, C-Libre, informan que desde enero y septiembre de este 2015, militares y policías han cometido 25 agresiones en contra de quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión. De ese total, 13 de las agresiones fueron cometidas por policías, y 12 por miembros de las Fuerzas Armadas.

Este número de agresiones incrementó tres veces en comparación el año 2014.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2396-incrementan-agresiones-contra-periodistas-a-mano-de-cuerpos-policiales-y-militares

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Testimonio de periodistas evidencia trato violento de la policía y el ejército hacia labor informativa en Honduras

Wednesday, 16 September 2015 06:56 Written by  Published in Amenazas a la Libertad de Expresión Read 21 times

Sus palabras transportaban al lugar de los hechos, en donde las fuerzas policiales y militares reflejaron el desprecio hacia la labor informativa de acuerdo a  los testimonios de los periodistas Dunia Montoya y Cesar Obando,   el pasado lunes 14 de septiembre de 2015, en conferencia de prensa en un hotel de Tegucigalpa, organizada el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) y el Grupo de Sociedad Civil (GSC).

Los casos de Montoya y Obando se suman a otros cuatro periodistas que fueron agredidos el pasado martes 01 de septiembre de este año, producto del violento desalojo a una protesta organizada por las Mesas de indignación en las ciudades de El Progreso y en Tocoa, departamentos de Yoro y Colón respectivamente.

Los otros trabajadores de la comunicación afectados ese día fueron Gerardo Chévez de Radio Progreso, Ronmel Paz de Campus TV, a quienes  les fue arrebatada su credencial de prensa por parte de la fuerza policial y militar,  y además sufrieron los efectos del gas lacrimógeno. Eddie Andino de Canal 6, a quien le impactó una bomba lacrimógena en su rodilla derecha y Judith reyes de canal 11.

Obando labora para Radio Popular del Aguán, una estación comunitaria que opera en la ciudad de Tocoa Colón y es corresponsal de Radio Progreso en esa ciudad. Mientras que Montoya, con una experiencia de más de 15 años en el periodismo, es coordinadora de la organización Comunicación Comunitaria (COMUN), que a su vez edita la revista “Vida Laboral ”, en la ciudad de El Progreso Yoro, además de ser directiva de la recién creada Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH).

En un comunicado emitido por C-LIBRE y GSC, condenaron el ataque contra los y las periodistas y se mostraron preocupadas porque no se tiene conocimiento de sanciones penales contra  este  tipo de acciones de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Frente a esta situación hacemos un llamado a nivel nacional e internacional para adoptar todas las acciones correspondientes para revertir esta grave agresividad de agentes estatales que coloca en riesgo la vida de periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanía en general”, manifestaron las organizaciones.

Agresión en su contra deja un mensaje de odio

“Hoy nos presentamos ante ustedes compañeros de los medios, tratando de evidenciar la situación que estamos pasando, demostrar la total indefensión que sufrimos los periodistas, comunicadores que nada más tratamos de hacer nuestro esfuerzo para mostrar la realidad de este país… hoy nosotros y mañana puede ser cualquiera de ustedes”.

Esas palabras marcaron el testimonio de Dunia Montoya ante las y los periodistas que asistieron a la conferencia de prensa de este lunes.

Inicialmente narró el comportamiento hostil por parte de la policía nacional y el ejército durante la manifestación del pasado 01 de septiembre. Junto con el resto de colegas de la zona norte que se presentaron a la protesta, Montoya afirmó que solo el hecho de la presencia puede persuadir para que no se realicen ataques de este tipo hacia la ciudadanía.

“Yo decidí, después de dos horas de permanecer en el lugar cubriendo el desarrollo de la toma, retirarme porque tenía un compromiso para esa hora… solo había caminado quizás 100 metros cuando empezaron las detonaciones, salí corriendo con mi cámara encendida para dar cobertura a lo que ocurría”

Al llegar de nuevo al punto donde ella se encontraba, la fuerza de los elementos armados del Estado había procedido con la brutal acción, al punto de tomar de sus camisetas a los ciudadanos y ciudadanas con fines de ser capturados y capturadas, según comentó Montoya.

“Junto con los otros periodistas estábamos registrando eso cuando yo seguía a un policía que llevaba de la camiseta a un manifestante y de repente quedé en medio de todos ellos y uno de los policía, muy molesto se dirigió a mi persona, tomó mi cámara, quebró la pantalla, su reflector y pretendieron arrebatármela, forcejearon y me tiraron contra el pavimento”.

Al mostrarse en desventaja contra la fuerza física y armamentística, la comunicadora sintió el peso de botas contra diferentes partes de su cuerpo, con énfasis en su rostro, mientras alcanzaba a escuchar el grito de unos protestantes quienes lograron identificarla como periodista. En entrevista exclusiva para www.pasosdeanimalgrande.com, Montoya narró los momentos de represión a los que fue sometida durante esa mañana del 01 de septiembre.

La comunicadora social  tiene que guardar reposo por un período de dos meses, de los cuales ya han pasado 15 días y las huellas de la represión le acompañan en su cuerpo. Dolores frecuentes y su brazo completamente inmovilizado han paralizado su accionar periodístico y de capacitación en el área radiofónica.

La periodista presentó denuncia ante el Ministerio Público para dejar constancia de lo ocurrido pero hasta los momentos no ha recibido respuesta alguna. Ella fue enfática al mencionar que “esto que nos ocurrió, no fue un accidente, fuimos al menos siete periodista agredidos”.

“Esto te pasa por metido”

En un territorio abonado con sangre del campesinado hondureño, se dispuso a ejercer la labor informativa desde Radio Popular del Aguán, el periodista César Obando, la mañana de ese martes 01 de septiembre en su ciudad de origen, Tocoa en el departamento de Colón.

La sede de la radio se encuentra a escasas cuatro cuadras de la posta policial de la ciudad, lo que la hace vulnerable del ojo vigilante de los miembros policiales .

Mientras el ejército hacía gala de su fuerza desproporcionada en contra de la ciudadanía indignada en aquella localidad que se manifestaba pacíficamente, Obando, quien también es corresponsal de Radio Progreso, filmaba el violento desalojo a través de su cámara y relataba a su medio lo que ocurría.

“Yo daba cobertura ese día de lo que hacía la policía, golpeaban y gaseaban a las personas. Me encontraba cerca de los policías y yo describía lo que sucedía, en eso, dos militares encapuchados me dijeron que dejara de transmitir, yo continué trasmitiendo y minutos después un militar encapuchado lanzó una bomba lacrimógena a mis pies y enseguida otro me empujó contra el pavimento. Sufrí varios raspones” , describió en su relato.

Gracias al auxilio de los indignados e indignadas, Obando logró estabilizarse luego de haber sufrido dolor fuerte de cabeza y síntomas de vómito. Por si eso no fuera poco, mientras continuaba su relato para la radio comunitaria, se percató de que dos policías comenzaron a seguirlo con intenciones de quitarles sus herramientas de trabajo.

El joven comunicador se desplazó hacia un barrio popular en la zona hasta donde los y las protestantes eran perseguidos como si se tratara de una cacería humana. César se trasladaba para continuar informando sobre lo que ocurría, sin embargo fue identificado por los elementos armados situación que lo obligó a retirarse del lugar.

“Salí corriendo y agarré un taxi, me dijeron que me fuera para el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH-, llegando al lugar me siguió una patrulla. Ingresé y me quedé hasta que llegaron defensores de derechos humanos y salí con ellos a poner la denuncia en la Fiscalía”.

Pero tampoco ha obtenido respuesta por su denuncia desde el Ministerio Público de la ciudad de Tocoa, al contrarío él considera que “ha sido de más persecución hacia mi persona, porque no se me ha llamado de parte del Ministerio Público para decirme que ya hay una audiencia, por andar denunciando lo que me pasa actualmente siento que hay más persecución hacia mi” declaró.

El clima de represión hacia su trabajo continúa según denunció el periodista,   “se han parado varios carros, camionetas vidrios polarizados, parecidos a los que se usan en las Fuerzas Armadas y se estacionan enfrente de la radio sin preguntar nada. Esto es una amenaza para quienes laboramos allí”.

Estos golpes son herencia del golpe

El comportamiento violento hacia la manifestación pacífica y contra los y las periodistas que realizan la cobertura de los hechos,  son una herencia de los hechos ocurridos durante los siete meses de gobierno de facto de Roberto Micheletti, los cuales iniciaron con el rompimiento del orden constitucional el 28 de junio de 2009, con la expulsión del expresidente Manuel Zelaya de la presidencia.

Precisamente, la revista “Vida Laboral”, en su edición número 49 del año 2011, realizó una edición especial con el objetivo de documentar los casos de violaciones al trabajo realizado por al menos 50 periodistas y comunicadores sociales durante el golpe de Estado, específicamente en los años 2009 y 2011.

Otra de la reacciones violentas de los elementos policiales y militares fue el ataque contra un grupo de mujeres periodistas, quienes en noviembre del año 2011 realizaron una movilización hasta Casa Presidencial exigiendo una respuesta, por parte del Estado al esclarecimiento del asesinato contra la periodista Luz Marina Paz. Las comunicadoras fueron gaseadas y toleteadas por órdenes del jefe de la Guardia de Honor Presidencial (GHP). También interpusieron la denuncia en el Ministerio Público contra el ex presidente Porfirio Lobo Sosa y su guardia de honor, pero su caso quedó engavetado e inactivo.

Sin duda los y las periodistas están en la mirilla de los cuerpos represivos del Estado de Honduras que debe cumplir compromisos internacionales para la protección de la libertad de expresión, pero la impunidad es creciente y refuerza el penoso segundo lugar de Honduras como el país más peligroso para ejercer el periodismo.

Fuente: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/998-testimonio-de-periodistas-evidencia-trato-violento-de-la-policia-y-el-ejercito-hacia-labor-informativa-en-honduras

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C-Libre y Grupo Sociedad Civil condenan violencia brutal contra la prensa

Por: Redacción CRITERIO

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Dunia Montoya cuando fue salvajemente golpeada con patadas en el rostro por un soldado de FUSINA en una manifestacion en el Progreso.

Los actos de violencia perpetrados el pasado 1 de septiembre en el norte de Honduras, contra un grupo de periodistas y comunicadores sociales por parte de la Policía Nacional Preventiva y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), fueron condenados este lunes por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el Grupo Sociedad Civil (GSC).

Los señalamientos contra los elementos de la seguridad nacional se originaron en una rueda de prensa en la que participaron dos de las víctimas, quienes narraron el penoso incidente que dejó daños físicos y remarcó un nuevo atentado contra la libertad de expresión.

Los hechos se registraron en la ciudad de El Progreso, Yoro, mientras los periodistas y comunicadores sociales daban cobertura a una toma de carretera que realizaban miembros de la organización social, “Oposición Indignada” y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en repudio al saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y en exigencia a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Honduras (CICIH).

Dunia Montoya con su brazo vendado y su clavícula dislocada cuando hablaba con la prensa en Tegicugalpa.

PRONUNCIAMIENTO

Mediante un pronunciamiento, C-Libre y Grupo Sociedad Civil, condenaron el ataque contra los periodistas, Dunia Montoya, de la Revista Vida Laboral; Gerardo Chévez, de Radio Progreso; Román Paz, de Campus TV; Eddie Andino, de Canal 6 y César Obando Flores, de Radio Progreso y Radio Popular del Aguán y otros periodistas camarógrafos de Canal 11 y del noticiario Hoy Mismo de la Corporación Televicentro, cuyos nombres no fueron establecidos a petición de los afectados, que temen ser objeto de represalias por parte de sus patronos.

Las organizaciones apuntan que Honduras atraviesa una escalada de violaciones al derecho a la libertad de expresión cometidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Según estas organizaciones los ataques contra la prensa durante el 2015, se han triplicado, con respecto al 2014. Asimismo que entre enero y febrero del presente año, los policías y militares han cometido 25 agresiones contra periodistas y comunicadores sociales, de los cuales 13 se acreditan a la Policía Nacional y 12 a las Fuerzas Armadas.

LAS VICTIMAS

Una de las periodistas agredidas, Dunia Montoya, directora de la revista Vida Laboral y una de las principales afectadas, narró cómo los elementos de la Policía Nacional y del Ejército, la golpearon y pretendieron arrebatarle la cámara, mientras filmaba el desalojo violento.

Montoya señaló que durante la cobertura constató que los policías y militares actuaron violentamente contra los manifestantes, ya que pese a que estos ya habían dejado el paso libre en la carretera y se ubicaban en las orillas, los tiraban de la ropa y los empujaban y arrastraban, sin razón alguna.

“Mientras yo estaba grabando a un policía que llevaba prendido a uno de los manifestantes, un policía moreno, muy alto se dirigió directamente a tomarme la cámara y me quebró la pantalla de la cámara con su mano. Después otros policías y militares intentaron arrebatármela, en ese forcejeo de proteger y conservar mi equipo, varios de ellos me empujaron, me lanzaron contra el pavimento, ya en el pavimento yo no supe nada, lo único que pude percibir fue el dolor que sentía del peso de las botas sobre mi pecho y cara”, detalló Montoya, quien tiene más de doce años en la labor periodística.

Después de la brutal golpiza, la comunicadora social, fue traslada a un hospital donde los médicos le diagnosticaron una luxación severa en el hombro derecho (desprendimiento), que la mantendrá inhabilitada e incapacitada por dos meses.

Montoya, al igual que el resto de periodistas y comunicadores sociales que fueron agredidos, presentaron una denuncia en el Ministerio Público donde aún no han recibido respuesta.

Pese a que el caso fue publicado en casi todos los medios de cobertura nacional e incluso internacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) no se ha pronunciado.

El corresponsal de Radio Progreso también fue agredido por  miembros de la policía y el ejercito.

Por su parte César Obando, corresponsal de Radio Progreso y director de prensa de Radio Popular del Aguán, contó que ese mismo día de la represión en El Progreso, se suscitó otro incidente violento en la ciudad de Tocoa, Colón, en el atlántico hondureño, durante una toma de pobladores en la que él fue la víctima.

“Yo trasmitía, entonces vinieron dos policías encapuchados, se me acercaron y me dijeron que dejara de trasmitir, pero seguí trasmitiendo y a los pocos minutos me lanzaron una bomba lacrimógena a los pies y vino otro policía y me empujó, entonces caí al pavimento y me dijo un policía que eso me pasaba por metido y que por mi culpa la población se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando”, expresó Obando.

El joven comunicador detalló que producto de la agresión resultó con raspones y heridas, que lo incapacitaron por una semana de su trabajo en los dos medios de comunicación para los que labora.

C-Libre y el GSC establecen que a la impunidad de los asesinatos de 59 comunicadores (as) y trabajadores (as) de medios de comunicación entre 2003 y 2015, por falta de investigación criminal, se suman amenazas a muerte, estigmatización, criminalización, espionaje, levantamiento de perfiles y robo de equipo propiedad de los medios de comunicación y con mayor énfasis, las golpizas policiales y militares y el uso de gas lacrimógeno en contra de los miembros de este gremio mientras realizar sus tareas informativas.

Lamentan que la ola de ataques ocurra pese a la existencia de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, vigente desde mayo de 2015.

Fuente: http://criterio.hn/c-libre-y-grupo-sociedad-civil-condenan-violencia-brutal-contra-la-prensa/

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El 76 por ciento de los hondureños desconfía del Poder Judicial

Por: Redacción CRITERIO

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Edy Tabora, director ejecutivo de C-Libre autor del documento.

Tegucigalpa.-En los últimos 13 años el Poder Judicial de Honduras ha sufrido un enorme desgaste producto del control político, que hoy en día lo hace merecedor de la desconfianza del 76 por ciento de la población, cifra que podría haberse aumentado en los últimos meses de acuerdo a sus dudosas actuaciones.

Lo anterior es parte de los resultados del análisis ¿Independencia Judicial en Honduras? Balance de la situación y principales desafíos, elaborado por el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, un abogado y máster Internacional en Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, España e investigador social.

Para la elaboración del análisis que se plasma en 40 páginas, Tábora contó con el patrocinio de la Fundación Friedrich Ebert  y con los aportes del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC S-J), que mediante un estudio realizado en 2014, cuantificó que el 76 por ciento de la población hondureña desconfía de las actuaciones del Poder Judicial.

La cifra del estudio podría haberse incrementado en los últimos meses con las dudosas actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y por las constantes denuncias de los mismos jueces y magistrados que aseguran que desde el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, se manipula la aplicación de la justicia, lo que se ha evidenciado con  la separación irregular de varios jueces, que se resistieron a las presiones.

PUBLICO 2

El investigador social, apuntó que el desgaste del Poder Judicial data desde el 2002 cuando se comenzó a instaurar una institucionalidad al margen de la ley, pero que poco a poco al ir ganando terreno se ha legalizado y antes lo que era una injerencia de hecho se ha convertido en una injerencia de derecho, porque ya es parte de la ley.

En virtud de lo anterior, podemos establecer que “en Honduras no hay independencia judicial por la injerencia de otros poderes del Estado”, dijo Tábora.

Añadió que actualmente el problema es grave porque esas injerencias ya están legalizadas, con la participación de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ya que esta estructura es una mezcla de seguridad pública, defensa nacional e inteligencia, que deben ser controlados.

Tábora consideró que esa mecánica de trabajo es una forma de concentración de poder que atenta contra  la separación de poderes, el Estado de Derecho y la democracia misma.

Cuestionó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, reúna en un solo organismo, al Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, las Fuerzas Armadas,  Policía Nacional y Poder Legislativo.

Además de lo anterior también tiene su órgano operativo a través de FUSINA y reúne a todos los entes operadores de justicia, por lo que deja de tener independencia en cualquier caso que se someta a su jurisdicción.

El también defensor de los derechos humanos, señaló que la Dirección de Inteligencia no puede estar sujeta al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque no tiene un controlador público, lo que hace que sus actuaciones se parcialicen con quienes ostentan el poder político.

Tábora consideró que la única manera para revertir el sombrío panorama es convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, con la inclusión de todos los sectores o revisar ley por ley, pero este segundo escenario tardaría al menos cuatro años, por lo que la opción inmediata para instaurar el Estado de Derecho, es la primera propuesta.

Para Tábora, mientras no se celebre un pacto social a través de una Constituyente, todo seguirá igual o peor, e incluso todo seguirá siendo lo mismo con la integración de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, porque el proceso de selección responde a los mismos vicios del pasado, con el agravante que ahora hay un desmedido crecimiento en los niveles de corrupción.

EN HONDURAS HAY DEBILIDADES EN EL SISTEMA POLÍTICO

Por su parte, la coordinadora de programas de la Fundación Friedrich Ebert en Honduras,  Jennifer Erazo, apuntó que esta institución está consciente de las debilidades del sistema político e institucional y democrático que enfrenta el país, producto del reciente golpe de Estado de 2009 y del golpe institucional que se gestó en contra de la Corte Suprema de Justicia, en diciembre de 2012, cuando se separó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Jennifer Erazo, directora de la Fundacion Frederich Ebert para Honduras.

Erazo consideró que la elección de los nuevos magistrados y magistradas del Poder Judicial, es un momento propicio para discutir como sociedad la necesidad de avanzar hacia una reforma integral del sistema de justicia que garantice un verdadero Estado de Derecho.

Señaló que la Fundación Friedrich Ebert le apuesta a un Estado democrático que garantice la independencia de poderes, para hacerle frente a la impunidad y a los niveles de corrupción.

Agregó que la propuesta de la Fundación ya ha sido compartida con bancadas de algunos partidos políticos y próximamente lo harán con sindicatos y otros sectores de la sociedad.

A Honduras le hace falta mucho para lograr una cohesión social que permita los cambios y transformaciones, porque siempre hay grupos apegados a sus intereses, “pero vamos caminando hacía ello”, añadió la coordinadora de programas de la Fundación Friedrich Ebert en Honduras,  Jennifer Erazo, quien al mismo tiempo reconoció que con el movimiento social  de los “indignados” o de las movilizaciones de las antorchas, ya se están dando algunos pasos.

No obstante, apuntó que es preocupante ver la represión del Estado en contra de aquellos grupos que protestan para reclamar sus derechos o simplemente por pedir la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Honduras (CICIH), alejándose así la posibilidad de acercar posiciones o implementar un diálogo amplio.

Fuente: http://criterio.hn/el-76-por-ciento-de-los-hondurenos-desconfia-del-poder-judicial/

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C-Libre, CEM-H, Arcoíris y GSC integran el Consejo Nacional de Protección

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En asamblea pública celebrada este lunes 3 de agosto las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos eligieron
democráticamente a sus dos representantes propietarios y dos suplentes quienes formarán parte del Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Durante la asamblea de las organizaciones de sociedad civil.

Las personas seleccionadas para ocupar los cargos de propietarios son: Suyapa Martínez del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) y Edy Tábora de C-Libre, mientras que Jessica Sánchez del Grupo Sociedad Civil (GSC) y Donny Reyes de la Organización Lésbico Gay Arco Iris fueron electos como  suplementes.

La Asamblea fue convocada por al Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Rigoberto Chang Castillo; y acompañada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Roberto Herrera Cáceres y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Vincenzo Placco.
Mesa de inscripción.

Entre las organizaciones defensoras de derechos humanos que se acreditaron para participar en la Asamblea están: Visitación Padilla, CODEH, Foro Permanente de Sociedad Civil, Oficina de Asistencia a la Mujer, CPTRT, Foro Nacional del SIDA, Movimiento Diversidad en Resistencia, Casa Hogar Proyecto de Vida y ODECO, entre otros.

La asamblea se realizó en atención a lo que disponen los Artículos 21 y 63 de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y conforme a lo acordado en el Acta de la Asamblea General  celebrada en el Salón de Reuniones de las Oficinas  del CONADEH, el día 7 de julio del presente año.
Al respecto, el Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo manifestó que se espera que a mediados del presente mes el Presidente de la República Juan Orlando Hernández juramente a las personas que conformarán el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Momento de la votación

“Una vez juramentados procederán a formular la Política de Prevención y Protección de Derechos Humanos de todos los sujetos a los que la Ley da cobertura, también deberán trabajar en el Reglamento General de la Ley, a fin de que sea publicado y delinear la política de la Dirección General del Sistema de Protección”, agregó.

Por su parte, Suyapa Martínez, quien integrará el Consejo Nacional de Protección refirió que su participación estará orientada a llevar ante el mismo las voces de las y los defensores de derechos humanos.
Entre tanto, Edy Tábora, Director Ejecutivo de C-Libre expresó “asumimos este compromiso siendo una organización vinculada a la promoción y defensa de los derechos de los periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales y del resto de defensoras y defensores de derechos humanos en el país”.
Agregó “vamos a impulsar propuestas que tengan que ver con la prevención y la investigación de las violaciones a los derechos humanos que se han producido”.
Entre las funciones que tendrá el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia están actuar como órgano consultivo, deliberativo y de asesoría para garantizar los derechos consignados en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, ejercer funciones de supervisión, control, seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Roberto Herrera Cáceres, Rigoberto Chang Castillo, Karla Cueva y Vincenzo Placco.

También asesorar a los órganos del Estado en el cumplimiento de las Políticas Públicas que garanticen el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos; promover o instruir el diseño e implementación de instructivos, políticas públicas y programas para garantizar y hacer efectivos los derechos consignados en la presente Ley; hacer propuestas y recomendaciones para mejorar la implementación del Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, entre otras.

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Juicio de David Romero debe suspenderse para garantizar el debido proceso

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Juicio de David Romero debe suspenderse para garantizar el debido proceso
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), ante la situación de crisis que actualmente vive el país, y especialmente las constantes violaciones a la Libertad de Expresión, manifestada a través de la  estigmatización, amenazas, violencia, persecución penal y represión contra las personas que la ejercen, a la comunidad nacional e internacional manifiesta que:
1. Como organización de derechos humanos, C-Libre ha emitido 130 alertas por agresiones contra la Libertad de Expresión, nueve asesinatos entre ellas, mismas violaciones que permanecen en la impunidad.
2. Nos preocupa extremadamente, la criminalización del ejercicio de la Libertad de Expresión, mediante el uso del derecho penal. Tal es el caso del periodista David Romero Ellner, quien ha denunciado amenazas a su vida y de su familia, derivadas de sus denuncias de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y persecución política, por las violaciones al debido proceso en el desarrollo de la causa que se le sigue.
3. Nos parece más grave aún, la confirmación que de esas denuncias ha hecho, el juez José Dimas Agüero Echenique, ex presidente del Tribunal de Sentencia que juzga a Romero Ellner, quien aseguró haber sido presionado por el Inspector General de Tribunales y el abogado Teodoro Bonilla, miembro del Consejo de la Judicatura, supuestamente por orden del presidente de la república Juan Orlando Hernández, para que emitiera sentencia condenatoria y enviar a la cárcel al periodista en mención.
4. Esto coincide con la denuncia hecha el día 23 de junio del presente año, por nueve Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes denunciaron abusos y arbitrariedades que cometen los miembros/as del Consejo de la Judicatura, que limitan la independencia judicial.
5. En el informe de 2015, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  se refiere al caso de David Romero, afirmando que: “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. Asimismo, el principio 11 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que: “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
6. La Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión Margaret Sekaggya, en el informe sobre la visita a Honduras estableció  en el párr. 22, “ciertas disposiciones del Código Penal de Honduras, a saber los artículos 155, 157, 160 y 345, también restringen la libertad de expresión, estableciendo los delitos penales de calumnia, injuria y difamación, incluso en la dignidad de una autoridad pública.” Y en el párr. 23, el Relator Especial nota “con seria preocupación que, en contradicción con la Constitución de la República y las normas internacionales de derechos humanos, la criminalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación puede ser utilizada para silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libertad de expresión de manera excesiva. De este modo, existe la posibilidad de que se empiecen procesos penales en contra de cualquier persona que exprese una opinión que pueda ser considerada contraria a la dignidad de una autoridad pública, debilitando de esta manera el derecho a la libertad de opinión y expresión.
7. También el Relator Especial sobre la protección y promoción del derecho  a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Frank La Rue en su visita a Honduras en 2009  estableció en el párrafo 27, “el Relator Especial ha conocido durante su visita al país que aún se siguen reportando casos de periodistas que enfrentan procesos judiciales acusados de cometer delitos contra el honor. Esto se encuentra regulado en el Código Penal, lo que sin lugar a dudas contraviene la tendencia y estándares internacionales en la materia.
8. Este año 2015, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), Honduras ha recibido varias recomendaciones relacionadas con los delitos de calumnia, injurias y difamación : recomendación número 5.50. Garantizar la libertad de expresión y de tomar medidas para poner fin a las amenazas y ataques contra periodistas (…) (Australia); Recomendación número 6.5. Adoptar leyes que protegen la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación (Líbano); Recomendación número 6.49. Continuar a dar prioridad a las actividades encaminadas al reconocimiento y protección de periodistas y defensores de los derechos humanos (Colombia); Recomendación número 6.50. Respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión y fortalecer la protección de los periodistas (…) (Estonia); Recomendación número 7.10. Modificar la legislación para despenalizar la injuria, la calumnia y la difamación y convertirlos en materias reguladas por las normas de derecho civil de derechos establecidos por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observaciones y recomendaciones (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
9. El Presidente anterior Porfirio Lobo Sosa, manifestó públicamente la voluntad del Estado de Honduras de despenalizar el delito de calumnia e injurias, y lo confirmó en otras ocasiones.  Asimismo el Comisionado de Derechos Humanos, se pronunció a favor de la despenalización de la calumnia y la injuria.  Y lo más importante es que en el nuevo proyecto de Código Penal, financiado por la Cooperación Internacional, despenaliza la calumnia, las injurias y la difamación.
10. Por lo anterior C-Libre, interpuso un Recurso de Inconstitucionalidad vía excepción ante el Tribunal de Sentencia de esta ciudad, y con ello que se remita el expediente de la causa del señor David Romero Ellner, para que la Sala de lo Constitucional resuelva sobre la inaplicabilidad de los artículos del Código Penal que regulan la calumnia, injuria y difamación.
Por todo lo anterior el Comité por la Libre Expresión exige:  
1. Una inmediata investigación por parte del Ministerio Público, de todas las violaciones a la libertad de expresión en el país, especialmente de los asesinatos.
2. Que se investigue al vice-presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Teodoro Bonilla y del presidente de la república el señor Juan Orlando Hernández, así como al Inspector General de Tribunales, por los delitos de Atentado contra la forma de gobierno (art. 328. Numeral 2),  abuso de autoridad (art. 349 numeral 2), cohecho (art. 361) y tráfico de influencias (art. 369 A), sedición.
3. Que se suspenda el juicio del Señor David Romero, mientras el Estado de Honduras garantiza un juicio que respete el debido proceso y el principio de legalidad en el país. 
4. Que se resuelva favorablemente, por parte de la Sala de lo Constitucional el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto.
5. Que se garantice y respete por parte del Estado el derecho del señor del periodista David Romero Ellner a expresarse libremente sin sufrir persecución,
amenazas u hostigamiento. 
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de julio de 2015

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Entre las rejas y represión jóvenes indignados cumplen su segundo día en huelga de hambre

Wednesday, 24 June 2015 04:06 Written by  Cesario Padilla Published in Contexto Read 47 times

 

Con el incremento de presencia policial y militar en la zona, restricción a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, la negativa a recibir visitas de sus familiares y un clima de terror por parte de los aparatos de seguridad del Estado,  los jóvenes del movimiento “Oposición Indignada” cumplieron este martes 23 de junio su segundo día en huelga de hambre.

Doblemente acordonada la zona con vallas metálicas y bajo la presencia elementos de la Policía Nacional  y la Policía Militar, a los jóvenes no se les permite que sean atendidos  por personal médico, reciban donaciones de agua para tomar o sean entrevistados por diferentes medios de comunicación nacional e internacional,  lo que ocasiona que el escenario s haya vuelto de temor .

Los manifestantes junto a un grupo de ciudadanos solidarios con la causa, enfrentaron en horas de la madrugada de este martes  la presencia de elementos paramilitares que circulaban por las cercanías de la zona así como la agresión física en contra del catedrático universitario Juan Flores, hecho que fue difundido y condenado a través de la red social Facebook.

En imágenes difundidas por el canal de televisión Globo TV, se mostró a dos personas vestidas de civil armadas bajarse de un carro paila, sin placas, doble cabina y polarizado, las cuales fueron detenidas por elementos policiales pero que inmediatamente les dejaron en libertad, según la versión del medio.

Durante las actividades programadas para esta mañana, estaba el desarrollo de una conferencia de prensa, misma que fue realizada a medias por el bloqueo que ejercen los elementos armados en el lugar y que no se les ha permitido el ingreso de un baño portátil para que puedan realizar sus necesidades fisiológicas.

“No somos una amenaza externa, somos ciudadanos hondureños que estamos en una huelga de hambre, una acción pacifica y no tenemos ninguna arma para atentar contra el Estado más que lo que podamos decir y exigir… estamos muy bien de ánimos y podemos estar aquí el tiempo necesario hasta que el gobierno instale la CICIH” declaró Varela.Ni las amenazas de desalojo ni mucho menos la pérdida de sus empleos han hecho que tanto  Ariel Varela y Miguel Briceño, desistan de su lucha hasta que el presidente de la república, Juan Orlando Hernández instale la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) para que investigue la utilización de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) el cual asciende a más de 7 mil millones de lempiras.

Organizaciones de DD.HH interponen acciones legales a favor de periodistas y de indignados en huelga

Miguel Briceño y Ariel Varela

Miembros del Comité por la Libre Expresión (C- LIBRE) y del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH) se presentaron en horas del mediodía a la Corte Suprema de Justicia a presentar un Recurso de Amparo a favor de los y las periodistas Gerardo Torres, corresponsal de la cadena TeleSUR, Ricardo Ellner de Diario Tiempo y Eleana Borjas de Radio Progreso.

El director ejecutivo de C-LIBRE, EdyTábora, informó que la presentación del recurso es “para solicitar a la Corte Suprema de Justicia la garantía del libre ejercicio de la libertad de expresión y locomoción y con ello se permita que los comunicadores agredidos estelunes realicen  su labor de informar”.

Ambas organizaciones presentaron un recurso de Habeas Corpus en favor de los jóvenes Varela y Briceño a fin de garantizar la integridad de sus vidas.

Pueblo realiza vigilia en conjunto con los indignados

Diferentes sectores de la sociedad hondureña han mostrado su empatía con la lucha emprendida por los indignados en huelga y acompañan, en diferentes espacios del día en calidad de vigilantes ante la encerrona que les tiene el gobierno nacionalista.

Jóvenes de secundaria y universitarios, maestros y maestras así como personas sin ningún vínculo organizativo y movidos por esta acción de lucha se hacen presentes a dejar algunos víveres y medicamentos. Otros en cambio llegan con palabras de aliento y simplemente su compañía para los manifestantes.

Para el resto de la semana se prevé la continuación de la marcha de las antorchas, la cual se programa para este viernes y tendrá como punto de llegada precisamente Casa de gobierno. Seguidamente, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) conmemorará, mediante una movilización, el sexto aniversario del Golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya y que fue precisamente el lugar en mención el escenario de la lucha que exigía su restitución en el cargo.

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Last modified on Wednesday, 24 June 2015 04:35

Fuente: http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/865-entre-las-rejas-y-represion-jovenes-indignados-cumplen-su-primer-dia-en-huelga-de-hambre

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Habeas corpus y amparo a favor de periodistas y huelguistas

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Miguel Briceño y Ariel Varela

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). El Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos humanos en Honduras (CIPRODEH) promovieron en las últimas horas dos recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia a favor de dos jóvenes que permanecen en huelga de hambre y de los periodistas agredidos por agentes de seguridad del Estado.

Según el director ejecutivo de C-Libre, Edy Tábora, se interpuso una acción de amparo el martes 23 de junio para solicitar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se garantice la libertad de expresión y locomoción.

Este amparo expone que se violentaron varios derechos a los comunicadores, Gerardo Torres Zelaya de Telesur en inglés; Eleana Borjas Coello, de Radio Progreso; Ricardo Ellner de Agencia Argentina Nuestra Patria y solicita a la CSJ que se reestablezcan las garantías constitucionales para que los periodistas puedan ejercer su labor informativa.

El segundo recurso que se interpuso fue de exhibición personal, a favor de los jóvenes huelguistas Ariel Varela y Miguel Briceño que permanecen prácticamente detenidos por la Policía y las Fuerzas Armadas en medio de vallas, colocadas a inmediaciones de Casa Presidencial para impedirles que se instalen frente a la institución estatal.

Juez ejecutor verifica situación

Un par de horas después de haber promovido los recursos, a la escena de protesta llegó el juez ejecutor para conocer las condiciones de los manifestantes, informó Canal 36.

Estos recursos se promueve 24 horas después que Ellner y Torres fueron detenidos ilegalmente por la Policía Nacional para impedir que dieran cobertura a la protesta. A Ezequiel Sánchez, reportero gráfico de Telesur Internacional en inglés y al corresponsal de Radio Globo, asignado diariamente a Casa Presidencial, Benjamín Zepeda Carranza; los expulsaron de Casa Presidencial.

Al mismo tiempo, la comunicadora Edith Copland, estuvo a punto de ser víctima de golpes por parte de la Policía Nacional; el corresponsal de una cadena estadounidense, Andrés Thomas Conteris y Ronnie Huete también fueron violentados.

La huelga de hambre es para solicitar que se instale en el país una Comisión Internacional contra la Impunidad.

Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/habeas-corpus-y-amparo-favor-de-periodistas-y-huelguistas

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Comunicación enviada al Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas Caso David Romero

Escrito por Redacción | Junio 18 del 2015

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Comunicación enviada al Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas Caso David Romero
Tegucigalpa, Honduras, 15 de junio del 2015.
Sr. David Kaye
Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas.
Su oficina.
 Estimado Sr. Relator Kaye: El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y el Comité para la Libertad de Expresión (C-LIBRE), con profunda preocupación acudimos a usted para poner en conocimiento atentados contra la libertad de expresión y amenazas a la vida en perjuicio del Periodista David Romero Ellner.
 A finales del año 2013 el Periodista Romero, Director de Radio y TV. Globo, denunció al Fiscal General Adjunto del Ministerio Público por actos de corrupción, por lo que  este presentó una querella por 15 delitos de injurias por difamación, misma que fue admitida por el Tribunal de Sentencia y se señaló como fecha para juicio oral y público para el jueves 11 de junio de 2015.[1]
 En los últimos meses el Sr. Romero ha venido sustentando denuncias de uno de los actos de corrupción más grande y letales en Honduras, el saqueo del Seguro Social, que según denuncia ente el Ministerio Público por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia murieron más de 2,800 personas al no recibir la asistencia oportuna. El Sr. Romero señala, con copias de cheques, al partido en el gobierno que recibió dineros provenientes del Seguro Social que utilizaron en la campaña política para llegar al poder de la nación. Estas denuncias incluyen la participación del Fiscal Adjunto.
 En Honduras se ha levantado un movimiento denominado de las y los indignados, con protestas multitudinarias en todo el país y distintas partes del mundo, rechazando y condenando este atroz acto de corrupción. Lo que ha generado una reacción feroz del gobierno contra los liderazgos políticos, sociales y de prensa del país que se manifiestan contra la impunidad ante estos señalamientos.
 A raíz de estas denuncias, se presentaron a la oficina del Periodista Romero Ellneraltos mandos policiales y le expresaron tener conocimiento de posibles atentados contra su persona, por ello le asignaron escolta policial para su protección inmediata. Esto indica el alto grado de peligro que enfrenta.
 Por la querella incoada en su contra, el día 11 de junio de 2015 compareció ante los Tribunales donde se pospuso la audiencia para diciembre, en razón que una Jueza integrante del Tribunal, presentó excusa por enfermedad.Pero esa misma tarde, el periodista Ellner recibe llamada notificándoles que su audiencia será el próximo jueves. Por información de fuente confiable llama a representantes de derechos humanos para denunciar que esa orden proviene directamente del Presidente de la República para condenarlo y remitirlo a prisión.
 Como apreciará Sr. Relator, por lo anteriormente expuesto y ante la gravedad de los hechos, es que solicitamos a usted, muy respetuosamente, dar seguimiento a este caso y desarrollar todas las diligencias que considere convenientes.
Agradeciéndole su atención, le saludamos muy cordialmente,
             Director Ejecutivo                                                                Director Ejecutivo
               CIPRODEH                                                                            C-LIBRE
[1]Este caso lo cita la Relatoría de la CIDH,  en el informe 2014: Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2014, vol.2 / Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II Doc. 13, 9 de marzo de 2015, párr. 635.

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Honduras vive una política de estigmatización del trabajo periodístico: C-Libre

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Honduras vive una política de estigmatización del trabajo periodístico: C-Libre
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  La estigmatización y las campañas de desprestigio contra periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos que critican e investigan en el quehacer de la administración pública se han convertido en un mecanismo de segregación y de censura que se incrementó en los últimos meses en Honduras, con la participación de alcaldes y hasta representantes de gobiernos extranjeros, denunció este martes en conferencia de prensa el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
En la conferencia participaron: Edy Tabora, Director Ejecutivo de C-Libre; Ramón Romero, presidente de Rapcos-Roatán; Esdras Amado López, director de Canal 36 y Marlon Rodríguez, camarógrafo de Canal 27 en Islas de la Bahía.
Fiscalía de la libre expresión
En su intervención, Edy Tabora, el director Ejecutivo de C-Libre planteó la necesidad de impulsar una nueva fiscalía de libertad de expresión, que vele por el derecho de todas las personas que tiene derecho a trasmitir información, sin el sesgo o diferenciaciones entre camarógrafos, reporteros y personas que desde el interior del país nos informan.
A criterio del Director de C-Libre, la normativa debe considerar tanto el respeto del libre ejercicio de su profesión a las personas que hacen comunicación, como el acceso de los beneficios sociales y laborales.
Este año, el etiquetamiento de sectores críticos ha arreciado, según cifras de C-Libre, se han producido 10 denuncias contra funcionarios que calificaron a los comunicadores miembros de la sociedad civil y a opositores como “chantajistas”, “falsos”, “ligados al crimen organizado”, “agitadores”, “pseudoperiodistas” entre otros…
El director del Instituto de la Propiedad, Ebal Díaz; la ministra de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández; el ministro de Educación, Marlon Escoto; son algunos de los funcionarios denunciados ante la organización defensora del derecho por la libertad de expresión, prensa y opinión, por “desacreditar el quehacer periodístico, las actividades artísticas o las voces de los opositores políticos”.

El caso de los periodistas
Por su parte, Esdras Amado López, director de Cholusat Sur, Canal 36 expresó que: “al estigmatizarnos violentan la libertad de expresión porque hacen que estos medios parezcan enemigos públicos, esta es la primera vez (después de) lo que vivimos durante el golpe de Estado que como medio hemos recibido una embestida para intentar asfixiarnos”.
López recordó que una de las amenazas más recientes por parte del Estado surgió a través de (la Comisión Nacional de Telecomunicaciones) Conatel, “el gobierno usó una estrategia para rodar un globo sonda, tomamos esa noticia de una fuente de Casa de gobierno y posteriormente nos acusa el mismo gobierno; el 25 de mayo, llegaron también hombres armados al canal y me entregaron una orden para que deje de hablar del gobierno y de atentar contra la vida del Presidente, Juan Orlando Hernández, en esa misma línea observamos que hay una política de Estado para estigmatizarnos”.
“También el secretario de Educación ha dicho que quien está detrás de las marchas estudiantiles es Canal 36, y en un programa el propio Presidente nos acusó de estar levantando campaña de ejecuciones extrajudiciales”, zanjó.
Los momentos de mayor descrédito se vivieron mientras en el país se debatía la posibilidad de elevar a rango constitucional la Policía Militar y en el contexto del asesinato de cuatro estudiantes de secundaria, ejecutados unas horas después de participar en jornadas de protestas estudiantiles.
Sin embargo, el ataque contra periodistas también se ha agravado cuando denuncian temas de corrupción. El caso de Canal 36 llama la atención porque los funcionarios de la representación diplomática de Estados Unidos, a través de las redes sociales Facebook y Twitter, en vez de hacer uso de su derecho a réplica, señalaron al director de Cholusatsur “Canal 36”, Esdras Amado López, como “cínico” por denunciar un supuesto desvío de fondos de la cooperación estadounidense (Usaid) para el pago de la campaña política del Partido Nacional.
Ante la agresión de una representación extranjera en contra de un hondureño, C-Libre instó al Estado de Honduras a través de la Cancillería, debe exigir por los canales respectivos el respeto a los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, pues, las instituciones internas carecen de competencia para conocer de abusos cometidos por representaciones de gobiernos extranjeros en razón de la inmunidad diplomática.
A  criterio de López, los periodistas de Canal 36 y otros medios de comunicación críticos al gobierno “han sido víctimas de una persecución del gobierno que ha influido en empresa privada para que no paute publicidad”. “Con nosotros se han retirado el 95 por ciento de patrocinadores”, lamentó.
“Le agradezco, esta que consideramos la casa de nosotros los periodistas –agregó-porque casi nunca ellos tratan los problemas que enfrentamos. Mi solidaridad con los compañeros que hoy están aquí compartiendo esta experiencia conmigo. Tenemos que
buscar un mecanismo para que cese el hostigamiento contra periodistas, en mi condición de parlamentario estoy entera disposición de impulsar transformar ley de libertad de expresión para todos los que gocemos todos los comunicadores, no solo a los que tienen carné”.
Estigmatización en el interior del país

Por otra parte, en el interior del país los comunicadores son víctimas de intimidación, hostigamiento judicial y señalamientos por parte de alcaldes, con la intención de afectar su imagen en represalia por el trabajo que realizan, tal es el caso de los periodistas de Canal 27 de la insular ciudad de Roatán en el departamento de Islas de la Bahía.
En este municipio del Caribe hondureño, un camarógrafo y tres comunicadores, incluído el presidente de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), Ramón Romero, fueron calificados por el alcalde de esa ciudad, Dorn A. Ebanks, como “aves de carroña”.
En ese sentido, el presidente de Rapcos-Roatán, Ramón Romero, indicó que “en Roatán lamentablemente hay periodistas asalariados que denigran a un grupo, pero quiero decir públicamente que responsabilizó a alcalde y al sr., Boden de lo que me pase a mí, y a mi familia, como a los propietarios, camarógrafos, editores y reporteros de Canal 27, porque he visto la agresividad e intolerancia a la crítica por parte de estos funcionarios públicos  a quienes nunca les hemos criticado situaciones íntimas, sino el uso de fondos públicos”.
C-Libre denunció que contra Romero hay una campaña en los medios de comunicación y en las redes sociales para desprestigiar su trabajo y le imputan el delito de espionaje por haber buscado información de supuestas irregularidades en la gestión municipal.
Ante esta serie de agresiones, C-Libre emitió una alerta a nivel nacional e internacional y en los próximos días iniciará un proceso de denuncia contra el edil isleño ante instancias administrativas como la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, e instancias penales como el Ministerio Público, por faltas y delitos contra la libertad de expresión.
Tábora finalizó diciendo “esta es la casa de todos nosotros, incluyendo a cualquier persona que haga uso o esté en el ejercicio de la libertad de expresión, que ande en la calle o incluyendo a las personas que ejercen libertad de expresión en medios alternativos como las redes sociales. Les invitamos a que nos sumemos en conjunto porque C-Libre es una ONG que depende de las personas que estén interesadas en la promoción de este derecho”.

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Arrecian ataques contra periodistas críticos en Honduras

EXPRESION1

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa. La estigmatización y campañas de desprestigio contra periodistas, opositores políticos y defensores y defensoras de derechos humanos que critican y escarban en las actividades de funcionarios de la administración pública son un mecanismo de segregación y de censura que están usando, cada vez con más frecuencia, funcionarios(as) hondureños, alcaldes y hasta representantes de gobiernos extranjeros.

Este año, el etiquetamiento de sectores críticos ha arreciado, según las cifras del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). En los primeros cinco meses de 2015, C-Libre registró 10 denuncias contra funcionarios que calificaron a comunicadores(as), miembros de sociedad civil y a opositores como, “chantajistas”, “falsos”, “ligados al crimen organizado”, “agitadores”, “pseudoperiodistas”, entre otros.

El director del Instituto de la Propiedad, Ebal Díaz; la secretaria de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández; el titular de Educación, Marlon Escoto; son algunos de los funcionarios denunciados ante C-Libre por desacreditar el quehacer periodístico, las actividades artísticas o las voces de los opositores políticos.

Los momentos de mayor descredito se vivieron mientras en el país se debatía la posibilidad de elevar a rango constitucional la Policía Militar y en el contexto del asesinato de cuatro estudiantes de secundaria, ejecutados unas horas después de participar en jornadas de protestas estudiantiles.

Sin embargo, el ataque contra periodistas también se ha agravado cuando denuncian temas de corrupción. El caso de Canal 36 llama la atención porque los funcionarios de la representación diplomática de Estados Unidos, a través de la redes sociales Facebook y Twitter, en vez de hacer uso de su derecho a réplica, señalaron al director de la televisora, Esdras Amado López, como cínico por denunciar un supuesto desvío de fondos de Usaid para una campaña política del Partido Nacional.

La estigmatización contra López ha trascendido por medios de comunicación y a través de redes sociales.

Ante la agresión de una representación extranjera en contra de un hondureño, el Estado de Honduras a través de la Cancillería, debe exigir por los canales respectivos el respeto a los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, pues, las instituciones internas carecen de competencia para conocer de abusos cometidos por representaciones de gobiernos extranjeros en razón de la inmunidad diplomática.

Por otra parte, en el interior del país los comunicadores(as) son víctimas de intimidación, hostigamiento judicial y señalamientos de parte de alcaldes para arruinarles su imagen en represalia por el trabajo, que realizan, tal es el caso de los periodistas de Canal 27 de Roatán, en Islas de la Bahía.

En ese municipio del caribe hondureño, un camarógrafo y tres comunicadores, incluido el presidente de la Red de Alertas a Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos), Ramón Romero, fueron calificados por el alcalde de Roatán, Dorn A. Ebanks, como aves de carroña.

Contra Romero hay una campaña en los medios de comunicación locales y en las redes sociales para desprestigiar su trabajo y le imputan el delito de espionaje por haber buscado información de supuestas irregularidades en la gestión municipal.

Ante esta serie de agresiones, C-Libre emitió una alerta nacional e internacional y en los próximos días se iniciará un proceso de denuncia contra el alcalde de Roatán ante instancias administrativas como la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, e instancia penal (Ministerio Público), por faltas y delitos contra la libertad de expresión.

Fuente: http://criterio.hn/arrecian-ataques-contra-periodistas-criticos-en-honduras/

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Amenazas y obstrucción a labor informativa de Hondudiario

Alerta 84-15 |Honduras, |16 de junio de 2015

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). “Hondudiario es víctima de hackeo por difundir y revelar la corrupción del gobierno de Honduras”, así se puede leer en el post de denuncia de Hondudiario.com.

Según la denuncia del medio virtual, desde el 6 hasta el 10 de junio pasado habían sufrido, una serie de ataques.

“Desde el domingo anterior nuestro director (Arístides Aceituno) está siendo amenazado porque a través de este medio se está publicando información y noticias que otros medios tradicionales no lo hacen. Especialmente ligada a la corrupción en el país”.

La publicación revela que han tenido hasta visitas de inspectores del Ministerio del Trabajo para conocer la legalidad de la empresa. Estas inspecciones violentan el artículo 21 de la Ley de Libre Emisión del Pensamiento que establece que los periódicos no estarán sujetos a licencias o permisos de ninguna autoridad.

El primer periódico digital de Honduras, hondudiario.com, en las últimas semanas ha sido objeto de diferentes amenazas de terceros por no callar y revelar la situación de corrupción del Gobierno en el país. Las advertencias se han hecho a través de las redes sociales, mensajes personales al director del medio.

“Estas acciones por parte de personas que no permiten la libertad de expresión en el país han llegado hasta hackear la página del primer periódico digital con el objetivo del callarnos y no seguir publicando la verdad.

Por tal razón, como medio responsable con los hondureños nos sometemos a que revisen nuestra conducta profesional y ética”, cita la denuncia. Este 16 de junio el sitio de Hondudiario.com está funcionando normalmente.

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/amenazas-y-obstrucci%C3%B3n-labor-informativa-de-hondudiario

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Analista del Ministerio Público acecha y persigue a periodista

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Un agente del Ministerio Público (MP), cuya identidad no ha sido precisada, vigiló, acechó y persiguió al subcoordinador de prensa de Globo Tv, Ivis Alvarado, denunció el afectado.
Alvarado relató el 4 de junio a C-Libre que el día anterior trataron de amedrentarlo, ya que estaba en una consulta médica, en el bulevar Suyapa, junto a su esposa -su nombre se omite por seguridad- cuando se percató que lo perseguía una camioneta Land Cruiser, color blanco, vidrios polarizados, con adornos negros a los lados. Al entrar al centro de asistencia, Alvarado no supo si alguien bajó del vehículo.
“Cuando salimos de la clínica, invité a almorzar a mi esposa; la camioneta blanca seguía a la par de mi carro, honestamente no sospeché  que la camioneta venía detrás de mí. Cuando sospecho que estoy siendo seguido es cuando llego al restaurante (del centro comercial Multiplaza) y nuevamente la misma camioneta aparca al lado mío”.
De acuerdo con la denuncia, dentro del restaurante, Alvarado y su pareja vieron a un sujeto en frente de ellos, con un arma debajo de su camisa, estuvo ahí durante unos 45 minutos, caminó varias veces frente a ellos y les enseñó el rostro. Al ver que el comunicador le tomó una fotografía, el empleado del MP fue a guardar su arma al vehículo y regresó al lugar desde donde los acechaba, precisó la víctima.
La información periodística en poder de TV y Radio Globo establece que este agente trabajaría como analista de investigación del MP.
Esta agresión contra el periodista Alvarado trasciende menos de 24 horas después que ellos revelarán que hay una investigación del fiscal general adjunto, Rigoberto Cuellar, porque habría recibido un soborno (dinero) proveniente del presunto desvío de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Por su parte, Cuellar negó que esté procesado penalmente.
Además, este medio ha revelado la existencia de cheques que salieron de empresas, creadas para el presunto saqueo del IHSS y que fueron emitidos para el oficialista Partido Nacional. Asimismo, Alvarado ha participado en las denuncias que revelaron el nexo entre miembros del partido que tiene el poder, con narcotraficantes hondureños.
Desde 2010, Alvarado tiene medidas cautelares, interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cada mañana una escolta policial lo acompaña de su casa al trabajo.

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Estado principal responsable de ataques a la libertad de expresión, revela informe en Honduras

May 29, 2015

El asesinato de diez periodistas, entre ellos trabajadores de los medios de comunicación y comunicadores sociales, y 94 agresiones a la libertad de expresión se registraron durante el 2014, detalla en su reciente informe el Comité por la Libre Expresión –C-LIBRE-. El asesinato Carlos Mejía Orellana, gerente de Mercadeo de Radio Progreso, hecho ocurrido el 11 de abril de 2014, se registra entre los diez asesinatos presentados por C-LIBRE.

El informe llamado “Contra el Silencio Forzado: la Lucha por la Libre Expresión”, rescata desde una perspectiva cualitativa hechos referidos a la violación a la libre expresión en Honduras, dijo Arnaldo Rodríguez, miembro de la junta directiva   de C-LIBRE.  El documento plantea, por primera vez, una separación a nivel territorial de violaciones que se dan en las zonas rurales y en las ciudades intermedias, no solo las agresiones y violencias registradas en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Entre los departamentos que presenta el mayor número de agresiones  está Francisco Morazán con 46, Cortés con 11, y le siguen Yoro y Colón. Las agresiones vienen de parte de las  autoridades estatales, lo que se convierte en una preocupación, ya que el Estado en vez de garantizar el derecho lo está violentando.

Según el informe, el 2014 Radio Globo recibió 15 agresiones, siendo el más agredido en ese y en el actual período, lo que indica un aumento de las agresiones, crímenes y amenazas contra la vida y el libre ejercicio de la comunicación.

El Estado sigue siendo el mayor violador de la libertad de expresión, citando los casos particulares de las amenazas de muerte contra el periodista David Romero Ellner, director de Radio Globo y de Globo TV; el Canal Cholusat Sur, que recibió una advertencia de cierre de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, por transmitir denuncias de presuntos actos de corrupción cometidos por el gobierno y funcionarios públicos y el juicio del periodista Julio Ernesto Alvarado, querellado por la Decana de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Arnaldo Rodríguez agregó que: “el informe destaca 14 intimidaciones, 4 atentados, seis querellas, también represión judicial (6 casos) y  13 amenazas”. Además se hace énfasis de la restricción informativa en la cual se reportaron 6 casos, denunciándose principalmente a las municipalidades”.

El documento también señala que desde el ejecutivo se mantiene una situación de intimidación permanente hacia los medios de comunicación, con algunos casos que han terminado en homicidios. La escalada de violencia en contra de los periodistas y las periodistas se mantienen constantes desde el 2009, como parte de la nueva correlación represiva de fuerzas que se ha venido conformando en el marco de un Estado militarizado.

El informe añade que en la Honduras posgolpe de Estado, predomina una política de intimidación contra el ejercicio de la libertad de información y la libre expresión, llegando a recurrir a la vía judicial para eludir las denuncias de corrupción hechas por periodistas y defensores de derechos humanos.

Dicho informe cita los casos particulares de Albertina Manueles Pérez, indígena corresponsal de Radio Progreso que fue demandada por el delito de sedición; Alex Sabillón López, sobre quien C-Libre ha emitido tres alertas para proteger su vida y Gilberto Gálvez, periodista del municipio de La Paz, que enfrenta una querella de parte de la regidora Melida Isis Velásquez por difundir información pública.

Debido a las amenazas que ha recibido por informar al pueblo del departamento de La Paz, en la semana del periodista,  C-Libre  otorgó un reconocimiento al comunicador social Gilberto Gálvez. En declaraciones a Radio Progreso dijo sentirse agradecido pero además comprometido con la labor periodística. Relató que las amenazas que ha recibido, representa la persecución, que “no viene de ahora, sino del gobierno de Ricardo Maduro cuando había una corporación municipal que nosotros denunciamos por varios actos de corrupción, luego en el siguiente gobierno siguieron las amenazas”.

La falta de acción para controlar estos abusos hace al Estado cómplice de los mismos y tiene como resultado una restricción indirecta a la libertad de expresión. En los últimos cuatro años este derecho se ha visto altamente deteriorado en Honduras por la falta de justicia que permite la repetición de hechos, dijo Rodríguez.

Recomendaciones

Ana Ortega, presidenta de la Junta Directiva de C-Libre, planteó algunas recomendaciones, la principal está orientada en generar capacidades para que las organizaciones puedan movilizarse, generar apoyo, solidaridad y acompañamiento. Aunque remarcó que está debe ser labor del Estado y no organizaciones.

Al respecto, la periodista Sandra Maribel Sánchez, del equipo de prensa de Radio Progreso, subrayó que el mayor esfuerzo debe enfocarse en la investigación de los casos para atacar directamente la impunidad.

En ese sentido, el C-Libre organizó redes de periodistas rurales y llama a periodistas de las ciudades a la unidad y organizarse para no actuar de manera aislada. El año pasado se emitieron 15 alertas, se han quintuplicado las agresiones contra la libertad de expresión.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2097-estado-principal-responsable-de-ataques-a-la-libertad-de-expresi%C3%B3n-revela-informe-en-honduras

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Premian a defensores de la Libertad de Expresión

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El Comité por la Libre Expresión C-Libre premio a la defensora Gladys Petrona Ochoa Lanza (Premio Libertad de Expresión)  y al periodista José Gilberto Gálvez (Premio Nacional Libertad de Prensa).

Estos premios fueron otorgados a dos personas que han sido víctimas de querellas por ejercer la defensoría de los derechos de las mujeres y denunciar los abusos de autoridades gubernamentales en su gestión.

Gladys “La Chona”

Actualmente es coordinadora del Movimiento “Visitación Padilla” más conocido como “Las Chonas”.

Es víctima de agresiones y persecuciones por su actividad de defensa de los derechos de las mujeres; el 2 de septiembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó Medidas Provisionales y este ente requirió al Estado de la República de Honduras, para que protegiera la vida y la integridad física de Gladys Lanza.

Desde muy joven se organizó en la Juventud Obrera Católica (JOC) y en el  Movimiento Cooperativista.

Durante los años 80, fue detenida y fichada como “comunista” varias veces por los agentes de inteligencia del Estado, por exigir respeto a la vida y la libertad de las personas privadas de libertad por motivos políticos,  la vida de los desaparecidos y el respeto a la soberanía.

Militó en el  Movimiento Sindical  26 años, ocupando varios cargos en la dirección local y nacional del Sindicato de la Empresa Nacional  de Energía Eléctrica “STENEE” organización que se convirtió  en un “centro de resistencia” frente a medidas neoliberales asumidas por el Gobierno del expresidente Rafael Leonardo Callejas, fue despedida de esta institución.

Se vinculó al Movimiento por la Paz “Visitación Padilla”, desde el nacimiento de la organización en 1984, desde donde hace treinta años defiende los derechos de las mujeres marginadas, excluidas,  violentadas.

Lanza manifestó que “Participé en la lucha por una ley electoral que reconociera la cuota de participación política de las mujeres en los procesos electorales y en los partidos políticos”.

La defensora es considerada como una de las pioneras en la defensoría de los Derechos Humanos de las Mujeres, simplemente por ser mujeres.

La Sala Uno del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, declaró el pasado 28 de enero de 2015 culpable a Gladys, por el delito de difamación constitutiva de calumnias. Ya que a organización que coordina hizo acompañamiento a una mujer víctima de supuesto acoso sexual por parte de su jefe en el trabajo.

La chona aduce que “Sigo siendo perseguida, vigilada y acosada por los cuerpos de seguridad del Estado y la política represiva que intenta obligarnos y doblegarnos”.

Lanza adujo que “vale la pena vivir por un ideal de la verdad y la justicia y el derecho a decir nuestra palabra”, “Honduras tiene nombre de mujer y por eso los políticos las tratan tan mal, la vida de una mujer vale menos que la integridad de un animal”.

Finalizo diciendo que los medios quieren silenciar la verdad y que lo más grave es que las mujeres son las victimas de todos los atropellos; pero que ellas mantienen viva la esperanza y luchan para que el futuro de Hondura y sus verdaderas hijas tengan derecho al derecho humano de la felicidad.

José Gilberto “Periodista”

Gálvez nació en la ciudad de La Paz, el 12 de diciembre de 1962.  Durante muchos años se dedicó al oficio de artesano de joyas, labor que lo llevó a residir en Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

Empezó  a ejercer el periodismo hace más de 21 años, en Radio Maranata, un radio medio de comunicación local de La Paz.

“Llegué porque he sido dirigente de ligas juveniles de fútbol y como aquí en la ciudad no había reporteros de deportes empecé con un programa de deportes, a la gente le gustó tanto que pronto tenía una hora y luego pasé a la radio Stereo 104” recordó el comunicador.

Tras pasar por varios programas deportivos y  noticiosos, Gálvez trabajó como corresponsal de “STC-Radio” hoy Radio Cadena Voces  y posteriormente a Radio Globo y Radio HRN.

Por primera vez se querelló a un periodista por el uso de su red social (Facebook) el 29 de septiembre del 2004, por la alcaldesa de La Paz, Gilma Ondina Castillo, para llevar a Gálvez a prisión e inhabilitarlo, porque considera que fue objeto de falsas imputaciones.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, tiene conocimiento del hostigamiento judicial contra Gálvez, desde el 5 de diciembre del 2014. Al no conciliar, el caso pasa a juicio oral y público, tal como lo establece el Código Procesal Penal de Honduras; Unos 31 periodistas de Comayagua emitieron un pronunciamiento para condenar el atropello contra Gálvez y la violación contra el derecho a informar.

Concluyo Gálvez “Siempre hay grupos de poder que buscan seducirnos o amedrentarnos, pero me siento orgulloso de mis tres hijos y una esposa que conocen que la honestidad no es fácil, pero cuando los veo a ellos me da una gran alegría, ellos saben que su padre no anda en cosas malas y si algo me llega a pasar el día de mañana pues será por decir la verdad”

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3555:premian-a-defensores-de-la-libertad-de-expresion&catid=71:def&Itemid=166

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Informe de lucha por la libre expresión

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El Comité por la Libre Expresión C-Libre presentó el informe sobre el estado del derecho a la libertad de expresión en Honduras 2014 y el tema “Contra el Silencio Forzado”.

El año pasado C-Libre documento 94 actos que conllevan a agresiones a la libertad de expresión, en donde la mayor cantidad se registran en los últimos meses. Los departamentos en donde ocurrieron una mayor cantidad de denuncias fueron Francisco Morazán y Cortes.

Señalaron que la mayoría de las agresiones a la libertad de expresión fueron cometidas por personas que forman parte de la estructura gubernamental, específicamente pertenecientes al poder ejecutivo; lo que representa un 70% del total, el resto son actores desconocidos o empleados municipales.

Los más afectados en su libertad de expresión son Radio Globo y medios de comunicación del interior como Canal 6 y Radio Progreso.

Las amenazas por actores gubernamentales se debe a la capacidad de coacción que ellas y ellos tienen; cuando se ven cuestionados por su manera de dirigir la administración pública, en este sentido las municipalidades han sido denunciadas por verter amenazas contra periodistas y comunicadores.

Entre las recomendaciones que arrojo el informe están que el Estado de acuerdo a derecho sea el encargado de tutelar los Derechos Humanos y las garantías fundamentales de la población hondureña.

Los funcionarios públicos deben asumir con responsabilidad el respeto a los Derechos Humanos y enmendar los errores que se han producido como consecuencia de su autoritarismo y resarcir los daños y perjuicios causados en la violación a la libertad de expresión.

Seguir trabajando en el fortalecimiento y capacitación de los periodistas y comunicadores a fin de lograr el desarrollo al máximo de sus capacidades y que las redes puedan generar ingresos para la solidaridad y protección de los mismos.

Finalmente, fortalecer el acompañamiento que realiza C- Libre en los casos de agresiones que se producen a la libertad de expresión, para reducir el impacto y asistir a los periodista, comunicadores sociales y defensores de Derechos Humanos que se encuentran en proceso de ejecución legal de la agresión

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3556:informe-de-lucha-por-la-libre-expresion&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Silencio forzado por aumento de asesinatos de periodistas en Honduras

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Silencio forzado por aumento de asesinatos de periodistas en Honduras
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-  El Comité por la Libre expresión, C-Libre, presentó su Informe sobre el estado de la libertad de expresión 2014, titulado “Contra el silencio forzado: la lucha por la libre expresión”, que destaca casi un centenar de agresiones contra periodistas y defensores humanos en el Honduras.
En el evento, realizado este miércoles 27 de mayo, se reconoció la labor de Gladys Lanza, del “Movimiento Visitación Padilla”, y del periodista del departamento de La Paz, Gilberto Gálvez. Destaca el informe que solo el año pasado fueron asesinados 10 periodistas, siendo uno de los años más trágicos para los comunicadores hondureños.
 Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento por la Paz “Visitación Padilla, recibe el Premio Nacional “Libertad de Expresión”, de manos de la directora de la Junta Directiva de C-Libre, Ana Ortega.

Además se establece al menos 94 agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos. De estas, 73 fueron contra periodistas, que es el gremio más agredido, y luego, el 15 por ciento de casos ocurrieron contra miembros de la sociedad civil.

La mayoría de las agresiones fueron cometidas por el gobierno, lo que supone a un Estado reproductor de violencia estructural y que restringe la libertad de expresión en diversas facetas de la cotidianidad.
Salvo los actores desconocidos, en su mayoría vinculados con atentados y homicidios, el Estado representa la totalidad de los demás casos de agravio a la libertad de expresión. Si a esto sumamos el hecho de que los homicidios en su mayoría no han sido resueltos por parte de los órganos judiciales, encontramos un patrón de posible relación entre estos casos desconocidos y las demás agresiones que son en su mayoría del Estado, entre entes autónomos y semiautónomos.
En informe fue presentado en un hotel capitalino, y estuvo a cargo de Arnaldo Rodríguez, directivo de C-Libre, quien destaca que “el año 2014 pasará a la historia del periodismo hondureño como uno de esos períodos oscuros de silencio forzado, con el asesinato de diez periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación”. Todos estos crímenes continúan impunes, y la respuesta del Estado a las demandas de una investigación efectiva y sanciones a los responsables, es culpabilizar a las víctimas.
En Honduras predomina una política de intimidación contra el ejercicio de la libertad de información y la libre expresión, llegando a recurrir a la vía judicial para eludir las denuncias de corrupción hechas por periodistas y defensores de derechos humanos.
Gilberto Galvez, periodista de La Paz recibe el Premio Nacional “Libertad de Prensa”, de manos del Director Ehecutivo de C-Libre, Héctor Becerra.

El 14 de julio de 2014, irónicamente aniversario de la proclamación en Francia de los principios universales de Libertad, Igualdad y Fraternidad, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, violentando principios constitucionales, declaró reserva de información en 18 instituciones claves del Estado. Sin embargo, la otra cara de la medalla está en la lucha incansable de comunicadoras y comunicadores valientes que se enfrentan día tras día a la intimidación y las amenazas para sortear la censura.

Redes de autoprotección
Algunos lo hacen de forma independiente, pero la tendencia es cada vez más a luchar unificados a través de la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (Rapcos).
En informe analiza también formas indirectas de censura que se presentan sobre todo desde el plano institucional. Diversos actores de los tres poderes del Estado ensayan una especie de mecanismo para impedir el acceso a la información, obstruir la cobertura de eventos clave y tomar medidas que son de carácter coercitivo como son las querellas o demandas.
Hubo seis querellas contra periodistas y comunicadores sociales, de parte de personas ligadas de alguna manera a la institucionalidad del Estado.
En ese sentido, en el informe se plantean siete recomendaciones, encaminadas a que el gobierno, como autoridad del Estado, es responsable de tutelar los derechos humanos y las garantías fundamentales, y debe hacerlo en apego a los principios del Estado de derecho.
La mesa principal estuvo integrada por Ana Ortega, presidenta de la Junta Directiva de C-Libre, Héctor Becerra, Director Ejecutivo de C-Libre, Gladys Lanza, de Visitación Padilla, el periodista Gilberto Gálvez, y Arnaldo Rodríguez, directivo de C-Libre.
Ana Ortega, en torno a inquietudes de participantes dijo que la responsabilidad es del Estado, las organizaciones no pueden asumir la responsabilidad del Estado, la situación está planteada, que es lo que debe hacer la ciudadanía organizada.
Héctor Berrera, por su lado, manifestó que nunca la labor de las organizaciones de derechos humanos será suficiente, se deben sumar todos los sectores de la sociedad, las redes no son suficientes ante tanta agresión del Estado, pero se debe luchar de manera conjunta.
Dejó claro que los defensores de derechos humanos hacen labores de acompañamientos a quienes son querellados o llevados a los tribunales de justicia.
Falta mucho por hacer, pero se ha hecho bastante, pero hay limitantes. Se ha ido a municipios como Talanga donde se cerraban medios de comunicación de la oposición política, al final al alcalde no lo reeligieron.
Premios libertad de expresión y de prensa
Arnaldo Rodríguez, redactor del Informe “Contra el silencio forzado: la lucha por la libre expresión” durante la presentación de los resultados.

Gladys Lanza dijo en su intervención que el premio es de todos los defensores de los derechos humanos, muchas mujeres mueren pero nada las detendrá. La lucha es alzar la voz y señalar las acciones contra las mujeres de parte de un patriarcado. Rechazó programas como Guardianes de la Patria, la militarización y la presencia de tropas extranjeras. Tengo medidas cautelares pero fui querellada por algo que dije y que es cierto, entonces las medidas no funcionan. El Estado sabe quienes hacen el trabajo de hostigamiento, seguimiento, la falla es del Estado que no nos da seguridad para hacer nuestro trabajo con tranquilidad.

Agradeció a C-Libre el otorgamiento del premio porque la considera aliada en la defensa de los derechos humanos. Entre tanto, Gilberto Gálvez, destacó el derecho de libertad de expresión, como forma de vivir en libertad. En Honduras hay muchos hechos contra la libertad de expresión, como impunidad en agresiones y medios de comunicación monopolizados, y gobernantes que quieren imponer su voluntad afectando a otros.
Entre tanto, hubo preguntas de los asistentes, relacionadas a que pasa con la Ley de secretividad, como proteger a los periodistas del interior que son amenazados, y hasta reclamos porque solo se presentan estadísticas, en vez de buscar soluciones preventivas.

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Amenazas a muerte para periodista que denunció corrupción del IHSS

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Responsabilizo al Partido Nacional de Honduras si a mí me pasa algo. Me siento amenazado a muerte”, ha dicho el director de Radio Globo, David Romero Ellner. El comunicador denunció que recibió este ataque luego de revelar la supuesta emisión de cheques para el Partido Nacional, por parte de empresas supuestamente ligadas al escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Romero Ellner expresó el 13 de mayo, estoy cumpliendo una función eminentemente periodística y como mandé el mensaje hoy tempranito, esto no se trata de una conspiración contra nadie ni financiera ni promovida por nadie; es un trabajo eminentemente periodístico y yo públicamente ahorita le pido al Consejo Nacional de Seguridad que si ellos tienen -y lo exijo públicamente- que si tienen indicios, grabaciones, conversaciones, que me las graban todas casi; vídeos donde yo me reúno con alguien en particular y me muevo en torno para buscar y hacer esto que estamos haciendo, yo créame que lo reto, le pido a usted, general Pacheco Tinoco, ex jefe de Inteligencia, háganlo público, fíltrenlo”, dijo el periodista.

“Luego otro emisario directamente a amenazarme prácticamente. No les tengo miedo, voy a enfrentar esto porque es mi obligación como comunicador social. Solamente les voy a decir una cosa, ahorita lo que he tocado no es ni el 0.5 por ciento de la corrupción donde participa el Partido Nacional y la alta dirigencia del Partido Nacional de Honduras. Usted amigo oyente, amigo televidente, se va a sorprender cuando comencemos a soltar grabaciones de las reuniones de Juan Orlando Hernández, en su casa; con los gerentes y dueños de las 30 empresas que se constituyeron para saquear el Seguro Social”.

El periodista Héctor Amador, que conduce el programa Interpretando la Noticia junto a Romero Ellner, denunció el 13 de mayo que con “un emisario mandan a amenazar al periodista David Romero para que silencie la corrupción del Seguro Social, tenga cuidado, los mismos de su partido (Libre) pueden atentar contra usted para tener un mártir en su lucha”.

La Red Fian envió este 15 de mayo un comunicado en el que responsabilizan al ex ministro de seguridad, Oscar Álvarez, por planificar los detalles de la trama criminal en su contra. “Él es el cerebro”.

Sicarios contratados

“El periodista detalló a su audiencia que anoche mismo aceptó la protección 24/7 del alto mando de la policía nacional preventiva, una situación de alerta roja que la víctima no puede rechazar. Yo acepté porque no puedo darme seguridad, no puedo tener vehículos blindados y porque los sicarios ya han sido pagados desde el jueves para atentar contra mi vida y porque ya hicieron reconocimiento de mi ruta laboral”, declaró Romero Ellner en la edición matutina de ambos medios, reveló Fian.

“Me preocupa la situación de las fuentes que están silenciando, las fuentes como John Bográn, quien lavó 36 millones de lempiras para la campaña del Partido Nacional y no solamente vendió boletos aéreos”, dice este comunicado.

Ante la gravedad de los hechos, el periodista anunció que presentará su denuncia a la representación de la Unión Europea en Tegucigalpa y ante la embajada de Estados Unidos, también.

Periodistas encerrados y estigmatizados

El mismo día que trascendió la amenaza a muerte, el periodista Esdras Amado López divulgó en su cuenta de twitter una foto en la que, según él, encerraron a periodistas para impedir que entrevistaran al presidente.

También Canal 6 denunció que, según los periodistas, se les privó de su libertad y derecho de comunicar al mantenerlos encerrados en un salón de la Cámara de Comercio para evitar que entrevistaran al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien se encontraba en el lugar. Un día antes de que trascendieran las amenazas a muerte, el 12 de mayo el Partido Nacional emitió un comunicado oficial en el que estigmatiza a Romero Ellner. Este comunicado cita que “Romero trata de forzar la evidencia y busca vincular artificiosamente la corrupción del Seguro Social con el Partido Nacional, aunque sabe que sus argumentos son débiles confía en su capacidad de manipulación y en el apoyo que recibirá de los dirigentes de Libre”.

Fuente: http://www.clibrehonduras.com/alerta/amenazas-muerte-para-periodista-que-denunci%C3%B3-corrupci%C3%B3n-del-ihss

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