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Diputado del PAC presenta decreto de amnistía para pago de multas y recargos en la ENEE

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn; 

El diputado por el departamento de Cortés,  por el Partido Anti Corrupción (PAC), Walter Banegas,  presentó ante el Congreso Nacional,  una iniciativa de ley para otorgar una amnistía por tres meses en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que beneficie a los consumidores en lo concerniente al pago de multas y recargos por el atraso en el pago de sus facturas.

Walter Banegas

El parlamentario señaló que,  se debe considerar que son muchas las denuncias de los consumidores, reclamando por facturación de alto consumo, aplicación indebida de ajustes, mediciones o lecturas incorrectas y mientras se les resuelve dichos reclamos, sus saldos se vuelven impagables como consecuencia de los intereses, multas y recargos, lo que afecta tanto al consumidor como a la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

En la exposición de motivos argumentó que, el sistema económico del país se fundamenta en los principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como en la co-existencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.

Apuntó, compartir, crear y fomentar en todos los compatriotas, la cultura de pago oportuno de los impuestos, cargas tributaria y tasas por servicios públicos; sin embargo, reconocemos la actual crisis económica por la que atravesamos todos los hondureños y que nos impacta de una u otra forma; esto como consecuencia de una serie de medidas fiscales que son otorgadas desproporcionalmente, beneficiando a grandes grupos económicos y políticos y nos olvidamos de los más  necesitados y vulnerables.

Por esa razón en sus considerandos peticionó que,   se debe de exonerar del pago de intereses, multas y cualquier otro recargo generado por la falta de pago del principal a todos los consumidores del sector residencial tarifa 101 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y otorgarle un plazo para el pago del principal.

 El decreto presentado dice en su artículo 1 que se concederá un plazo de tres meses aprobados a partir de la aprobación del decreto para que los consumidores de energía gocen de Amnistía para el pago de intereses, multas y cualquier otro recargo generados por servicio de energía eléctrica a los consumidores del sector residencial tarifa 101 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Y el artículo 2 señala que a partir de la vigencia de este Decreto, los consumidores del sector residencial de la ENEE, podrán hacer efectivo sus saldos de principal o hacer arreglo de pago con dicha institución.

El decreto fue remitido a una comisión de dictámen del Congreso Nacional para su estudio y posterior discusión en el pleno del hemiciclo legislativo.

Origen: Diputado del PAC presenta decreto de amnistía para pago de multas y recargos en la ENEE –

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Amnistías tramposas

Sep 30, 2014

El 11 de septiembre se cumplieron 41 años del golpe de Estado en Chile. Durante la conmemoración, la presidenta, Michelle Bachelet, anunció una iniciativa de ley urgente para suprimir la amnistía decretada por el dictador Augusto Pinochet en 1978. De hecho, la amnistía no se aplicaba desde 1998, pues consideraban los jueces que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Pero suprimirla es un acto de justicia. Ya antes, siendo ministra de Defensa, Bachelet había conseguido que el general Cheyre, comandante en jefe del Ejército chileno, reconociera las graves violaciones de derechos humanos en el pasado y se comprometiera al “nunca más” respecto a ellas.

Esta noticia nos hace volver a nuestra ley de amnistía de 1993. Una verdadera bofetada en el rostro del pueblo salvadoreño, una validación grosera —contraria a la Constitución— de que el Estado tiene derecho a matar impunemente, y un desprecio absoluto de los derechos de las víctimas y del derecho a la verdad del pueblo salvadoreño. La hipocresía del perdón, exigido a las víctimas por verdugos incapaces de pedirlo por sus crímenes, desnaturaliza la relación pacífica entre los salvadoreños sustituyendo la verdad y la reconciliación en ella por la ley del más fuerte. Incluso en los tibios actos de perdón del Gobierno de Funes, abundó la mentira y la hipocresía. Se prometía, entre otras cosas, hacer una revisión de la historia de la Fuerza Armada para borrar de lugares públicos los nombres de militares que hubieran violado los derechos humanos. Pero los nombres de comandantes de batallones masacradores continúan exhibiéndose como héroes.

La noticia de Chile no es noticia en El Salvador. Tal vez queremos esperar cuarenta y un años para derogar la ley de amnistía. No importa que las instituciones a las que nos hemos sometido por tratado nos digan que esa ley choca directamente con la legislación internacional. Tampoco importa que la Corte Suprema de Justicia haya dicho que los crímenes de lesa humanidad no tienen cobertura bajo esa ley. Con toda tranquilidad se aplica. Y cuando se reconoce finalmente que algunos crímenes no están amparados por la amnistía, entonces se recurre a la prescripción, a pesar de que en todas las universidades de El Salvador se afirma que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. ¿Y la independencia judicial de nuestros jueces? La cobardía y el miedo anidan en demasiados corazones.

Y mientras esto sucede, no faltan las voces de los defensores de la amnistía que piden pena de muerte para los criminales de hoy, como pedían ilegalmente la misma pena para quienes en el pasado no pensaban como ellos. Se reflexiona poco sobre la cultura de la violencia y sobre cómo la impunidad la multiplica. Se pide pena de muerte mientras solo un cuatro o un cinco por ciento de los crímenes cometidos llegan a sentencia condenatoria. La indiferencia ante el pasado y el griterío ante el presente conforman una especie de trastorno bipolar, en el que se mezcla la defensa radical de la impunidad de los crímenes de guerra con un clamor por la venganza social —cuanto más dura mejor— en el presente. Un rasgo más de una sociedad que con dificultad analiza las causas de la violencia y que no sabe buscar con un mínimo de inteligencia las soluciones racionales para el crimen.

No importa que en repetidos estudios se nos diga que entre las causas de la violencia están la desigualdad económica-social; la vulnerabilidad de las clases medias y el miedo al retroceso socioeconómico que ella produce; los bajos niveles educativos; los bajos salarios y la facilidad de duplicar el salario mínimo por vías ilegítimas; las redes de protección social desigualmente estratificadas, que favorecen más a unos que a otros; la impunidad; la desintegración familiar, en parte provocada por la migración; y la debilidad de las instituciones relacionadas a la justicia y a la persecución del delito. Las causas no importan o bien porque no hay dinero, o bien porque no se quiere soltar el que se necesita para enfrentarlas. Además de gastar en regalos y bonos administrativos, se prefiere apostar por el grande y floreciente negocio de la seguridad privada, aunque este contribuya a aumentar la abundancia de armas en manos de civiles. La sabia consigna de un grupo de ciudadanos “Armas, ni de juguete” ha pasado a la historia como si fuera una campaña más entre las muchas irrelevantes con las que nos aburre esta sociedad de consumo.

Es necesario pasar a una acción inteligente. Hay ya algunas experiencias interesantes y exitosas, tanto de la empresa privada como de instituciones públicas o de la sociedad civil. Son pequeñas, insuficientes y algunas han experimentado retrocesos por falta de continuidad en la intervención. Pero hay suficientes ideas y suficiente experiencia para pensar que la delincuencia y la brutalidad se pueden revertir. Necesitamos pasar de un pensamiento reducido y unilateral a otro que englobe los problemas estructurales y que una esfuerzos estatales, comunitarios y privados. Es posible pasar del miedo a la racionalidad, del egoísmo y la comodidad a la coherencia con la solidaridad, la justicia y la compasión. Necesitamos dar el salto del sálvese quien pueda individualista hacia el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo de largo plazo. Chile, de diversas maneras, superó la brutalidad del pasado y sigue aplicando racionalidad en sus políticas. Enfocar sistémica y sistemáticamente nuestro problema de delincuencia y de cultura violenta, tanto respecto al pasado como al presente, es no solo una necesidad ética, sino un paso indispensable hacia el desarrollo humano.

 

 

José María Tojeira, SJ
Director de Pastoral UCA-El Salvador

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/amecate-corto/semanario/item/1367-amnist%C3%ADas-tramposas

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Honduras: extienen plazo para registrar armas de fuego sin factura

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Las comisiones de seguridad y de defensa y soberanía del Congreso Nacional, dijeron haber logrado importantes acuerdos con autoridades de las Fuerzas Armadas, en cuanto a la venta de armas en el marco de la socialización de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.

En una nueva jornada de socialización del proyecto de Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, las Fuerzas Armadas piden que el proyecto incluya la potestad de La armería para comercializar armas de fuego, bajo el concepto patriótico de defensa y seguridad nacional.

Luego de la reunión, el diputado Tomás Zambrano, informó que además de socializar la ley, se busca fortalecer ciertas debilidades que existen en la venta de armas y que sean las Fuerzas Armadas las que sigan manejando la exclusividad de la comercialización de las mismas.

Agregó que otro aspecto a fortalecer es el proceso de venta, para que el ciudadano que compre un arma de fuego en La Armería, con los requisitos legales, sea registrada en el mismo lugar, mediante el registro balístico que se deberá instalar.

Lo que se quiere es que haya un registro balístico en La Armería, con un sistema integrado formado por las mismas Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Medicina Forense y la dirección de balística y de esa forma que el comprador salga ya con su permiso respectivo, explicó Zambrano.

En cuanto a la amnistía para registrar armas no comparadas en La Armería, que concluye el 30 de octubre próximo, indicó que en los próximos días se presentará ante el pleno la propuesta del diputado Mario Pérez para ampliar esa amnistía, que podría ser de seis meses a un año.

Sin embargo, aclaró que al finalizar esa veda no se podrá registrar un arma que no haya sido vendida por La Armería, medida que viene a fortalecer el control de las armas de fuego en el país.
Respecto a la edad para poder portar o comprar un arma de fuego, Zambrano señaló que el criterio compartido fue que la persona debe ser mayor de 21 años.

Por su parte, el inspector general de las Fuerzas Armadas, general de división Miguel Palacios Ramos, dijo sentirse orgulloso del proceso que han manejado, que les permite aportar datos importantes sobre la comercialización de armas.

El oficial quien también preside la junta directiva de La Armería, apuntó que la venta de armas es una actividad que realizan desde 1971 y que a lo largo de más de 40 años han vendido unas 214 mil artefactos.

Agregó que sus propuestas serán hechas de forma oficial y se tomen las mejores decisiones, bajo el concepto claro que la venta de armas de fuego y demás productos siga bajo su control, en el marco de un acto patriótico de defensa y seguridad ciudadana.

Informó que en unos en 10 días harán llegar al Congreso Nacional sus planteamientos y recomendaciones para su estudio y que en la Cámara Legislativa se tomen en cuenta sus sugerencias.

De su lado, el diputado David Chávez resaltó la importancia que ha dado el Legislativo a la socialización de la propuesta de ley con los distintos sectores de la sociedad y que la persona común pueda portar su arma en forma legal.

Además, la persona tendrá acceso a toda la infraestructura, instalaciones y logística de las Fuerzas Armadas, que eventualmente deberá manejar el registro de un arma, facilitando al ciudadano el proceso registral.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-extienen-plazo-para-registrar-armas-de-fuego-sin-factura

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Concederán amnistía para exfuncionarios hondureños

10 de Agosto de 2014

10:00PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn En debate ley que les permitirá no pagar intereses por reparos.

El objeto de la ley es recobrar las cantidades que han sido reparadas por el TSC.
El objeto de la ley es recobrar las cantidades que han sido reparadas por el TSC.

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional se dispone a aprobar esta semana en su tercero y último debate una amnistía para el pago de intereses sobre las cantidades reparadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Se trata de una iniciativa de ley presentada por el diputado nacionalista Rolando Dubón Bueso encaminada a tratar de que el Estado recobre cantidades millonarias por concepto de cantidades reparadas a exfuncionarios durante los últimos diez años.

Se trata de la reforma del decreto 309-2013, aprobado en las últimas sesiones de la legislatura anterior, publicado en marzo de este año, que establecía una amnistía por seis meses.

El proyectista argumenta que debe ampliarse a un año debido a que la crisis económica impide que exfuncionarios y empleados que han sido reparados por el Estado cumplan con esa responsabilidad: hay muchos casos en que los intereses son más que la misma cantidad reparada, convirtiéndose en sumas impagables.

Según la reforma, “se concede amnistía por el término de un año para el pago de los intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que se aplica al sistema financiero nacional sobre las cantidades representadas por el Tribunal Superior de Cuentas, desde la fecha en que la resolución se tomó, ejecutada desde el momento del pago efectuado por el sujeto con responsabilidad civil, ya sea que se encuentren judicializados o no, hayan suscrito arreglos de pago para lo cual se faculta a la Procuraduría General de la República a efectuar las gestiones de cobro y acuerdos de pago con la parte sujeta de responsabilidad hasta por un término de 10 años, debiendo tomarse en cuenta el monto de las cantidades reparadas y cualquier otra circunstancia y, en su caso, presentar los disentimientos que correspondan.

El pago se podrá efectuar en efectivo, cheques certificados o de caja en los plazos que la PGR acuerde con las partes”, dice el dictamen. Beneficia también a exalcaldes y exregidores que mantienen pliegos de responsabilidad civil con el Estado.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/737063-96/conceder%C3%A1n-amnist%C3%ADa-para-exfuncionarios-hondure%C3%B1os

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Comisión de presupuesto contra la amnistía tributaria en Honduras

4 de Junio de 2014

10:00PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

El presidente de la comisión dice que morosos con el fisco hondureño deben pagar.

Para la DEI no es conveniente una amnistía tributaria.
Para la DEI no es conveniente una amnistía tributaria.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la comisión de presupuesto del Congreso, diputado Francisco Rivera, puso en duda que se declare este año una amnistía tributaria.

La comisión que encabeza Rivera dictamina un proyecto del diputado Walter Romero, quien propone declarar amnistía hasta el 31 de diciembre.

La gracia es para el pago de intereses, multas, cargos y recargos por impuestos no pagados durante ejercicios fiscales antes de diciembre de 2013.

En relación con esta iniciativa de ley, la directora ejecutiva de ingresos, Mirian Guzmán, ha manifestado que no es conveniente declarar una amnistía, aunque según datos se recuperarían 1,200 millones de lempiras.

El diputado Rivera afirmó que los morosos con el fisco deben pagar los impuestos adeudados porque el Congreso no aprobará ninguna amnistía.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/716154-96/comisi%C3%B3n-de-presupuesto-contra-la-amnist%C3%ADa-tributaria-en-honduras

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Hay ambiente para aprobar perdón fiscal

4 junio, 2014 – 1:01 AM

Los morosos con el fisco podrán tener una oportunidad de ponerse al día, luego que el Congreso Nacional apruebe la amplia amnistía propuesta la semana anterior, aseguró el presidente de la Comisión Ordinaria de Presupuesto, el diputado nacionalista Francisco Rivera, quien indicó que hay ambiente para aprobar el perdón fiscal.

El diputado Francisco Rivera señaló que aprobarían la amnistía tributaria.

“La iniciativa de ley llega al Congreso Nacional y la responsabilidad de Mauricio Oliva es turnarla a comisión de dictamen, pero no sabemos a qué comisión va a llegar. Lo que yo les puedo decir es a título personal, que hay ambiente para aprobar esa amnistía”, señaló

“Doña Miriam (Guzmán) ha tocado grandes, es muy valiente y eso tiene sus grandes méritos, pero hay un tema, el decreto de amnistía llega al Congreso y el Congreso está formado por políticos, ya en las comisiones combinamos la parte política y la económica, todo lo que beneficia al país”, explicó. (NA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/06/04/hay-ambiente-para-aprobar-perdon-fiscal/

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Juez aplicó decreto de amnistía a policías violadores de derechos humanos

Friday, 29 November 2013 08:44 Dina Meza

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Tegucigalpa.

El relato que hiciera Alba Leticia Ochoa Camacho, una de las sobreviviente de las torturas, detención ilegal y vejámenes aplicados por la policía a más de 20 personas que participaban de una marcha pacífica y otras que como ella pasaban cerca de la represión en el centro de la capital, no valió para nada ante la justicia del Honduras, pues el 17 de noviembre pasado el Juez Víctor Méndez les suspendió la persecución penal con la aplicación del decreto de amnistía aprobado en el Congreso Nacional en enero de 2010.

Ochoa dijo al Juez que por el hecho de pedir que dejaran de torturar a una persona que participaba de la marcha y filmar la acción violatoria de los derechos fundamentales de las víctimas fue el pretexto para que le dieron de inicio un toletazo, le dieron con un tubo en sus manos hasta hacerla sangrar y la colocaran junto a más de 20 personas más bajo el ardiente sol, mientras varios diputados observaban la acción y se reían en vez de intervenir para parar ese acto ilegal.

“El suelo estaba muy caliente después  los   llevaron a los bajos del legislativo y les gritaba perros, después los subieron a un camión del ejército y los llegaron a los COBRAS donde los colocaron en las gradas, allí los policías nos gritaban perros comunistas los vamos a ahorcar , apareció el Comisionado Elder Madrid y nos dijo revoltosos , cuánto te da Chávez, comunistas  bandoleras les vamos a echar gas”, señala el testimonio que es parte de un voluminoso expediente en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán.                                                  

El 19 de septiembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia preliminar contra José Ventura Flores Maradiaga, Carlos Isaac Polanco Padilla, Estela Esperanza Ramos Sánchez, Juana María Alvarado Barahona y Suyapa María Elvir Escalante, al principio también estaba Elder Madrid Guerra, cuyo caso fue sobreseído desde un principio aunque la defensa a cargo de la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, presentó dos recursos de apelación, sin resultados.

Las víctimas fueron Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Issac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y  Daniel Angel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24, que fueron llevadas ese día 12 de agosto de 2009 al Escuadrón Cobras, un lugar ilegal de detención.

Amnistía para enterrar la justicia

Alba Ochoa

En primera instancia la defensa de los policías pretendía una conciliación argumentando que el Estado de Honduras era el ofendido y no las víctimas y solicitó la conciliación con la Procuraduría General de la República, pero cuando su petición no surtió efecto solicitó la amnistía, contemplada en el decreto legislativo 2-2010, que dejó fuera de prisión a la cúpula militar, ejecutores materiales del golpe de Estado de 2009, contra el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales.

Aunque todas las víctimas estaban seriamente torturadas, incluso con fracturas en sus cuerpos, les mantuvieron por varias horas en una audiencia como victimarios acusadas de Daños, Manifestaciones Ilícitas, Robo y Sedición. La audiencia de imputado se llevó a cabo en la policía Metropolitana Número Uno y no en las instalaciones del Juzgado, como debió haber sido, mientras militares y policías les apuntaban con sus fusiles, el Juez les decretó Auto de Prisión.

Juez trastocó la justicia

El decreto excluye el delito de vejámenes y otras violaciones a derechos humanos  el juez procedió a aplicarlo, lo que para la abogada Cárdenas es un  caso típico de impunidad  pues queda claro que los agentes del Estado bajo quienes las víctimas estaban en custodia cometieron estas arbitrariedades.

El 12 de agosto de 2009 fue un día más de protestas contra el golpe de Estado, con un movimiento de resistencia que se mantiene hasta ahora vigente. Pero al igual de en otras manifestaciones pacíficas, las fuerzas represivas del Estado emboscaron a los participantes, pero con el objetivo de criminalizar su lucha.

Los defensores de los policías que fueron acusados, solicitaron la aplicación de dicho decreto en una audiencia donde el Juez no les permitió el uso de la palabra a la defensora de las víctimas la abogada Cárdenas, sino que argumentó que tenía tres días para resolver, lo cual hizo mediante autos y no en audiencia.

Aparte de la aplicación para favorecer a la cúpula castrense, otro caso en el cual se puso en práctica fue en el relacionado con las  torturas contra la profesora Agustina Flores quien fue capturada el 22 de septiembre de 2009, después de una represión violenta contra miles de manifestantes que llegaron a la Embajada de Brasil en la capital, donde llegó en forma clandestina el presidente Manuel Zelaya, allí se refugió durante varios meses.

El Ministerio Público emitió un comunicado el 29 de junio de 2010 donde informa que procederá a archivar todos los expedientes que tienen relación con el decreto.

El decreto dice: “conceder amnistía de carácter general para aquellos ciudadanos que hayan intentado o consumado las acciones típicas referentes al delito de traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, terrorismo, sedición y todas del Código Penal calificadas como delitos políticos Desobediencia y Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios”.

Agrega que “no están contemplados aquellos delitos relacionados con actos de corrupción, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho, de lesa humanidad y violación a derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,   externó preocupación con el decreto de amnistía y señaló que “La Comisión ha señalado reiteradamente que la aplicación de leyes de amnistía que impiden el acceso a la justicia en casos de serias violaciones a los derechos humanos contraviene la obligación de los Estados partes de la Convención Americana de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación de  ninguna clase”.   

“Igualmente, la Corte Interamericana ha sentado una doctrina clara en el sentido de que una ley de amnistía no puede servir de justificación para no cumplir el deber de investigar y de asegurar acceso a la justicia”. Vea comunicado de la CIDH.

En la práctica, la aplicación de leyes de amnistía ha obstruido el esclarecimiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables por graves violaciones a los derechos humanos, dejándolas en la impunidad. En consecuencia, con base en las obligaciones del sistema interamericano, varios Estados de la región han tenido que revisar y dejar sin efecto leyes de amnistía”, expresa esa instancia de justicia interamericana. Vea comunicado completo en:

Defensa de las víctimas apelará

Por tratarse de una resolución no apegada a derecho y que favorece la impunidad, la abogada Cárdenas dijo que el COFADEH apelará en esta semana.

Mientras tanto las víctimas vieron que el acceso a la justicia les fue denegado, las secuelas físicas se mantienen en sus cuerpos y las sicológicas les acompañarán por el resto de su vida si el Estado de Honduras no procede a cumplir con su responsabilidad de castigar a los responsables, que continúan en sus cargos y muy probablemente haciendo lo mismo a otros detenidos.

Desde el golpe de Estado las instituciones de justicia dejaron de funcionar para la sociedad hondureña, su accionar se centra en perseguir a la disidencia política contra el golpe de Estado y proteger a los que violan los derechos fundamentales de estas personas.

Vea decreto de Amnistía
Vea comunicado del Ministerio Público

 Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2881:juez-aplico-decreto-de-amnistia-a-policias-violadores-de-derechos-humanos&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150

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