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Frente al asesinato de Lesbia Janeth Urquía Urquía

Frente Feminista de los Movimientos Sociales del ALBA
2016-07-12 17:00:00

Frente al asesinato de Lesbia Janeth Urquía Urquía, del COPINH, las feministas integrantes de los movimientos sociales del ALBA gritamos con Berta Cáceres: ¡Despertémonos, humanidad!

Desde el Frente Feminista de los Movimientos Sociales del Alba expresamos nuestro dolor e indignación ante el femicidio de la hermana del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) Lesbia Janeth Urquia Urquia, quien fue brutalmente asesinada el martes 5 de julio en el Municipio de Marcala, La Paz.

Nos resulta intolerable que se siga matando a las defensoras de la vida, a las mujeres del pueblo, a quienes han puesto sus esfuerzos para hacer más habitable nuestro mundo.

Janett era una luchadora contra las represas y en defensa de la vida; una destacada dirigente comunitaria, y cuidadora de los bienes comunes y de los derechos indígenas.

Tenía 49 años, y era madre de dos hijas y un hijo, a quienes les hacemos llegar nuestro abrazo y toda nuestra solidaridad. Sepan que su mamá, Janeth, seguirá presente en todas nuestras luchas en el continente.

En estos meses su lucha junto a la de la comunidad, tenía como objetivo defender los ríos, evitar su concesionamiento y privatización, y especialmente frenar la construcción de la represa Aurora 1 del Muncipio de San José, proyecto en el cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional Gladys Aurora López.

Este hecho se produjo, además, en el marco de una jornada de “consulta” que se realizó en Marcala, por parte del gobierno asesino de Honduras, sobre el proyecto de ley de aprobación del mecanismo de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, y cuando se preparaba una nueva consulta, a realizarse este domingo en Santa Elena, La Paz, sobre la construcción de otra represa, promovida por el pueblo lenca.

El asesinato de Janeth, es un nuevo golpe a las defensoras de los ríos y territorios de Nuestra América. En este año hemos sufrido el asesinato de la compañera Nilce de Souce del MAB (Movimiento de Afectados por las Represas) de Brasil, y hace 4 meses el asesinato de Berta Caceres, coordinadora general del COPINH, así como también de otros/as defensores y defensoras de los derechos de nuestros pueblos asesinados por este sistema capitalista patriarcal y colonial, que pretende detener la lucha de las mujeres y de los pueblos, desparramando el terror y la muerte. Con el femicidio a defensoras, se pretende atemorizar a las mujeres, para que no participemos en la defensa de la vida, limitando nuestro ejercicio de autonomía y participación.

Las feministas del continente nuestroamericano decimos que no nos van a detener. Que nuestra lucha es por la vida, y por ello seguiremos andando, cada vez más juntas, cada vez más firmes.

Denunciamos al gobierno de Honduras por este nuevo femicidio.

Exigimos que cese la persecución y los asesinatos a las compañeras y compañeros del COPINH.

Llamamos a las mujeres de nuestros pueblos a movilizarnos para exigir justicia verdadera, y para que se termine con esta impunidad.

Hacemos nuestras las palabras de nuestra querida hermana, Berta Cáceres: Despertémonos humanidad.

 

Argentina

Confluencia Movimiento Popular La Dignidad – Katari

Congreso de los Pueblos de Colombia – Capítulo Argentina

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía

Frente Popular Darío Santillán

Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional

Marcha Patriótica de Colombia – Capítulo Argentina

Seamos Libres

 

Colombia

Confluencia de mujeres para la acción pública

Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos

Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

 

Costa Rica

MAIZ – Movimiento Alternativa de Izquierdas

 

Guatemala

Alianza Política Sector de Mujeres de Guatemala

 

Honduras

Frente Nacional de Resistencia Popular

Red de Defensoras

Plataforma del movimiento social y popular de Honduras

 

México

Jóvenes ante la emergencia nacional

Comité 68

 

Paraguay

CONAMURI

 

Puerto Rico

Movimiento de Agroecología Popular

 

Venezuela

Araña Feminista.

Gioconda Mota.

Alba Carosio

ALBA TV

Escuela de feminismo popular, identidades y sexualidades revolucionarias

Colectivo tinta violeta

 

Canadá

Círculo bolivariano Louis Riel.

Red de Solidaridad con Latinoamérica y el Caribe (LACSN)

 

Origen: http://www.movimientos.org/es/content/frente-al-asesinato-de-lesbia-janeth-urqu%C3%ADa-urqu%C3%ADa

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ALBA PETROLEO Y EL NARCO EN C.A.

El senador norteamericano Marco Rubio aseguró el pasado 29 de junio, en una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en la que fue recibido Tomas P. Malinowski, secretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, que uno de los hombres más poderosos en […]

 

ALBA PETROLEO Y EL NARCO EN C.A.

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A cinco años, se consolida el modelo que impuso el golpe

2014-06-30

Honduras

Gerardo Szalkowicz

Clasificado en:   Política: Politica, DerechosHumanos, Partidos, |   Social: Violencia, |
Disponible en:   Español       
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Se cumplieron cinco años del primer golpe de Estado triunfante del siglo en América Latina. Con la movilización social en reflujo, se consolida en Honduras el modelo excluyente y represivo impuesto con el derrocamiento de Zelaya.
 
José Manuel Zelaya llegó a la presidencia en enero de 2006 desde el Partido Liberal –uno de los dos partidos tradicionales- pero con el tiempo se fue corriendo unos pasitos a la izquierda. Decretó el otorgamiento de tierras a campesinos, aprobó un aumento del 64% al salario mínimo e impulsó, en 2008, el ingreso de Honduras a Petrocaribe y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
A mediados de 2009, propuso una consulta popular para decidir la colocación de una cuarta urna en las elecciones previstas para noviembre. Esa cuarta urna permitiría votar a favor o en contra de la instalación de una Asamblea Constituyente. El plebiscito, previsto para el 28 de junio, fue el detonante que puso en marcha la conspiración. En la madrugada de aquel domingo, Zelaya era secuestrado por los militares, trasladado en pijama al aeropuerto Toncontín y despachado a Costa Rica.
El golpe, apoyado por los poderes Legislativo y Judicial, se había cocinado en la base militar estadounidense de Palmerola (70 km al norte de Tegucigalpa), base instalada en los ´80 como plataforma de ataque contra el gobierno sandinista de Nicaragua y los movimientos revolucionarios centroamericanos.
Asumía el Gobierno de facto Roberto Micheletti, hasta ese momento presidente del Congreso. Como contraparte, florecía un inédito proceso de movilización popular que daba nacimiento al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la mayor fuerza social y política de la historia hondureña reciente. Brotaba también una despiadada política de persecución y represión contra “La Resistencia”, que no se detuvo bajo la presidencia de Porfirio Lobo -surgida de las cuestionadas elecciones de noviembre de ese año que contaron con una abstención cercana al 70%- ni en el actual período gobernado por Juan Orlando Hernández.
Baño de sangre
Se estima que en estos cinco años fueron asesinados unos 300 militantes que luchaban contra el régimen de facto y los continuistas de Lobo y Hernández. Más de 100 víctimas son campesinos. Es que el principal foco de resistencia se da en el norteño Departamento de Colón, en la región del Bajo Aguán, zona de vasta producción de palma africana, donde las organizaciones campesinas libran una dura batalla por defender el territorio y los bienes naturales contra los terratenientes y los megaproyectos de las transnacionales.
Otro blanco elegido por los golpistas han sido las y los trabajadores de la comunicación: desde 2009 se reportaron al menos 32 casos de asesinatos a periodistas. (1)
La realidad política pos golpe abrió el camino, además, para que se disparara la violencia criminal. Según el último estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Honduras tiene el porcentaje de homicidios más alto del mundo: 90,4 por cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 8,8.
Estas cifras se explican además por el alto grado de impunidad. El propio Gobierno ha confesado que sólo se investiga el 20% de los crímenes. Otro elemento que grafica el panorama es que Honduras se convirtió en una de las principales rutas del tráfico de drogas hacia el mayor consumidor mundial, Estados Unidos. En tanto, con un avance de la precarización y el desempleo, la situación laboral en el país no es menos preocupante. (2)
Objetivo refundación
Tras el regreso del exilio de Zelaya en mayo de 2011, buena parte del Frente de Resistencia se abocó al operativo retorno por la vía electoral. Se conformó el partido LIBRE (Libertad y Refundación), que tiene como Coordinador General al propio Zelaya y que llevó como candidata para las elecciones de noviembre pasado a su esposa Xiomara Castro.
En esos comicios, con fuertes denuncias de irregularidades y fraude, se impuso por escaso margen el oficialista Hernández, del Partido Nacional. Sin embargo, LIBRE se consolidó como segunda fuerza logrando romper con 100 años de bipartidismo.
Memoria Activa
Para conmemorar los cinco años del golpe, unas dos mil personas marcharon este sábado desde la Universidad Pedagógica Nacional hasta la céntrica plaza Francisco Morazán de Tegucigalpa. En un comunicado, LIBRE expresó que “el golpe fue elaborado, dirigido y financiado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), con la complicidad y apoyo de la oligarquía y de los militares”.
En la misma línea, Zelaya, ahora diputado y jefe de bancada de LIBRE, afirmó en una entrevista con Opera Mundi que “el golpe no fue un evento aislado sino que obedecía a una estrategia conspirativa de la derecha norteamericana para todo el continente. Se habían instalado siete bases militares en Colombia, se preparaba el golpe contra Correa en Ecuador, la política de Washington hacia Venezuela se derechizó más…”.
Zelaya también analizó la realidad política actual en el país: “Aún no se ha podido reconstruir la incipiente democracia que teníamos en 2009. La mitad de las personas que dieron el golpe de Estado todavía están entronizadas en el poder. El gobierno sigue un patrón de conducta impuesto por los organismos internacionales. Impulsa privatizaciones, la venta del territorio y de los recursos naturales del país. Además, ha venido promoviendo un régimen militarista que destruye a las autoridades civiles del país y persigue a la oposición, y ha privilegiado un modelo económico excluyente, abandonando la agenda de participación ciudadana y de consulta popular”.
Cinco años después, el pueblo hondureño sigue pagando caro las consecuencias del golpe: el país se convirtió en el más violento de la región y uno de los más pobres (cerca del 70%), con niveles altísimos de corrupción, una economía quebrada y un sistemático proceso de persecución y criminalización de la protesta social.
Notas

Fuente: http://alainet.org/active/74985

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Alba, Celac, Mercosur y Unasur crearan un mercado común

miércoles, 23 de abril de 2014

Alba, Celac, Mercosur y Unasur crearan un mercado común

Alba, Celac, Mercosur y Unasur crearán un mercado común con facilidades para los trámites de importación y exportación para fomentar la producción sostenible en América Latina y el Caribe, ha anunciado el ministro de Comercio venezolano, Dante Rivas. Según escribió Rivas en su cuenta de Twitter, la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Petrocaribe y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) van a desarrollar un “mercado potente y con grandes desafíos positivos”. “Ajustamos mecanismos para consolidar las relaciones comerciales, fortaleciéndonos, llevando a la práctica aquella visión continental de Simón Bolívar”, destacó el ministro.

 La creación de esta alianza económica fue propuesta por los representantes de la República Bolivariana de Venezuela durante la primera reunión de los ministros de Economía, Comercio e Industrias de la Celac, que tuvo lugar el 9 y 10 de abril de este año en la capital de Costa Rica, San José, informa el periódico ‘La Razón’.

“Fuimos a compartir buenas prácticas y a integrarnos con nuevas iniciativas que permitan el desarrollo económico acelerado de nuestros países. Especialmente utilizando el poder de compra del Estado como mecanismo de desarrollo de las pequeñas y medianas industrias”, ha señalado Rivas en el mismo mensaje.
 Entre las metas del nuevo proyecto el político mencionó la necesidad de “acortar las dramáticas brechas entre ricos, cada vez más ricos, y de pobres que comienzan a surgir conformando una potente clase media obrera”.
Articulos relacionados con la CELAC
China y CELAC se reuniran en septiembre
Fuente: Solidaridad Latina

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/04/alba-celac-mercosur-y-unasur-crearan-un.html

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Honduras: The Deep Roots of Resistance

 

“Today a new political force of transformation is born!” As former president Manuel “Mel” Zelaya’s speech on June 26, 2011 reached its crescendo, hundreds of delegates from every corner of Honduras roared. After a short but heated debate that day, the 1,500-member assembly of the National Front of Popular Resistance (FNRP) approved resolutions paving the way for a new political party: Libertad y Refundación (Liberty and Refoundation), or LIBRE (“FREE” in Spanish). Those supporting the resolutions wanted the party to serve as an instrument of systemic change. With it they’d win the 2013 general elections and, once in power, convene a constituyente, a constituent assembly tasked with drafting a new constitution for Honduras.

The decision to create LIBRE came nearly two years after the June 28, 2009 coup d’état that forced Zelaya into exile and sparked a mass movement of civil resistance throughout Honduras. In the days, weeks, and months that followed the coup, hundreds of thousands of Hondurans, many entirely new to activism, took to the streets nearly every day to demand the immediate restoration of Zelaya’s presidency and democracy. Their peaceful demonstrations were met with brutal repression, and the few media outlets that relayed their demands were frequently shut down by state security forces.

The FNRP emerged out of the opposition to the coup and quickly developed into the largest social movement in Honduran history. Loosely organized into collectives at the local and regional level, the resistance includes a rainbow of movements: union activists, teachers, lawyers, artists, indigenous and Afro-indigenous villagers, small farmers, LGBT activists, and human rights defenders, with ideological tendencies ranging from the center left to the far left. United in their opposition to the coup, resistance members also oppose Honduras’s corrupt and deeply conservative political system, which is tightly controlled by the country’s wealthiest families in tandem with the leadership of the nearly indistinguishable Liberal and National parties.

Elections were not initially on the FNRP’s agenda. Many grassroots leaders felt that the movement should maintain autonomy from party politics and refrain from participating in elections widely seen as rigged. Instead, they favored broadening the resistance and intensifying peaceful mobilizations against the coup government’s most retrograde policies and in support of a constituyente. But when Zelaya began playing a more direct leadership role in the resistance after he returned from exile in May 2011, he pushed it toward electoral politics. By the time the FNRP’s June national assembly took place, the membership favored creating a new party that would compete in the 2013 presidential, legislative, and municipal elections.

In the months that followed, dissenting voices were submerged in a tidal wave of support for LIBRE. Bright red LIBRE caps, T-shirts, and banners were on display in communities all over the country. Hundreds of thousands of LIBRE supporters participated in party primaries in November 2012 and elected Xiomara Castro, wife of Zelaya and prominent resistance figure, as their presidential candidate. Major media overwhelmingly favored the National Party candidate, Juan Orlando Hernández, and dozens of LIBRE candidates and activists were killed or injured in violent attacks by unidentified gunmen. Yet as the electoral campaign hit full swing, it seemed that victory was inevitable, with nearly all major pollsters putting Xiomara in the lead.


The Honduran resistance movement and LIBRE can only be understood in the context of political developments in other parts of Latin America. Over the last fifteen years, much of the region has experienced a steady chain of political eruptions as a number of left movements have come to power through the ballot box. Once in office, they have radically revised their countries’ domestic and foreign policy agendas and, in several cases, their nations’ constitutional frameworks.

In the late 1980s, as the Cold War era of U.S.-backed military dictatorships came to an end, many of the region’s traditional left parties were in disarray or had veered to the right, while conservative governments had increasingly adopted neoliberal economic “reforms” promoted and often imposed by the United States and the International Monetary Fund (IMF). These policies included the privatization of state enterprises, the deregulation of labor and financial markets, and the removal of trade barriers. The reforms failed to have the positive, “trickle-down” effects that policymakers promised and instead resulted in a dramatic decline in economic growth throughout the region and increased poverty and income inequality.

By the mid-1990s a grassroots rebellion had begun to swell throughout the region. A first eruption broke out in Chiapas in southern Mexico, where an armed indigenous “Zapatista” movement declared its autonomy from the Mexican state in dozens of communities on January 1, 1994, the day that the North American Free Trade Agreement came into effect. Another upheaval took place in 1999, when a former lieutenant colonel who had led a failed military coup seven years earlier was elected president of Venezuela on a platform of opposition to neoliberalism and the country’s corrupt and deeply unpopular two-party system. Once in power, Hugo Chávez declared the country’s 1958 constitution “moribund” and organized elections for a constituent assembly.

Venezuela’s “Bolivarian Revolution” emboldened left movements throughout the region and was followed by a wave of left-wing electoral victories in neighboring countries.

Venezuela’s “Bolivarian Revolution” emboldened left movements throughout the region and was followed by a wave of left-wing electoral victories in neighboring countries. In Bolivia, social movements that had coalesced during the anti-neoliberal water and gas wars of the early 2000s helped bring Aymara coca grower leader Evo Morales to power in the country’s 2005 elections. Left-wing economist Rafael Correa was elected president of Ecuador in 2006. In Nicaragua, Sandinista leader Daniel Ortega was reelected president seventeen years after being voted out of office, while in El Salvador the former leftist guerilla group FMLN won the country’s 2009 and 2014 presidential elections. Left candidates also won decisively in Brazil, Argentina, Uruguay, and Paraguay.

Like Venezuela, Bolivia and Ecuador both convened constituyentes that drafted progressive constitutions approved by voters in national referenda. Under its 2009 constitution, Bolivia became a plurinational, secular state with firm public control over natural resources and some measure of legal and political autonomy for indigenous communities. Ecuador’s constitution established the “rights of nature”—protecting fragile ecosystems—and the principle of food sovereignty: the obligation of the state to guarantee its people “self-sufficiency in healthy food.” Brazil, where former steelworker Lula da Silva ascended to the presidency in 2003, has offered a more moderate example. Though they have implemented popular anti-poverty policies, Lula and his successor Dilma Roussef haven’t sought to restructure the political system or pushed for a much greater state role in the economy.

Despite clear policy differences between the region’s left governments, there is still a tangible sense of community that unites them. Over the last decade or so, they have worked collectively to deepen Latin American integration through the creation of the new regional groups Unasur—the Union of South American Nations—and CELAC—the Community of Latin American and Caribbean Nations. These organizations promote a common social agenda and adopt foreign policy positions often at odds with those of the United States.

Many Latin American leaders have referred to the region’s profound political shift as a “second independence,” a movement striving to fulfill the promise of emancipation that was never truly achieved during the independence struggles of the early nineteenth century. The focus of this movement, at the rhetorical level if not always in practice, is twofold: empowering the marginalized in the face of the traditional domination of conservative elites, and promoting greater unity to better counter U.S. economic and political dominance.


Honduras has for decades experienced the worst poverty and inequality in Latin America. Neoliberal policies first implemented there in the late 1980s have had a devastating impact, particularly on small farmer (campesino) and indigenous communities. Under the direction of the IMF, the government lowered tariffs and drastically cut public sector spending. A 1992 agricultural “modernization” law led to the concentration of land in the hands of agribusiness corporations and the displacement of thousands of campesinos. By the early 2000s Honduran civil society groups were working together to oppose the continuing neoliberal agenda of the country’s National and Liberal governments.

On August 26, 2003, the growing force of Honduras’s anti-neoliberal movement became apparent when thousands of demonstrators blocked all of the major roads into Tegucigalpa to protest the latest series of neoliberal measures. The massive demonstration marked the beginning of the National Popular Resistance Coordinator (CNRP), which included unions and indigenous and campesino movements. The CNRP continued to take its demands to the street over the following years, notably through its support for teachers opposing pension cuts, and quickly became the largest left-leaning movement in Honduras. Its leaders debated at length whether to participate in the country’s 2005 general elections but decided against it.

The winner of those elections was Liberal candidate Manuel Zelaya. Though his cabinet included a few left-wingers, few expected him to adopt policies that would diverge from those of his predecessors. But a year or so after taking office, Zelaya began to make unexpected moves. To the disenchantment of Honduras’s business leaders, he significantly raised the country’s minimum wage. He opened up negotiations with teachers unions and began a process for reviewing property titles in the Bajo Aguán, a fertile region where a land conflict between small farmers and corporations has raged for two decades. On the international front, he signed the Petrocaribe regional energy agreement with Venezuela and brought Honduras into the Bolivarian Alliance (ALBA), a bloc of governments including Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, and Nicaragua that openly opposed the U.S. “free trade” and neoliberal agenda in the region.

As he shifted further to the left, Zelaya began discussions with the CNRP and other social movements and agreed to support one of their most ambitious projects: a constituyente tasked with drafting a new, progressive charter to replace the rigid, conservative 1981 constitution, which was drafted during the final days of the last military dictatorship. In early 2009 Zelaya called for a cuarta urna—a fourth ballot—in that year’s November elections to allow voters to decide whether or not to convene a constituyente. When the National Party and conservative sectors of the Liberal Party prevented the proposal from advancing in the Honduran Congress, Zelaya began organizing a non-binding national poll to measure the popular support for the cuarta urna.

Zelaya’s opponents claimed that his real goal was to extend his term in office, but this charge held little water because the November elections, with or without a cuarta urna, would include a vote for a new president, and Zelaya wasn’t on the list of candidates. In reality, Honduran elites were increasingly riled by Zelaya’s leftward turn and looking for any excuse to remove him from power.

In the pre-dawn hours of June 28, 2009, the day the national poll was to take place, Zelaya was kidnapped at gunpoint by the military and put on a plane to Costa Rica. Governments throughout Latin America and the Caribbean were aghast that a blatant military coup could be carried off so easily. In contrast, the United States dragged its feet in condemning the coup and balked at other governments’ demand for Zelaya’s immediate return.


U.S. relations with Latin America’s new left-leaning governments have been rocky from the start. The George W. Bush administration supported a short-lived military coup against Hugo Chávez in 2002 and later backed coup supporters’ attempt to force Chávez out of office by shutting down Venezuela’s vital oil industry. In Bolivia, the U.S. Embassy and USAID worked to keep Evo Morales’s leftist MAS party from gaining power in the early 2000s and later supported right-wing secessionist movements opposed to Morales’s rule. In 2008 the U.S. Embassy in La Paz offered gestures of support to the Bolivian opposition at a time when it was engaged in a violent destabilization campaign condemned by every other country in South America.

U.S. diplomatic cables published by WikiLeaks indicate that the State Department has for years been obsessed with countering the influence of ALBA, depicted in cables as a “dependable political tool for Chávez.” Even non-members with good relations with ALBA countries, like Brazil, have been viewed with suspicion. But the Bush administration’s opposition to Venezuela and ALBA only succeeded in fostering a deeper sense of solidarity among Latin America’s left governments. The region breathed a collective sigh of relief when Obama, shortly after taking office, promised “equal partnerships” and a “new chapter of engagement” with Latin America.

The Honduran coup was Obama’s first big regional test. The country had long served as the most dependable U.S. strategic outpost in Central America. In the 1980s it provided cover and a logistical base for the CIA-backed Contras in Nicaragua. Since 1983 the Soto Cano base has housed U.S. Army troops and aircraft even though the Honduran constitution prohibits a “permanent foreign presence.” Until Zelaya, U.S. interests in Honduras had been secure under the National and Liberal Party governments that together ruled the country since 1983.

“President Zelaya strikes us as a well-meaning populist, but susceptible to leftist influences,” wrote former U.S. ambassador Charles Ford in June 2006, at the beginning of Zelaya’s term. “Zelaya does not appear to grasp the larger geo-political threat posed by Chavez,” Ford added. Two years later, after Honduras had joined Petrocaribe and ALBA, the United States had all but given up on Zelaya. “With only 16 months before he leaves office, our goal is to get Zelaya through his term without causing any irreparable damage to bilateral relations . . . and to minimize further expansion of relations with Chavez,” wrote the new U.S. ambassador, Hugo Llorens, in September 2008.

On the day of the coup, the White House released an ambivalent statement that failed to acknowledge that a coup had taken place. The following day President Obama made a clearer statement: “We believe that the coup was not legal. . . .” Military assistance was partially suspended. Yet the administration was reluctant to pursue more forceful measures against the coup regime. It refused to use the term “military coup,” which, by law, would have triggered immediate suspension of all non-humanitarian aid to Honduras.

Then, at the beginning of November 2009, the U.S. government unilaterally announced that it would recognize the legitimacy of elections in Honduras later that month whether or not democracy had been restored. Shortly afterward, the Río Group—which included nearly every country in Latin America—issued a statement strongly rejecting this position, but the damage was done: the coup regime understood that the region’s dominant power would help it whitewash the coup by recognizing deeply flawed, illegitimate elections. The United States was nearly alone in endorsing the 2009 elections, which took place in a context of heavy repression and were boycotted by the FNRP.

Over the last four years, over 100 campesino activists have been killed in the heavily militarized Bajo Aguán.

U.S. military assistance to Honduras quickly increased under the election’s victor, National Party leader Porfirio Lobo Sosa. Indeed, in the name of the “war on drugs,” U.S. assistance to armies and police forces throughout Central America and Mexico has increased enormously since 2008. During the same period, human rights crimes perpetrated by state security forces have also risen significantly in these countries, but nowhere as dramatically as in Honduras, which has been the homicide capital of the world since 2011 and has one of the highest rates of judicial impunity.

Honduran state security forces executed the 2009 coup and carried out the violent repression that followed. Though a U.S.-sponsored “Truth Commission” identified a number of murders committed by police and military in the wake of the coup, no judicial action was taken, and the victims’ families received no compensation. After Lobo took office the repression continued in a more insidious form, with countless targeted killings and violent attacks against campesino leaders, journalists, LGBT activists (a significant resistance and LIBRE constituency), lawyers, and labor activists. Human rights groups noted the resurgence of widespread paramilitary activity for the first time since the 1980s. Over the last four years, over 100 campesino activists have been killed in the heavily militarized Bajo Aguán. Twenty-four LIBRE candidates and activists have been killed in the last two years, and many more have endured violent attacks and death threats.

Almost a hundred Democratic members of the U.S. Congress have called on the Obama administration to suspend all U.S. security assistance to Honduras while attacks on civil society activists continue with impunity. Senior Honduran security officials have denounced rampant corruption and organized crime throughout the police and military, and in some cases ended up dead. But U.S. funds have kept flowing.


On November 24, 2013, Hondurans showed up at the polls in record numbers. Reports of irregularities documented by Honduran and international civil society groups rapidly began to circulate. Poll workers were threatened; living voters were listed as dead on registries and denied access to the polls; National Party members engaged in extensive vote-buying outside voting centers. As the polls closed, both LIBRE and another new party—the Anti-Corruption Party, or PAC—reported discrepancies between original voting tally sheets and the electronic results posted on the website of Honduras’s electoral authority, the Tribunal Supremo Electoral (TSE).

When the TSE announced that Hernández was winning, both LIBRE and PAC immediately contested the results. But electoral monitoring missions from the Organization of American States and the European Union made little mention of the many irregularities reported by hundreds of independent electoral monitors and declared the elections “free and fair.” That same night U.S. ambassador to Honduras Lisa Kubiske said that she “recognized and respected” the election results. On December 12 the TSE, after rejecting LIBRE and PAC demands for a recount, announced the final official election numbers: Hernández won the election with 36.9 percent of the vote. Xiomara came in second with 28.8 percent, the Liberal candidate had rallied 20.3 percent, and PAC came in fourth with 13.4 percent.

Well ahead of his January 27 inauguration, Hernández began plowing ahead with a two-pronged agenda of militarization and neoliberalism. Anticipating stalemate in the next congress, Hernández, president of the outgoing congress, worked with the National Party majority to pass over a hundred legislative measures in December and January—more laws than were passed during the previous two years combined.

Hernández’s neoliberal package included a regressive 15 percent tax increase on consumer articles, the freezing of public sector wages, the privatization of telecommunications company Hondutel, and the reduction of electricity subsidies. He also pushed forward a plan to establish “charter” or “model” cities in Honduras—development zones exempt from normal Honduran law and subject to tax and legal codes drawn up by foreign governments and corporations.

The outgoing congress also voted to enshrine Honduras’s military police in the constitution. The MP program, created in September 2013 and featured prominently in Hernández’s “law and order” campaign ads, puts thousands of soldiers on the streets. Although their alleged purpose is to crack down on gang activity, MP units have already raided the home of a prominent resistance activist, and human rights defenders and activists fear that efforts to criminalize and repress Honduras’s social movements will only grow.

Though the future may appear bleak for LIBRE and the broader resistance movement, it isn’t devoid of hope. Activists from campesino groups, teachers unions, and other grassroots organizations now belong to the second biggest political bloc in the Honduran Congress. The new government’s aggressive neoliberal agenda will doubtless make life harder for the average Honduran, but it will also reinvigorate the country’s social movements.

After two years of electoral campaigning, it is a time of reckoning and reflection within the FNRP. Should congressional activity be a priority? Or should the movement focus more on supporting campesino struggles and the defense of indigenous communities whose lands and livelihoods are threatened by multinational industrial projects?

The United States would also do well to step back and take stock of what its policies have achieved. The Lobo government, which received significant U.S. diplomatic and financial backing, oversaw a steady rise in poverty and inequality following a period of significantly improved social and economic indicators under Zelaya. Increased U.S. security assistance has coincided with a dramatic increase in violence and reports of killings and abuses involving security forces. At the regional level, the administration’s support for the Honduran coup regime further isolated the United States and fueled integration initiatives in which it plays no part.

Washington policymakers fail to see that social movements, rather than individual leaders like Zelaya, Chávez, or Morales, are the most enduring and potent force of change in Latin America today. These movements were spurred by the very economic policies that the United States has promoted in the region, and repression won’t make them go away. Whether the U.S. government likes it or not, the Honduran resistance and a multitude of similar people’s movements throughout Latin America are here to stay.


Alexander Main is Senior Associate for International Policy at the Center for Economic and Policy Research.

Fuente: http://www.dissentmagazine.org/article/honduras-the-deep-roots-of-resistance

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“La embajada” dice quién ganó en Honduras

“La desembozada intervención de “la embajada” (de Estados Unidos) en los asuntos internos de Honduras tendría que haber sido una razón suficiente como para suspender las elecciones, rediseñar las instituciones políticas –entre ellas el propio TSE, controlado por quienes avalaron el golpe de 2009– y hacer una nueva convocatoria electoral para cuando se reuniesen condiciones mínimas requeridas para una elección”: Atilio Boron.

Artículo |     November 27, 2013 – 1:00pm
     

(Foto, embajadora de EEUU en Honduras, Lisa Kubiske).
“Y así como Washington no permanecería ni un minuto de brazos cruzados ante un eventual triunfo de una izquierda antiimperialista en Israel, se involucró descaradamente en el proceso político interno de Honduras para garantizar un resultado acorde con sus intereses estratégicos en la región. ¡Menos mal que hace unos días, en la OEA, John Kerry dio por superada la Doctrina Monroe!”: A. Boron.

*Por Atilio A. Boron

En las últimas horas de ayer, el Tribunal Superior Electoral de Honduras consagraba como ganador al candidato del continuismo golpista, Juan Orlando Hernández. Desde el inicio, el proceso electoral estuvo lastrado por vicios irremediables que arrojaron un pesado manto de sospecha sobre su desenlace.

La desembozada intervención de “la embajada” en los asuntos internos de Honduras tendría que haber sido una razón suficiente como para suspender las elecciones, rediseñar las instituciones políticas –entre ellas el propio TSE, controlado por quienes avalaron el golpe del 2009– y hacer una nueva convocatoria electoral para cuando se reuniesen condiciones mínimas requeridas para una elección, no sólo durante la campaña (ya de por sí un problema en Honduras, con su record de periodistas y militantes opositores asesinados) sino durante el recuento final de votos.

Semanas antes de las elecciones, personeros gubernamentales habían declarado que el TSE ¡cotejaría sus cifras con las que aportase la embajada de Estados Unidos antes de dar a conocer los resultados definitivos! En resumen: el ganador sería proclamado por “la embajada” y el gobierno del continuismo golpista de Porfirio Lobo admitiría haber convertido a Honduras en un protectorado estadounidense.

Esta ignominiosa confesión dice mucho de la historia de ese sufrido país, ocupado por Washington y convertido en la década de los ochenta en una gigantesca retaguardia para servir de apoyo logístico a las agresiones perpetradas a la revolución sandinista por los “contras” nicaragüenses.

Arquitecto de este proyecto contrarrevolucionario fue John Negroponte, una de las figuras más siniestras de las Américas y designado por Ronald Reagan embajador en Honduras, función en la cual contó con la colaboración de otro reconocido terrorista internacional, Otto Reich.

Bajo su gestión, el ejército hondureño fue reorganizado de cabo a rabo, dotándolo de armamentos sofisticados, equipos y tecnología militar de última generación, y convirtiendo a la base militar Soto Cano, en Palmerola, en una de las más estratégicas de cuantas Estados Unidos posee en Centroamérica y el Caribe.

Cuando el presidente Mel Zelaya trató de democratizar al sistema político y concretó su ingreso al ALBA, fue violentamente destituido mediante un “golpe institucional”, a los cuales se ha hecho tan adicto el régimen de Obama.

Uno de los analistas presentes en Honduras, Katu Arkonada, confirma la existencia de múltiples “irregularidades”, por no decir estafas a la voluntad popular. Hay por lo menos un 20 por ciento de las actas de las mesas receptoras de sufragios, en regiones en donde el partido Libre cuenta con gran respaldo popular, que fueron arbitrariamente sometidas a auditoría y no computadas; en comunidades apartadas se observó el “voto encadenado” y la compra de credenciales electorales; hay miles de mesas en donde los partidos minoritarios obtuvieron cero votos, es decir, que ni sus candidatos habrían votado por sí mismos.

Sólo resta conjeturar cuántos votos de Xiomara Castro fueron sustraídos de las urnas. Libre ganó en las calles, pero no organizó una red de fiscales para garantizar la pureza del comicio. Confió en su amplia mayoría, certificada por todas las encuestas, y en la inverosímil “imparcialidad” del TSE y el gobierno ante una elección que el imperialismo y la oligarquía hondureña no podían perder, porque Washington jamás habría aceptado un resultado contrario a sus intereses en la zona.

El primer paso de la estrategia norteamericana para impedir un revés político fue la campaña de difamaciones en contra de Xiomara y su partido. El segundo, la organización fraudulenta de los comicios y el recuento de los votos. Tercero, si los dos anteriores no frustraban la victoria de Libre: impugnación del proceso electoral y manipulación del Congreso para impedir su asunción y, en caso de que pudiera hacerlo, provocar su destitución “legal” al igual que le ocurriera a su esposo.

Hasta ahora, la derecha se las arregló apelando al fraude, dando a conocer cifras que no se corresponden con la realidad y que los medios hegemónicos dan por buenas. Libre tendrá que recuperar en las calles lo que le arrebataron en las urnas.

¿Cómo habría reaccionado la supuesta prensa libre e independiente del continente si los vicios, fraudes y crímenes perpetrados en Honduras hubieran tenido lugar en Bolivia, Ecuador o Venezuela? La gritería de los lenguaraces del imperialismo y sus aliados habría sido atronadora.

En cambio, ahora en esos medios impera un silencio cómplice porque en Honduras todo vale. ¿Por qué? Porque así como Israel es la pieza clave para garantizar el equilibrio geopolítico de Medio Oriente, Honduras lo es para Centroamérica, al ser éste el país donde se concentra el grueso del poder de fuego estadounidense en la región.

Y así como Washington no permanecería ni un minuto de brazos cruzados ante un eventual triunfo de una izquierda antiimperialista en Israel, se involucró descaradamente en el proceso político interno de Honduras para garantizar un resultado acorde con sus intereses estratégicos en la región. ¡Menos mal que hace unos días, en la OEA, John Kerry dio por superada la Doctrina Monroe!

* Director del PLED, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

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Por una Honduras Libre y Democrática

Jueves 14 de Noviembre de 2013 07:56 Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad
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descargaRed de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad

En junio de 2009 se daba en Honduras el primer golpe de Estado exitoso del siglo XXI en América Latina. Golpe de Estado por parte de sectores de las Fuerzas Armadas, que contaron con la complicidad de Estados Unidos y eran dirigidos por elites políticas y económicas que no querían respetar el camino emprendido por el Presidente legítimo Manuel Zelaya y provocaron un retroceso democrático en la patria de Morazán y por extensión en Centroamérica y el conjunto del continente.

Honduras era un país al que las elites y el imperialismo estadounidense, que cuenta con dos bases militares en su territorio, habían empobrecido y debilitado institucionalmente. Pero Manuel Zelaya había incorporado al país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el pueblo hondureño caminaba hacia un escenario de reducción de la pobreza, igualdad y mayor democracia.

El 24 de noviembre se celebran elecciones presidenciales y se abre la posibilidad de dejar atrás el golpe de Estado e iniciar un proceso constituyente que restituya la democracia y transite hacia un escenario de justicia social, además de incorporar a Honduras a los procesos de integración regional y continental que el imperialismo trata de desgastar y erosionar.

La Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad se posiciona ante estas elecciones al lado del pueblo hondureño, sus movimientos sociales, pueblos indígenas y sectores populares en general, en defensa de su soberanía, su autodeterminación y el respeto a la decisión democrática.

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a velar y garantizar el resultado de esta votación, para que nunca más se produzca un retroceso democrático ni un golpe de Estado en Honduras ni en el resto de América Latina.

Fuente: http://resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5936:por-una-honduras-libre-y-democratica&catid=91:internacionales&Itemid=256

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Honduras debe tener control de fondos Petrocaribe, advierten

Lunes 19 de agosto de 2013                08:39 pm          – Redacción: redaccion@laprensa.hnLa lenta aprobación de los proyectos, los costos por comisiones y la pérdida de soberanía de los créditos serían las consecuencias de una administración venezolana.

San Pedro Sula,

Honduras

¿Quién manejará el fideicomiso?, ¿qué conviene más? La respuesta a la primera pregunta se conocerá en los próximos días y definirá el cierre de la nueva etapa entre Honduras y Venezuela en el marco de la iniciativa  Petrocaribe;  la segunda está sujeta al interés del país beneficiado, a los cambios o circunstancias que lo rodean.

Petrocaribe es una alianza de suministro de hidrocarburos entre algunos países del Caribe y Centroamérica con Venezuela, con el objetivo de comprarlos  en condiciones de pago preferenciales.

Hasta febrero de este año, la  reactivación de Honduras a Petrocaribe se daría sin ningún cambio significativo. Sin embargo, la comisión negociadora hondureña informó que las autoridades venezolanas pidieron que el fideicomiso (creado para administrar los fondos que derivan del acuerdo) que inicialmente había sido manejado por el Banco Central de Honduras (BCH) sea manejado por un banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) o en un banco comercial venezolano.

Los puntos de vista

Carlos Urbizo, analista económico, propone que Venezuela establezca un banco comercial en Honduras “para que cubra las necesidades que los bancos locales no atienden o lo hacen bajo condiciones muy onerosas”.

“El pueblo se beneficiaría, directamente, sin que meta la mano el Gobierno de Honduras, ni de Venezuela”, apunta Urbizo, en aras de la transparencia en el uso de los fondos.

No obstante, el experto considera que en todo caso la administración de los recursos de Petrocaribe corresponde al Estado de Honduras, siempre que las condiciones propicien el mejor uso de estos y exista la supervisión de las autoridades venezolanas.

Gabriela Núñez, expresidenta del BCH, indica que el fideicomiso público es responsabilidad de cada Estado. “Es el Gobierno hondureño el que se endeuda, entonces es el Estado el que tiene que decidir si lo administra a través del BCH o un banco comercial”, apunta.

“No se puede manejar allá (en Venezuela), porque la misma Ley Orgánica del Presupuesto lo prohíbe”, subraya. Para Arturo Alvarado, exministro de Finanzas, lo ideal es que los fondos del crédito provenientes de Petrocaribe sean administrados por el BCH.

“Es un financiamiento que se tiene que pagar y (si Venezuela lo maneja) el país no tendrá acceso inmediato… los proyectos tendrían que pasar por la aprobación de una comisión venezolana; los recursos estarían afuera, entonces no tendría sentido”, sostiene.

El financiamiento

El viceministro de Industria y Comercio, Melvin Redondo, informó en su momento que Venezuela suministrará un promedio de 20 mil barriles diarios a Honduras y que se pagará en efectivo el 60% de la factura durante los primeros 90 días a partir de la fecha de recibo; en tanto, el 40% restante se cancelará en un plazo de 23 años a una tasa de interés de 2%, con dos años de gracia.

Honduras propuso que el pago pueda cancelarse en especie, es decir, mediante el suministro de servicios y productos hondureños.

En 2008, Venezuela prestó a Honduras, a través de Petrocaribe, unos $183.6 millones, (L3,488 millones). En tres años se ejecutaron $132 millones. El Gobierno actual dispuso de $51 millones, por lo que no quedan fondos disponibles.

Fuente: http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Economia/Economia/Honduras-debe-tener-control-de-fondos-Petrocaribe-advierten

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Honduras: Misión de Observación y Solidaridad Internacional con la Resistencia Hondureña visitó comunidades en resistencia‏

martes, 6 de agosto de 2013

Una delegación de la Articulación de Movimiento Sociales del ALBA realizó en Honduras una Misión de Observación y Solidaridad Internacional con la Resistencia Hondureña.
La comunidad de Río Blanco, de pie
La delegación se entrevistó con diferentes movimientos sociales hondureños, especialmente con algunas comunidades que se encuentran en zonas de conflicto, enfrentando acciones de violenta expropiación de sus territorios, de los bienes comunes, de sus derechos como pueblos y de sus vidas.
Junto a movimientos sociales hondureños, la delegación visitó a las comunidades de Río Blanco, integrantes del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), y están enfrentando la decisión de instalar una hidroeléctrica que represe al Río Gualcarque. Ésta es una de las tantas concesiones del gobierno de Porfirio Lobo a las corporaciones transnacionales que están “comprando” Honduras, sus bienes comunes, sus territorios, para lo que necesitan reprimir a los pueblos que los defienden. En este caso se trata de la entrega a la transnacional china SINOHYDRO, junto a la empresa hondureña DESA.
ahí estamos
La delegación tomó conocimiento de la decisión firme de las comunidades de continuar en la lucha por sus derechos como pueblo lenca. Distintos integrantes de las comunidades denunciaron el asesinato de uno de sus líderes, Tomás García, fusilado por el Ejército el último 15 de julio, en una represión en la cual fue también herido su hijo, Allan García.
Denunciaron la militarización de la región y la criminalización y judicialización de sus dirigentes, entre ellos la Coordinadora General del COPINH Berta Cáceres, y los comunicadores indígenas Tomás Membreño y Aureliano Molina, que están sufriendo una persecución judicial donde se les vienen sumando causas absurdas, para frenar la lucha y sobre todo castigar el ejemplo que significa el COPINH y las comunidades rebeldes, para muchas organizaciones populares que defienden el territorio y los bienes comunes, frente a los procesos de recolonización en curso.
Junto a Observadores Internacionales de otras delegaciones, a la Red de Defensoras de los Derechos Humanos, y la Convergencia Refundacional, la delegación de Movimientos Sociales del ALBA llegó hasta el plantel de la empresa DESA y SINOHYDRO, donde pudo constatar que la empresa retiró a su personal pero no a las maquinarias del lugar, quedando para custodiar los intereses transnacionales un grupo de militares y policías que dijeron participar de una Operación conjunta de fuerzas represivas, llamada “Libertad”.
Mayor Ballesteros, a cargo de la "Operacion Libertad"
Mayor Ballesteros, a cargo de la “Operacion Libertad”
El Mayor Ballesteros, responsable del contingente militar y policial que cuenta con alrededor de 50 efectivos en este momento (según informaran efectivos policiales), respondió, a requerimiento de los integrantes de la Misión de Observación Internacional, que la Operación Libertad dependía directamente del Comandante en Jefe de las FF.AA. y presidente del país, Porfirio Lobo Sosa.
La delegación también visitó el departamento de Atlántida, donde las comunidades están enfrentando a las transnacionales mineras e hidroeléctricas, conectadas con el empresario Lenir Perez, yerno del terrateniente Miguel Facussé -responsable del asesinato de campesinos en el Bajo Aguan, entre otros crímenes-.
Hombres, mujeres, niños y niñas defendiendo el territorio
En recorrido por San Juan Pueblo y Tela, recibieron la denuncia de los pobladores de los intentos de otorgar 30 concesiones para empresas hidroeléctricas, y la existencia de 300 pedidos de concesiones para minería. Las comunidades también informaron que están sufriendo persecuciones, amenazas e intimidación.
Integraron la delegación, junto a los movimientos sociales hondureños –en especial con COPINH y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia-, Claudia Korol, periodista, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, y Iury Paulino, del MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) de Brasil.
Al término de la misión la delegación anunció que va a elaborar un INFORME URGENTE, para que los movimientos populares de todo el continente puedan conocer la gravedad de la situación que están viviendo las comunidades en resistencia en Honduras que enfrentan a las políticas de saqueo y despojo. Políticas extractivistas que requieren de violencia, la militarización, y la sistemática persecución a sus líderes.
La delegación manifestó la necesidad de realizar acciones continentales más coordinadas y contundentes, de solidaridad y de acompañamiento a las luchas en defensa del territorio y de la vida.
En lo inmediato, convocaron a realizar pronunciamientos y movilizaciones estos días próximos, en solidaridad con los líderes del COPINH, que han sido citados como imputados para enfrentar el proceso judicial el 14 de agosto próximo.
SOLIDARIDAD, ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA
LOS BIENES COMUNES Y LOS TERRITORIOS NO SE VENDEN. SE CUIDAN Y SE DEFIENDEN
NO ESTÁN SOLOS. NO ESTÁN SOLAS
Honduras, 5 de agosto del 2013

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