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Pronunciamiento: Justicia para Berta Cáceres y Nelson Noé García, Protección para Gustavo Castro

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 23 marzo 2016.– Las organizaciones de la Red de Organizaciones de Acompañamiento y Observación Internacional condenamos el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores, indígena lenca, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y ganadora del premio Goldman para el medio ambiente (2015).

Descargar el pronunciamiento aquí: bit.ly/BertaNelson

Asimismo repudiamos el asesinato del líder Nelson Noé García, integrante del COPINH ocurrido sólo 12 días después, a pesar de la indignación mundial que ha provocado la muerte violenta de una defensora emblemática e inspiradora.

En la noche del 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, cabecera del departamento de Intibucá, Honduras, personas armadas ingresaron al domicilio de Berta Cáceres y la asesinaron, a pesar de tener medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Berta Cáceres y otros líderes de la organización han sido objeto de asesinatos, amenazas de muerte y violencia de manera sistemática por su defensa de los Derechos Humanos. Las principales amenazas al COPINH y a Berta Cáceres derivan de su lucha en contra del proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el Río Gualcarque. Berta Cáceres fue criminalizada y judicializada por la defensa del río y de las comunidades lencas de Río Blanco.

En el lugar del asesinato estaba Gustavo Castro Soto, mexicano integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), quien se encontraba en Honduras para participar en el Foro sobre Energías Alternativas desde la Visión Indígena del COPINH. Gustavo Castro fue herido en el ataque y logró sobrevivir. Nos preocupa que hasta la fecha, se le haya negado la posibilidad de salir de Honduras, a pesar de que haya colaborado como testigo en las investigaciones del crimen y de que podría seguir colaborando en las mismas desde México, así evitando la situación de riesgo a su persona a la que está expuesta mientras se encuentre en Honduras.

En el contexto de un violento desalojo realizado por fuerzas estatales, el 15 de marzo de 2016 fue asesinado otro integrante del COPINH, Nelson Noé García, líder de la comunidad Rio Chiquito en el municipio de Rio Lindo, departamento Cortés en Honduras.

Nos unimos al dolor de las familias de Berta Cáceres y Nelson Noé García y al llamado de solidaridad con el COPINH.

Resaltamos el impacto psicosocial que estos hechos están causando en la comunidad de las defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Recordamos las múltiples alertas emitidas previamente por las organizaciones sociales e instancias internacionales y el hallazgo preocupante, según el informe de Global Witness de 2015, de que el 75% de los activistas ambientalistas asesinados en el mundo trabajaban en Latinoamérica, siendo Honduras el país más peligroso.

En los países donde operamos como organizaciones de acompañamiento internacional, observamos una situación crítica para las personas que defienden la tierra y el territorio, las cuales enfrentan con frecuencia criminalización, intimidación, hostigamiento, difamación, amenazas e incluso asesinatos.

Por lo tanto:

  • Solicitamos al Gobierno de Honduras y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del cumplimiento de las medidas de protección y de manera inmediata, la firma de un convenio de asistencia técnica, para efectos de nombrar una comisión de personas expertas, independientes y de confianza del COPINH y la familia, con el objetivo que éstas supervisen, apoyen y participen de las investigaciones de los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson Noé García que actualmente realiza el Ministerio Público.Solicitamos a la comunidad internacional acorde a sus pronunciamientos emitidos en el marco del asesinato, que vigile la situación de los defensores en la región latinoamericana y que inste a los gobiernos de los países de la región garantizar la protección de los defensores de la tierra y del territorio.
  • Solicitamos al Gobierno de Honduras que realice una investigación expedita, profunda e independiente de los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson Noé García, que los culpables sean llevado a juicio; y que se garantice la vida e integridad personal de las y los integrantes del COPINH.
  • Solicitamos a los Gobiernos de Honduras y México las medidas necesarias para que garanticen la vida, la integridad y la seguridad personal de Gustavo Castro Soto.

Red de Organizaciones de Acompañamiento y Observación Internacional

ACOGUATE; Guatemala

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Colombia

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Guatemala

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Honduras

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba); México

FOR – Presente por la Paz; Colombia

Pensamiento y Acción Social (PAS); Colombia

PROAH; Honduras

Protection Desk; Colombia

Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); México

Swedish Fellowship of Reconciliation (SweFOR); México

Descargar el pronunciamiento aquí: bit.ly/BertaNelson

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Criminalización, despojo y amenazas a muerte es el diario vivir de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras

Como una respuesta a la situación de violencia e impunidad de quienes ejercen la labor en pro de los derechos humanos, la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI- PARTICIPA), en conjunto con las agencias cooperantes hivos y ASDI, presentaron este martes 06 de octubre del 2015 en un hotel de la capital el informe “Protegiendo a defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”.

asistentes aci partic

Varias organizaciones y defensores y defensoras de DDHH 

asistieron a la presentación del informe.

El informe toma en cuenta el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2014 a septiembre de 2015, en donde la organización por medio de la Unidad Técnica de Protección a defensores desarrolló una serie de actividades, entre las cuales están: el acompañamiento a defensores y defensoras quienes enfrentaron procesos de criminalización, vigilancia, hostigamiento, amenazas y atentados.

“Esperamos que sirva como fuente de información sobre la situación de riesgo que enfrentan las personas que dedican gran parte de su quehacer fundamental a la promoción y defensa de los derechos humanos”, se menciona en la presentación del informe de este día.

A criterio de ACI PARTICIPA, el contexto que se visualiza en el país es de persecución a la labor de los defensores y defensoras, como herencia que dejó el golpe de Estado del 28 de junio del año 2009, en donde la sociedad hondureña se opuso a una serie de medidas represivas en su oposición al asalto al poder y que trajo como resultado una serie de ataques selectivos que iban desde la detención ilegal hasta el asesinato.

A esto le siguió el hostigamiento hacia sectores del movimiento social y popular del país, tal es el caso del campesinado, con énfasis a quienes iniciaron un proceso de recuperación de tierras en el Valle del Aguán, lo que dejó como resultado un centenar de muertes a manos de las balas de efectivos militares, según la organización defensora de los derechos humanos.

De igual forma, existe una serie de acciones de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y originarios, así como a las juventudes organizadas, entre los que destacan el movimiento estudiantil, tanto a nivel universitario como a nivel medio, y, sin dejar de lado el trabajo hecho por ACI PARTICIPA en la campaña de respeto a los derechos laborales con la creación de la Red de violencia Anti sindical, conformada por los sindicatos agremiados a la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH).

Desde el acompañamiento legal hasta traslado internacional

estudian cholu

Estudiantes del CURLP fueron criminalizados por hacer

uso de la protesta pacífica.

Durante los diez meses que abarcó el desarrollo del proyecto, la organización trabajó en tres acciones de acompañamiento y protección al trabajo de los defensores de derechos humanos, mencionó durante la presentación del informe, Jorge Hernández, coordinador del proyecto.

Las acciones realizadas fueron ocho de acompañamiento legal para quienes enfrentan procesos de criminalización, dos traslados internacionales de defensores en riesgo y veinticinco de medidas de seguridad que abarcan la movilización interna y comunicación segura.

Dentro de los grupos o sectores en riesgo del proyecto, hay 35 acciones de acompañamiento, de las cuales 9 fueron para beneficiar a líderes y lideresas indígenas, debido a la situación de violencia de la que son objeto, producto de la imposición de proyectos mineros e hidroeléctricos.

Seguidamente, cuatro de estas acciones fueron para beneficiar a estudiantes universitarios y de Educación media, otras cuatro para el acceso a la justicia, tres de esas también fueron dirigidas a violaciones a periodistas, dos al respeto de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual e Intersexual (LGTBI), dos al goce de la equidad de género, cuatro a sindicatos, entre otras.

Las líneas de acción del proyecto

-Acompañamiento legal a líderes y lideresas estudiantiles de educación media y educación superior, ambientalistas, mujeres, indígenas, quienes enfrentan proceso de criminalización.

– Acompañamiento a diferentes movilizaciones y manifestaciones populares, con el rol de observadores de Derechos Humanos.

-Elaboración de planes de seguridad para la prevención de riesgos y amenazas.

-Jornadas de formación en materia de análisis de riesgo y formulación de planes de seguridad.

– El desarrollo de talleres de seguridad informática, para mejorar las condiciones en las que las personas ejercen su derecho a defender derechos.

Algunos casos de acompañamiento, producto de su situación de vulnerabilidad en el ejercicio de defensa de derechos humanos citados en el informe son: la criminalización hacia la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la paz “Visitación Padilla”, Gladys Lanza, quien fue condenada en marzo de esta año a un año y seis meses de prisión producto de una querella interpuesta por el ex Director de la Fundación para el Desarrollo de la vivienda (FUNDEVI), Juan Carlos Reyes.

Gladys Lanza

Gladys Lanza, sentenciada a un año y seis meses de prisión por

defender derechos de las mujeres

El proyecto también acompañó la defensa de Héctor Martínez Motiño , presidente del Sindicato de Trabajadores de la UNAH, en la ciudad de Choluteca,  asesinado el 17  junio de este año, , quien era objeto de hostigamiento laboral por parte de las autoridades centrales y departamentales de la máxima casa de estudios.

También se destaca el acompañamiento legal a tres dirigentes estudiantiles del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) quienes producto de una serie de acciones de protestas realizadas durante el mes de junio de 2015, fueron criminalizados y judicializados, logrando en el caso de estos tres,  el sobreseimiento definitivo de la causa por los delitos que se les acusaba.

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) es una organización que comenzó a operar en el año 2004 y su misión es el respeto y la promoción de los derechos humanos en el país, mediante la participación activa de la ciudadanía en temas de interés público.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/contexto/item/1026-criminalizacion-despojo-y-amenazas-a-muerte-es-el-diario-vivir-de-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-en-honduras

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Defensores de DDHH estigmatizados en Honduras necesitan mayor acompañamiento

Más de un centenar de personas fueron beneficiadas en  los últimos nueve meses por la Asociación para una Ciudadanía Participativa,  –ACI-PARTICIPA, en el marco de la ejecución del proyecto “Protegiendo a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Honduras”, así lo dio a conocer esta mañana en Tegucigalpa.

El acompañamiento se da a defensores y defensoras de derechos humanos que desarrollan su labor en medio de un ambiente de violencia hacia ellos.
El proyecto dio acompañamiento legal a líderes estudiantiles de educación media, de educación superior, ambientalistas, mujeres, indígenas que enfrentan procesos de criminalización.

Así mismo a diferentes movilizaciones y manifestaciones populares, en el papel de observadores acompañantes de Derechos Humanos.

Apoyó a numerosos defensores y defensoras bajo riesgo inminente con acciones específicas de acompañamiento y protección y se elaboraron planes de seguridad para la prevención de riesgos y amenazas.

Aci-Participa ejecutó jornadas de formación en materia de análisis de riesgo y formulación de planes de seguridad y desarrolló talleres de seguridad informática, con la finalidad de mejorar las condiciones en las que las personas ejercen su derecho a defender derechos, explicó Adalid Vega, durante la explosión del contexto del proyecto.

Con este tipo de proyectos, la organización pudo atender la necesidad de acompañamiento legal para personas que en virtud de las acciones realizadas en uso de su derecho a defender derechos, han sido víctimas de hostigamiento y persecución judicial.

Y entre estos caso figuran la criminalización de Gladys Lanza, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, agresiones físicas contra Elton Banegas, investigador de la Fiscalía especial de Derechos Humanos de La Ceiba, el allanamiento, robo, amenazas y agresiones contra la familia Córdova, ambientalistas Tolupanes.

Y también la defensa de Héctor Martínez Motiño, presidente del Sindicato de Trabajadores del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, SITRAUNAH- CURLP, (Choluteca) por el hostigamiento laboral.

Los alcances de este proyecto, llegó  a dar acompañamiento legal  en 8 procesos, 2 traslados internacionales de defensores en riesgo, 26 medidas de seguridad (Movilización interna y comunicación segura, traslados nacionales, etc, 9 defensas de líderes ambientalistas de la comunidad de Azacualpa, municipio de la Unión, Copán y criminalizados por ejercer su derecho a un ambiente sano y a sus derechos territoriales.

Expulsión de líderes estudiantiles de la Escuela Normal Mixta “Pedro Nufio”, como represalia por hacer uso de su derecho al reclamo y a la manifestación pacífica. – Criminalización de estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico de la Universidad Autónoma de Honduras. – Criminalización contra otro grupo de estudiantes del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico de la Universidad Autónoma de Honduras.

Se explicó que se presentaron dos casos graves de amenazas a muerte y ataques inminentes, por lo que ACI PARTICIPA se vio en la necesidad de buscar refugio internacional para las cuatro personas en peligro.

Y se registró 35 casos de acompañamiento a defensores en riesgo y/o amenazas, en los cuales se apoyó para crear condiciones para movilización y comunicaciones seguras a nivel nacional.

La criminalización a los y las defensoras abarca a defensores de pueblos indígenas inmersos en un contexto de violencia que violenta sus derechos territoriales, ambientales y culturales consecuencia la imposición de proyectos mineros e hidroeléctricos, en franca violación de los contenidos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Jorge Hernández, encargado del proyecto manifestó que con los resultados de este trabajo “Confirmamos la necesidad imperante de que existan iniciativas como éstas para poder responder de forma rápida y eficaz a personas en riesgo o bajo ataques, sin duda alguna la existencia de este tipo de apoyos fortalece el trabajo de los defensores y defensoras y asegura (en gran manera) la protección a su integridad personal y a su vida.

El principal problema que enfrentan los defensores y defensoras es la criminalización y muestra de ellos es el acompañamiento necesario para indígenas, campesinos, ambientalistas, estudiantes y sindicalistas que son llevados constantemente a Tribunales de Justicia como un mecanismo que busca cooptar, intimidar y detener el trabajo que ejecutan en defensa de sus derechos y los de la población en general, por eso es necesario que organizaciones como las nuestras, tengan los recursos y las capacidades para acompañarlos legalmente.

Pese a que hay otras organizaciones que dan acompañamiento y apoyo a los y las defensoras de DDHH, como lo hace el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, el Programa de Acompañamiento Honduras, PROAH, de Friendship of América, entre otras, aun no es suficiente para la cantidad de violaciones a los ddhh que se denuncian, manifestó Hernández.

Como organizaciones que dedicamos nuestros esfuerzos a la protección de defensores y defensoras, debemos hacer mayor incidencia en las personas y/o organizaciones para que el tema de seguridad sea incluido en sus agendas. En este contexto de violencia generalizada, urge la creación y consolidación de colectivos de defensores y defensoras en redes de autoprotección y acompañamiento, manifiesta el informe, que puede leer completo en el siguiente enlace.

Ver Infomre

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3758:defensores-de-ddhh-estigmatizados-en-honduras-necesitan-mayor-acompanamiento&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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